Santo Domingo, República Dominicana. Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, expresa su más firme apoyo al trabajo que viene haciendo la Procuraduría General de la República y sus adjuntos, en cumplimiento de la función que le asigna la Constitución de la República de investigar, perseguir y someter a la justicia a toda persona que haya cometido algún delito, incluyendo por actos de corrupción. El caso que se viene conociendo desde el pasado domingo 19 de marzo es el resultado de una investigacion que por más de año y medio ha recogido pruebas de un desfalco al Estado documentado por cerca de 20 mil millones de pesos, siendo el más grande que se haya conocido en el país, así como la mayor operación de lavado de activos cometida en el menor tiempo, hasta el momento, en detrimento del patrimonio del Estado dominicano. 

Nuestra organización nació y tiene cerca de 30 años propugnando por un país libre de corrupción e impunidad. Marchamos y trabajamos todos los días por este noble propósito nacional. Por tanto, hemos celebrado las contundentes investigaciones y fuertes expedientes que se han presentado desde el 2020. En el denominado caso Operación Calamar que en estos días se comienza a ventilar, haremos lo mismo que en los anteriores, estudiaremos el expediente y daremos todo el respaldo que se merecen los cientos de fiscales, técnicos y personal de la Procuraduría General de la República, así como los de la Contraloría General que, con un enorme esfuerzo, inteligencia y coraje logran desvelar amplias redes de corrupción que han azotado al país por décadas.

Al igual que en los casos anteriores, Participación Ciudadana solo solicita el apego al debido proceso. Nuestras expectativas se dirigen a la correcta actuación del sistema judicial y de todos sus actores, incluyendo el Ministerio Público y jueces, para que cumplan con su sagrado deber de hacer justicia sin importar banderías políticas, sin aceptar chantajes o presiones espurias, amparadas en el poder o el dinero que algunos grupos y personas han acumulado sustrayendo los recursos de este pueblo.

En tal sentido, rechazamos firmemente cualquier acción de alterar el orden público y crear situaciones peligrosas y vergonzosas como las ocurridas este 20 de marzo en las escalinatas del Palacio de Justicia del Distrito Nacional, que atentan contra la seguridad que debe rodear a cualquier proceso judicial. Hacemos un llamado al Partido de la Liberación Dominicana a que encamine sus inconformidades por la vía legal. Quienes están sometidos a la justicia tienen todas las herramientas que las sociedades democráticas garantizan para su defensa. Incluso sus partidarios tienen el derecho de protestar y aclarar los hechos, pero jamás con turbas que intenten vulnerar la seguridad de la ciudadanía, de los detenidos y de sus custodios y crear situaciones que alteren el orden y la gobernabilidad que ha construido este país con mucho esfuerzo.

Por décadas hemos luchado por el fin de la corrupción y la impunidad, este es el momento mas propicio para avanzar en ese gran objetivo nacional. Llamamos a todos los sectores, instituciones y personas que comparten este anhelo a que nos mantengamos unidos, firmes, dando seguimiento a los procesos en curso, respaldando a quienes están haciendo un buen trabajo y rechazando todo lo que pueda vulnerar el Estado de derecho y las aspiraciones de una patria democrática, libre de corrupción e impunidad.

Consejo Nacional

22 de marzo del 2023

El pasado 6 de marzo del 2023, la Oficina del Fiscal General de la Federación Rusa designó al movimiento Transparencia Internacional como una “organización indeseable”. Esta decisión abrupta e injustificada sobre el movimiento mundial anticorrupción y su Secretaría, que declara como agentes extranjeros a tales organizaciones de la sociedad civil en Rusia, hacen que el trabajo futuro en esa nación sea imposible y en tales circunstancias, la Junta de TI Rusia decidió el 16 de marzo de 2023, luego de 23 años ininterrumpidos, liquidar la organización autónoma sin fines de lucro Centro TI-R, fundada en el 1999.

Por otra parte, el 28 de febrero de 2023 el Ministerio Público de Guatemala abrió investigaciones contra varios periodistas y activistas, incluyendo Acción Ciudadana, capítulo de Transparencia Internacional en Guatemala, quienes han criticado al gobierno del presidente Alejandro Giammattei. Estas investigaciones son una persecución contra Acción Ciudadana y sus miembros, así como contra periodistas, investigadores, fiscales y exfiscales, algunos han sido encarcelados, amenazados y otros se han tenido que ir al exilio, en especial los que colaboraron con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Los agravios que han venido ocurriendo limitan las libertades democráticas, perjudicando el ejercicio de veeduría y control que Acción Ciudadana lleva a cabo y evidencian que se ha profundizado el cierre del espacio cívico y se busca, mediante la represión, acallar las voces de la sociedad civil y los defensores de la democracia

En cuanto al capítulo de Transparencia Internacional en Nicaragua, Fundación Grupo Cívico Ética y Transparencia, la Asamblea Nacional canceló su personería jurídica en marzo del 2022, no obstante haber renunciado hace más de un año a recibir ayuda internacional. A la fecha, el gobierno de Nicaragua ha cancelado más de 1,800 ONGs. En septiembre del 2022, fueron confiscados los bienes muebles e inmuebles del Grupo Cívico Ética y Transparencia y en su antigua sede fue colocado el denominado “Centro de Innovación y Tecnología Francisco Moreno” bajo la dirección de la Comisión Nacional de Economía Creativa dirigida por Camila Ortega, la hija del presidente Ortega.

Lo anterior forma parte de las acciones por parte del gobierno del presidente Ortega para socavar la libertad de asociación y expresión, tomando como base la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros aprobada en 2020 que busca controlar a las ONGs que reciben fondos del exterior.

EN ATENCIÓN A LOS EVENTOS MENCIONADOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA, movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, emite la siguiente resolución:

1. Externamos nuestra solidaridad con los capítulos de Transparencia Internacional de Rusia, Guatemala y Nicaragua. A todo su personal y sus voluntarios, que sepan que no están solos y sus voces se multiplican a través de la comunidad anticorrupción.
2. Creemos firmemente en la cooperación internacional para avanzar en la lucha contra la corrupción en todas sus formas. La integridad y el compromiso civil prevalecerán inevitablemente sobre el aislamiento y cualquier forma de abuso de los derechos humanos. Compartimos y seguiremos apoyando la visión de un mundo libre de corrupción e impunidad.

ASAMBLEA GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, el 19 de marzo del 2023, en Santo Domingo, capital de la República Dominicana.

Santo Domingo, República Dominicana. La Asamblea General de Participación Ciudadana reiteró su llamado a las fuerzas políticas del país y a la ciudadanía en general a comprometerse con el fortalecimiento del sistema democrático y prepararse para celebrar el próximo año unas elecciones ejemplares, que sean un orgullo para los dominicanos y dominicanas.

Indicaron que la recién promulgada Ley Electoral 20/23, lamentablemente, no ha llenado sus expectativas en cuanto a control de los gastos de campaña, transparencia de los partidos y candidatos, paridad de género y sanciones, entre otros avances por los que han luchado. “Pero eso no es obstáculo para que nos pongamos de acuerdo y dejemos atrás las viejas e insanas prácticas que por décadas han caracterizado la actividad político electoral”, puntualizaron.

Participación Ciudadana exhortó a los partidos políticos a respetar los plazos de campaña, evitar la corrupción y la excesiva propaganda gubernamental, mayor rendición de cuentas, lograr candidaturas con más equidad de género y que sean representativas de los mejores valores del país, para cuyo logro existe el marco jurídico y el apoyo ciudadano.

El movimiento cívico además señaló que, aunque el presidente Abinader no se ha pronunciado al respecto, todo parece indicar que se encamina a presentarse a la reelección. Está en su legítimo derecho, según la Constitución. Lo que sí les preocupa es que, para lograrlo, recurra a la vieja práctica del uso de recursos del Estado, factor que en el pasado ha hecho mucho daño y ha propiciado el desbordamiento de la corrupción. 

“Ya existe mucha publicidad estatal sin ningún propósito educativo, sólo la promoción de la figura presidencial. Por otro lado, se están repitiendo las viejas denuncias de todos los procesos electorales sobre compras de opositores, práctica deleznable que esperamos no se repita porque, además de ser un mal mensaje a la población, generalmente significa un compromiso oneroso de los recursos públicos”, puntualizaron en nota de prensa.

Otro factor que preocupa al movimiento cívico y sobre el cual llamaron la atención, es el contenido vacío del discurso de los partidos y posibles candidatos. Señalando que es una pena que, una vez más se desperdicie la oportunidad de educar en democracia, debatiendo los problemas nacionales en un ambiente que permita al electorado diferenciar propuestas y elegir en base a sus preferencias.

Las descalificaciones que dominan los discursos políticos, no aluden a principios y valores éticos, o a propuestas claras de solución a los problemas sociales y económicos. Por el contrario, se tratan de mensajes intrascendentes, poco comprometidos, excesivamente conservadores y carentes de contenido programático.     

Otro aspecto importante para la institución social es la pretensión de imponer las cuotas correspondientes a las mujeres sobre la base de una lista nacional, lo cual fue introducido en la nueva ley electoral, a sabiendas de que es, no solo injusto, sino también inconstitucional.

Recordemos que la Junta Central Electoral dictaminó que las cuotas de candidaturas de mujeres tenían que ser por demarcación electoral, como lo establecieron las sentencias 85-2019 y 91-2019 del Tribunal Superior Electoral, ratificadas posteriormente por la Sentencia TC/0104/20 del Tribunal Constitucional. Desde ahora advirtieron que la JCE está obligada a mantener su decisión anterior y cumplir con las decisiones de los tribunales Constitucional y Electoral.

Participación Ciudadana ya está preparada para iniciar su labor de incidencia en todo el proceso electoral, desde ahora hasta las elecciones del 2024, siempre con el propósito de contribuir a la construcción de una democracia fuerte, asentada sobre la base de los más elevados valores que sostienen la nación.

En este 2023, Participación Ciudadana dará seguimiento permanente y apoyo al Ministerio Público en todos los casos iniciados y pendientes para castigar la corrupción y erradicar la impunidad. Justo en medio de nuestra asamblea anual nos enteramos del inicio del proceso de sometimiento a la justicia de otro grupo de ex funcionarios y personas involucradas en el más grande caso de corrupción que se haya conocido en el país. El denominado Caso Calamar se suma a varios que ya cursan en los tribunales. Reiteramos nuestras expectativas de que, tal como lo está haciendo el Ministerio Publico, los tribunales se comporten a la altura que ameritan los tiempos y la corrupción sea al fin castigada en República Dominicana.

Sobre la Asamblea General Ordinaria de Participación Ciudadana 

Este domingo 19 de marzo Participación Ciudadana celebró su Asamblea General Ordinaria Anual, así como una extraordinaria que hizo modificaciones a los estatutos del movimiento cívico. Los integrantes de la organización cívica conocieron los informes del pasado año, así como los planes y presupuesto para el presente. Además, seleccionan a Álvaro Jose Caamaño Diaz como nuevo miembro del Consejo Nacional, quien se suma a Isidoro Santana, Miriam Diaz, Naomi Rodríguez, Nora Sánchez, Sarah Adalgisa Jorge, Danilsa Peña, Ramón Stalin Montero, y Claudia Álvarez, grupo que dirigirá la organización hasta marzo del 2024.

La presentación del informe anual del Consejo Nacional estuvo a cargo de Joseph Abreu, Coordinador General saliente, quien expuso en detalle todas las acciones realizadas entre marzo 2022 y 2023, así como la situación financiera y organizativa del movimiento cívico.

La Asamblea termino con la proclama del año, dedicada a los retos de este año preelectoral, así como un comunicado de apoyo a los capítulos de Transparencia Internacional de Rusia, Nicaragua y Guatemala que están siendo perseguidos por los gobiernos de esos países.

Reclaman protección para sus miembros y solicitan aprobar ley que fortalezca su rol

Santo Domingo, República Dominicana. Participación Ciudadana ha estado dando seguimiento a los trabajos que realiza la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, gracias a las demandas que contra cuatro de sus miembros han sido interpuestas ante el Tribunal Superior Administrativo, con la clara finalidad de frenar sus esfuerzos de investigación, sobre todo en el caso del Ministerio de Hacienda, que se encuentra en proceso de investigación por parte del Ministerio Público, y que desde ya se menciona como uno de los casos más grandes de corrupción en toda la historia de la República Dominicana, involucrando decenas de miles de millones de pesos.

La intención de detener los trabajos que realiza esta Unidad se revela claramente cuando se embargan las cuentas bancarias de sus investigadores y se le somete a todo tipo de presión judicial, pretendiendo rendirlos por la asfixia económica que provoca la inmovilización de sus ahorros y los gastos y honorarios que deberán emplear en su defensa, que esperamos estén siendo cubiertos por la Contraloría General de la República.

La Constitución de la República asigna a la Contraloría General de la República el rol de “rector del control interno”, debiendo ejercer “la fiscalización interna y la evaluación del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos”.

Al pasar todos los egresos públicos por las manos de la Contraloría General de la República, resultaba indispensable la creación de una unidad antifraude, como la que ya finalmente existe, y ahora queda pendiente darle la importancia que tiene, aumentando su personal especializado, pues actualmente ronda la exigua nómina de 20 personas para el volumen de información que deben analizar en su objetivo de identificar los fraudes y apoderar al Ministerio Público de los hallazgos, para que éste pueda cumplir su rol de investigación  y persecución con mayor eficacia, sometiendo a los responsables de estafar al Estado y desfalcar los recursos públicos.

Resultaría letal para los esfuerzos anticorrupción que se utilice el mecanismo de atacar personalmente a los funcionarios públicos que con valentía han decidido no detenerse en su responsabilidad de proteger los recursos públicos y exponer a los corruptos, tanto del sector público como del privado. Estos funcionarios merecen el respaldo de la sociedad, a la que convocamos a esos fines.

Durante la gestión pasada, pero sobre todo en el período de transición, para colmo recortado por la pandemia, hubo personeros que, en contubernio con funcionarios públicos, se dedicaron a identificar a todo aquel que había sido objeto de alguna expropiación por parte del Estado y no había sido pagado, para prometerle obtener el pago, siempre y cuando se despojaran de porcentajes que iban desde el 10% al 60%, y en algunos casos estos fondos fueron retenidos en su totalidad por los que servían de intermediarios en este mega fraude. Más de diez mil millones de pesos se pagaron bajo esas condiciones sólo en los 41 días del período de transición y no se sabe aún desde cuándo operaba esta mafia y a cuánto asciende el monto total defraudado.

El Estado dominicano, lamentablemente mal pagador, creó las condiciones para que, en una alianza público-privada, pero de criminales, se perjudicara dos veces a los que, en muchos casos, pero no en todos, eran legítimos acreedores del Estado, que primero sufrieron el paso de largos años sin recibir lo que se les debía, y, para colmo, al final tuvieron que aceptar unos descuentos groseros pero no para beneficio del Estado sino de aquellos que urdieron este fraude.

Muchos de estos pagos salieron del Ministerio de Hacienda sin cumplir los procesos administrativos correspondientes, posiblemente por la prisa ante el cambio de gobierno, levantando alertas que fueron ignoradas hasta que esta Unidad Antifraude detectó las irregularidades y rindió un informe que ha sido atacado judicialmente por lo peligroso que es para los responsables de estos hechos delictivos, pues revelaba incluso pagos multimillonarios a personas que hoy siguen viviendo en absoluta pobreza, lo que demuestra que el dinero fue desviado a los bolsillos de los corruptos.

Hasta ahora la información que existe proviene principalmente de los operadores de este sistema fraudulento, que, en su intento por callar a los investigadores, han elevado instancias a los tribunales, que permitieron llegar a algunos de los informes rendidos. Pero este caso, como otros, está siendo investigado por el Ministerio Público.

Participación Ciudadana, al igual que la sociedad, espera con paciencia que las investigaciones concluyan y se presente acusación contra los responsables señalados por las pruebas, y solo entonces se podrá conocer la dimensión de lo ocurrido y dejaremos de ver sólo la punta del iceberg.

Mientras tanto, debemos seguir fortaleciendo los órganos de control, tanto externos como internos, así como al Ministerio Público, con recursos indispensables para que estos órganos puedan tener equipos especializados, con uso de tecnología de punta, que permitan volver a tener la esperanza de que la lucha contra la corrupción y la impunidad sea cada vez más eficaz, y podamos realmente avanzar en el Índice de Percepción de la Corrupción que divulga cada año Transparencia Internacional.

7 de febrero del 2023

Santo Domingo, República Dominicana. Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista, presentó este martes los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción -IPC 2022 elaborado por Transparencia Internacional (TI).

En este documento dado a conocer hoy en Berlín, Transparencia Internacional establece que, por cuarto año consecutivo, los países de las Américas obtienen una puntuación media de 43 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción.

“La falta de medidas contundentes para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones públicas, facilita las actividades de la criminalidad organizada, debilita la democracia y los derechos humanos y amenaza el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). También propicia la violencia, el daño ambiental y la migración a lo largo del hemisferio”, afirmaron.

Según los resultados del IPC 2022, en el Caribe, la República Dominicana con una puntuación de 32/100 ha ganado cuatro puntos durante los dos últimos años como resultado de medidas que fortalecieron la independencia del Ministerio Público y otras entidades de control; reforzaron la transparencia en la contratación pública, además de la promulgación de la Ley de Extinción de dominio, un instrumento jurídico central para combatir la corrupción y el crimen organizado. En esta oportunidad el país sube al lugar 123 de 128 que obtuvo en el 2021.

“Sin embargo, la demora en los procesos judiciales ha impedido el avance en las condenas por actos de corrupción. Existe la inquietud entre la sociedad dominicana de que los tribunales no están a la altura de la gran demanda que existe en el país de avanzar en la lucha contra la corrupción y la criminalidad”, indicó el movimiento cívico en nota de prensa.

Desde el 2016, 27 de los 32 países de las Américas no muestran avances en la lucha contra la corrupción. A la cabeza del ranking regional se ubican Uruguay y Canadá,cada uno con una puntuación de 74, seguidos por Estados Unidos con 69. Mientras que Venezuela (14), Haití (17) y Nicaragua (19), son los países con los puntajes más bajos, donde resulta difícil trazar una línea clara entre las instituciones públicas y las redes criminales.

Los países del mundo con más alta puntuación en el IPC 2022 son Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Singapur, Suiza y Suecia, mientras los países con peor puntuación son Siria, Somalia, Sudán, Venezuela, Corea del Norte, Libia, Haití y Nicaragua, todos estos países con graves problemas de gobernabilidad democrática.

“Los resultados del IPC, tanto en las Américas como en el mundo, muestran que los sistemas democráticos que funcionan bien favorecen la transparencia y la rendición de cuentas”, afirma TI.  

El coordinador general de Participación Ciudadana, Joseph Abreu, indicó que la República Dominicana tiene el reto de continuar la lucha por la institucionalidad democrática, la transparencia y el fortalecimiento del sistema de justicia para poner fin a la impunidad.

Participación Ciudadana exhorta a las autoridades del Estado, en todos sus poderes, a incrementar los esfuerzos con el propósito de lograr que el país siga avanzando y en las próximas entregas del IPC, pueda superar la media regional.

El IPC realiza una clasificación de los países en la que va dando puntos desde 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de muy bajos niveles de corrupción) en función de la percepción de corrupción del sector público que tienen sus habitantes y de diferentes fuentes privadas y de especialistas.

CONSEJO NACIONAL

31 de enero del 2023

*En adjunto la metodología para el cálculo del Índice de Percepción de la Corrupción

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana, realizó este jueves el Foro Nacional: Por la Participación de la comunidad LGBTQI+ en los Procesos electorales, el cual tuvo como propósito analizar la realidad asociada a la invisibilidad y discriminación que vive la comunidad LGBTQI+ en los procesos electorales y la perspectiva de identificar acciones positivas y prácticas exitosas para lograr mayor participación, visibilidad e igualdad de condiciones.

En el Foro se profundizó las diversas   problemáticas que afectan a la comunidad LGBTQI+ y se compartieron experiencias exitosas de nuestra región, lo cual permitió a los/as asistentes conocer otras prácticas enriquecedoras que contribuyen a fortalecer y seguir trillando el camino de promover la participación en equidad, que es también defender el derecho que tenemos todas las personas.

La conferencia magistral de este foro, estuvo a cargo de Ana Irma Rivera Lassén, Senadora Puertorriqueña, abogada, activista feminista y defensora de los derechos humanos, quien señaló que el mundo de la política excluye de los espacios partidarios a la mujer y a la comunidad LGBTIQ+, ya que las estructuras están hechas para la no inclusión.

“Las mujeres tuvimos que hacer muchas luchas para lograr por ejemplo el derecho al voto, pero el derecho al voto no nos dio el derecho al poder político, porque el poder político es esencialmente masculino, y la estructura política es masculina, y está hecha para dejar fuera no solo a las mujeres, si no a todas las personas que no cumplan con el imaginario masculino”, puntualizó la Senadora Rivera.

Por su parte, la embajadora de Canadá Christine Laberge, expresó el compromiso de este país, a favor de iniciativas que garanticen y defiendan la participación y el respeto a los derechos humanos de todas las personas. 

Este foro se desarrolló en el marco del Proyecto: “Por el derecho, la participación política y el ejercicio en equidad de la comunidad LGBTQI+”, el cual se implementa con los Fondos Canadá para iniciativas locales.

También intervino en el evento vía Zoom, Marlon David Pabón, coordinador de Administración Pública y Transparencia, de la Misión de Observación Electoral -MOE-, quien abordó desde Colombia los retos y avances de la participación política y electoral de las personas LGBTQI+ en América Latina.

Bajo este contexto en los últimos años ha habido un activismo de esta comunidad por el reclamo de sus derechos a la participación política en los procesos electorales y por propuestas de candidaturas de personas que representan los intereses del colectivo. Según la Encuesta Nacional sobre personas LGBTI en el país, esta reveló que un 64% participó activamente en las elecciones presidenciales y 48% en las municipales del año 2020.

Para finalizar el foro, se realizó un panel con representantes de partidos políticos, donde se abordó la inclusión y la diversidad en estos espacios. El panel estuvo integrado por: Franiel Genao Nuñez, secretario general del Partido Opción Democrática, Francisca Peguero, Secretaria de Organización y pre candidata vicepresidencial del Movimiento Patria para Todos, Jairo Alexander Medrano, miembro de la Dirección Central del Partido Fuerza del Pueblo y Fidelia Rincón, secretaria de la Mujer del Partido Frente Amplio.

El evento contó con la participación de representantes de la Procuraduría General de la República, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD-, el Observatorio de Derechos Humanos para grupos vulnerables, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), los diversos colectivos de la comunidad LGBTQI+, las organizaciones de la sociedad civil, y los Partidos Políticos.

Jueves 19 de enero del 2023

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana, capítulo nacional de Transparencia Internacional, expresa su firme rechazo al artículo 27 del proyecto de modificación de la Ley Electoral aprobado el pasado viernes 23 por el Senado de la República. Se trata de una maniobra para inutilizar a la JCE, sometiéndola a una supervisión institucionalizada y permanente de los partidos políticos, sobre todas las decisiones y planes del órgano electoral, en violación a las facultades que le otorga el Artículo 212 de la Constitución de la República.  

Esta propuesta debe ser rechazada rotundamente por todos los sectores que abogan por el avance electoral y democrático en el país. De aprobarse lo propuesto por los senadores, los partidos políticos se convertirían en una especie de junta de directores que mensualmente, en los años electorales y cuatrimestralmente en los no electorales, supervisaría y tendría facultad para aprobar o rechazar, es decir, aplicaría censura previa a las decisiones del órgano responsable de la organización de las elecciones. Más aún, de acuerdo con la propuesta de los senadores, no sólo el pleno de la JCE estaría bajo la supervisión de los partidos, sino también las direcciones de elecciones, informática y voto en el exterior.  

Es realmente asombroso que los senadores pretendan que los partidos pasen a dirigir y supervisar los asuntos electorales, asegurándose de que solo pase lo que les conviene y de bloquear todo lo que los somete al orden. Adicionalmente, para debilitar más a la JCE, se eliminaría la facultad que tiene de dictar medidas cautelares, con lo cual se la ata de manos en su capacidad de actuar con presteza y evitar violaciones a la Ley.  

Participación Ciudadana expresa su decepción y desacuerdo con la propuesta aprobada por el Senado, con varios meses de retraso. Reclama al Partido Revolucionario Moderno, con mayoría en el Senado, así como a los partidos de oposición, honrar los compromisos asumidos con la sociedad dominicana en el orden de mejorar el régimen y la cultura electoral. Las propuestas de modificaciones al régimen electoral y de partidos se están discutiendo para avanzar hacia una democracia más desarrollada. En tal sentido, es inaceptable que el proyecto aprobado en el Senado deje de lado avances contenidos en la propuesta de modificación entregada por la JCE y que cuentan con amplio apoyo de la ciudadanía, tan importantes como los siguientes:   

Reducción de los topes de los gastos de campaña por partido y por candidatura. Los topes de gastos establecidos en la ley actual son muy altos, lo que da como resultado un proceso electoral extremadamente costoso, factor que ha sido relacionado con la corrupción y la penetración de dinero ilícito. La propuesta de la JCE plantea una escala de gastos más razonable y acorde con la economía del país. Naturalmente esta propuesta fue ignorada por los senadores.  

Reducción de los topes de las contribuciones individuales. Las contribucionesindividuales que pueden recibir los candidatos son muy altas, con lo cual, muchas de ellas adquieren el carácter de eventuales hipotecas del patrimonio público y penetración de dinero ilícito. El país daría un gran paso adelante disminuyendo esos altos montos que superan los establecidos en naciones ricas.  

Obligación de los candidatos de presentar informes de gastos. En nuestro país, la mayoría de las contribuciones son recibidas individualmente por los candidatos, sin obligación de dar cuenta de las mismas, ya que la Ley actual solo pide informes de los partidos y organizaciones políticas. Junto a las dos propuestas anteriores, los informes individuales conformarían un conjunto de medidas dirigidas a reducir la entrada de dinero ilícito, la inequidad, la corrupción y la impunidad. 

Avances y garantías en la paridad de género horizontal y vertical en las listas de candidatos y candidatas. El Senado desechóla propuesta presentada por la JCE que permite una mayor garantía de respeto al derecho de las mujeres y a la ruptura de la discriminación.  

Fórmula de repartición de escaños más democrática. Este fue otro paso de avance dejado de lado por los senadores. En especial, el país necesita mejorar la distribución de los escaños para diputaciones, ya que la actual se ha prestado para injusticias y conflictos.  

Sanciones a la violación de los topes y el incumplimiento a la presentación de informes. Al dejar estas violaciones fuera de los delitos electorales, el Senado no contribuye a que se avance en este sentido, ya que no implican consecuencias.  

En diversas ocasiones en estos dos últimos años, Participación Ciudadana ha establecido sus aspiraciones y propuestas de cambios en las leyes electorales. Apoyamos el proyecto de la JCE; participamos en el diálogo al interior del CES; visitamos a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados en búsqueda de un acuerdo para avanzar y recibimos promesas de que sería satisfecho el reclamo nacional de mejorar nuestro régimen electoral y de partidos. 

Participación Ciudadana solicita a la Cámara de Diputados corregir los graves errores y omisiones en el proyecto de modificación del régimen electoral. Las pasadas elecciones mostraron serias deficiencias en esta Ley y en la de partidos políticos. Es necesario que sean reformadas cuanto antes, con tiempo para ser aplicadas en el próximo proceso electoral, pero esa reforma debe ser para avanzar. En especial, llamamos la atención del presidente de la República, Luis Abinader y del liderazgo político para que conviertan en realidad sus promesas y pretensiones de contribuir a la democracia y el fortalecimiento institucional de la República Dominicana. 

CONSEJO NACIONAL 

Santo Domingo, República Dominicana – Participación Ciudadana junto a la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), con el auspicio del Gobierno de  los Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), presentaron este jueves los principales resultados del proyecto “Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia (PASJ)”, el cual desarrollaron en conjunto por 7 años y tuvo como objetivo aumentar el compromiso público de la sociedad civil para monitorear las políticas de seguridad ciudadana y prevención del delito.

El evento de cierre del proyecto PASJ contó con la participación del coordinador general de Participación Ciudadana, Joseph Abreu, el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños, el Ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, y la directora de la USAID, Rebecca Latorraca, quienes destacaron los aportes del proyecto PASJ al fortalecimiento de la transparencia, la institucionalidad, la justicia y la seguridad en el país.

Este proyecto fue implementado desde el año 2015 en el área geográfica denominada el “Corredor Duarte” que va desde Santo Domingo Norte, hasta Puerto Plata e incluye seis provincias: Monseñor Noel, La Vega, Espaillat, Santiago, San Francisco de Macorís, Puerto Plata, el Distrito Nacional en 18 barrios de la zona norte, y en los municipios de Higüey, la Romana y San Pedro de Macorís en la región Este.

El PASJ estuvo vinculado de manera privilegiada con coaliciones o redes existentes, apoyando la formación de nuevos espacios de articulación como la Coalición de la Sociedad Civil Contra la Trata de Personas, la Red Ciudadana por la Seguridad y la Justicia, y la Coalición Acción por la Justicia y la Seguridad.

Se trabajó de manera coordinada con instituciones del sistema de justicia, como el Poder Judicial, el Ministerio Público, Ministerio de Interior y Policía, la Policía Nacional y la Defensa Pública, así como con organismos vinculados a la seguridad ciudadana, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Este proyecto tuvo dos grandes componentes, entre ellos el de “Seguridad y Justicia” cuyo objetivo primordial fue el de contribuir al afianzamiento de las capacidades de la sociedad civil, destacando la participación activa de 689 organizaciones de la sociedad civil, en la que fueron capacitadas 9,569 personas en prevención del crimen y la violencia.

Además de la conformación de la Red Ciudadana por la Seguridad y la Justicia incorporada por más de 170 organizaciones, la creación de la Coalición de la Sociedad Civil Contra la Trata de Personas por 18 organizaciones y la Coalición Acción por la Justicia y la Seguridad.

Con el componente de “Transparencia y rendición de cuentas en la Planificación Territorial Dominicana”, se ejecutaron acciones en los municipios de Santiago, Las Terrenas, San Pedro de Macorís, Jarabacoa, Santo Domingo y el Distrito Nacional, además de las capacitaciones, y hackathons, se logró en 3 municipios la elaboración de sus planes de ordenamiento territorial.

Durante este período se incorporó el componente de Participación Cívica, en la que se realizaron encuentros con candidatos a la presidencia y a las alcaldías, se integró el acceso a las personas con discapacidad en la que se sistematizaron las experiencias y prácticas de 581 actores que se incorporaron a este proceso.

Dentro del marco del proyecto, los estudios e investigaciones fueron un gran aporte para el desarrollo de las acciones implementadas durante la ejecución del PASJ, donde se contó con 25 publicaciones vinculadas a la seguridad y la justicia que están disponibles en la página web de Participación Ciudadana.

El evento de cierre contó con la participación de representantes de organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, funcionarios públicos y autoridades internacionales, el cual fue realizado en el Hotel Jaragua.

Jueves 15 de diciembre

Santo Domingo, República Dominicana. Participación Ciudadana, Capítulo dominicano de Transparencia Internacional, presentó el balance del año 2022, señalando que este año estuvo marcado por importantes acciones que indican avances en el trabajo de los órganos de control interno del gasto público.

Se han observado lentitud de los procesos judiciales, junto a cuatro sentencias en casos de corrupción, que han creado la inquietud de que los tribunales dominicanos no estén a la altura del reclamo nacional de avanzar en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

También se mantiene el temor de la ciudadanía frente a la delincuencia, mientras son pocos los que se sienten seguros y confiados con el trabajo que realiza la policía.

En el factor económico, el país ha resistido los factores adversos internacionales, manteniendo un fuerte crecimiento con estabilidad.

Reformas Institucionales y Políticas

El final del año 2022 encuentra a la sociedad dominicana con un severo retraso en la aprobación de las reformas sometidas en el 2021 por el gobierno al Consejo Económico y Social -CES.
Participación Ciudadana expresa su preocupación por la falta de voluntad que muestra la dirigencia política y los legisladores frente a las necesarias reformas que requiere el país. Es una pena que, en vez de lograr acuerdos para avanzar en tantas reformas pendientes, que todo el mundo reconoce como necesarias, el 2022 se haya perdido en campaña política a destiempo, promociones personales, posiciones extremistas con relación a la migración haitiana, o en planteamientos contrarios a la institucionalidad, como lo fue el llamado a boicotear el censo nacional, una actividad obligatoria y necesaria, que no debe estar sujeta a proselitismo político.

Un ejemplo claro de esta situación lo constituye lo que ha pasado con las propuestas de reforma a las Leyes 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y 15-19 de Régimen Electoral. La Junta Central Electoral entregó al Congreso Nacional sendas propuestas de modificaciones a estas leyes, en abril del 2022.

A pesar de las promesas de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, el 2023 nos encontrará con las mismas leyes que mostraron una gran cantidad de debilidades y falencias en las pasadas elecciones. Nadie niega que esas leyes necesitan modificaciones para avanzar hacia una democracia más desarrollada, pero los principales partidos y sus representantes en el Congreso, prefieren dejar las cosas como están, mientras someten al país a una intensa campaña a destiempo.

Todo apunta hacia unas elecciones del 2024 con dos leyes ineficaces, campañas costosas y desbordadas, con mecanismos de control muy débiles y sanciones casi inexistentes a quienes violan la normativa.  El presidente Abinader y parte de su gobierno aparecen ya definitivamente en campaña, tal como muestra la publicidad desbordada del gobierno, centrada en el culto a la personalidad, como siempre se ha hecho. Los principales partidos de oposición ya están lanzados a las calles en una carrera sin frenos que no deja espacio para lograr acuerdos de reformas.

En resumen, el panorama político electoral apunta hacia la repetición de la misma cultura, concentrada en la descalificación, con discursos mesiánicos llenos de promesas vacías de contenido.

Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

El año 2022 estuvo marcado por importantes acciones que indican que estamos ante algunos avances en el trabajo de los órganos de control interno del gasto público, como lo son la Contraloría General de la República (CGRD), la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), el Ministerio de Administración Pública (MAP) y con mayor protagonismo, la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP). También se destacan avances en el trabajo del principal órgano de control externo, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) así como en las comisiones especiales del Congreso Nacional.

La cantidad de denuncias ante los órganos de control, realizadas por diferentes programas de investigación periodística, la sociedad civil, proveedores y ciudadanos afectados e interesados, apunta a un mayor nivel de confianza y esperanza en el régimen de consecuencias. A los casos ocurridos en el 2021, se sumaron en el presente año, la destitución o renuncia de varios funcionarios del gobierno, entre los que se destacan: el ex Ministro de Educación Roberto Fulcar; el ex director de INABIE Cecilio Rodríguez; el exsuperintendente de electricidad, Rafael Velasco; el ex ministro de la Presidencia Lizandro Macarrulla y la ex directora ejecutiva del CONANI Ana Cecilia Morun Solano.

En el presente año, PC denunció en varias ocasiones los intentos de minúsculos grupos que, mediante campañas en las redes y a través de algunos medios de comunicación, han pretendido detener las acciones que hemos enumerado, con el claro propósito de proteger a intereses particulares que se benefician de la ausencia de controles. Fueron notables los ataques a la Procuraduría General de la República, a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría General.

Luces y sombras en el Sector Justicia

Participación Ciudadana ha celebrado el importante avance en la lucha contra la corrupción que representó el nombramiento de personas independientes y bien preparadas al frente de la Procuraduría General de la República y algunas de sus principales dependencias, lo cual arrojó un balance muy positivo con el sometimiento a la justicia de extensos expedientes de corrupción. Sin embargo, en el 2022, este proceso se ha ralentizado, principalmente por la lentitud con que los tribunales han llevado las audiencias, con excesivo tiempo en las posposiciones.

Las mayores energías del Ministerio Público han estado dirigidas en este año al sostenimiento de los expedientes presentados y a enfrentar los intentos de evadir a la justicia por parte de imputados que cuentan con recursos más que suficientes para obstaculizar los procesos.

Sin embargo, cuatro sentencias en casos de corrupción han creado la inquietud de que los tribunales dominicanos no estén a la altura del reclamo nacional de avanzar en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Nos referimos a los casos de ODEBRECHT; el de los aviones tucanos; el del barrio Los Tres Brazos; el caso de la OMSA, en el que solo se condenó el asesinato del abogado Juniol Ramírez. 

Un importante avance en el 2022 fue la aprobación y promulgación de la Ley de Extinción de Dominio.

El tema haitiano.

Participación Ciudadana ha sostenido la posición de respaldar el derecho del Estado dominicano de cumplir la normativa vigente con respecto a las políticas de control y regulación migratoria.

En el 2022, la situación de Haití se agravó enormemente, lo cual es un motivo de gran preocupación para el pueblo dominicano, sobre todo porque la comunidad internacional es poco lo que está haciendo para ayudar a nuestros vecinos a recuperar la gobernabilidad perdida. Sin embargo, entendemos que, aun en las peores circunstancias, el país no debe permitir que ninguno de los agentes involucrados en esta problemática, incurra en actuaciones arbitrarias, violentas, violatorias a los derechos humanos, que afecten a los inmigrantes haitianos, ni mucho menos a dominicanos de origen haitiano o a humildes ciudadanos que, en algunos casos, son confundidos en las redadas, detenidos y sometidos a vejaciones y extorsión, antes de ser puestos en libertad.

Los derechos humanos y la reforma policial

Este es un tema que ha dominado la opinión pública en el 2022, un problema recurrente en las últimas décadas y, aunque las estadísticas oficiales indican una baja en la tasa de homicidios, la cantidad de crímenes, asaltos y delitos es suficiente para mantener a la ciudadanía en un ambiente de temor.

Son pocos los que se sienten seguros y confiados con el trabajo que realiza la policía.  El gobierno ha iniciado una reforma policial, pero los resultados todavía no se ven, la policía sigue presentando comportamientos arbitrarios y represivos frente a la ciudadanía, actuaciones violatorias a los derechos humanos que a la vez han demostrado ser ineficaces frente a la delincuencia callejera. De igual manera, los feminicidios siguen creando consternación en la sociedad dominicana.

El Desempeño Económico en 2022

Por segunda vez en los últimos tres años, la economía dominicana ha sido víctima de eventos originados en el exterior, pero ha resistido la prueba relativamente bien, en comparación con la mayoría de sus pares de América Latina y el Caribe. El país ha exhibido un notable crecimiento con estabilidad en el 2022, esperándose que cierre alrededor del 5%, en un contexto en el cual la economía mundial solo crece 3.2% y la de EUA 1.6%.

El crecimiento se ha visto favorecido por la fuerte contribución de los sectores: turismo, salud, servicios, administración pública, zonas francas, comercio y finanzas. El empleo se sigue recuperando, pues la población ocupada superó los 4.7 millones, aunque más de la mitad se ubica en actividades informales. Según la Tesorería de la Seguridad Social, la nómina pública se incrementó en 13.2%, al pasar de 636,956 en septiembre del 2021 a 720, 831 en igual mes de 2022.

La inflación alcanzó el 8.24% anual a octubre, pero es fundamentalmente importada. Se ha mantenido relativamente controlada principalmente por tres razones: una es que el gobierno ha decidido mantener subsidiados la energía y los combustibles; la segunda es que el Banco Central, con la subida de los intereses, ha provocado una fuerte contracción monetaria; y la tercera, que la tasa de cambio se ha revaluado, gracias a las remesas y las fuertes entradas de capitales por endeudamiento público y privado.

Preocupa la elevación de las tasas de interés internacional, por sus repercusiones en el servicio de la deuda pública, y el acceso al financiamiento presupuestario. Entre el agravamiento del desequilibrio externo y la no reducción del déficit fiscal, un entorno internacional desfavorable y las más altas tasas de interés tienden a elevar el nivel de riesgo de la deuda para los países latinoamericanos, incluyendo la República Dominicana, lo que encarecerá los nuevos financiamientos.

El fortalecimiento de la gestión de las finanzas públicas y consolidación de la sostenibilidad macroeconómica, junto a mejoras significativas en el funcionamiento de las instituciones, son condiciones necesarias para disminuir la vulnerabilidad del país a cambios en el entorno internacional y lograr avanzar a un mayor nivel de desarrollo.

El panorama que presenta el inicio del 2023 está lleno de desafíos, abundan los presagios de un agravamiento de la economía mundial, lo cual es muy probable que nos afecte. Frente a esto, Participación Ciudadana apuesta a la fortaleza del pueblo dominicano que ha demostrado capacidades para salir adelante en las peores circunstancias. Ojalá que nuestros gobernantes y el liderazgo político en general, sepa comportarse a la altura de estos delicados momentos, fortaleciendo la democracia, contribuyendo a un clima de entendimiento y compromiso con los mejores intereses de la nación.

CONSEJO NACIONAL

14 de diciembre del 2022

Santo Domingo, República Dominicana. En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la corrupción, Participación Ciudadana, Capítulo dominicano de Transparencia Internacional, otorgó el “Reconocimiento a la Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2022” a los magistrados Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho.

En esta ocasión, indicaron que reconocen a dos personas claves, en la más reciente cruzada contra la corrupción administrativa en el país, haciendo extensivo este reconocimiento a todo el equipo de fiscales y colaboradores que acompañan a los magistrados y hacen posible esta lucha y los avances que se han presenciado en materia de persecución de la corrupción y el crimen.  Todos ellos, bajo el liderazgo de la magistrada Miriam German Brito, Procuradora General de la República Dominicana, a quién ya fue entregado este reconocimiento en el año 2016. 

Joseph Abreu, coordinador general de Participación Ciudadana, expresó que el trabajo de los magistrados, y sus equipos, le han devuelto la confianza al pueblo dominicano y la esperanza de tener y ver actuar a un órgano persecutor independiente, que no teme a los poderes fácticos que históricamente se han creído por encima de las leyes. Donde han redireccionado la lucha contra la corrupción y, además, indicó que lo han logrado con un trabajo tesonero e íntegro, valor que toda la sociedad reconoce y que ha influido en que el país comience a tener mejor imagen internacional.

“Este reconocimiento, esperamos que sea visto por los magistrados y sus equipos, no sólo como un premio por la labor cumplida, porque aún falta mucho por hacer, sino como un faro que les alumbra en el camino correcto, el que motivamos a seguir, con la determinación que hasta ahora han mostrado y con la certeza de que nosotros, y la sociedad en general, los estamos acompañando en la lucha y tenemos la esperanza de ver saciada nuestra sed de justicia, un derecho que tanto se la ha negado a este pueblo”, expresó Abreu.

El coordinador de Participación Ciudadana, aprovechó la ocasión para apoyar la propuesta presidencial de crear un Ministerio de Justicia que descargue al Ministerio Público de las actividades que le roban tiempo y recursos, los cuales debe dedicar a la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad.

Por su parte, Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), expresó que la corrupción pública es un delito que corroe, destruye y drena el patrimonio de una nación desde los cimientos mismos del Estado, afectando el desarrollo económico, social y el bienestar de los pueblos.

“Una cosa es segura, la historia nos ha de evaluar a todos. Cuando eso suceda, cuanto la historia pase balance, desde el Ministerio Público procuraremos tener la conciencia tranquila y la satisfacción del deber cumplido”, concluyó Camacho.

Por su parte, Yeni Berenice Reynoso, expresó que ante los diferentes retos que tienen adelante, el Ministerio Público tiene un fuerte equipo de investigación, que parte de la realidad que en la República Dominicana se debe sobreprobar las imputaciones. 

Participación Ciudadana entrega el Reconocimiento a la Integridad y Lucha Contra la Corrupción cada año desde el 2009, con el propósito de destacar los esfuerzos realizados por la población que combate este fenómeno que tanto daña el cuerpo social y el alma ciudadana; con el interés fundamental de estimular a las personas que dedican esfuerzos extraordinarios a luchar por la transparencia en la gestión pública y el combate a las diferentes manifestaciones de corrupción.

09 de diciembre del 2022