Envía carta al juez Francisco Ortega Polanco, con los argumentos jurídicos y de principios que fundamentan su solicitud de acceder a los escritos de contestación de acusación de los imputados en el caso.

 Santo Domingo, República Dominicana. A raíz de las objeciones de Angel Rondón a la solicitud de Participación Ciudadana de acceder a los escritos de defensa en el caso Odebrecht y su petición al juez de que previo a cualquier decisión al respeto se investigue la procedencia de lo solicitado ya que no forma parte del proceso penal, el movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, remitió una carta al juez del juicio preliminar, Francisco Ortega Polanco, exponiendo los argumentos jurídicos y de principios que avalan dicho requerimiento.

En la misiva, PC indica que el caso ya ha superado la fase preparatoria, que según el artículo 290 del Código Procesal Penal (CPP), no es público para los terceros, lo que adelanta que las siguientes etapas sí son de carácter público.

Cita el artículo 3 del CPP que bajo el título I sobre los principios fundamentales, explica que el juicio debe ajustarse a determinados principios, entre los cuales está la publicidad. También agrega que el artículo 308 del CPP se titula precisamente “publicidad”, enfatizando en el principio de que el juicio es público.

El abogado y dirigente de PC, Francisco Álvarez Valdez, sostiene que “es cierto que el juez puede establecer restricciones a la publicidad, pero, como expresa el penalista Alberto Binder, <>”.

Álvarez Valdez recuerda que PC es el capítulo nacional de Transparencia Internacional y que uno de sus fines es trabajar por la transparencia, razones por las cuales han dado seguimiento a varios casos judiciales como los de Baninter, Bancrédito, Mercantil, Victor Díaz Rúa y Félix Bautista, sin tener ningún problema para acceder a los expedientes de los referidos casos, incluyendo los escritos de contestación de acusación.

“Los escritos de defensa cuya copia solicitamos no son considerados documentos confidenciales pues los propios imputados han venido divulgándolos a través de los medios de comunicación y serán de conocimiento público debido a que los mismos serán presentados en las audiencias en forma oral y comunicados a todo el país a través de los medios de comunicación. Tener las copias facilita el trabajo de seguimiento del caso”, manifestó.

Acuse de recibo Carta a juez Francisco Ortega Polanco

El Presidente es acusado de intimidación contra las personas e instituciones que luchan contra la corrupción.

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, revocó el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad de las Naciones Unidas en Guatemala (CICIG), el organismo auspiciado por la Naciones Unidas y encargado de apoyar las investigaciones contra la corrupción en el país. La Comisión Internacional ha trabajado con las autoridades nacionales desde 2007 y ha tenido un éxito significativo en el procesamiento de numerosos casos de corrupción de alto nivel.

El Presidente hizo el anuncio rodeado de líderes militares y policiales mientras los medios informaban del despliegue simultáneo de militares en las inmediaciones de las oficinas de la CICIG. La medida fue anunciada precisamente cuando el Congreso de Guatemala inició audiencias preliminares contra el Presidente Morales por irregularidades en el financiamiento de campañas, y es otro intento de atacar y debilitar la lucha contra la corrupción en el país.

La decisión no cuenta con respaldo nacional ni internacional. Una encuesta reciente muestra que el 70% de los guatemaltecos confía en el trabajo de la CICIG. De hecho, la Comision Internacional ha producido excelentes resultados, desmantelando redes de corrupción en el país. La Fiscal General de Guatemala, contraparte nacional de la CICIG, afirmó que estará vigilante ante las consecuencias para el sistema de justicia y la lucha contra la impunidad y la corrupción causada por la no renovación del mandato de la Comisión.

Delia Ferreira Rubio, Presidenta de Transparencia Internacional dijo: "El anuncio del presidente Morales de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad de las Naciones Unidas en Guatemala representa un duro golpe contra la transparencia y la integridad en Guatemala y en toda América Latina. La CICIG ha sido un modelo en la lucha contra la corrupción. El hecho que el Presidente hiciera el anuncio rodeado de militares y el despliegue de fuerzas militares cerca de las oficinas de la CICG son un intento de intimidación. Es muy peligroso involucrar a los militares en asunto políticos o de justicia”

"Transparencia Internacional reconoce el excelente trabajo y los resultados del CICIG, apoya plenamente su continuación en Guatemala y expresa su solidaridad con el Comisionado Iván Velázquez. Esta es una decisión política que sólo beneficiará a los corruptos, quienes podrán actuar con impunidad mientras los guatemaltecos continúan sufriendo de la corrupción endémica ".

Esta decisión es la continuación de una serie de intentos del Presidente y sus aliados para detener la lucha contra la corrupción, reducir la libertad de expresión y restringir a las organizaciones de la sociedad civil. Manfredo Marroquin, Presidente de Acción Ciudadana, el capítulo de Transparencia International en Guatemala, fue víctima de acoso político por parte del Congreso de la República en abril de 2018.Transparencia International está muy preocupada por la tendencia a socavar las normas

democráticas, cuyo resultado es la proliferación de corrupción, impunidad y autoritarismo.

Transparencia Internacional insta a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional a que muestren un apoyo enérgico a la lucha contra la corrupción en Guatemala y apoyen la continuación e la independencia del CICCG.

Berlin, Alemania, 1ero de septimebre de 2018

Realiza Campamento Juvenil sobre el ordenamiento territorial, cambio climático y seguridad ciudadana

Con el objetivo de fomentar el liderazgo, la orientación y capacitación en temas de adaptación climática, ordenamiento territorial y seguridad ciudadana en los y las jóvenes, el movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, realizó un campamento durante los días 24, 25 y 26 de agosto del presente año.

Bajo el nombre “Clima-Camp 2018”, esta actividad contó con la participación de más de 40 jóvenes de Puerto Plata, Santiago, Las Terrenas, Jarabacoa, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís y el Distrito Nacional, pertenecientes a  organizaciones sociales,  particulares y entidades de la sociedad civil, afines a estas temáticas.

“Los y las jóvenes son el presente para construir un futuro para el cambio, y si queremos mejorar el país, el mundo, ellos deben ser uno de los principales actores. Por eso, con esta iniciativa buscamos desarrollar un liderazgo responsable, que puedan convertirse en multiplicadores de los mensajes y las buenas acciones orientadas a tener una República Dominicana más sostenible, segura, y a garantizar el buen funcionamiento de las ciudades y su relación con la sociedad”, expresó Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana.

El campamento estuvo estructurado por conferencias, talleres, cine fórum, dinámicas educativas y espacios de trabajo en grupos, encaminados a definir conceptos, generar debates y construir un marco de análisis y soluciones en base a las experiencias y necesidades de los participantes, combinadas con conocimientos transferidos por expertos en las diferentes áreas.

Tuvo como especialistas a Solhanlle Bonilla, quien impartió los conversatorios: “Tierra, uso de suelo, Ordenamiento del Territorio y gestión de los recursos naturales” y “Cambio Climático: visión global, regional y nacional”; a Ana Cabarcos, representante del PNUD, y Juanjo Cid, representante del IURA, con su intervención sobre los “Objetivos del Desarrollo Sostenible; Danilda Polanco, con su charla “Compromiso de la juventud por la preservación del medio ambiente y los recursos naturales”; Carolina Ramírez con la conferencia “Seguridad ciudadana y ordenamiento territorial”; y a Rigoberto Sánchez, quien ofreció un conversatorio sobre el liderazgo juvenil.

Esta acción formó parte del Proyecto de Transparencia y Rendición de Cuentas en la Planificación Territorial Dominicana de Participación Ciudadana, auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Sobre Participación Ciudadana

Participación Ciudadana es un movimiento cívico no partidista  de concertación y presión, fundado el 31 de octubre de 1993. Busca incidir en la reducción de la corrupción y la impunidad, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas; contribuir al fortalecimiento institucional del país; fortalecer y ampliar la participación, capacidad crítica y de movilización de la ciudadanía a favor de una sociedad democrática y transparente; y colaborar en el reforzamiento del sistema judicial dominicano, haciendo énfasis en el respeto a los derechos ciudadanos y el acceso a la justicia.

26 de agosto del 2018

Acuse de recibo Carta Reglamentos-Ley de Partidos-PC

Participación Ciudadana exhorta a la JCE a controlar la precampaña para las elecciones del 2020, aplicando la Ley 33-18

Santo Domingo, República Dominicana. En una carta dirigida al presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, el movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, expresó sus consideraciones sobre la Ley No. 33-18 sobre Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas, resaltando el interés de que la JCE se aboque a dictar los reglamentos que se requieren para su aplicación.

“Por años hemos defendido el poder reglamentario directo que el artículo 212 de la Constitución otorga a la JCE en los asuntos de su competencia y, de manera específica, en los tiempos y límites en los gastos de campaña y el acceso equitativo a los medios de comunicación. Sin embargo, algunos sectores alegaban que se necesitaba un mandato expreso de la ley. Esta discusión debe cesar, pues la Ley 33-18 ha otorgado el referido mandato por lo menos en cuatro temas centrales”, indicó en la misiva Miriam Díaz Santana, coordinadora general de PC.

Los temas señalados son los siguientes:

1 – Reglamento de propaganda política y publicidad. El art. 44, párrafo II de la Ley dispone que la JCE “elaborará mediante reglamento todo lo concerniente a la propaganda política y a la publicidad de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos durante la precampaña.”

2 – Reglamento de los procesos de primarias. El art. 46 otorga facultad a la JCE para reglamentar el proceso de primarias para la escogencia de los candidatos y candidatas, en aquellos partidos que escojan esta modalidad.

3 – Reglamento de control financiero de los partidos políticos. El art. 67, párrafo, establece que la JCE reglamentará todo lo concernientes a la Unidad Especializada de Control Financiero de los partidos, a fin de garantizar una efectiva supervisión de éstos.

4 – Reglamento de registro de contribuyentes. El art. 69, ordinal 2, permite a la JCE reglamentar lo concerniente al registro de contribuyentes.

Díaz Santana sostuvo que cuanto antes se inicie la elaboración y aprobación de los reglamentos, más posibilidades hay de que el próximo proceso sea exitoso, no sólo en el aspecto logístico, sino, sobre todo, en el cambio de las antiguas prácticas que ahora se regulan y el aumento de la confianza de la ciudadanía en los procesos electorales.

Se refirió a la decisión adoptada por la JCE sobre suspender todas las actividades proselitistas por extemporáneas, indicando que ahora cuenta con el apoyo de la Ley 33-18, que dispone en forma expresa, en su artículo 41, que la precampaña empieza el primer domingo de julio y concluirá con la escogencia de los candidatos, en el año previo a las elecciones. Para los que escojan sus candidatos a través de primarias, las mismas deberán ser celebradas a más tardar el primer domingo de octubre y para los demás métodos de escogencia será a más tardar el último domingo de octubre.

La coordinadora general dijo que Participación Ciudadana ya está dando seguimiento al cumplimiento de la Ley, que, aunque ya entró en vigencia, no ha detenido las actividades proselitistas de varios precandidatos, incluyendo transmisiones televisivas; acciones que son doblemente sancionadas por este reglamento, por un lado, reteniendo la parte de los fondos públicos que le corresponden, y por otro, con la inadmisibilidad de la candidatura como lo dispone el artículo 78 en su numeral 8, el cual asigna al órgano electoral como responsable de que no se incurra en estas violaciones.

Habló sobre la pena de prisión por divulgar a través de las redes sociales mensajes negativos que empañen la imagen de los candidatos, lo cual es considerado inconstitucional y peligroso por PC, ya que puede convertirse en  atentado contra el derecho fundamental de libertad de expresión y de información, y la calidad de los procesos electorales y de la democracia misma.

“La atención ahora debe concentrarse en la aplicación de la Ley 33-18, su reglamentación adecuada y la aprobación de una nueva ley de régimen electoral, a más tardar durante la legislatura en curso. Por su lado, la JCE deberá asumir una tarea nada fácil: romper con la cultura de incumplimiento de la ley, para evitar que sea la nueva víctima de esta debilidad nacional”, expuso Díaz Santana en el comunicado.

Anexo: Carta de PC al Dr. Julio César Castaños Guzmán, Presidente de la Junta Central Electoral (JCE), referida a Ley No. 33-18 sobre Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas. 

Consejo Nacional
21 de agosto del 2018

Después de dos décadas promoviendo la necesidad de una normativa legal para el fortalecimiento democrático y la transparencia del sistema político, Participación Ciudadana acoge y celebra los avances contenidos en la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos promulgada este lunes por el Poder Ejecutivo, tras la reciente aprobación congresual, aunque lamentamos que algunos de sus contenidos vayan en sentido contrario a las reformas demandadas por la sociedad dominicana y que en otros se quede corta.

Tomada esta ley como un paso adelante, mantendremos la expectativa de que en el futuro próximo sea perfeccionada, en lo que sea posible por la reglamentación de la Junta Central Electoral (JCE) en consulta con el sistema partidista, y sobre todo que se le de fiel cumplimiento y sea seguida en breve plazo por la adaptación de la Ley del Régimen Electoral al marco de la Constitución del 2010 para superar las rémoras del sistema electoral y auspiciar comicios equitativos, de libre competencia y amplia participación democrática.

Los logros más significativos

Los avances más significativos de la Ley de Partidos se concretarán en una reducción del costo de las campañas por las candidaturas y un mayor control de las fuentes de financiamiento, lo que deberá traducirse en un acceso más equitativo de los sectores de menores recursos a los cargos electivos. Esto podría derivarse de la limitación a tres meses de las promociones de candidaturas, y su reclusión al ámbito interno de los partidos, en locales cerrados, sin propaganda en las vías públicas ni en la radio y la televisión.

En la misma dirección apunta que las únicas fuentes de financiamiento establecidas en la ley sean las contribuciones individuales, las del Estado y las rentas derivadas de las actividades propias de los partidos, sin contemplar contribuciones de las empresas, ya sean nacionales o internacionales. Celebramos que se haya adoptado la transparencia sistemáticamente demandada con la obligación de un registro de contribuyentes, con nombres, apellidos, cédula de identidad y monto de los aportes, que deberá publicarse en las páginas electrónicas de los partidos y someterse al visado de la JCE, que tendrá a su cargo la creación de una Unidad de Control Financiero de los Partidos.

Resalta que la ley obliga a los partidos a “instituir mecanismos que garanticen la democracia interna y la igualdad y equidad de género a todos los niveles de sus estructuras organizativas”. Aunque no establece lo mismo para las candidaturas, resulta un avance que la proporción mínima por género se eleva del 33 al 40 por ciento de las mismas.

Otro logro positivo de la ley es la disposición de que todos los partidos, agrupaciones y movimientos deberán tener un padrón de miembros actualizado cada año ante la JCE. También que se adoptan mecanismos para evitar el dañino transfuguismo.

La ley reitera como ilegítima la utilización de todo género de bienes y recursos del Estado por parte de los partidos, más allá del financiamiento legal instituido, e incluye la prohibición de obtener rentabilidad política de los actos oficiales, como inauguraciones, en los periodos de campañas electorales.

Los aspectos que requieren mejoría

El aspecto más negativo de la ley recién promulgada es el contenido en el párrafo III del artículo 45 que otorga el privilegio a los organismos cúpulas de los partidos de decidir el tipo de registro de electores y el padrón a utilizar en la elección de sus candidatos, en desmedro de los estatutos y principios que consagran la democracia interna, dejando un espacio a impugnaciones de aspectos constitucionales.

Sobre el financiamiento de las elecciones primarias, con padrón interno o el de todos los ciudadanos, es obvio que la ley se queda corta, ya que las aportaciones estatales a todos los partidos en el año preelectoral no alcanzarían para cubrir su costo, mucho menos si apenas dos se acogen a métodos de elección que impliquen la apertura de todos los colegios y el complejo escrutinio de los votos individuales a múltiples aspirantes a los 4 mil 106 cargos electivos. Implica una elevación considerable del financiamiento estatal al partidarismo.

Mantenemos serias reservas sobre la carga que se impone a la JCE de organizar de forma simultánea hasta dos tipos de las elecciones primarias y procesar sus resultados en plazo de 5 días, dadas las experiencias de las dos semanas que ha tomado el escrutinio del voto preferencial individual para apenas 190 diputados en las elecciones congresuales y municipales desde el 2002, incluyendo las del 2016 cuando no se concluyó en cientos de colegios electorales.

Ratificamos el rechazo al inequitativo sistema de distribución del financiamiento estatal a los partidos, ratificado en la ley, con una proporción de 80 por ciento para los que obtengan más del 5 por ciento de la votación, sin ninguna escala, lo que es una demostración del ventajismo de los partidos dominantes, en desmedro de la mínima equidad. Habíamos abogado por una reducción por lo menos al 70-30 por ciento y escalamientos para que no haya tanta desproporción entre uno que obtenga 5 por ciento y el que logre 50 por ciento, o entre el de 4 y el 6 por ciento.

El sistema de sanciones establecido en la ley no es suficientemente disuasorio de los delitos y abusos, y en algunos casos resulta irrisorio. Por igual son ridículos los topes a las contribuciones individuales a los partidos y al gasto de los precandidatos. En el primer caso, se instituye que podrían llegar al 1 por ciento del partido que mayor monto reciba del Estado. Si se mide por la experiencia podría alcanzar entre 2 y 4 millones de pesos, muy superior a lo establecido en las democracias de naciones desarrolladas, como Estados Unidos. Autorizar un gasto a los precandidatos presidenciales de 70 pesos por elector, equivaldría a 510 millones de pesos, con el padrón de 7 millones 300 mil electores. Es igualmente alto para otras candidaturas.

Finalmente resulta deplorable que la proporción destinada a educación de los miembros de los partidos se haya reducido en la ley del 25 al 10 por ciento y a cero en los años de elecciones.

CONSEJO NACIONAL
Miércoles 15 de agosto del 2018

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Como sostiene el famoso dicho: Un pueblo unido jamás será vencido. El 12 de agosto fue un día para la historia, un día donde gritamos a vivas voces y demostramos que estamos cansados y cansadas de que acaben con los recursos que podrían ayudarnos a tener un mejor país y una mejor calidad de vida para todos y todas.

En la Marcha del Millón, bajo la consigna “Somos un pueblo unido y de pie”, miles de dominicanos y dominicanas se pronunciaron y aclamaron el cese de la corrupción y la impunidad.

Un evento donde la Marcha Verde volvió a demostrar que gran parte de la ciudadanía está despierta y no quiere que se atente más contra sus derechos ni que utilicen los recursos del estado para beneficio propio, acciones que amenazan el desarrollo de nuestro país y la posibilidad de que todos sus ciudadanos y ciudadanas tengan una vida digna y mayores oportunidades.

El movimiento reafirmó su compromiso de consensuar e impulsar con los más diversos sectores “las reformas estructurales, indispensables para sacar de una vez y para siempre a la delincuencia política y a sus aliados económicos, empresariales y militares de las instituciones y de todos los ámbitos de la vida en común del pueblo”.

Ya no más corrupción e impunidad, “la delincuencia debe estar en la cárcel; no en el Estado”.

Participación Ciudadana respalda Marcha del Millón contra la Corrupción y la Impunidad

Santo Domingo, República Dominicana. El capítulo dominicano de Transparencia Internacional y movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, anunció su respaldo a la Marcha del Millón que será realizada el próximo domingo 12 de agosto y reafirmó su apoyo al Movimiento Marcha Verde.

PC solicita a todos sus miembros, voluntarios/as de todo el territorio nacional, sumarse a las tareas organizativas, logísticas del movimiento social en cada localidad y movilizarse vivamente en contra de la corrupción y la impunidad en la marcha verde del millón.

También exhortaron a la ciudadanía y a las organizaciones sociales de todo el país, a participar enérgicamente y en las calles rechazando la corrupción, la impunidad, con las complicidades de las autoridades y de la justicia frente a la corrupción rampante, que limita el desarrollo económico y social de este pueblo inmerso en la pobreza.

Mediante rueda de prensa, la coordinadora general de la organización, Miriam Díaz Santana, enfatizó en la participación de toda la ciudadanía en este acto, el cual será un reflejo de que República Dominicana está despierta y no permitirá más corrupción, impunidad ni injusticias.

“Solo la movilización firme de toda la ciudadanía podrá acabar con estas acciones en contra de nuestros derechos humanos. Necesitamos construir un mejor país, y para eso todos y todas debemos luchar y no quedarnos callados ni calladas ante estos hechos. Es hora de alzar nuestras voces, que nuestra presencia, que nuestra lucha sea tan fuerte que seamos un ejemplo a seguir para otros países”, sostuvo Díaz Santana.

Agregó que no hay nada más sólido que una sociedad unida a fin de alcanzar un bien común y que cada acción particular suma a lo que se quiere lograr.

La coordinadora general señaló que la corrupción y la impunidad se han convertido en una enfermedad que trasciende al ámbito nacional e internacional, generando un círculo vicioso que para su destrucción debe ser cortado de raíz.

“La corrupción impide que un país se desarrolle, que propicie la igualdad de oportunidades entre sus ciudadanos y ciudadanas, que se adquieran los mejores servicios alimenticios, de salud, de vivienda, de seguridad ciudadana; y cuando esta queda impune, crea desesperanza en las personas que desean una nación más transparente inmersa en una cultura de buenos valores. Por esto, por el futuro de nuestros familiares, nuestros amigos, de todos los ciudadanos y ciudadanas de República Dominicana, debemos ser uno del millón”, explicó Díaz Santana.

La Marcha del Millón fue convocada por el movimiento Marcha Verde para este 12 de agosto a las 9:00 de la mañana, partiendo desde la intersección de la avenida 27 de Febrero con la Ave Tiradentes.

 Martes 07 de agosto de 2018

Destacó la labor periodística de estos profesionales de la comunicación, por ejercerla apegados a la verdad y defendiendo los mejores intereses del pueblo dominicano.

Santo Domingo, República Dominicana. El capítulo dominicano de Transparencia Internacional y movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, envió una carta a los periodistas Edith Febles, Salazar y Ricardo Nieves, como gesto de solidaridad por “su forzada” salida de CDN, canal 37.

En la misiva, la coordinadora general de Participación Ciudadana, Miriam Díaz Santana,  sostuvo que es lamentable que los medios de comunicación reciban presiones del poder político y/o que por motivos económicos originados por el Estado tengan que doblegarse, tratar de limitar o excluir a comunicadores reconocidos y apreciados por la población.

Expresó la preocupación de la organización por los indicadores de autoritarismo, intolerancia y represión que “enturbian” el panorama de la República Dominicana y atentan contra los avances en la libertad de expresión que con “tantos sacrificios” se han conquistado.

“La historia de nuestro país ha estado plagada de dictadores y corruptos que han tratado siempre de que sólo se escuche lo que les conviene, pero eso nunca ha amedrentado a quienes como ustedes han elegido la noble misión de defender los más elevados valores.  ¡Sigan adelante! que nuevos espacios se abrirán y tengan la seguridad de que cuentan con el respeto, el aprecio y el respaldo que con su trabajo se han ganado”, indicó Díaz Santana.

Participación Ciudadana expresa profunda preocupación frente al procedimiento que ha iniciado la Procuraduría General de la República y que ha sido denunciado por diversos sectores como una maniobra tendente a sacar de la magistratura, de manera precipitada y violatoria de las leyes, a varios fiscales reconocidos por su buen desempeño, para sustituirlos por personas allegadas al responsable del ministerio público y a los intereses partidarios del partido de turno.

El artículo 41 de la Ley 133-11 establece que la posición de Procurador Fiscal Titular será elegida por un período de cuatro años y “su mandato podrá ser reconfirmado por un segundo y único período consecutivo previa evaluación de desempeño”. El Procurador, con más de dos años en el puesto no cumplió con esta disposición y ahora, de forma apresurada, llama a un concurso limitado al mismo cargo, incluyendo a fiscales que ya  les queda  menos de dos años para cumplir el tiempo máximo permitido.

Participación Ciudadana siempre ha abogado por el cumplimiento de las leyes y reglamentos, y la selección de funcionarios mediante concursos. Pero aquí hay varias violaciones que no pueden pasarse por alto. La primera es la omisión de las evaluaciones que establece la Ley; la segunda corresponde a la imposición precipitada de un procedimiento que no les corresponde a quienes ocupan los puestos; y la tercera concierne al impedimento de presentarse para puestos de rango superior.

No queremos incurrir en especulaciones sobre las razones que se esconden detrás de estas violaciones a la Ley. Independientemente de las mismas, las autoridades judiciales están obligadas a cumplir y dar ejemplo de transparencia y justicia, dos cualidades que no están presentes en este proceso.

Hacemos un llamado al procurador Jean Alain Rodríguez para que corrija las violaciones y falta de transparencia y equidad en este proceso. Su obligación como funcionario público es fortalecer el sistema de justicia. Lamentablemente, sus actuaciones en el puesto han sido merecedoras de muchos cuestionamientos, especialmente por la inercia y la parcialidad en el combate a la corrupción.

La opinión pública ya ha levantado su voz de alerta en este caso. El Gobierno Dominicano y su Procurador General están en el deber de despejar las sospechas de que se trata de una maniobra más para blindar a funcionarios corruptos y frustrar una vez más las aspiraciones de tener un sistema de justicia imparcial que ponga fin a la desgracia de la impunidad que tanto daño ha hecho a este pueblo.

CONSEJO NACIONAL
Martes 31 de julio del 2018

Envió un comunicado al presidente de esta institución, Rubén Darío Maldonado Díaz, donde señala los lineamientos legales que abalan la petición de crear comisión especial para investigar pagos a Joao Santana.

Acuse de recibo Comunicacion Camara de Diputados

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, remitió esta mañana un comunicado al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Darío Maldonado, donde presenta su descontento por lo transcurrido en la sesión de ese organismo en fecha 11 de julio de 2018, ante la solicitud de la diputada Faride Raful, junto a los diputados Frank Paulino, Robinson Díaz y Agustín Burgos, de que se aprobara la creación de una comisión especial para investigar los pagos a las empresas de Joao Santana y su esposa Mónica Moura.

Se recuerda que durante esta sesión los cuatro legisladores propusieron que se investiguen las contrataciones públicas que hizo el Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección de Comunicación (DICOM) durante el período 2012-2017, a favor de las empresas Cine&Art 2013 y Polis Caribe, propiedad de Santana y Moura.

Raful aseguró que cuando Joao Santana salió del país en febrero 2016, en plena campaña presidencial, a enfrentar la justicia brasileña por recibir pagos en el extranjero que provendrían de sobornos en Petrobras (siendo condenado a prisión), éste renunció a asesorar la campaña del presidente Danilo Medina, momento en que aspiraba a la reelección. No obstante, la diputada sostuvo que las empresas de Santana siguieron recibiendo dinero por parte del Estado.

En ese tenor, Participación Ciudadana indicó que la revelación hecha por los diputados, con pruebas provenientes de la Contraloría General de la República, de contrataciones con ambas compañías por 4 millones 800 mil dólares y 1,109 millones de pesos, para un total de 1,346 millones 841 mil 796 pesos, equivalentes a 30 millones 784 mil dólares, “son razones más que suficientes para justificar con creces la solicitud realizada, la que PC respalda sin reservas”.

El movimiento catalogó como incorrecto el comportamiento del diputado Radhamés Camacho al solicitar sacar el caso del hemiciclo cameral y canalizarlo a través de los tribunales, ignorando que, de acuerdo al artículo 93 de la Constitución, el Congreso Nacional no solo legisla, sino que además tiene funciones de fiscalización y control de finanzas públicas, por lo que tiene facultad de nombrar comisiones especiales de investigación.

“La Constitución es reiterativa al respecto cuando en su artículo 246 dispone que <>”, añade la organización en el comunicado.

Participación Ciudadana sostuvo que los legisladores Raful, Paulino, Díaz y Burgos, no solo cumplían con su obligación como diputados, sino que también desempeñaban su deber ciudadano descrito en el artículo 75 de la Constitución, de velar por el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública.

“No se trata de defender colores partidarios en la Cámara de Diputados sino de anteponer los colores patrios, ante un hecho tan revelador como el que implica pagos millonarios a dos personas vinculadas al caso Odebrecht, sobre todo, una parte de los pagos realizados con posterioridad a su condena en Brasil a cinco años de prisión por 19 cargos de lavado de activos. Todo esto implica que el gobierno dominicano ha estado pagando servicios a personas condenadas por actos de lavado, hecho que por sí mismo es gravísimo y merece no solo ser investigado, sino una explicación detallada por parte de las autoridades comprometidas en tales hechos”, alegó el capítulo dominicano de Transparencia Internacional.

 Martes 17 de julio de 2018