En numerosas ocasiones se ha comprobado que las exoneraciones asignadas a los legisladores son vendidas, haciendo negocios a costa del Estado. Algunas han sido traspasadas a personas con capitales de procedencia ilícita.
Participación Ciudadana considera escandaloso que en los últimos ocho años el Tesoro Nacional haya dejado de percibir más de mil millones de pesos por concepto de importación de vehículos exonerados a los miembros del Congreso Nacional.
El Movimiento Cívico informó que entre enero del 2002 hasta el 23 de octubre de 2009, los legisladores importaron 678 vehículos exonerados, por un valor CIF equivalente a RD$1,993 millones, los cuales, de haber sido adquiridos de acuerdo a las normas regulares aplicables a cualquier ciudadano habrían conllevado un pago de impuestos por RD$1,022 millones, con los cuales el Estado pudo haber financiado importantes iniciativas, como por ejemplo en escuelas, hospitales, infraestructura, o múltiples otras necesidades insatisfechas de la ciudadanía.
Isidoro Santana, Miembro de la Comisión de Transparencia de PC, indicó que esta información se obtiene a partir de unos datos suministrados por la Secretaría de Estado de Hacienda, obtenidos tras muchísimos esfuerzos y reenvíos a otros despachos, ante una solicitud formal de nuestra institución, pero que finalmente ponemos en sus manos.
Las exoneraciones impositivas a los vehículos importados por los senadores y diputados están amparadas en la ley 56 de 1996, que posibilita traer cualquier tipo de vehículos cada dos años, independientemente de su costo.
Los vehículos más costosos que aparecen en la lista suelen ser de la marca Bentley Continental, importados por ejemplo, dos a nombre de Ramiro Espino Fermín, ex senador por Samaná, uno valorado en RD$ 15.2 millones, valor CIF, y otro por RD$8.7 millones; también a Ramón Porfirio Colón, exdiputado por Santiago, por valor de RD$10.5 millones; Ramón Aníbal Páez, exdiputado del DN, por valor de compra CIF de RD$8.4 millones; Ángel Dinócrate Pérez y Pérez, exsenador por Pedernales, por valor de 8.3 millones de pesos; Luis Wellington Mejía Cáceres, exdiputado por Monseñor Nouel, por RD$10.1 millones; Julio Cesar Valentín, diputado por Santiago, por valor CIF de RD$8.9 millones; Germán Castro García, senador por La Altagracia, por valor de compra de RD$8.3 millones; Hugo Rafael Núñez Almonte, diputado por La Vega, por otros 8 millones. Solamente entre estos nueve vehículos de lujo, implicaron la pérdida para el fisco de 50.8 millones de pesos.
Pero también destacan otros vehículos marca Porshe, Roll Royce y Ferrari, importados a nombre de Alfonso Montás Domínguez, diputado por San Cristóbal, este valorado en 13.3 millones de pesos, de Víctor Luis Lasosé, diputado por Espaillat, de Reinaldo Pared Pérez, senador por el Distrito Nacional, de Agne Berenice Contreras, diputada por Elías Píña, de Manuel Elpidio Báez Mejía, diputado por el Distrito Nacional, de Juan Maldonado Castro, diputado por El Seybo, de Juan Benito Reyes, diputado por San Cristóbal, y de Lidio Cadet Jiménez, diputado por Santo Domingo.
“Hasta aquí, nos hemos concentrado exclusivamente en mencionar los vehículos importados con un valor CIF de más de ocho millones de pesos. Pero hay muchísimos otros con valores de entre cinco, seis y siete millones. Sin contar que muchos de los nombres mencionados aparecen nuevamente dos años después adquiriendo exoneraciones para nuevos vehículos” informó el Miembro de la Comisión de Transparencia de PC.
El Movimiento Cívico resaltó que es cierto que no todos corresponden a ese nivel de opulencia. También es cierto, y eso debe ser reconocido y puede comprobarse a partir del listado que se les suministra, que hay muchos casos de legisladores que no han abusado de ese privilegio, sino que han usado su exoneración para adquirir vehículos de trabajo. Pero se ha convertido en algo habitual que la mayoría de las exoneraciones corresponden a vehículos que, bajo cualquier parámetro de evaluación, se consideran de lujo, como Lamborghini, Mercedes Benz, Lexus, Porshe, BMW, etc.
Pero lo grande del caso es que la mayoría de las veces el vehículo exonerado ni siquiera es usado en las labores congresionales. En numerosas ocasiones se ha comprobado que las exoneraciones asignadas a los legisladores son vendidas por estos a terceros, convirtiendo este beneficio en una especie de tráfico que se presta a situaciones, si no ilegales, al menos carentes de ética e injustificables , porque no se supone que estos funcionarios públicos deban hacer negocios a costa del Estado. Incluso se ha dado el caso de que estos vehículos de lujo han ido a parar a poder de poderosos personajes, muchas veces con capitales cuya procedencia lícita no puede ser comprobada.
Sólo en los últimos dos años, es decir, en el período 2008-2009 , los legisladores compraron vehículos de lujo por 549 millones de pesos y por ellos el fisco dejó de percibir impuestos por más de RD$300 millones; estas cifras son escandalosas, y más cuando se relacionan con el nivel de pobreza en que vive una gran parte de la población de las comunidades que ellos dicen representar.
El informe escrito que se pone a disposición de los medios, se concentra en estos últimos dos años, porque básicamente se refiere a diputados y senadores que todavía están activos , la mayoría de los cuales aspiran a ser reelectos por sus respectivas provincias, o sencillamente buscan nuevas posiciones.
Se recuerda que los legisladores han venido haciendo sucesivas reformas a la antigua ley Número 50 de 1966, para provecho propio. La primera ley posibilitaba la importación de un vehículo modesto (originalmente por valor no superior a los US$3,000), pero sólo cada cuatro años, y sin posibilidad de reventa.
Con las modificaciones posteriores los legisladores eliminaron la obligación de pagar los impuestos si deciden vender el vehículo amparado en la exoneración antes de cumplirse los cuatro años; más adelante volvieron a modificarla para optar por una segunda exoneración al cabo de dos años, y finalmente se eliminaron las normativas que evitaban la importación de vehículos de lujo, permitiendo la importación sin límite de precios, marcas, modelo, año o consumo de combustible. Es decir, se cambió el espíritu de la ley orientado a evitar que la misma se convirtiera en un privilegio.
Dados estos antecedentes, Participación Ciudadana postula por la derogación pura y simple de esta Ley.
Isidoro Santana, Miembro de la Comisión de Transparencia de PC, informó que el Movimiento Cívico entiende que lo correcto sería que todo legislador, al momento de asumir sus funciones, fuera dotado de un vehículo oficial, propiedad del Estado, que lo use durante el período que permanece en sus funciones, pero que deba devolver cuando termina su período. Pero como sabemos que eso es mucho pedir, al menos que se modifique la ley para permitir la exoneración cada cuatro años, ponerle un tope al valor del vehículo que puede ser comprado, y hacerlo intransferible, bajo el entendido que si lo vende deba pagar los impuestos correspondientes.
