Datos sobre la cooperación internacional indican que la mayoría de los países de América Latina falla al no proseguir adecuadamente a la investigación
de esquemas de corrupción grande

Las informaciones abarcan nueve países de América Latina: Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela

El progreso de los trabajos de los organismos de investigación de grandes casos de corrupción que involucran la constructora brasileña Odebrecht en América Latina es muy discrepante y, en líneas generales, insuficiente. Esta es una de las conclusiones que uno puede sacar de los datos inéditos, proporcionados a partir de hoy (29/5), sobre el progreso en los últimos dos años de investigaciones deflagradas por la Operación «Lava Jato” en nueve países de la región que, además de Brasil, han sido mencionados en las delaciones de la constructora brasileña: Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Para consultar directamente las informaciones, visite https://www.jota.info/tudo-sobre/lava-jato-en-el-mundo.

La cooperación internacional ofrece indicio importante de ese ritmo de trabajo desigual. Ante las dificultades técnicas, legales y políticas, han sido de modo general reducidos y discrepantes los niveles de la colaboración entre estas naciones y Brasil – país que ha producido muchas informaciones en cinco años de la Operación Lava Jato. En el 2017 y 2018, los nueve países mencionados enviaron 118 solicitudes de cooperación a las autoridades brasileñas. Sin embargo, solo Perú representó más de la mitad de estas solicitudes, de un total de 68 solicitudes.

Del otro lado, países como Guatemala y Venezuela han enviado apenas una solicitud cada uno, lo que revela el bajísimo nivel de actividad investigativa y, por lo tanto, un riesgo real de impunidad para los graves delitos revelados por la Operación Lava Jato en estos países.

Estos datos inéditos han sido obtenidos por Transparencia Internacional, la principal ONG dedicada a la lucha contra la corrupción en el mundo, y por JOTA, startup periodística especializada en la cobertura del Poder Judicial en Brasil. El proyecto también tuvo el apoyo de Digesto, empresa que procesa y analiza datos de millones de procesos judiciales brasileños.

En la página del proyecto en Internet, al hacer clic en cada uno de los países analizados, los usuarios tendrán acceso a una ficha completa con las siguientes informaciones:

• Resumen de los hechos relacionados a supuestos actos de corrupción en cada país, con informaciones inéditas.
• Lista de documentos – material obtenido por Digesto en consultas a sitios web oficiales de Tribunales brasileños sobre las investigaciones en marcha.
• Datos de la cooperación bilateral con Brasil – base con indicadores de:
  • relación de los pedidos de cooperación solicitados por las autoridades de esos países a sus pares brasileños (divididos por año, país y tipo de diligencia, como revelación de secreto, interrogatorio, etc.);
  • Fechas de la redacción del acta de compromiso firmada con el Ministerio Público Federal brasileño; y
  • Informaciones sobre posibles Equipos Conjuntos de Investigación, que pueden operar en dos o más países para llevar adelante investigaciones penales en sus territorios por tiempo y fin determinados. La ficha de cada país informa se hay o no negociaciones en marcha para la formación de equipos conjuntos con Brasil.
• Lista de vídeos con las trascripciones de declaraciones.
• Lista de obras con posibles irregularidades.
• Lista de los nombres de los ex ejecutivos – nombres de los profesionales de Odebrecht directamente vinculados a cada uno de los nuevos países latinoamericanos y quienes han colaborado.

En el 2017 y 2018, de las 118 solicitudes de cooperación enviadas a las autoridades brasileñas, Perú hizo más de la mitad de estas solicitudes, según lo mencionado anteriormente, y enseguida está Panamá (18) y Argentina (12). Los países que menos han hecho solicitudes de ayuda a Brasil son Venezuela, Guatemala (ambos con apenas una solicitud) y República Dominicana (tres solicitudes). Cada pedido de cooperación produce un acta y, de modo general, la fecha de la primera acta señaliza que, a partir de ese momento, hay un “desbloqueo” en la cooperación, según la investigación de TI Brasil y JOTA.

La cooperación internacional es apuntada por autoridades, periodistas y especialistas que siguen de cerca la Operación Lava Jato como uno de los principales vectores para el avance de las investigaciones en Brasil. La poca cooperación entre países latinoamericanos y Brasil es uno de los retos más grandes en el avance de las investigaciones en las naciones vecinas. Profesionales brasileños que siguen de cerca la cooperación internacional relatan que existe retos técnicos, legales y políticos para la buena ejecución de la cooperación brasileña con los países de la región.

“Es de suma importancia para América Latina conocer de cerca las investigaciones en marcha de la Operación Lava Jato, principalmente, en lo que se refiere a la participación de importantes personajes del mundo político de la región en los esquemas de la constructora brasileña Odebrecht. Si, por un lado, existen argumentos razonables de que las investigaciones deben realizarse en secreto; por otro, también es muy importante que las autoridades de cada país informen al menos los datos estadísticos básicos sobre investigaciones en marcha, diligencias y, en este caso, cooperación internacional, para que sus ciudadanos puedan sentirse seguros de que los delitos están siendo investigados adecuadamente. Ya que Brasil concentra las investigaciones sobre los esquemas de Odebrecht, un indicador importante de la buena marcha de estos trabajos es justamente la cantidad y el tipo de solicitaciones que se han hecho al país. En este sentido, el proyecto que estamos lanzando hoy trata de aumentar el conocimiento de la sociedad sobre este tipo de dato. Se trata, a fin de cuentas, de la plataforma que reúne la información más completa posible sobre este caso”, afirma el consultor sénior de Transparencia Internacional – Brasil, Fabiano Angélico.

Sobre Transparencia Internacional – Transparencia Internacional es un movimiento global con un único propósito: construir un mundo donde los gobiernos, empresas y el cotidiano de las personas estén libres de la corrupción. Actuamos en Brasil en el apoyo y movilización de grupos locales de lucha contra la corrupción, producción de conocimiento, concienciación y comprometimiento de empresas y gobiernos con las mejores prácticas globales de transparencia e integridad, entre otras actividades. La presencia internacional de TI nos permite defender iniciativas y legislaciones contra la corrupción y que gobiernos y empresas efectivamente se sometan a ellas. Nuestra red también significa colaboración e innovación, lo que nos brinda condiciones privilegiadas para desarrollar y probar nuevas soluciones de lucha contra la corrupción.

Sobre JOTA – A partir de una nueva forma de cobertura de las instituciones públicas brasileñas, JOTA proporciona informaciones de calidad, con análisis y contexto, a un público profesional que necesita tomar decisiones estratégicas constantemente con base en los movimientos de los tres poderes.

Informaciones para la prensa
Transparência Internacional Brasil / CDI Comunicação Corporativa
André Guerra +55 11 3817-7907 – [email protected]
Eduardo Silva  +55 11 3817-7944 – [email protected]
Jorge Valério    +55 11 3817-8002 – [email protected]

Cotuí, República Dominicana. El Espacio Nacional para la Transparencia en la Industria Extractiva (ENTRE), afirmó que es inaceptable que a la fecha el gobierno dominicano no aplique de manera uniforme la disposición de la Ley 64-00, que en su artículo 117 establece que los municipios donde estén ubicadas explotaciones de recursos naturales no renovables deben recibir el cinco por ciento (5%) de los beneficios netos generados  por las industrias extractivas.

En un panel realizado con la participación de más de treinta organizaciones de la sociedad civil, precandidatos de los diferentes partidos políticos y autoridades municipales de los ayuntamientos de la provincia Sánchez Ramírez, en el salón Parroquial de Cotuí, con el tema, “Régimen de Participación de los Municipios en los Beneficios derivados de la Minería”, fueron expuestos criterios técnicos, legales y económicos sobre el derecho de los ayuntamientos de recibir los recursos establecidos por la Ley 64-00, Sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Los panelistas fueron Carlos Pimentel, abogado y director ejecutivo de Participación Ciudadana, y Maritza Ruiz, economista y directora del Observatorio de Política Pública de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD).

En su intervención, Pimentel expresó que “si bien es escueto, el artículo 117, párrafo II, de la Ley 64-00, claramente otorga a los municipios el derecho a obtener pagos equivalentes al 5% de los beneficios netos de las empresas mineras, interpretación que ha sido asumida por la empresa CORMIDOM, como se refleja en su práctica. De igual forma, al examinar la legislación dominicana, otras entidades como el Instituto de Investigación Social para el Desarrollo (IISD) no dudaron en asumir la misma interpretación del artículo 117, párrafo I de la Ley 64-00”.

Agregó que debido a esto, puede descartarse la interpretación de que el artículo 117, párrafo II, de la Ley 64-00 se refiere al 5% de los pagos realizados al Estado por el concepto de la concesión minera, porque dicha redacción, que aparecía en el Contrato de Exploración y explotación minera (CEADM) original, fue considerada como un derecho distinto y separado en la Ley 91-05 que crea el Fondo Minero de la Provincia Sánchez Ramírez (FOMISAR).

Resaltó que el CEADM y sus enmiendas crearon un régimen especial en favor de Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC) que riñe con las disposiciones de la Ley 64-00 y la Ley 91-05, y que la única forma de armonizar este régimen sin desnaturalizar dichas leyes es interpretar que PVDC debe pagar al FOMISAR, el equivalente al 5% de los beneficios netos, es decir, de la ganancia que obtenga en cada ejercicio.

Por su parte, la directora de ODPP-UASD, Maritza Ruiz, indicó que la problemática en República Dominicana es que no existe ninguna transparencia sobre cuáles son los beneficios derivados de la empresa explotadora, y que «el Estado debe regular el pago de las empresas mineras sobre la base de las ganancias obtenidas. Si la sociedad civil no se empodera y las comunidades no se movilizan, los recursos de las empresas mineras se van a diluir».

Sobre el ENTRE

El ENTRE es un espacio que agrupa más de 120 organizaciones populares, sociales, académicas y comunales de todo el país, que buscan luchar por la transparencia en la industria extractiva en RD, cuya coordinación nacional está conformada por Participación Ciudadana, la Fundación Guayacán de Energía y Medio Ambiente (GEMA), el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD), Fundación Dominicana para la Protección del Medio Ambiente Vida y Sadud (Cotui) , la Fundación Cuayá (Fantino),  Articulación Nacional Campesina (ANC), y otras siete organizaciones de la sociedad civil.

ENTRE forma parte de la Comisión Nacional de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), un estándar internacional que promueve la rendición de cuentas en este sector, de forma que se transparenten los ingresos generados por la minería metálica y no metálica, la forma de emplearse y el impacto en el crecimiento económico y desarrollo sostenible para la reducción de la pobreza.

Organizaciones sociales alertan este proyecto representaría retrocesos en la lucha para erradicar la violencia hacia las mujeres

Organizaciones de la sociedad civil exhortaron a la Cámara de Diputados a revisar el proyecto de ley sobre violencia de género aprobado por el Senado, tras advertir que presenta serios retrocesos en la lucha por la erradicación de la violencia de género. Afirmaron la sociedad dominicana espera una legislación que responda a los desafíos de la grave epidemia de violencia contra las mujeres, una de las principales problemáticas sociales del país.

Según las organizaciones Participación Ciudadana, Foro Feminista, Núcleo de Apoyo a la Mujer, Unión Democrática de Mujeres -UDEMU- ,Oxfam, Colectiva Mujer y Salud, Conamuca y Ce-Mujer, el proyecto aprobado por el Senado reduce el marco de protección legal vigente, al tiempo que da continuidad a limitaciones que actualmente obstaculizan el avance efectivo en la prevención, atención y sanción de este problema.

Este proyecto define los delitos de violencia física y violencia psicológica o emocional contra las mujeres como los actos realizados en el marco de las relaciones de pareja. “Esto implica un retroceso respecto a lo contenido en la Constitución, la Ley 24-97 y convenciones internacionales, que reconocen el deber del Estado de garantizar a las mujeres la protección de su derecho a una vida libre de violencia, al margen del espacio en donde esta se produzca y la relación con el agresor”, sostuvieron. Además, tipifica el delito de feminicidio como el dar muerte a una mujer sólo en el marco de una relación de pareja.

Por otro lado, establece como institución rectora a cargo de la aplicación de la Ley a la Procuraduría General de la República, lo que refleja una visión limitada de la violencia contra las mujeres sólo como un delito, obviando con ello las otras dimensiones de este problema socio-cultural, consecuencia extrema de la situación de discriminación y subordinación que enfrentan las mujeres por su condición de género. Señalaron que su abordaje debe ser por consiguiente integral y responsabilidad del Ministerio de la Mujer, en cumplimiento de su misión de liderear las políticas públicas que contribuyan a la igualdad y la equidad de género.

Afirmaron esta legislación “se queda corta” al establecer los delitos de violencia contra las mujeres, pues no incluyen manifestaciones o ámbitos de violencia contra las mujeres como la violencia política, el acoso sexual en espacios públicos o la violencia institucional. Tampoco se establecen sanciones a delitos como los actos de negligencia cometidos por servidores públicos cuando causen desprotección de las mujeres en situación de violencia.

Los mecanismos de aplicación establecidos en el referido proyecto de Ley no responden a las necesidades de intervenciones desde el nivel local, asegurando la participación de las organizaciones de mujeres. Este vacío, junto a la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas, afecta la efectividad de cualquier política contra la violencia de género.

Las organizaciones llamaron a considerar el proyecto de “Ley que Crea el Sistema Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” interpuesto ante la Cámara de Diputados, en el entendido de que este proyecto toma en cuenta las demandas y necesidades de las mujeres y responde a los mandatos constitucionales y a los estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres.

Invitaron además a las mujeres en todo el territorio nacional a dar seguimiento y estar alertas al contenido de las propuestas de Ley sobre violencia contra las mujeres que se discuten y aprueban en el Congreso Nacional. “No vamos a permitir que derechos conquistados por las mujeres hace más de 20 años sean eliminados”, aseguraron.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, junto a la Fundación REDDOM, socializó este miércoles un informe sobre la evaluación del Proyecto Piloto de Pagos por Servicios Ambientales Hídricos de la Cuenca alta del río Yaque del Norte (PSA-CYN), como mecanismo para promover la resiliencia ante los efectos del clima en Jarabacoa.

El PSA-CYN es una iniciativa que se ejecuta en una primera fase, en la cuenca alta del Yaque del Norte, bajo la coordinación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el propósito de contribuir con la conservación de los cuerpos de agua de esta cuenca mediante un Pago por Servicios Ambientales, con el fin de aportar a la sostenibilidad del recurso hídrico en calidad y cantidad.

El coordinador general de PC, Heiromy Castro, expresó que “mediante el desarrollo de esta evaluación, se capacitaron alrededor de 150 personas entre beneficiarios del programa de PSA y miembros de organizaciones de la sociedad civil en agroforestería y resiliencia climática, haciendo énfasis en el gran aporte que cada uno de ellos realiza en el uso adecuado del suelo, protegiendo la integridad del mismo, preservando el recurso hídrico, la biodiversidad yla belleza escénica que caracteriza a la comunidad de Jarabacoa”.

El informe arrojó conclusiones positivas sobre la implementación de esta iniciativa, catalogándola como un avance en materia de adaptación y mitigación al cambio climático y un aporte a la conservación de uso del suelo que protege la integridad de la planificación territorial.

Luis Tolentino, especialista en Cambio Climático y Medio Ambiente de la Fundación REDDOM, indicó que a través de esta evaluación se verificó que los objetivos del PSA-CYN se cumplen y que se evidencia en los resultados visibles de conservación y preservación del recurso hídrico acorde a la percepción de los beneficiaros y otros actores locales.

Señaló que se pudo evidenciar el aumento y mantenimiento en la cobertura boscosa; incremento del caudal y calidad del agua; menos erosión en sus parcelas; aumento del ingreso familiar, que se refleja en mejoras físicas del entorno; y cambios en la cultura ambiental de los beneficiarios, manifestada en su entorno productivo y en sus comunidades.

“El proyecto piloto de PSA-CYN es un modelo novedoso y positivo de conservación en el país, que contribuye a la conservación de los servicios ambientales hídricos de la cuenca del Yaque del Norte mediante la conservación de bosques y sistemas agroforestales. De acuerdo a los propios actores involucrados, este ha contribuido a la mejoría de la calidad de vida de los beneficiarios, con lo cual se contribuye además a la resiliencia ante los efectos del clima, en Jarabacoa. El mismo servirá de referencia para la replicabilidad de este instrumento económico, a nivel nacional, en el marco de la aplicación de la Ley 44-18 que Establece Pagos por Servicios Ambientales en la República Dominicana”, resaltó.

El PSA-CYN se desarrolla en el marco de un acuerdo firmado en diciembre de 2007, entre Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Inició sus operaciones en el 2008; desde el 2009 han realizado labores de conservación de suelos (reforestación), y desde agosto de 2011, han establecido contratos de pago por servicios ambientales con propietarios o poseedores de bosques y sistemas agroforestales (café).

Para el estudio se trabajó de la mano con los beneficiarios del Programa, actores claves locales y con la comisión de Pagos por Servicios Ambientales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Indican que la decisión de la JCE sobre el arrastre agrega nuevas incertidumbres al próximo proceso electoral, sobre la autoridad y confianza que debe generar la JCE.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana,  lamentó la decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de mantener el arrastre del voto a los candidatos a diputados a favor de los candidatos a senadores en las provincias con mayor cantidad de electores, por ser violatoria de la Constitución que establece en su artículo 77 que “la elección de senadores y diputados se hará por sufragio universal directo” (art. 77), y lo reitera en su artículo 208.

Para Participación Ciudadana, que se haya excluido el arrastre en 26 provincias, no elimina la violación a la Constitución en que se incurre en las otras 6 provincias, que además son aquellas que concentran el 59% del electorado e indicaron que “pretender una solución salomónica con el cumplimiento de disposiciones constitucionales no contribuye a la institucionalidad en la República Dominicana”.

“Un voto que se realiza a favor de un candidato a diputado y se pretende adjudicar a un candidato a senador sin que el elector lo haya marcado, no puede interpretarse jamás como un voto directo, por lo que esta decisión de la JCE agrega innecesariamente nuevas incertidumbres sobre el próximo proceso electoral ante la probabilidad de que el tema llegue al Tribunal Constitucional”, expresó el Consejo Nacional de PC en un comunicado de prensa.

Señaló que la gran mayoría de los partidos políticos, así como los más renombrados expertos en derecho constitucional, han planteado claramente la imposibilidad de mantener el voto de arrastre en la elección de senadores debido a las disposiciones constitucionales antes mencionadas, indicando que “la intención del legislador no puede estar por encima de la intención de la asamblea revisora y mucho menos de un texto constitucional claro”.

La organización de la sociedad civil sostuvo que el voto de arrastre reduce la libertad que debe tener el elector, cuyo voto, de acuerdo con el artículo 208 constitucional, debe ser “personal, libre, directo y secreto”. En adición, la nueva ley electoral en su artículo 92 estableció un nivel de elección separado para los candidatos a senadores y otro distinto para los candidatos a diputados, señalando que los mismos son indivisibles y no fraccionables.

Destacó que, con su decisión, la JCE actúa en forma contraria a las disposiciones del artículo 74.4 constitucional que obliga a los poderes públicos a interpretar y aplicar las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos, agregando que, en este caso, el titular del derecho fundamental al sufragio es el elector y sus intereses deben prevalecer sobre cualquier partido que pretenda beneficiarse de los efectos antidemocráticos que produce el arrastre.

“Con esta decisión favorable al partido de gobierno, la JCE desaprovecha una buena oportunidad para mostrar su independencia de criterio frente al sector oficial y, al mismo tiempo, desperdicia la posibilidad de generar la confianza ciudadana que le hará falta para arbitrar adecuadamente los venideros comicios del 2020”, manifestó el Consejo Nacional de PC en el comunicado.

Carta ENTRE a MEM

Santo Domingo, República Dominicana. El Espacio Nacional por la Transparencia de la Industria Extractiva (ENTRE), remitió una carta al ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, donde solicitó incluir dentro de la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva (EITI), aspectos que permitan visualizar las políticas de género y medio ambientales implementadas por las empresas y el Estado, en las que se represente los esfuerzos se están realizando en estos ámbitos de vital importancia en el marco del Estrategia Nacional de Desarrollo.

Esta solicitud fue hecha de cara a la próxima Conferencia Mundial del EITI, a realizarse el 18 y 19 de junio en Paris, Francia, la cual, busca brindar una oportunidad para que los jefes de estado, los activistas de la sociedad civil y los líderes de la industria discutan las tendencias emergentes y las mejores prácticas en el buen gobierno de los recursos naturales; y examinar el papel de la EITI en la buena gestión del sector extractivo, especialmente en el crecimiento de los recursos provenientes de la IE, la lucha contra la corrupción, el aumento de la inversión y la habilitación del espacio cívico.

“Es por ello, que teniendo como norte la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno y de la industria, con lo que se hace posible promover el debate público capaz de impulsar las mejoras de Gobernanza de los recursos naturales no renovables y, consecuentemente, que su explotación beneficie también a los ciudadanos y ciudadanas del país, y tomando en cuenta su condición de líder de la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva (EITI), esta conferencia ofrece una ocasión insuperable para abordar estos temas para así reforzar la importancia del diálogo y la apertura de múltiples partes interesadas para enfrentar estos desafíos”, expresó ENTRE en el comunicado.

El ENTRE es un espacio que agrupa más de 120 organizaciones populares, sociales, académicas y comunales de todo el país, que buscan luchar por la transparencia en la industria extractiva en República Dominicana, cuya coordinación nacional está conformada por Participación Ciudadana, la Fundación Guayacán de Energía y Medio Ambiente (GEMA), el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD) y la Articulación Nacional Campesina (ANC).

ENTRE forma parte de la Comisión Nacional de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), un estándar internacional que promueve la rendición de cuentas en este sector, de forma que los ingresos generados, se gestionen de manera transparente para impulsar el crecimiento económico dirigido al desarrollo sostenible y a la reducción de la pobreza.

Las organizaciones firmantes expresan su profunda preocupación y rechazo ante lo que parece ser una avalancha de abusos de poder que se están cometiendo en el país, impulsada por sectores gubernamentales y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). En la medida en que se acerca el proceso electoral, el país ha visto multiplicarse expresiones de poder que son propias de los regímenes dictatoriales y que están causando un profundo daño a la democracia dominicana.

1. La Ley de Partidos ha sido, no sólo ignorada, sino violada en numerosos artículos, sobre todo los relacionados con el control de las campañas a destiempo, el uso de recursos del Estado, la transparencia y el control del financiamiento. El país está agobiado por la lucha interna del partido en el poder y varios candidatos de ese partido han desafiado al organismo electoral, a la Ley 33-18 y a un país que requiere institucionalidad, respeto y moderación.

2. La Ley del Consejo Nacional de la Magistratura fue violada abiertamente en todo lo que se refiere a las condiciones para la sustitución de jueces de la Suprema Corte y el nombramiento de nuevos. No se produjo la evaluación, no se dio a conocer sobre qué base se sustituyeron o ratificaron los jueces evaluados y una vez más se designaron directivos del partido en el poder para esa delicada función. El tratamiento del que fue objeto la magistrada Miriam Germán, no sólo pasa a los anales de la vergüenza nacional, sino que sienta un precedente funesto y envía un mensaje a todo el sistema judicial y, en especial a las Altas Cortes, sobre lo que le puede pasar a quien se atreva a actuar de manera independiente y responsable.

3. El más reciente abuso son las presiones que ha recibido el Tribunal Superior Electoral por una decisión sobre el Partido Revolucionario Dominicano. Es inaceptable que el Presidente de este tribunal fuera llamado a los despachos del Procurador General y del Ministro de Defensa, que se le retirara la escolta, que recibiera presiones de varios funcionarios del gobierno y que fuera amenazado con un juicio político en represalia por una decisión que está plenamente dentro de sus funciones y cuya discusión corresponde al ámbito de los organismos que contempla la Constitución.

4. Los desafíos de sectores del PLD a la Junta Central Electoral, al negarse a cumplir con la Ley de Partidos y, más recientemente, presionar para que no se ejecute la separación de la elección de senadores y diputados, conjuntamente con las amenazas a tres miembros del TSE, presagian un proceso electoral caracterizado por fuertes tensiones e intentos de debilitar a esos organismos y torcer su necesaria imparcialidad.

5. Las presiones y persecuciones a las que están sometidos los medios de comunicación y los periodistas para que se sometan a los dictados que se les envían desde el Palacio Nacional, han llegado a niveles que el país había superado al final de la década de los 70. No se trata solamente de asfixiar económicamente a todo el que se atreva a disentir, sino también de corromper y destruir uno de los pilares fundamentales de la democracia, que es la libertad de expresión.

6. La creación de campañas de difamación y extorsión a través de las redes, la intervención telefónica y el espionaje contra personas seleccionadas por sectores del poder, por diferentes razones, es otra situación frente a la que no podemos guardar silencio. El caso de la magistrada Miriam Germán es un ejemplo, pero no el único de lo que se está haciendo desde el poder para perseguir, chantajear y coaccionar a favor de los intereses del grupo en el poder.

7. La campaña reeleccionista que han puesto en marcha los funcionarios gubernamentales y sectores del PLD, ignorando la prohibición constitucional y el amplio rechazo a una nueva modificación de la carta magna con el único objetivo de perpetuar un grupo en el poder, se presenta en esta ocasión con características más agresivas que nunca, apoyada en el control de una gran diversidad de instituciones y en enormes recursos económicos producto del largo ejercicio del poder.

8. Además, expresamos nuestra preocupación por los altos niveles de inseguridad y ver cómo nos convertimos en una ciudad insegura, violenta, con ejecución extrajudiciales sin consecuencia, todo esto agudizado por la situación de los desalojos forzosos que se registran en todo el país.

Reiteramos una vez más nuestro compromiso inquebrantable con el impulso de las reformas legales e institucionales, procurando que los sectores de la vida social, política, económica y cultural del país, sumemos esfuerzos para detener las intenciones y prácticas que ponen en peligro el débil sistema democrático

Organizaciones firmantes:

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, rechazó las amenazas contra la mayoría del Tribunal Superior Electoral (TSE) que decidió anular reuniones del PRD, aliado al oficialismo, indicando que son claros signos de la intolerancia que suele dar paso a la dictadura.

Para PC constituye una intromisión incalificable las declaraciones del presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, solicitando a la Cámara de Diputados iniciar investigaciones sobre los miembros de TSE, en claro mensaje de inicio de un juicio político por haber tomado una decisión dentro de su competencia.

Participación Ciudadana entiende que se trata de un mensaje mordaza que va mucho más allá del TSE, y afecta a todos, desde periodistas, sociedad civil, entidades públicas, aún aquellas autónomas como la Junta Central Electoral.

“El señor Pared Pérez debe retirar sus palabras y pedir disculpas al país por afectar el clima democrático que es su deber fortalecer como presidente del Senado”, expresó el Consejo Nacional de PC en un comunicado de prensa.

La organización de la sociedad civil reiteró que debe investigarse la denuncia de que ministros del gobierno presionaron para que se modificara la sentencia del TSE y de que se retiró la seguridad del presidente del TSE, aunque la hayan repuesto posteriormente.

“Es lamentable esta situación que ocurre justo después de un proceso irregular de sustitución de algunos jueces independientes de la Suprema Corte de Justicia llevado a cabo por el Consejo Nacional de la Magistratura, controlado por el oficialismo. Alertamos a la Nación ante estos signos de intolerancia que ponen en riesgo la imperfecta democracia dominicana”, señaló el Consejo Nacional de PC.

Consejo Nacional
11 de abril de 2019

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, y el Espacio Nacional para la Transparencia en la Industria Extractiva (ENTRE), afirmaron que es inconcebible que a la fecha el gobierno dominicano no aplique de manera uniforme la disposición de la Ley 64-00, que en su artículo 117 establece que los municipios donde estén ubicadas explotaciones de recursos naturales no renovables deben recibir el cinco por ciento (5%) de los beneficios netos generados.

La afirmación fue realizada durante el panel “Régimen de Participación de los Municipios en los Beneficios derivados de la Minería”, que tuvo como objetivo difundir informaciones sobre las aportaciones del 5% de la industria extractiva, la relevancia económica y legal, la importancia del Estándar de Transparencia para la Industria Extractiva (EITI) y su posible aplicación respecto al ordenamiento territorial en los municipios afectados.

Los panelistas fueron Anselmo Muñiz, investigador social y abogado; Maritza Ruiz, economista y directora del Observatorio de Política Pública de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD); y Domingo Matías, sociólogo, investigador socio-político y experto en temas de desarrollo local y reforma de la administración pública.

Durante la actividad, indicaron que en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la participación en los beneficios generados por los planes de inversión y desarrollo, en particular los relativos a la exploración y explotación minera de sus tierras ancestrales, es un derecho extensamente reconocido, tanto a favor de las comunidades indígenas como de los pueblos tribales, lo que es asimilable en el contexto dominicano, debido a la conexión intrínseca que poseen los habitantes de un lugar con su territorio, en tanto “base fundamental de su cultura, vida espiritual, integridad y sistema económico”.

Citaron al Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, que establece en su artículo 15 que, ante “cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras”, “los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades”.

“Nuestro país tiene abundancia de recursos naturales renovables y no renovables, minerales (Oro, Plata, Zinc, Níquel), con un Estado compuesto de instituciones deficientes, con insuficiente regulación y bajos niveles de cumplimento de la ley, por lo que se asume una alta cuota de corrupción. Por esto es necesario que en nuestro país se impulsen iniciativas para procurar y demandar transparencia en este sector tan fundamental para la economía”, expresó Heiromy Castro, coordinador general de PC.

Señaló que la participación de la ciudadanía promoviendo y exigiendo la transparencia en esta industria, permitirá incrementar la auditoría social, construir diálogos entre el Estado, la empresa y la ciudadanía, sobre la base de la demanda y análisis de información completa y veraz.

En su intervención, el investigador social y abogado, Anselmo Muñiz, indicó que no existe ninguna transparencia sobre cuáles son los beneficios derivados de la empresa explotadora, añadiendo que lo que se acuerde entre la empresa y el Estado tiene efectos relativos y que los municipios si tienen la facultad de exigir directamente a la empresa o al Estado el pago.

Por su parte, la directora del Observatorio de Política Pública de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD), Maritza Ruiz, manifestó que "el Estado debe regular el pago de las empresas mineras sobre la base de las ganancias obtenidas. Si la sociedad civil no se empodera y las comunidades no se movilizan, los recursos de las empresas mineras se van a diluir".

El sociólogo Domingo Matías, explicó que no es lo mismo transferir recursos de las empresas mineras a municipios que a ayuntamientos, indicando que los recursos están muy centralizados y que el clientelismo político se adueña de ellos.

El evento, realizado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Programa República Dominicana (FLACSO RD), contó con la participación de más de 30 personas pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil y público general.

09 de abril de 2019

Santo Domingo, República Dominicana. En vista de que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se apresta a decidir la forma en que quedará integrada la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y que algunos sectores propugnan por una “renovación” o “borrón y cuenta nueva” en la alta corte, Participación Ciudadana (PC), hizo un llamado final a los miembros del CNM para que actúen apegados a la norma y a que sus decisiones estén dirigidas a lograr una SCJ independiente.

“La renovación total no es posible, excepto que todos los jueces actuales merezcan ser removidos como resultado de una evaluación de desempeño individual, basado en prueba admisible, y el país sabe que existen jueces que merecen su confirmación. Un “borrón y cuenta nueva”, entendido como una renovación total, no solo lesionaría el debido proceso, sino que afilaría la espada que siempre pende sobre las cabezas de los jueces con estas evaluaciones de desempeño, reduciendo aún más su independencia”, expresó el Consejo Nacional de PC en un comunicado de prensa.

Indicó que entre los (as) candidatos (as) evaluados (as) existen suficientes jueces de carrera con todas las condiciones para ir a acompañar a los que permanecerían, debido a sus méritos, y así poder construir una SCJ excepcionalmente idónea, para lo cual solo se requiere la voluntad de alejar la política partidaria de uno de los más altos tribunales de justicia del país, para que este pueda replicar dicho proceso hacia las instancias inferiores.

El Consejo Nacional de PC señaló que, por esa razón, Participación Ciudadana ha abogado por darle prioridad a los jueces de carrera y que de su matrícula se escoja al presidente de la SCJ, así como a los presidentes de sus tres salas.

“La cuota para abogados en ejercicio, fiscales o académicos se ha utilizado en el pasado para llevar a la SCJ a personas comprometidas con los partidos políticos, colocándolos en un serio conflicto de intereses y lealtades cuando tienen que ser jueces de aquellos que fueron sus compañeros de partido, y a los cuales posiblemente les deben favores políticos. Por esa razón, la única forma de curarse en salud en estos momentos es no escoger personas en esas condiciones y mucho menos para la presidencia de la SCJ”, manifestó.

Consejo Nacional
03 de abril de 2019