PC rechaza la designación de funcionarios públicos en la campaña de Gonzalo Castillo, ya que es una violación normativa y rompe la equidad, constituyendo un indicio del uso de recursos del Estado.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, recordó que la Ley 41-08 de Función Pública es muy clara en su artículo 80, numeral 13 al prohibir a los funcionarios públicos “servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones, y en consecuencia, organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político o solicitar fondos para los mismos fines, así como utilizar con este objetivo los bienes y fondos de la institución”.

El Consejo Nacional de Participacion Ciudadana, emitió estas aclaraciones en rechazo a la designación de tareas en la precampaña de posiciones fundamentales para la buena marcha del Estado, tales como: el Administrador del Banco de Reservas, el Director del Banco Agrícola, el Director de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el Director de Aduanas, el Superintendente de Bancos, el Director de Presupuesto, el Director de SeNaSa, el Director del INDOTEL, el Director de OISOE, el Superintendente de Valores, el Director de la EGEHID, la Directora de Zonas Francas, el Director de Recursos Hidráulicos, la Directora del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, el Director del Instituto Nacional de Educación Física, el Vice Ministro de Políticas Sociales, el Director de Comunicaciones de la Presidencia, el Director de Correos, el Director de Titulación, el Director de la CASD, la Directora del INTRANT, el Vice Ministro de Edificaciones del MOPC, entre otros funcionarios públicos, lo cual deja claro lo vulnerable que es para el sistema económico del país funcionarios de la banca vinculados a este tipo de actividad.

Participación Ciudadana exige que todos los funcionarios públicos que se han integrado a la precampaña electoral del precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tomen licencia o renuncien de sus funciones. “La Ley de Función Pública en su artículo 79 establece que es  deber del servidor público cumplir la jornada de trabajo, dedicando la totalidad del tiempo al desempeño íntegro y honesto de sus funciones.  Así mismo, la Ley de Partidos Políticos prohíbe a los funcionarios o empleados del Estado el uso en cualquier forma y de cualquier título de recursos del Estado y faculta a la Junta Central Electoral (JCE) a tomar medida cautelar respecto a cualquier bien o para hacer cesar de inmediato el uso indebido de los recursos del Estado, pudiendo procurarse para ello el auxilio de la fuerza pública”.

“A través de nuestro programa de Observación Electoral hemos podido contactar que el uso de los recursos del Estado en beneficio del precandidato Gonzalo Castillo ha llegado a niveles intolerables al involucrar a los titulares de los principales ministerios, organismos descentralizados y direcciones generales con tareas electorales territoriales que implican una clara violación a la Ley de Función Pública y a las nuevas leyes de partidos y de régimen electoral, lo que obliga a la JCE a tomar medidas drásticas para restablecer la equidad y el respeto a las leyes violentadas con el uso de recursos públicos”, señala el comunicado.

Para su precampaña el señor Gonzalo Castillo ha designado como coordinadores y miembros de su equipo político con tareas territoriales a por lo menos quince ministros, entre los que se encuentran los ministerios de Agricultura, Turismo, Cultura, Industria y Comercio, Economía, Planificación y Desarrollo, Interior y Policía, Educación, Salud, Administración Pública, Medio ambiente, Ministerio de la Juventud y Administrativo de la presidencia. “Todos estos funcionarios son parte de los recursos que dispone el Estado y que ahora serán utilizados para fines partidarios con absoluto desparpajo, en la cara de toda la ciudadanía, sin el menor respeto por las leyes y las reglas que norman la función pública y las actividades electorales”, indicó el Consejo Nacional de PC.

Si la Junta Central Electoral no interviene ante una situación tan descarada no habrá forma de poner ningún tipo de límite y el país seguirá siendo tierra de nadie, donde se impondrá no el que tenga el favor de los votantes, sino el que pueda comprarlos de cualquier forma y más cuando se está disponiendo de los recursos del Estado.

Consejo Nacional
13 septiembre del 2019

Santo Domingo, República Dominicana. En el marco de las acciones del proceso de Observación Electoral correspondiente al período 2019-2020, el movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, presentó el proyecto “Promoviendo la Participación de las Mujeres en las Elecciones del 2020 en la República Dominicana” una iniciativa financiada por el Gobierno de Canadá a través del Fondo Canadiense para Iniciativas Locales.

Con el lema “Generar cambios requiere igualdad político-social” este proyecto tiene como objetivo promover y capacitar a las precandidatas y candidatas de todos los partidos políticos en las provincias del Gran Santo Domingo, Santiago, Azua y La Romana en temas relacionados a la participación en medios de comunicación, manejo de redes sociales y uso eficiente de recursos económicos dirigidos a campañas electorales, al tiempo que busca ofrecer una mayor exposición y una plataforma de lanzamiento a cada una de las contendientes, a fin de garantizar una participación política de la mujer más competitiva sustentada en la igualdad, la integridad y el aporte a la sociedad dominicana.

La actividad contó con la presencia de la Excelentísima Embajadora de Canadá en la República Dominicana, Shauna Hemingway; el Coordinador General de Participación Ciudadana, Heiromy Castro; la Presidenta del Foro Nacional de Mujeres de los Partidos Políticos de la República Dominicana, María Rosa Belliard y de la Encargada del Departamento de Género de la Junta Central Electoral, María Luisa Victoria.

Heiromy Castro, coordinador general de Participación Ciudadana, expresó que es un deber de todos los ciudadanos velar por homogenizar la representatividad de cada uno de los grupos sociales que componen nuestro país. “Promover una sociedad donde las mujeres y los hombres tengan las mismas oportunidades, deberes y derechos nos permitirá alcanzar niveles de desarrollo superiores y adaptados a nuestros  tiempos”, aseguró Castro.

Este proyecto se enmarca de manera especial en las numerosas acciones y actividades que desde el mes de julio del presente año realiza Participación Ciudadana, y cuenta además con el apoyo de reconocidas organizaciones de la sociedad civil, académicas y políticas de relevancia como el Centro de Acción para la Investigación Femenina (CIPAF), el Instituto de Investigación y Estudios de Género y Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (IGEF-UASD), el Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEG-INTEC) y el Foro Nacional de Mujeres de los Partidos Políticos de la República Dominicana.

Consejo Nacional
11 de septiembre de 2019

Participación Ciudadana llama a la Cámara de Cuentas a redefinir sus prioridades, a los fines de que responda a un verdadero organismo de control externo al servicio de los intereses de la sociedad.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana, indicó que el bajo rendimiento que las anteriores y la presente Cámara de Cuentas han tenido en su trabajo medido por la cantidad, importancia y calidad de las auditorías realizadas, constituye una amenaza para la preservación y correcto uso de los fondos públicos, generados por el pueblo con sus impuestos, tasas y contribuciones.

Participación Ciudadana a través de un comunicado de prensa expresó que del total de auditorías finalizadas por la Cámara de Cuentas desde el año 2012 al 2019 ascendieron a 356, lo que da un promedio de 51 auditorías al año. “Si se toma en cuenta que las instituciones del Estado a ser auditadas son unas 1,470 a las que hay que agregar 32 partidos y movimientos políticos y 1,196 organizaciones sin fines de lucro que reciben fondos públicos, sumando 2,698 instituciones, entonces solo el 13% ha sido auditadas en estos últimos siete años”.

Para el movimiento cívico, si se acepta el argumento de la Cámara de Cuentas de que dispone de personal insuficiente para realizar su trabajo, por lo cual se ha fijado la meta en su Plan Anual de Auditoria (PAA) de realizar al menos una auditoria por institución cada cuatro años, entonces el total a realizarse a la fecha ha debido ser de 5,396 (2,698 X2).

“No se trata solo del limitado número de auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas, sino que los años que cubren tienen un gran retraso. De las 356 auditorías publicadas, unas 236 equivalentes a las dos terceras partes (66.29), corresponde a los ejercicios presupuestarios del período 2006, 2007, 2008 y 2009, es decir de hace diez años. Esto puede tener un nefasto efecto para el Estado y la sociedad, consistente en que de haber ocurrido actos de corrupción en algunas de esas 236 instituciones, los responsables pueden alegar la prescripción del delito, al haber transcurrido diez años”, declaró el Consejo Nacional de PC.

El trabajo de la Cámara de Cuentas se muestra ineficaz, también, al valorar las propias prioridades que esta se ha fijado en sus planes anuales de auditoria. Como se conoce, el peso del gasto público descansa en el gobierno central y en sus ministerios. Sin embargo, no se conocen de auditorías realizadas a los Ministerios de la Presidencia, de Relaciones Exteriores y de la Administración Pública. Tampoco ha sido persistente con los ministerios que más presupuesto manejan como son Obras Públicas, Salud y Educación.

Para Participación Ciudadana es insólito el caso del Ministerio de Educación que en doce años solo se le ha realizado dos auditorías correspondientes al 2009 y 2010, lo que significa que a la fecha el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) que empezó a entregarse en 2013 no ha sido auditado. “Al Ministerio de Salud Pública solo se le ha auditado los años 2010 y 2011 y a Obras Públicas las auditorias solo llegan al 2014. Se tratan de cientos de miles de millones de pesos que se desconoce de su fiel inversión.  Esto cuestiona la calidad del informe que la Cámara de Cuentas presenta cada año al Congreso Nacional”.

Otro aspecto que llama la atención para Participación Ciudadana es el trabajo profesional que debe realizar la Cámara de Cuentas, pues solo ha remitido a la Procuraduría General de la República un total de diez auditorias de instituciones de muy poco peso presupuestario para que se profundice en la investigación penal, lo cual tampoco se ha hecho. Dado el nivel de denuncias que se registra en los medios de comunicación, y los casos de corrupción que frecuentemente afloran en la opinión pública, resulta insignificante la referida cantidad.

Tampoco se conoce de un solo caso en que la Cámara de Cuentas, haciendo uso de las prerrogativas legales que le otorga los artículos 46, 47 y 48 de su ley orgánica 10-04, y el artículo 148 de la Constitución de la República, sobre la responsabilidad civil de los funcionarios públicos, haya obligado a algún funcionario a pagar a la Administración los daños originados por sus acciones negligentes u omisiones.

De igual modo, la Cámara de Cuentas no está haciendo uso de otra herramienta poderosa para el control externo, que es el control social, definido en el artículo 7.4 de la Ley 10-04, al no crear un reglamento efectivo y de los mecanismos eficientes para que las organizaciones sociales y la ciudadanía en general den seguimiento al gasto público.

Participación Ciudadana llama a la Cámara de Cuentas a redefinir sus planes de trabajo, sus estrategias, prioridades y todo su accionar, a los fines de que responda a un verdadero organismo de control externo al servicio de los intereses de la sociedad.

Consejo Nacional
09 de septiembre del 2019

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, solicitó vía comunicación el pasado 02 de septiembre al Licenciado Juan Jiménez Bichara,  vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) que el resultado financiero, técnico y ambiental del Proyecto Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) sea transparentado, lo que ha resultado difícil de establecer tras la deficiente “investigación especial” que realizara la Cámara de Cuentas sobre el proyecto más grande del gobierno actual.

Participación Ciudadana, requirió un conjunto de informaciones de interés nacional relativas a la inversión del Estado en el Proyecto Punta Catalina, ya que según la comunicación enviada, la investigación realizada por la Cámara de Cuentas para el período del 11 de enero del 2013 al  31 de diciembre del 2017 carece de informaciones, notas y anexos fundamentales para que la ciudadanía pueda estimar si los enormes fondos públicos invertidos en ese proyecto se han manejado de acuerdo al contrato firmado y a las leyes dominicanas. “De igual modo faltan informaciones de las operaciones y decisiones de los años 2018 y 2019, de las cuales surgen varias interrogantes”. Señaló el Consejo Nacional de PC.

La organización solicitó que también sean identificadas las personas beneficiarias de los contratos de asesoría y que se esclarezca si se verificó que no existían conflictos de interés en los mismos. “Debe ser explicado el hecho de que en las audiciones de la auditoría o investigación especial realizada por la Cámara de Cuentas esta registra al 31 de diciembre del año 2017 gastos realizados en el Proyecto CTPC con facturas en poder de la CDEEE de un total de mil novecientos cuarenta y tres millones de dólares (US$ 1,943.622, 629.00) que sumados a los ciento cincuenta millones de dólares entregados como anticipo a Odebrecht al inicio del proyecto suma dos mil noventa y tres millones de dólares (US$ 2,093.622.629), lo que sobre pasa lo aprobado por el Congreso Nacional”.

A través de la comunicación, Participación Ciudadana, requirió, además un informe de todos los aspectos del Contrato EPC No. 104/14 que el Consorcio Odebrecht – Tecnimont – Estrella ha cumplido y de los que no ha cumplido, total o parcialmente.

Consejo Nacional
05 de septiembre de 2019

Participación Ciudadana reclama a los precandidatos respeto a la Constitución y las leyes.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, expresó a través de un comunicado de prensa que la equidad que manda la Constitución en la competencia preelectoral y electoral es el gran reto que enfrenta la Junta Central Electoral (JCE), indicando que la falta de designación de un nuevo ministro de obras públicas otorga ventajas al precandidato Gonzalo Castillo, vulnerando la igualdad que debe existir entre los precandidatos.

Participación Ciudadana, en el marco del Programa de Observación Electoral 2020, pretende señalar casos que transgredan principios fundamentales de la democracia y la equidad en la contienda electoral, como ocurre en la actualidad con el precandidato Gonzalo Castillo, quien renunció al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el pasado 05 de agosto, pero a un mes después no ha sido sustituido, generando la percepción de que continua al frente de la institución, constituyendo esto una ventaja que rompe la equidad entre los distintos precandidatos que enfrenta.

“Mantener sin designar el sustituto de Gonzalo Castillo ha hecho que su renuncia sea una ficción, pues de conformidad con las leyes vigentes ninguno de los viceministros puede ostentar las funciones del ministro, quien debe ser sustituido mediante decreto por el Presidente de la República, como en efecto siempre se ha hecho, y lo que está sucediendo en términos reales es que, quien dirigió uno de los ministerios más grandes y con mayores presupuestos del gobierno central por más de siete años, que inclusive ha excedido en los últimos años sus funciones suplantando atribuciones y competencias propias de los ayuntamientos no solo asfaltando calles, sino prestando servicios de limpieza, ornato, fumigación y asistencia social se mantiene en la práctica, utilizando incluso los colores del Ministerio en su precampaña”. Manifestaron en el comunicado.

La organización de la sociedad civil expresó que el período de precampaña, tiene características particulares por estar regulado por una ley de partidos largamente deseada, pero que ha sido aprobada con claras violaciones a la Constitución y con muchas zonas grises, lo que no deja de constituir un gran reto para medir el grado de madurez de nuestra democracia y del Estado de Derecho, y sobre todo la voluntad de nuestras autoridades electorales, por lo que aseguran que estarán dando seguimiento a las violaciones de las reglas que puedan producirse, incluyendo aquellas que tienden a romper la equidad que debe regir los procesos electorales de acuerdo con la Constitución.

Así mismo, Participación Ciudadana recordó que el Artículo 212 párrafo IV de la Constitución dispone que: “La Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación.” Estas reglas aplicables a la campaña, son aplicables por igual a la precampaña, pues la misma forma parte de los procesos electorales a que refiere el texto constitucional.

La Ley de Régimen Electoral 15-19 señala expresamente en su artículo 139, párrafo I, que no debe crearse desigualdad frente a los demás candidatos, tal y como lo han denunciado algunos de los demás precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). “Es obvio que se ha creado una desigualdad entre los mismos, producto del control fáctico del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones por parte del precandidato Gonzalo Castillo y todo su equipo de trabajo que aún permanece en dicha entidad pública”. Aseguraron mediante comunicado de prensa.

Participación Ciudadana reitera la necesidad de que se cumpla con las leyes, para garantizar una precampaña y campaña apegadas a los principios de transparencia, equidad y libertad como ordena la Constitución.

Consejo Nacional
04 de septiembre del 2019

PC solicita garantía del derecho al voto de dominicanos/as en el exterior.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, expresó que al acercarse la fecha límite para el cierre del padrón electoral en el exterior, fijada para el 19 de septiembre del presente año,  apoya el reclamo de varios sectores de dominicanos, quienes han solicitado a la Junta Central Electoral (JCE) que ofrezca más oportunidades de inscripción y garantice el derecho al voto a una comunidad que mantiene fuertes compromisos con su país.

Participación Ciudadana apoya la solicitud de la Coalición por la Regeneración Nacional y otras organizaciones de la sociedad civil para que la JCE extienda el plazo al menos hasta el mes de diciembre, dado que el voto en el exterior solo será aplicable a las elecciones de mayo, en razón de que no les toca votar en las municipales de febrero.

La organización asegura que no hay razón para que se cierre el padrón en el exterior con ocho meses de anticipación, sobre todo porque la oferta de puestos de empadronamiento ha sido muy limitada. “De acuerdo a los reclamos de varias organizaciones la cantidad de puestos de empadronamiento es muy pequeña. En Nueva York, por ejemplo se planeó instalar trece puestos, pero solo se han abierto dos. También se propuso realizar campañas de promoción y habilitar unidades móviles para acercarlas a los lugares donde residen más dominicanos, pero esto tampoco se ha hecho”.

A través de un comunicado de prensa Participación Ciudadana, manifestó que el padrón en el exterior ha crecido de manera lenta, hecho que contrasta con el apoyo al país que ofrece esta comunidad. “Las remesas constituyen la segunda fuente de ingresos de divisas, alcanzando en el año 2018 una suma de más de 6,500 millones de dólares, equivalentes a unos 325,000 millones de pesos, sin incluir otras fuentes de ayuda no contabilizadas. Solo por este motivo, además de los lazos afectivos con el país se esperaría un mayor esfuerzo para que puedan ejercer su derecho al voto. Se ha dicho que la JCE cuenta con recursos muy limitados para afrontar este reto, sin embargo, entendemos que podrían sacrificarse otros gastos en favor del voto en el exterior”.

La organización puntualizó que entre las propuestas que los dominicanos en el exterior han realizado a la Junta Centra Electoral (JCE) están la extensión del plazo para el cierre del padrón, la apertura de nuevos puestos, la habilitación de unidades móviles y el apoyarse en organizaciones de la sociedad civil para la promoción y la capacitación de personas que colaboren en el proceso previo y el día de las elecciones.

Consejo Nacional
03 de septiembre del 2019

El campamento comprendió varias actividades formativas, a fin de desarrollar multiplicadores de buenas acciones y apostar por el cambio social.

Santo Domingo, República Dominicana. Con la participación de más de 60 jóvenes de diferentes organizaciones del país, el movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana,  en coordinación con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), realizó  la segunda edición  del campamento juvenil “Innova-Camp 2019”, el cual tiene como objetivo fomentar el liderazgo, así como la orientación y la capacitación de los jóvenes en los mecanismos disponibles para el involucramiento en los procesos de toma de decisiones municipales para planificar e implementar acciones sobre seguridad ciudadana, ordenamiento territorial, transparencia y derechos humanos.

El campamento comprendió varias actividades formativas, a fin de desarrollar multiplicadores de buenas acciones y apostar por el cambio social, y se desarrollaron utilizando la metodología del Prototipo “Pensar con las manos”, la cual ha sido implementada con éxito en varios países de la región de Centroamérica y el Caribe y busca brindar herramientas para trabajar con nuevos modelos para innovar en proyectos sociales relacionados a temáticas priorizadas.

Dos de los equipos que lograron una participación destacada recibieron como premio 1,000 dólares como fondo semilla para la puesta en marcha de sus respectivos proyectos de emprendimiento e innovación social.

Carlos Pimentel, Director Ejecutivo de Participación Ciudadana, expresó su satisfacción con las propuestas desarrolladas, al tiempo que manifestó la importancia que tiene para la organización fomentar el liderazgo y el espíritu emprendedor de los jóvenes dominicanos como una forma de contribuir al desarrollo del país.

“En Participación Ciudadana nos sentimos complacidos con el desarrollo de este Innova-Camp 2019 y muy orgullosos de los resultados del mismo. Esto ha sido posible gracias a la suma de buenas voluntades, al empeño y entusiasmo de nuestros colaboradores y voluntarios”, aseguró Pimentel.

Al campamento también asistieron directivos de la Agencia de los Estados Unidos  para el Desarrollo Internacional (USAID), así como colaboradores y voluntarios de Participación Ciudadana.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana reclama al liderazgo político y sobre todo al Presidente de la República que aporten cordura y sensatez, que no pretendan embarcar al país en un proceso de reforma constitucional sin importar los argumentos que algunos enarbolen para tal despropósito.

En estos momentos, con una cargada  agenda electoral, nos enfrentamos a numerosos retos en la aplicación de dos leyes nuevas, algunas de cuyas disposiciones ya han sido declaradas no conforme con la Constitución, mientras otras han merecido una interpretación diferente a la que se traduce del texto literal. Esto obliga a la Junta Central Electoral a hacer ajustes apresurados en las cercanías de las primarias y de las elecciones, en las cuales se aplicara además, un sistema automatizado completamente nuevo.

El coordinar general de Participación Ciudadana, Heiromy Castro, a través de rueda de prensa, declaró que el país había logrado un acuerdo de utilizar la fórmula norteamericana de dos períodos presidenciales y nunca más, la cual fue apoyada de viva voz por el Presidente Danilo Medina, y así quedó consagrado en la modificación constitucional que éste promovió en el año 2015. Hace solo un mes, ante la firme oposición de numerosos sectores, el mismo Presidente se vio precisado a liberar al país de la  incertidumbre provocada por los intentos  de introducir un proyecto de modificación constitucional para permitirle ser nuevamente candidato en el 2020.

“Ahora volvemos nuevamente a la amenaza  de modificar  la Constitución con el objetivo de  habilitar al Presidente Medina para una nueva postulación en el 2024. Este país no merece tanto sobresalto y mal podría la clase política enviar a la población un mensaje tan negativo de irrespeto a los avances logrados, especialmente los relativos a la limitación de la reelección y a la separación de las elecciones”. Aseguró Castro.

Sustentar la necesidad de la reforma en la unificación de las elecciones municipales con las congresuales y presidenciales no es otra cosa que una excusa, pues la separación  fue fruto de un acuerdo nacional en el 1994, siguiendo las mejores experiencias democráticas en el mundo. Sin mayores problemas se celebraron en el 1998, 2002, 2006 y 2010. La unificación en un mismo año viene de la reforma del 2010 y fue realizada por los actuales legisladores con la supuesta intención de reducir la campaña electoral permanente. Esta intención no se ha logrado, el país sigue en campaña permanente y nadie puede afirmar que sea culpa del avance democrático que representa la separación de las elecciones.

Tampoco es válido el argumento de que la cantidad de impugnaciones que resultarían de las elecciones municipales retrasaría la proclamación de los candidatos elegidos, y esos conflictos se estarían dirimiendo durante la campaña para las elecciones congresuales y presidenciales. El órgano responsable de dirimir tales conflictos no tiene funciones administrativas en la organización de las elecciones y puede continuar decidiendo los mismos durante el tiempo de la campaña congresual y presidencial sin afectar estas elecciones.

El argumento de la necesidad de la reforma para poner un doble candado a las disposiciones constitucionales que tratan sobre la reelección, y evitar su constante modificación, es una buena idea que puede esperar perfectamente que concluya el proceso electoral y asuman los nuevos funcionarios que resulten electos, lo que daría mucho más legitimidad al proceso, pero además permitiría un reforma que aborde la necesidad de restaurar la tan necesaria independencia de la justicia dominicana, lo que es imposible de acometer en medio de un proceso electoral.

Participación Ciudadana entiende cualquier apoyo que ofrezcan los partidos de oposición y los congresistas en particular a una reforma constitucional en los actuales momentos se traducirá inevitablemente en una pérdida de credibilidad de quienes se presten a esta maniobra, pero sobre todo implicaría un pacto que degradaría la democracia y tendría un precio que tendríamos que pagar por mucho tiempo, sobre todo en términos institucionales.

Una vez más Participación Ciudadana hace un llamado a los sectores democráticos del país a unirnos en la defensa de la institucionalidad y en el propósito de encaminar este país hacia una democracia firme y madura, capaz de resistir el predominio de intereses de quienes quieren perpetuarse a toda costa en el poder.

CONSEJO NACIONAL
2 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Carta 119-2019 JCE

PC realiza otro llamado de atención sobre el uso de las encuestas electorales en contra de las disposiciones legales.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, en el marco de su acostumbrado proceso de Observación Electoral presentó vía comunicación el pasado 23 de agosto a la Junta Central Electoral (JCE) una formal denuncia por incumplimiento de la Ley Orgánica de Régimen Electoral No 15-19 del 18 de febrero de 2019.

Participación Ciudadana realiza otro llamado de atención sobre el uso de las encuestas electorales en contra de las disposiciones legales que rigen la materia, y de manera muy particular por no informar quién encarga las mismas. En este sentido, indicó que la semana pasada se registraron tres encuestas divulgadas, las cuales nos permitimos identificar a continuación: la encuesta realizada por Sigma Dos, la encuesta realizada por la empresa MERCanalisis-CPI Latinoamericana y la encuesta realizada por NewLink. Según la comunicación enviada las tres empresas mencionadas se encuentran registradas en la Junta Central Electoral, y solo la firma Newlink informó quién encargó la encuesta, lo que no han hecho las otras dos en una clara violación a la Ley de Régimen Electoral.

La organización de la sociedad civil entiende que “en los resultados de las encuestas resulta obvio que alguna está siendo manipulada, por las diferencias abismales que ofrecen entre los precandidatos, y esto es precisamente lo que se trata de evitar en la nueva normativa sobre la materia o por lo menos permitir que la ciudadanía sepa quién las ordena para que pueda incluir este factor dentro de su análisis”.

PC reiteró que el medio que han decidido utilizar algunas encuestadoras o precandidatos para evadir el cumplimiento de la ley, es filtrar los resultados de la encuesta a la prensa, pero sin informar quién encargó la misma, por lo que advierte que corresponde a la Junta Central Electoral evitar que las nuevas disposiciones legales se conviertan en letra muerta, para lo cual solicitaron que se inicie una investigación y se apliquen las normas correspondientes, antes de que la situación se salga completamente de control.

Consejo Nacional
27 de agosto del 2019

Señaló que la investigación relacionada con la organización criminal de César Peralta “El Abusador” debe comenzar por las propias autoridades y debe ser dirigida por una comisión de expertos de la ONU.

Santo Domingo, República Dominicana.- El movimiento cívico, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, demanda una investigación independiente dirigida por expertos designados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en  colaboración con las autoridades del caso de César Peralta “El Abusador”, debido a que solo la complicidad y el soborno pudieron permitir que éste operara por veinte años en completa impunidad e incluso crear una estructura criminal (Peralta DTO) de tal magnitud que llevó a Estados Unidos a denunciarlo, y aún en estas circunstancias, valiéndose de las mismas complicidades oficiales, eludir el arresto de él y de sus principales secuaces.

PC señaló que Estados Unidos involucró en la investigación de Peralta DTO al FBI, a la CIA, al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), al Secretario de Seguridad, al secretario de Defensa y al Procurador General y aplicando la Ley de Designación Kingpin de Narcóticos Extranjeros (Ley Kingpin), identificó e incluyó en una lista a nueve dominicanos como los cabecillas de Peralta DTO con lo que procuraba que los mismos fueran expuestos ante el mundo y nadie, incluyendo los norteamericanos pudiera realizar operaciones con ellos.

La organización de la sociedad civil indicó que nuevamente la denuncia de la criminalidad dominicana tiene que venir de fuera, con la vergüenza de que ninguno de los identificados por las autoridades norteamericanas como los cabecillas de Peralta DTO pudieron ser apresados por las autoridades locales en una operación que de acuerdo con el Procurador General de la República, involucró a más de 700 personas, incluyendo 50 fiscales de carrera y 500 miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). La desaparición de estas personas y de algunos de sus parientes cercanos, quienes hacían vida social dos días antes del operativo, no reflejan niveles de negligencia, de cualquier forma inexcusable, sino algo mucho más grave: infiltración de Peralta DTO en los organismos de persecución de los delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de activos.

PC expresó que las autoridades norteamericanas no dejan lugar a dudas cuando señalan en el comunicado divulgado por su embajada en el país que “César Emilio Peralta y su organización criminal ha usado la violencia y la corrupción en República Dominicana para traficar toneladas de cocaína y opioides a Estados Unidos y Europa”. Esa corrupción a la que se refiere el párrafo citado no es otra que los sobornos pagados para lograr impunidad.

Participación Ciudadana dijo que “No se trata de un duro golpe al narcotráfico, sino a la credibilidad de nuestras autoridades, que ya no cuentan con la confianza de la ciudadanía para dirigir una investigación que debe comenzar por ellas mismas, por lo que la institución solicita que así como algunas autoridades recomiendan la participación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la celebración de concursos públicos para la adquisición de bienes y servicios, las autoridades competentes requieran la colaboración de las ONU para la designación de un cuerpo especializado que realice una investigación profunda que pueda identificar a las autoridades locales que han servido a la impunidad por más de veinte años a Peralta DTO.

Además, añadió que algo similar hizo recientemente David Ortiz cuando contrató a Ed David, ex jefe de policía de Boston, para investigar las causas del atentado que sufrió, en una clara muestra, bien ganada, de falta de confianza en las autoridades locales y las labores realizadas hasta el momento para esclarecer este caso.

Para Participación Ciudadana los criminales de Peralta DTO hacen muchísimo daño a la sociedad dominicana, pero igual o mayor daño hacen quienes le permiten operar en total impunidad. El presidente de la República Dominicana, Licenciado Danilo Medina, quien designa por decreto a los responsables de esta impunidad que nos carcome, no puede seguir guardando silencio ante hechos que están bajo su responsabilidad por el cargo que desempeña y le instamos a dirigirse a la nación para explicar cuáles acciones adoptará al respecto.

Consejo Nacional
27 de agosto del 2019