Marca el inicio de un proyecto que involucra a los sectores sociales para dar respuesta a las consecuencias del calentamiento global en la sociedad.

Santo Domingo, República Dominicana.- El Capítulo Nacional de Transparencia Internacional y movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, junto al Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y la Fundación Sur Futuro, presentaron el Foro Dominicano de Cambio Climático, como parte de una alianza estratégica que busca impulsar un espacio de diálogo activo entre todos los sectores de la sociedad civil que permita la identificación, discusión informada y consenso sobre políticas, estrategias y acciones prioritarias para dar respuesta a los efectos generados por el cambio climático.

A esta iniciativa se han unido 28 instituciones no gubernamentales y del sector privado, comprometidas a conocer las acciones que realizan en mitigación y adaptación al cambio climático; promover las alianzas público privada para apoyar la implementación de los programas de respuesta en todos los niveles; y promocionar el mejoramiento de las capacidades para enfrentar de manera directa su impacto en la sociedad, entre otros lineamientos.

“El cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestros tiempos, es un reto que requiere de acciones contundentes, desde ahora. Este es el momento de actuar en conjunto, ya que la lucha contra el cambio climático necesita de la integración de todos los sectores del país”, sostuvo el director ejecutivo de Participación Ciudadana, Carlos Pimentel.

El Foro sirvió de escenario para discutir acerca de los impactos del clima y las medidas para enfrentarlos; la agenda nacional sobre el cambio climático; los proyectos que se están llevando a cabo, las políticas existentes; y viabilizar posibles soluciones en las que pueda incidir la sociedad civil.

Las organizaciones informaron que a partir de este acto de compromiso, la propuesta es desarrollar actividades recurrentes, dar seguimiento y soporte, realizar capacitaciones a las diferentes instituciones aliadas a través de talleres, cursos y otras herramientas que aporten al efectivo involucramiento de estos actores en las respuestas al cambio climático.

El evento, realizado en el Hotel Sheraton, contó con la participación del Dr. Jorge González, Director de Ciencias de la Tierra y Sostenibilidad Ambiental (ESES) y profesor en el City College of New York (CCNY), quien dictó una conferencia magistral sobre “República Dominicana y sus desafíos frente al Cambio Climático”; también estuvieron presentes las doctoras Michela Izzo y Laura Rathe, y el doctor Alejandro Herrera, quienes intervinieron en el panel “Cambio climático y un futuro resiliente” donde abordaron sobre los patrones climáticos del país, la gestión de riesgo y la resiliencia climática, entre otros temas.

Como representantes de las demás instituciones fundadoras, estuvieron el señor Víctor Gómez-Valenzuela, vicerrector de Investigación del INTEC, y el señor Eduardo Julia, Oficial de Planificación y Cambio Climático de la Fundación Sur Futuro. Además, a este foro se sumó el ingeniero Ernesto Reyna Alcántara, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL).

Martes 05 de junio de 2018

Contacto: Participación Ciudadana, c/ Wenceslao Álvarez #8

Tel: (809) 685-6200 ext. 231

En una alianza estratégica que tiene como objetivo contribuir a la construcción de un entorno más pacífico y productivo en los planteles educativos, el movimiento cívico no partidista,  Participación Ciudadana y el Centro Casa Comunitaria de Justicia,  junto a las regionales de educación de los municipios de Santiago, Santo Domingo Oeste y Distrito Nacional realizó cuatro (04) experiencias pilotos de mediación escolar en los centros educativos, Ramón Dubert Novo, Cienfuegos- Santiago; Virgen del Carmen, La Ciénaga – Distrito Nacional y el Liceo Centro Las Américas, Manoguayabo- Santo Domingo Oeste, dejando habilitados centros de mediación para la resolución pacífica de los conflictos que se susciten entre los alumnos dentro del ámbito escolar.

Los estudiantes impactados por esta iniciativa, recibieron 60 horas formativas teóricas y prácticas para ser acreditados como mediadores escolares; estos no sólo adquirieron habilidades esenciales para la gestión positiva del conflicto que favorezca la eficiencia en el proceso formativo de la escuela, sino para sus relaciones y vivencias en la familia, en la comunidad y en sus futuras responsabilidades como ciudadanos y ciudadanas.

Estas experiencias pilotos de mediación escolar forman parte de las actividades de índole académico  que contempla el proyecto, “Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia”, auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), cuyo desarrollo estuvo a cargo de la Dra. Petronila Rosario Adames, abogada experta en mediación quien lideró la socialización de los contenidos y de las Casas Comunitarias de Justicia que tutelaron el proceso de horas prácticas o pasantías.

En el marco de la presentación de los resultados, se entregaron a 130 estudiantes entre edades de 13 a 18 años, certificados de acreditación que lo avalan como mediadores escolares, tareas que desde ya ejercen con responsabilidad en sus respectivos centros educativos.

La actividad, realizada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD),  contó con la participación del Dr. Nelson Espinal, abogado experto en mediación, quien dictó la conferencia central “Liderazgo y Cultura de Paz”. Igualmente, estuvieron presentes la señora Minerva Pérez, directora del Departamento de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación;  Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana, así como el personal directivo y docente de los planteles educativos partícipes de estas experiencias, entre otros.

Miércoles 23 de mayo del 2018

Contacto: Participación Ciudadana, c/ Wenceslao Álvarez #8

Tel: (809) 685-6200 ext. 231

Descargar: Carta Comite Lavado Activo

El Centro Juan XXIII, el Centro de Reflexión y Acción Social Padre Juan Montalvo SJ, la Fundación Masada, Santiago Somos Todos, la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo, Inc, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Participación Ciudadana, Capitulo Dominicano de Transparencia Internacional, solicitaran el lunes 21 de mayo, en una comunicación dirigida al Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, incluir como sujetos obligados de la Ley No 155-17 a los partidos políticos considerando el riesgo de lavado de activos de dichas entidades.

En la comunicación dirigida Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y enviando copia de la misma a la Junta Central Electoral, indicaron que “la Ley 155-17 incluyó a diversos sectores como sujetos obligados, pero omitió incluir a los partidos políticos a pesar de que en su artículo 46 consideró a las Personas Expuestas Políticamente (PEP) como factores de alto riesgo en la actividad de lavado”.

Las organizaciones demostraron que es la propia ley 155-17 la que estableció en su artículo 33, párrafo único, que “Reglamentariamente, el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos podrá incluir como sujetos obligados, a quienes realicen otras actividades no incluidas en la presente ley y que se consideren que presenten riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y, como tal, deban contar con mitigadores para impedir que sean utilizadas para dichas actividades ilícitas.”

Las instituciones solicitan formalmente que el Comité Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, a que dicte el reglamento correspondiente para incluir a los partidos y agrupaciones políticas como sujetos obligados, a fin de que los mismos estén en la obligación de adoptar un programa de cumplimiento, políticas y procedimientos para evaluar los riesgos de lavado de activos, implementar metodologías de gestión de riesgo, realizar el monitoreo y los procesos de debida diligencia, designar oficiales de cumplimiento y cumplir con las demás obligaciones que establece la ley.

Las organizaciones de la sociedad consideraron la necesidad de adoptar medidas, políticas, normas, que en su implementación y cumplimiento garanticen los controles necesarios para prevenir y controlar la penetración del crimen organizado en la actividad política y, en ese sentido, es necesario contar con mecanismos para regular el financiamiento de los partidos políticos.
Expresaron en un comunicado que “el financiamiento político sin control es la puerta de entrada del lavado de activos condicionando su funcionamiento y capturando las estructuras del Estado, penetrándola para facilitar la actividad del narcotráfico y el crimen, deformando la competencia electoral, la representación y desmantelando el sistema democrático y los cimientos del Estado social democrático de derechos”.

La publicación consta de 129 preguntas con sus respectivas respuestas fundamentadas en acuerdos y “declaraciones premiadas” de ejecutivos de Odebrecht ante los órganos judiciales de Brasil y EE. UU, denuncias y artículos periodísticos.

Participación Ciudadana, Capitulo dominicano de Transparencia Internacional presentó el documento titulado “Odebrecht-Punta Catalina: Más Corrupción Impune” donde resalta el hecho de que dentro de los proyectos adjudicados a la empresa Odebrecht en nuestro país, la Termoeléctrica Punta Catalina es el de mayor envergadura, tanto por la magnitud de la inversión pública envuelta en el mismo, como por el significado político que le ha asignado el presente Gobierno, en cuanto a su eventual y publicitada contribución a la solución del sempiterno problema eléctrico del país.

Participación Ciudadana, como lo ha hecho en ocasión de otros grandes casos de corrupción en nuestro país, decidió elaborar el documento, que puso a disposición de la ciudadanía, con el fin de resumir en forma de preguntas y respuestas sencillas los contenidos fundamentales de las denuncias judiciales y periodísticas relacionadas con el caso, la organización de la sociedad civil busca el entendimiento, la comprensión sobre el  sistema de corrupción instalado en el país y los riesgo de que la impunidad prevalezca, si la ciudadanía no continua su justo reclamo.

PC señalo que “No obstante, el Procurador General de la República decidió dejar el  proyecto Punta Catalina fuera del expediente acusatorio por el caso Odebrecht, a pesar de haberlo  mencionado en su solicitud de medidas de coerción, como uno de los casos en que hubo corrupción;  de tal manera, que ninguno de los imputados en la medida de coerción guarda relación con este proyecto, lo cual es una primera indicación de que se pretende repetir, en este caso de confeso delito, el encubrimiento y la protección de la corrupción, que ha sido hasta ahora la norma en la actuación del sistema judicial dominicano”

La publicación consta de 129 preguntas con sus respectivas respuestas, fundamentadas en documentos que contienen acuerdos y “delaciones premiadas” de varios ejecutivos de Odebrecht ante los órganos judiciales de Brasil y de los Estados Unidos de América. De igual modo, han servido de base las denuncias presentadas por organizaciones de la sociedad civil y algunas personas individuales, en las cuales se solicita al ministerio público dominicano que las investigaciones sobre este gravísimo caso sean completadas y ampliadas para incluir el ilícito de la sobrevaluación y el de financiamiento de campaña electoral, así como hacia otros eventuales involucrados, incluyendo al actual presidente de la República, Danilo Medina, y a los expresidentes Leonel Fernández e Hipólito Mejía.

PC señaló que el contenido del documento sólo abarca los elementos esenciales de lo acontecido con el caso Odebrecht hasta diciembre de 2017; al tratarse de un expediente en curso, faltan muchos eventos por conocerse, como lo será el referente a las personas o entidades que serán definitivamente acusadas por la PGR, al vencerse el plazo otorgado por el Juez de Instrucción Especial para que el ministerio público completara la investigación y presentara acusación.

La presentación de este informe tuvo lugar en el Hotel Sheraton, donde se contó con la asistencia de más 100 personas, entre ellos invitados especiales como la abogada Soledad García Muñoz, Relatora Especial Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Consejo Nacional
Lunes 7 de mayo del 2018

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Descargar: Carta CIDH resolución 1 18 (Español)

Nuestra organización con la fuerza moral de haber participado y dado seguimiento durante dos décadas a los esfuerzos y consensos por una ley que regule la actividad partidista en orden a la consolidación de la institucionalidad democrática, y tras la aprobación de un polémico proyecto pendiente de segunda lectura en el Senado de la República, Participación Ciudadana quiere apelar una vez más a los actores políticos y legisladores con las siguientes consideraciones y propuestas:

La imposición de un único mecanismo, primarias abiertas, simultáneas y bajo organización de la Junta Central Electoral,  para elegir las candidaturas de los partidos políticos a los cargos electivos no ha sido objeto de consenso desde el primer proyecto de Ley de Partidos elaborado en 1998-99 por la Comisión de Reforma y Modernización del Estado, creada por el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ni en ninguna de las otras concertaciones que le siguieron, como las del 2001-02, la del 2009 y la del 2012.

En la actualidad las primarias abiertas son objeto de un rechazo político y social generalizado, y que dividen hasta el propio partido (PLD) que tiene casi absoluto control del Congreso Nacional. Sólo respaldado por un partido aliado, el Revolucionario Dominicano. Ninguno de esos dos partidos ha convocado sus organismos directivos para aprobar una propuesta que por su naturaleza contradice hasta sus propios estatutos, los cuales establecen que son sus miembros quienes eligen sus candidatos.

El padrón abierto para las candidaturas ha sido rechazado reiteradamente por casi todos los partidos reconocidos, resaltando el bloque de once partidos de oposición al gobierno, pero también por los restantes, incluso casi todos los aliados electorales del PLD, agrupados en el Foro Permanente de Partidos Políticos.   Igual ha sido generalizado el rechazo entre las instituciones sociales preocupadas por la institucionalidad democrática

La imposición del padrón abierto sería una aventura que podría conducir a mayores confrontaciones, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, cuyo presidente ha adelantado que no propiciará una legislación para satisfacer el interés grupal. Y se sabe que allí faltarán unos 30 votos para lograr los dos tercios necesarios para la aprobación de esta ley orgánica.

No quisiéramos dar crédito a las versiones de que se podría estar planeando reproducir en la Cámara de Diputados el mercado de compras de votos que viabilizó la reforma constitucional del 2015. Pero aún si ese proyecto pasara sin el menor consenso en la Cámara de Diputados, ya se ha adelantado que se recurriría al Tribunal Constitucional buscando que se ratifique la declaratoria de inconstitucionalidad que anuló la ley 286-04 que estableció las primarias simultáneas, con padrón abierto y bajo responsabilidad de la JCE, como se replantea en el proyecto aprobado en primera lectura por los senadores.

Participación Ciudadana entiende que sería un proceso tan extenso y cuesta arriba que sumiría el país en la confrontación política y reduciría la gobernabilidad democrática, consumiendo suficiente tiempo para que la ley de partidos no tenga efectos en las campañas por las candidaturas a definirse el próximo año, ya en marcha en varios partidos. Hay quienes creen que en última instancia lo que se persigue con el intento de imposición es que no haya ningún límite ni ordenamiento.

Es obvio que dentro de ese clima de confrontación sería mucho más difícil consensuar y aprobar la nueva Ley del Régimen Electoral, también bajo ponderación del Congreso Nacional, llamada a adecuar el sistema electoral al marco de la Constitución del 2010, lo que debió hacerse hace más de siete años. Las experiencias recientes indican que el país no debe exponerse a otras elecciones generales sin adecuar su legislación a los requerimientos democráticos.

Recordamos que la Junta Central Electoral ha advertido de las graves dificultades que entrañaría una elección de candidatos por todos los partidos al mismo tiempo, sobre todo para el procesamiento de los resultados, cuando a cada cargo podrán optar tres precandidatos por partidos. Así para las elecciones municipales, con casi 4 mil cargos en juego, habría que contarle votos individuales a unos 12 mil aspirantes por partido, 48 mil en total, si la ley sólo obliga a los que han obtenido más del 5 por ciento de los votos, que son cuatro. La experiencia del procesamiento del voto preferencial por los 190 diputados, que le ha tomado a la JCE dos semanas, hace temer que lo propuesto por los senadores sería un acto de irresponsabilidad.

También se ha advertido lo riesgoso que sería embarcar a la JCE en tres elecciones generales en el corto plazo de seis meses, si las primarias son tres meses antes de las municipales de febrero, y luego de ésta la presidenciales de mayo. De haber segunda vuelta entonces serían cuatro votaciones generales.

El proyecto aprobado invade el ámbito de lo que sería la Ley del Régimen Electoral, en su artículo 41 cuando instituye sobre la apertura de la campaña electoral para las elecciones presidenciales y cuando indica fecha de toma de posesión de "las autoridades electas en mayo". También en el artículo 50, párrafos III y IV al referirse a la alianza para las candidaturas, que no caben en las primarias.

El proyecto aprobado establece que la JCE debe decidir sobre solicitudes de nuevos partidos a más tardar 6 meses antes de las elecciones, cuando lo justo sería a más tardar 6 meses tras la solicitud, que no debería hacerse 6 meses antes de las elecciones.

No establece el porcentaje de la mujer en los cargos de dirección de los partidos, dejándolo a los estatutos. Reduce del 25 al 10 por ciento el porcentaje del financiamiento estatal que los partidos deben destinar a la educación y formación de ciudadanos y miembros. Y mantiene su distribución muy desigual, con 80 por ciento en función de los votos obtenidos y sólo 20 por ciento entre todos los partidos, incluyendo los nuevos. Se ha reclamado una reducción al 70-30 por ciento.

Anexo: Documento de posición de Participación Ciudadana en torno a la Ley de Partidos en discusión en el Senado de la República.          

CONSEJO NACIONAL
17 de abril del 2018

Varias organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la Cámara de Diputados en una comunicación dirigida a la Sr. Rubén Darío Maldonado Díaz, en su calidad de Presidente de la misma y en virtud de lo establecido en el artículo 83 de la Constitución dominicana, iniciar el proceso de juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas como consecuencia del aumento salarial que se han auto asignado en inobservancia al artículo 140 de la Constitución y el artículo 12 de la Ley 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano, lo que resta legitimidad y calidad legal a los miembros del máximo órgano del sistema de control y auditoría del Estado.

Entre las instituciones firmantes que requieren al señor Rubén Darío Maldonado Díaz, en su calidad de Presidente de la Cámara de Diputados presentar juicio político contra los funcionarios que componen la Cámara de Cuentas, se encuentran las siguientes:

 Acción Comunitaria por el Progreso (ACOPRO),  Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE),  Ciudad Alternativa, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Corriente Magisterial José Francisco Peña Gómez, Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte, Corriente Sindical Guido Gil (UASD), Foro Ciudadano, Foro Feminista Magaly Pineda (FFMP), Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO), Frente Universitario Renovador Frente Estudiantil Flavio Suero (FEFLAS), Juventud Caribe,  Juventud Duartiana, Movimiento de Mujeres Trabajadoras (MMT), Movimiento de Trabajadores Independiente (MTI), Participación Ciudadana, Santiago Somos Todos, Unión Democrática de Mujeres (UDEMU) entre otras.

Las organizaciones sociales explican en la carta,  que el artículo 140 constitucional establece en forma sentenciosa que “ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados”.

Señalan las organizaciones solicitantes, que los miembros de la Cámara de Cuentas les han faltado el respeto no solo al país, sino además al Congreso Nacional, quien aprobó la Ley 105-13, sobre Regulación Salarial del Estado dominicano, cuyo artículo 12 establece como límite al salario del presidente de la Cámara de Cuentas, la suma de RD$350,000, que era el salario vigente hasta que fue aumentado en enero pasado a la suma de RD$423,500.00. Los demás miembros recibieron aumentos que llevaron sus salarios a RD$379,097.84.

Asimismo plantean que respecto a las justificaciones presentadas por el presidente de la Cámara de Cuentas para tratar de explicar el autoajuste de salarios, que una resolución jamás puede modificar una ley, como la 105-13, que fue cerrilmente quebrantada al traspasarse el límite salarial establecido por ella y es competencia del Congreso Nacional  fiscalizar que las leyes y resoluciones sean respetadas, sobre todo cuando se trata de un órgano como la Cámara de Cuentas, cuyos miembros son designados por el órgano Senado de la República.

Ley No. 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano en su artículo 25 establece prohibiciones de carácter ético y el literal (a) del referido artículo establece como prohibición “Utilizar su cargo para obtener ventajas, beneficios o privilegios que no estén permitidos por la ley, de manera directa o indirecta, para él, algún miembro de su familia o cualquier otra persona, negocio o entidad”.

Igualmente, expresan que el artículo 32 de la ley comentada dispone que los funcionarios que incumplan las incompatibilidades y prohibiciones establecidas en ella, serán sancionados con la pena de inhabilitación para el desempeño de funciones públicas hasta por un período de cinco (5) años, pero sobre todo establece en el párrafo del referido artículo que la violación de cualquiera de las prohibiciones establecidas en la ley, constituye la falta grave necesaria para dar inicio al juicio político contra los infractores.

Consejo Nacional
9 de abril de 2018