En las Casas Comunitaria de Justicia no existe una representatividad legal si no que la gente puede abordarlo, no importa si tiene conocimientos o no

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Como una forma de facilitar a los más necesitados el acceso a la justicia, fue creado hace 8 años el proyecto de Casas Comunitarias de Justicia (CCJ) por la organización cívica Participación Ciudadana, en la cual de cada 100 casos abordados por sus unidades de mediación, el 62 por ciento llega a acuerdos, evitando así los procesos en la justicia ordinaria, que son de altos costos para los ciudadanos y para el sistema judicial.

Con 5 casas que funcionan en distintas partes de la República Dominicana, las CCJ han recibido 51, 560 casos, de los cuales 27, 986 han arribado a arreglos.

“Lo que provee las CCJ es el uso de los métodos alternos de solución de conflictos para abordar los mismos, para que la gente enfrente sus propios problemas y lleguen a acuerdos mediante nuestras unidades de mediación civil”, manifestó Ruth Henríquez coordinadora técnica del programa, en una entrevista concedida a Acento.com.do.

Las CCJ funcionan como centros de asistencia judicial y tienen por objetivo la solución de casos menos complicados como riñas, manutenciones, deudas de alquileres, entre otros, que se consideran de fácil solución y de posibles acuerdos amigables entre las partes.

“Es una repuesta inmediata para los casos que son simples, pero que si no se abordan a tiempo entonces se complejizan y vienen los asesinatos, las riñas y robos de cierta magnitud en los cuales sí tiene que interferir la justicia formal”, explicó Henríquez.

Dentro del programa los involucrados no requieren de la asistencia de un experto en leyes que plantee una defensa u acusación contra los implicados.

“Algunas personas dicen que somos una casa de ahorro, porque los servicios son gratuitos y porque a la vez cada caso que se resuelve en la casa le ahorra un dinero extenso al Estado”,  puntualizó José Ceballos, coordinador general del programa.

Reveló que el costo de un caso judicial, en una primera instancia, ronda los 26 mil y 28 mil pesos “y si se va a otras etapas de la justicia implica un costo más alto, que es difícil cubrir”.

Explicó que cada casa tiene una cantidad de miembros según las necesidades de la institución, esto con un promedio de 12 o 15 individuos que laboran en un rango de ocho horas diarias.

Además, realzó que los fines de semanas imparten talleres de capacitación ciudadana sobre los Derechos Humanos, Desarrollo y Municipalidad, Masculinidad solidaria, Seguridad ciudadana y otorgan herramientas para la prevención de la violencia familiar y de género.

Mediante los talleres, en los últimos dos años han capacitado a más de 5, 337 ciudadanos, que además participan en jornadas de promoción sobre los servicios del programa Casa Comunitaria de Justicia.

“El promedio de tiempo para solucionar un caso de los que generalmente se presentan es de 2 horas y media, sin incurrir en un tipo de gastos en término de que se le pueda cobrar, y con un nivel muy alto de éxito en la que la gente respeta los acuerdos a que llegamos”, señaló.

Asimismo, cuando se les presentan casos complejos son remitidos a los Ministerios Públicos, que se encargan de abrir una investigación.

“Una de las innovaciones que tiene la casa es precisamente que ha logrado mantener una coordinación interinstitucional con la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público, instituciones que tienen que ver con asuntos más puntuales como Proconsumidor e INDOTEL, más las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil que se integraron para impulsar esta iniciativa”, expresó José Ceballos.

Los centros de atención están ubicados en San Francisco de Macorís, Santiago, La Vega y Santo Domingo Oeste. “En octubre del año 2006, Participación Ciudadana abre su primera casa en el sector de Cienfuegos, en Santiago”.

La primera Casa Comunitaria, en los 8 años de trabajo, atendió 58, 432 usuarios y su éxito trajo consigo la apertura de otro centro en La Joya de la misma provincia en el año 2012, el cual ha atendido en 2 años, más de 9 mil casos.

La provincia Santo Domingo solo cuenta con un Centro de Mediación y Conciliación creado el 7 de diciembre del año 2007 y localizado en Las Caobas, Santo Domingo Oeste.

El único núcleo en la región Sur ha recibido 49, 054 casos en 7 años de servicios. Con 5 años en funciones la CCJ en la provincia La Vega recibió 33, 794 usuarios del servicio de justicia; mientras que el centro de atención a casos judiciales en San Francisco de Macorís fue el último en ser puesto en marcha, el pasado 27 de enero del presente año, atendiendo 377 casos.

“El plan es tener a mediados del próximo año por lo menos 3 casas más. Esto comenzó con un proyecto modelo que para nosotros ya es un programa replicable y precisamente se están haciendo planes para inaugurar nuevas instalaciones en el Distrito, en la provincia Santo Domingo, en la región Este por lo menos en San Pedro y en la región Sur que puede ser Barahona”, refirió Elvis Soto, coordinador de Planificación e implementación del programa.

Soto destacó que las CCJ se encuentran en lugares accesibles para la población de cada comunidad y que en las fiscalías se les facilita la dirección de las casas de mediación a los que acuden a denunciar casos simples.

“La casa ha contado con una red de organizaciones y de promotores tanto en las mismas instituciones públicas, el sector privado y las organizaciones comunitarios que son las que mueven a los que llamamos usuarios o personas necesitadas de orientación legal que estén pasando por algún conflicto, a que se dirijan a la casa o a través de las organizaciones o propias instituciones”, señaló.

Aseveró que en 8 años de existencia han logrado que los tribunales y las fiscalías bajen la atención a este tipo de problemas y puedan concentrarse temas de alta complejidad.

Articulo original de Kharla Pimentel / Acento.com.do. 6 de agosto de 2014

Participación Ciudadana (PC), Capitulo Dominicano de Transparencia Internacional, en el marco de la ejecución del  Proyecto “Impulso de la Participación e Incidencia de la Sociedad Civil en la Ejecución Presupuestaria”,  promueve la aprobación del proyecto  de Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal.

En la Mesa de Reflexión fue presentado el Proyecto de Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, donde el movimiento cívico no partidista indicó la necesidad de que las fuerzas políticas, económicas y sociales "arriben a un pacto fiscal orientado a financiar el desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo, mediante el apoyo continuo a un proceso de reestructuración fiscal integral", como indica el Proyecto de Responsabilidad y Transparencia Fiscal.

En el referido proyecto se abordan las Reglas Fiscales del Gasto; Reglas sobre el Endeudamiento Público y se establece además que la deuda del Sector Público Consolidado, como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), no pueda superar en ningún caso el 40%.

Participación Ciudadana entiende que la ausencia de dispositivos normativos y un sólido sistema de consecuencias para el control del endeudamiento público han generado dificultades en el sistema administrativo y financiero del Estado. En ese sentido, surge la necesidad de impulsar la adopción de mecanismos de controles claros, precisos, que permitan establecer medidas para garantizar la responsabilidad fiscal, aumentar la transparencia, transformando la gestión del gasto del Estado

Para instituir un mecanismo de control efectivo, es  necesario diseñar un estricto sistema de vigilancia, revisión y registro, seguido de un régimen de consecuencias efectivo e inquebrantable, que permita sancionar las infracciones, desobediencia, violación o inaplicación de las leyes.

La Ley No 1-12 que instituye la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, señala que en el marco de la adopción del Pacto Fiscal, para la reestructuración integral del sistema, considerar la promulgación de una Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, que establezca políticas, normas y sobre todo penalidades que sancionen su incumplimiento.

El déficit fiscal y el endeudamiento público han generado un empobrecimiento creciente de la población y una disminución de la calidad de vida, al tiempo que nos conducimos a la insostenibilidad fiscal,  si no avanzamos en la implementación de mecanismos que permitan el saneamiento de las finanzas públicas.

El movimiento cívico demanda la necesidad de que el Congreso Nacional conozca y apruebe el Proyecto de Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, que tiene por objeto “establecer las reglas y condiciones para el logro de una prudente, responsable y transparente gestión financiera del Estado base esencial para el desarrollo económico y sostenible de la Nación”.

Además, la referida normativa establece: “la estructura institucional encargada de la aplicación y supervisión del régimen de responsabilidad y transparencia fiscal, así como el sistema de consecuencia que se deriva de su inobservancia violación o inaplicación”.

El proyecto de Ley en su contenido  destaca distintos aspectos novedosos, de manera particular, el sistema de consecuencias previsto en caso de violación de las disposiciones e indica la responsabilidad personal de los funcionarios y servidores públicos, quienes serán patrimonialmente perjudicados por sus acciones u omisiones que impliquen infracción a la misma.

En otro orden, la adopción de dicha normativa, permitirá el desmonte de la deuda pública, en el caso particular de nuestro país donde superamos los límites mínimos de endeudamiento, es necesario, una intervención política de reducción, control, fiscalización  y transparencia fiscal.

Las convenciones internas de los partidos tienen el mismo valor que las asambleas electorales, y en ambos casos los niveles de transparencia, de cumplimiento de las normas que las regulan y de las decisiones que dicta la autoridad competente, administrativa o contenciosa, son fundamentales.

Lamentablemente en la recién celebrada XXX Convención Nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) se han violentado tanto los niveles de transparencia como las normas y decisiones  que la regulaban.

La clara decisión de la Comisión Nacional Organizadora (CNO) de no responder la petición de observación que realizó Participación Ciudadana, a solicitud de uno de los candidatos, la negativa de permitir  en las mesas de votación delegados del mismo candidato, y las agresiones a los periodistas que cubrieron el evento, obscurecieron todo el proceso y lo deslegitimaron.

Es reprochable el rechazo de los delegados en las mesas de votación bajo el argumento de que no se acreditaron dentro del plazo establecido en los reglamentos, a pesar de lo dispuesto por el TSE en el sentido de que “resulta ostensible que los candidatos deben conocer con tiempo suficiente la ubicación de los centros de votación, así como la cantidad de dichos centros y la composición de las Comisiones Locales Organizadoras, a los fines de tener certeza respecto de la cantidad y la calidad de los delegados que habrán de designar ante dichos órganos”, resultando obvio que no medió un tiempo prudente entre la convención y la fecha en que se suministró tal información, además de desconocer la práctica electoral, aun en elecciones nacionales, de designar a los delegados hasta el mismo día de la votación.

La falta de transparencia se evidenciaba desde temprano cuando uno de los candidatos tuvo que acudir al TSE a fin de tener acceso al padrón electoral, pieza fundamental del proceso convencional, que además fue reducido en una proporción importante generando muchas denuncias de exclusiones, o por la dilación con que se dieron a conocer los lugares donde estarían ubicados los centros de votación.

La violencia y el caos terminó siendo la premisa que marcaría el cierre del proceso convencional, cuando se impidió a uno de los candidatos entrar por la puerta principal de la casa nacional del PRD en el Distrito Nacional, por donde había entrado el otro candidato y presidente del partido, pero sobre todo cuando una simple botella plástica lanzada al aire dio lugar a la represión a balazos de  las personas que acompañaban al candidato al que se le negó el derecho al voto.

La ciudadanía fue testigo de que en un importante número de centros de votación se suspendió la convención. Posteriormente el presidente del PRD alegó que se trató solamente en 7 centros, y que en la mayoría de los cuales luego se reanudaron las mismas. Sin embargo, esta posición discrepa seriamente de lo recogido por los distintos medios de comunicación que cubrieron el evento.

Aunque se impidió la observación que Participación Ciudadana ha realizado exitosamente en el pasado en convenciones internas de otros partidos, como el PLD y el PRSC, el proceso convencional no se vio privado de observación gracias a la excelente cobertura que los distintos medios de comunicación y redes sociales realizaron, a través de la cual quedaron demostradas las falencias del proceso.

Participación Ciudadana solicita a la Comisión Nacional Organizadora que publique en la página web del PRD las actas de todas las mesas de votación y los listados de las personas que ejercieron el derecho al voto, a fin de que pueda verificarse su regularidad. Si la Convención se realizó con la transparencia que alega la CNO, no tendrá reparo en cumplir con esta solicitud, para que todo el país conozca quiénes integraron cada mesa de votación, a qué hora se abrió la votación y a qué hora se cerró, así como a qué hora se pudo haber suspendido o a qué hora se reanudó, quiénes estaban en el padrón de cada mesa y quiénes efectivamente votaron, firmando el padrón respectivo.

Tras cerca de veintiún años de lucha por la institucionalidad, la transparencia y la legitimidad de los procesos electorales, Participación Ciudadana no puede menos que expresar preocupación y tristeza frente a situaciones como esta, que nos retrotraen a épocas que se consideraban superadas en el país. Las actuaciones de la dirección del Partido Revolucionario Dominicano, de la Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral en torno a la frustrada convención del PRD, deben conmover la conciencia nacional y aunar voluntades para que se supere la vieja cultura de la trampa, el arrebato, la violencia, la ilegalidad y la parcialidad de las autoridades que tanto sufrimiento causaron a este pueblo y a la cual, de ninguna manera debemos volver. Es necesario, retomar la lucha por la aprobación de la Ley de Partidos Políticos, para fortalecer la institucionalidad de la democracia y evitar lo que sucedió en el PRD.

Participación Ciudadana lamentó el silencio y la poca receptividad de la Comisión Organizadora del Convención del PRD, para que los observadores de dicha organización cívica tuvieran acceso a las mesas de votación para presenciar el proceso interno.  “A solo cinco días para la Convención, ya no quedaría tiempo para organizar una observación con los estándares de calidad con los que Participación Ciudadana acostumbra a trabajar, por lo que lamentamos informarle que hemos decidido no continuar los esfuerzos para observar la Convención que deberá celebrarse este domingo 20 de julio”, comunicó al candidato a la presidencia del PRD Guido Gómez Mazara,   el movimiento cívico no partidista.

El día 30 de mayo del 2014, Guido Gómez Mazara invitó a Participación Ciudadana a “servir en condición de observador del proceso interno en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD)”.  De igual modo el 20 de julio, comunicó el movimiento cívico al Ing. Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD, el interés de conocer si la alta dirigencia de ese partido, así como la Comisión Organizadora de la Convención, colaborarían para realizar la solicitada observación del proceso. Como respuesta el Ing. Miguel Vargas Maldonado,   comunicó el 20 de junio, que remitía dicha solicitud ante la Comisión Organizadora de la Convención.

“Sin la colaboración de la Comisión Organizadora nuestros observadores no tendrían acceso a las mesas de votación para presenciar el proceso mismo de votación y de escrutinio de los votos, al centro donde se recibirían las actas provenientes de las mesas electorales y otras informaciones indispensables para lograr algún nivel de efectividad en la observación”, advirtió la organización de la sociedad civil.

Participación Ciudadana es  un movimiento cívico que posee experiencia observando de manera exitosa procesos internos en los partidos políticos, como han sido los casos del Partido de la Liberación Dominicana y del Partido Reformista Social Cristiano y en ambos casos  ha contado con la colaboración de los responsables internos de los partidos. Sin embargo, para observar la Convención Ordinaria del Partido Revolucionario Dominicano de este domingo, la organización de la sociedad civil ha estado aguardando prácticamente hasta el último momento posible la respuesta de colaboración sin haberla recibido hasta el día 15 de julio de 2014.

En el Informe de Monitoreo del Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad, se puede apreciar que de 9 medidas valoradas y monitoreadas,  7 no han sido cumplidas, esto es  77% y 2 medidas se encuentran en proceso de implementación, es decir, 22%.

El Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad, fue firmado por el Lic. Danilo Medina Sánchez, el cual contiene 21 compromisos fundamentados en Convenciones Internacionales contra la Corrupción, la Constitución  de la República y las leyes  vigentes.

Participación Ciudadana con la firma del Protocolo se comprometió a realizar un monitoreo periódico de su cumplimiento.  Hoy martes 1 de julio presentamos el Segundo Informe, en el cual  se incluyen sólo las medidas  de las que se dispone de información objetiva y cuyo cumplimiento depende fundamentalmente de la voluntad política del compromisario, el presidente Danilo Medina y su gabinete.

El Segundo Informe de Seguimiento y Monitoreo al Protocolo por la Transparencia e  Institucionalidad identifica los siguientes hallazgos:

1. Se ha producido un retroceso en la transparencia de muchas instituciones. Informaciones que antes estaban disponibles han desaparecido de las páginas web, como es el caso de la nómina pública. Por esta razón, es difícil monitorear aspectos relevantes a los que se comprometió el Presidente, como la disminución al alto número de viceministerios, la eliminación de cargos  superfluos y el control de los gastos de personal.
2. La creación de la Cuenta  Única del Tesoro (CUT) a la fecha, el proceso de creación no ha sido completado, aunque debe reconocerse que se han realizado esfuerzos para lograr ese objetivo. No obstante seguimos estancados en la incorporación de las instituciones del Gobierno Central y sobre todo para incorporar las instituciones públicas descentralizadas y autónomas.
3. Las medidas realizadas de eliminación de estructuras orgánicas infuncionales,  no son significativas y aún se mantienen duplicidades innecesarias como por ejemplo entre  el Ministerio de Obras Públicas y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, así como también las que existen en el sector del transporte público, en el sector de la vivienda,  en el área del sector social, entre otros.
4. El Presidente ha mantenido el nombramiento de viceministros dentro del marco de los máximos establecidos por la ley, se conoce que los que ocupaban esas posiciones en el anterior gobierno han sido transferidos a otras posiciones con iguales o mayores rangos salariales.
5. Hasta la fecha no se observan iniciativas para la aprobación e implementación de la Ley de Carrera Especial Diplomática y Consular. En la nómina del MIREX, no se  manifiesta una voluntad del Presidente de la República Dominicana de cumplir con la medida 9, para que “el servicio exterior transite por el camino de la profesionalización de las funciones diplomática y consular”.
6. La independencia funcional del Ministerio Público  ha sido cuestionada particularmente en los casos de denuncias y querellas  por actos de corrupción de alta notoriedad, al decidir archivar los expedientes  sin realizar investigación.
7. La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), ni la Procuraduría General de la República han rendido un informe sobre la verificación de las declaraciones juradas, lo que nos obliga a concluir que en ninguna instancia del Estado se realiza algún ejercicio de investigación sobre los bienes declarados por los funcionarios públicos.
8. Se evidencia el incumplimiento de la Ley de Declaración Jurada de Bienes, el órgano responsable de la  Procuraduría General de la República, no realiza una comprobación y  verificación del contenido de las declaraciones, como estableció el compromiso asumido por el Presidente cuando firmó el Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad, el cual  concertó  un plazo de 120 días para presentar los resultados de la verificación.
9. El Presidente se comprometió a impulsar la aprobación de una legislación que tipifique y castigue el enriquecimiento ilícito y que invierta el fardo de la prueba cuando se genera patrimonio cuyo origen lícito se desconoce y cursa un proyecto de ley en discusión en el Congreso que cubre ambos aspectos, pero el mismo se encuentra en una carretera de doble vía entre ambos hemiciclos y tiene ya muchos años dando vueltas entre ambas cámaras sin llegar a una aprobación final.
10. Las acciones y políticas de prevención para evitar violaciones del régimen ético de los servidores públicos se puede constatar, en el lanzamiento a destiempo de dos Ministros a la actividad política partidista en violación al art. 80  de la Ley No. 41-08, que prohíbe a los funcionarios públicos  a “servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones, y en consecuencia, organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político.” En tal sentido, no se percibe interés del Jefe de la Administración Pública de subordinar a sus subalternos a la Constitución y a la ley, ni mucho menos a la sujeción del régimen de consecuencias establecido en la Ley No. 41-08.
11. Es significativa la cantidad de instituciones que manejan cuantiosos recursos y que se niegan a someterse a la supervisión y control de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, como es el caso de la Junta Central Electoral. Es necesario que el presidente Medina manifieste contundentemente su voluntad de que se avance en el cumplimiento de la Ley No. 340-06, la cual incluye a todas las instituciones que manejan recursos públicos centralizadas o descentralizadas.
12. Está pendiente la decisión del Gobierno de terminar con los conflictos de intereses que dominan las compras y contrataciones públicas. Es ampliamente conocido que numerosos funcionarios y servidores públicos son propietarios de empresas que negocian con el Estado, constituyéndose esta en una de las principales fuentes de enriquecimiento ilícito y de pago de favores políticos y mutuo  encubrimiento entre copartidarios.
13. En lo relacionado a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, pueden destacarse progresos en la organización, en el registro de proveedores y la capacitación de los mismos para el cumplimiento de la normativa y la agilización de los procesos. Sin embargo, aún existen debilidades en los mecanismos de prevención de conflictos de intereses, de manera particular en la verificación de la información del Registro de Proveedores,  de manera que pueda identificarse quienes no podrán ser oferentes ni contratar con el Estado, de una manera ágil, contribuyendo con la prevención de la corrupción.

Participación Ciudadana espera que para el III Informe de Seguimiento y Monitoreo,  el compromiso del presidente Danilo Medina Sánchez, se manifieste con acciones que permitan valorar con mayores niveles de cumplimiento el Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad suscrito por el candidato hoy presidente de la República, en fecha 7 de mayo del 2012.

Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad

El movimiento cívico Participación Ciudadana puso en circulación este jueves 26 de junio el libro “La Corrupción sin Castigo” que recopila las denuncias reseñadas por los medios de comunicación sobre casos de corrupción administrativa desde el año 2000 hasta el 2013.

En 257 páginas la edición recoge 94 denuncias de corrupción realizadas por una gran variedad de personas e instituciones, no solo de la oposición política o de instituciones dedicadas al tema, sino además provenientes de organismos oficiales.

Participación Ciudadana busca que esta recopilación sirva como herramienta de investigación para aquellos estudiosos que busquen entender el fenómeno de la corrupción en la República Dominicana.

También persigue que este libro cumpla una función educativa para la prensa, empresarios, políticos, educadores, profesionales en general, así como toda la población, de modo que no solo rechacen la corrupción, sino que la denuncien y pongan en práctica una tolerancia cero.

Los casos reseñados se encuentran en diferentes situaciones extraprocesales y procesales: unos simple denuncia en los medios,  otros  en denuncias o querellas ante el Ministerio Público, donde están en fase de interrogatorios o investigación, algunos en etapa preliminar o de juicio y otros ya concluidos cuyas decisiones varían desde el archivo, auto de no ha lugar, absolución,  descargo, puesta en libertad y se resaltan 8 condenas.  Llama la atención que en la investigación la motivación de la denuncia o de la querella es en base a las auditorías realizadas por empresas privadas por la Contraloría General o por la Cámara de Cuentas,  las cuales ascienden a 17.

En este sentido, la coordinadora general de Participación Ciudadana, Sonia Díaz Inoa, durante la presentación del libro resaltó el hecho de que  los medios de comunicación y las organizaciones de sociedad civil han realizado numerosas denuncias de corrupción y que las autoridades no han hecho nada.

"El sistema judicial dominicano no ha sido capaz de investigar a profundidad los casos denunciados y mucho menos de sancionarlos", indicó Díaz Inoa.

Mientras que, Miriam Díaz Santana, Coordinadora de la Comisión de Transparencia calificó de inaceptable el argumento de que en el país no hay suficientes leyes para sustentar el castigo de la corrupción.

"Si bien podría mejorarse o endurecerse las penas, esto no justifica que nadie o muy pocos hayan recibido castigo por actos de corrupción y que una gran parte de  las personas que aparecen en estos expedientes y denuncias sean funcionarios, legisladores y políticos activos que descaradamente utilizan las riquezas sustraídas para mantener su vigencia política”, manifestó Díaz Santana.

En dicha actividad participaron además el  periodista Fausto Rosario, el padre jesuita Pablo Mella y la socióloga Rosario Espinal.  Fausto Rosario hizo un análisis de la corrupción desde la perspectiva del periodista, resaltando el rol que juegan  tanto  la denuncia periodística así como los medios de comunicación en general “los cuales no deben hacer el papel de los órganos de investigación estatal frente a la corrupción administrativa”, argumentó.  Pablo Mella analizó la corrupción dentro de un Estado de derecho, afirmando que ésta forma parte del círculo vicioso de la cultura política dominicana, donde de cualquier lado que se quiera atacar se puede hacer por la circularidad en que se desenvuelve.

Rosario Espinal  examinó la corrupción tomando en cuenta  el botín que representa el Estado y donde todos los sectores quieren participar  en ese mecanismo de distribución de la riqueza que esa circularidad citado por Pablo Mella representa.  Afirmó que la situación es sumamente compleja pero hay que analizar las posibilidades de cambios donde la sociedad civil juega un papel muy importante, concluyó.  El acto culminó con la lectura del compromiso ciudadano Impunidad 0 a cargo de Claudia Capano.

Participación Ciudadana enfatiza que esta recopilación no representa una acusación de culpabilidad y mucho menos una prueba contra ninguna de las personas mencionadas en las denuncias, ya que esa es una labor reservada estrictamente para las autoridades del sistema de justicia dominicano, en concordancia con nuestro ordenamiento jurídico.