Participación Ciudadana ha observado que el Gobierno mantiene propaganda gubernamental que viola el Decreto 1-24 del propio presidente Luis Abinader, así como la Ley 33-18 de Partidos Políticos y la Ley No. 20-23 de Régimen Electoral y sus disposiciones al respecto (Art. 206-211). A continuación, algunas muestras de estas violaciones:

• Bajo la denominación de “Chequéame tu”, el Gobierno está pagando páginas y portadas de periódicos con una serie de informaciones de “logros gubernamentales” que no son otra cosa que propaganda electoral.
• El Ministerio de Agricultura está pasando de manera frecuente en diversos programas y medios de comunicación radiales y televisivos, un anuncio en el que sale el ministro Limber Cruz y otras personas, con fotos del presidente Abinader, agradeciendo el apoyo que éste ha dado a la producción alimentaria.
• Otra muestra de estas violaciones es el anuncio a página completa en algunos periódicos promoviendo el crecimiento de las exportaciones y de las zonas francas.
• En las redes sociales, el Gobierno esta promoviendo el plan “Más Salud y Esperanza de Vida”, donde se atribuye el mérito de “elevar la calidad de vida de los pacientes con hipertensión arterial y diabetes mellitus.”

Participación Ciudadana apela a la voluntad del presidente Abinader, quien se ha comprometido a no usar los recursos públicos para fines electorales. También llamamos a la intervención de la Junta Central Electoral, haciendo uso de la facultad que le otorga la Ley 33-18 para “tomar cualquier medida cautelar respecto a cualquier bien o para hacer cesar de inmediato cualquier uso indebido de los recursos y medios del Estado, pudiendo procurarse para ello la fuerza pública.”

La Ley No. 33-18, de Partidos Políticos, “prohíbe el uso de recursos públicos de los poderes e instituciones del Estado, incluyendo los ayuntamientos, para financiar o apoyar en cualquier forma las actividades de rentabilidad electoral particular, inclusive aquellas que se deriven de inauguraciones oficiales.”

El Decreto 1-24 emitido por el presidente Abinader para regular la publicidad gubernamental prohíbe “incluir la voz, imagen o cualquier otra forma personal que individualice o distinga a funcionarios públicos”. También prohíbe “usar publicidad que tenga como objeto o efecto los logros de gestión o los objetivos alcanzados, salvo en el marco del periodo de rendición de cuentas ante el Congreso Nacional”. Estas disposiciones son de aplicación inmediata.

El país no puede aceptar ningún argumento para el mantenimiento de propaganda gubernamental que esté destinada a dar las gracias por cumplir con funciones oficiales y dirigida a obtener votos.

Participación Ciudadana continuará, durante todo el proceso electoral denunciando estas prácticas e invitamos a la ciudadanía a proporcionar información a través de nuestra plataforma “Atento con tu Voto”

Consejo Nacional
06 de febrero, 2024

La Ley No. 20-23 de Régimen Electoral es clara cuando en su artículo 210, párrafo VI, prohíbe las inauguraciones municipales 40 días antes de los comicios de febrero y las inauguraciones presidenciales 60 días antes de las elecciones de mayo, distinguiendo entre las inauguraciones municipales y las del Gobierno central con dos plazos diferentes para una y para la otra.

El calendario electoral preparado por la Junta Central Electoral contiene un error cuando señala el 20 de marzo como “límite para realización actos inaugurales del Gobierno y alcaldías”, pues las elecciones municipales ya habrán sido celebradas en el mes anterior, por lo que no era necesario que fueran mencionadas en el límite de marzo, que corresponde claramente, por mandato de ley, a las inauguraciones del Gobierno central.

Sin embargo, la realidad es que tales actividades inaugurales, tanto las del Gobierno central como la de las alcaldías, se realizan con fines claramente electorales por lo que Participación Ciudadana reclama que el presidente Abinader y todas las demás autoridades del Gobierno central y de las alcaldías, se abstengan de realizar actividades de esta naturaleza, que rompen claramente con la equidad electoral que manda la Constitución, pues los candidatos de la oposición que no están en una función pública se encuentran en desventaja.

Participación Ciudadana ha criticado históricamente estas actividades de inauguración de obras públicas, que solo sirven para promover personas y partidos, sin agregar valor a la ciudadanía. Siempre hemos sostenido que las obras públicas solo requieren ser informadas a la ciudadanía para su correcto uso a través de publicidad institucional, pero todos los gobiernos, incluyendo el actual, siguen utilizándolas para promoverse.

Nos preocupa la recusación realizada a un miembro titular de la Junta Central Electoral que emitió su opinión sobre el tema de las inauguraciones, lo que genera inquietud a pocos días de las elecciones del 18 de febrero y desvía la atención del máximo órgano electoral. Esta situación debe resolverse de forma institucional, conociendo y decidiendo la Junta Central Electoral de tal recusación a la mayor brevedad, para poder continuar concentrando su atención en las próximas elecciones.

CONSEJO NACIONAL
1 de febrero de 2024

PARTICIPACION CIUDADANA PRECISA: LA LEY 1-24 ES INCONSTITUCIONAL POR ESTABLECER LA OBLIGATORIEDAD DE ENTREGAR INFORMACIÓN SIN UNA ORDEN JUDICIAL.
Participación Ciudadana entiende que, con esta ley o sin ella, los agentes de dicha entidad de inteligencia no tienen la facultad constitucional de exigir información de personas físicas o jurídicas, sin obtener previamente autorización de un juez, a través del Ministerio Público. De hacerlo estarían violentando el derecho fundamental a la intimidad, por lo que cualquier interpretación o acción contraria sería inconstitucional.
La Ley No. 1-24 debe ser reformada de inmediato para que incluya de manera expresa la obligación de los agentes de tal entidad que pretendan la entrega de información, de obtener la autorización judicial correspondiente. La ley no debe dejar espacio para interpretaciones, en un tema tan sensible como el derecho a la intimidad y la libertad de expresión e información, incluyendo la protección del secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista, así como la protección de sus fuentes.
De no ser reformada estamos convencidos de que el Tribunal Constitucional confirmará la interpretación correcta en protección de los derechos fundamentales.
Entendemos la preocupación que ha despertado este tema, sobre todo cuando, de manera no transparente ni legal, se cambió en el trámite legislativo, la redacción del artículo 11 que incluía la autorización previa de un juez, sustituyéndola por la ambigua frase de obtener la información “con las limitaciones y observaciones establecidas en la Constitución de la República y las leyes sectoriales.”
En un tema de derechos fundamentales no puede haber espacio para la ambigüedad, aun descansando en las disposiciones del artículo 74.4 constitucional que dispone que “los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos.”
Otros artículos de la Ley No. 1-24 deben ser igualmente revisados, como el artículo 26 sobre sanciones penales, para dejar claro que las sanciones no aplican si no se ha cumplido con la obligación de obtener autorización judicial previa, o el artículo 30, en la misma dirección.
También debe quedar claro el campo de actuación del DNI, para que no interfiera con las funciones del Ministerio Público. Recordemos que las evidencias que pueda recoger el DNI de cualquier violación a la norma que ponga en peligro la seguridad nacional, debe hacerse cumpliendo con el debido proceso y el acompañamiento del Ministerio Público, pues de lo contrario tales evidencias no podrán ser utilizadas por el Ministerio Público para sostener cualquier acusación. Se necesita en la Ley una mayor claridad en la relación DNI-Ministerio Público.
Un aspecto positivo que ha tenido este tema de la Ley No. 1-24, es que ha servido para probar las alarmas que protegen nuestros derechos fundamentales. Esas alarmas han sonado en forma dura y clara. La prensa y otros sectores han jugado su papel. Sin embargo, la utilización de este debate para fines electorales no contribuye a la creación de conciencia ciudadana y hace daño a la democracia. Tanto el gobierno como los partidos de oposición deben asumir su responsabilidad en las críticas que ahora se hacen a esta Ley. Como
parece que todos estamos de acuerdo, esperamos que la modificación de los artículos cuestionados se haga de inmediato.
Participación Ciudadana tiene más de 30 años en la defensa de los derechos ciudadanos. En estos momentos estamos inmersos en nuestro compromiso de observación electoral y nos sorprende que algunas personas hayan lanzado campañas en las redes sociales, aprovechando este debate, para tratar de relacionarnos con el sector político en el poder o haber renunciado a nuestros principios. Quienes conocieron y aprobaron esta cuestionada Ley no están en las filas de nuestra organización y nadie logrará sacarnos de nuestro foco en estos momentos en que el país necesita, una vez más, una sociedad civil que observe el proceso electoral, con el solo interés de fortalecer nuestra democracia y preservar los avances que tanta lucha nos han costado.

Consejo Nacional
24 de enero de 2024

El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, expresa que la Junta Central Electoral interpreta correctamente el artículo 58 de la Ley No.33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, al disponer en su resolución No.13-2023, sobre la aplicación de las reservas de candidaturas, que el 20% de las candidaturas reservadas a la máxima dirección colegiada de cada partido se calcula sobre cada nivel de elección (con excepción de la presidencial) y no sobre el universo de las candidaturas, protegiendo de esta manera el derecho a la participación y el principio de democracia interna que ordena la Constitución.

La Resolución de la Junta Central Electoral es coherente con la sentencia TSE-027-2019, del 5 de julio de 2019, dictada por el Tribunal Superior Electoral (TSE), que fue apoyada por Participación Ciudadana en su nota de prensa de fecha 9 de agosto de 2019. Esta sentencia fue dictada en contra del Partido Revolucionario Moderno, quien debió recomponer sus candidaturas para ajustarse a lo decidido por el TSE para las elecciones del año 2020. En esos momentos, los partidos que ahora se oponen a esta medida no expresaron ninguna objeción a la misma.

Participación Ciudadana ha denunciado en el pasado como ilegal e inconstitucional la interpretación que permitía calcular las reservas sobre el universo y no por cada nivel de elección, pues vulneraba el principio constitucional de democracia interna que deben observar los partidos de acuerdo con el artículo 216 de la Constitución. Basta señalar que, si el porcentaje de reserva de candidaturas se calcula sobre la propuesta nacional, la alta dirección de cada partido tendría la oportunidad de reservarse la totalidad de las candidaturas a senadurías, diputaciones y alcaldías, despojando de sus legítimos derechos a cientos de aspirantes, mientras que, si se hace sobre cada nivel de elección, solo podrían reservarse 6 de 32 senadurías, 38 de 190 diputaciones y 32 de 158 alcaldías.

El Tribunal Constitucional también dictaminó sobre este tema en su sentencia TC/0104/20 del 12 de mayo de 2020, cuando señala que la Ley No.33-18 de Partidos y Movimientos Políticos “al establecer la cuota de género y sus proporciones, determinó que su implementación debía hacerse por demarcación electoral,  y atendiendo a esas líneas que definen los límites de las demarcaciones electorales la misma ley también lo sentó para el caso de las reservas electorales, de conformidad con el párrafo III del artículo 58 de la referida legislación”.

Pretender aumentar las posibilidades de reserva de candidaturas en favor de la alta dirección de los partidos es volver al pasado, a métodos antidemocráticos que debilitaron y crearon situaciones conflictivas en los partidos, etapa que debe quedar atrás.  

Participación Ciudadana desea recordar una vez más que el artículo 74.4 de la Constitución dispone que “los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos”, en este caso los miembros de los partidos con aspiraciones de elegir y ser elegibles.

Consejo Nacional

11 de mayo de 2023

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana rechaza de manera rotunda la propuesta de la ex vicepresidenta Margarita Cedeño en el sentido de que el presidente Luis Abinader y los ex presidentes se reúnan para acordar solución a lo que ella denomina “una crisis de gobernabilidad” producida por el sometimiento a la justicia de funcionarios y directivos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Es justamente contra esa práctica que hemos luchado por décadas, contra los acuerdos de mutua impunidad, explícitos o implícitos en la política dominicana. Por el contrario, la población dominicana está ampliamente satisfecha con las actuaciones de un Ministerio Público independiente y ha depositado sus expectativas en que los jueces actúen también con la objetividad, la inteligencia y el coraje que se requieren para castigar con todo el peso de la ley la corrupción y la impunidad.

Es totalmente inaceptable que los partidos políticos pretendan influir en el curso de los procesos judiciales. Este país ha dado muestras de que está en la disposición de defender los avances en la persecución del peor de los crímenes, como lo es la corrupción administrativa de grandes proporciones como las que están documentadas en los expedientes que cursan actualmente en los tribunales.

Estos son momentos cruciales para la consolidación de un Estado democrático y de derecho en la República Dominicana, pero ese propósito fundamental no será logrado con dirigentes políticos que aúpen o protejan la corrupción, que usen el dinero público o que reciban aportes que comprometen la correcta administración pública.

Estaremos dando seguimiento al proceso electoral, especialmente en lo referente a las posiciones de los diferentes partidos y candidatos políticos sobre el tema de la corrupción y de sus compromisos con la erradicación de la impunidad, así como a cualquier indicador de que se están usando recursos, públicos o privados, más allá de lo permitido por la ley.

Consejo Nacional

29 de marzo del 2023

Santo Domingo, República Dominicana. El Consejo Nacional del movimiento cívico y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, eligió a Nora Elizabeth Sánchez (Lizzie), como nueva coordinadora general de la institución para el periodo 2023-2024.

Lizzie Sánchez Padilla es Socióloga con formación en Sostenibilidad y Responsabilidad Social.

Miembra fundadora de Participación Ciudadana, ha sido parte del Consejo Nacional y   coordinadora de las Comisiones de Fortalecimiento Institucional, de Transparencia y de Ética.

Actualmente es asesora de empresas privadas en responsabilidad social corporativa, perteneció a la Junta Directiva de Fe y Alegría y de la Escuela Forestal de Jarabacoa. Ha realizado labores en proyectos de desarrollo en FUDECO, en el servicio Alemán de Cooperación Técnica y fue directora ejecutiva de la Fundación Brugal.

“Asumir la coordinación general de Participación Ciudadana en este momento es para mí un gran honor por el prestigio y la amplia aprobación de la organización, donde contribuiré al fortalecimiento institucional y continuaré impulsando la lucha contra la corrupción y la impunidad; pero también un gran desafío con un contexto electoral donde nuestra institución ha asumido la responsabilidad de volver a observar las elecciones”, expresó.

Lizzie Sánchez Padilla sustituye a Joseph Abreu, quien cumplió su periodo de un año como coordinador general durante el periodo 2022-2023.

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana está integrado además de Lizzie Sanchez, por: Miriam Díaz Santana, Danilsa Peña Medina, Isidoro Santana, Naomi Rodríguez, Álvaro Caamaño Diaz, Sarah Jorge, Stalin Montero y Claudia Álvarez.

28 de marzo del 2023

Santo Domingo, República Dominicana. Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, expresa su más firme apoyo al trabajo que viene haciendo la Procuraduría General de la República y sus adjuntos, en cumplimiento de la función que le asigna la Constitución de la República de investigar, perseguir y someter a la justicia a toda persona que haya cometido algún delito, incluyendo por actos de corrupción. El caso que se viene conociendo desde el pasado domingo 19 de marzo es el resultado de una investigacion que por más de año y medio ha recogido pruebas de un desfalco al Estado documentado por cerca de 20 mil millones de pesos, siendo el más grande que se haya conocido en el país, así como la mayor operación de lavado de activos cometida en el menor tiempo, hasta el momento, en detrimento del patrimonio del Estado dominicano. 

Nuestra organización nació y tiene cerca de 30 años propugnando por un país libre de corrupción e impunidad. Marchamos y trabajamos todos los días por este noble propósito nacional. Por tanto, hemos celebrado las contundentes investigaciones y fuertes expedientes que se han presentado desde el 2020. En el denominado caso Operación Calamar que en estos días se comienza a ventilar, haremos lo mismo que en los anteriores, estudiaremos el expediente y daremos todo el respaldo que se merecen los cientos de fiscales, técnicos y personal de la Procuraduría General de la República, así como los de la Contraloría General que, con un enorme esfuerzo, inteligencia y coraje logran desvelar amplias redes de corrupción que han azotado al país por décadas.

Al igual que en los casos anteriores, Participación Ciudadana solo solicita el apego al debido proceso. Nuestras expectativas se dirigen a la correcta actuación del sistema judicial y de todos sus actores, incluyendo el Ministerio Público y jueces, para que cumplan con su sagrado deber de hacer justicia sin importar banderías políticas, sin aceptar chantajes o presiones espurias, amparadas en el poder o el dinero que algunos grupos y personas han acumulado sustrayendo los recursos de este pueblo.

En tal sentido, rechazamos firmemente cualquier acción de alterar el orden público y crear situaciones peligrosas y vergonzosas como las ocurridas este 20 de marzo en las escalinatas del Palacio de Justicia del Distrito Nacional, que atentan contra la seguridad que debe rodear a cualquier proceso judicial. Hacemos un llamado al Partido de la Liberación Dominicana a que encamine sus inconformidades por la vía legal. Quienes están sometidos a la justicia tienen todas las herramientas que las sociedades democráticas garantizan para su defensa. Incluso sus partidarios tienen el derecho de protestar y aclarar los hechos, pero jamás con turbas que intenten vulnerar la seguridad de la ciudadanía, de los detenidos y de sus custodios y crear situaciones que alteren el orden y la gobernabilidad que ha construido este país con mucho esfuerzo.

Por décadas hemos luchado por el fin de la corrupción y la impunidad, este es el momento mas propicio para avanzar en ese gran objetivo nacional. Llamamos a todos los sectores, instituciones y personas que comparten este anhelo a que nos mantengamos unidos, firmes, dando seguimiento a los procesos en curso, respaldando a quienes están haciendo un buen trabajo y rechazando todo lo que pueda vulnerar el Estado de derecho y las aspiraciones de una patria democrática, libre de corrupción e impunidad.

Consejo Nacional

22 de marzo del 2023

El pasado 6 de marzo del 2023, la Oficina del Fiscal General de la Federación Rusa designó al movimiento Transparencia Internacional como una “organización indeseable”. Esta decisión abrupta e injustificada sobre el movimiento mundial anticorrupción y su Secretaría, que declara como agentes extranjeros a tales organizaciones de la sociedad civil en Rusia, hacen que el trabajo futuro en esa nación sea imposible y en tales circunstancias, la Junta de TI Rusia decidió el 16 de marzo de 2023, luego de 23 años ininterrumpidos, liquidar la organización autónoma sin fines de lucro Centro TI-R, fundada en el 1999.

Por otra parte, el 28 de febrero de 2023 el Ministerio Público de Guatemala abrió investigaciones contra varios periodistas y activistas, incluyendo Acción Ciudadana, capítulo de Transparencia Internacional en Guatemala, quienes han criticado al gobierno del presidente Alejandro Giammattei. Estas investigaciones son una persecución contra Acción Ciudadana y sus miembros, así como contra periodistas, investigadores, fiscales y exfiscales, algunos han sido encarcelados, amenazados y otros se han tenido que ir al exilio, en especial los que colaboraron con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Los agravios que han venido ocurriendo limitan las libertades democráticas, perjudicando el ejercicio de veeduría y control que Acción Ciudadana lleva a cabo y evidencian que se ha profundizado el cierre del espacio cívico y se busca, mediante la represión, acallar las voces de la sociedad civil y los defensores de la democracia

En cuanto al capítulo de Transparencia Internacional en Nicaragua, Fundación Grupo Cívico Ética y Transparencia, la Asamblea Nacional canceló su personería jurídica en marzo del 2022, no obstante haber renunciado hace más de un año a recibir ayuda internacional. A la fecha, el gobierno de Nicaragua ha cancelado más de 1,800 ONGs. En septiembre del 2022, fueron confiscados los bienes muebles e inmuebles del Grupo Cívico Ética y Transparencia y en su antigua sede fue colocado el denominado “Centro de Innovación y Tecnología Francisco Moreno” bajo la dirección de la Comisión Nacional de Economía Creativa dirigida por Camila Ortega, la hija del presidente Ortega.

Lo anterior forma parte de las acciones por parte del gobierno del presidente Ortega para socavar la libertad de asociación y expresión, tomando como base la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros aprobada en 2020 que busca controlar a las ONGs que reciben fondos del exterior.

EN ATENCIÓN A LOS EVENTOS MENCIONADOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA, movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, emite la siguiente resolución:

1. Externamos nuestra solidaridad con los capítulos de Transparencia Internacional de Rusia, Guatemala y Nicaragua. A todo su personal y sus voluntarios, que sepan que no están solos y sus voces se multiplican a través de la comunidad anticorrupción.
2. Creemos firmemente en la cooperación internacional para avanzar en la lucha contra la corrupción en todas sus formas. La integridad y el compromiso civil prevalecerán inevitablemente sobre el aislamiento y cualquier forma de abuso de los derechos humanos. Compartimos y seguiremos apoyando la visión de un mundo libre de corrupción e impunidad.

ASAMBLEA GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, el 19 de marzo del 2023, en Santo Domingo, capital de la República Dominicana.

Santo Domingo, República Dominicana. La Asamblea General de Participación Ciudadana reiteró su llamado a las fuerzas políticas del país y a la ciudadanía en general a comprometerse con el fortalecimiento del sistema democrático y prepararse para celebrar el próximo año unas elecciones ejemplares, que sean un orgullo para los dominicanos y dominicanas.

Indicaron que la recién promulgada Ley Electoral 20/23, lamentablemente, no ha llenado sus expectativas en cuanto a control de los gastos de campaña, transparencia de los partidos y candidatos, paridad de género y sanciones, entre otros avances por los que han luchado. “Pero eso no es obstáculo para que nos pongamos de acuerdo y dejemos atrás las viejas e insanas prácticas que por décadas han caracterizado la actividad político electoral”, puntualizaron.

Participación Ciudadana exhortó a los partidos políticos a respetar los plazos de campaña, evitar la corrupción y la excesiva propaganda gubernamental, mayor rendición de cuentas, lograr candidaturas con más equidad de género y que sean representativas de los mejores valores del país, para cuyo logro existe el marco jurídico y el apoyo ciudadano.

El movimiento cívico además señaló que, aunque el presidente Abinader no se ha pronunciado al respecto, todo parece indicar que se encamina a presentarse a la reelección. Está en su legítimo derecho, según la Constitución. Lo que sí les preocupa es que, para lograrlo, recurra a la vieja práctica del uso de recursos del Estado, factor que en el pasado ha hecho mucho daño y ha propiciado el desbordamiento de la corrupción. 

“Ya existe mucha publicidad estatal sin ningún propósito educativo, sólo la promoción de la figura presidencial. Por otro lado, se están repitiendo las viejas denuncias de todos los procesos electorales sobre compras de opositores, práctica deleznable que esperamos no se repita porque, además de ser un mal mensaje a la población, generalmente significa un compromiso oneroso de los recursos públicos”, puntualizaron en nota de prensa.

Otro factor que preocupa al movimiento cívico y sobre el cual llamaron la atención, es el contenido vacío del discurso de los partidos y posibles candidatos. Señalando que es una pena que, una vez más se desperdicie la oportunidad de educar en democracia, debatiendo los problemas nacionales en un ambiente que permita al electorado diferenciar propuestas y elegir en base a sus preferencias.

Las descalificaciones que dominan los discursos políticos, no aluden a principios y valores éticos, o a propuestas claras de solución a los problemas sociales y económicos. Por el contrario, se tratan de mensajes intrascendentes, poco comprometidos, excesivamente conservadores y carentes de contenido programático.     

Otro aspecto importante para la institución social es la pretensión de imponer las cuotas correspondientes a las mujeres sobre la base de una lista nacional, lo cual fue introducido en la nueva ley electoral, a sabiendas de que es, no solo injusto, sino también inconstitucional.

Recordemos que la Junta Central Electoral dictaminó que las cuotas de candidaturas de mujeres tenían que ser por demarcación electoral, como lo establecieron las sentencias 85-2019 y 91-2019 del Tribunal Superior Electoral, ratificadas posteriormente por la Sentencia TC/0104/20 del Tribunal Constitucional. Desde ahora advirtieron que la JCE está obligada a mantener su decisión anterior y cumplir con las decisiones de los tribunales Constitucional y Electoral.

Participación Ciudadana ya está preparada para iniciar su labor de incidencia en todo el proceso electoral, desde ahora hasta las elecciones del 2024, siempre con el propósito de contribuir a la construcción de una democracia fuerte, asentada sobre la base de los más elevados valores que sostienen la nación.

En este 2023, Participación Ciudadana dará seguimiento permanente y apoyo al Ministerio Público en todos los casos iniciados y pendientes para castigar la corrupción y erradicar la impunidad. Justo en medio de nuestra asamblea anual nos enteramos del inicio del proceso de sometimiento a la justicia de otro grupo de ex funcionarios y personas involucradas en el más grande caso de corrupción que se haya conocido en el país. El denominado Caso Calamar se suma a varios que ya cursan en los tribunales. Reiteramos nuestras expectativas de que, tal como lo está haciendo el Ministerio Publico, los tribunales se comporten a la altura que ameritan los tiempos y la corrupción sea al fin castigada en República Dominicana.

Sobre la Asamblea General Ordinaria de Participación Ciudadana 

Este domingo 19 de marzo Participación Ciudadana celebró su Asamblea General Ordinaria Anual, así como una extraordinaria que hizo modificaciones a los estatutos del movimiento cívico. Los integrantes de la organización cívica conocieron los informes del pasado año, así como los planes y presupuesto para el presente. Además, seleccionan a Álvaro Jose Caamaño Diaz como nuevo miembro del Consejo Nacional, quien se suma a Isidoro Santana, Miriam Diaz, Naomi Rodríguez, Nora Sánchez, Sarah Adalgisa Jorge, Danilsa Peña, Ramón Stalin Montero, y Claudia Álvarez, grupo que dirigirá la organización hasta marzo del 2024.

La presentación del informe anual del Consejo Nacional estuvo a cargo de Joseph Abreu, Coordinador General saliente, quien expuso en detalle todas las acciones realizadas entre marzo 2022 y 2023, así como la situación financiera y organizativa del movimiento cívico.

La Asamblea termino con la proclama del año, dedicada a los retos de este año preelectoral, así como un comunicado de apoyo a los capítulos de Transparencia Internacional de Rusia, Nicaragua y Guatemala que están siendo perseguidos por los gobiernos de esos países.