Consejo Nacional de PC manifiesta preocupación por compra cédulas
Sexto Informe de Observación Electoral
Elecciones Presidenciales del 2012
1.-Avances en la organización de las elecciones
La JCE continúa completando su calendario electoral con puntualidad y no se esperan dificultades en la organización del proceso en los días que faltan para las elecciones.
La auditoría al padrón electoral y al centro de cómputos de la JCE por parte de la OEA arrojó una consistencia de un 98%, lo que es una buena noticia, aunque no ha sido posible obtener una copia del informe completo, lo que impide a Participación Ciudadana ofrecer un análisis detallado de esta auditoría. Existen detalles, como el registro de dominicanos en el exterior, sobre el cual no se ofreció suficiente información.
Entendemos como positiva la decisión del pleno de la JCE de que los dominicanos que se registraron en el exterior pero que actualmente residen en la República Dominicana puedan ejercer su voto en el país, así como aquella que permite a los partidos que no llevan candidatura propia tener un observador de escrutinio en los colegios electorales.
A pesar de los esfuerzos de la JCE en explicar que no modificó su resolución No. 7/2012 que dispone la transmisión simultánea de las actas escaneadas a los partidos políticos, los medios de comunicación y su colocación en internet, Participación Ciudadana no está convencida al respecto y por el contrario entiende que se produjeron varias modificaciones que implican aplicar primero el Reconocimiento Inteligente de Caracteres (ICR) a las actas antes de permitir el acceso a las mismas de los partidos y los medios, además de la limitación de que los medios solo la recibirán acompañadas de los boletines correspondientes, que aunque están pautados para generarse cada cinco minutos, resulta claro que si ocurren retrasos en los boletines, no llegarán las actas.
En todas las explicaciones ofrecidas, no hemos escuchado reiterar la disposición de que las actas serán colocadas de inmediato en internet, por lo que entendemos que los niveles de transparencia que se lograron con la resolución No. 7/2012 han quedado reducidos.
2.- Las encuestas a boca de urna.
Luego de dos precedentes consecutivos permitiendo encuesta a boca de urna en elecciones anteriores, la JCE decidió que la misma es ilegal, aunque en una carta al CONEP informó que no limitaría su derecho a realizarla.
Es errónea la interpretación que realiza la JCE de la Ley Electoral y la Constitución con respecto a este tema. La JCE se ampara en el artículo 122 de la Ley Electoral que prohíbe “averiguar por cuáles candidatos o en qué sentido ha votado” un elector, pero si se examina bien dicho artículo queda muy claro que la restricción refiere al recinto de votación, pues se establecen dos excepciones que solo pueden ocurrir en tales recintos. Por esta razón en carta de fecha 15 de mayo de 2004, el entonces presidente de la JCE, Dr. Luis Arias, no objetó la realización de una encuesta de esta naturaleza a ANJE, siempre y cuando las consultas a los electores no se hicieran en un perímetro de 50 metros alrededor de los colegios electorales, y no se divulgaran los resultados antes de los oficiales.
Cuando la Constitución consagra el secreto del voto debe entenderse como el derecho de la persona a negarse a responder por quién ha votado en cualquier momento o circunstancia. Así lo expresa claramente el art. 208 de la Constitución cuando señala que “nadie puede ser obligado o coaccionado, bajo ningún pretexto….. a revelar su voto.”
Apoyamos la decisión del CONEP de realizar una encuesta a boca de urna bajo la responsabilidad de Gallup Dominicana, y entendemos que es una contribución más a la transparencia del proceso.
3.- Esfuerzos por obstaculizar la observación electoral de Participación Ciudadana.
La relación con la JCE ha sido accidentada, generando serios atrasos en la autorización para observar, y una vez otorgada la confusa omisión de observar los colegios electorales y la obligación de presentar personalmente a nuestros observadores para retirar sus credenciales, rompiendo con la práctica de entrega de las mismas a la organización.
Luego de esfuerzos privados por resolver estas dificultades, las posiciones públicas de PC sobre estos temas causaron molestias a la JCE y la llevaron a realizar una rueda de prensa en la que difundieron un documento que pretendía transmitir la imagen de que muchos de nuestros observadores poseían antecedentes judiciales tan graves como narcotráfico, asociación de malhechores, crimen organizado, o de estar inclinados hacia el principal partido de la oposición.
Todo parecía que volvía a la normalidad con la reunión sostenida por el presidente de la JCE, Dr. Roberto Rosario, y el Coordinador General de PC, Francisco Álvarez Valdez, gracias a la intermediación de los periodistas Rafael Molina Morillo y José Monegro, en la que se llegó a dos acuerdos fundamentales.
El primero consistía en dar acceso a PC a las evidencias que justificaban la exclusión de 236 observadores por parte de la JCE. Luego de revisadas tales evidencias se comprobó que 116 casos se debían a errores en las cédulas, 3 por ser militares, 91 por vinculaciones partidarias y 27 por supuestos antecedentes judiciales. De las vinculaciones partidarias 32 correspondían al PLD y aliados y 28 al PRD y aliados. Con respecto a los antecedentes judiciales, no existía una sola evidencia de que nuestros observadores hubiesen perdido sus derechos civiles y políticos.
El segundo acuerdo consistía en el compromiso del presidente Rosario de llevar para decisión al pleno que se celebraría el 4 de mayo nuestra petición de que las acreditaciones de nuestros observadores que no pudieran entregarse personalmente entre ese viernes 4 y el domingo 6, se entregarían a nuestra organización para fines de distribución. El pleno no decidió esa solicitud en la fecha acordada y finalmente la rechazó el jueves 10 de mayo, fijando además como plazo final para retirarlas el lunes 14.
Nuestros observadores enfrentaron todo tipo de obstáculos para retirar sus acreditaciones. Una parte importante de las mismas llegó tardíamente, lo que ocasionó que muchos tuvieran que asistir dos, tres, cuatro y hasta cinco veces a las juntas municipales y una parte terminó desistiendo. Se les requería entregar una copia de sus cédulas, lo que no había sido informado y evitó que muchos pudieran retirarlas en el primer intento.
Con nuestros observadores de ultramar se justificó la no entrega de varias de las credenciales alegando que no aparecieron las fotos de los observadores en la propia base de datos de la JCE.
4.- Participación Ciudadana observará en el territorio nacional y en ultramar con 3,074 observadores con credenciales expedidas por la JCE, y con 286 observadores y personal de apoyo con credenciales de Participación Ciudadana, para un total de 3,360 voluntarios.
Luego de un tortuoso proceso de retiro de credenciales, 3,074 de nuestros observadores pudieron obtenerlas en las 155 juntas municipales en todo el país, lo que nos permite perfectamente cubrir la muestra que tendremos de colegios electorales, tanto para verificar la calidad del proceso electoral como para realizar nuestro tradicional conteo rápido.
En adición a estos observadores con credenciales de la JCE, otros 286 voluntarios tendrán credenciales de nuestra organización para realizar trabajos de apoyo a nuestros observadores acreditados, así como para apoyar el trabajo de nuestros coordinadores municipales, de nuestros centros de operaciones y de nuestras comisiones de trabajo.
Participación Ciudadana está concentrada ahora en ultimar los detalles finales de la observación, y entre jueves y viernes estará distribuyendo entre todos los observadores el material de apoyo que utilizarán durante la observación.
5.- Extenuante campaña electoral
Desde hace varias semanas en múltiples sectores sociales y hasta en los propios candidatos y dirigentes políticos se siente el cansancio de más de un año de abierta la campaña electoral, con predominancia de marchas, caravanas y bulla y cada vez más cínicos desafueros, sin que el Congreso aprobara el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Electoral ni la JCE hiciera el menor intento de utilizar las facultades que le otorga el artículo 212 de la Constitución de la República para reglamentar las campañas electorales. Resultó muy tardía la disposición, tomada a dos semanas de la votación, para que se colocara publicidad de todos los partidos en los canales televisivos y radioemisoras en manos del Estado, que además era muy reducida en comparación con el total de publicidad electoral colocada en los medios.
La campaña electoral ha sido inequitativa y en consecuencia poco democrática, caracterizándose por los siguientes factores:
a) Una competencia desigual que dejó con pocas posibilidades de llegar al electorado a cuatro de las seis candidaturas.
b) Concentración del financiamiento estatal en más de un 95 por ciento entre las candidaturas de los dos partidos mayoritarios y sus aliados, la mayoría de los 26 partidos reconocidos por la JCE.
c) Gasto desmesurado por parte de dos candidaturas, especialmente la del Partido de la Liberación Dominicana que según documentó PC en el cuarto informe de observación electoral, llegó a acaparar el 69 por ciento de la inversión en publicidad.
d) La activa y permanente participación del presidente de la República en las campañas proselitistas, con caravanas y actos públicos por todo el país, acompañado de altos funcionarios, con personal, vehículos, combustibles y dietas pagados por los organismos del Estado, lo que se constituye en claro ventajismo competitivo. El primer mandatario confundió sistemáticamente los actos de inauguración de obras con el proselitismo partidista, y lo mismo anunció e inició nuevas obras que no figuran en el presupuesto de este año, como una carretera norte-sur buscando sacar provecho para su partido.
e) Como consecuencia del gasto gubernamental desproporcionado se registra un enorme déficit fiscal cuantificado por economistas y partidos de oposición entre 45 y 48 mil millones de pesos en el primer cuatrimestre del año.
f) Organismos como el Plan Social de la Presidencia y los Comedores Económicos del Estado Dominicano han multiplicado sus repartos de alimentos y regalos al paso del presidente de la República y atendiendo a las prioridades proselitistas. El 10 de mayo los Comedores informaron que por instrucciones del mandatario, tras una visita a Dajabón, repartieron allí 6 mil raciones alimenticias y 60 mil pollos, y precisaron por escrito que estaban procediendo a establecer cocinas móviles para repartos en 25 provincias, a pocos días de la elección.
g) La existencia de una fuerte campaña en los medios de organismos del Estado, que pretende ser institucional, pero reviste claras tendencias proselitistas a favor del candidato oficial.
h) Varios ministros de Estado lo mismo que alcaldes tanto del PLD como del PRD se constituyeron en jefes nacionales o regionales de la campaña electoral, o realizando actividades proselitistas en horas laborables, contradiciendo la transparencia y las normas establecidas en la Ley de la Función Pública y su reglamento. En los días finales de la campaña la JCE hizo una tímida amonestación al PLD, el PRD y el PUN por el uso de recursos públicos en la campaña.
i) Fuerte contaminación visual y sonora, obstrucción del tráfico vehicular por caravanas y bandereos hasta en días laborables, con lenguaje agresivo de publicidad negativa y sucia.
Campañas tan extensas y sin regulación contribuyen a radicalizar los sectarismos partidistas, profundizando las dificultades de concertación para quienes resulten electos. Se dividen las familias, los vecinos, los compañeros y compañeras de trabajo y lo que debería ser un concierto civilista de promoción de la ciudadanía, se convierte en una competencia salvaje.
No hay que esperar el final del proceso para abogar porque esta sea la última vez que la nación se aboque a una elección sin un claro ordenamiento que remita la acción interna y externa de los partidos al siglo 21.
6.- Algunos avances en debates de propuestas
Aunque una vez más fracasaron los esfuerzos por concretizar un debate entre los candidatos presidenciales, debemos reconocer que se avanzó en la presentación de propuestas programáticas y en la suscripción de compromisos para atender a los reclamos ciudadanos en materias tan fundamentales como educación, transparencia e institucionalidad.
7.- Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad
Los seis candidatos a la presidencia de la República se comprometieron a cumplir con el Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad presentado por PC a raíz de la visita al país de la presidenta de Transparencia Internacional, Huguette Labelle, ocurrida a mediados de febrero.
Los candidatos firmaron el protocolo junto con el Coordinador General de PC, Francisco Alvarez Valdez, comprometiéndose a ejecutar, de llegar al poder, un mínimo de 21 iniciativas concretas, varias de ellas con plazos establecidos.
Por su lado, Participación Ciudadana se comprometió a coordinar con el mismo grupo de organizaciones que formó parte del Observatorio de Sociedad Civil de la Iniciativa Participativa Anticorrupción, el monitoreo del cumplimiento del Protocolo de parte del que resulte electo presidente de la República, a través de informes periódicos que serán dados a conocer a todo el país.
8.- La corrupción en los programas de gobierno del PLD y el PRD
La preocupación por los altos niveles de corrupción prevalecientes en el país y cuantificados por Transparencia Internacional y el Indice de Competitividad del Foro Económico Mundial, ha sido tema predominante en la campaña electoral. Hay que dejar constancia que ha sido abordado por todos los candidatos, muy especialmente por los de oposición y emergentes y por gran parte de la sociedad que reclama correctivos y penalización.
Los programas de gobierno de los mayoritarios partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD) contienen secciones expresamente dedicadas a exponer políticas para combatir la corrupción, lo que constituye un reconocimiento de que este es uno de los grandes problemas nacionales y que es necesario combatirlo.
Sin embargo, las propuestas de los partidos y candidatos contienen serias lagunas, que ahora han sido complementados con la firma del Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad.
9.- El compromiso con la educación
Otro de los temas dominantes en el debate electoral ha sido el cumplimiento de la ley general de Educación que establece una inversión mínima del 4 por ciento del producto interno bruto para la educación básica. Cabe resaltar que las propuestas de los candidatos han estado condicionadas por los términos del Compromiso Político y Social que suscribieron con la Coalición Educación Digna y otras organizaciones sociales que han apoyado las movilizaciones que han tenido lugar durante los dos últimos años en reclamo de que el gobierno cumpla con de la Ley 66-97, a fin de que el gasto público anual en educación alcance el monto mínimo que establece dicha Ley, como vía para proteger el derecho a una educación de calidad, el cual está siendo sensiblemente vulnerado, como lo demuestran todas las evaluaciones hechas al sistema educativo nacional.
10. Exhortación final.
A escasos cuatro días de las elecciones Participación Ciudadana desea hacer un llamado:
a) A los candidatos:
(i) para que ejerzan su liderazgo cortando de raíz en esta recta final la campaña negativa y sucia que ha predominado, sobre todo en los dos partidos que encabezan las encuestas, y desautorizando la compra de cédulas y votos, con la finalidad de bajar las tensiones y reducir los riesgos de violencia y pérdida de vidas humanas.
(ii) Para que acepten los resultados tan pronto tengan noticias de su propio partido o de la JCE, ahorrándole al país incertidumbres innecesarias.
b) A las autoridades electorales para que suministren los resultados de las elecciones en el menor tiempo posible, sin permitir los retrasos que usualmente provoca quien comienza debajo en los primeros resultados.
c) A la ciudadanía para que acuda a votar en orden, temprano y masivamente, como lo ha hecho en otros procesos, evitando provocaciones y sobre todo aglomeraciones innecesarias alrededor de los centros de votaciones.
d) Y finalmente, a los observadores y observadoras de Participación Ciudadana, para que este 20 de mayo se desplieguen por todo el país y por ultramar, mostrando la mejor cara de la democracia: la de la participación.
Consejo Nacional
Mayo 15 del 2012.-
