La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI), presentó al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) una matriz de evaluación útil para calificar a todos las personas propuestas o postulantes tanto a la Procuraduría General de la República (PGR) como a la Suprema Corte de Justicia, al Tribunal Superior Electoral y al Tribunal Constitucional, como una herramienta que podría satisfacer las expectativas adecuadas al perfil de cada cargo.

El baremo propuesto está compuesto por 2 categorías: Desempeño profesional y perspectiva jurídico-administrativa, describiendo en detalle cada uno de ellos y estableciendo una ponderación máxima del 100%, dependiendo de cada caso. 

Respecto del desempeño profesional, se sugiere valorar su experiencia, medible mediante indicadores sobre nivel de cargos previos, período del desempeño profesional (público o privado) y su trayectoria jurídica destacada.  Asimismo, valorar su formación académica, sus conocimientos en materia de derecho y administración de justicia. Asimismo, su experiencia docente y aportes a la academia.

Los indicadores más importantes que sugiere ROI para un perfil idóneo son los de independencia, imparcialidad y conciencia ética, haciendo énfasis en que el CNM debe garantizar que las personas electas estén al servicio de las personas usuarias del sistema, sin procurar  intereses particulares o sectoriales, y que cuenten con reputación correcta, conocida públicamente, como características fundamentales para constituir legitimidad.

Se recuerda que, según las declaraciones de la secretaría del CNM, magistrada Nancy Salcedo, en la sesión celebrada el pasado 14 de febrero, fueron consideradas las observaciones realizadas por ROI al proyecto de reglamento de aplicación de la Ley 1-25 que modifica la Ley No. 138-11 del CNM.  Este documento fue sometido a Consulta Pública en su totalidad, a pesar que luego de aprobado el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo informó que sólo se tomarían en consideración las observaciones relativas a las modificaciones producto de la reforma constitucional y legal. La red sugiere reconsiderar esta postura, considerando que el reglamento anterior nunca se aplicó ya que entraba en vigencia en enero de 2024 y, además, tiene mucha oportunidad de adecuación a los principios constitucionales y democráticos. 

Al día de hoy, el reglamento aprobado no ha sido publicado en ninguna de las plataformas digitales, lo mismo que las actas de las reuniones del CNM celebradas en ocasión de esta nueva convocatoria, por lo que reitera la necesidad de fortalecer la publicidad y acceso a la información, enfatizando su profunda preocupación por la demora en la divulgación de los documentos oficiales.

Asimismo, ROI valora la posibilidad de que se celebren vistas públicas previo a la confirmación de las personas que ocuparán los puestos en la PGR.

Las observaciones presentadas por ROI el 12 de febrero de 2022 y la matriz de evaluación están disponibles en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1VTae-RLwLo9l_zwOt3gMAdsgyYqCX6z_?usp=sharing

ROI es una red que reúne instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, como son el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Participación Ciudadana (PC), la Fundación Friedrich Ebert (FES), Foro Ciudadano y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), dada a conocer en octubre de 2023.

Sobre ROI Altas Cortes

La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI-Altas Cortes) es una iniciativa conformada por organizaciones de la sociedad civil y la academia, creada con el objetivo de supervisar y vigilar los procesos de selección de jueces y juezas de las Altas Cortes en la República Dominicana. Su propósito es asegurar que estos procesos se lleven a cabo con transparencia, equidad e imparcialidad, y que estén alineados con el fortalecimiento institucional y el Estado Social, Democrático y de Derecho.

La ROI está conformada por organizaciones de la sociedad civil y entidades académicas, entre ellas: Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF); Participación Ciudadana (PC); Fundación Friedrich Ebert (FES); Foro Ciudadano y el Decanato de Ciencias Sociales y Humanidades del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

Miércoles 19 de febrero de 2025

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) publicado por Transparencia Internacional revela que la mayoría de los países han avanzado poco o nada en la lucha contra la corrupción en el sector público en más de una década.

La República Dominicana avanzó ligeramente, al alcanzar 36 puntos y ocupar el puesto 104, la puntuación más alta desde que está participando en el IPC, mientras en  el 2020 había obtenido la más baja, con 28 puntos y el puesto 136.

Participación Ciudadana considera que, aunque el país ha avanzado en este índice, todavía no hay mucho que celebrar. Para que sigamos aumentando la confianza es necesario enviar mensajes muy claros de que estos avances no son vulnerables, sino que se asientan en instituciones públicas transparentes y honestas, mayor control del gasto público, acciones rápidas contra los funcionarios que se involucren en faltas éticas y, sobre todo, que la justicia actúe con presteza y eficacia contra todos aquellos a quienes se le demuestre actos de corrupción.

Este año el IPC hace énfasis en los riesgos de corrupción ante la crisis climática. De acuerdo con el Mapeo del flujo de las finanzas para proyectos de cambio climático, desarrollado a través del Proyecto de Gobernanza e Integridad Climática Financiera, auspiciado por Transparencia Internacional y Waverley Street Foundation, República Dominicana ha recibido financiamiento para cambio climático por más de 22,000 millones de pesos de fondos internacionales entre 2014 y 2023.

Estos recursos están destinados a proyectos que buscan reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático, fomentar un desarrollo sostenible y representan una oportunidad crucial para combatir los efectos de este fenómeno que afecta directamente a las comunidades más vulnerables.

Según el Atlas de la Corrupción en el Clima lanzado por Transparencia Internacional no se muestra ningún caso de corrupción en la RD relacionados con éstos fondos. Sin embargo, esto no significa que no existan riesgos de transparencia en la rendición de cuentas de dicho financiamiento tal como aparece en los hallazgos del estudio realizado por PC. 

República Dominicana con relación a América Latina y el mundo

En su informe, Transparencia Internacional afirma que “en la última década, 24 países han mejorado significativamente sus puntuaciones en el índice y ahora se consideran menos corruptos que en 2015. Entre los que lograron avances significativos en su capacidad para controlar la corrupción en el sector público son Costa de Marfil (45), República Dominicana (36), Kosovo (44), Kuwait (46), Maldivas (38), Moldavia (43) y Zambia (39).”

Sin embargo, TI destaca que más de 120 países cubiertos por el IPC, o más de dos tercios de la muestra, todavía obtienen una puntuación por debajo del punto medio de la escala (50 sobre 100). El promedio mundial del IPC es de 43 y más de la mitad de los países (56%) se sitúan por debajo de él.

En Las Américas, con 32 países en la muestra, República Dominicana ocupa la posición 15, por encima de Brasil, Panamá, Ecuador, Perú, El Salvador, Bolivia, México, Guatemala, Paraguay, Honduras, Haití Nicaragua y Venezuela, en ese mismo orden. El promedio de la región es de 42 puntos, el mundial es 43.

Por séptimo año consecutivo, Dinamarca obtiene la puntuación más alta en el índice (90) y le siguen de cerca Finlandia (88) y Singapur (84). Mientras tanto, más de una cuarta parte de los países de la muestra (47 de 180) obtuvieron su puntuación más baja hasta ahora en el índice, entre los que se destacan: Suiza (81), Alemania (75), Austria (67), Francia (67), Estados Unidos (65) Cuba (41), Hungría (41), Brasil (34).

¿Cómo se obtiene el IPC?

El IPC puntúa a 180 países y territorios de todo el mundo en función de las percepciones de la corrupción en el sector público. Las puntuaciones reflejan las opiniones de los expertos y las encuestas de los empresarios, no del público. Los capítulos nacionales no intervienen en la elaboración del IPC.

El IPC se calcula utilizando datos de 13 fuentes externas, entre ellas el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, empresas privadas de riesgo y consultoría, grupos de expertos y otros.

El IPC utiliza una escala de 0 a 100; 100 es muy limpio y 0 es muy corrupto.

Percepción de la corrupción en Las Americas, 2024

Histórico del IPC de la República Dominicana

• Cambio de metodología

11 de febrero del 2025

La reciente sentencia No. TC-0788/2024 dictada por el Tribunal Constitucional (TC) el 13 de diciembre de 2024, habilita el concepto de candidatura independiente, establecido en nuestra legislación desde 1923, mediante una figura jurídica que crea agrupaciones cívicas o sociales de ciudadanos, pero sin regulación alguna, al señalar que serán espontáneas y sin ningún requisito previo para su inscripción. Esta decisión genera una desigualdad con respecto a todas las demás personas morales que operan en nuestro país, incluyendo los partidos, movimientos y agrupaciones políticas, todos sujetas a un régimen legal específico.

Esta decisión del TC ha creado un debate sobre si el TC fue más allá de su competencia, entrando en un terreno que corresponde constitucionalmente al Congreso Nacional, como es la regulación por ley orgánica de los derechos fundamentales. Preocupa que, mientras las decisiones del Poder Legislativo, de los tribunales y del Poder Ejecutivo son recurribles ante el TC, las decisiones de este último son finales y vinculantes y solo pueden ser modificadas por el propio TC, que es un órgano con una legitimidad social menor que los poderes legislativo y ejecutivo.

Alrededor de las candidaturas independientes existen varios elementos a tomar en cuenta como, evitar un trato privilegiado en comparación con las candidaturas de los partidos políticos. El requisito creado por la sentencia comentada, de que para que una candidatura independiente pueda ser aceptada deberá reunir el apoyo de electores que representen por lo menos un 2% del total de votos válidos emitidos en las últimas elecciones en la demarcación electoral en la que competirá, puede ayudar a evitar inscripciones masivas de candidaturas, pero a su vez genera el riesgo de que estas candidaturas solo puedan ser perseguidas por personas con abundancia de recursos económicos, especialmente aquellas que manejan dinero sucio. Muchos otros aspectos relativos a la presentación, elección y sustitución en caso de ser necesario, deberán ser establecidos en la legislación.

Otro tema no resuelto y que perjudica la presencia eficaz de candidaturas independientes es que no tendrían acceso a financiamiento público, generando una desigualdad inexcusable con los candidatos de los partidos políticos.

Como movimiento cívico, Participación Ciudadana promueve la participación de la ciudadanía en los procesos electorales, sea a través de los partidos, movimientos o agrupaciones políticas o de candidaturas independientes, pero entendemos que todo mecanismo de acceso al poder debe contar con la debida regulación, para asegurar que tales procesos sean administrados de manera eficiente y contribuyan a mejorar y fortalecer la democracia.

Entendemos que la forma apropiada para hacer factibles las candidaturas independientes es a través de la aprobación de una ley orgánica que las regule, por lo que proponemos que la Junta Central Electoral, utilizando su facultad constitucional de iniciativa en la formulación de leyes, redacte un proyecto de ley en esta dirección y lo someta al Congreso Nacional, previa consulta con los partidos políticos y la ciudadanía.

CONSEJO NACIONAL
21 de enero del 2025

Santo Domingo, República Dominicana. La República Dominicana ha sido seleccionada como sede de la 22ª edición de la Conferencia Internacional de Anticorrupción (IACC), el foro global más importante para abordar los desafíos de la corrupción y proponer soluciones innovadoras. Este evento, organizado por Transparencia Internacional y el Consejo de la IACC, reunirá en 2026 a líderes mundiales, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, activistas y periodistas de más de 140 países.

Participación Ciudadana, como capítulo dominicano de Transparencia Internacional, celebra esta noticia y reafirma su compromiso de acompañar las iniciativas que surjan de este importante evento. Este momento marca una oportunidad única para promover la rendición de cuentas y reforzar la lucha contra la corrupción en el ámbito local e internacional.

Desde 1983, la IACC ha sido un espacio clave para el intercambio de ideas y la acción colectiva contra la corrupción. En su edición más reciente, realizada en Vilna, Lituania, participaron más de 2,000 personas, abordando temas como crímenes climáticos, retroceso democrático y falta de confianza en la gobernanza pública.

Daniel Eriksson, CEO de Transparencia Internacional, resaltó: "Espero conocer más sobre los avances de República Dominicana en la protección del espacio cívico y la libertad de prensa. Estos temas son esenciales en la lucha contra la corrupción y deben ocupar un lugar central en la agenda de esta conferencia."

El anuncio oficial fue realizado por el presidente dominicano Luis Abinader, quien destacó la importancia de este evento para fortalecer la transparencia en el país. En el acto estuvo presente el director de la IACC, Roberto Pérez Rocha, quien enfatizó el papel de la República Dominicana como anfitrión.

El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana, capítulo nacional de Transparencia Internacional, presenta al país el primero de una serie de informes en los que analiza la situación en el sistema judicial de cuatro casos de corrupción administrativa que, por sus características y gravedad de los hechos denunciados, han sido calificados de emblemáticos y sobre los cuales el país merece y espera decisiones de fondo que condenen o absuelvan a los imputados sobre la base de las pruebas presentadas. 

En los últimos meses el país ha recibido con estupor las noticias relativas a importantes casos de corrupción que han sido extinguidos y otros absueltos por insuficiencia de pruebas, de acuerdo a diferentes tribunales. Estos casos tienen en común el haber sido instrumentados en una gestión ampliamente cuestionada, encabezada por el anterior procurador general y hoy imputado Jean Alan Rodríguez. No es, por tanto, sorprendente que aquellos graves delitos hayan quedado en la impunidad.

Los expedientes que analizamos en este informe, presentados en la actual gestión del Ministerio Público, además de los enormes montos y la gran cantidad de involucrados, presentan miles de pruebas y testigos que merecen ser conocidos en los tribunales de manera oportuna, poniendo fin a una larga historia de impunidades.

Los casos que serán objeto de este y subsiguientes informes son:  Antipulpo; Coral y Coral 5 G; Medusa y Calamar. Desde sus inicios, Participación Ciudadana ha dado seguimiento a estos expedientes judiciales. 

La decisión de emitir informes detallados sobre la marcha en los tribunales se debe al peligro de que, a pesar de la gravedad de los hechos imputados y debido a las dilaciones que presentan los mismos, puedan terminar en la extinción de la acción penal, por la llegada del plazo de duración máxima del proceso sin una decisión sobre el fondo. 

Participación Ciudadana entiende que estos importantes casos de corrupción avanzan muy lentamente, caracterizados por innumerables incidentes y exceso de permisividad, como la de obligar a la lectura íntegra del expediente en la audiencia preliminar. Todavía, con una buena administración de los procesos, los tribunales tienen la oportunidad de impartir justicia, imponiendo el interés supremo de la sociedad, de que el sistema de justicia deje de ser burlado por quienes tienen recursos y poder para imponerse.  

En el documento, presentamos los datos básicos del avance procesal de los casos y el estado en que se encuentran en estos momentos. Descárgalo aquí.