Participación Ciudadana apoya firmemente la posición del gobierno de renegociar los aspectos fiscales del contrato original con la empresa minera Barrick Pueblo Viejo, en virtud de las cambiantes circunstancias internacionales en los precios del oro que han intervenido desde las negociaciones originales del 2002 y del 2009, en los mercados de metales internacionales. Respalda, por tanto, los esfuerzos, dentro del marco jurídico del país, para que se logre una nueva redistribución del inesperado excedente de los ingresos extraordinarios de la compañía multinacional, a la vez que aplaude que esos nuevos recursos del Estado sean utilizados exclusivamente, como solemnemente manifestara el presidente Medina en su discurso ante la Asamblea Nacional y el pueblo dominicano el pasado 27 de febrero, para “la inversión social y (el) combate a la pobreza”.
En vista de la importancia que la inversión extranjera directa desempeña para el desarrollo nacional, como lo expresara el presidente Medina, es esencial dejar constancia que el caso de la Barrick Gold debe ser enfocado como una situación única y sui géneris, en particular, dado el contexto social, político y económico del país, los niveles de corrupción y las prácticas de puertas giratorias que ha capturado al Estado dominicano. Decimos esto, porque la seguridad jurídica de los contratos, en particular los que tienen una dimensión internacional, es el fundamento sobre el cual se sustenta el buen nombre e imagen del país.
El movimiento cívico apartidista Participación Ciudadana, exige un control absoluto de nuestras aduanas, para todas la inversiones, nacionales y extranjeras, así como un seguimiento detallado y transparente de las proporciones de oro, plata, doré y otros metales exportados, con apego irrestricto a las leyes. Las operaciones de la multinacional deben estar sujetas a inspección y comprobación de su veracidad, para erradicar procedimientos contables que promueven la opacidad y la confabulación entre empresa y funcionarios públicos al servicio de intereses privados y en detrimento del interés nacional.
De igual manera, reclama políticas de absoluta transparencia y rendición de cuentas en la relación entre el Estado y la empresa extractiva, sobre los ingresos percibidos por las autoridades, en particular, todos los pagos que la empresa realice al gobierno dominicano.
Advertimos que, con cierta frecuencia, las prácticas en otros países de las empresas extractivas tiende a la discrecionalidad, el ocultamiento de información, el doble registro y la evasión de impuestos, situación que obliga a los ciudadanos a reclamar extrema vigilancia y al gobierno central a mantener una alerta continua, de forma tal que se eliminen las posibilidades de ser sorprendidos con tales hábitos.
Aprovechamos, además, para exhortar al Congreso Nacional, en el sentido de que el proceso de revisión del contrato con la Barrick Gold sea acompañado por una amplia participación de todos los sectores de la sociedad dominicana. En consecuencia, hacemos un llamado a la celebración de Vistas Públicas en su momento, para que no repita su previa negligencia de no haber legislado y fiscalizado oportunamente en representación del pueblo, como ordena el artículo constitucional 93, otorgando privilegios, sin leer el contrato, en perjuicio del Estado dominicano.
De igual manera, queremos recordar a cada miembro del Poder Legislativo que deben actuar “siempre con apego al sagrado deber de representación del pueblo que los eligió, ante el cual deben rendir cuentas”, y no responder a mandatos contrarios al interés nacional remitidos desde el Poder Ejecutivo, como sucedió, de acuerdo a las denuncias de varios legisladores, cuando el presidente Leonel Fernández Reyna ejerció presión para la aprobación de dicha enmienda, en franca violación al mandato constitucional de separación de poderes del Estado, así como también, las directrices enviadas a sus legisladores, por los altos dirigentes de los partidos revolucionario dominicano y reformista social cristiano, para que aprobaran la enmienda al contrato con escaso conocimiento y reflexión.
Participación Ciudadana aprovecha la oportunidad para recordar el compromiso número 16 del Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad, suscrito el 7 de mayo de 2012, por el entonces candidato Danilo Medina, hoy Presidente de la República, para “Emprender en el país la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) que promueve Transparencia Internacional, la cual procura lograr transparencia en los contratos de exploración y explotación firmados por el Estado con empresas mineras y la rendición de cuentas sobre el uso de los ingresos fiscales provenientes de ese sector”
Participación Ciudadana, capítulo nacional de Transparencia Internacional, manifiesta la necesidad de impulsar esta herramienta de transparencia para la industria extractiva, esfuerzo que debe ser llevado a cabo por el gobierno, empresas y grupos de la sociedad civil, quienes en alianza estratégica, deben informar a la ciudadanía acerca de los pagos realizados por la Barrick Gold, los ingresos recibidos por el Estado de las actividades de minería, y el destino de dichos recursos, los cuales deben contribuir al desarrollo sostenible y la disminución de la pobreza.
En un país como República Dominicana, con abundancia de recursos naturales no renovables, pero con un Estado de débil institucionalidad, de fácil cooptación de los órganos de fiscalización y control, con un marcado índice de alta percepción de corrupción, es una obligación promover la movilización de la ciudadanía en el monitoreo de dichas riquezas para que su explotación e ingresos sean utilizados en beneficio de las clases más necesitadas del país.
Participación Ciudadana reafirma su inalterable compromiso de dar seguimiento al proceso de renegociación de las condiciones lesivas contenidas en la “Enmienda al Acuerdo Especial de Arrendamiento de los Derechos Mineros” de fecha 10 de junio del 2009, así como el de velar que no sean vulnerados los intereses económicos del pueblo dominicano; posición valorada por el Presidente Medina Sánchez como “sencillamente inaceptable”.
CONSEJO NACIONAL
19 de Marzo de 2013
