Participación Ciudadana realizó un taller de planeación estratégica en donde se analizaron los proyectos que el Movimiento Cívico tendrá en ejecución en los próximos tres años.

Durante el taller también fueron discutidas las amenazas que enfrentará Participación Ciudadana en ese periodo, fortalezas y debilidades actuales, así como los objetivos del Plan Estratégico 2011-2013 con sus respectivas estrategias.

Para determinar el Plan Estratégico de Participación Ciudadana se hizo un consenso entre más de 28 miembros del Consejo Nacional de PC participantes en el encuentro.

 Entre los asistentes al taller se encuentran integrantes del equipo técnico de PC, ex coordinadores, miembros de la Comisión de Análisis Político y de otros departamentos, provenientes de Santiago, Navarrete, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Baní, Moca, Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo.

 El taller de Planeación Estratégica de Participación Ciudadana se realizó el domingo 17 de octubre del 2010, de nueve a cuatro de la tarde, en las instalaciones del Hotel Clarión del Distrito Nacional.

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS

Participación Ciudadana rechaza la propuesta del presidente de la Fuerza Nacional Progresista, Vincho Castillo, quien propuso modificar el artículo 124 de la Constitución para establecer el Referendo Consultivo, y que sea el pueblo quien decida sobre la repostulación o no del presidente Fernández.

El coordinador general de PC, Santiago Sosa, la calificó de “contraproducente”, “precipitada” y opuesta a los principios de participación, y recordó que la reelección troncha la posibilidad de que nuevas figuras aspiren a la presidencia.

Sosa indicó que luego de un largo proceso de conocimiento y aprobación de la Nueva Constitución, producto de la consulta de diversos sectores, y a solo 10 meses de su promulgación, es insólito que se esté proponiendo su modificación para favorecer a sectores sectores políticos del país.

Posición otros sectores.

Precandidatos presidenciales y legisladores manifestaron ayer un amplio rechazo a la propuesta de Marino Vinicio Castillo (Vincho) de que se reforme la Constitución para que el pueblo decida sobre la reelección presidencial.

Al respecto, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, afirmó que la reelección presidencial “es cosa del pasado”.

Vargas puso en duda que la población apruebe un plebiscito al Gobierno, como propuso Castillo, y es de opinión de que tampoco existen condiciones para introducir una reforma a la Constitución que recién se acaba de poner en vigencia, ya que el PRD y otros sectores pueden impedir ese proyecto.

Asimismo, su compañero de partido y precandidato presidencial Luis Abinader, consideró que la propuesta de modificar la Constitución de la República para reintroducir la reelección presidencial consecutiva, es un factor de perturbación que podría contaminar sensiblemente el ambiente político, económico y social del país.

Dijo que el primer efecto que tendría la discusión del proyecto reeleccionista sería dividir las filas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con repercusiones en el Congreso Nacional y en otras instancias del Estado, además de enfrentar al Gobierno con amplios sectores de la sociedad que rechazan de plano esa posibilidad.

Mientras que el ministro de la Presidencia, César Pina Toribio, consideró la propuesta como un aporte importante al debate en torno a la reforma constitucional.

Sin embargo, consultados por separado, los diputados peledeístas Gustavo Sánchez, vocero de la bancada morada; René Polanco, secretario del bufete directivo, y Elpidio Báez, así como los diputados perredeístas Carlos García y Ruddy González, y el reformista Ramón Rogelio Genao coincidieron en señalar que las posibilidades de que una propuesta de esa naturaleza pueda ser acogida son mínimas.

En tanto que el coordinador general de Participación Ciudadana, Santiago Sosa, la calificó de “contraproducente”, “precipitada” y opuesta a los principios de participación, y recordó que la reelección troncha la posibilidad de que nuevas figuras aspiren a la presidencia.

Posición del aliado del PLD

Vincho propuso modificar el artículo 124 de la Constitución para establecer el Referendo Consultivo, y que sea el pueblo quien decida sobre la repostulación o no del presidente Fernández.

La sociedad santiaguera reaccionó escandalizada, con el anuncio de que los regidores del Ayuntamiento del municipio comenzaron a cobrar 100 mil al mes, en vez de los 80 mil que percibían por concepto de dietas. Hasta el pasado mes, los legisladores de Santiago de los Caballeros recibían 65 mil al mes como dieta, más 15 mil por comisiones, 80 en total. El profesor universitario Paulino Sarita, coordinador de la provincia de Santiago del movimiento apolítico Participación Ciudadana, calificó como una burla y una provocación para la sociedad el desproporcionado aumento.

Considera,"la población de Santiago no puede sentirse bien con ese aumento porque la mayoría de esas llamadas dietas no tiene justificación".

Mientras que José Ceballos, presidente de la Asociación de Comerciantes de Santiago (ASOCOSA), consideró que el incremento de la disfrazada dieta, es exagerada con relación al trabajo que realizan los regidores.

Se recuerda, que a principios del año, los regidores aprobaron mediante resolución aumentarse la dieta en esa proporción, pero el ex alcalde José Enrique Sued no firmo la decisión.

En la resolución del Consejo de Ediles del Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros, también se incluye un incremento de 55 mil pesos mensual al alcalde Gilberto Serulle, llevando su sueldo de 125 mil a 180 mil al mes.

Comunicado consejo nacional de Participación Ciudadana.

Participación Ciudadana reitera su posición de que lamenta que el Senado, a través de la Comisión Especial, continúe el proceso de selección de los miembros de la Junta Central Electoral sin antes modificar la  ley que aún exige que sólo los abogados puedan ser miembros.

No sólo la disposición  transitoria séptima  de la nueva Constitución exige primero la conformación del órgano antes de la elección de sus miembros, sino que el texto sustantivo redujo las funciones de la Junta Central Electoral  al segregar las funciones contenciosas y asignárselas al nuevo órgano creado bajo la denominación de Tribunal Superior Electoral. De esta manera, los miembros de la Junta Central Electoral dejarán  de ser “jueces” y serán exclusivamente administradores de procesos, por lo que tiene sentido que profesionales de otras disciplinas más afines con estas funciones puedan optar para ser seleccionados.

Tarde o temprano el Congreso tendrá que adecuar la actual Ley No.  275-95, que regula la Junta Central Electoral, a las nuevas disposiciones constitucionales, así como aprobar la Ley de Partidos Políticos para evitar las ventajas electorales que se obtienen debido al abuso del poder.

Con respecto al proceso de la designación de los miembros de la Junta Central Electoral que se lleva a cabo en estos momentos, Participación Ciudadana hace un llamado al Senado con la finalidad de que  evite desacreditar un método tan positivo como el de la presentación abierta de candidatos y el derecho a objetar los mismos por parte de la ciudadanía, pues se corre el peligro de que se entienda que se cumple con la parte formal, pero que las designaciones ya están decididas, y que aquellos que de buena fe presentan sus candidaturas creyendo que la selección se hará rigurosamente, de acuerdo a un perfil que priorice la capacidad,  integridad e independencia, no están siendo más que tontos útiles.

Al igual que en ocasiones anteriores, Participación Ciudadana  no propone candidatos, debido a que nuestra tradición de monitorear los procesos electorales nos aconseja mantenernos al margen de la proposición de nombres. Sin embargo, Participación Ciudadana sí trabajará en la verificación de los perfiles de los candidatos existentes.

Por esa misma razón, y visto que la experiencia con el más reciente proceso electoral, y particularmente con la administración de  la JCE, ha dejado demasiadas sombras, entendemos que en el momento de la escogencia el Senado debería aprovechar para producir una profunda renovación de la matrícula del órgano electoral. En adición, el Consejo Nacional de Participación Ciudadana entiende que en caso de ser reelectos los miembros actuales estarían en esas funciones por seis años, lo que sumado al tiempo que ya tienen, haría demasiado prolongada su permanencia en funciones directivas, , no de carrera, lo que no es sano porque puede convertirse en un obstáculo a  la transparencia e incluso a la renovación de la entidad a través de nuevas ideas.

Participación Ciudadana también critica los aprestos existentes para repartirse la Junta Central Electoral en razón de criterios estrictamente político-partidarios, pues existen muchas probabilidades de que cualquiera de los lleguen allí con compromisos partidarios, los defenderán por encima de los intereses generales.

Consejo Nacional . 

El director ejecutivo del movimiento Participación Ciudadana (PC), licenciado Javier Cabreja, afirmó que en el país hay un retroceso en materia de combate a la corrupción administrativa, porque el discurso de tolerancia cero hacia ese delito no se ha traducido en la práctica.

Al ser entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa “Esferas de Poder”, que se transmite los domingos de 5:00 a 6:00 de la tarde, por Santo Domingo TV, consideró que no se ha avanzado de forma efectiva en materia de lucha anticorrupción por distintos factores, entre ellos los niveles de impunidad que siguen reinando en la República Dominicana.

Declaró que a pesar de las denuncias públicas que se hacen en contra de distintos funcionarios, que supuestamente incurren en actos dolosos desde la función pública, el Estado no lleva a cabo ningún tipo de acción que implique una sanción efectiva.

Cabreja enfatizó que en los últimos diez años la corrupción en el país ha crecido y no se han producido sanciones efectivas, porque la mayoría de los funcionarios implicados en esos hechos no han sido condenados.

“Esto se hace acompañar por el hecho de que las instituciones que están llamadas, primero a sancionar la corrupción y a investigarla, son muy débiles”, dijo.

Opinó que la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción y el Poder Judicial no han evidenciado la capacidad ni la eficiencia necesaria para enfrentar los casos de corrupción.

Asimismo, dijo que ni la Cámara de Cuentas ni la Contraloría General de la República llevan a cabo el rol que deben desempeñar en materia de fiscalización que impida el crecimiento de la corrupción en el país.

“A esto se le suma la falta de voluntad política de los principales líderes y funcionarios del Estado dominicano y todo esto ha generado que la República Dominicana tenga los niveles de corrupción que tiene y que en los indicadores sigamos apareciendo como un país con uno de los niveles más altos de corrupción en la región”, agregó.

Cabreja manifestó que mientras persista la cultura de los niveles de discrecionalidad y los funcionarios públicos entiendan que la información que se genera desde el Estado son de propiedad privada, seguirán creciendo los niveles de corrupción.

El reparto de cargos

El director ejecutivo de Participación Ciudadana consideró que detrás del proceso acelerado de designación de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas y la urgencia que tiene el Senado está el interés de los partidos políticos de repartirse esos cargos.

Cabreja manifestó que esos puestos no pueden responder al interés clientelar que tienen los partidos políticos, sino que deben responder a la institucionalidad y al desarrollo.

Manifestó que Participación Ciudadana está muy preocupada por el proceso que ha estado llevando a cabo el Senado de la República, en cuanto a la designación de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas.

Calificó como contraria a la Constitución la decisión del Senado, de designar al senador Félix Vásquez como miembro del CNM.

“Por lo siguiente, para la designación del Consejo Nacional de la Magistratura la Constitución es clara, respecto a que el segundo miembro tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, debe corresponder o debe ser asignado al partido de la oposición de dicha cámara”, enfatizó.

Cabreja dice que aunque Vásquez es claramente un senador del Partido Reformista Social Cristiano, en la boleta electoral fue propuesto y alcanzó la curul con el apoyo del Partido de la Liberación Dominicana.

“Por ende no es el senador que entra al Consejo Nacional de la Magistratura siendo de un partido distinto o contrario o de oposición, como establece el propio espíritu de la Constitución”, dijo.

Manifestó que la Constitución obliga a la designación de los miembros de esas instituciones, pero también a una readecuación del marco legal y jurídico del país.

Entiende que lo más adecuado y conveniente para el fortalecimiento institucional, era iniciar este proceso con las modificaciones y ajustes legales que están pendientes, para que los nombramientos estén a la altura de la Carta Magna.

“Pero que al mismo tiempo que en esas legislaciones se establecieran claramente los mecanismos y los procedimientos para la designación de los miembros de esas instituciones”, precisó.

Comisión de Ética, Cámara de Cuentas, Contraloría General y Dirección de Compra y Contrataciones apoyan propuesta.

Participación Ciudadana, las Asociaciones de Jóvenes Empresarios y de Industriales de Herrera, la Federación de Asociaciones Industriales y otras entidades destacan la necesidad de crear un Plan Nacional de Control y Auditoria con la finalidad de prevenir y perseguir la corrupción en las compras y contrataciones públicas.

Este plan debe llevarse a cabo en acciones coordinadas entre la Cámara de Cuentas, Contraloría General de la República, el Ministerio Publico, la Dirección de Contrataciones Públicas y organizaciones de la Sociedad Civil.

En este debate sobre “Mecanismos para Prevenir y Perseguir la Corrupción en las Compra y Contrataciones Públicas” fue organizado por el programa Acción Ciudadana, auspiciado por la USAID, en el que participaron Marino Vinicio Castillo, presidente de la Comisión de Ética; Licelotte Marte de Barrios, presidenta de la Cámara de Cuentas; Eric Hazim, director general Contrataciones Públicas, Simón Lizardo, contralor general de la República y otros funcionarios.

El Coordinador General de PC indicó que para la creación de dicho Plan es necesario la correcta aplicación de ley 10-04 de la Cámara de Cuentas (CC), promulgada en enero del 2004.

El Movimiento Cívico señaló que la implementación de Ley 10-04 marcha con lentitud y no ha logrado superar o impulsar, ni fortalecer con planes claros y definidos el control administrativo, legislativo y social como herramienta de fiscalizar a quienes fiscalizan.

Explicó que dicha ley establece la creación de un comité de coordinación constituido por el presidente de la Cámara de Cuentas y el Contralor General de la República, por lo que recomiendan la creación de equipos técnicos y grupos de trabajo de carácter interinstitucional que faciliten el programa de trabajo y el monitoreo del Plan Nacional de Control y Auditoria.

Asimismo se requiere la creación de las condiciones y mejorar el clima de relaciones interinstitucionales entre las Organizaciones del sistema, minimizar conflictos y dualidades, articulando las unidades de control público.

Santiago Sosa, coordinador general de PC, denunció que sectores de la sociedad han manifestado recurrentemente su preocupación por el letargo y pocos avances en el impulso y fortalecimiento institucional de la Cámara de Cuentas.

Desde PC esperamos ansiosos el establecimiento de las modalidades de participación de las organizaciones ciudadanas en el control externo, e instaurar un sistema de evaluación y monitoreo de la implementación del Plan para prevenir la corrupción y sobre todo, sentar las bases para una buena y eficiente gestión, en la administración pública.

Erick Hazim, Dirección Contrataciones Públicas.

El director de la Dirección General de Contrataciones Públicas favoreció la propuesta y dijo que en estos momentos el Organismo aplica sanciones a los proveedores que violan la ley de Compra y Contrataciones del Estado.

Eric Hazim señaló que algunas de estas sanciones han sido hasta la inhabilitación de compañías para poder venderles al Estado.

También hizo un llamado al empresariado y sociedad civil que unifiquen esfuerzos y denuncien la corrupción, para las mismas no se queden solo en los medios de comunicación. Agregó que en el Portal de Compras Dominicanas ofrece detalles de las Compras y Contrataciones del Estado.

Ignacio Méndez, Federación Asociaciones Industriales

El presidente de la Federación de Asociaciones Industriales, Ignacio Méndez, calificó como aterrador pensar que cálculos conservadores sitúan en decenas de miles de millones de pesos anualmente el dinero de todos los dominicanos que va a parar en los bolsillos y las cuentas de funcionarios y empleados públicos por concepto de las “comisiones en compras” y otras “indelicadezas”.

Asimismo dijo que es frustrante saber que hay mecanismos identificados hace mucho, que contamos con leyes y reglamentos, para controlar los actos de corrupción, y que los que la conocen y tienen el poder para exigir su implementación plena no lo hacen, y, por otro lado, la generalidad de la ciudadanía no tiene la mas mínima idea de su existencia.

La ley de contabilidad del Estado, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la Republica, la ley de compras y contrataciones del Estado, y, no menos importante debería de ser, la función controladora del Congreso Nacional.

Vincho Castillo, Pte. Comisión de Ética.

En tanto que Marino Vinicio Castillo, presidente de la Comisión Ética, dijo que el combate a la corrupción en las compras y contrataciones públicas debe de ser un esfuerzo de todos. Agregó que detrás de cada funcionario corrupto hay un corruptor.

Licelot Marte de Barrio, Pta. de la Cámara de Cuentas

Estamos más que conscientes de que nuestro trabajo se desarrolla en el marco de la política y la administración, campos sobre los cuales recae la fiscalización.

Este propósito nos demanda la conjunción de esfuerzos en procura de una cooperación, apoyo recíproco de los órganos, que con diferentes competencias han de enfrentar uno de los males de la sociedad contemporánea: la corrupción, producto de la insatisfacción y la ambición ilimitada en que suelen caer algunos, comprometiendo al país, a sus instituciones y a su propia dignidad. Todo debate e investigación que se propicie sobre la temática, jamás será inútil.

El vicepresidente ejecutivo del movimiento cívico Participación Ciudadana, Javier Cabreja, declaró este viernes que el Senado incurrió en una violación a la Constitución de la República cuando eligió al senador por Sánchez Ramírez Félix Vásquez como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Cabrera explicó que la decisión es parte de una serie de irregularidades que se dan en la Cámara Baja del Congreso, basada en el reparto de los partidos políticos, para evitar que se cumplan con los retos fundamentales de la reforma constitucional, como es el ordenar el marco jurídico del Poder Judicial.

Recordó que la misma viola la Constitución, la cual establece que el Senador que se elija como miembro del CNM tiene que ser de un partido diferente al que preside el Senado.

“Eso es muy propia de esa cultura política clientelar, patrimonialista que sigue primando en la República Dominicana”, preciso Cabreja en el programa “El Día del canal 11”.

El coordinador general del Movimiento Cívico Participación Ciudadana, Santiago Sosa, calificó como una barbaridad inaceptable el que se contratara técnicos extranjeros para dirigir las empresas distribuidoras de electricidad (Edes), cuando en el país hay personal calificado para desempeñar esas funciones.

Sostuvo que la situación es más grave en el caso de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur), donde fue designado un administrador que se vio involucrado en problemas legales de orden administrativo en el mercado de valores en Brasil.

Sosa consideró que la designación de nuevos ejecutivos en las distribuidoras de electricidad obedeció a presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), y a recomendaciones hechas al Poder Ejecutivo por el vicepresidente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Celso Marranzini. A su entender, estas designaciones no contribuirán a solucionar el grave problema energético que afecta el aparato productivo dominicano.

Sostuvo además que con las contrataciones de esos consultores extranjeros el gobierno eroga una considerable cantidad de recursos que sumado a otras iniciativas podría utilizarse en el mejoramiento del servicio eléctrico.

Según el coordinador de Participación Ciudadana con la contratación de técnicos no se resuelve el problema, sino revisando los contratos con los generadores de electricidad e implementando una política de cobro de la energía, pero no partiendo de criterios políticos, sino exigiendo que todo el usuario lo haga, independientemente de influencias y posiciones sociales.

En cuanto a la administración de Marranzini, consideró que en términos de resultados ha sido un fracaso, porque los apagones en vez de reducirse se han incrementados.

En otro aspecto, Sosa cuestionó el procedimiento utilizado para la escogencia de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral (JCE), porque según dijo se está violando el artículo 7 de la Constitución.

Denuncian que la DPCA y la Comisión de Ética han sido ineficaz en su lucha contra de la corrupción administrativa

El tercer informe de seguimiento a la Declaración de Guatemala, elaborado por Participación Ciudadana, capitulo nacional de Transparencia Internacional, afirma que, el funcionamiento de la administración pública ha seguido su curso normal en los aspectos relacionados con la transparencia y el combate a la corrupción, ignorando el compromiso firmado y el cumplimiento de las diversas normas aprobadas durante la firma de la Declaración Guatemala.

El Movimiento Cívico indica que transcurridos casi cuatro años de haber sido suscrita la Declaración, para el Gobierno Dominicano no ha pasado de un acto protocolar.

El informe fue presentado durante una reunión en San Salvador pautada para el 28 y 29 se septiembre en la que participan representantes de los gobiernos firmantes de la Declaración, así como de las organizaciones de la sociedad civil que dan seguimiento al cumplimiento de la misma.

Participación Ciudadana esta representanta en dicha reunión por la Lic. Miriam Díaz Santana, miembro del Consejo Nacional y enlace con Transparencia Internacional y por José Ceballos Responsable del Área de Justicia y Derechos Ciudadanos.

Otras personas representantes de diversos sectores del país participantes en la actividad son : Hotoniel Bonilla, director del DPCA; Miguel Suazo, director de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC); Julio Cesar de la Rosa, presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO); Alicia Ortega, Periodista y productora del Programa de TV "El Informe"; Biviana Riveiro directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE); Vianela García fiscal adjunta de la Vega y Román de Jesús Vargas, Alcalde del municipio de Peralvillo, provincia Monte Plata.

La Declaración de Guatemala por una Región Libre de Corrupción, fue firmada en la Ciudad de Guatemala el 16 de noviembre del 2006 por los presidentes y jefes de gobierno de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana, a saber Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Belice, Panamá y la República Dominicana.

Miriam Díaz, miembro del Consejo Nacional de PC y enlace dominicano con Transparencia Internacional dijo que uno de los principales compromisos que asumieron los países fue “diseñar e implementar, en los casos que no se ha hecho, planes nacionales para promover la transparencia en la administración pública, con el concurso de los diferentes sectores políticos, sociales y económicos”.

Participación Ciudadana informa que en el país fue creada la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC) órgano rector que tiene bajo su responsabilidad la implementación del Plan Estratégico República Dominicana Transparente, de Ética y Prevención 2009-2012 y sus respectivos planes operativos.

Señala que, aunque representantes de los ministerios se han integrado a determinadas acciones dentro de ese Plan, el mismo ha sido totalmente ineficaz ya que frente a todas las pruebas presentadas y los escándalos de corrupción que han salido a la luz pública en los últimos años, la Comisión ha declarado que los mismos no son de su incumbencia y no ha tomado ninguna acción para detenerlos.

Lo mismo ha pasado con la Dirección General de Persecución de la Corrupción-DPCA-, organismo que no tiene en este momento ninguna acción en los tribunales contra los centenares de actos de corrupción que se han documentado ampliamente en la prensa nacional.

Otro de los compromisos asumidos en la Declaración de Guatemala es “Proponer y promover la aprobación, en los países que aún no se ha hecho, de un marco regulatorio que garantice el libre acceso ciudadano a la información pública en poder del Estado, en forma veraz y oportuna, sin más restricciones que las contempladas en las Constituciones Políticas.”

En la Republica Dominicana existe desde abril del 2004 la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, 200-04. Participación Ciudadana, que ha venido monitoreando la aplicación de la misma, afirma que, en términos generales, el nivel de aplicación de la ley sobre libre acceso a la información pública es bajo, ya que un significativo número de instituciones no han cumplido de manera efectiva con los requerimientos de la normativa. Más del 70% de las instituciones públicas obtuvieron una calificación de deficiente al obtener puntajes por debajo de los 70 en el cumplimiento de esta Ley.

La Declaración de Guatemala también compromete a los países firmantes a “Garantizar que las instituciones estatales adopten la rendición de cuentas obligatoria, en forma periódica, a fin de visualizar la correcta administración de los recursos por parte de los servidores públicos.

En este aspecto la Republica Dominicana tampoco ha cumplido, ya que el Estado no ha garantizado que las instituciones estatales adopten la rendición de cuentas obligatoria y en forma periódica. Por el contrario, las evidencias muestran que una importante cantidad de instituciones estatales se manejan con un criterio patrimonialista.

En el informe de Participación Ciudadana se hace notar que a requerimiento en relación al cumplimiento de este acuerdo la respuesta de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa fue que “No existe ninguna disposición gubernamental específica que obligue a las instituciones públicas a rendir cuentas periódicamente”.

Sin embargo, el informe de Participación Ciudadana presentado en Guatemala muestra que la Constitución de la República, la ley 10-04 de cámara de cuentas, la Ley 10-07 de control interno, la Ley 200-04 de acceso a la información pública, la Ley 340-06 y sus modificaciones sobre contrataciones públicas, por solo citar algunas, establecen principios de rendición de cuentas por parte de los administradores de la cosa pública.

De lo que claramente colegimos que Las normativas existen pero no se cumplen, que desde el Estado mismo se evidencia no solo disparidad de criterios, “desconocimiento de las leyes”, falta de voluntad para exigir su cumplimiento y por vía de consecuencia la nula aplicación de sanciones para quienes violan los referidos marcos legales.

En relación al compromiso de “Implementar las normativas jurídicas en materia de contrataciones públicas en los países que aún no se ha hecho, apoyadas en sistemas eficaces y eficientes, que optimicen y transparenten los procedimientos de las adquisiciones de bienes y servicios por parte del Estado.”, el informe de Participación Ciudadana afirma que, aunque en el país existe la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas desde hace tres años, los avances en la implementación de la misma han sido reducidos y predomina la práctica de las contrataciones directas.

Algunas instituciones se muestran resistentes a la implementación de los procedimientos establecidos en la Ley.

Se evidencia falta de interés por parte de las máximas autoridades institucionales, resistencia al cambio por parte de los funcionarios intervinientes y falta de empoderamiento de los organismos de control. Al Foro que se celebra en San Salvador asisten algunos representantes gubernamentales y de la sociedad civil, aunque ninguna autoridad de alto nivel del Gobierno Dominicano confirmo su asistencia, en tanto de todos los Estados firmantes de dicha declaración, República Dominicana es el único país que no presentó su informe oficial.