Carta 119-2019 JCE

PC realiza otro llamado de atención sobre el uso de las encuestas electorales en contra de las disposiciones legales.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, en el marco de su acostumbrado proceso de Observación Electoral presentó vía comunicación el pasado 23 de agosto a la Junta Central Electoral (JCE) una formal denuncia por incumplimiento de la Ley Orgánica de Régimen Electoral No 15-19 del 18 de febrero de 2019.

Participación Ciudadana realiza otro llamado de atención sobre el uso de las encuestas electorales en contra de las disposiciones legales que rigen la materia, y de manera muy particular por no informar quién encarga las mismas. En este sentido, indicó que la semana pasada se registraron tres encuestas divulgadas, las cuales nos permitimos identificar a continuación: la encuesta realizada por Sigma Dos, la encuesta realizada por la empresa MERCanalisis-CPI Latinoamericana y la encuesta realizada por NewLink. Según la comunicación enviada las tres empresas mencionadas se encuentran registradas en la Junta Central Electoral, y solo la firma Newlink informó quién encargó la encuesta, lo que no han hecho las otras dos en una clara violación a la Ley de Régimen Electoral.

La organización de la sociedad civil entiende que “en los resultados de las encuestas resulta obvio que alguna está siendo manipulada, por las diferencias abismales que ofrecen entre los precandidatos, y esto es precisamente lo que se trata de evitar en la nueva normativa sobre la materia o por lo menos permitir que la ciudadanía sepa quién las ordena para que pueda incluir este factor dentro de su análisis”.

PC reiteró que el medio que han decidido utilizar algunas encuestadoras o precandidatos para evadir el cumplimiento de la ley, es filtrar los resultados de la encuesta a la prensa, pero sin informar quién encargó la misma, por lo que advierte que corresponde a la Junta Central Electoral evitar que las nuevas disposiciones legales se conviertan en letra muerta, para lo cual solicitaron que se inicie una investigación y se apliquen las normas correspondientes, antes de que la situación se salga completamente de control.

Consejo Nacional
27 de agosto del 2019

Señaló que la investigación relacionada con la organización criminal de César Peralta “El Abusador” debe comenzar por las propias autoridades y debe ser dirigida por una comisión de expertos de la ONU.

Santo Domingo, República Dominicana.- El movimiento cívico, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, demanda una investigación independiente dirigida por expertos designados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en  colaboración con las autoridades del caso de César Peralta “El Abusador”, debido a que solo la complicidad y el soborno pudieron permitir que éste operara por veinte años en completa impunidad e incluso crear una estructura criminal (Peralta DTO) de tal magnitud que llevó a Estados Unidos a denunciarlo, y aún en estas circunstancias, valiéndose de las mismas complicidades oficiales, eludir el arresto de él y de sus principales secuaces.

PC señaló que Estados Unidos involucró en la investigación de Peralta DTO al FBI, a la CIA, al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), al Secretario de Seguridad, al secretario de Defensa y al Procurador General y aplicando la Ley de Designación Kingpin de Narcóticos Extranjeros (Ley Kingpin), identificó e incluyó en una lista a nueve dominicanos como los cabecillas de Peralta DTO con lo que procuraba que los mismos fueran expuestos ante el mundo y nadie, incluyendo los norteamericanos pudiera realizar operaciones con ellos.

La organización de la sociedad civil indicó que nuevamente la denuncia de la criminalidad dominicana tiene que venir de fuera, con la vergüenza de que ninguno de los identificados por las autoridades norteamericanas como los cabecillas de Peralta DTO pudieron ser apresados por las autoridades locales en una operación que de acuerdo con el Procurador General de la República, involucró a más de 700 personas, incluyendo 50 fiscales de carrera y 500 miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). La desaparición de estas personas y de algunos de sus parientes cercanos, quienes hacían vida social dos días antes del operativo, no reflejan niveles de negligencia, de cualquier forma inexcusable, sino algo mucho más grave: infiltración de Peralta DTO en los organismos de persecución de los delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de activos.

PC expresó que las autoridades norteamericanas no dejan lugar a dudas cuando señalan en el comunicado divulgado por su embajada en el país que “César Emilio Peralta y su organización criminal ha usado la violencia y la corrupción en República Dominicana para traficar toneladas de cocaína y opioides a Estados Unidos y Europa”. Esa corrupción a la que se refiere el párrafo citado no es otra que los sobornos pagados para lograr impunidad.

Participación Ciudadana dijo que “No se trata de un duro golpe al narcotráfico, sino a la credibilidad de nuestras autoridades, que ya no cuentan con la confianza de la ciudadanía para dirigir una investigación que debe comenzar por ellas mismas, por lo que la institución solicita que así como algunas autoridades recomiendan la participación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la celebración de concursos públicos para la adquisición de bienes y servicios, las autoridades competentes requieran la colaboración de las ONU para la designación de un cuerpo especializado que realice una investigación profunda que pueda identificar a las autoridades locales que han servido a la impunidad por más de veinte años a Peralta DTO.

Además, añadió que algo similar hizo recientemente David Ortiz cuando contrató a Ed David, ex jefe de policía de Boston, para investigar las causas del atentado que sufrió, en una clara muestra, bien ganada, de falta de confianza en las autoridades locales y las labores realizadas hasta el momento para esclarecer este caso.

Para Participación Ciudadana los criminales de Peralta DTO hacen muchísimo daño a la sociedad dominicana, pero igual o mayor daño hacen quienes le permiten operar en total impunidad. El presidente de la República Dominicana, Licenciado Danilo Medina, quien designa por decreto a los responsables de esta impunidad que nos carcome, no puede seguir guardando silencio ante hechos que están bajo su responsabilidad por el cargo que desempeña y le instamos a dirigirse a la nación para explicar cuáles acciones adoptará al respecto.

Consejo Nacional
27 de agosto del 2019

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, hizo una evaluación a la investigación especial de la Cámara de Cuentas al proyecto de generación eléctrica, Punta Catalina, en la que, según afirman, se encontraron diversos hallazgos que cuestionan la profesionalidad y la esencia controladora de los fondos públicos de parte de la Cámara de Cuentas.

La organización de la sociedad civil resaltó que, pese a los cuestionamientos que por años se han realizado a la inversión más grande del gobierno, ejecutada en Punta Catalina por más de dos mil millones de dólares, la Cámara de Cuentas no tomó ninguna iniciativa de control externo, sino que su intervención fue el producto de una solicitud del vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, del 21 de noviembre de 2017, para que se auditara el período comprendido entre el primero de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017, y no por razones de transparencia, sino por un requisito de la ley 100-13 que crea el Ministerio de Energía y Minas, la cual ordena la integración de la CDEEE a este organismo.

“La modalidad de la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas a la termoeléctrica Punta Catalina, denominada ‘Investigación especial’, basado en el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Cámara de Cuentas No. 10-04, no se correspondió con lo dispuesto en el referido artículo, pues no se realizaron investigaciones especiales ante la presunción de ‘la existencia de irregularidades tipificadas por el Código Penal o por leyes especiales…’, limitándose los auditores a revisar los registros, contratos y facturas de la cuenta de la CDEEE denominada Construcción en Proceso No. 107000551, como se indica en el Informe de la Investigación Especial (IIE), numeral 4”, sostuvo el Consejo Nacional de PC en un comunicado de prensa.

Indicó que la investigación forense y la investigación económica, para determinar la racionalidad de los contratos, de los costos de las obras y su posible sobreevaluación, estuvo ausente en esta auditoría.

“No se investigó, por ejemplo, la justificación de un pago por más de mil millones de pesos (RD$1,086,139,835.00), por concepto de nivelación de terreno, limitándose los auditores a ver registrado el pago de esa suma en la referida cuenta de la CDEEE. Lo mismo puede decirse del valor pagado por los contratos de asesorías. Por ejemplo, al asesor ambiental se le pagó 191.5 millones de pesos, al asesor legal se le pagó 196.1 millones de pesos, al financiero 67.3 millones y al técnico 51.1 millones”, agregó.

Señaló que otro de los gastos que debieron ser sometidos a escrutinio y a una opinión técnica-forense fue el de publicidad, ascendente a 465 millones de pesos, entre el referido período 2013-2017; “gastos que se han seguido incrementando, sin necesidad, durante los años 2018 y 2019”.

El Consejo Nacional de PC expresó que “uno de los aspectos que más llama la atención de la extraordinaria inversión estatal en el proyecto de Punta Catalina, pero que a la Cámara de Cuentas le pasó desapercibido, es que siendo el contrato de la CDEEE con el consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella del tipo “Llave en mano, de Ejecución de Ingeniería, Procura y Construcción” (Resolución del Congreso Nacional No. 219-14, que aprueba el contrato No. 101-14, de fecha 14 de abril de 2014), la CDEEE, al parecer, gastó  de manera unilateral al 31 de diciembre de 2017, más de lo que le correspondía, sumando un total de 17,500 millones de pesos, habiendo entregado a Odebrecht la suma de 78,000 millones de pesos, lo que refleja una falta de claridad en las responsabilidades de ambas partes, que debió ser aclarada por la ‘investigación especial’”.

Manifestó que la “Investigación especial” de la Cámara de Cuentas tampoco advirtió la contradicción financiero-legal del hecho siguiente: en el punto IV de la Investigación-auditoría, denominado “Hechos Subsecuentes”, se da cuenta de que el 18 de junio de 2018 la CDEEE y el consorcio encabezado por Odebrecht firmaron un “Acuerdo Marco”, según el cual se ratifica que el proyecto Punta Catalina no pasará de mil novecientos cuarenta y cinco millones de dólares (US$1,945,000,000.00), como se establece en el contrato original; sin embargo, habiendo desembolsado la CDEEE al 31 de diciembre de 2017, con facturas recibidas, la suma de mil novecientos cuarenta y tres millones seiscientos veintidós mil seiscientos veintinueve dólares (US$1,943,622,629.00), y teniendo cuentas por pagar de sesenta y ocho millones quinientos mil dólares (US$ 68,500,000.00), ya el gasto se sitúa por encima de los dos mil millones de dólares (US$ 2,000,000,000.00).

Añadió que existe otra contradicción: el referido “Acuerdo Marco”, luego que Odebrecht demandara al Estado dominicano por un pago adicional de 708 millones de dólares, crea un “Fondo Contingente”, por exigencia de Odebrecht para continuar la obra, por el monto de 336 millones de dólares, ya avanzado por el gobierno, estableciéndose que lo pagará la parte que pierda el juicio que hoy se lleva en una instancia de arbitraje de Estados Unidos. “Esto significa que, si el laudo arbitral es contrario a la CDEEE, la planta de Punta catalina le saldrá al pueblo dominicano por casi tres mil millones de dólares, incluyendo las pérdidas cambiarias asumidas por la CDEEE que ascienden a más de 260 millones de dólares”.

El Consejo Nacional de PC agregó que el referido “Acuerdo Marco” del 18 de junio de 2018, fijó la fecha de diciembre de 2018 y febrero de 2019 para que Odebrecht entregara las dos plantas en construcción, estableciendo una penalidad de 220 mil dólares (US$220,000.00) por cada día de retraso en la entrega; destacando que la Cámara de Cuentas, a pesar de que usa el “Acuerdo Marco” como una referencia de su investigación, silencia lo que ha pasado con esta parte del acuerdo, como lo ha silenciado la CDEEE y el administrador general de la Termoeléctrica Punta Catalina, Jaime Aristy Escuder.

“Por todo lo anterior, la conclusión de la Cámara de Cuentas de que ‘el saldo de la cuenta correspondiente al Proyecto Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), se presenta de manera razonable…’, es sumamente superficial, carente de sistematicidad y rigurosidad desde el punto de vista forense y de una investigación especial para detectar posibles irregularidades. Corresponde que esta enorme inversión sea nuevamente auditada por una Cámara de Cuentas y un Ministerio Público ajenos a la politiquería y a intereses partidarios”, sostuvo el Consejo Nacional de PC en el comunicado.

Consejo Nacional
21 de agosto de 2019

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana (PC), indicó que la Junta Central Electoral (JCE) debe actuar con energía ante las objeciones del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), a los mecanismos de control de los recursos de precampaña que intenta aplicar el organismo electoral por mandado de la ley.

Recientemente el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, informó que la institución que preside ha desarrollado una herramienta para facilitar que los precandidatos de los partidos hagan la declaratoria de gastos en el período correspondiente a la precampaña, y por esa vía controlar, además, los topes de gastos y de contribuciones que han sido legalmente establecidos. Apuntó que se dispondrán de métodos de fiscalización contables y financieros para determinar la veracidad de la información que sea suministrada. Con estas medidas la JCE apenas comienza a aplicar una serie de disposiciones de control financiero contenidas en la Ley de Partidos, que incluye no solo el control del gasto sino además de los ingresos, identificando a cada uno de los contribuyentes con sus nombres, apellidos y monto aportado. En los próximos días se aprobará el reglamento correspondiente.

El Consejo Nacional de PC sostuvo que el PLD y el PRM han unido sus esfuerzos para reducir la indispensable transparencia con que deben manejarse las captaciones de recursos y el gasto en la precampaña, y han presentado un documento conjunto que, de acogerse, implicaría claras violaciones a la Ley de Partidos.

“Resulta sorprendente, además de decepcionante, que el PLD y el PRM hayan manifestado a la JCE que el suministro de información financiera de precandidatos y partidos ocurra a partir del 22 de agosto, fecha límite para inscribirlos, cuando la precampaña tiene una fecha legalmente establecida, que es el siete de julio.  Con esta solicitud están proponiendo que se les permita no declarar los fondos recibidos y gastos realizados durante los 46 días transcurridos entre el siete de julio y el 22 de agosto, lo que es ilegal, pues el artículo 41 de la Ley de Partidos señala claramente que la precampaña inicia el siete de julio y los topes de gastos y de contribuciones establecidos en dicha ley abarcan todo el período de la precampaña”, expresó.

Señaló que ambos partidos dejan constancia de “la dificultad que implica la aplicación de esta normativa de la ley”, y que no poseen medios de coerción para garantizar su cumplimiento, lo que parecería implicar una confesión previa de incumplimiento, agregando que debe anotarse que la Ley de Partidos fue aprobada el 13 de agosto de 2018, hace ya más de un año, tiempo que han tenido los partidos y aspirantes a precandidatos para adecuarse a la misma, sobre todo a lo dispuesto en el artículo 71, que refiere a todo el sistema contable que debe existir.

“Los medios de coerción para asegurar el cumplimiento de la ley lo poseen los partidos a través de sus organismos disciplinarios, pero además los tiene sobre todo la JCE, que puede declarar inadmisible una precandidatura y hasta retener los fondos públicos a los partidos que violen las disposiciones que tienen por finalidad controlar las finanzas de los partidos y precandidatos. Participación Ciudadana espera que la nueva Unidad de Control Financiero de los Partidos Políticos comience a rendir informes sobre el trabajo que realiza”, manifestó el Consejo Nacional de PC.

Consejo Nacional
19 de agosto de 2019

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, realizó la firma de un acuerdo entre representantes de diversas instituciones y organizaciones dedicadas a promover y garantizar la igualdad de derechos y oportunidades de las personas con discapacidad, con el objetivo de aportar al conocimiento de una cultura de los derechos humanos y la justicia, contribuyendo a aumentar la conciencia pública sobre los valores que deben sostener la institucionalidad democrática de la sociedad dominicana.

Las instituciones que forman parte del convenio de Cooperación Interinstitucional son:  Alianza Discapacidad por Nuestros Derechos (ADIDE), Círculo de Mujeres con Discapacidad (CIMUDIS), Fundación Preparación para la Asistencia de Jóvenes con Discapacidad (FUPAJUDI), Fundación Dominicana de Ciegos (FUDCI), y la Asociación de Personas con Discapacidad Físico-Motora (ASODIFIMO).

La firma, acompañada por actores de cada organismo, fue realizada por Heiromy Castro, coordinador general de PC; Cristina A. Francisco Reyes, coordinadora general de ADIDE; Soraya Santos Peña, coordinadora general de CIMUDIS; Lino Rafael Delgado Marte, presidente de FUDCI; Luís María Méndez Sánchez, presidente de FUPAJUDI; María L. Recarey Domínguez, coordinadora general de ASODIFIMO.

“La firma de este convenio es el punto de partida para fomentar esfuerzos mancomunados de individuos e instituciones, encaminados a desarrollar y fortalecer las estrategias institucionales que procuran que todos los hombres y las mujeres participen en correspondencia de oportunidades y de capacidades, donde los principios de igualdad y no discriminación sean inherentes a la agenda de desarrollo de nuestro país”, expresó el coordinador general de PC, Heiromy Castro.

Indicó que este convenio busca velar por el fiel cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y su protocolo, así como cada uno de los lineamientos de trabajo a favor de las personas con discapacidad de la República Dominicana.

Mediante este acuerdo, las organizaciones se comprometieron a elaborar un plan acciones conjuntas y coordinadas para promover la igualdad de derechos y participación social efectiva de las personas con discapacidad, que abarca el desarrollo de procesos de sensibilización a la ciudadanía sobre como brindar protección, inclusión y participación a las personas con algún tipo de discapacidad; e impulsar de manera conjunta la realización de cursos, diplomados, conferencias, mesas de diálogo, paneles e investigaciones de temas de común acuerdo que demanden del tratamiento académico y la reflexión de la sociedad dominicana, entre otros esfuerzos.

A partir del convenio firmado en Instituto Superior Pedro Francisco Bonó, las partes designaron sendos representantes para constituir una comisión interinstitucional que velará por el cumplimiento del acuerdo y sus propósitos, además de coordinar las acciones y la gestión de los recursos necesarios para su desarrollo.

14 de agosto de 2019

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, informó que está dando seguimiento a la Licitación Pública Nacional e Internacional No. OISOE-LPI-001-2013, supuestamente realizada por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), para la “Remodelación, reestructuración con solución de ampliación de nuevos espacios hospitalarios y equipamiento de la Ciudad Sanitaria Doctor Luis Eduardo Aybar”.

En este sentido, PC requirió la intervención de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) por la sospecha de violaciones que han ocurrido en torno a esa licitación y posterior ejecución del contrato No. OB-OISOE-MP-040/2013, entre la OISOE y el Consorcio Consmara-Seminsa, por lo que, dentro de las solicitudes realizadas por Participación Ciudadana, a la DGCP se encuentran:

1. Verificar si en el caso del Contrato No. OB-OISOE-MP-040/2013, entre la OISOE y el Consorcio Consmara-Seminsa, se ha cumplido o no el requerimiento de la Ley 340-06, artículo 31, numeral 2, de que el valor de contratación de una obra no puede ser aumentado en más de un 25%, haciendo la referida verificación a través de procedimientos transparentes.
2. En caso de comprobar que en el Contrato No. OB-OISOE-MP-040/2013, entre la OISOE y la empresa Consorcio Consmara-Seminsa, ha ocurrido la violación de aumentar el monto de contratación original y el permitido por la ley, proceder a ejercer sus prerrogativas de recomendar las sanciones correspondientes a los responsables.

Participación Ciudadana en el seguimiento a este caso, informa a la sociedad dominicana que la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCC), al amparo del artículo 36 de la Ley 340-06, ha solicitado al Ing. Francisco Pagan, director de la OISOE, que presente en el plazo de diez (10) días los documentos justificativos de la inversión realizada en la remodelación del hospital Luis E. Aybar. Esa misma solicitud le ha sido realizada al Consorcio Consmara-Seminsa, que ha venido ejecutando la remodelación del referido hospital.

La decisión de la DGCC responde a la solicitud que PC hizo a la Dra. Yokasta Guzmán, directora general de la DGCP, en fecha 28 de junio del presente año, para que ejerza sus funciones de supervisión que le otorga la Ley 340-06, modificada por la Ley 449-06, a los fines de esclarecer la ejecución del contrato No. OB-OISOE-MP-040/2013 entre la OISOE y el Consorcio Cansmara-Seminsa, el ocho de julio de 2013, y que según diferentes informaciones públicas, incluidas las ofrecidas por el propio director de la OISOE, han más que duplicado la inversión pública en el hospital Luis E. Aybar, cuando la ley solo permite un aumento de un 25%.

Participación Ciudadana, en interés de que los fondos públicos sean invertidos sobre la base de los principios de economía, eficiencia, honestidad y transparencia, dará seguimiento a este caso que envuelve más de diez mil millones de pesos de los fondos del Estado dominicano, pagados con las contribuciones del pueblo, al tiempo que esperan que la OISOE y el Consorcio Consmara-Seminsa cumplan con el pertinente requerimiento de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCC), amparado en la ley.

Consejo Nacional
13 de agosto de 2019

Anexos:

1. Carta de Participación Ciudadana a la DGCC
2. Comunicación de la DGCC a la OISOE
3. Comunicación de la DGCC al Consorcio Consmara-Seminsa

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana (PC), junto al estudio creativo de realidad aumentada, 3DUAL, y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), realizaron el Innovathon 2019, un maratón nacional de construcción colaborativa durante un fin de semana, de aplicaciones web y apps móviles que busca mejorar la gestión participativa con un enfoque en planificación y ordenamiento territorial, seguridad ciudadana y adaptación climática.

Es el segundo año consecutivo de esta iniciativa que se desarrolla dentro del proyecto “Transparencia y Rendición de Cuentas en la Planificación Territorial Dominicana” de Participación Ciudadana, bajo la Estrategia de Cooperación para el Desarrollo del País (CDCS) de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). En esta ocasión tuvo lugar en las instalaciones del INTEC, del 09 al 11 de agosto del presente año.

Las palabras de bienvenida al evento estuvieron a cargo de Carlos Pimentel, director ejecutivo de PC, quien expresó que “para potenciar la participación de la ciudadanía en el diseño de políticas públicas de seguridad, de ordenamiento del territorio y adaptación climática, es fundamental tener encuentros sobre el cual, conocimientos diversos puedan aportar soluciones que permitan que las políticas que garantizan la calidad de vida puedan ser más eficaces y eficientes; por eso, Participación Ciudadana promueve este tipo de actividad, como es el Innovathon, desde el cual, jóvenes con conocimientos tecnológicos puedan aportar al desarrollo social y político de la República Dominicana”

Los proyectos desarrollados en el Innovathon estuvieron orientados al fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil, entidades gubernamentales y sociedad en general, por medio del desarrollo de Apps móviles, páginas web y otras herramientas tecnológicas que sistematizarán, apoyarán o resolverán problemáticas que recaen sobre los ejes temáticos definidos para este evento.

Las entidades organizadoras informaron que, con la solución de los retos presentados, se busca apoyar la incidencia social en la toma de decisiones en los gobiernos locales, mejorar la gestión pública en políticas de ordenamiento territorial e incidir en la aprobación e implementación de los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT’s), al igual que impulsar la aprobación del Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y el Proyecto de Ley de Regiones Únicas de Planificación, las cuales Participación Ciudadana reconoce como fundamentales para asegurar un desarrollo sostenible que garantice un futuro en condiciones óptimas a las generaciones futuras.

El concurso estuvo dirigido a jóvenes profesionales, estudiantes universitarios o técnicos superiores entre 16 y 35 años de edad, apasionados con la tecnología y la innovación e interesados en desarrollar soluciones tecnológicas orientadas a problemáticas sociales. Los participantes estuvieron conformados por grupos de dos a cuatro personas, quienes el primer día recibieron una inducción sobre las bases y lineamientos del maratón para iniciar el desarrollo de sus proyectos en jornadas de trabajo que culminaron el domingo 11 de agosto a las 5:00 de la tarde.

Los participantes contaron con mentores para guiarlos y apoyarlos durante el proceso y fueron evaluados el último día por un jurado especializado compuesto por Indhira De Jesús, directora del Laboratorio de Inteligencia e Innovación Territorial del INTEC; Elvyn Peguero, especialista en tecnologías de la información y comunicación; Erick Dorrejo, asesor en materia de ordenamiento y planificación territorial; Ángel Fariña, especialista en plataformas tecnológicas; y Erick Barinas, profesional de tecnologías de la información;  para obtener los premios de primer, segundo y tercer lugar, correspondientes a RD$75,000, RD$50,000 y RD$25,000, respectivamente.

En primer lugar ganó el equipo “Inspiring”, conformado por los jóvenes Sarah Severino, Roniel Valdéz, Denys Arturo Rosario Coste y Ninoska Pérez Castillo con su app móvil “ANE”, la cual está vinculada a la adaptación climática por medio de alertas que contribuyan a la toma de decisiones para planificar y reordenar el territorio de acuerdo al grado de vulnerabilidad.

El segundo lugar lo obtuvo el equipo “DevOverflow”, integrado por Sinver Vladimir Aguiló y Pablo Ferreira, quienes desarrollaron el proyecto “MAPADOM”, vinculado a la planificación y el ordenamiento territorial, creando posibilidades de zonificar de acuerdo a atributos de uso de suelo.

El tercer lugar lo adquirió el equipo “Workin”, conformado por Cesar Francisco González, Erica Ross y David Bujosa, quienes elaboraron la app móvil “En Zona RD”, vinculada a la seguridad ciudadana y el ordenamiento territorial por medio del reporte de denuncias de criminalidad, para apoyar a instituciones del orden y advertir a usuarios sobre puntos seguros o vulnerables para la toma de decisiones.

Las instituciones se comprometieron a apoyar los productos ganadores, de modo que se puedan refinar los proyectos diseñados para que sean de utilidad, tanto para entidades del gobierno central, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, expresó que el Tribunal Superior Electoral (TSE), a través de su decisión TSE-027-2019, del 5 de julio de 2019, interpreta correctamente el artículo 58 de la Ley No.33-18 de Partidos y Movimientos Políticos, al disponer que el 20% de las candidaturas reservadas a la máxima dirección colegiada de cada partido se calcula sobre cada nivel de elección (con excepción de la presidencial) y no sobre el universo de las candidaturas, protegiendo de esta manera el derecho a la participación y el principio de democracia interna que ordena la Constitución.

PC entiende que en el caso concreto del PRM conocido por el TSE, de 32 candidaturas existentes a nivel senatorial, se reservaron 29, cuando el límite es 6; de 190 candidaturas a nivel de diputados, se reservaron 112, cuando el tope es 38; de las 158 candidaturas a alcaldes, se reservaron 36, cuando el tope es 32.

Participación Ciudadana había denunciado como ilegal e inconstitucional la interpretación que permitía calcular las reservas sobre el universo y no por cada nivel de elección, y advertido que se prestaba para dejar a las bases del partido las posiciones menos relevantes.

La organización de la sociedad civil opina que “la decisión trasciende el tema de las reservas de candidaturas, pues tuvo que tocar también la obligación de los partidos políticos, en este caso concreto del PRM, de mantener actualizados sus respectivos expedientes administrativos en la Junta Central Electoral (JCE), como lo manda el artículo 19 de la Ley 33-18, puesto que dicho partido alegaba, de forma infundada, que esa obligación solo existe para la fase de reconocimiento de los partidos, aclarando el TSE que es obligación de cada partido y movimiento político ‘depositar por ante la JCE las actas de las decisiones de alcance general que adoptan sus organismos internos, entre las cuales se incluye, como se ha indicado, la relativa a las candidaturas que habrán de ser reservadas por la organización política concernida de cara al proceso electoral general de 2020’. Se trata de la aplicación del principio de transparencia que aplica a los partidos por mandato constitucional, pues no puede existir actas secretas”.

Para PC un tercer aspecto tocado en la decisión se refiere a la capacidad de delegación que tienen los organismos partidarios, que, en opinión del TSE, “frente a un mandato directo del legislador en el sentido previamente indicado, resulta cuesta arriba admitir que ese organismo de máxima dirección colegiada pueda delegar en otro organismo partidario, de una matrícula mucho menor, la adopción de una decisión que, como se advierte, el legislador ha reservado, de forma clara y enfática, al primero”. En el caso del PRM, un organismo integrado por mil miembros delegó una facultad que la ley le atribuía de forma exclusiva, a un organismo integrado por cincuenta miembros.

PC sostiene que se trata de una sentencia de principios, aplicable no solo al PRM, sino a todos los partidos que pudieran encontrarse en una situación similar, por lo que corresponde a cada partido revisar y, si fuese necesario, adecuarse a estas interpretaciones del TSE, y a la JCE tomarlas en cuenta para fines de su aplicación, por lo menos hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional, que está apoderado del tema específico de la reserva de candidaturas.

Participación Ciudadana desea recordar una vez más que el artículo 74.4 constitucional dispone que “los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos”. Esperan que el PRM se acoja a la decisión y la aplique dentro de los plazos que le han sido acordados.

Consejo Nacional
9 de agosto de 2019

Carta-JCE-Simulacro-Voto

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, en el marco del desarrollo de su Programa de Observación Electoral 2020, que busca contribuir con el fortalecimiento de la democracia electoral, mediante la participación activa y responsable de la ciudadanía y sus organizaciones en la observación de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales del 2020, remitió una carta a la Junta Central Electoral reiterando su solicitud de participar como observador en los simulacros de uso de los equipos de automatización del voto.

 “Dando seguimiento a todas las acciones de este proceso electoral, tenemos el interés de conocer, ser parte y estar presente en los cuatro simulacros del proceso de implementación del voto automatizado que están previsto. Lamentamos que por la falta de información y comunicación no pudimos estar en la llamada prueba local el día 24 de julio; hoy 7 de agosto se realiza la prueba regional y aún la JCE no responde nuestra solicitud realizada el 16 de julio. Esperamos que esta situación de silencio pueda ser superada de cara a la prueba focalizada del día 22 de agosto y, finalmente, el simulacro nacional el 08 de septiembre”, expresó el Consejo Nacional de PC en el comunicado.

Participación Ciudadana, entidad de la sociedad civil con experiencia en observación electoral, reitera a la JCE la solicitud para que indique el lugar en cada municipio y hora donde se estarán llevando a cabo cada uno de los simulacros pautados, y, a su vez, el registro de su participación como observador en las pruebas que está llevando a cabo con los equipos que serán utilizados en las primarias del 10 de octubre del presente año, y con toda probabilidad en las elecciones del 2020.

“Nuestra contribución a los procesos electorales incluye el seguimiento al uso de tecnología en las elecciones, para lo cual contamos con una asesoría de expertos extranjeros no vinculados a ningún partido en la República Dominicana, como tampoco al órgano electoral, para asegurar la mayor independencia posible”, señaló el Consejo Nacional de PC.

Destacó que esperan que para la tercera y cuarta prueba puedan ser invitados por la Junta Central Electoral, para lo cual necesitan una reunión previa de los expertos de la JCE con sus especialistas, a fin de poder participar en los simulacros con conocimiento de todos los elementos técnicos necesarios.

Consejo Nacional
7 de agosto 2019

Afirma corresponde al TC despejar la incertidumbre que la interpretación de disposiciones defectuosas pudiera ocasionar, afectando los procesos electorales.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, en el marco del desarrollo de su Programa de Observación Electoral 2020, exhortó al Tribunal Constitucional (TC) a agilizar las decisiones sobre acciones relacionadas con primarias y elecciones.

Mediante un comunicado de prensa, el Consejo Nacional de PC estableció que “al menos veinte (20) acciones directas de inconstitucionalidad han sido interpuestas por ante el Tribunal Constitucional sobre la norma que regirá las primarias y elecciones próximas, de las cuales se han decidido cuatro, quedando aún pendiente las diez y seis (16) restantes.

Indicó que las acciones involucran la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley 15-19 Orgánica de Régimen Electoral, la Ley 157-13 sobre voto preferencial, la resolución de la Junta Central Electoral (JCE) sobre la distribución de la contribución económica del Estado a los partidos políticos para el año 2019, y la Resolución No. 08-2019 de la JCE que instituye el método para la selección de senadores y senadoras para las elecciones de mayo de 2020, relacionada con el arrastre.

La organización de la sociedad civil expresó que “el TC acusa un notable atraso en decidir estas acciones a pesar de que su presidente, el magistrado Milton Ray Guevara había declarado “que los expedientes que tienen que ver con los partidos políticos y electoral están siendo declarados de urgencia con la finalidad de poder hacer algún tipo de aporte al proceso electoral que se avecina, por eso tenemos otra audiencia el 21 de junio”.

Hasta ahora el TC ha decidido cuatro acciones, declarando inadmisible dos de ellas (TC-0215-19 y TC-0063-19) bajo el argumento de que los accionantes enunciaron los textos violados, “sin especificar de forma concreta de qué manera los artículos del texto legal impugnado vulneran la Constitución, ni cuáles  son  los  argumentos  jurídicos  que  justificarían  una  eventual  declaratoria  de inconstitucionalidad de los mismos, pues solo se hacen breves referencias generales, sin  que  en  ningún  momento  se  especifique  cómo  uno  cualquiera de  los  artículos argüidos de inconstitucionalidad coliden con la Carta Magna”. En el primero de los casos contó con el voto disidente de la magistrada Katia Miguelina Jiménez, quien entendió que sí se ofrecieron argumentos.

Para PC las acciones de estas primeras dos decisiones impugnaban artículos relacionados con la filiación a un solo partido y la pérdida automática de la misma cuando se inscribe en otro, al proceso de reconocimiento de los partidos, la prohibición y sanción de la campaña negativa, método de elección de candidatos, cuota de género y de juventud.

La tercera decisión del TC (TC-0214-19) declara no conforme con la Constitución el art. 45, párrafo III de la Ley de Partidos y dispone que debe ser interpretado de tal manera que sean los estatutos de cada partido que decidan cuáles son los organismos competentes para el método de elección de candidatos y el padrón a utilizar y no la cúpula partidaria, como figuraba originalmente en la ley.

La cuarta decisión del TC (TC-0092-19) declaró inconstitucional el artículo 44.6 de la Ley de Partidos que prohibía y sancionaba la campaña negativa por violar el derecho a la libertad de expresión, el principio de razonabilidad y el derecho a la información.

“Las otras diez y seis acciones directas de inconstitucionalidad que quedan pendientes, están relacionadas con temas como el voto dominicano en el exterior, el arrastre del senador por los votos de los diputados, los métodos para escoger candidatos y tipo de padrón, las primarias organizadas por la JCE y apropiación de fondos para las mismas, la obligación de nuevos partidos a ir sin alianzas en el primer proceso electoral en que participen, la limitación de la pre campaña a lo interno de los partidos, la obligación de estar inscrito en un partido para poder ser candidato por él, la reserva de candidaturas y su porcentaje, cuota de género, cuota de juventud, entre otros”, informó el Consejo Nacional de PC.

Expresó también que el Reglamento Jurisdiccional del TC prevé los casos de urgencia, que podrán ser declarados en forma casuística por el pleno o por el presidente del TC, lo que permite que el orden de asignación de casos a las comisiones operativas pueda modificarse para darles prioridad, con la obligación del juez apoderado de presentar el proyecto de sentencia en el más breve plazo posible y cuyo artículo 20 prevé la posibilidad de reducir algunos plazos, siempre que no estén fijados en la ley.

El TC tiene un plazo de cuatro meses a partir la de la audiencia para decidir los casos, aun aquellos no declarados de urgencia, lo que no se ha podido cumplir pues nueve de los casos han sido sometidos durante el último cuatrimestre del año 2018 y solo cuatro de estos casos han sido fallados.

El Consejo Nacional de PC señaló que en ocasiones el TC no puede decidir los casos porque no logra reunir la mayoría calificada de nueve votos que se requieren para tomar una decisión, pero lamentablemente el TC no tiene en su portal la información de cuáles casos se encuentran en estas condiciones, lo que debería corregirse para que los interesados puedan darles seguimiento a sus casos.

“Aunque es correcta la aseveración del Presidente del TC en el sentido de que la responsabilidad es de los legisladores debido al tiempo que estuvieron esos proyectos en sus manos y lo tardía que ha sido su aprobación, no cabe duda de que corresponde ahora al TC despejar la incertidumbre que la interpretación de disposiciones defectuosas pudiera ocasionar, afectando los procesos electorales”, manifestó el Consejo Nacional de PC en el comunicado.

Consejo Nacional
05 de agosto de 2019