Transparencia Internacional considera que los gobiernos y las organizaciones de sociedad civil reunidas en la VIII Cumbre de las Américas deben aprovechar esta oportunidad para generar consensos y recomendaciones sobre las áreas estratégicas que realmente contribuyan a atacar la raíz de la corrupción.

Los recientes escándalos en la región, principalmente el caso develado por la operación “Lava Jato”, que expuso la actividad criminal de un cártel de empresas constructoras brasileras que operaba en gran parte de América, entre las cuales destaca Odebrecht, confirman que las áreas estratégicas para combatir la corrupción son: financiamiento de partidos y campañas, compras y contrataciones públicas y sistema de justicia. Asimismo, los componte transversales de cada una de estas áreas son el derecho de acceso a la información, la rendición de cuentas de calidad y la participación ciudadana efectiva.

Las propuestas concretas de los capítulos de Transparencia Internacional de América Latina y el Caribe para la VIII Cumbre de las Américas son:

1. Financiamiento de partidos y campañas:

1.1. Control del Estado: a) asignar la función de control de todos los recursos públicos y privados en efectivo y especies de los partidos y campañas en una institución específica, autónoma e independiente (sin limitar la capacidad de coordinación interinstitucional); b) crear dentro de esa institución una unidad especializada, c) asignarle a esa unidad funciones de revisión, verificación y auditoria; d) dotarla con los recursos materiales, humanos y tecnológicos necesarios; y e) fortalecer la capacidad estatal de prevenir, sancionar y erradicar el financiamiento proveniente de fuentes ilegales.

1.2. Rendición de cuentas a cargo de los partidos: a) establecer la obligación de bancarizar todos los ingresos de los partidos y campañas; b) establecer mecanismos obligatorios complementarios para garantizar el registro de todos los ingresos y egresos (incluyendo los recursos en especies) de los partidos y campañas (recibos certificados, declaración de origen de fondos, comprobantes de pago, certificados de compra o adquisición); c) instaurar sistemas obligatorios de administración y control interno de todos los recursos (unidad especializada responsable, manuales y sistemas contables); d) instituir la obligación de presentar informes financieros integrados y abiertos a la ciudadanía (previos y posteriores a las elecciones); y e) establecer o fortalecer los sistemas electrónicos abiertos de presentación de informes y rendición de cuentas de los partidos.

1.3. Acceso a la información y participación ciudadana: a) establecer obligaciones y mecanismos para garantizar la máxima publicidad de toda la información sobre el financiamiento; b) establecer normas e instrumentos para garantizar el acceso y monitoreo ciudadano de toda la información sobre financiamiento; c) eliminar el secreto bancario y fiscal de las finanzas de los partidos y campañas; d) establecer la obligación de que las personas jurídicas que financien partidos y campañas brinden información a las autoridades y al público en general sobre las personas naturales que las controlan y reciben beneficios de ellas; y e) crear bases de datos abiertas con la información pública de todos los donantes de los partidos y campañas, es decir, personas jurídicas y las personas naturales que las controlan, así como personas individuales

1.4. Limitación del gasto de campaña: a) instaurar límites de duración de campañas, b) establecer límites de gastos de campaña, y c) crear límites y controles específicos de los disparadores del gasto.

1.5. Prohibición del uso indebido de recursos públicos: a) prohibir la publicidad de asuntos estatales durante la campaña; b) prohibir la contratación de bienes y servicios públicos durante la campaña; c) prohibir el proselitismo desde cargos públicos; d) prohibir la entrega de beneficios o ingreso a programas sociales durante la campaña; y e) establecer la separación obligatoria del cargo de aquellos funcionarios públicos que sea precandidatos y candidatos.

1.6. Sanciones: a) establecer sanciones administrativas y penales efectivas, proporcionales y disuasivas de todas las conductas (acciones y omisiones) que transgredan las reglas (prohibiciones y obligaciones) del sistema de financiamiento imputables a personas individuales (dirigentes de partidos y funcionarios públicos) y colectivas (partidos e instituciones públicas); b) establecer las autoridades competentes en materia administrativa y penal y las reglas procesales necesarias para que el Estado en general garantice la aplicación efectiva de las sanciones; y c) fortalecer los mecanismos de protección de denunciantes especialmente para quienes denuncian financiamiento de fuentes ilegales.

2. Compras y contrataciones públicas:

2.1. Control del Estado: a) fortalecer los órganos de control gubernamental independientes garantizando su autonomía y dotándolos de los recursos materiales, humanos y tecnológicos necesarios; b) fortalecer las unidades internas de control de todas las instituciones que procesan compras y contrataciones públicas; c) asignar a las unidades internas las competencias y los recursos materiales, humanos y tecnológicos necesarios; d) crear mecanismos para garantizar un control interno eficaz (asignación de cada fase a equipos distintos y rotación de funcionarios); e) crear un sistema de precalificación que establezca criterios de integridad que las empresas deben cumplir para participar en los proceso de compras y contrataciones; y f) establecer la obligación de comparar y analizar la información pública contenida en las bases de datos de financistas de partidos y las de contratistas estatales y publicar los resultados periódicamente.

2.2. Rendición de cuentas: a) instituir la obligación de detectar, prevenir y resolver los conflictos de intereses de los funcionarios involucrados en todas las fases de los procesos de compras y contrataciones; b) fortalecer los sistemas de declaración y evaluación patrimonial de los funcionarios involucrados en todas las fases de los procesos de compras y contrataciones; c) establecer cláusulas anticorrupción en los contratos y mecanismos efectivos para su cumplimento; d) crear o fortalecer mecanismos de apelación robustos, independientes y efectivos para los oferentes en cualquier fase del proceso; y e) crear o fortalecer mecanismos adecuados y eficientes de defensa para las instituciones públicas que permitan resolver las apelaciones de forma oportuna y justa.

2.3. Acceso a la información: a) garantizar la publicidad y acceso a toda la información de las fases de los procesos de compras y contrataciones (desde la planificación hasta la evaluación) en formatos inteligibles; b) prohibir cláusulas de confidencialidad en los contratos, salvo excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico nacional, justificadas, limitadas y públicas; c) instaurar o fortalecer los sistemas electrónicos de compras y contrataciones públicas y garantizar su uso en todos los niveles del Estado; (nacional, federal, departamental o provincial y local o municipal); d) garantizar la publicación de las declaraciones de intereses y patrimonio de los funcionarios involucrados en todas las fases de los procesos de compras y contrataciones; y e) establecer la obligación de que las personas jurídicas que compitan en los procesos de compras y contrataciones brinden información a las autoridades y al público en general sobre las personas naturales que las controlan y reciben beneficios de ellas.

2.4. Participación ciudadana: a) instituir mecanismos de consulta y monitoreo ciudadano eficientes, formales y obligatorios previa, durante y posteriormente a la celebración de los contratos; y b) establecer la obligación de las autoridades públicas de responder a las conclusiones y recomendaciones derivadas de las consultas y el monitoreo ciudadano.

2.5. Sanciones: a) establecer sanciones administrativas y penales efectivas, proporcionales y disuasivas de todas las conductas (acciones y omisiones) que transgredan las reglas (prohibiciones y obligaciones) y malas prácticas (colusión, fraccionamiento de compras u obras, tráfico de influencia, acceso a información privilegiada, entre otras) en los procesos de compras y contrataciones imputables a personas individuales (empresario y funcionarios) y colectivas (empresas e instituciones); b) garantizar la aplicación efectiva de las sanciones mediante el fortalecimiento institucional y el perfeccionamiento del marco legal procesal en materia administrativa y penal.

3. Sistemas de justicia

3.1. Consolidar la independencia de las instituciones del sistema de justicia: a) crear procesos transparentes, competitivos y objetivos de selección de todos los funcionarios del sistema de justicia; b) establecer sanciones contra la injerencia en los procesos de selección de los funcionarios del sistema; c) fortalecer los sistemas de carrera judicial, fiscal y de defensores públicos transparentes, competitivos y objetivos; y d) asignar los recursos materiales, humanos y tecnológicos necesarios.

3.2. Cooperación internacional: a) promover la ratificación de los instrumentos internacionales sobre cooperación internacional anticorrupción, así como facilitar su implementación, promoviendo los mecanismos institucionales necesarios para su eficaz actuación; b) mejorar los ordenamientos jurídicos, innovando y actualizando los instrumentos normativos nacionales e internacionales existentes, así como armonizando la legislación de carácter sustantivo; c) fortalecer los equipos nacionales de las entidades a cargo de la investigación de la corrupción, dotándoles de los suficientes recursos económicos, humanos y tecnológicos; d) avanzar hacia la cooperación directa, sin intermediarios, entre los responsables de la investigación de casos de corrupción mediante la realización de encuentros periódicos y el fortalecimiento de las redes especializadas de las autoridades competentes, así como la creación de centros de coordinación regional o equipos internacionales de investigación que permitan atender casos transnacionales y servir como repositorios de información; e) crear herramientas formales de cooperación internacional, tomando como referente los modelos exitosos de otras regiones del mundo, pero también explorar el uso de herramientas informales de comunicación e interacción entre las autoridades responsables de la persecución penal; y f) impulsar la creación y funcionamiento de registros centralizados de cuentas bancarias, de beneficiarios reales de personas jurídicas, así como dotar de más medios a las unidades de inteligencia financiera.

3.3. Acceso a la información, rendición de cuentas y participación ciudadana: a) establecer obligaciones y mecanismos para que la información sobre el desempeño del sistema en general sea de acceso público y verificable; b) instituir la obligación de detectar, prevenir y resolver los conflictos de intereses de los funcionarios del sistema de justicia; c) fortalecer los sistemas de declaración y evaluación patrimonial de los funcionarios del sistema; d) fortalecer los sistemas de inhabilidades de jueces y magistrados y garantizar su acceso público; e) establecer la obligación de publicar las declaraciones de intereses y de patrimonio; y f) garantizar el efectivo y eficaz monitoreo ciudadano del desempeño del sistema de justicia en general.

3.4. Protección de denunciantes y testigos: a) delimitar el ámbito de aplicación de la protección; b) crear normas y mecanismos para la protección de los denunciantes y testigos; b) difundir extensamente el ámbito, las normas y mecanismos; c) establecer medidas específicas de asistencia y protección a los denunciantes y testigos; y d) crear agencias independientes con las competencias necesarias (recibir, investigar, evaluar y asignar medidas) y dotarlas de recursos económicos, humanos y tecnológicos suficientes.

3.5. Recuperación de activos: a) armonizar y fortalecer la legislación existente para facilitar la eficiente cooperación y recuperación de activos; b) crear los mecanismos necesarios para que los países donde se encuentran los activos ilegales respondan inmediatamente a las solicitudes; c) desarrollar medidas y regulaciones que faciliten la congelación de activos; y d) establecer sanciones para las instituciones financieras que no cumplan con los procesos y normas de recuperación de activos.

4. Sistema interamericano:

El impacto de la corrupción sobre la seguridad, la calidad de vida, la limitación al desarrollo, y el progreso en general, nos obliga además solicitar a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que el sistema interamericano incorpore en su concepción, análisis y trabajo a la corrupción y los incentivos perversos que genera como causales de violación de derechos humanos.

Lima, Perú, abril de 2018.

Participación Ciudadana considera que el aumento salarial que se han auto asignado los miembros de la Cámara de Cuentas viola el artículo 140 de la Constitución y el artículo 12 de la Ley 105/13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano, lo que resta legitimidad y calidad legal y moral a tales miembros para continuar encabezando el máximo órgano del Sistema de Control y Auditoria del Estado.

El artículo 140 constitucional establece en forma enfática que “ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados.”

PC indico además que el artículo 12 de la Ley 105/13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano, establece como límite al salario del presidente de la Cámara de Cuentas, la suma de RD$350,000, que era el salario vigente hasta que fue aumentado en enero pasado a la suma de RD$423,500.00. Los demás miembros recibieron aumentos que llevaron sus salarios a RD$379,097.84.

La institución lamento que estos aumentos salariales se producen luego de declaraciones de los propios miembros de la Cámara de Cuentas de insuficiencia de fondos para poder realizar sus trabajos de auditorías, sobre todo en casos tan relevantes como las sobrevaloraciones de obras asignadas a Odebrechet, la OMSA, Diandino Peña, el CEA y muchos otros casos pendientes. Esta queja permitió que se asignaran a la Cámara de Cuentas ochenta millones adicionales en su presupuesto para el 2018, de los cuales 54 millones fueron rápidamente utilizados para aumento de nómina, incluyendo los de los miembros de la Cámara de Cuentas.

La excusa presentada por el presidente de la Cámara de Cuentas en el sentido de que, para hacer un ajuste general de salarios, tenían que hacer un nuevo tabulador, incluyendo los salarios de los miembros de la Cámara de Cuentas, es incorrecta, pues se hubiesen podido incluir, pero dejando la aplicación del aumento para los nuevos miembros cuando fueren designados, respetando así el texto constitucional, y hasta que la ley sobre Regulación Salarial del Estado fuere modificada.

Para PC al prevalerse de sus posiciones para obtener provecho económico en violación a la Constitución y las leyes, infringieron además el artículo 146 constitucional que tipifica el delito de corrupción y lo sanciona con la degradación cívica, sin perjuicio de la sanción establecida por violación a la Ley de Regulación Salarial del Estado dominicano, que además dispone en su artículo 32, en forma expresa, que la violación a la misma constituye la falta grave necesaria para dar inicio del juicio político previsto en la Constitución.

No es la primera vez que una situación como esta ocurre en la Cámara de Cuentas, y debemos recordar que en 2008 los miembros de entonces fueron sometidos a juicio político por violar la Ley de Austeridad entonces vigentes, al aumentarse sus salarios. En esa época no existía la disposición constitucional que prohibía aumentos salariales en provecho propio ni la Ley de Reajuste Salarial, por lo que las violaciones actuales son mucho más graves y claras y obliga a la aplicación del régimen de consecuencias existente.

Consejo Nacional
20 de marzo del 2018

Participación Ciudadana (PC), Capítulo dominicano de Transparencia Internacional y el Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE), presentan el proyecto “Promoviendo la participación ciudadana, la veeduría social e incidencia en la Gestión Local”. Esta iniciativa cuenta con los auspicios de la Unión Europea y tiene como propósito “Fortalecer las contribuciones de las organizaciones de la sociedad civil y de las autoridades locales al desarrollo social, al fortalecimiento de la buena gobernanza, a la rendición de cuentas y a la definición participativa de políticas inclusivas en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo-2030 y/o a las metas de los objetivos de desarrollo sostenible.

Con esta propuesta las instituciones ejecutoras pretenden contribuir al fortalecimiento de la administración pública local, a partir de construcciones públicas transparentes y de calidad, la aplicación de las normativas de las contrataciones públicas e implementación de políticas públicas que prioricen  a la población más vulnerable; además a la participación activa de la sociedad civil dominicana en el monitoreo y acompañamiento de los avances en la administración pública local y su impacto en la calidad de las construcciones de obras públicas.

La zona geográfica de intervención será complementaria y se convertirá en un referente en la Región Sur; en los seis (6) municipios cabecera de las provincias de San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, San José de Ocoa y San Juan de la Maguana.

La iniciativa persigue tres importantes resultados:

1. Establecido un Sistema de Veeduría Social a las construcciones de obras públicas en el ámbito municipal, con participación de diversos sectores sociales.
2. Fortalecidos espacios de coordinación, colaboración Estado-sociedad, implementado mecanismos de participación de la ciudadanía, con miras a producir recomendaciones y propuestas de mejora de la calidad de la gestión pública.
3. Mejorada la incidencia, participación y la capacidad propositiva de la sociedad civil dominicana en materia de planificación, seguimiento, control y evaluación de la calidad y transparencia de las contrataciones de obras públicas.

En el marco del proyecto se pretende propiciar, entre otras iniciativas la firmas  de  Pacto de Integridad Municipal, instrumento que permita el impulso de procesos de veeduría y transparencia  en  ejecutorias  de recursos en los  gobiernos locales, enfocados a las contrataciones y ejecución de obras públicas;  dicha acción permitirá el monitoreo municipal al cumplimiento de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras y Concesiones.

El seguimiento a la Ley No. 176-06  que instituye el Presupuesto Participativo, permitirá una mayor  sensibilización y acompañamiento a las organizaciones sociales en los municipios para  que fragüen una participación más efectiva y sea demandada la aplicación o mejora de la implementación, en ese sentido las comisiones de veeduría social a obras públicas municipales aplicara los criterios establecidos por ley.

La presentación del proyecto se llevó a cabo en los salones del Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE), calle Elvira de Mendoza #253,  Zona Universitaria.

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana, eligió a Miriam Díaz Santana, como coordinadora general para el periodo 2018-2019.

Socióloga, Maestría en Educación, profesora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) por 30 años, investigadora, activista social en diferentes organizaciones. Especialista en educación y en planificación.

Miembro de Participación Ciudadana desde su fundación, Coordinadora General en el año 2003. Miembro activa permanente de las comisiones de Transparencia y de Análisis Político. Miembro del Consejo Nacional de Educación Superior en el periodo 2002/2004.

Ha trabajado por más de 30 años en el sector educativo, gubernamental  y de ONG. Es profesora titular del Departamento de Sociología de la UASD. Ha realizado más de 15 investigaciones en el campo de la educación, la sociología y la democracia.

Consejo Nacional
11 de marzo de 2018

Luego de una reflexión interna con todo el personal de la institución sobre el origen del 8 de marzo y las luchas que han librado las mujeres por la igualdad, la equidad,  dignidad y respeto de sus derechos, todos salieron al área del parqueo, donde cada persona llevó el cartelón que previamente había elaborado, definiendo la demanda por la cual se sumaba al paro.

Salieron hacia la Ave. Independencia donde con la consigna “Todos los derechos para las mujeres” fueron caminando y enseñando sus cartelones a los transeúntes.

Hoy nos unimos y siempre estaremos presente en las luchas por la igualdad de las mujeres.

Participación Ciudadana celebró su XXIV Asamblea General Ordinaria, proclamando el 2018, “Año de reafirmar y Promover la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”, comprometiéndose a seguir fiel a su misión, seguir respaldando la marcha verde, a dar un seguimiento continuo a los juicios pendientes y a los casos denunciados, continuar publicando material para la educación y para la historia y a mantener el trabajo que a casi 25 años hemos realizado a favor de la institucionalidad, la justicia, la transparencia y el bienestar de nuestro pueblo.

En el acto de proclama, PC reiteró el compromiso de continuar la lucha contra la corrupción y la impunidad e indicó que los/as que abrigan la esperanza y apuestan al cansancio, el desencanto y la claudicación están equivocados. También enfatizó que los pueblos deben persistir para lograr justicia en los casos de corrupción y, aunque esto solo no termina con la corrupción, al menos sienta precedentes y envía un mensaje de que en nuestro pueblo crece la cantidad de personas que no son débiles, olvidadizos y dispuestos a venderse.

La XXIV Asamblea General Ordinaria, realizada en el Salón de Actos del Convento de los Dominicos, las y los miembros activos de la organización participaron del proceso de evaluación y planificación anual, y seleccionaron ocho (8) de doce integrantes del Consejo Nacional, órgano máximo de dirección que ostenta la representación de la organización cívica.

La coordinadora general, Marisela Duval, hizo un recuento de las principales acciones y avances del año 2017, destacando el importante rol del movimiento en el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho.

Resaltó además la necesidad de, en este contexto, continuar promoviendo las grandes transformaciones institucionales y políticas que requiere la sociedad dominicana entre ellas la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas y la Ley de Régimen Electoral.

Se refirió igualmente a las múltiples acciones de incidencia y educación que desarrollará para la defensa y fortalecimiento de la justicia y la seguridad ciudadana, así como el impulso de mayores mecanismos de participación de la ciudadanía.

Reconoció la labor de los/as integrantes de la Red Regional de Seguridad Ciudadana y los avances en el Plan de Prevención contra la Delincuencia y el Crimen que está implementando la organización en Cienfuegos y en Las Caobas, e invitó a cada miembro, voluntario/a o ciudadano/a preocupado por la inseguridad, a trabajar de manera activa para lograr la reforma y modernización de la Policía Nacional, el fortalecimiento de las instituciones encargadas la protección y salvaguarda de los derechos de la ciudadanía.

En dicha Asamblea fueron electos 8 nuevos miembros: Altagracia Salazar, Félix Mancebo, Heiromy Castro, Joseph Abreu, Juan Alcibiades Tejeda, Miriam Díaz, Nora Sánchez y Rafael Toribio, quienes junto los señores: Angela Calvo, Sonia Díaz, Miguel Collado y Pedro Acevedo que estarán por otro año más, conformarán el nuevo Consejo Nacional de Participación Ciudadana.

Asamblea General
Domingo 4 de marzo, 2018

Proclama PC 2018

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