Cada año Participación Ciudadana (P.C.) pasa balance al año que termina, desde la perspectiva de su mandato, con la finalidad de ofrecer su visión de lo acontecido y contribuir con información que permita a las autoridades y a la ciudadanía iniciar un nuevo año sin olvidar lo ocurrido en el que concluye, sea para fortalecer o preservar lo bien hecho, como para corregir lo mal hecho.
Debe destacarse como un retroceso, la persecución, intimidación y chantaje de que están siendo objetos periodistas, ciudadanos y miembros de la sociedad civil, que han dedicado su vida a la lucha contra la corrupción y la inequidad social.
Si bien en el año 2013 se han notado ciertos avances en el nivel de transparencia en las compras y contrataciones de varias instituciones del gobierno central y una disminución en el volumen de denuncias de casos de corrupción, el año también ha estado marcado por una continua inacción del Estado frente a la lucha contra la corrupción y la impunidad. A pesar de las denuncias se destaca una coincidencia entre el Ministerio Público y el Poder Judicial de no asumir su rol de investigación el primero y de no ordenar que el Ministerio Público investigue del segundo, situación que predominó en todo el año.
1. SITUACIÓN DE LOS PARTIDOS POLITICOS
Aunque hay estudios que defienden la solidez del sistema de partidos políticos en República Dominicana, negando la existencia de una crisis de los partidos, las dificultades por las que atraviesan algunos de ellos permite afirmar que, si no hay crisis de los partidos, hay partidos en crisis.
A todo lo largo del año que concluye los tres partidos tradicionales y mayoritarios han padecido serias dificultades internas, unos más que otros y, en algunos, las expectativas indican que se profundizarán en el futuro inmediato.
El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) sufre una profunda crisis que arrastra desde hace varios años y que ha evidenciado la incapacidad política de su alta dirigencia para solucionarla. “No hay solución sin convención” se proclama, pero hasta ahora no se ha podido lograr un acuerdo para designar la Comisión Organizadora de la Convención Nacional Ordinaria, prometida para el 23 de febrero de 2014. La posibilidad de una nueva división está al doblar de la esquina. Siendo el PRD el partido político más importante de la oposición, éste no ha podido ejercer esta vital función, dejando al partido en el gobierno sin el contrapeso que determina la oposición en el proceso democrático.
Por su parte, el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) continúa buscando un camino propio sin independizarse de su vinculación con el partido gobernante que amenaza con terminar en una fusión, en vista de la acostumbrada maniobra de cobijarse a la sombra del poder para obtener ventajas, dejando de ser una opción de poder.
El Partido de Liberación Dominicana (PLD), partido con tres períodos consecutivos en el poder, teniendo además mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y casi total en la del Senado, con miembros y vinculados que hacen mayoría en las altas cortes y en otros importantes órganos del Estado, es el partido hegemónico, con tendencia y vocación a profundizar esta característica. La falta de oposición contribuye al continuismo y obliga a los aliados a adherirse para su propia supervivencia.
Una campaña de precandidatos a destiempo en las filas oficialistas para las elecciones de 2016, además de contravenir las normas internas sin que se produzca sanción alguna, ya ha producido dificultades que parece se agravarán con el paso del tiempo por las tensiones entre las dos tendencias internas que se disputan la hegemonía. A lo anterior, es menester agregar que ya han surgido voces que defienden la conveniencia de modificar la Constitución, porque prohíbe la reelección inmediata, para que el actual Presidente de la República pueda postularse en el 2016.
La situación en los demás partidos es similar. Unos forman alianza con el partido gobernante disfrutando de la parcela del Estado que se les otorga por el apoyo en las elecciones, profundizando el clientelismo y el neo patrimonialismo, y otros buscan sin encontrar una unidad que le confiera un rol más protagónico.
Para tener una visión acabada de la situación de los partidos políticos en el año que termina debemos recordar que pese a la necesidad y a los esfuerzos desde la sociedad civil, la Junta Central Electoral y organismos internacionales, aún no se ha aprobado el proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, discutida en el Congreso por cerca de 15 años. Lo mismo ha pasado con la propuesta de reforma a la Ley Electoral. En ambos casos, hay voluntad política manifiesta de que no existe intención de aprobarlas para que estén vigentes en las elecciones del 2016.
Aires de aliento en un panorama tan sombrío lo representa la aprobación por Ley del Voto Preferencial para los Diputados, aunque se mantiene el arrastre de los Senadores, para las elecciones de 2016 y para los Regidores (Ayuntamientos) y Concejales (Distritos Municipales), en las del 2020.
Termina el año con la búsqueda, todavía sin resultados, de un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas, para la conformación de un Frente que se oponga las aspiraciones del PLD de perpetuarse en el poder, sobre todo si lo intenta con la repostulación del ex Presidente Leonel Fernández.
2. SEGURIDAD CIUDADANA Y REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA
Con un Estado fragmentado se diseñó un Plan de Seguridad Ciudadana para responder a las demandas de la ciudadanía por la alarma social de inseguridad. La presentación de este Plan tuvo como elemento fundamental la persecución y no la prevención de la violencia, subestimando los contenidos del propio Plan al señalar que las “muertes violentas en el ámbito de la convivencia social en República Dominicana superan las muertes provocadas por la delincuencia”.
Un aspecto fundamental valorado por el Ejecutivo para impactar en la seguridad ciudadana consistió en insertar a la Policía Nacional en un proceso de reforma y modernización, lo que motivó la designación de una Comisión Presidencial para la Reforma Policial, posterior depósito del Proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional y la designación del Jefe de la Policía Nacional. Todas estas medidas generaron altas expectativas de que ese esencial cuerpo del orden transitaría hacia la modernidad y que garantizaría la seguridad ciudadana cónsono con los principios de un estado social y democrático de derecho en que se ha constituido la República Dominicana.
Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes. Culminamos el 2013, sin Ley Orgánica, sin cuerpo moderno y reforma integral, con dificultades en eliminar prácticas policiales nocivas y con un prometido y precario aumento salarial. La Policía Nacional es un actor del sistema de seguridad ciudadana que desempeña sus funciones en condiciones infrahumanas, sin contar con condiciones de trabajo dignas, doctrina propia, capacitación y entrenamiento, estructura física idónea, tecnología, equipos y medios de transporte cónsonos con los tiempos modernos. Con tales precariedades los miembros de la Policía Nacional no pueden asistir a los ciudadanos, ni enfrentar la delincuencia común o el crimen organizado.
Otro elemento fundamental no tomado en cuenta por las autoridades es la impunidad; enemigo común que fortalece la inseguridad ciudadana. El aliado indiscutible para la seguridad ciudadana es la transparencia y la rendición de cuentas. Las acciones contrarias a la ley que no tienen consecuencias se constituyen en un caldo de cultivo para incentivar a aquellos que de una u otra manera pueden obviar el cumplimiento de la ley. Lo que acarrea seguridad a la ciudadanía es la garantía de que toda persona, sin importar el cargo, vínculo o título que ostenten, sean tratados por igual por las autoridades y en caso de violar las leyes, sean perseguidas y sancionadas.
3. LA CORRUPCIÓN CONTINÚA SIN CASTIGO
En el 2013 se produjeron menos denuncias de corrupción que en los años anteriores. El gobierno del Presidente Medina ha proyectado una imagen de mayor racionalidad y buen uso de los recursos públicos en relación con su antecesor, al menos en las instancias directamente dependientes del Presidente. Ha aumentado la cantidad de obras públicas que se someten a concursos públicos; ha proyectado una imagen de mayor austeridad personal y ha dispuesto una distribución más equitativa de los recursos de inversión pública en cuanto al ámbito geográfico y a una mayor participación de contratistas.
Sin embargo, en el año no se produjo ninguna iniciativa para disminuir y racionalizar la nómina publica, manteniendo la misma red clientelar, en ocasiones aumentada por los nuevos incumbentes. Un ejemplo de esto es que la mayoría de los viceministros que la Ley dispuso que se eliminaran se quedaron en el Estado, aunque con otra denominación. El caso del servicio exterior es un ejemplo ampliamente demostrado de despilfarro que no ha sido tocado por el Presidente Medina, con la consecuencia de que nuestro país sigue apareciendo como líder mundial en despilfarro de los recursos públicos.
Tampoco se ha producido ningún cambio en cuanto a la entrega de instituciones públicas a los aliados del partido en el poder, quienes las utilizan para sustentar sus parcelas políticas y en beneficio de sus familiares, a costa del patrimonio público y sin el más mínimo compromiso de rendición de cuentas. Que se sepa, no se han tomado medidas de supervisión y persecución para reducir los sobornos, el cobro de comisiones y diferentes tipos de escapes que tradicionalmente se producen en el manejo de los recursos públicos.
El elemento más negativo del año es la percepción de impunidad que predomina en el país y que no ha cambiado nuestra imagen frente al mundo. En este año, resultó estremecedor escuchar a la Dra. Licelott Marte de Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de R.D., manifestar que, “con los recursos que se distraen a través de las distintas instancias del Estado se podrían hacer dos República Dominicana”. Marte añadió que, “la fiscalización que realizamos a través de la Cámara de Cuentas no la quiere nadie, porque no hay una cultura de rendición de cuentas en el país, como en muchos otros países”. Estas graves declaraciones que en cualquier país del mundo con instituciones basadas en el imperio de la ley causarían una mayúscula indignación pública que sacudirían en sus cimientos al gobierno, no fue objeto, que se sepa, de una investigación oficial seria y profunda.
En su discurso de toma de posesión en agosto de 2012, el Presidente Medina aseguró que desde la Presidencia de la República, garantizaría la transparencia, elevaría la calidad del gasto público y avanzaría firmemente, hacia una gestión pública austera, cada vez más profesional y efectiva”. Dio señales muy positivas con el Código de Pautas Éticas y la creación de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y con la firma durante la campaña electoral del Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad. A esto se sumó el Decreto 499-12 relativo a la austeridad en el gasto público.
A más de un año, estas iniciativas parecen inoperantes y el gobierno no ha dado continuidad al Proyecto de Iniciativas Anticorrupción (IPAC) con el que se comprometió, tanto en el Protocolo por la Transparencia, como en la creación de la DIGEIG.
Se percibe como negativo en la lucha contra la corrupción el hecho de que, frente a la ola de reclamos contra la corrupción que se produjo el pasado año, el Presidente hizo un llamado a no tirar piedras hacia atrás, reforzando la cultura del borrón y cuenta nueva que ha sustentado la impunidad de los delitos de corrupción, no importa lo grande que hayan sido.
De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción 2013 (IPC-2013), divulgado por Transparencia Internacional el pasado 3 de diciembre, República Dominicana recibió una calificación de 29 sobre 100 puntos, percepción que mantiene al país entre aquellos en que existe un alto nivel de corrupción. De hecho, el indicador muestra un deterioro para R.D. en relación al IPC-2012, al descender nuestro país de una puntuación de 32 a 29 puntos y retroceder del lugar 118 al 123, entre 177 países evaluados. Como en años previos, esta evaluación coincide con otras mediciones, como la del Índice de Competitividad Global 2013-2014 del Foro Económico Mundial, que coloca la corrupción como el obstáculo principal para hacer negocios en República Dominicana.
Esta percepción de corrupción rampante está directamente vinculada al nivel de impunidad que sigue predominando en el país. Las denuncias de corrupción no son investigadas y el Ministerio Publico ha rechazado y engavetado todos los intentos de iniciar investigaciones sobre casos ampliamente documentados que involucran a autoridades del pasado y del actual gobierno. El presidente Danilo Medina ha preferido olvidar su promesa de campaña de ser drástico con la corrupción administrativa ya que un año y cuatro meses después de asumir el poder no existe ningún político de importancia que haya sido sometido y condenado por sustraer fondos públicos.
4. LAS DENUNCIAS IMPORTANTES DE CORRUPCION DEL 2013
El caso más importante denunciado en el 2013 fue la querella interpuesta por el Dr. Guillermo Moreno contra el ex Presidente Leonel Fernández y FUNGLODE ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, acompañada de documentos mediante los cuales, se alega, prueban la violación a varios artículos del Código Penal que contemplan y sancionan el lavado de activos y el incremento patrimonial derivado de actividades delictivas. Esta querella fue desestimada por diversas instancias del Ministerio Publico y medios jurisdiccionales.
Otra acción significativa del año fue el desistimiento de la Dirección General de Aduanas de la acusación que pesaba desde el 2010 contra un grupo de empleados de la Regional de Aduanas en Santiago, por el despacho de mercancías sin el control, verificación y fiscalización aduanera. Los implicados, varios de ellos ligados al Partido de la Liberación Dominicana, se alega, recibían entre RD$800, 000 y RD$ 900,000 semanales, de varias empresas importadoras, como pago por evadir la supervisión correspondiente. El 19 de noviembre del 2013, la Dirección General de Aduanas retiró la querella y sus abogados presentaron un desistimiento de los cargos contra los imputados de cometer un fraude en perjuicio del Estado por más de 100 millones de pesos, en el 2010.
En noviembre del 2013, se produjo el sometimiento a la justicia de un empresario, miembro del partido reformista, a quien se le acusa de proveer medicinas falsas al Estado. También, en noviembre, el alcalde del Ayuntamiento Municipal de La Romana y otros funcionarios han sido investigados por el Ministerio Público con motivo de múltiples y reiteradas denuncias de corrupción administrativa por millones de pesos. Otro caso relacionado con el ámbito municipal, se destaca el ocurrido en San Francisco de Macorís, en el cual la Cámara de Cuentas dejó en manos del Ministerio Público los próximos pasos a dar ante el hallazgo de serias violaciones legales y contables detectadas en una auditoría realizada a dicha alcaldía.
En el mes de noviembre del 2013, el diario digital Acento.com publicó que autoridades de los Estados Unidos y de Brasil están investigando un posible soborno de 3 millones 400 mil dólares que habría sido pagado por la empresa brasileña Embraer a un funcionario de República Dominicana a cambio de facilitar la compra de los aviones Súper Tucanos. Las aeronaves brasileñas fueron compradas durante el gobierno del presidente Leonel Fernández, en el año 2010. Según publica el periódico neoyorquino The Wall Street Journal, los estadounidenses habrían explicado a sus colegas brasileños que aunque no tenían pruebas directas, existen registros bancarios en correos electrónicos que muestran que los ejecutivos de Embraer aprobaron el pago de un soborno de 3 millones 400 mil dólares “a un funcionario dominicano con influencia sobre las compras militares”.
En agosto del 2013 la Red Nacional de Acción Juvenil (REDNAJOVEN) presentó una denuncia en la que identifica una larga lista de casos de clientelismo político, sobrevaluación de viajes, distribución irregular de becas, duplicidad de funciones, ocultamiento de informaciones públicas, violaciones presupuestarias y otras irregularidades registradas en las dos últimas gestiones del Ministerio de la Juventud. La Dirección General de Compras anuló el proceso de licitación del montaje del Concurso Nacional de la Juventud, actividad ya ejecutada por el Ministerio de la Juventud.
5. LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES
Participación Ciudadana observa que por sexta vez se ha sometido al Congreso el proyecto de ley sobre Declaración Jurada de Bienes y Enriquecimiento Ilícito, que el Senado había aprobado previamente en cinco ocasiones, pero que no había recibido la sanción correspondiente en la Cámara de Diputados. En esta ocasión, el anteproyecto de ley fue aprobado por los Diputados el pasado 23 de octubre y ahora se encuentra en manos del Senado. Hacemos un llamado a la Cámara Alta a ser congruente con su anterior posición y a aprobar rápidamente este importante proyecto de ley que tiene el potencial de ser un crucial jalón en la lucha contra la corrupción.
El proyecto contiene detalles sobre los bienes inmuebles y demás elementos constitutivos del patrimonio inventariado que deben ser incluidos en la declaración jurada, así como la descripción física de éstos, datos que permitirían su correcta identificación, ubicación, la fecha de su adquisición, los datos del vendedor y el precio pagado por los mismos. Asimismo, establecería sanciones con penas de prisión y la confiscación de bienes para aquellos funcionarios que falseen datos en su declaración jurada o que no puedan probar el origen lícito de su patrimonio obtenido durante el ejercicio del cargo. A diferencia de ahora, se invertiría la carga de la prueba y el funcionario en cuestión, a requerimiento de autoridad, tendría que demostrar que los bienes logrados mientras se desempeña como servidor público fueron adquiridos legalmente.
El deficiente sistema actual de declaración jurada de bienes no permite identificar el enriquecimiento ilícito, delito que no está tipificado en nuestra legislación, situación fáctica que imposibilita la posibilidad de prevenir, perseguir y sancionar los actos contrarios a la Constitución y a las leyes, así como los conflictos de intereses. Para la ciudadanía, resulta fundamental contar con un sistema adecuado de presentación y publicidad de las Declaraciones Jurada de Bienes, que le permita inferir las variaciones de patrimonio de los funcionarios salientes y entrantes, como en los casos de los funcionarios que ya cesaron en sus funciones o en los casos de funcionarios que han repetido en períodos diferentes, en una misma función o diferente.
Por otra parte, es menester resaltar que el Poder Ejecutivo encargó a la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) para dar seguimiento a los funcionarios salientes y entrantes de la presentación jurada de bienes detallada y recomendar sanciones a aquellos que no cumplan con la ley.
El Director General de la DIGEIG, llamado a ser un referente moral y ético en la administración pública, declaró bajo fe de juramento que los datos consignados en su declaración de patrimonio eran fidedignos y, sin embargo, el diario digital Acento.com.do denunció que varios bienes pertenecientes al Director no aparecían en su Declaración Jurada de Bienes de Funcionario Público, de fecha 13 de septiembre del 2012.
Participación Ciudadana deja constancia que dichas denuncias todavía no han sido aclaradas oficialmente o, que se sepa, investigadas. Es fundamental que el funcionario responsable de la delicada tarea de exigir el cumplimiento de las declaraciones juradas de bienes de los servidores públicos y darle seguimiento a su fiel ejecución demuestre un nivel de probidad exento de toda suspicacia.
6. LA JUSTICIA DURANTE EL AÑO 2013
En lo que respecta al Poder Judicial, el 2013 fue un año donde se siguió acentuando el deterioro que viene acusando el sector justicia, en particular desde que la Suprema Corte de Justicia dictó la sentencia del caso Sun Land.
Un primer factor que contribuyó al debilitamiento del aparato judicial es el exiguo presupuesto que se le asigna. Para el 2013, al Poder Judicial solo se le aprobó un 60% del presupuesto que solicitó. Los RD$4,206 millones aprobados constituyó solo un 1.27% del Presupuesto General del Estado, inferior al 2.04% recibido en el 2006 o al 1.55% recibido en el 2012, recordando a los gobiernos reformistas del ex presidente Joaquín Balaguer, en los que la asignación presupuestaria rondaba el 1%.
En adición a la precariedad económica con la que se tuvo que desenvolver el Poder Judicial, un factor adicional de su declive reside en la clara reducción de su independencia, que comenzó con la selección de los miembros de la Suprema Corte de Justicia por el Consejo Nacional de la Magistratura en el año 2011 y que durante el año 2013 comenzó a sentirse en la base del Poder Judicial.
Todavía cerrando el año 2013, el Consejo General del Poder Judicial no colocaba en la página en internet todos los detalles que componen el escalafón judicial, a pesar de que desde febrero de 2012, su presidente se comprometió a hacerlo a solicitud de la señora Huguette Labelle, presidenta de Transparencia Internacional, quien lo visitó para esa fecha. La publicación del escalafón y de todos los detalles que lo gobiernan, es indispensable para la aplicación objetiva y justa de los ascensos dentro de la carrera judicial.
Como consecuencia de estos factores, durante el 2013 algunos de los jueces más preparados del país presentaron renuncia y decidieron probar suerte en el ejercicio privado de la profesión de abogado. Entre los renunciantes se encuentran Pedro Virgilio Balbuena, presidente de la Corte de Apelación de Puerto Plata; Manuel Ulises Bonelly Vega, miembro de la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; Juan Manuel Guerrero, presidente de la Primera Sala de la Corte de Apelación de Trabajo del Distrito Nacional, y Erick Hernández Machado, presidente de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, entre otros.
La percepción pública atribuye a que la creciente influencia del partido gobernante y de su presidente sobre el aparato judicial, incidieron en la suerte de los principales casos de corrupción del 2013, llevados a los tribunales, incluyendo los fracasados esfuerzos realizados por el Procurador General de la República en reabrir las investigaciones sobre el senador Félix Bautista.
Igualmente está clara influencia se percibe en las presiones y hasta amenazas de remoción que se denuncian por la prensa, sobre la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional Yeni Berenice Reynoso por las investigaciones que realiza en relación al ex Ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa y la poca colaboración que ha recibido de la Cámara de Cuentas.
La situación por la que atraviesa el Poder Judicial pone en peligro los logros alcanzados a partir del inicio de la reforma judicial en el 1997 y amenaza con retrotraernos a tiempos en que la justicia era la cenicienta de los poderes del Estado, pero además al servicio de los intereses de los partidos políticos, sobre todo del gobernante.
El Ministerio Público, por su lado, padece una situación similar a la del Poder Judicial, con escaso presupuesto y creciente dependencia política. No se puede justificar de otra manera el pobre trabajo desempeñado durante el año 2013 por la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) a pesar de contar durante todo el año con una nueva directora.
Este deficiente trabajo de la PEPCA contrasta con el crecimiento de la corrupción pública, que, como se ha señalado anteriormente, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional para 2013, República Dominicana, en vez de mejorar, ha bajado tres peldaños, colocándose ahora con una puntuación de 29 sobre 100, que lo califica como un país con alta corrupción.
Durante el 2013, la actividad jurisdiccional del Tribunal Superior Electoral (TSE) no contribuyó a despejar las serias dudas que sobre su independencia mantiene la población dominicana que da seguimiento a su trabajo. Las sentencias dictadas por el TSE relacionadas a la crisis que sacude al principal partido de oposición, el PRD, no han sido lo suficientement
