Participación Ciudadana expresa su apoyo a la resolución emitida por la Junta Central Electoral

El Movimiento Cívico Participación Ciudadana expresa su total apoyo a la resolución emitida por la Junta Central Electoral el pasado 20 de junio mediante la cual se prohíbe la realización de actos de campaña electoral, otorgando un plazo de 5 días para que sea retirada toda la promoción que prolifera en lugares públicos de todo el país.

Valoramos esta medida como justa, oportuna y pertinente ya que no solo está dentro de las atribuciones que la Constitución de la Republica le asigna al alto organismo electoral, sino que responde a un reclamo nacional que el Congreso Nacional y la clase política han desoído por décadas. Desde que se comenzó a discutir en el país el primer proyecto de Ley de Partidos y luego el Proyecto de Ley Electoral, uno de los puntos con mayor apoyo ciudadano es el referente a la limitación de las campañas electorales y, como consecuencia, de los gastos de los partidos y candidatos.

Esta es una conquista que la mayoría de los países democráticos ha puesto en práctica desde hace décadas. Son muchas las razones que justifican la limitación de las campañas. En primer lugar, todas las libertades propias de las sociedades modernas están reguladas, así lo reconoce la propia Constitución, en función del interés colectivo y de las experiencias de lo que funciona mejor para el fortalecimiento de la democracia y la convivencia social. Las campañas electorales ilimitadas provocan:

1. El costo excesivo de la actividad política y del  acceso a una posición electiva. No hay que abundar en demostrar la enorme cantidad de recursos que se requieren para movilizar personas en las calles, sostener propaganda por diferentes medios y mantener una constante actividad durante varios años.
2. Los recursos que usan los precandidatos no provienen de fuentes transparentes ni publicas ni privadas, por lo cual se prestan a ocultar inversiones espurias provenientes de dinero ilícito o de sectores interesados en pasar factura a futuros gobernantes o directamente insertarse en algún órgano del Estado.
3. Las campañas políticas ilimitadas solo favorecen a los precandidatos que ya ostentan cargos públicos, prestándose al abuso y a la utilización de las instituciones y cargos para imponerse sobre los aspirantes que no tienen este beneficio, con lo cual se establece una situación de inequidad y privilegios que violenta los principios democráticos.

Participación Ciudadana reitera la necesidad de que en el país se aprueben las leyes Electoral y de Partidos Políticos, siempre y cuando las mismas contengan las medidas necesarias para regular la actividad política, especialmente el costo y la obligatoriedad de rendición de cuentas, con las debidas sanciones para quienes incumplan.  El país no puede permitir que algunos sectores políticos bloqueen los avances institucionales, impidiendo las necesarias regulaciones y al mismo tiempo oponiéndose a que el órgano electoral ejerza una función legitima, legal y ampliamente reclamada por la sociedad. Mientras tanto, la JCE está llamada a actuar en consonancia con sus funciones y entre ellas esta reglamentar los tiempos y los gastos de campaña. Por otro lado, la Ley Electoral vigente fija el inicio de la campaña en el momento en que la Junta realice la proclama.

Participación Ciudadana apoya esta y todas las medidas que pueda tomar la Junta Central Electoral en aras de hacer más justo, equitativo y transparente el próximo proceso electoral. Las regulaciones deben llegar a todos los aspectos que se han documentado como dañinos en los anteriores procesos y que están contenidos en los informes emitidos por nuestra organización.

La firmeza de las autoridades electorales es necesaria ahora más que nunca, por cuanto el escándalo ODEBRECHT muestra cómo los partidos y candidatos se alían a empresas extranjeras o a cualquier fuente de recursos ilícitos para incidir en la voluntad popular, al tiempo que comprometen los recursos públicos para beneficio de unos pocos.

Consejo Nacional
25 de junio del 2018

Pleno JCE_Acta_12_2018.pdf

05/06/2018 – 1er día, Lanzamiento: Parque Central

06/06/2018 – 2do día: Parque Libertad

Santo Domingo, República Dominicana. El Centro Juan XXIII, Santiago Somos Todos, el Centro de Reflexión y Acción Social Padre Juan Montalvo sj Centro Montalvo, Fundación Masada, y Participación Ciudadana, Capítulo dominicano de Transparencia Internacional, notificaron vía un Acto de Alguacil a Danilo Medina Sánchez, Flavio Darío Espinal, y a Jean Alain Rodríguez, en sus respetivas calidades de Presidente de la República Dominicana, Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, y Procurador General de la República.

En dicho acto, establecieron que “en fecha 7 de junio de 2018, la Procuraduría General de la República presentó acusación en contra de los señores Ángel Rondón Rijo, Víctor José Díaz Rúa, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Jesús Vásquez, Tommy Alberto Galán Grullón, y Juan Roberto Rodríguez Hernández, por violación a los artículos 2, 3, 4, 5 de la Ley núm. 448-06, sobre soborno en el comercio y la inversión; 146, 166, 167, 175, 177, 178, 265 y 266 del Código Penal; 2 y 7 de la Ley núm. 82-79, sobre Declaración Jurada de Patrimonio; 3 letras a), b) y c), 4, 8 letra b) y 26 de la Ley núm. 72-02, sobre Lavado de Activos, respectivamente, en ocasión de los US$92 millones de dólares que la empresa Odebrecht reconoció haber entregado por concepto de sobornos a funcionarios y legisladores dominicanos para la adjudicación de obras estatales”.

Las organizaciones señalaron que, a pesar de la gravedad de los hechos y los daños ocasionados por los acusados, al presentar su acusación, el Ministerio Público omitió constituirse en actor civil, conforme a lo previsto en los artículos 50 y 51 del Código Procesal Penal, a fin de perseguir el resarcimiento de los daños y perjuicios causados a los intereses colectivos sufridos por el Estado dominicano.

En el acto también solicitan que se disponga que el Estado Dominicano proceda a constituirse en parte civil en el proceso penal de referencia, a fin de reclamar las correspondientes indemnizaciones de forma solidaria en contra de los hoy acusados Ángel Rondón Rijo, Víctor José Díaz Rúa, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Jesús Vásquez, Tommy Alberto Galán Grullón y Juan Roberto Rodríguez Hernández, y en contra de los acusados que corresponda adicionar a la acción penal en cuestión.

Recomiendan que de conformidad con lo previsto en el Artículo 373 del Código Procesal Penal, el Estado Dominicano designe dos abogados particulares de alto nivel profesional y probada honorabilidad e imparcialidad partidaria, como acusadores adjuntos del presente caso para que, junto a los miembros del Ministerio Público asignados al caso, se encarguen de sustentar, revisar, profundizar y completar tanto la acusación penal del caso de marras como las reclamaciones civiles que el Estado Dominicano deba exigir a los hoy acusados Ángel Rondón Rijo, Víctor José Díaz Rúa, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Jesús Vásquez, Tommy Alberto Galán Grullón y Juan Roberto Rodríguez Hernández y a los acusados que corresponda adicionar a la acción penal en cuestión.

Las organizaciones recordaron que en consonancia con el ordenamiento jurídico de la República Dominicana y dentro del marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, se disponga que el Estado Dominicano solicite la inmediata asistencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para establecer en la República Dominicana una comisión internacional permanente contra la impunidad y la prevención de la corrupción, que permita una efectiva colaboración internacional para el monitoreo y seguimiento del presente proceso penal; y, que en adición, asista al Ministerio Público en las investigaciones y persecuciones de otros casos de corrupción similares en curso o pendientes de ser iniciados; y, colabore en el establecimiento y seguimiento de políticas, técnicas, procesos y mecanismos de prevención de la corrupción pública y privada en la República Dominicana.

Denuncian que la acusación del Ministerio Público está incompleta si no investiga el financiamiento de campaña.

Santo Domingo, D.N.-El Centro de Reflexión y Acción Social Padre Juan Montalvo SJ., Participación Ciudadana, el Centro Juan XXIII, Foro Ciudadano, la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Dominicana de Religiosos/as -CONDOR- y la Acción Comunitaria por el Progreso, Inc. (ACOPRO), se pronunciaron desde el Campamento Verde de la Marcha Verde en su 7mo. día, instalado el pasado viernes luego de las declaraciones dadas por el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez.

Según las citadas organizaciones, las autoridades deben esclarecer si el partido oficialista PLD recibió fondos de Odebrecht, S. A., a través de las empresas “Polis Caribe, SRL.” y “CINE & ART 2013, SRL”, ambas propiedades del publicista brasileño Joao Santana, tal y como afirman varios altos funcionarios de esa empresa en instancias judiciales de Brasil. De confirmarse la veracidad de las delaciones premiadas en Brasil de esos funcionarios, se habría violado en la República Dominicana la Constitución y también la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, el Código Penal, la Ley Electoral No. 274-97 y la Ley de Lavado de Activos.

“La vinculación del Partido de la Liberación Dominicana, se hace en virtud de que ellos (sus dirigentes) declararon que Joao Cerqueira de Santana Filho era su asesor de campaña, y en las declaraciones de los estados financieros presentados a la Junta Central Electoral, no se evidencia ningún pago a Joao Cerqueira de Santana Filho ni a ninguna de sus empresas. De confirmarse los hechos, estamos frente a un ultraje a la Soberanía Nacional por la injerencia de una empresa extranjera en temas políticos de República Dominicana”, plantean las organizaciones denunciantes.

Señalan que los breves estados financieros “presentados tardíamente por el PLD a la Junta Central Electoral, no evidencian ningún pago realizado a Joao Santana ni a ninguna de sus empresas”. Recuerdan que la Ley Electoral resulta “clara y reiterativa” en tipificar y penalizar lo ilícito del uso de fondos extranjeros en campañas internas, así como en la obligación de transparentar todos los ingresos y egresos de los partidos políticos.

Las organizaciones no confían en el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, por su condición de miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y activista político partidario en la campaña del entonces candidato Danilo Medina Sánchez, en violación a lo que establece el Principio de apoliticidad del Art. 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público 133-11, el cual señala que “ninguno de sus miembros puede participar en actividad político partidista, aprovechar su investidura para realizar propaganda a favor de ningún partido político, ni utilizar los recursos humanos o materiales de la institución para tales fines.”

Expresaron que esperan que su acción cuente con el respaldo decidido de todos los dominicanos y dominicanas de buena voluntad, como una evidencia más de la invariable determinación de poner fin a la era de la impunidad, en vista de que urge un cambio radical que nos ayude a construir esperanza en la República Dominicana.

Jueves 14 de Junio 2018

Descargar: Acusacion del MP de caso Odebrecht

Con la reserva de conocer y procesar los méritos o fundamentos que puedan contener las acusaciones formuladas ante la justicia por la Procuraduría General de la República tras año y medio de las investigaciones sobre los hechos criminales del escándalo Odebrecht en el país, Participación Ciudadana está en la obligación de fijar posición al respecto.

1. Desde que se conocieron las implicaciones nacionales en el mayor escándalo de corrupción internacional documentado y admitido por la empresa constructora brasileña Odebrecht, hemos participado militantemente en el clamor nacional por sanciones que reparen los daños materiales y morales y contengan la ruinosa impunidad que nos agobia.
2. Por eso hemos formado parte de los promotores del movimiento Marcha Verde contra la corrupción y el fin de la impunidad, y ya el 1 de mayo del 2017, junto al Centro Social Juan XXIII, la Fundación Masada y Santiago Somos Todos, formulamos una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que determine el destino de 4 millones 396 mil 796 dólares transferidos entre 2013 y 2014 desde tres filiales de Odebrecht en Perú a la cuenta de Cine&Art 2013, constituida en Santo Domingo por dos hijos de los asesores electorales del presidente Danilo Medina, Joao Santana y Mónica Moura.
3. El 8 de junio del 2017, tras las imputaciones hechas por la PGR a 14 personas por los crímenes de Odebrecht, aunque consideramos que el documento presentaba indicios de responsabilidades importantes, formulamos múltiples reparaciones y reclamamos una exhaustiva investigación para fundamentar los cargos e impedir que el escandaloso caso se enrumbara, como tantos otros, a la impunidad.

Entre otros aspectos hace un año señalamos:

1. Que fue notoria la comisión de errores injustificables que ayudaban a desacreditar la indagatoria y contribuyen a sustentar la posición de quienes los creen intencionales para facilitar la impunidad.
2. Advertimos que la PGR sostuvo en su instancia que todas las obras contratadas con Odebrecht "fueron adjudicadas u otorgadas mediante el pago de sobornos realizados a través del intermediario comercial imputado Angel Rondón, a funcionarios de República Dominicana".
3. Llamábamos la atención al hecho de que, aunque todo el fundamento documental de las imputaciones se encontraba en las 101 transferencias de cinco empresas de Odebrecht a dos de Angel Rondón, en los años del 2007 a enero del 2015, la mitad de los imputados correspondían al gobierno de Hipólito Mejía 2000-04, cuando se contrataron con Odebrecht las primeras dos obras, una de las cuales sería ejecutada por el siguiente gobierno, y que ambas sólo implicaban el 5% del monto contratado. Y cuando no habían comenzado las transferencias del dinero documentado, ascendentes a 83.2 millones de dólares. Advertimos un sesgo político en las imputaciones.
4. Dijimos que aunque un comunicado de la PGR rectificó que en la contratación de las plantas de carbón de Punta Catalina "sólo hubo sobornos a un senador y un diputado para la aprobación de su financiamiento", eso resultaba inconsistente porque no se les identificaba y porque desde el 2010 el partido gobernante contaba con casi todos los senadores y el 60 por ciento de los diputados, y debía asumirse que no tenía necesidad de sobornar a dos legisladores para aprobar los contratos ni sus adendas.
5. Nos resultó resaltante que en las imputaciones no se aludiera a la lista de los sobornados que tantas veces la PGR dijo haber recibido de Odebrech y de las autoridades brasileñas.
6. Sostuvimos que aunque en la misma instancia de la PGR asoman las sobrevaluaciones de las obras contratadas con Odebrecht, a más de cinco meses del estallido del escándalo, no habían sido auditadas "lo que implica una grave negligencia investigativa".
7. Señalamos que aunque en dos casos de las imputaciones se alude a financiamiento ilícito de campañas electorales, el Ministerio Público no parecía interesado en asumirlo, a pesar del testimonio de quienes dirigían el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht de que trasladaron sus operaciones a Santo Domingo, por considerarlo un lugar seguro, cuando la justicia brasileña empezó a desarticular la corruptela.

Una brecha abierta para la impunidad

1. Ahora con las acusaciones formuladas por la PGR la indignación general se multiplica y crece la convicción de que el Ministerio Público actúa como instrumento político, que no sólo oculta deliberadamente las responsabilidades de las gestiones gubernativas del Partido de la Liberación Dominicana, sino que además encuentra más responsables en la gestión que aprobó el 5% del monto contratado con Odebrecht, en relación de tres a dos.
2. Queda evidente que las investigaciones han evadido las sobrevaluaciones y el financiamiento de campañas electorales que involucran a los asesores políticos del presidente Danilo Medina, Joao Santana y Mónica Moura. La denuncia de las transferencias a Cine&Art 2013, contiene los bancos utilizados y número de cuentas.  Es inadmisible que tras año y medio del escándalo no se hayan realizado las auditorías de los costos de las obras, ni se hayan establecido responsabilidades sobre la violación de la ley de compras y contrataciones, con sobrecostos que en casi todas las obras superaron los límites legales.
3. Una prueba del desinterés por establecer el financiamiento ilegal de campañas electorales, es que el exministro Temístocles Montás, quedara liberado de la imputación del año pasado, a pesar de que admitió en un comunicado público que había recibido dinero de Angel Rondón para la campaña electoral del PLD en las elecciones del 2008, 2012 y 2016.
4. En la instancia de acusación sólo aparece un funcionario de los gobiernos del PLD, el exministro Víctor Díaz Rúa, y un senador, el de San Cristóbal, Tommy Galán, aunque del total de las transferencias documentadas el 33 por ciento llegaron a las cuentas de Rondón, en el gobierno de Leonel Fernández, y el 67 por ciento en el de Danilo Medina. Es relevante que en el período de contratación de las plantas de carbón, entre 2013 y 2014 los depósitos a las cuentas de Rondón para los admitidos sobornos, ascendieron a 49.6 millones de dólares. Pese a ello ningún funcionario de este gobierno, ni de sus obras contratadas, aparecen implicados, esperándose una explicación de los investigadores sobre a dónde fue a parar todo ese dinero.
5. Es más que resaltante que dos presidentes del Senado del antiguo Partido Revolucionario Dominicano, que ahora son presidente y secretario general del mayor partido de oposición, figuren como acusados por haber gestionado la aprobación de los dos primeros contratos, pero no ocurre lo mismo con quienes presidieron ambas cámaras legislativas cuando se aprobaban 15 de los 17 contratos, con numerosas adendas que elevaron los costos, aún de las dos obras contratadas en el período 2000-04.
6. El caso del senador Tommy Galán, único legislador oficialista acusado, es más que relevante, pues a pesar de la revisión de "más de 800 mil transacciones bancarias" con "más de 130 mil horas de trabajo de 50 especialistas", y de haber reunido "1,711 pruebas", queda el solito como responsable de que los 32 senadores de su mismo partido aprobaran el 95 por ciento de lo contratado con Odebrecht. Aprobaciones que se realizaban casi siempre sin lectura de los contratos y bajo declaraciones de emergencia.
7. Contrasta que Odebrecht sobornara a un solo senador y que no tuviera que hacerlo con los diputados, donde había una diversidad inexistente en el Senado. Con la liberación de los originalmente imputados Alfredo Pacheco y Ruddy González, no queda ningún diputado implicado.
8. Ante todo el país ha quedado evidente una concertación para no realizar las auditorías de las sobrevaluaciones de las contrataciones de Odebrecht, estimadas en 22 por ciento como patrón ejecutivo, según confesión de los propios funcionarios de la constructora brasileña. Si se aplica ese porcentaje a los 5 mil 957 millones de dólares de las contrataciones, las sobrevaluaciones pudieron haber llegado a 1,119 millones de dólares, es decir 13 veces el volumen de 92 millones de dólares de los sobornos confesados por Odebrecht en el país, el tercero más elevado de las 11 naciones involucradas.
9. Ya en nuestro comunicado de junio del 2017 advertíamos que tres familiares de Rondón y Díaz Rúa, que aparecen como beneficiarios de grandes sumas de las transferencias, no habían sido imputadas, lo que sugiere una concesión en camino a la impunidad. Al reducirse a la mitad la cantidad de los imputados, aumenta la percepción. Más aún si no se documenta el destino del 67 por ciento del dinero transferido a Rondón, quien desde el primer momento dijo que ese era un pago de comisiones por su representación de Odebrecht en el país y en las negociaciones con el Estado.
10. Participación Ciudadana advierte que sólo una renovación de la movilización nacional contra la corrupción y la impunidad evitará que el escándalo Odebrecht se sume a muchos otros sin sanción de la justicia. En lo inmediato nos sumamos al "campamento de la dignidad y resistencia verde" levantado en el entorno de la Procuraduría General de la República.

Consejo Nacional
Santo Domingo, 12 de junio del 2018.

Marca el inicio de un proyecto que involucra a los sectores sociales para dar respuesta a las consecuencias del calentamiento global en la sociedad.

Santo Domingo, República Dominicana.- El Capítulo Nacional de Transparencia Internacional y movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, junto al Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y la Fundación Sur Futuro, presentaron el Foro Dominicano de Cambio Climático, como parte de una alianza estratégica que busca impulsar un espacio de diálogo activo entre todos los sectores de la sociedad civil que permita la identificación, discusión informada y consenso sobre políticas, estrategias y acciones prioritarias para dar respuesta a los efectos generados por el cambio climático.

A esta iniciativa se han unido 28 instituciones no gubernamentales y del sector privado, comprometidas a conocer las acciones que realizan en mitigación y adaptación al cambio climático; promover las alianzas público privada para apoyar la implementación de los programas de respuesta en todos los niveles; y promocionar el mejoramiento de las capacidades para enfrentar de manera directa su impacto en la sociedad, entre otros lineamientos.

“El cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestros tiempos, es un reto que requiere de acciones contundentes, desde ahora. Este es el momento de actuar en conjunto, ya que la lucha contra el cambio climático necesita de la integración de todos los sectores del país”, sostuvo el director ejecutivo de Participación Ciudadana, Carlos Pimentel.

El Foro sirvió de escenario para discutir acerca de los impactos del clima y las medidas para enfrentarlos; la agenda nacional sobre el cambio climático; los proyectos que se están llevando a cabo, las políticas existentes; y viabilizar posibles soluciones en las que pueda incidir la sociedad civil.

Las organizaciones informaron que a partir de este acto de compromiso, la propuesta es desarrollar actividades recurrentes, dar seguimiento y soporte, realizar capacitaciones a las diferentes instituciones aliadas a través de talleres, cursos y otras herramientas que aporten al efectivo involucramiento de estos actores en las respuestas al cambio climático.

El evento, realizado en el Hotel Sheraton, contó con la participación del Dr. Jorge González, Director de Ciencias de la Tierra y Sostenibilidad Ambiental (ESES) y profesor en el City College of New York (CCNY), quien dictó una conferencia magistral sobre “República Dominicana y sus desafíos frente al Cambio Climático”; también estuvieron presentes las doctoras Michela Izzo y Laura Rathe, y el doctor Alejandro Herrera, quienes intervinieron en el panel “Cambio climático y un futuro resiliente” donde abordaron sobre los patrones climáticos del país, la gestión de riesgo y la resiliencia climática, entre otros temas.

Como representantes de las demás instituciones fundadoras, estuvieron el señor Víctor Gómez-Valenzuela, vicerrector de Investigación del INTEC, y el señor Eduardo Julia, Oficial de Planificación y Cambio Climático de la Fundación Sur Futuro. Además, a este foro se sumó el ingeniero Ernesto Reyna Alcántara, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL).

Martes 05 de junio de 2018

Contacto: Participación Ciudadana, c/ Wenceslao Álvarez #8

Tel: (809) 685-6200 ext. 231

En una alianza estratégica que tiene como objetivo contribuir a la construcción de un entorno más pacífico y productivo en los planteles educativos, el movimiento cívico no partidista,  Participación Ciudadana y el Centro Casa Comunitaria de Justicia,  junto a las regionales de educación de los municipios de Santiago, Santo Domingo Oeste y Distrito Nacional realizó cuatro (04) experiencias pilotos de mediación escolar en los centros educativos, Ramón Dubert Novo, Cienfuegos- Santiago; Virgen del Carmen, La Ciénaga – Distrito Nacional y el Liceo Centro Las Américas, Manoguayabo- Santo Domingo Oeste, dejando habilitados centros de mediación para la resolución pacífica de los conflictos que se susciten entre los alumnos dentro del ámbito escolar.

Los estudiantes impactados por esta iniciativa, recibieron 60 horas formativas teóricas y prácticas para ser acreditados como mediadores escolares; estos no sólo adquirieron habilidades esenciales para la gestión positiva del conflicto que favorezca la eficiencia en el proceso formativo de la escuela, sino para sus relaciones y vivencias en la familia, en la comunidad y en sus futuras responsabilidades como ciudadanos y ciudadanas.

Estas experiencias pilotos de mediación escolar forman parte de las actividades de índole académico  que contempla el proyecto, “Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia”, auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), cuyo desarrollo estuvo a cargo de la Dra. Petronila Rosario Adames, abogada experta en mediación quien lideró la socialización de los contenidos y de las Casas Comunitarias de Justicia que tutelaron el proceso de horas prácticas o pasantías.

En el marco de la presentación de los resultados, se entregaron a 130 estudiantes entre edades de 13 a 18 años, certificados de acreditación que lo avalan como mediadores escolares, tareas que desde ya ejercen con responsabilidad en sus respectivos centros educativos.

La actividad, realizada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD),  contó con la participación del Dr. Nelson Espinal, abogado experto en mediación, quien dictó la conferencia central “Liderazgo y Cultura de Paz”. Igualmente, estuvieron presentes la señora Minerva Pérez, directora del Departamento de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación;  Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana, así como el personal directivo y docente de los planteles educativos partícipes de estas experiencias, entre otros.

Miércoles 23 de mayo del 2018

Contacto: Participación Ciudadana, c/ Wenceslao Álvarez #8

Tel: (809) 685-6200 ext. 231

Descargar: Carta Comite Lavado Activo

El Centro Juan XXIII, el Centro de Reflexión y Acción Social Padre Juan Montalvo SJ, la Fundación Masada, Santiago Somos Todos, la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo, Inc, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Participación Ciudadana, Capitulo Dominicano de Transparencia Internacional, solicitaran el lunes 21 de mayo, en una comunicación dirigida al Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, incluir como sujetos obligados de la Ley No 155-17 a los partidos políticos considerando el riesgo de lavado de activos de dichas entidades.

En la comunicación dirigida Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y enviando copia de la misma a la Junta Central Electoral, indicaron que “la Ley 155-17 incluyó a diversos sectores como sujetos obligados, pero omitió incluir a los partidos políticos a pesar de que en su artículo 46 consideró a las Personas Expuestas Políticamente (PEP) como factores de alto riesgo en la actividad de lavado”.

Las organizaciones demostraron que es la propia ley 155-17 la que estableció en su artículo 33, párrafo único, que “Reglamentariamente, el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos podrá incluir como sujetos obligados, a quienes realicen otras actividades no incluidas en la presente ley y que se consideren que presenten riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y, como tal, deban contar con mitigadores para impedir que sean utilizadas para dichas actividades ilícitas.”

Las instituciones solicitan formalmente que el Comité Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, a que dicte el reglamento correspondiente para incluir a los partidos y agrupaciones políticas como sujetos obligados, a fin de que los mismos estén en la obligación de adoptar un programa de cumplimiento, políticas y procedimientos para evaluar los riesgos de lavado de activos, implementar metodologías de gestión de riesgo, realizar el monitoreo y los procesos de debida diligencia, designar oficiales de cumplimiento y cumplir con las demás obligaciones que establece la ley.

Las organizaciones de la sociedad consideraron la necesidad de adoptar medidas, políticas, normas, que en su implementación y cumplimiento garanticen los controles necesarios para prevenir y controlar la penetración del crimen organizado en la actividad política y, en ese sentido, es necesario contar con mecanismos para regular el financiamiento de los partidos políticos.
Expresaron en un comunicado que “el financiamiento político sin control es la puerta de entrada del lavado de activos condicionando su funcionamiento y capturando las estructuras del Estado, penetrándola para facilitar la actividad del narcotráfico y el crimen, deformando la competencia electoral, la representación y desmantelando el sistema democrático y los cimientos del Estado social democrático de derechos”.

La publicación consta de 129 preguntas con sus respectivas respuestas fundamentadas en acuerdos y “declaraciones premiadas” de ejecutivos de Odebrecht ante los órganos judiciales de Brasil y EE. UU, denuncias y artículos periodísticos.

Participación Ciudadana, Capitulo dominicano de Transparencia Internacional presentó el documento titulado “Odebrecht-Punta Catalina: Más Corrupción Impune” donde resalta el hecho de que dentro de los proyectos adjudicados a la empresa Odebrecht en nuestro país, la Termoeléctrica Punta Catalina es el de mayor envergadura, tanto por la magnitud de la inversión pública envuelta en el mismo, como por el significado político que le ha asignado el presente Gobierno, en cuanto a su eventual y publicitada contribución a la solución del sempiterno problema eléctrico del país.

Participación Ciudadana, como lo ha hecho en ocasión de otros grandes casos de corrupción en nuestro país, decidió elaborar el documento, que puso a disposición de la ciudadanía, con el fin de resumir en forma de preguntas y respuestas sencillas los contenidos fundamentales de las denuncias judiciales y periodísticas relacionadas con el caso, la organización de la sociedad civil busca el entendimiento, la comprensión sobre el  sistema de corrupción instalado en el país y los riesgo de que la impunidad prevalezca, si la ciudadanía no continua su justo reclamo.

PC señalo que “No obstante, el Procurador General de la República decidió dejar el  proyecto Punta Catalina fuera del expediente acusatorio por el caso Odebrecht, a pesar de haberlo  mencionado en su solicitud de medidas de coerción, como uno de los casos en que hubo corrupción;  de tal manera, que ninguno de los imputados en la medida de coerción guarda relación con este proyecto, lo cual es una primera indicación de que se pretende repetir, en este caso de confeso delito, el encubrimiento y la protección de la corrupción, que ha sido hasta ahora la norma en la actuación del sistema judicial dominicano”

La publicación consta de 129 preguntas con sus respectivas respuestas, fundamentadas en documentos que contienen acuerdos y “delaciones premiadas” de varios ejecutivos de Odebrecht ante los órganos judiciales de Brasil y de los Estados Unidos de América. De igual modo, han servido de base las denuncias presentadas por organizaciones de la sociedad civil y algunas personas individuales, en las cuales se solicita al ministerio público dominicano que las investigaciones sobre este gravísimo caso sean completadas y ampliadas para incluir el ilícito de la sobrevaluación y el de financiamiento de campaña electoral, así como hacia otros eventuales involucrados, incluyendo al actual presidente de la República, Danilo Medina, y a los expresidentes Leonel Fernández e Hipólito Mejía.

PC señaló que el contenido del documento sólo abarca los elementos esenciales de lo acontecido con el caso Odebrecht hasta diciembre de 2017; al tratarse de un expediente en curso, faltan muchos eventos por conocerse, como lo será el referente a las personas o entidades que serán definitivamente acusadas por la PGR, al vencerse el plazo otorgado por el Juez de Instrucción Especial para que el ministerio público completara la investigación y presentara acusación.

La presentación de este informe tuvo lugar en el Hotel Sheraton, donde se contó con la asistencia de más 100 personas, entre ellos invitados especiales como la abogada Soledad García Muñoz, Relatora Especial Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Consejo Nacional
Lunes 7 de mayo del 2018

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