El Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad de la República Dominicana, fue firmado por el Lic. Danilo Medina Sánchez,  en el cual  se comprometió y pactó, con Participación Ciudadana, Capitulo Dominicano de Transparencia Internacional, el cumplimiento de veinte un (21) puntos para el fortalecimiento de la administración pública, impulsar las medidas contra la corrupción, por la transparencia y la institucionalidad en caso de ser electo Presidente de la República Dominicana.

Participación Ciudadana ha realizado un  Monitoreo al “Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad”, desde el 16 de agosto del 2012 al 28 de febrero del 2013, con el objetivo de dar seguimiento a su cumplimiento y presentar un  Primer Informe al país sobre los avances, retos y dificultadas en la implementación de los compromisos asumidos por el Presidente Medina, en el cual se observa una débil acción del  Presidente para asumir las obligaciones asumidas, ya que de las 21 medidas 11 han sido evaluadas, de las cuales  el 63% han sido incumplidas, el 27% están en proceso y sólo el 9.9% se valora como cumplida, medidas en su conjunto que  constituyen compromisos referidos a la lucha contra la corrupción,  la transparencia y la institucionalidad.

Resultados del Cumplimiento del Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad

1. No cumplió con la estandarización de las informaciones en los portales Web de las instituciones públicas  en el plazo de los 150 días de gestión como indicaba el Protocolo,  lo que evidencia  que aún no  se implementa el proceso de sistematización de la información.
2. No se aplica la Cuenta Única del Tesoro de manera integral  por lo que no se ha dado cumplimiento  en el plazo de ciento treinta días (130) pautado, poniendo al desnudo la falta de voluntad política  y de acción colectiva de los responsables de dar seguimiento a éste compromiso.
3. A la fecha varias estructuras orgánicas de la administración pública fueron eliminadas otras  fueron unificadas, pero  la nómina pública no ha sido reducida por este concepto, muy por el contrario ha ido en aumento, no sólo en número de personas sino también en el monto de los salarios. Las medidas de disminución de estructuras orgánicas no son significativas, dado el impacto de desempeño de las mismas y  las pronunciadas duplicidades existentes, llama la atención la creación de una serie programas, comisiones e instancias que podrían estar originando nuevas duplicidades.
4. En relación a los nombramientos Ministros y Viceministros, lamentamos la violación del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, que establece de manera clara y precisa, que la ley determinará los viceministros que se necesitan en cada ministerio y nunca más de 6, lo que quiere decir que previo a la designación de un tope de 6 viceministros, la administración pública debió  contar con un marco normativo  que indique sobre la base del principio de racionalidad,  cuántos y cuáles viceministros necesita cada ministerio de acuerdo a un perfil establecido  y las  competencias requeridas, labor que no se ha realizado aún,  sino que se procedió a nombrar en cada ministerio  de 5 a 6  viceministros sin determinar las necesidades de los mismos. Pero más grave aún es el hecho que si bien se han suprimido mediante Decreto al menos  137  posiciones a viceministros y subdirectores generales, lo que aparenta ser una formalidad ya que se ha identificado en algunos casos que los ministros y viceministros salientes han sido nombrados asesores o reubicados en funciones creadas, situación que supera la racionalidad administrativa y desdice de la austeridad   proclamada  y el sacrificio solicitado al pueblo dominicano.
5. No se ha realizado ninguna acción para asegurar que el servicio exterior transite el camino de la profesionalización. A la fecha,  a seis meses del gobierno del Presidente Danilo Medina, el país lidera a la representación diplomática y consular con mayor número de miembros, compitiendo con las grandes potencias económicas.  En ese sentido, no se observa iniciativas para la aprobación e implementación de la Ley de Carrera Especial Diplomática y Consular lo que contribuye a mantener los mismos nombramientos existentes y realizar nuevos nombramientos, lo que claramente nos indica que no hay una política clara de recursos humanos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana.
6. En torno a las Declaración Jurada de Bienes de los funcionarios salientes y entrantes, que debieron realizarse en los treinta {30) días siguientes a su nombramiento, de los  21 Ministerios, se ha podido determinar que 14 Ministros han depositado su declaración jurada de bienes.  Los 7  restantes no se identifican puesto que no están disponibles en el portal de transparencia del Ministerio correspondiente.  Tales son los casos de los Ministerios de Educación Superior, Fuerzas Armadas, Medio Ambiente y Recursos Naturales,  Obras Públicas, Salud Pública y Trabajo. Por otro lado, el Poder Ejecutivo  ha impulsado por decreto  mediante la creación de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental  el seguimiento a los funcionarios salientes y entrantes  a la presentación jurada de bienes y recomendar sanciones a aquellos que no han cumplido con la ley, así como mediante el numeral 6 del Código de Pautas Éticas, para que los funcionarios públicos depositen en detalle sus declaraciones juradas. En síntesis, no obstante todas estas iniciativas, a la fecha no se ha presentado a la sociedad dominicana un informe de verificación de las declaraciones como se estableció en el compromiso en un plazo de ciento veinte días (120) días.
7. En relación a las Iniciativas Legislativas Pendientes: Ley Integral de Declaración Jurada de Bienes, Enriquecimiento Ilícito,  Ley General de Salarios.  Lamentamos que por sexta vez  se somete el proyecto de ley sobre Declaración Jurada de Bienes y Enriquecimiento Ilícito y aun no es aprobado no obstante el amplio consenso de esta pieza legislativa.  Igual suerte corre el Proyecto de ley de Salarios,  el cual continúa en un limbo en el Congreso Nacional.
8. Las acciones y políticas de Prevención según Ley de Función Pública y Ley de Compras y Contrataciones. Si bien es cierto que con la creación de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental se percibió que se daría un impacto contundente a las acciones y políticas de prevención para evitar las violaciones del régimen ético de los servidores públicos, esta medida no ha sido lo suficientemente disuasiva en el comportamiento de los servidores públicos, pues subyace la percepción de que la corrupción continúa en el sector público.
9. En relación al impulso de la Transparencia en las Industrias Extractivas. A la fecha no registramos ninguna acción o política concreta para el impulso desde el Gobierno dominicano de la  Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), la  cual tiene como propósito monitorear este sector  para aumentar la transparencia acerca de pagos por empresas privadas y entidades ligadas al gobierno así como también aumentar la transparencia sobre los ingresos recibidos  por las operaciones en el país.
10. En cuanto a la austeridad en el uso de la publicidad gubernamental es importante reconocer que se percibe una disminución sustancial del gasto  en publicidad oficial, por lo que en éste renglón se puede valorar que se ha cumplido con este compromiso, con mínimas excepciones. Está pendiente, que la Dirección General de Comunicación  (DICOM)  diseñe la normativa que regulará los gastos de publicidad y propaganda  del sector público, para que publicaciones  gubernamentales sean realizadas con criterios racionales y útiles a la ciudadanía.

Matriz de Cumplimiento del Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad

Consejo Nacional
Abril 1, 2013

Participación Ciudadana apoya firmemente la posición del gobierno de renegociar los aspectos fiscales del contrato original con la empresa minera Barrick Pueblo Viejo, en virtud de las cambiantes circunstancias internacionales en los precios del oro que han intervenido desde las negociaciones originales del 2002 y del 2009, en los mercados de metales internacionales. Respalda, por tanto, los esfuerzos, dentro del marco jurídico del país, para que se logre una nueva redistribución del inesperado excedente de los ingresos extraordinarios de la compañía multinacional, a la vez que aplaude que esos nuevos recursos del Estado sean utilizados exclusivamente, como solemnemente manifestara el presidente Medina en su discurso ante la Asamblea Nacional y el pueblo dominicano el pasado 27 de febrero, para “la inversión social y (el) combate a la pobreza”.

En vista de la importancia que la inversión extranjera directa desempeña para el desarrollo nacional, como lo expresara el presidente Medina, es esencial dejar constancia que el caso de la Barrick Gold debe ser enfocado como una situación única y sui géneris, en particular, dado el contexto social, político y económico del país, los niveles de corrupción y las prácticas de puertas giratorias que ha capturado al Estado dominicano. Decimos esto, porque la seguridad jurídica de los contratos, en particular los que tienen una dimensión internacional, es el fundamento sobre el cual se sustenta el buen nombre e imagen del país.

El movimiento cívico apartidista Participación Ciudadana, exige un control absoluto de nuestras aduanas, para todas la inversiones, nacionales y extranjeras, así como un seguimiento detallado y transparente de las proporciones de oro, plata, doré y otros metales exportados, con apego irrestricto a las leyes. Las operaciones de la multinacional deben estar sujetas a inspección y comprobación de su veracidad, para erradicar procedimientos contables que promueven la opacidad y la confabulación entre empresa y funcionarios públicos al servicio de intereses privados y en detrimento del interés nacional.

De igual manera, reclama políticas de absoluta transparencia y rendición de cuentas en la relación entre el Estado y la empresa extractiva, sobre los ingresos percibidos por las autoridades, en particular, todos los pagos que la empresa realice al gobierno dominicano.

Advertimos que, con cierta frecuencia, las prácticas en otros países de las empresas extractivas tiende a la discrecionalidad, el ocultamiento de información, el doble registro y la evasión de impuestos, situación que obliga a los ciudadanos a reclamar extrema vigilancia y al gobierno central a mantener una alerta continua, de forma tal que se eliminen las posibilidades de ser sorprendidos con tales hábitos.

Aprovechamos, además, para exhortar al Congreso Nacional, en el sentido de que el proceso de revisión del contrato con la Barrick Gold sea acompañado por una amplia participación de todos los sectores de la sociedad dominicana. En consecuencia, hacemos un llamado a la celebración de Vistas Públicas en su momento, para que no repita su previa negligencia de no haber legislado y fiscalizado oportunamente en representación del pueblo, como ordena el artículo constitucional 93, otorgando privilegios, sin leer el contrato, en perjuicio del Estado dominicano.

De igual manera, queremos recordar a cada miembro del Poder Legislativo que deben actuar “siempre con apego al sagrado deber de representación del pueblo que los eligió, ante el cual deben rendir cuentas”, y no responder a mandatos contrarios al interés nacional remitidos desde el Poder Ejecutivo, como sucedió, de acuerdo a las denuncias de varios legisladores, cuando el presidente Leonel Fernández Reyna ejerció presión para la aprobación de dicha enmienda, en franca violación al mandato constitucional de separación de poderes del Estado, así como también, las directrices enviadas a sus legisladores, por los altos dirigentes de los  partidos revolucionario dominicano y reformista social cristiano,  para que aprobaran la enmienda al contrato con escaso conocimiento y reflexión.

Participación Ciudadana aprovecha la oportunidad para recordar el compromiso número 16 del Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad, suscrito el 7 de mayo de 2012, por el entonces candidato Danilo Medina, hoy Presidente de la República, para “Emprender en el país la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) que promueve Transparencia Internacional, la cual procura lograr transparencia en los contratos de exploración y explotación firmados por el Estado con empresas mineras y la rendición de cuentas sobre el uso de los ingresos fiscales provenientes de ese sector”

Participación Ciudadana, capítulo nacional de Transparencia Internacional, manifiesta la necesidad de impulsar esta herramienta de transparencia para la industria extractiva, esfuerzo que debe ser llevado a cabo por el gobierno, empresas y grupos de la sociedad civil, quienes en alianza estratégica, deben informar a la ciudadanía acerca de los pagos realizados por la Barrick Gold, los ingresos recibidos por el Estado de las actividades de minería, y el destino de dichos recursos, los cuales deben contribuir al desarrollo sostenible y la disminución de la pobreza.

En un país como República Dominicana, con abundancia de recursos naturales no renovables,   pero con un Estado de débil institucionalidad, de fácil cooptación de los órganos de fiscalización y control, con un marcado índice de alta percepción de corrupción, es una obligación promover la movilización de la ciudadanía en el monitoreo de dichas riquezas para que su explotación e ingresos sean utilizados en beneficio de las clases más necesitadas del país.

Participación Ciudadana reafirma su inalterable compromiso de dar seguimiento al proceso de renegociación de las condiciones lesivas contenidas en  la “Enmienda al Acuerdo Especial de Arrendamiento de los Derechos Mineros” de fecha 10 de junio del 2009, así como el de velar que no sean vulnerados los intereses económicos del pueblo dominicano; posición valorada por el Presidente Medina Sánchez como “sencillamente inaceptable”.

CONSEJO NACIONAL
19 de Marzo de 2013

El fenómeno de la inseguridad ciudadana es un problema generalizado en muchos de los países de la región. En el caso de la República Dominicana tiene características particulares, que convierte su abordaje en una agenda  aún más compleja, si consideramos el débil estado de derecho, los problemas de institucionalidad y los altos niveles de corrupción, que arropan las instituciones que tienen responsabilidad y deben salvaguardar la seguridad ciudadana, además del bajo estándar de cumplimiento e implementación de la ley.

En nuestro país, la agenda vinculada a la seguridad ciudadana es aun inconclusa, no obstante los planes, las reformas legales que en los últimos años se han aprobado, las cuales no se implementan, no se cumplen y no logran los resultados deseados por la ciudadanía, generándose un círculo vicioso de modificaciones normativas y nuevos procedimientos  que no logran reducir la violencia y la criminalidad, todo lo contrario aumentan y se incrementan.

En ese sentido la aplicación de políticas públicas para garantizar la seguridad ciudadana, debe ser un proceso integral y coordinado entre diferentes instancias del Estado;  coordinado por el Ministerio de Interior y Policía, la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, las Fuerzas Armas, el Ministerio de Medio Ambiente Recursos Naturales, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Educación, la Dirección Nacional de Control de Drogas, entre otras.

No obstante las instituciones que deben intervenir en las políticas de seguridad ciudadana, la Constitución dominicana en su artículo 255 indica un rol especial a la Policía Nacional, definiéndola como “ un cuerpo armado, técnico, profesional, de naturaleza policial, bajo la autoridad del Presidente de la República, obediente al poder civil, apartidista y sin facultad, en ningún caso, para deliberar”

Además le asigna como misión la de: Salvaguardar la seguridad ciudadana, prevenir y controlar los delitos, perseguir e investigar las infracciones penales, bajo la dirección legal de la autoridad competente y mantener el orden público para proteger el libre ejercicio de los derechos de las personas, como la convivencia pacífica de conformidad con la Constitución y las leyes.

De aquí se desprende la gran preocupación de la sociedad dominicana, en que la Policía Nacional es una de las instituciones con mayor nivel de desconfianza para la ciudadanía y percibida como una de mayor opacidad y menor transparencia, por eso en el último año aumentan las voces que demanda una nueva reforma integral de ese cuerpo.

Ese proceso de reforma integral, debe conducir a la constitución de un cuerpo de seguridad ciudadana que respete y cumpla con la Constitución y las leyes, con capacidad de prevenir el delito, que garantice los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones y que nos permita contar con una institución al servicio de la ciudadanía con integridad y transparencia.

Al mismo tiempo es fundamental tomar las previsiones necesarias para reducir los altos riesgos de corrupción presentes en la Policía Nacional y las diferentes modalidades, claramente identificadas en la sociedad dominicana, como son;

1)         Ausencia de un estricto cumplimiento de la Ley de Compras y Contrataciones Pública.

2)         Personal designado en instituciones para tareas y funciones que no le son propias.

3)         Ausencia de controles en la asignación de combustible y suministros.

4)      Discrecionalidad en las posiciones donde se ejecuta presupuesto, considerando que son los puestos más codiciado para enriquecerse en la policía.

5)         Pago de viáticos y dietas en efectivo y de manera discrecional.

6)         Ascenso, traslados sin cumplir criterios, ni escalafón.

7)         Ausencia de un sistema de control y rendición de cuentas.

8)         Penetración del crimen internacional organizado.

9)         Conflictos de interés en las decisiones administrativas y de cumplimiento de funciones.

10)    Opacidad de las informaciones sobre la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones de dirección.

En el proceso de reforma de la Policía Nacional, debe trascender las modificaciones  normativas y apuntalar al impulso de medidas o políticas, que garanticen la seguridad ciudadana y contribuyan a la construcción de un estado de derecho, nos referimos a:

1)      Promoción e implementación de políticas de transparencia e integridad.

2)   Garantizar la profesionalización, ascenso en base al mérito del personal, para que puedan ser bien remunerados sus integrantes.

3)      Reducir y prevenir la corrupción en la  institución policial.

4)      Poner en marcha el código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

5)      Revisión de la Doctrina de la Policía y adecuación de la misma al carácter civil.

6)      Separar  de las filas policiales el referente militarista y adoptar los roles y funciones de una entidad civil.

7)      Invertir el modelo policial actual, para que responde a un modelo de prevención y de seguridad de la ciudadanía.

8)      Garantizar el espíritu de cuerpo de la Policía Nacional, reducir la  dispersión y dualidades en las funciones, competencias en las estructuras y los mandos.

9)      Proveer a los miembros de la institución de salarios dignos, dietas, un  avituallamiento completo, un único uniforme, transporte de calidad para sus labores.

10)  Modificación de la estructura territorial Regional, Provincial, Municipal, adecuándola al plan estratégico.

11)   Implementar la Carrera Especial de la Función Policial.

12)  Transparentar la nómina y cruzarla con las de otros organismos de seguridad.

En resumen: Desarrollar un proceso de reforma para socializar a todos sus miembros de la institución policial para que internalicen los valores y acepten una institución bajo una concepción, organización y mando de carácter civil.

“Por una cultura de respecto, cuidado y defensa de la ciudadanía”

La decisión del gobierno del presidente Danilo Medina de invalidar la decisión mediante la cual el Estado dominicano reconocería los fraudulentos títulos de propiedad de Bahía de las Águilas, robados al pueblo dominicano, es un acto que amerita  valorar como positivo.

Es fundamental reconocer que la contundente voz de rechazo proveniente de los más diversos sectores de la sociedad dominicana fue un factor ineludible para el gobierno del presidente Medina. Esta unidad de propósito demuestra que -como en el caso de los Haitises y en el del 4% para la educación- la reafirmación activa por los ciudadanos de los principios y valores sobre los cuales deseamos sustentar la democracia dominicana es no solo un derecho sino un deber constitucional irrenunciable. Construir una democracia de calidad requiere un esfuerzo continuo de todos y todas para lograr una genuina democracia de ciudadanos e instituciones.

Deseamos felicitar al presidente Medina por escuchar a la opinión pública y corregir con celeridad la decisión inicial de su gobierno. Respaldamos asimismo su oportuna instrucción al Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, y a la Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, de asumir la responsabilidad de defender el interés del Estado por recuperar los terrenos robados de Bahía de las Águilas, ocurrido con la autoría y complicidad de autoridades corruptas de gobiernos pasados.

Continuaremos vigilando, y respaldando, las medidas tomadas por el gobierno,  en particular daremos seguimiento al Ministerio Público y al Poder Judicial, hasta que se logre la restitución definitiva de este inalienable patrimonio nacional. En este sentido, hacemos un llamado a las autoridades a mantener a la Nación debidamente informada de todos los pasos que el gobierno considere oportunos hasta obtener el objetivo deseado. La transparencia es fundamental para lograr el pleno respaldo del pueblo.

Participación Ciudadana apoya firmemente el justo propósito del gobierno de sacar de la miseria y el abandono a la población del suroeste del país y, en ese sentido, favorecerá las medidas de desarrollo, dentro del Presupuesto Nacional y nuestra legislación, que considere indispensables y oportunas para lograr este cometido.

Consejo Nacional
Febrero 23, 2013

La decisión del presidente Danilo Medina de llegar a un acuerdo con las personas que adquirieron  ilegalmente terrenos alrededor de Bahía de Las Águilas lo hace cómplice de una larga cadena de violaciones legales y constitucionales y resta calidad moral a las autoridades instaladas el pasado 16 de agosto.

El decreto firmado por el presidente Medina otorgando poder al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo para desistir de las justas demandas del Estado dominicano que persiguen recuperar los terrenos robados al Estado en Bahía de Las Águilas y  premiar con un 45% del valor de tales inmuebles a los adquirientes ilegales, implica el rompimiento de su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República.

Los adquirientes ilegales que han resultado beneficiarios de esta decisión presidencial  no pueden atribuirse la calidad de terceros adquirientes de buena fe en una operación que no cumplió con requisitos legales que no pueden ser desconocidos por ninguna persona en el país pues sería alegar ignorancia de la ley, lo que no está permitido.

El gobierno envía un pésimo mensaje cuando justifica el acuerdo en la lentitud de la justicia dominicana pues fomenta que otras personas sigan su ejemplo y se hagan justicia por su propia mano. En adición, las actas de audiencia del caso inmobiliario revelan que la dilación del caso ha sido principalmente responsabilidad de la representación del Estado dominicano.

Ha quedado claramente demostrado el esfuerzo del gobierno de manejar el tema a espaldas de la ciudadanía, que solo se entera cuando el periódico 7dias.com divulga la existencia del poder firmado por el presidente Medina. Tampoco han sido divulgados al día de hoy las identidades de las personas que serán los beneficiarios finales del fraude cometido.

Llamamos la atención sobre una cláusula existente en el borrador del contrato de transacción que circula,  que permite a los adquirientes ilegales no aportar las tierras por ellos robadas al fideicomiso que se constituiría,  y quedarse con el 100% de las mismas siempre y cuando paguen al Estado el 55% de su valor, lo que implicaría darle una opción de comprar esas tierras que siempre han pertenecido al Estado. Esta condenable acción, viene a reafirmar el régimen de impunidad imperante en la Republica dominicana desde hace décadas.

La decisión del presidente Medina es sencillamente inaceptable por ilegal e inmoral y solo contribuye  a consolidar a la República Dominicana en las últimas posiciones que vergonzosamente ostenta en todas las evaluaciones internacionales en materias relacionadas con la corrupción, generando una profunda decepción y haciendo perder toda esperanza de cambio en esta materia  por actuaciones del nuevo gobierno.

Participación Ciudadana apoya firmemente el desarrollo de la región sur del país, pero no podemos dejarnos confundir, pues para desarrollar un territorio de tanta pobreza como el sur, no se precisa regalar sus tierras a quienes se las han apropiado de manera ilícita y es absolutamente falso que ese acuerdo transaccional sea la única vía para resolver el impasse. Prestigiosos juristas ya han identificado otras soluciones legales que no atentan contra el patrimonio nacional y que son mucho más ventajosas tanto para el sur como para el resto del país.

Por último, informamos a la opinión pública que en los próximos días nuestra organización estará llevando a cabo una serie de acciones legales, dirigidas a enfrentar la prolongación de una acción fraudulenta como lo supone el reconocimiento de los títulos ilegales de propiedad en Bahía de las Águilas. Al mismo tiempo, hacemos un llamado a la ciudadanía a apoyar las acciones de movilización que un conjunto de organizaciones de sociedad civil  están desarrollando para oponerse a este nuevo atropello a la institucionalidad.

Participación Ciudadana, movimiento cívico apartidista designó a  Roberto Álvarez como su nuevo coordinador general, y a José Manuel Paliza, Fátima Lorenzo, Pedro Acevedo, Javier Cabreja, Leocadio Santana y a David Phips, como miembros del Comité Coordinador.

Roberto Álvarez es abogado egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con Maestrías en Relaciones Internacionales en la School of Advanced International Studies (SAIS) de la Universidad Johns Hopkins en Washington, DC, y en Derecho Comparado  en la Universidad de Georgetown, Washington, DC.

Sirvió en el servicio exterior de República Dominicana desempeñando funciones tales como abogado de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), primero como Subdirector de Protocolo, después en el departamento legal y luego en la secretaría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  Como especialista principal de la Comisión, elaboró los proyectos de informes sobre derechos humanos en Chile, Paraguay, El Salvador, y Nicaragua, organizando, además, las visitas in loco de la CIDH a Panamá, El Salvador, y Nicaragua.  Además, fue Representante Permanente de República Dominicana ante la Organización de los Estados Americanos con el rango de Embajador.  En la OEA ostentó la Presidencia del Consejo Permanente a nombre de R.D,  fue electo presidente de la Subcomisión de Políticas de Cooperación Solidarias para el Desarrollo de la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CEPCIDI), y de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente (CAJP). Desde diciembre de 2008 hasta agosto 2010, cuando renunció, fue miembro de la Comisión Consultiva de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores con el rango de Embajador adscrito honorífico. Es miembro del Consejo Asesor del Programa Latinoamericano del Woodrow Wilson International Center for Scholars.

El Dr. Álvarez ha laborado como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Coordinador del Primer Foro sobre la Inversión Privada en las Américas, Washington, DC., EEUU; del Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) de las Naciones Unidas; y de la Fundación Ford, en asuntos relacionados a la promoción de los negocios, el fortalecimiento de la administración de la justicia y el estado de derecho, y la promoción y protección de los derechos humanos. También ha servido como delegado oficial de Amnistía Internacional en misiones a Nicaragua  y Sri Lanka.

Es autor de diversos libros, monografías y artículos sobre derechos humanos y asuntos internacionales. Ha sido columnista de los periódicos dominicanos El Caribe, Clave y de la revista La Lupa sin Trabas; ha colaborado también con otros periódicos y revistas especializadas dominicanas, como Listín Diario, Rumbo, Hoy, Gaceta Judicial y Estudios Jurídicos.

Roberto Álvarez agradeció el apoyo y la confianza depositada por los miembros de Participación Ciudadana que participaron en el proceso de votación y prometió luchar durante su gestión por la renovación y  fortalecimiento de la institución, y la democracia en el país.

Consejo Nacional
Febrero 19, 2013

Participación Ciudadana, movimiento cívico apartidista, celebró el domingo 10 de febrero, su décima novena “Asamblea General Ordinaria por la

Renovación de la Organización”. Dicha actividad constituye un encuentro de los miembros activos  y donde se renuevan los miembros del Consejo Nacional, órgano máximo de dirección que ostenta la representación de la organización cívica.

Para tal ocasión, fueron  presentadas la Memoria Anual  2012 por el Coordinador General saliente Francisco Álvarez Valdez, así como el Informe Financiero del año 2012 y el Plan de Trabajo para el año 2013, los cuales fueron aprobados por los asambleístas.  “Ha sido un año difícil, lleno de retos, en el que lamentablemente tenemos que señalar que no se alcanzaron las reformas políticas, institucionales y democráticas que requiere nuestro país y por la cual luchamos desde la sociedad civil”, puntualizó el Coordinador Álvarez Valdez, al igual que señaló que es indispensable que “preparemos nuestra organización para el futuro, pues hoy más que nunca se necesita de la presencia de la ciudadanía ejerciendo su derecho constitucional a la participación, para exigir que nos gobiernen bien y reclamar que aquellos que no lo hagan sufran las consecuencias de derecho, sea en las urnas o en los tribunales”.

Dentro de las memorias presentadas se encuentra el “Informe sobre el Déficit Fiscal en el año 2012: Monto, Causas y Evaluación con respecto al Ordenamiento Jurídico” elaborado por una Comisión Técnica del Consejo Económico y Social, coordinada por Participación Ciudadana y que concluyó que para la generación del déficit fueron violadas 24 disposiciones de nueve leyes diferentes, incluida la Constitución. Un  asambleísta solicitó que se utilice el contenido de dicho informe para someter ante el ministerio público a todos los responsables de tales violaciones, lo que fue aprobado por aclamación por los asambleístas, autorizando al Consejo Nacional, que deberá designar abogados y dar cumplimiento a dicho mandato.

Durante la Asamblea se procedió a renovar una tercera parte de los miembros del Consejo Nacional, para elegir a cuatro de los doce miembros que integran el Consejo Nacional, resultando electos Javier Cabreja, Roberto Álvarez, Fatima Lorenzo y Ramón Phipps,  quienes sustituyen a Francisco Álvarez Valdez, Somnia Vargas, Samir Chami Isa y Luis Sánchez Limardo, quienes terminan su mandato.