Categoría: Nota de prensa
Policía crea departamento de abogados para defender a miembros esa institución
CON ESTO SE PERSIGUE QUE LOS POLICÍAS SIENTAN EL APOYO PARA ACTUAR CON MÁS ENERGÍA EN SUS FUNCIONES
Alicia Soto
Santo Domingo
El jefe de la Policía Nacional, mayor general Manuel Castro Castillo, anunció ayer la creación del Departamento de Defensoría Policial, como una dependencia de la Dirección Central de Asuntos Legales de la institución del orden.
Expresó que este departamento tendrá como misión asistir a los miembros policiales que en el desempeño de sus funciones sean objeto de procesos penales derivados de sus actuaciones como “guardianes de la seguridad ciudadana”.
Explicó que esta dependencia contará con la consejería del jurista doctor Porfirio Rojas Mina y la coordinación estará a cargo del coronel Pedro Cordero Ubrí.
Mientras que el cuerpo de abogados defensores litigantes lo conforman los abogados Freddy Castillo, Roselen Hernández Cepeda, Carlos Bartolomé Michel, Indira Tejeda Minyeti, Freddy Mateo Calderón, Héctor Coronado Martínez, Robert García, Ambiorix Arnaud, Miguel Castillo Sosa, Mauro Alcántara, y Eddy Amador.
Castro Castillo, tras valor la creación de este departamento, enfatizó que serán drásticos con los agentes policiales en caso de que violen las normas y la ética que están establecidas por la institución.
Dijo que con esto se persigue que los policías sientan el apoyo para actuar con más energía en sus funciones.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La Jefatura de la Policía Nacional informó de la creación del Departamento de Defensoría Policial, una dependencia de la Dirección Central de Asuntos Legales, para defender a los agentes que sean sometidos a la justicia por asuntos derivados de sus labores de combate al crimen.
El Departamento de Defensoría Policial fue aprobado por el Consejo Superior Policial, como parte del proceso de reforma y modernización del cuerpo del orden.
“Este departamento tendrá como misión asistir en sus medios de defensa a los miembros policiales que en el desempeño de sus funciones sean objeto de procesos penales derivados de sus actuaciones como fieles guardianes de la seguridad ciudadana”, explicó la jefatura de la PN, al mando del general Manuel Castro Castillo.
El coronel y abogado Dr. José Francisco García Lara, Director Central de Asuntos Legales, dijo que los abogados de la nueva entidad en todo momento estarán prestos a defender los derechos de los agentes policiales en toda la geografía nacional.
Detalló que la dependencia contará con la consejería del Doctor Porfirio Rojas Nina, y su coordinación estará a cargo del coronel Lic. Pedro e. Cordero Ubrí.
Asimismo, el cuerpo de abogados litigantes lo integrarán el Dr. Freddy Castillo, y los licenciados Roselen Hernández Cepeda, Carlos Bartolomé Michel Nolasco, Yndira Elizabeth Tejeda Minyeti, Freddy Mateo Calderón, Héctor Francisco Coronado Martínez, Robert Alexander García Peralta, Ambiorix Arno Contreras, Miguel A. Castillo Sosa, Mauro Alcántara Merán y Eddy Amador Valentín.
Declaración ciudadana contra la corrupción y la impunidad "Paren eso"
Declaración ciudadana contra la corrupción y la impunidad
Mariano Germán Mejía,
Presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial;
Francisco Domínguez Brito,
Procurador General de la República.
Nosotros y nosotras, ciudadanos y ciudadanas nos dirigimos hoy a ustedes para exigir la aplicación de todo el peso de la ley a los servidores públicos que han utilizado los recursos públicos para su beneficio personal o el de su partido, traicionando la confianza del pueblo dominicano.
La corrupción es la peor forma de utilizar los recursos del Estado, es el peor gasto público, roba recursos para combatir la pobreza y es un obstáculo para el desarrollo de hombres y mujeres, además de lesionar el sistema democrático cuando este uso no es sólo individual sino partidario.
El Sistema de Justicia de esta República no puede permanecer indiferente ante un flagelo que está enriqueciendo a una pequeña parte de la clase política nacional a expensas de la miseria de la mayoría de la población; del histórico y vergonzoso desorden de las instituciones; y de la ineficiencia de servicios básicos como la educación, la salud, la seguridad, el agua potable, la electricidad y el transporte.
Nuestra sociedad conoce importantes y recientes ejemplos de robo y prevaricación de la propiedad colectiva, pues estos son registrados semana tras semana en los espacios periodísticos que, con un alto sentido de valentía y respeto por el imperio de la justicia, denuncian con pruebas, nombres y apellidos a los funcionarios y funcionarias que abusan de sus cargos públicos para acumular beneficios privados.
Estos casos despiertan recurrentemente la indignación y el deseo de justicia de quienes aspiramos a vivir en una sociedad justa y respetuosa de su ley.
De igual forma, esta sociedad ve cómo Participación Ciudadana, la Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCO), Ciudadanos Contra la Corrupción (C3), Alianza País y otras organizaciones cívicas y políticas se fundamentan en el artículo 146 de nuestra Carta Magna para ir más allá de la denuncia y someter a expresidentes, legisladores, ministros, exministros, alcaldes y otros funcionarios.
Estas muestras de responsabilidad y fiscalización ciudadana, sin embargo, contrastan a diario con la lamentable inercia del Ministerio Público. El órgano facultado por la Constitución para perseguir el delito en cualquiera de sus manifestaciones se muestra inflexible con el delincuente común de los barrios, pero mantiene una actitud pasiva frente a los grandes casos de corrupción que se denuncian una y mil veces desde los medios informativos y las organizaciones cívicas.
El país ha visto la contundencia y la rapidez con que la Procuraduría puede sancionar a un alcaide de El Seibo por permitir irregularidades en un centro carcelario, mientras se ignora por completo a los responsables del déficit fiscal del 2012 y los informes de la Cámara de Cuentas donde se explica que en el mismo año hubo Ingresos Tributarios no ingresados al circuito presupuestario por montos que suman más de RD$1,300 millones.
El mismo Pleno de la Cámara de Cuentas entregó en abril a la justicia los resultados de las 54 auditorías después de confirmar que los principales funcionarios de esas instituciones violaron leyes que comprometen su responsabilidad legal. Las auditorías detectaron malversación y dispendio de recursos del pueblo dominicano por RD$4 mil millones en la administración pública, desde 2004 hasta el 2008. Sin embargo, la mayoría de estas auditorías se encuentran archivadas en la Dirección de la Persecución de la Corrupción Administrativa y en diferentes fiscalías del interior, sin que el Ministerio Público inicie acciones legales contra los funcionarios que elegidamente incurrieron en manejo indecoroso de los dineros públicos.
En los días recientes tampoco han despertado el brazo persecutor del Ministerio Público las fundamentadas denuncias de corrupción en el Consejo Nacional de la Niñez (CONANI), ni la presunta irregularidad de la declaración jurada de bienes del doctor Marino Vinicio Castillo, titular de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
La indiferencia de la Procuraduría General de la República raya hoy en la complicidad, y hay que pararla.
La impunidad de los responsables de actos de corrupción agudiza el fenómeno, por cuanto estimula un círculo perverso de nuevas prácticas corruptas y de ostentación del enriquecimiento ilícito sin consecuencias penales, generando una cultura de prevaricación que corroe la calidad de gobierno y amenaza la convivencia pacífica de este pueblo.
Archivar grandes casos de corrupción es una práctica que jueces y juezas de la República mantienen vigente, obligando a la población a realizar juicios populares para, por lo menos, simular la aplicación de la ley. Pero este pueblo se merece mucho más que simulaciones. Esa impunidad hay que pararla.
Ustedes, en su calidad de rectores del sistema nacional de justicia, deben pararla.
Sabemos que la tarea que les reclamamos no es fácil, por los grandes intereses económicos y políticos que se alimentan de la corrupción pública. Pero deben saber que la ciudadanía respaldará a las autoridades que se atrevan a hacer justicia imponiendo el castigo que manda la ley a quienes, con el hurto flagrante de los bienes colectivos, traicionan los principios que sustentan nuestra sociedad.
Nosotros y nosotras, los firmantes de este documento, les informamos que hoy damos inicio a una campaña nacional contra la corrupción y la impunidad. Y, en el marco de la misma, estamos dispuestos a apoyar cualquier acción ciudadana o institucional que procure erradicar de una vez y para siempre una de las grandes lacras que obstaculizan el desarrollo pleno de República Dominicana. No tengan dudas de que recibirán nuestro respaldo si deciden superar la pasividad actual del sistema de justicia y actuar en coincidencia con los mandatos de nuestra Carta Magna.
Señor presidente del Consejo del Poder Judicial, señor procurador general de la República, “Paren eso”, pongan un freno y un castigo ejemplar a los corruptos y corruptas que nos traicionan y empobrecen, y la inmensa mayoría de los dominicanos sabrá acompañarles y agradecerles.
Paren eso
Declaración ciudadana contra la corrupción y la impunidad
Mariano Germán Mejía,
Presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial;
Francisco Domínguez Brito,
Procurador General de la República.
Nosotros y nosotras, ciudadanos y ciudadanas nos dirigimos hoy a ustedes para exigir la aplicación de todo el peso de la ley a los servidores públicos que han utilizado los recursos públicos para su beneficio personal o el de su partido, traicionando la confianza del pueblo dominicano.
La corrupción es la peor forma de utilizar los recursos del Estado, es el peor gasto público, roba recursos para combatir la pobreza y es un obstáculo para el desarrollo de hombres y mujeres, además de lesionar el sistema democrático cuando este uso no es sólo individual sino partidario.
El Sistema de Justicia de esta República no puede permanecer indiferente ante un flagelo que está enriqueciendo a una pequeña parte de la clase política nacional a expensas de la miseria de la mayoría de la población; del histórico y vergonzoso desorden de las instituciones; y de la ineficiencia de servicios básicos como la educación, la salud, la seguridad, el agua potable, la electricidad y el transporte.
Nuestra sociedad conoce importantes y recientes ejemplos de robo y prevaricación de la propiedad colectiva, pues estos son registrados semana tras semana en los espacios periodísticos que, con un alto sentido de valentía y respeto por el imperio de la justicia, denuncian con pruebas, nombres y apellidos a los funcionarios y funcionarias que abusan de sus cargos públicos para acumular beneficios privados.
Estos casos despiertan recurrentemente la indignación y el deseo de justicia de quienes aspiramos a vivir en una sociedad justa y respetuosa de su ley.
De igual forma, esta sociedad ve cómo Participación Ciudadana, la Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCO), Ciudadanos Contra la Corrupción (C3), Alianza País y otras organizaciones cívicas y políticas se fundamentan en el artículo 146 de nuestra Carta Magna para ir más allá de la denuncia y someter a expresidentes, legisladores, ministros, exministros, alcaldes y otros funcionarios.
Estas muestras de responsabilidad y fiscalización ciudadana, sin embargo, contrastan a diario con la lamentable inercia del Ministerio Público. El órgano facultado por la Constitución para perseguir el delito en cualquiera de sus manifestaciones se muestra inflexible con el delincuente común de los barrios, pero mantiene una actitud pasiva frente a los grandes casos de corrupción que se denuncian una y mil veces desde los medios informativos y las organizaciones cívicas.
El país ha visto la contundencia y la rapidez con que la Procuraduría puede sancionar a un alcaide de El Seibo por permitir irregularidades en un centro carcelario, mientras se ignora por completo a los responsables del déficit fiscal del 2012 y los informes de la Cámara de Cuentas donde se explica que en el mismo año hubo Ingresos Tributarios no ingresados al circuito presupuestario por montos que suman más de RD$1,300 millones.
El mismo Pleno de la Cámara de Cuentas entregó en abril a la justicia los resultados de las 54 auditorías después de confirmar que los principales funcionarios de esas instituciones violaron leyes que comprometen su responsabilidad legal. Las auditorías detectaron malversación y dispendio de recursos del pueblo dominicano por RD$4 mil millones en la administración pública, desde 2004 hasta el 2008. Sin embargo, la mayoría de estas auditorías se encuentran archivadas en la Dirección de la Persecución de la Corrupción Administrativa y en diferentes fiscalías del interior, sin que el Ministerio Público inicie acciones legales contra los funcionarios que elegidamente incurrieron en manejo indecoroso de los dineros públicos.
En los días recientes tampoco han despertado el brazo persecutor del Ministerio Público las fundamentadas denuncias de corrupción en el Consejo Nacional de la Niñez (CONANI), ni la presunta irregularidad de la declaración jurada de bienes del doctor Marino Vinicio Castillo, titular de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
La indiferencia de la Procuraduría General de la República raya hoy en la complicidad, y hay que pararla.
La impunidad de los responsables de actos de corrupción agudiza el fenómeno, por cuanto estimula un círculo perverso de nuevas prácticas corruptas y de ostentación del enriquecimiento ilícito sin consecuencias penales, generando una cultura de prevaricación que corroe la calidad de gobierno y amenaza la convivencia pacífica de este pueblo.
Archivar grandes casos de corrupción es una práctica que jueces y juezas de la República mantienen vigente, obligando a la población a realizar juicios populares para, por lo menos, simular la aplicación de la ley. Pero este pueblo se merece mucho más que simulaciones. Esa impunidad hay que pararla.
Ustedes, en su calidad de rectores del sistema nacional de justicia, deben pararla.
Sabemos que la tarea que les reclamamos no es fácil, por los grandes intereses económicos y políticos que se alimentan de la corrupción pública. Pero deben saber que la ciudadanía respaldará a las autoridades que se atrevan a hacer justicia imponiendo el castigo que manda la ley a quienes, con el hurto flagrante de los bienes colectivos, traicionan los principios que sustentan nuestra sociedad.
Nosotros y nosotras, los firmantes de este documento, les informamos que hoy damos inicio a una campaña nacional contra la corrupción y la impunidad. Y, en el marco de la misma, estamos dispuestos a apoyar cualquier acción ciudadana o institucional que procure erradicar de una vez y para siempre una de las grandes lacras que obstaculizan el desarrollo pleno de República Dominicana. No tengan dudas de que recibirán nuestro respaldo si deciden superar la pasividad actual del sistema de justicia y actuar en coincidencia con los mandatos de nuestra Carta Magna.
Señor presidente del Consejo del Poder Judicial, señor procurador general de la República, “Paren eso”, pongan un freno y un castigo ejemplar a los corruptos y corruptas que nos traicionan y empobrecen, y la inmensa mayoría de los dominicanos sabrá acompañarles y agradecerles.
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PC solicita investigar la Declaración Jurada Patrimonial del Director de Ética e Integridad Gubernamental
Participación Ciudadana ha tomado conocimiento de una grave denuncia efectuada por el diario digital Acento.com, en el sentido de que la Declaración Jurada del Director de Ética e Integridad Gubernamental y Asesor del Poder Ejecutivo en asuntos de Narcotráfico, Dr. Marino Vinicio Castillo, firmada bajo juramento de decir verdad ante Notario Público el 13 de septiembre del 2012, resulta manifiestamente incompleta al omitir una cantidad importante de activos que supuestamente componen el patrimonio de su propiedad y que fueran adquiridos con antelación a la firma de su Declaración.
De ser cierta, esta actuación violaría normas establecidas en el artículo 146 (3) de la Constitución de la República, el artículo 361 del Código Penal, la Ley 82-79 y el Decreto 287-06 sobre Declaración Jurada de Bienes, la Ley 41-08 de Función Publica, el Decreto 486-12 sobre la creación de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, y el Código de Pautas Éticas, firmado por el Dr. Castillo.
Asimismo, comprometería lo establecido en los puntos 12 al 15 del Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad, firmado por el presidente Medina con Participación Ciudadana el 7 de mayo de 2012.
Por tanto, nuestra organización solicita encarecidamente al Presidente de la República, Lic. Danilo Medina Sánchez, ordenar a la mayor brevedad posible una investigación imparcial, diáfana y profunda que determine la veracidad de la denuncia antes citada y, en caso de que se compruebe la fidelidad de ésta, imponer de manera ejemplar todas las consecuencias que en estos casos determina la legislación nacional.
Una investigación transparente que arroje luz sobre esta denuncia es absolutamente imprescindible, ya que el Director de Ética e Integridad Gubernamental, es el funcionario en la cima de la pirámide gubernamental, responsable de velar por el fiel cumplimiento “por parte de los funcionarios gubernamentales obligados por ley a presentar Declaración Jurada de Bienes, a través de sus respectivas instituciones”, así como de “exigir la presentación de la Declaración Jurada de Bienes a quienes estén obligados que no respondieran al mandato de la ley, y recomendar las sanciones correspondientes”.
El Director de Ética está llamado a ser –como representante del Presidente de la República- el más alto referente moral, quien, a través de sus directrices, pero sobre todo con su ejemplo, fiscaliza, instruye y guía el comportamiento ético de todos los servidores públicos. Como escribiera a principios del Siglo XX el reconocido jurista y miembro de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, Louis Brandeis: “Si el gobierno se convierte en transgresor de la ley, fomenta el menosprecio a la norma; incita a cada persona a considerarse a sí misma como la ley; estimula a la anarquía”. Lo cual significaría socavar desde el poder el imperio de la ley y el Estado de derecho.
Si el presidente Medina aspira a desarrollar “una sociedad justa y transparente”, como afirmara en su Plan de Gobierno, es fundamental afianzar la confianza ciudadana en la esencial Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, la cual hoy se encuentra seriamente cuestionada.
Consejo Nacional
Julio 15, 2013
Amet cancela a un capitán y a 4 agentes que "macuteaban" a choferes públicos
Los agentes aceptaban sobornos que oscilaban entre RD$500 diarios y RD$3,500 semanales de parte de los controles de las rutas.
La Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet) recomendó la separación de las filas de la Policía Nacional de un capitán y la cancelación de cuatro agentes más asignados al organismo por alegadamente actuar en contubernio con choferes públicos.
Un informe organismo regulador del tránsito establece que a los agentes se les dio seguimiento ante denuncias relativas a que actuaban en contubernio con choferes de una ruta de transporte urbano para permitirles todo tipo de infracciones.
Los agentes involucrados en las acciones irregulares son el capitán Miguel Apolinar Durán López, el sargento Alejandro Irocie Constanza, el cabo Jesús E. Castillo Payams, y los rasos Junior M. Segura Feliz y Nelis Elizabeth Peña Cuevas, quienes se determinó aceptaban dadivas y sobornos de diferentes choferes del transporte público.
Al capitán se le recomendó el retiro forzoso de las filas de la Policía y a los alistados la cancelación, agrega el informe.
“Los investigadores establecieron que los agentes antes citados aceptaban sobornos que oscilaban entre RD$500 diarios y RD$3,500 semanales de parte de los controles de las rutas ubicadas en sus áreas de responsabilidad, a cambio de permitirle distintas anomalías llevadas a cabo en la zona-19”, explica la Amet en un comunicado de prensa.
Los agentes actuaban de manera indiferente ante los parqueos de guaguas en lugares no autorizados, lo que provocaba grandes congestionamientos del tránsito, entre otras exigencias realizadas por los propietarios de las reseñadas rutas de vehículos.
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El principio constitucional de legalidad en riesgo de ser vulnerado
Participación Ciudadana ha tomado conocimiento de que la Oficina de Ingenieros Supervisora de Obras del Estado (OISOE), ha iniciado la construcción de un puente peatonal frente a la Universidad del Caribe, sin la debida autorización del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), poniendo en riesgo tanto el principio de legalidad como la institucionalidad, valores esenciales del Estado de derecho y por los cuales viene luchando nuestra organización y la sociedad dominicana desde hace tiempo.
Esta actuación es no solo contraria a la ley, sino además irrespetuosa de la autonomía del poder municipal. Por este motivo, el ADN se ha visto en la necesidad de interponer una querella contra la OISOE, representada por su director el Ing. Miguel Pimentel Kareh, de forma tal que los tribunales de la República puedan dilucidar de acuerdo a derecho sobre este atropello institucional y flagrante violación a las normas establecidas.
La realización de esta obra, diseñada para beneficiar a la Universidad del Caribe, una empresa privada, requiere la aprobación y autorización del gobierno local, entidad que goza de la facultad legal para otorgar los permisos correspondientes para toda obra de infraestructura que se desee construir en el ámbito del municipio o del Distrito Nacional.
Las acciones y reclamos del Ayuntamiento se amparan en los artículos 5 y 8 de la ley 6232, en el artículo 19 de la ley 176-07, así como en las leyes 202-04 sobre las áreas protegidas y 64-00 sobre medioambiente, en virtud de que la construcción se pretende realizar en el Litoral Sur, el cual constituye una área protegida.
De acuerdo a las informaciones obtenidas, el ADN ha promovido una solución alterna que consiste en la instalación de reductores de velocidad, semáforos y señalización especial, sin que esta propuesta haya logrado éxito alguno hasta el momento.
Las Juntas de Vecinos de las áreas circundantes a la Universidad del Caribe se han acercado en repetidas ocasiones al Ayuntamiento, solicitando su intervención para poner fin a la situación de caos e incertidumbre que ese centro de educación superior ha llevado a las zonas aledañas a sus instalaciones, con la ocupación total de las calles con los vehículos de profesores, estudiantes, empleados y visitantes.
Participación Ciudadana concuerda con el Ayuntamiento del Distrito Nacional en el sentido de que resulta inaceptable para la ciudad de Santo Domingo la construcción de una edificación que maltrataría un área emblemática como lo es el Malecón, que tanto ha costado sanear, específicamente el Litoral Sur.
Si se llegara a construir dicho puente peatonal, se crearían las condiciones para la ocupación de toda el área como estacionamiento, trayendo como consecuencia el regreso del comercio informal en el área, entre otras consecuencias negativas para toda la zona en cuestión.
Participación Ciudadana hace un llamado a las autoridades a ponderar las consecuencias que acarrearía para el Estado de derecho una actuación a todas luces arbitraria y en desobediencia de la ley de parte de un funcionario público y de una institución dependiente del Poder Ejecutivo.
Jefe PN garantiza enfrentará delincuencia en todas sus manifestaciones con apego a las leyes y respeto a los derechos humanos.
El jefe de la Policía Nacional, Manuel Castro Castillo, afirmó la tarde de hoy que enfrentará la delincuencia en todas sus manifestaciones, con apego a las leyes y respecto a los derechos humanos.
El mayor general Castro Castillo hizo la afirmación al pronuncia un breve discurso durante un encuentro con dirigentes comunitarios de la Escuela Técnica Vocacional, del barrio Loma del Chivo, 27 de Febrero, de esta capital.
El jefe policial aseguró que continuará los encuentros con los distintos sectores de la sociedad, para conocer de primera mano las impresiones y las problemáticas que les afectan, para entonces buscar las soluciones correspondientes en cada caso.
“La Jefatura de la Policía Nacional tiene interés de ser el oído que escuche y responda las inquietudes de la comunidad para unir voluntades que permitan crear un ambiente de paz, orden y seguridad, como parte del trabajo que se realiza en la modernización de nuestra institución”, precisó.
A seguidas manifestó que las puertas de su despacho están y estarán abiertas a las Juntas de Vecinos, Clubes y entidades de la sociedad.
Agradeció a los directivos de la Fundación y la Junta de Vecinos de la Loma del Chivo, por organizar el encuentro, que dijo servirá a la Jefatura que encabeza de guía para llevar otros similares a distintos sectores y comunidades.
“Quiero establecer un diálogo abierto y transparente con los distintos sectores de la sociedad y ocasiones de manera sorpresiva, como acostumbra el señor Presidente Constitucional Danilo Medina, para escuchar y resolver los males que pudieran existir”, dijo.
Durante su intervención recordó uno de sus primeros encuentros con la comunidad de la Loma del Chivo, ocurrido en el año 1991, en compañía del periodista Rafael G. Santana. Dijo que en esa ocasión compartió impresiones con el dirigente Andrés Mañón, Pedro Ramón Soriano, Elías Cuevas, José Esteban y el dirigente comunitario Alcibíades Cuevas Ogando presidente de la Junta de Vecino Yolanda Guzmán.
El jefe Policial estuvo acompañado por los generales Francisco Romer López, Juan Pilarte Feliz y el general ® Miguel de la Cruz Reyna.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la señora Florinda González, directora de la Escuela y dirigente comunitaria, quien agradeció al mayor general Castro Castillo, por visitar esa barriada y destacó su trayectoria de más de 20 años al servicio de las personas necesitadas.
Transparency International condena las amenazas contra un miembro de su capítulo en la República Dominicana
Berlín – Transparency International, el grupo anticorrupción, condena las amenazas recientes contra la vida del periodista dominicano Fausto Rosario Adames y hace un llamado al Presidente Danilo Medina para que tome todas las medidas necesarias para proteger la vida del abanderado de la libertad de expresión.
Adames es el director de un diario en línea y miembro fundador de Participación Ciudadana, capítulo nacional de Transparency International en la República Dominicana. Transparency International está muy preocupada sobre la supuesta trama contra la vida del periodista que salió a la luz la semana pasada.
En Transparency International rechazamos cualquier forma de violencia contra las personas y acciones de intimidación que buscan acallar la voz de periodistas. Reconocemos el valor del trabajo de éstos en la lucha contra la corrupción y en frenar a que aquellos que se salen con la suya con negociaciones secretas, el abuso del poder y el soborno.
A parte de defender la protección de la vida y de la libertad de expresión, el Estado dominicano tiene “el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación”, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La República Dominicana es parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, cuyo cumplimiento vigila la Corte.
Transparency International y Participación Ciudadana esperan que la República Dominicana envíe un mensaje positivo mostrando que es posible ejercer el periodismo independiente y responsable, que la libertad de expresión no supone una amenaza en el país y que se respeta la dignidad y vida de los periodistas.
