El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana, depositó en la Secretaría de la Procuraduría General de la República, una solicitud de investigación para que se compruebe la veracidad o no de los hechos denunciados que dieron lugar al déficit fiscal generado durante el año 2012.

La instancia se basa en un Informe (El Informe) elaborado por una Comisión Técnica para el Consejo Económico y Social (CES), de fecha 22 de noviembre del 2012, donde se pudo constatar que los responsables del déficit del año 2012 cometieron 24 violaciones de por lo menos 9 leyes diferentes, incluyendo la Constitución de la República. La Comisión Técnica fue integrada por representantes de los sectores social y laboral que hacen vida en el seno del CES.

En El Informe se da cuenta de una práctica altamente peligrosa para la salud económica de la Nación, que se inició en el año electoral de 2008, en el que se acumuló un déficit de RD$53,995 millones, que continuó en el año 2009 con un déficit de 49,906 millones, en el 2010 de RD$53,617 millones y en el 2011 de RD$56,587 millones. Cita además, declaraciones ofrecidas por el jefe del equipo económico durante el año 2012, Ministro Temístocles Montas, quien afirmó que la generación del déficit se debió a la intención del presidente de la República de entonces, Dr. Leonel Fernández, manifestada de manera expresa a sus funcionarios, de concluir antes de terminar su mandato muchas de las obras que había comenzado, a pesar de que varias de éstas no estaban contempladas en el presupuesto aprobado por el Congreso para el año 2012. Cuando se aprobó el presupuesto complementario del año 2012, ya las violaciones habían sido cometidas, e incluso el complementario no alcanzó a cubrir todas las erogaciones realizadas con la finalidad de cumplir con un mandato presidencial violatorio de las leyes indicadas” agrega el documento.

El interés de la organización de la sociedad civil es contribuir a detener el uso irresponsable e ilegal del dinero público y a que los déficits que puedan producirse en el futuro, como parte de la política económica de cualquier gobierno, se enmarquen dentro del respeto irrestricto de la Constitución y de la ley,  añadió Roberto Álvarez,  Coordinador General de PC.

En el depósito de la instancia, estuvieron presentes Roberto Álvarez, Coordinador General,  Rosalía Sosa Pérez, Directora Ejecutiva, así como miembros del Consejo Nacional, de las Comisiones de Trabajo y pasados Coordinadores Generales de Participación Ciudadana.

Con motivo del XX aniversario de Participación Ciudadana, movimiento cívico apartidista, que se constituyó el 31 de octubre de 1993, el Dr. Óscar Arias Sánchez,  Premio Nobel de la Paz 1987 y ex presidente de la República de Costa Rica,  disertó sobre el tema “La Democracia en las Américas”, durante la cena de gala que celebró la organización el pasado jueves. También estuvieron presentes como invitados especiales, la Diputada al Congreso de España, Trinidad Jiménez, ex Ministra de Sanidad y Política Social y de Asuntos Exteriores y de Cooperación, así como Alejandro Salas, Director para las Américas de Transparencia Internacional.

A dicha actividad asistieron altos funcionarios del gobierno, como el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito y la Ministra de Educación Superior, Ligia Amada Melo; miembros del Poder Judicial, como el magistrado José Alberto Cruceta, juez de la Suprema Corte de Justicia, y del Ministerio Público, como la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso; un numeroso grupo de altos empresarios del área industrial, de las finanzas, del turismo, y de la banca, incluyendo representantes de instituciones empresariales como Manuel Diez Cabral, presidente del CONEP; académicos; representantes de partidos y movimientos políticos; miembros del cuerpo diplomático y consular y de organismos internacionales; y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

La apertura del evento estuvo a cargo de Roberto Álvarez Gil, Coordinador General de P.C., quien ofreció una visión panorámica de las dos décadas de trabajo de Participación Ciudadana, resaltando el rol del ciudadano como agente protagónico de la democracia y  los esfuerzos de la organización para impulsar un conjunto de leyes, algunas ya aprobadas y otras pendientes en el Congreso por  más de 6 años, tales como el proyecto sobre Declaración Jurada de Patrimonio y de Enriquecimiento Ilícito, así como la ley sobre partidos políticos y la que versa sobre el Sistema Electoral. “Es importante recordar que para las elecciones generales del 15 de mayo de 2016, se elegirán en el mismo día más de 4,000 cargos: presidente, vicepresidente, legisladores y autoridades municipales, algo inédito en el país desde 1994. Esto quiere decir que la elección será política y logísticamente de alta complejidad”, puntualizó el Dr. Álvarez Gil.

Hizo referencia sobre el déficit fiscal 2012, lamentando que aún “no se conoce a ciencia cierta cuánto fue el déficit”. Deploró “la falta de rendición de cuentas, que después de la crisis financiera de 2003-2004 y la carrera de déficits fiscales posteriores, nuestra deuda pública ha tomado un curso fuera de control, sin que la población lo advierta”, alertando que esa situación no está “sometida a control congresional o de órgano alguno, y ni siquiera aparece en los registros de deuda pública que conoce la población”.

De igual manera, presentó al conferencista, a la vez que  agradeció su presencia, valorando “el trabajo político, al estadista, al hombre de paz y al promotor  de causas como la desmilitarización, el control de armas pequeñas y livianas, la equidad de género y la gobernabilidad democrática”.

El Dr. Óscar Arias Sánchez, agradeció la invitación de Participación Ciudadana, particularme por brindarle la oportunidad de acompañarla en la celebración de su XX aniversario.  Hizo un recuento  sobre la situación actual de la democracia en las Américas, y enumeró una serie de acciones que pueden implementar las organizaciones civiles en la construcción de una mejor ciudadanía.

Explicó que “gobernar en una verdadera democracia no es fácil”, sin embargo  resaltó el deber de un verdadero demócrata para gobernar. Señaló que en el caso “de no existir condiciones, el verdadero demócrata debe crearlas y no destruirlas”, advirtiendo  que “no se debe confundir el origen democrático de un régimen con el funcionamiento democrático del Estado. El voto nunca puede ser un cheque en blanco en manos de los gobernantes. Las elecciones son una parte esencial del proceso democrático, pero no son el proceso democrático. Si un gobernante coarta las garantías individuales, si limita la libertad de expresión, y si restringe injustificadamente la libertad de comercio, subvierte las bases de la democracia que lo hizo llegar al poder”.

El expresidente de Costa Rica afirmó que “si las democracias latinoamericanas no empiezan a rendir frutos, si no reforman sus sistemas políticos para hacerlos más gobernables, si fracasan en satisfacer las demandas ciudadanas, el temor de caer en el caos y la anarquía harán que los pueblos retornen a las viejas líneas de la dictadura. En el afán por hacer de la democracia un fin en sí mismo, perdemos de vista la imperiosa necesidad de que los sistemas políticos brinden resultados: que disminuya la pobreza, que crezca la economía, que haya fuentes de empleo, que se brinde mejor educación y que se garantice la seguridad“, subrayó.

Sobre la ética, hizo una comparación entre las prácticas de comportamientos  humanos y ciudadanos, resaltando el necesario cambio de mentalidad hacia construcción de una ética especial, una ética del  ciudadano, aquella “de quien comparte el sentimiento de unidad, aquella de quien se siente aludido por los problemas de los demás”, aquella que no admite diferencias entre el comportamiento de un funcionario público y de un ciudadano, donde se entienda que todo está conectado y que las acciones individuales tienen consecuencias colectivas, agregó.

El premio nobel de la Paz, resaltó que  “ser ciudadano es sentirse aludido, aunque no se mencione en los diarios”, ya que “en una democracia se nace con un contrato de obligaciones, cargado de exigencias y de demandas”.

En sus palabras finales, reconoció la labor que desde hace veinte años realiza Participación Ciudadana, la cual valoró como indispensable para la prosperidad del pueblo dominicano. Admitió que muchas veces es difícil, pero solicitó levantar los ojos y volver la mirada atrás, hacia aquellos días ya remotos de 1993, cuando Participación Ciudadana nació a la vida. “Miren atrás, miren la larga senda que durante estos 20 años ha recorrido su carreta, miren las huellas de sus ruedas que se remontan hasta donde ya la vista no alcanza. Miren atrás, y tómense un segundo para admirar la labor realizada. Tómense un segundo para darse un aplauso, porque a darles un aplauso he venido yo”.

En  el vigésimo aniversario, y con el apoyo de los miles de hombres y mujeres que creen en la participación ciudadana como un derecho y como un deber, el movimiento cívico reiteró su compromiso de promover el derecho a ser bien gobernados para la consolidación de un verdadero sistema democrático, cuyo eje central sea el ciudadano como protagonista principal.

Participación Ciudadana presentó hoy el primer monitoreo de aplicación de la Ley de Función Pública (41-08), en el cual se reconocen los evidentes esfuerzos realizados por el Ministerio de Administración Pública, a pesar de que la mayoría de entidades gubernamentales  no cumplen  los mandatos de la Ley de Función Pública (41-08) relacionados con  contratación de personal, ingreso a la Carrera Administrativa, política salarial, capacitación, organización y transparencia de nómina.

Así lo revela el informe del primer Monitoreo de Aplicación de la Ley de Función Pública y su Reglamento, presentado hoy por Participación Ciudadana, en el cual se determinó que  en los cinco años de vigencia de la normativa han sido incorporadas a la Carrera Administrativa 24 mil 283 mil personas, lo que, sumado a las incorporaciones hechas antes de la promulgación de la ley, apenas representa el 10% de la nómina pública,  ascendente a 582 mil 625 servidores públicos.

El documento indica que desde 1995 hasta 2012 el promedio anual de integración a la Carrera Administrativa ha sido de 3,240 personas, por lo que harían falta otros 52 años para integrar al resto de la empleomanía gubernamental al régimen institucional dispuesto en una ley que ordena terminar este proceso en el 2016.

En el informe Participación Ciudadana resalta que, de acuerdo a los datos sobre incorporación a la Carrera Administrativa de servidores públicos, el 44.4% de los incorporados pertenecen a Carreras Especiales y principalmente a la Carrera Docente que representa el 93.2% del total de incorporados en este tipo de Carrera. El restante 6.8% de los admitidos a carreras especiales se distribuye en un 2.9% para la Carrera del Ministerio Público con 749 incorporados; 3.4% para la Carrera Tributaria con 888 servidores integrados y 0.4% de la Carrera Diplomática y Consular, con 114 servidores admitidos.

Respecto a la realización de los concursos para contratar a servidores públicos, el monitoreo identifica un bajo cumplimiento de esta ordenanza de la ley, porque prevalece el clientelismo político como modalidad de ingreso al aparato estatal de trabajo.

En el capítulo de relaciones laborales el informe registra la mayor actividad y eficacia de las entidades gubernamentales respecto al cumplimiento de la Ley desde el  2008, debido  a la utilización por parte de los servidores públicos de los derechos y prerrogativas que la normativa les garantiza.

En síntesis,  los datos identificados en el Ministerio de Administración Pública refieren a los siguientes avances: conformación de 39 asociaciones de servidores públicos; normalización del Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública; ejecución de 87,513 servicios de atención a reclamaciones de ciudadanos e instituciones; se hicieron 11,012 operaciones de cálculos de Bonos Vacacionales y por resultados de desempeño a servidores públicos activos; fueron emitidas  10,653 opiniones escritas acerca de consultas y asesoría sobre la Ley 41-08 y su Reglamento; hubo 143,500 consultas y asesorías telefónicas realizadas; se contaron 14,160 directivos, funcionarios y servidores públicos capacitados sobre temas de relaciones laborales a través de charlas y talleres; y se contabilizaron 16,170 casos conocidos en comisión de personal, de los cuales el 68% fueron conciliados.

El MAP solo no puede.
En la investigación se enfatiza que en el actual contexto de la Administración Pública dominicana, caracterizada por el clientelismo político, el tráfico de influencias y la falta de institucionalidad, los niveles de autoridad y poder de ejercicio de las atribuciones que les confieren al Ministerio de Administración Pública,  la Constitución y la Ley 41-08,  el proceso de implementación se encuentran significativamente limitado y restringido, independientemente de la buena voluntad y los esfuerzos de las actuales autoridades del MAP por hacer cumplir las disposiciones sobre la Función Pública.

“El inadecuado apoyo político, la merma en el ejercicio de su autoridad junto con las limitaciones presupuestarias en el órgano rector de la política de recursos humanos del Gobierno, impide un efectivo cumplimiento de la Ley 41-08 y prolonga la existencia de una administración pública irracional, ineficiente y de poco impacto en el bienestar de la gente”, destaca el documento a modo de conclusión.

La Ley 41-08 fue promulgada el 16 de enero del 2008, y en la actualidad  es el principal  marco legal de la Administración Pública de la República Dominicana. Tiene por objeto regular las relaciones de trabajo de las personas designadas por las autoridades competentes para desempeñar  los cargos para la realización de las funciones públicas del Estado, los municipios y las entidades autónomas.

El Monitoreo sobre Aplicación de la Ley de Función Pública y su Reglamento se realizó bajo un marco metodológico  de investigación cualitativa-cuantitativa, para lo que  se utilizaron fundamentalmente las  técnicas de entrevista y análisis documental. La consultoría de este trabajo estuvo a cargo de Nelson Suárez, y forma parte del proyecto  “Participación de la Sociedad Civil en la reforma de la Gestión  de la Administración Pública”.

El informe del Monitoreo de Aplicación de la Ley de Función Pública y su Reglamento fue presentado por Participación Ciudadana en un acto celebrado en el salón Este del Hotel Magna 365 (antiguo Meliá).

Participación Ciudadana expresa que el Tribunal Constitucional (TC) con su sentencia No. TC/0168/13 del 23 de septiembre de 2013, en la que decide el recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la señora Juliana Dequis Pierre, viola varias disposiciones de la Constitución y de su propia Ley Orgánica, sin aportar  una  solución  a los serios problemas migratorios que afectan las relaciones entre los países que comparten la isla y sus habitantes. Además, coloca en tela de juicio la jurisprudencia obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que conforma uno de los pilares del bloque de constitucionalidad dominicano en materia de derechos humanos.

Reconocemos  que cada Estado tiene el  derecho soberano a establecer las reglas para el otorgamiento de la nacionalidad.  Sin embargo, una vez establecidas las reglas, todos los Estados,  incluyendo el nuestro, tienen la obligación de aplicarlas sin discriminación, respetando el principio de no retroactividad y el debido proceso  establecidos en nuestra Constitución, así como en normas consagradas  en tratados y convenios ratificados por el Estado dominicano y  adoptados por sus poderes públicos.

La sentencia despoja de la nacionalidad dominicana a la señora Dequis Pierre, nacida en territorio dominicano en el año 1984, de padres de nacionalidad haitiana que tenían varios años residiendo, documentados o indocumentados en República Dominicana. El TC reconoce que este tipo de decisión corresponde a un tribunal distinto e incluso ordena a la Junta Central Electoral (JCE) a someter el caso ante el tribunal competente para que determine la validez o nulidad del acta de nacimiento de la recurrente, pero, aun así, toma la decisión sobre el fondo de dicho caso en su propia sentencia al declarar que la recurrente no reúne las condiciones para adquirir la nacionalidad dominicana.

Esta forma de proceder del TC viola el debido proceso, pues la accionante presentó un recurso en defensa de  su derecho a recibir su acta de nacimiento que la JCE le negaba y salió despojada de su nacionalidad, sin  haber tenido la oportunidad para defenderse de este último aspecto, ante jueces que han actuado más bien como  fiscales dados  los argumentos contenidos en su sentencia.

El TC viola también el principio de favorabilidad establecido en la Constitución y en su propia Ley Orgánica, que impone la interpretación de la norma en la forma más favorable al titular del derecho fundamental, sin que en la sentencia exista ninguna explicación al respecto.

De igual forma, el TC viola el principio de vinculatoriedad contenido en su ley orgánica, que dispone que las decisiones y las interpretaciones que realicen los tribunales internacionales en materia de derechos humanos constituyan precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado, incluyendo el TC.  Es notoria esta violación por cuanto ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso en sentido contrario a la interpretación en que se basa el TC, al afirmar que: “La Corte observa que, para considerar a una persona como transeúnte o en tránsito, independientemente de la clasificación que se utilice, el Estado debe respetar un límite temporal razonable, y ser coherente con el hecho de que un extranjero que desarrolla vínculos en un Estado no puede ser equiparado a un transeúnte o a una persona en tránsito”. “En un sistema de jus soli, sólo hace falta el hecho de que un niño (a) haya nacido en el territorio del Estado y que la condición migratoria de sus padres no puede ser una condición para el otorgamiento de la nacionalidad, exigir la prueba de la misma, constituye una discriminación.”

La Constitución prohíbe que las leyes, incluyendo el texto sustantivo, generen efectos retroactivos, con la finalidad de que exista seguridad jurídica, pero no cabe duda de que la sentencia del TC pretende aplicar de manera retroactiva la Constitución del 2010, que es la primera que establece que no son dominicanos los nacidos en territorio dominicano de padres extranjeros que residan ilegalmente en el país. Los redactores de la Constitución de 2010 estaban tan conscientes de que el criterio de “extranjeros en tránsito” no se podía aplicar a los que residen ilegalmente en el país, que redactó el nuevo texto dejando la excepción existente desde 1929 de nacidos en territorio dominicano de padres que se hallen en tránsito, pero agregando la nueva excepción: “o residan ilegalmente en territorio dominicano”.

Por otro lado, el TC entiende que la raza es uno de los elementos que integran la nacionalidad lo que permite explicar el contenido completo de la sentencia,  en desacuerdo  con la tendencia mundial que prohíbe utilizar aspectos raciales para negar derechos, incluyendo el de la nacionalidad.

Mucho más peligrosa y de imprevisibles consecuencias resulta la decisión del TC de ordenar a la JCE una auditoria “minuciosa” de los libros registros de nacimientos desde el año 1929, para detectar las declaraciones hechas por padres y madres que se encontraban en situación de ilegal en República Dominicana y  en dichos casos colocar los nombres de los nacidos en esa condición en una “Lista de extranjeros irregularmente inscritos en el Registro Civil”, con la lógica consecuencia de que  esas personas, muchas incluso muertas después de haber residido desde su nacimiento en nuestro territorio, serían despojadas de la nacionalidad, abriendo serias interrogantes sobre la situación de su descendencia.

De acuerdo con la sentencia del TC, un total de 21,781 personas habían sido afectadas por la Resolución No. 12/2007 de la JCE, que ordenaba a las oficialías negar la expedición de actas del estado civil bajo sospecha de irregularidad, cifra que refleja la magnitud de lo que ha estado ocurriendo.

Resulta notorio el esfuerzo realizado por el TC para conocer y decidir el caso. Sus propios precedentes le obligaban a declinarlo ante el Tribunal Superior Administrativo, pero decidió retenerlo y decidir alegando “economía procesal”, un argumento objetivo que no podrá respetar para la mayoría de los casos futuros que se le presenten. La larga sentencia contiene textos que parecen redactados más por abogados defendiendo los intereses de sus clientes, que por jueces impartiendo justicia. Debe hacerse la salvedad de los votos disidentes de las magistradas Isabel Bonilla Hernández y Katia Miguelina Jiménez, cuyos argumentos son absolutamente convincentes.

Con esta sentencia, el Estado dominicano se aboca con toda seguridad a una nueva declaración de responsabilidad por violación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como por  la comunidad internacional. Mucho más lamentable, sin embargo, resulta la indefensión en que estarán decenas de miles de personas que han nacido en nuestro territorio, han sido declaradas en las oficialías adquiriendo la nacionalidad dominicana, y años o décadas después son privadas de la misma, afectando a la vez a su descendencia y quedando excluidos de las limitadas prestaciones sociales que tiene el pueblo dominicano.

Muchas de esas personas, como en el caso de la señora Dequis Pierre, objeto de la sentencia, nunca han visitado Haití, no guardan vínculo de ninguna especie con ese país, y tampoco  hablan el idioma. Por esa razón,  la mayoría jamás se trasladarán a ese país voluntariamente, lo cual significa que  mientras permanezcan en  República Dominicana serán verdaderos apátridas, pues no podrán obtener documentación que pruebe nacionalidad alguna.

Participación Ciudadana hace un llamado al Tribunal Constitucional a reconsiderar su posición emitida en la sentencia No. TC/0168/13 y acogerse a lo que establece la Constitución del 2010 en su artículo 18 numeral 2, el cual  indica que son dominicanos y dominicanas “quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”. El Tribunal debe respetar además, el artículo 110 de la Carta Magna, que determina que “La ley solo dispone y se aplica para el porvenir, no tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Poder Ejecutivo, ante recomendación del Consejo Superior Policial, dispuso la cancelación, retiro forzoso y baja por mala conducta, de 68 miembros de la Policía Nacional, incluyendo tres coroneles, un teniente coronel, un mayor, 11 capitanes, 34 primeros y segundos tenientes, 11 sargentos mayores y sargentos, dos cabos y cinco rasos.

De igual manera, el Poder Ejecutivo aprobó la recomendación de sancionar con diez días de arresto a dos generales y con una amonestación verbal a otro.

Los generales sancionados por falta de tacto, mando y control en sus funciones durante el allanamiento realizado en el residencial La Mulata III a casa de unos alemanes, son: Pablo Almonte Morales, con 10 días; Máximo Báez Aybar igual castigo; y el general Ney Bautista Almonte, a quien se le impuso una amonestación verbal.

En tanto que acogió las peticiones de retiro voluntario por antigüedad en el servicio, presentadas por un coronel, un teniente coronel, un mayor y dos capitanes.

Entre las faltas cometidas por los agentes castigados, entre los cuales hay cuatro coroneles, están hechos delictivos, indisciplina y negligencia en el servicio.

En el grupo de los cancelados y puesto en retiro forzoso  hay dos coroneles, también por el caso de la Mulata, quienes son Raymundo de la Rosa Ogando, y Roberto Salcedo Santos, quienes cumplen un año de prisión preventiva.

Los otros dos coroneles son Miguel Ángel Méndez Moquete, acusado de violar sexualmente a una hija menor de edad,  y Hamlet Manuel Regalado, acusado  también de violación sexual en perjuicio de una menor en el sector Los Manguitos, en el Distrito Nacional.

Fuente :http://www.noticiassin.com/2013/08/poder-ejecutivo-cancela-68-miembros-de-la-policia-por-mala-conducta/

Las condiciones de deterioro que presenta el destacamento de la Policía Nacional en el municipio de Tamayo son deplorables.

Se trata de una vieja casa alquilada donde cinco o seis agentes tienen que hacer frente a las carencias del local para intentar cumplir la misión de proteger la población de Tamayo, que alcanza casi los 10 mil habitantes.

Este destacamento carece de servicios básicos primordiales, tales  como buena iluminación interna, suministro de agua potable, así como unidades motorizadas para realizar las labores de patrullaje.

El piso está inservible, mientras que el techo de zinc está lleno de agujero, lo cual obliga a los agentes a mover sus camas de lugar cada vez que llueve.

Mientras que las paredes laterales están prácticamente en el suelo, ya que las tablas, con el tiempo, se han caído, al punto de que el lado izquierdo solo se sostiene por la pared de una estación de gasolina ubicada al lado.

También se  observó que faltan abanicos o un sistema de ventilación adecuado para que los agentes puedan soportar el calor, además de que las camas están en muy mal estado.

Los propios agentes están preocupados por la inseguridad del lugar, que  tampoco tiene un espacio adecuado para la recepción de querellas y denuncias de parte de los ciudadanos y la cárcel preventiva es de una sola celda,  carece de espacio y de higiene.

Munícipes de Tamayo califican la situación  como una vergüenza, ya que la parte frontal se nota en franco deterioro y en el interior los techos de madera se caen a pedazos. “Es insólito que a estas alturas Tamayo tenga un destacamento con semejantes condiciones, además es una vergüenza para esta población”, dijo el dirigente comunitario Felipe Méndez.

Teresa Peláez dijo que es una desconsideración hacia la comunidad y un abuso de la jefatura policial, mantener a los agentes en el lugar con condiciones tan indignas

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