La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y Participación Ciudadana, abogan por la incorporación del Senado en el diálogo y condicionan sus resultados positivos, a que las decisiones sean acatadas.

Tienen fe y esperanza de que el diálogo funcionará y expresan sus deseos de que los sectores políticos tengan la calidad suficiente para un excelente resultado.

Consideran que la ciudadanía, lo que viene reclamando es un espacio de participación plural, que le permita al país desarrollarse de manera armónica y vigorosamente como los dominicanos quieren.

Entienden que se necesita comprometerse con una agenda nacional, que los temas de orden público sean de todos los dominicanos y necesarios, donde los ciudadanos no se sientan excluidos, sino participante activos en las decisiones nacionales.

Carlos Salcedo, director ejecutivo de la FINJUS, entiende que por el mensaje del Presidente Hipólito Mejía, los resultados del diálogo pueden ser muy positivos.

Manifestó que las decisiones del diálogo no pueden ser resoluciones vinculantes, porque finalmente los poderes públicos son los que valorarán los resultados de esa instancia.

"La única garantía sería, si el Senado de la República participa en el escenario del diálogo y al mismo tiempo los demás senadores, no solamente el presidente del Senado, que virtualmente podría participar en el diálogo, que den su asentimiento a su participación y al mismo tiempo establezcan el compromiso claro de que las decisiones que se tomen ahí serán finalmente acatadas", contestó en torno a la resistencia de los senadores a acatar los resultados del diálogo para la designación de una nueva JCE.

Entienden que esas son garantías que esperan se den en los próximos días, pero que en el caso de que no participen las decisiones del diálogo, no podrán obligar que el Senado de la República tome decisiones en el orden establecido en el diálogo.

PARTICIPACION

Ramón Tejada Holguin, coordinador general de Participación Ciudadana, manifestó que es un pobre espectáculo que se le está dando a la nación, que se esté descalificando a los partidos políticos que llevaron a los congresistas, lo que calificó como grave.

Explicó que se está en las mismas condiciones desde antes de iniciarse el diálogo, porque el Senado de la República decía lo mismo que ahora, así como los Partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Reformista Social Cristiano (PRSC) habían retirado sus diputados.

Manifestó que hacia fuera, se está en las mismas condiciones que cuando se inició el diálogo, pero que dentro del diálogo se ha avanzado.

Destacó que se ha avanzado en el primer punto de cómo organizar unas elecciones que sean de la confianza de todos, de los tres que están en agenda.

Sin embargo, entiende que se necesita un mayor nivel de confianza entre los diferentes actores políticos del país y que hay que trabajarla un poco más.

Dijo que la democracia moderna es cien por ciento negociación, ya que la imposición acabó en el mundo entero y que es a través de la negociación donde se hace un buen gobierno.  

El voto de los dominicanos residentes en el exterior será decisivo en los próximos comicios, por lo que antes de tomar cualquier decisión sobre los votos en el extranjero debe buscarse el consenso entre los partidos políticos, consideró ayer Participación Ciudadana (PC).

El coordinador de PC, Ramón Tejada Holguín, manifestó que el voto de los dominicanos en el extranjero, sobre todo en los Estados Unidos, debe ser visto como uno de los retos más importantes que tienen los partidos y el sistema político dominicano para las elecciones del 2004.

"El voto en el exterior es muy delicado, porque normalmente el voto en el extranjero se hace en los consulados o las embajadas, y los cónsules y embajadores casi siempre son personas nombradas por el gobierno", explicó Holguín.

"Por eso – dijo -, si no hay acuerdos entre los partidos, el voto de los dominicanos en el exterior se puede convertir en una fuente de conflicto."

Advirtió que las próximas elecciones serán relativamente reñidas "y seguro no habrá ganador en primera vuelta, no habrá un ganador tan claro como en el 2000″.

"En un contexto como ese – subrayó -, medio millón de votantes o trescientos mil votos no son nada despreciables y pueden ser decisivos y definir los resultados de las elecciones."

Expresó que la Junta Central Electoral (JCE) debería comprender el problema y convocar a todos los partidos políticos a una concertación para que haya un buen nivel de claridad.

Tejada Holguín manifestó que los intereses de la nación deben estar por encima de los intereses personales y partidarios, y por tanto los partidos deben tratar recobrar la credibilidad de la JCE como totalidad antes de dar pasos referente a algo tan delicado como el voto en el exterior.

Durante su reciente visita a los Estados Unidos, el presidente Hipólito Mejía hizo énfasis en la importancia del voto de los criollos que residen en el exterior, especialmente en Nueva York, donde reside la mayoría de los emigrantes dominicanos.

El pasado viernes, la JCE traspasó la responsabilidad del voto en el exterior al recién designado juez Rafael Díaz Vásquez, en sustitución de Luis Arias, quien había dirigido todo el proceso hasta ser sustituído.

La JCE anunció a principios de esta semana la creación de la Oficina del Voto del Dominicano en el Exterior.

Para Participación Ciudadana, lo importante no es a quién se nombre en determinada posición sino, como subraya Holguín, lo fundamental es que sea concertado por los partidos.

"Esa es la garantía de que luego no haya pataleo", indicó. Reiteró que los tres grandes partidos políticos deben tener participación en todas las grandes decisiones de la JCE.

En cuanto al llamado hecho por la JCE para que la sociedad civil participe en la conformación de las juntas municipales, Tejada Holguín consideró que la medida es correcta pero extemporánea.

"Nos parece que la idea es buena cuando sea el momento de hacerlo", expresó.

Dijo que con su comunicado público la Junta está cumpliendo con la ley, pero consideró que el momento actual es uno para buscar la unidad, el diálogo.

Holguín saludó la disposición al diálogo expresada por el presidente Mejía y el senador peledeísta José Tomás Pérez.

Sostuvo que no es saludable llegar a un torneo electoral con una Junta cuestionada por dos de los tres partidos de mayor incidencia, sin contar los partidos emergentes que también van a participar en el proceso electoral, y que también hay que oírlos.

Holguín afirmó, no obstante, que no se puede vulnerar la institucionalidad democrática y desconocer ahora la decisión del Senado, por lo que el diálogo debe hacerse entre los partidos con la participación de la propia Junta Central Electoral, pues después de todo son las autoridades que están ahí, legalmente constituídas.

Hasta ahora, el único partido que ha defendido abiertamente a la JCE ha sido el Partido Revolucionario Dominicano, y no en su totalidad.

Los senadores de la República y los jueces de la Junta Central Electoral deben comprender que si los principales partidos políticos del país son tres y dos objetan la nueva composición de ese organismo, entonces algo hay que hacer para que la JCE sea objeto de la confianza que necesita todo proceso comicial.

El Senado de la República y quienes son sus mentores políticos ha cometido el gran error de escoger los miembros de un tribunal colegiado al margen de las más elementales consideraciones de equidistancia partidaria. Ni siquiera se pide, en esta ocasión, equidistancia ideológica, sino partidaria.

Y lo bueno del caso es que el Partido Reformista Social Cristiano y el Partido de la Liberación Dominicana tienen razón en sus reclamos y pedimentos.

No importa que en sus largos años de gobierno, 22, el PRSC y su líder Joaquín Balaguer lo hubieran hecho como lo hicieron ahora el Senado de la República y sus mentores políticos.

Tampoco importa que el PLD lo hubiera hecho igual en sus cuatro años de gobierno, en caso de que hubiera tenido una matrícula senatorial mayoritaria. Importa poco, por igual, que el PLD cometiera el tremendo error político e institucional de conquistar a papeletazos limpios los regidores del PRD para darle la Liga Municipal Dominicana a los reformistas.

En cada caso la opinión pública lo reprobó con la misma energía, con la misma fuerza, con la misma vehemencia, con los mismos argumentos y con el mismo tesón con que ahora rechaza que un partido quiera monopolizar la composición de la Junta Central Electoral.

Los dominicanos tenemos que avanzar en la construcción de la institucionalidad. Cada cosa en su sitio. Tan sencillo como esto. Los jueces, los árbitros, los mediadores y los componedores tienen que ser personas ubicadas en el mismo centro de los intereses en juego. Ni reformistas, ni perredeistas, ni peledeistas. 

La vieja práctica de no cumplir la ley, tan propia de nuestra cultura política, tiene que ir cediendo paso a una manera diferente de hacer política. Y en este caso la ley reclama la condición de independencia partidaria.

Los jueces electorales recién nombrados por la Junta Central Electoral deben renunciar a su posición, porque son magistrados cuestionados por dos de los tres grandes partidos del sistema político dominicano. Su trabajo no será bien recibido por los cientos de miles de dominicanos y dominicanas que pertenecen a esos dos partidos, porque consideran que son parciales, que miran hacia un solo lado del espectro político dominicano.

Los informes que se escuchan en Santiago, en el Sur y aquí en la capital es que se trata de ciudadanos que, en sentido general, gozan de la estima de su comunidad por su formación profesional y por su trabajo, pero esos mismos informes les reconocen vinculaciones partidarias muy acentuadas, incluso con algunos de los partidos impugnadores.

Los senadores de la República han realizado una tarea que entendían necesaria desde el punto de vista político. Ellos respondieron a sus mentores políticos, sin importar las consecuencias de sus actos. Importó más el mandato de la facción que el requisito constitucional. Ahora, todos conocemos las derivaciones registradas y suponemos las que pueden sobrevenir. Incluso al interior de los propios partidos, donde hay tendencias insatisfechas.

Los magistrados recién designados son, sin embargo, los verdaderos actores de esta crisis, y en sus manos está, en su dignidad, en su responsabilidad ciudadana, abrir la oportunidad de una solución. Ojalà que así sea, para bien de una nación que merece y necesita consolidar sus instituciones.

** Deploramos la elección unilateral de los jueces electorales.
** La confrontación afecta la gobernabilidad y crea incertidumbre.
** Favorecemos un diálogo constructivo y sin exclusiones.

Después de un detenido análisis de la situación derivada de la elección de los nuevos jueces electorales, Participación Ciudadana desea fijar la siguiente posición:

1.- Deploramos profundamente que la elección de los jueces de la Junta Central Electoral se haya hecho de forma unilateral, aplicando mecánicamente la mayoría gubernamental e ignorando a las demás fuerzas políticas que inciden en el Congreso Nacional y  la democracia dominicana, así como a las instituciones sociales que, como la nuestra,  abogamos por normas de convivencia política que permitan el fortalecimiento de  la institucionalidad democrática.

2.- Vemos con preocupación la creación de un clima de enfrentamiento que involucra al gobierno y sus expresiones políticas, de un lado, y a los partidos mayoritarios de oposición por el otro, con toda la distracción de energías y los enconos que comporta, en momentos de dificultades económicas en gran parte derivadas de un ámbito internacional muy desfavorable.

3.- Consideramos particularmente grave que a consecuencia del enfrentamiento los bloques legislativos de oposición decidieran retirarse de las cámaras legislativas, lo que perturba el desenvolvimiento del Poder Legislativo y pone en entredicho la pluralidad política del Estado, proyectando una imagen de inestabilidad nacional perjudicial para las inversiones y el crédito de la nación.

4.- Reiteramos que la búsqueda de consenso no implica desconocimiento de las mayorías  ni mucho menos de la función de los órganos legislativos ni de los mandatos constitucionales. Reconocemos la facultad constitucional del Senado para escoger a los miembros de la JCE, pero una cosa es tener facultad para hacer algo y otra es que sea correcto hacerlo de esa manera. Lo ideal sería que en materias sensibles la consulta abarcara a la generalidad de los electores, pero al carecerse de los mecanismos institucionales para ello, como serían el plebiscito o el referéndum, deben tomarse en cuenta al menos las expresiones de la diversidad de las organizaciones de todos los estamentos de la  sociedad.

5.- Reivindicamos como expresión de madurez democrática, y no como conspiración contra el Poder Legislativo, la búsqueda de consenso que se ha hecho práctica durante la última década en la sociedad dominicana, dos veces para la elección de jueces electorales y para la aprobación de numerosas  reformas a nuestros códigos, incluyendo el de Trabajo, el Monetario y Financiero, y las leyes generales de Educación, Salud, Electricidad, Capitalización de las Empresas Públicas, Seguridad Social y otras. En todos los casos, la institucionalidad democrática ha salido fortalecida, nunca debilitada. Y en muchos de ellos fueron necesarios varios años de conciliaciones de posiciones con la participación de los partidos políticos y de los sectores sociales involucrados.

6. Como institución, no hemos cuestionado a los jueces electorales del pasado período y, por el contrario, hemos resaltado el excelente trabajo que realizaron en la conformación del padrón electoral que ha sido utilizado en las últimas dos elecciones. Nuestra evaluación de tales procesos electorales está contenida en informes públicos que describen los aciertos y fallas de ambos procesos, y un balance general positivo al respecto.  Tampoco tuvimos ni tenemos candidatos, ni hemos presentado ni promovido a ninguno de los propuestos por otras instituciones. Ello no impide que reconozcamos el derecho a disentir de otros sectores políticos y sociales y que pidamos que  se les tome en cuenta.

7.- Reafirmamos que la Junta Central Electoral no sólo debe ser imparcial, sino vista como tal por la generalidad de los actores del sistema electoral. Y que los jueces electorales, como los demás magistrados, deben ser aceptables para todos los que se someten a su jurisdicción. En este caso con mayor fuerza, ya que no debaten materias de índole individual o grupal, sino de la esencia misma de la convivencia nacional y la institucionalidad democrática.

8.- Mantenemos nuestras aspiraciones de consenso y formulamos un llamado a todos los actores políticos para que depongan pasiones y sectarismo y, en aras de  la nación, se aboquen a un diálogo constructivo, sin exclusiones de ningún género, del cual salgan soluciones que permitan superar los actuales enfrentamientos y establecer niveles de intercambio que permitan concentrar las mayores energías en las grandes tareas del desarrollo nacional y la lucha contra la pobreza, y que las elecciones presidenciales de 2004 puedan llevarse a cabo dentro de un clima de absoluta confianza por parte de todos los agentes involucrados.

9.- Reafirmamos nuestro propósito de proseguir el diálogo con los partidos políticos y los órganos del Estado en interés de contribuir al fortalecimiento de nuestra institucionalidad democrática. Sin prejuicios, sectarismos ni exclusiones. Con todos.-

El coordinador general de Participación Ciudadana, Ramón Tejada Holguín, consideró anoche que el país puede abocarse a una crisis política "que a nadie conviene", por la elección de los jueces de la Junta Central Electoral (JCE), por lo que sugirió una "gran cumbre" en las organizaciones políticas.

Cree que lo más importante actualmente para el país es restablecer la confianza y la confiabilidad del sistema electoral, que consideró ha quedado maltrecho en esta coyuntura. Habló anoche previo a un encuentro con el ex vicepresidente Jaime David Fernández Mirabal.

"Yo creo que es lo más que podemos solicitarles, que hagan por favor una reunión y que se pongan de acuerdo", agregó Tejada Holguín.

Dijo que en el escenario político dominicano, lo que puede pasar ya se está viendo, que es el retiro de los legisladores de un partido del Congreso Nacional y el anuncio de una serie de medidas para enfrentar la elección de la JCE.

Tejada Holguín aclaró que Participación Ciudadana siempre planteó la necesidad de que se eligieran los jueces de la JCE con transparencia, y que nunca cuestionaron a las personas en específico.

Aunque expresó estar claro en que el Senado ejerció sus facultades legales al designar la JCE, dijo, sin embargo, que tuvo reñido con el tacto político y la gobernabilidad.

Recordó que en el año 1998 se presentó una experiencia de enfrentamientos y que encontraron una salida para restablecer la confianza.

"Lo que estamos diciendo es, reúnanse, sobre todo, los partidos políticos y busquen una salida y que restablezcan la confianza en el sistema electoral. ¿Cuál puede ser esa salida?, Bueno, ahí van a dar la muestra de originalidad y de inteligencia que tengan", precisó.

Tejada Holguín dijo que los partidos son quienes deben decidir ya que el juego democrático les pertenece a ellos.

     En otro orden, informó que el Foro Ciudadano realizará su asamblea el próximo día 10 y que las organizaciones de la sociedad civil podrían fijar posición con relación         al tema.

Participación Ciudadana desea reiterar la necesidad de que los actores políticos del país, fundamentalmente el Gobierno central, el Congreso Nacional y los partidos políticos, mantengan y reafirmen la propuesta del consenso para la designación de los jueces titulares y suplentes de la Junta Central Electoral.

La insistencia de las organizaciones de la sociedad civil y de algunos actores fundamentales, así como la aceptación de la presidencia del Partido Revolucionario Dominicano y del propio Presidente de la República, agrónomo Hipólito Mejía, para que el consenso sea lo que prime en la designación de los jueces electorales, ayudará positivamente a eliminar mucha de la tensión que hay acumulada sobre la sociedad dominicana.

La situación general del país, matizada por una profunda crisis del sector energético y la incertidumbre por la posibilidad de que se pierda la estabilidad macroeconómica, requiere que eliminemos factores de conflicto y de inestabilidad interna, especialmente en el ámbito de la política.

En este momento en que factores externos representan serias amenazas, como un conflicto armado en el medio oriente que podría aumentar los precios del petróleo, la recesión económica internacional que mantiene baja la recaudación por concepto de turismo, y las dificultades que representan los fenómenos naturales reciente para los países europeos, debemos cerrar fila en eliminar elementos internos de perturbación.

Los factores internos, que podemos controlar con decisiones políticas acertadas, demandan del Gobierno, del Partido Revolucionario Dominicano y del Senado de la República, mantener viva la propuesta del consenso para la designación de los jueces del tribunal electoral de la República Dominicana.

De aceptarse y ponerse en vigencia la propuesta, se estaría aportando tranquilidad y estabilidad política y económica para el país y para los propios inversionistas que tienen su atención puesta en nuestro país.

El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) entiende que una buena selección de los miembros de la Junta Central Electoral (JCE), sobre la base de la concertación con todos los sectores políticos y sociales de la nación supone la definición y posterior acuerdo sobre el perfil que deben tener los jueces a integrar esta institución.

Aunque esta organización no ha presentado, ni presentará candidatos específicos a la JCE, considera conveniente contribuir con la elaboración de un perfil que contenga las condiciones mínimas que debe reunir cada uno/a de los/as aspirantes a jueces del máximo organismo electoral de la nación.

La Ley Electoral, No. 275-97, establece requisitos muy generales para ser presidente, miembro titular o suplente de la Junta Central Electoral: “ser dominicano de nacimiento u origen, tener más de 35 años de edad y estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos”.  También para ocupar estas funciones exige licenciatura o doctorado en derecho y un mínimo de doce (12) años de ejercicio profesional. (Art. 4).

Tomando en consideración las importantes atribuciones de orden  administrativo y contencioso que deben cumplir las autoridades llamadas a conducir  uno de los más relevantes eventos para el ejercicio democrático dentro del sistema político dominicano, Participación Ciudadana plantea seis puntos que definen el perfil básico de aspirantes a miembros del tribunal electoral:

1. Reconocida integridad.
2. Tener  credibilidad.
3. No haber ocupado puesto de dirección o relevancia en un partido político.
4. Capacidad para tomar decisiones acorde con su íntima convicción.
5. Capacidad de trabajo colegiado, y
6. Apertura a la participación de los diferentes actores políticos en la elaboración e implantación de propuestas orientadas a la solución de los problemas pendientes en la agenda electoral.

Participación Ciudadana considera necesario, asimismo, que se establezca un procedimiento transparente para la escogencia entre los candidatos presentados, basado en los criterios derivados de dicho perfil establecido.

De igual manera, entiende que la integración de la nueva Junta debe incluir a algún miembro con experiencia y capacidad gerencial, a fin de garantizar  una eficiente administración de los procesos electorales.

Quienes sean escogidos para integrar el tribunal electoral deben asumir el compromiso público de realizar un diagnóstico de todas las dificultades que se han  presentado en pasados comicios y efectuar los correctivos necesarios, con la participación de representantes de las diferentes fuerzas sociales y políticas del país.

Participación Ciudadana está en la mejor disposición de colaborar en la búsqueda de un consenso entre las fuerzas políticas y sociales de la nación, con miras a lograr que la elección de la nueva Junta Central Electoral se aproxime al perfil deseado.

El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) exhortó ayer al Senado a que deponga la actitud "beligerante" e "incorrecta" asumida ante los sectores que reclaman la elección de una Junta Central Electoral (JCE) por consenso.

El licenciado Ramón Tejada Holguín, director ejecutivo de PC deploró que al mismo tiempo en que se llama a los distintos sectores de la sociedad a opinar sobre el tema de la JCE, algunos senadores comentan que lo que la gente diga no tiene sentido porque el Senado va a ratificar a los actuales jueces del tribunal electoral.

Afirmó que es esa actitud incorrecta la que ha fortalecido el totalitarismo e impedido que la República Dominicana tenga un desarrollo político, económico y social más armónico.

"Hay que insistir en que la JCE sea elegida por consenso, eso es básico, y la forma de lograrlo, desde nuestro punto de vista, es que las organizaciones políticas se sienten a conversar; es haciendo que los senadores electos del PRD entiendan que el Senado no les pertenece ni al PRD ni a ellos", agregó Tejada Holguín.

Les recordó que el Senado de la República es una institución que le pertenece a la sociedad dominicana y que, por lo tanto, sus decisiones la afectan.

"Si no quieren (los senadores) volver a evidenciar deficiencias y mezquindades, como fueron evidenciadas en la televisión dominicana a través del proceso de reforma constitucional, que por favor entiendan lo delicado de este proceso (elección jueces JCE), consulten y hagan una elección pensando en el futuro del país, no en la mezquindad, en el partido y en la tramposería", subrayó.

Participación Ciudadana aclaró que no tiene candidatos para la JCE, porque entiende que lo importante en este caso es tener claro el perfil del juez y antes que nada, que éste sea aceptado por todos.

En ese sentido, insiste en la necesidad de que los actores políticos se pongan de acuerdo, pensando siempre que lo que se está jugando en estos momentos es si el sistema electoral dominicano va a continuar fortaleciéndose como hasta ahora, "o si vamos a retroceder a los períodos de inestabilidad y confrontaciones".

A la pregunta de si entendían que los actuales jueces de la JCE deberían poner su cargo a disposición del Senado, a fin de facilitar la escogencia de nuevos jueces, el ejecutivo de PC defendió el derecho de éstos a permanecer en la Junta hasta que los senadores ejerzan su legítimo derecho de cambiarlos o ratificarlos.

"Más que la actitud de los jueces de la JCE, lo que importa en estos momentos es el Senado de la República; qué va a hacer frente a una situación que puede tener consecuencias muy terribles en el futuro si no hay un acuerdo real y efectivo", agregó.

Tejada Holguín afirmó que es un deber del Senado, no un pedido que se le está haciendo ni una dádiva que va a conceder, escuchar todas las voces y tomar la decisión que más convenga al país.

"Ellos (los senadores) aceptaron representar ahí a cada uno de los dominicanos y eso hace que sea un deber de su parte escucharnos y tomarnos en cuenta o, de lo contrario, provocar una situación de ingobernabilidad donde exista la posibilidad de enfrentamientos", concluyó Tejada Holguín.

El PRSC y el PLD advierten que denunciarían enel exterior la ratificación de Morel Cerda

Líderes de la sociedad civil respondena críticas de Guido, Yayo y Papo Luna

El debate sobre la Junta Central Electoral sigue dominando la agenda del Congreso Nacional , los partidos politicos y las organizaciones representativas de la sociedad civil. Ayer, el abogado Francisco Alvarez Valdez, de Participación Ciudadana, y Carlos Salcedo, de la Fundación Institucionalidad y Justicia, respondieron a las duras críticas externadas el lunes contra la sociedad civil por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Guido Gómez Mazara, y los senadores César Augusto Matías y Pedro Antonio Luna.Por su lado, los partidos Reformista Social Cristiano y de la Liberación Dominicana reiteraron sus amenazas de efectuar una campaña internacional, en caso de que el Senado, dominado por 29 perredeístas contra sólo 1 peledeísta y 2 reformistas, deje en el cargo a Morel Cerda.También ayer, al Senado de la República se acercaron organizaciones de la sociedad civil que solicitan que Manuel Ramón Morel Cerda sea ratificado como presidente de la JCE.

El Senado a fuego cruzado
El presidente del Senado, Andrés Bautista García, que ha tenido que lidiar con las presiones de los compañeros de su partido y, en particular, de los senadores perredeístas, ofreció garantías ayer de que todas las opiniones serán tomadas en cuenta. “Nosotros no somos relajo o payasos para llamar al consenso y luego tomar a los demás actores de la sociedad como payasos”, expresó. Este punto de vista choca con los criterios de los senadores César Augusto Matías y Pedro Antonio Luna, que rechazan el consenso. De hecho, ambos senadores han calificado a los dirigentes cívicos de “tontos” y de gente que “no ha aportado nada”.
Bautista García (PRD-Espaillat) reiteró que el Senado está firme en su disposición de llegar al consenso en la elección de los jueces de la JCE con el PLD y el PRSC y la sociedad civil. Dijo que antes de elegir los jueces de la JCE se dará un plazo de dos semanas para que recibir las propuestas.Informó que los últimos días se han recibido decenas de propuestas, las cuales serán evaluadas de “manera seria”.
El presidente del Senado reconoció que hay fuertes divergencias entre los propios senadores del PRD. “Hemos manifestado que hay diferentes posiciones. Hay una que pide que se cambie la composición del tribunal, otra que se cambie una parte y se dejen otros, para dar continuidad a los trabajos de la JCE. Otra plantea la simple ratificación de todos los magistrados”, dijo Bautista García. Asimismo, la presidenta de la Cámara de Diputados, Rafaela Alburquerque, advirtió a los senadores que no pueden desoír el clamor de todos los sectores para que se elija la JCE por consenso. Por otro lado la jueza Ana Teresa Pérez Báez negó que vaya a renunciar por problemas de salud. Dijo que se siente bien y está cumpliendo con su deber.A las advertencias del Partido de la Liberación Dominicana, externadas por su secretario general, Reynaldo Pared Pérez, de que denunciarían internacionalmente la ratificación de Morel Cerda, se unen ahora las del Partido Reformista Social Cristiano. El PRSC, que ha estado insistiendo por vía de su Comisión Ejecutiva en la necesidad de elegir por consenso a los jueces electorales, advirtió ayer en Puerto Rico, por boca de su dirigente Carlos Morales Troncoso, que denunciaría internacionalmente como no confiable al actual presidente de la JCE.Morales Troncoso sostuvo que hay encuestas que revelan que de cada 100 dominicanos, 85 no confían en los actuales jueces electorales. “Nos sacaron tres o cuatro senadores, diez a catorce síndicos, muchísimos regidores y más de ocho diputados. Nos los quitaron”, dijo.El lunes, Pared Pérez había dicho que en las últimas elecciones la JCE tuvo un desempeño que “dejó mucho que desear”, y dijo que si el PRD persiste en ratificar a Morel Cerda , al PLD no le quedará más remedio que la denuncia internacional.

Subero con el consenso
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, le pidió ayer a los senadores que al momento de elegir los jueces de la JCE piense en el país y lo elijan mediante el consenso.
Indicó que el Senado debe utilizar un método “abierto y transparente, como se hizo en 1994”. “Yo no sé si decir consenso porque no me gusta utilizar el término de consenso porque es muy voluble, pero me gustaría que se utilizara el mismo criterio que se utilizó con nosotros en el año 1994”.Rehusó hacer una evaluación sobre el trabajo de la actual JCE, poprque a su juicio esa tarea corresponde a los partidos políticos. Dijo asimismo, que nunca se debe cuestionar la calidad que tiene el Senado para elegir los jueces de la JCE, de conformidad con la constitución de la República.

Roberto Valenzuela
Tania Molina
Edith Febles

El debate por la JCE es una historia recurrente

“Persiste impasse por elección de jueces JCE”; “Ve elección jueces JCE sólo compete al Senado”; “El Senado recibe 150 propuestas para escoger jueces electorales”; “JB, Peña acuerdan designar martes jueces de la JCE”. Son titulares de prensa. Si los tres primeros generaron confusión por la similitud de los actuales, el último le hará recordar que el debate actual es una reedición de situaciones pasadas.
La crisis post electoral que afectó al país en 1994 desembocó en el llamado “Pacto por la Democracia” que recortó en dos años el mandato de Balaguer e introdujo reformas constitucionales y reformas electorales. Se acordó, entre otras cosas, modificar la ley electoral “para ponerla en armonía con las reformas constitucionales y otras disposiciones legales acordadas”; “Conformar una nueva Junta Central Electoral cuyos miembros no sean representantes de los partidos políticos”.

Pasada la marea del pacto se produjo entonces la reforma a la Constitución de la República para pasar a un enardecido debate en torno a la necesidad de elegir una nueva JCE por consenso que evitara los traumas vividos en los comicios anteriores. El Senado nombró una comisión especial que recibiría las propuestas de candidatos. A finales de septiembre las propuestas sumaban 151 hasta que el 26 de octubre el Senado legalizó los candidatos acordados entre los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil, recayendo en Cesar Estrella Sahdalá la presidencia de la JCE. Juan Sully Bonnelly presidió el tribunal que organizó las elecciones de 1998.

La retaliación de 1998
Durante los sucesos ocurridos en el Congreso Nacional por la compra de legisladores por parte del Partido de la Liberación Dominicana para lograr mayoría en la Cámara de Diputados y del llamado “asalto a la Liga Municipal Dominicana”, para dejarla en manos del PRSC, el PRD aplicó al pie de la letra la Constitución de la República y con su mayoría senatorial designó sorpresivamente nuevos jueces electorales escogiendo como su presidente al doctor Ramón Morel Cerda. Esa decisión desató una nueva crisis política que llegó a generar escenas tales como la del documento público firmado por el entonces presidente Leonel Fernández y el doctor Joaquín Balaguer en contra de los magistrados, lo que puso en peligro la organización de las elecciones congresionales y municipales.
Ocho meses duró el enardecido debate hasta que al final de abril de 1999 el Congreso de la República modifica la ley electoral aumentando de cinco a siete los jueces de la JCE de manera transitoria para acomodar el acuerdo al que arribaron los partidos políticos.

José Ramón Torres

Los propuestos para jueces de la JCE

El vicepresidente del Senado, Dagoberto Rodríguez Adames, reveló ayer que decenas de organizaciones de la sociedad civil han propuesto que el actual presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Manuel Ramón Morel Cerda, sea ratificado en cargo. También informó que la elección de los jueces se realizará la próxima semana.
“Han llegado decenas de cartas de organizaciones de la sociedad civil proponiendo nuevamente a Morel Cerda como presidente de la JCE”, dijo Adames, quien no identificó esas entidades. Además de Morel Cerda ,al Senado han sido propuestos por distintas vías:

1-José Joaquín Bidó Medina,
2-Miguel Mera Álvarez
3-Manuel Ramón Morel Cerda
4-Luis Arias Núñez
5-Salvador Ramos
6-Ysócrate Peña Reyes
7-Luis Ramón Cordero
8-Freddy Moreta Valenciano 9-Mario Rodríguez Pérez
10-Angel María Bidó

Opiniones del día

Carlos Salcedo,
Director de la FINJUS
“Debe haber un vaso comunicante entre el Estado y la sociedad. La Constitución le otorga la soberanía al pueblo, siempre, no sólo en el momento de las elecciones”.

Francisco Álvarez
Participación Ciudadana
“Hay mucha confusión en cuanto al papel que le corresponde jugar a la sociedad civil. La sociedad civil es cada ciudadano u organización que no persigue llegar al poder.”

Rafaela Alburquerque
Presidenta de los diputados
“El Senado tiene el mandato constitucional de elegir los jueces de la JCE, pero también debe oír al pueblo, que demanda el consenso”.

Carlos Morales
Precandidato PRSC
“El PRSC va a luchar como sabe, y no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Porque si hay algo que tiene el PRSC es una buena conexión internacional”.

Las organizaciones políticas y de la sociedad civil abajo firmantes planteamos, que es deber del Senado escuchar todas las voces relevantes antes de decidir la elección de los jueces de la Junta Central Electoral.

Si bien una de las grandes responsabilidades del nuevo Senado es la elección de los jueces electorales, no debemos olvidar que la democracia se construye tomando en cuenta el parecer de la diversidad de grupos sociales, económicos y políticos que componen la nación. La verdadera gobernabilidad sólo se logra a través del diálogo franco y la construcción de espacios de concertación en los cuales la ciudadanía se exprese libremente.

Para que la JCE que resulte electa cumpla sus funciones de manera eficiente y eficaz, como un árbitro imparcial que toma sus decisiones en base a las leyes electorales y respetando nuestra Constitución, debe hacerlo en un ambiente de distensión y tranquilidad. Esto se logra con una JCE aceptada por todos los grupos y sectores que conforman la sociedad dominicana.

En efecto, para favorecer la democracia, la gobernabilidad y un proceso electoral sin traumas ni obstáculos, el Senado debe escuchar todas la voces relevantes antes de tomar una decisión sobre la conformación de la JCE que organizará los comicios presidenciales del 2004 y los congresionales y municipales del 2006.

En ese sentido las organizaciones firmantes hacen un llamado al Senado de la República para que la elección de los distintos jueces electorales sea producto del diálogo y la búsqueda de consenso entre los principales protagonistas de los procesos electorales dominicanos, es decir los partidos y la ciudadanía en general.

Por una JCE elegida a través del diálogo y la concertación:

Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), movimiento cívico Participación Ciudadana, Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo, Alianza por la Democracia  (APD), Foro Ciudadano.