El gobierno y los partidos políticos del país gastaron en conjunto 85.2 millones de pesos en publicidad colocada en radio y televisión durante los últimos cuatro meses del año 2001, según cálculos hechos por Participación Ciudadana. De esta cantidad, el mayor porcentaje correspondió a las instituciones gubernamentales, cuya factura ascendió a 69.7 millones, equivalentes a un 81.8 por ciento del total.

La inversión de los partidos políticos ascendió a RD$ 15,553,084.08 (un 18.3% del total), producto de un tiempo aproximado de 140 horas de transmisión de anuncios, divididos en 7,400 cuñas.

Participación Ciudadana dio a conocer su primer análisis de gastos en publicidad correspondientes a la campaña para las elecciones congresuales y municipales, durante el período 1 de septiembre-31 de diciembre de 2001, mediante un boletín de prensa distribuido por su departamento de Comunicación.

El análisis fue elaborado por la Unidad de Monitoreo Integral de Procesos Políticos-Electorales del movimiento cívico no partidista se basa en reportes del Centro de Monitoreo de Publicidad REVISA, empresa que recopila información cuantitativa de este tipo en los medios de comunicación nacionales. Comprende la publicidad transmitida por 12 canales de televisión abierta, uno de televisión por cable y 15 emisoras de radio.

De acuerdo a este análisis, la mayor parte de la inversión partidaria correspondió a las pre-candidaturas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuyo gasto total ascendió a RD$7,530,519.36, equivalente al 48.4% de los gastos.

El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) ocupa el segundo lugar, con un gasto de RD$4,377,418.05, equivalente al 28.1%,  y la tercera al Partido Revolucionario Dominicano (PRD), con RD$3,506,273.67 equivalente al con el 22.5%.

Para fines de este análisis se considera Gobierno el Poder Ejecutivo y organismos centralizados, organismos descentralizados, Cámara de Diputados, Senado, Suprema Corte de Justicia, ayuntamientos del Distrito Nacional y Santiago, así como la Junta Central Electoral.

A continuación, el informe:

Unidad de Monitoreo Integral de Procesos Políticos-Electorales

Primer informe monitoreo gastos en publicidad partidos políticos y gobierno. Período septiembre – diciembre, 2001

Para la observación de las elecciones presidenciales del año 2000, Participación Ciudadana desarrolló su primera experiencia en el área de monitoreo de los gastos en publicidad de televisión y radio efectuados por las diferentes agrupaciones políticas durante la campaña electoral.  Este proyecto permitió estimar la magnitud de estos gastos y los resultados de esta primera experiencia fueron publicados en la prensa nacional y en la página de Internet de nuestra institución.

Reconociendo la importancia que tiene este tipo de actividades, no sólo por la mera verificación del nivel de gastos de los partidos políticos sino también porque constituye un mecanismo que permite evaluar la transparencia en el financiamiento de los gastos en períodos electorales, Participación Ciudadana ha retomado esta iniciativa para las Elecciones Congresionales y Municipales del 2002.

En esta ocasión no sólo se ha contemplado el monitoreo de los  gastos en publicidad de TV y radio que realizan los partidos políticos sino que también el monitoreo de estos gastos abarca a las entidades gubernamentales.  Este nuevo aspecto responde a la necesidad de identificar si existe relación entre los gastos efectuados por el gobierno y los períodos electorales.

1- ASPECTOS METODOLÓGICOS

1. a) Fuente:

Para la realización del monitoreo de gastos en publicidad, requerimos los servicios del Centro de Monitoreo de Publicidad REVISA,  empresa que recopila información cuantitativa de este tipo en los medios de comunicación nacionales.

Los reportes proporcionados por REVISA contienen información detallada sobre diversas instituciones (gubernamentales y no gubernamentales), así como de las diferentes agrupaciones políticas.  REVISA ofrece información sobre la publicidad en los diferentes medios de comunicación (prensa, televisión,  radio ). Esta empresa registra información detallada de costo de la publicidad y contabiliza el tiempo de duración y el número de los spots (televisión) y de las cuñas (radio).

Sin embargo, a pesar de la especificidad de las informaciones proporcionadas por REVISA, dicha empresa no realiza el monitoreo con cobertura nacional; los medios utilizados en la elaboración de los reportes mensuales fueron:

1. b) Basede datos

Como forma de sistematizar el trabajo de procesamiento de las informaciones ofrecidas por REVISA, fue necesario establecer ciertos criterios acerca de los datos específicos que se requerían para la elaboración de los reportes de monitoreo.

Ya determinados los sectores con los cuales se llevaría a cabo el monitoreo, se realizó una selección del tipo de información a utilizar como insumo.  Para ambos sectores se contabilizó el número de spots de televisión y cuñas de radio, la cantidad de veces que era pasado el anuncio, el tiempo total en minutos y el gasto en pesos.  Respecto a los partidos políticos esta información se procesó teniendo en cuenta el sexo de los aspirantes a puestos electivos y estaciones de radio y televisión. Se estableció este criterio con el objetivo de hacer una comparación entre los gastos realizados por los hombre y las mujeres.

Por otro lado, es importante aclarar que durante el procesamiento de los datos se encontró que algunos spots de televisión y algunas cuñas de radio no especificaban el/la pre-candidato/a a quien correspondía, por lo que la comparación en base a la inversión de hombres y mujeres se hizo sólo con aquellas cifras bien identificadas.

Como parámetro general para el monitoreo de las entidades gubernamentales, se realizó una clasificación de los diferentes organismos en seis categorías, las que se establecieron tomando en cuenta el nivel de descentralización de los recursos económicos con que opera cada entidad y el tipo de gestión que realiza. En este sentido, las diferentes dependencias del Estado se agruparon en las siguientes categorías:

• Poder Ejecutivo y organismos centralizados
• Organismos descentralizados
• Poder Legislativo (Cámara de Diputados y Senado)
• Poder Judicial (Suprema Corte de Justicia)
• Poder Municipal (Ayuntamientos del DN y Santiago)
• Junta Central Electoral

2.- ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Antes de iniciar la presentación de los resultados es importante destacar el contexto en que se dan los gastos en publicidad de los partidos políticos.  Desde finales del mes de noviembre los partidos Reformista Social Cristiano (PRSC) y de la Liberación Dominicana (PLD) se involucraron en el proceso de organización y realización de sus convenciones internas.  Esta situación implicó que la propaganda política en los medios de comunicación fuese mayor, principalmente en el caso del PLD.  A la fecha de este primer informe, el PRD no había iniciado el proceso preparatorio para la realización de su convención interna, lo que explica que el gasto realizado por este partido durante el período fuera menor.

Como primer resultado se destaca el hecho de que al unificar el monto gastado por todos los partidos políticos con el gastado por la totalidad de entidades gubernamentales, se observa que el 81.8% de los gastos corresponde al gobierno (RD$ 69,690,015) y sólo el 18.3% a los partidos políticos (RD$ 15,523,084).

Esta información por sí sola pudiera no parecer relevante, ya que es obvio que el gobierno debe invertir gran cantidad de sus fondos en la promoción y difusión de sus acciones. Sin embargo, este dato representa un punto de partida, pues en el futuro monitoreo mensual se observará si este porcentaje de inversión aumenta significativamente con relación a la proximidad de las elecciones congresionales y municipales. Al  gobierno corresponde en promedió poco más del 80% de los gastos durante el período.

1. a)  Partidos Políticos 

Durante el período comprendido entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2001 los partidos políticos en su totalidad gastaron en los medios incluidos en el reporte RD$15,553,084.08, colocando más de 7,400 cuñas de televisión y radio, con un tiempo total aproximado de 140 horas.  La mayor inversión la realizaron los pre-candidatos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuyo gasto total ascendió a RD$7,530,519.36 (48.4% de los gastos).  La segunda inversión más costosa correspondió al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), con un gasto de $4,377,418.05 (28.1%,), y el tercer lugar al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) con RD$3,506,273.67 (22.5%).

Al compararse el gasto en publicidad según el medio de comunicación, los resultados encontrados muestran dos situaciones. Primero, la televisión constituye el medio en el que se invierte mayor cantidad de dinero, ya que de los más de 15.5 de pesos invertidos durante el período, RD$14,794,263.66 correspondieron a ese medio.

Segundo, el nivel de gastos de uno u otro partido varía de acuerdo al medio de comunicación.  El cuadro #4 muestra que en televisión, el PLD ocupa el primer lugar en gastos con un monto correspondiente al 49.4% del total, pero en radio pasa a un segundo lugar cediendo el primero al PRD, partido cuyos gastos en publicidad ascienden a $341,925.42 y que corresponden al 45.1% del total gastado.

a.1 El caso de las mujeres

Tradicionalmente, la posición de la mujer en el área política ha sido restringida a la participación en las organizaciones de base de los partidos, costumbre que limita el acceso de las mujeres a las esferas de toma de decisiones a lo interna de las agrupaciones políticas a las que pertenecen.  Sin embargo, desde hace algunos años se han dado los primeros pasos para permitir una mayor participación política de las mujeres.

Uno de los propósitos de este monitoreo es establecer el nivel de presencia de las mujeres pertenecientes a los partidos políticos en los medios de comunicación.  Los resultados de este primer período revelan que durante el cuatrimestre septiembre-diciembre solamente RD$2,139,314.95 (13.7%) fue inversión de pre-candidatas.  Además, aunque el PLD incurrió en la mayor cantidad de gastos en publicidad, ni una sola mujer perteneciente a ese partido colocó publicidad para su pre-candidatura, ni en radio ni en televisión.  Por el contrario, las pre-candidatas del PRSC fueron las únicas que invirtieron en la televisión para un total de $2,001,436.20, mientras que las del PRD realizaron su mayor gasto en la radio con un monto ascendente a RD$107,158.75.

1. b)    Gobierno 

Uno de los sectores que en los últimos años se ha visto vinculado al financiamiento de las campañas políticas, ya sea por la conducta transparente o la carencia de la misma, es el sector gubernamental.  Muchos sectores de la ciudadanía perciben que durante muchos años se ha hecho uso de los fondos estatales para promocionar candidatos pertenecientes al partido en el poder.   Acciones como el Pacto de Etica Electoral, promovido por más de 90 organizaciones de la sociedad civil, constituyeron el punto de partida para monitorear el uso indebido de los recursos económicos del Estado para fines meramente políticos.

Sin embargo, las estrategias para la promoción partidaria van más allá del uso de vehículos y equipos de instituciones del Estado para actividades proselitistas.  La tendencia es realizar, en momentos cercanos a los períodos electorales cuantiosas inversiones en publicidad para promocionar las ejecutorias del gobierno de turno a fin de presentar una imagen positiva del gobierno e influir en la ciudadanía para la obtención de votos a favor del partido de gobierno,  situación que ha caracterizado el comportamiento de los partidos políticos en el poder.

Desde septiembre a diciembre de 2001, el gobierno gastó RD$69,690,015.40 en publicidad de televisión y radio, cantidad que abarcó la colocación de 36,484 espacios, para un total aproximado de 475 horas.  El Poder Ejecutivo, conjuntamente con los organismos centralizados y descentralizados, realizó la mayor inversión gastando $63,760,232.64 millones de pesos, cantidad que corresponde al 74.8% del total invertido por esta instancia.

Un dato interesante es el relacionado al gasto realizado por la Junta Central Electoral.  Las elecciones congresionales y municipales de 2002 requieren, por contemplar una nueva forma de votación, un esfuerzo promocional y educativo mayor que en otras elecciones.  Sin embargo, las autoridades electorales sólo gastaron RD$6,310.00, monto que no alcanzan ni siquiera un 1% del total de gastos del sector gubernamental.

Por otro lado, analizando el nivel de gastos al interior del Poder Ejecutivo, se observa que de los más de 60 millones invertidos por este sector, el 72% corresponde a las dependencias centralizadas, es decir, aquellas cuyos recursos económicos provienen exclusivamente del Poder Ejecutivo.

En general, la instancia que gastó mayor cantidad de dinero fue la Presidencia de la República, cuyo monto ascendió a RD$28,017,779.80, que corresponde al 43.9% del total gastado por el Poder Ejecutivo.

La Presidencia de la República ocupa también el primer lugar en gastos dentro de las instancias centralizadas, con un porcentaje de 61.1%. A esta cantidad le sigue la invertida por las secretarías de Estado, RD$12,934,840.61, correspondiente al 28.2%.

Finalmente, al igual que con los partidos políticos, la mayor cantidad de dinero fue invertida en el medio televisión, un total de RD$ 62,891,072.85.  En cambio, con relación a la inversión de los diferentes sectores según medio, el Poder Ejecutivo y los organismos centralizados se mantienen al frente de los gastos tanto en radio como en televisión.

Participación Ciudadana entregó al Partido Revolucionario Dominicano el resultado de su observación a la convención extraordinaria de esa organización el pasado domingo en el Distrito Nacional y en varias provincias.

El movimiento cívico no partidista dice en su informe que, según lo establecido por el Reglamento Electoral elaborado por la Comisión Nacional Organizadora de las Convenciones, el proceso de votación se efectuó de manera satisfactoria, y que se logró una buena participación de la militancia en el proceso de votación.

Participación Ciudadana observó la selección de candidaturas del Partido Revolucionario Dominicano en 66 municipios y en el Distrito Nacional. 320 voluntarios/as participaron en la observación de 258 locales.

Entre los aspectos positivos, el movimiento cívico destaca el uso de un modelo organizativo del proceso de votaciones semejante al de la Junta Central Electoral (JCE), en particular el padrón fotográfico como documento de control y las boletas con fotografías de candidatos/as, lo que permitió una mayor transparencia.

Señala que al igual que el aprovechamiento de la convención para hacer un ensayo del voto preferencial, se trata de un paso de avance en términos de transparencia en la organización del proceso de votaciones y de educación a la militancia del partido.

Participación Ciudadana opina que este procedimiento ha permitido escoger a los/as representantes y al mismo tiempo hacer un ejercicio entre la militancia de la forma de votación que se utilizará en las próximas elecciones congresionales.

    Según su apreciación, la que mayoría de votantes perredeístas mostró conocimiento del proceso de votaciones.

De acuerdo al informe presentado por Participación Ciudadana al PRD, la mayor dificultad fue la tardanza del inicio del proceso de votación debido a retrasos en la entrega de materiales y la logística para instalar cada centro de votación.

Entre los aspectos negativos cita también suspensiones del proceso en Duvergé, Enriquillo, Jánico, Jimaní, La Descubierta, Postrer Río y Salcedo y Santiago Rodríguez, principalmente, por alegada entrega tardía de materiales, mientrasse reportaron quema, ruptura y secuestro de urnas en Navarrete, el barrio Cienfuegos de Santiago, Consuelo y Haina.

En el caso de Santiago Rodríguez, la convención estuvo suspendida hasta el mediodía por alegada existencia de boletas premarcadas y compra de votos por un candidato a senador,  según los reportes recibidos por Participación Ciudadana.

Entre los aspectos negativos también se menciona el uso de instalaciones y vehículos del Estado en Santo Domingo, San José de Ocoa, Imbert y La Romana, y en algunos casos se presentaron reclamaciones sobre dislocamiento en el padrón.

El reducido espacio disponible ocasionó problemas de privacidad en el ejercicio del voto secreto en algunos lugares, se promovieron candidaturas y en los centros de votación fueron vistos afiches de candidatos y candidatas.

En su informe, Participación Ciudadana recomienda mejorar los aspectos logísticos para evitar retrasos prolongados en el inicio de las votaciones, así como efectuar una mejor depuración y actualización del padrón de electores y una mayor orientación a los votantes sobre las razones de las exclusiones de listas, con lo cual se fortalecerá la transparencia del proceso.

    También, propiciar la selección total de candidaturas en los diferentes niveles mediante la votación directa de la militancia, en beneficio del fortalecimiento de su propia democracia interna, crear o aplicar mecanismos que agilicen el proceso de escrutinio para poder disponer de  resultados en  tiempo adecuado, y continuar orientando a su membresía y simpatizantes sobre la nueva forma de votación, con vistas a las próximas elecciones.

 Participación Ciudadana recomienda, del mismo modo, que se garantice en próximos procesos un lugar con cierto nivel de privacidad que permita ejercer el voto secreto, como fue reglamentado por la CONACO.

El movimiento cívico no partidista realizó  dos tipos de observación durante la convención perredeísta del pasado domingo: una en los centros de votaciones con el personal voluntario que permaneció dentro del lugar durante todo el día, y otra itinerante, realizada por cuatro grupos integrados por personal del equipo técnico y miembros del Consejo Nacional de Participación Ciudadana.

El reeleccionismo, el continuismo en el poder, ha sido en el país, como en la mayor parte de las naciones latinoamericanas, fuente de corrupción y avasallamiento del pluralismo político y de aniquilación de las prácticas democráticas.

Para mantenerse en el poder nuestros gobernantes han apelado a todas las prácticas que vulneran la libre competencia, abusando de los recursos del Estado, persiguiendo a los opositores y doblegándolos mediante la coacción o el soborno, sin descartar el encarcelamiento, el exilio y el asesinato.

Las peores dictaduras latinoamericanas, como la de Rafael Leonidas Trujillo Molina, se afianzaron en el poder mediante los métodos más sangrientos y antidemocráticos, pero guardaron las formalidades instituyendo la reelección y realizando periódicas mascaradas electorales.

La experiencia es diferente en las sociedades europeas y norteamericana, donde la democracia lleva muchas décadas firmemente asentada y las instituciones operan independientemente de quienes estén al frente del Estado. Allí la reelección consecutiva de ninguna forma pone en peligro la institucionalidad democrática.

En la República Dominicana la precariedad institucional y el infantilismo democrático pesan todavía como un legado histórico que debemos superar. El día en que el presidencialismo y el abuso del poder no estén por encima de la institucionalidad del Estado no será ningún peligro reabrir las puertas a la reelección consecutiva, que casi siempre ha comenzado por “sólo una” para luego consagrarla por períodos indefinidos.

Reeleccionistas han sido en nuestra historia Pedro Santana, Buenaventura Báez, Cesáreo Guillermo, Ulises Heureaux, Horacio Vásquez, Rafael L. Trujillo y Joaquín Balaguer, quienes han gobernado la nación en más de dos tercios de los 158 años de vida republicana, la mayor parte de ellos bajo el signo de la dictadura o la tiranía.

En cambio, los presidentes más democráticos, desde el padre Gregorio Billini y el arzobispo Fernando Arturo de Meriño, a Ulises Francisco Espaillat, Juan Bosch, Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco y Leonel Fernández, fueron los que no se reeligieron. Casi todos militaron en el anticontinuismo como forma de superar la opresión política.

Antirreeleccionistas fueron los Trinitarios, que en 1844 consagraron la no reelección consecutiva en nuestra primera Constitución, aunque de inmediato un cerco militar a la Asamblea Constituyente, ordenado por quien ejercía el poder (el general Pedro Santana) obligó a hacer una excepción otorgándole al mismo dos períodos consecutivos.

Enemigos jurados de la reelección y el continuismo han sido los más preclaros pensadores y conductores políticos de nuestra historia, desde Juan Pablo Duarte y Gregorio Luperón, hasta Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez.

Por lo menos 35 reformas a la Constitución de la República se registran en nuestra historia, en una ocasión hasta tres en el mismo año, y casi todas tuvieron que ver con los empeños continuistas de nuestros gobernantes o con los anhelos de los luchadores  democráticos por eliminar esa fuente de tiranía y opresión tras liquidar una dictadura.

Dijeron que no, pero se reeligieron

          Resulta relevante que los mayores reeleccionistas de nuestra historia dijeron profesar el anticontinuismo antes de llegar al poder, o cambiaron de criterio poco después de afianzarse en el mismo.

Ulises Heureaux era un militante del credo democrático, pero a partir del segundo período y tras ser convencido de que siguiera en el poder, renegó de los principios y terminó convertido en tirano hasta su ajusticiamiento en 1899.

Horacio Vásquez se juramentó en 1924 bajo el compromiso de la no reelección incorporada a la Constitución por reforma del mismo año, atendiendo a un amplio acuerdo político nacional. Cuando sus fanáticos promovieron la prolongación y luego la reforma para restaurar la reelección llegó a proclamar que “no permaneceré en la Presidencia de la República más de los cuatro años consignados en la reforma y resignaré el Poder ante la Asamblea Nacional”.

Tras la ignominiosa prolongación del período hasta 1930, y cuando se aprestaba a consumar la reelección, Horacio Vásquez fue depuesto por un “movimiento cívico” que denunciaba el continuismo, apoyado por el jefe de la Guardia Nacional, Rafael Leonidas Trujillo, abriendo las puertas a la más prolongada tiranía de nuestra historia.

Al aceptar su nominación a la presidencia de la República, Trujillo hacía profesión democrática y anticontinuista y proclamaba: “no hay peligro en seguirme, porque en ningún momento la investidura con que pueda favorecerme el resultado de los comicios de mayo servirá para tiranizar la voluntad popular a la cual sirvo en estos momentos y a la que serviré lealmente en el porvenir”.

Ello no fue obstáculo para que tan pronto se juramentara como presidente procediera a eliminar toda disensión y se reeligiera él mismo en 1934, l942 y l947, y para que impusiera presidentes títeres en otras tres ocasiones, siempre con farsas electorales, hasta caer ajusticiado en 1961.

Joaquín Balaguer se juramentó en 1966, afirmando: “El mandatario

que en estos momentos está obligado a cumplir y hacer cumplir la Constitución de 1966, no aspira a ser reelegido, y la única gloria que apetece es la de ser uno de los pocos dominicanos que saben anteponer la conveniencia de la nación y su porvenir democrático a sus propias apetencias y a sus propias ambiciones”.

Esa y muchas otras proclamas similares no le impidieron reelegirse sucesivamente en comicios siempre cuestionados, algunos de ellos sin oposición, en l970 y 1974 y luego en 1990 y 1994, manteniendo subyugadas las instituciones democráticas y con la nación al borde del enfrentamiento

Absolutismo presidencial y abuso del poder

El presidencialismo que ha regido la nación desde su fundación  ha facilitado el abuso del poder y de los recursos del Estado en los empeños continuistas, prostituyendo la acción legislativa y de la justicia, comprando opositores de todos los niveles y pasando a la persecución, cuando no han podido ser doblegados.

Están demasiado frescos en la memoria colectiva los procesos electorales viciados por la ambición continuista hasta 1994, cuando para superar una crisis política de grandes proporciones hubo de ser pactada una reforma constitucional, que prohibió la reelección, separó las elecciones presidenciales de las congresionales y municipales, estableció la mayoría absoluta para la elección del presidente, e instituyó los colegios electorales “cerrados” y el Consejo Nacional de la Magistratura para elegir la Suprema Corte de Justicia.

Los procesos electorales con reelección se caracterizaron en nuestra historia por el derroche de los recursos estatales para ganar simpatías y comprar votos y partidarios, subordinando la inversión pública al interés continuista, politizando a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional e instrumentando la justicia como mecanismo de persecución de los disidentes.

Todavía no hay garantías de que decenas de miles de  activistas y de cuadros altos y medios no puedan ser pagados con fondos del presupuesto nacional para promover el continuismo, y de que grandes partidas del presupuesto nacional no sean desviadas a la acción partidaria. Hasta el magnífico negocio que siempre ha sido la Lotería Nacional fue quebrado, como muchas otras empresas del Estado, en las campañas reeleccionistas.

La prueba de que todavía no existen esas garantías es que en los esfuerzos por restablecer la reelección presidencial, por legisladores del mismo partido en el poder han denunciado la concesión de privilegios y contratas como forma de comprar conciencias, así como numerosos mecanismos de presión. A pesar de que el Presidente de la República ha insistido en rechazar el proyecto continuista.

Sentimiento nacional y compromiso programático

El rechazo de la reelección presidencial inmediata es un sentimiento nacional bien profundo, enraizado en nuestra experiencia histórica, que se ha ratificado en las encuestas sobre cultura política y en las de estados de opinión.

Pero es también un compromiso del partido en el poder, del cual proceden ahora los mayores esfuerzos por revivir el continuismo, aunque desde su fundación ha consagrado la no reelección en sus estatutos y en sus programas de gobierno. Es justo consignar que muchos de sus legisladores y dirigentes, desde el Presidente y la Vicepresidenta de la nación, se han opuesto al empeño por reabrir las puertas al reeleccionismo.

Algunos de los que ahora desde el poder pretenden la reelección fueron compromisarios de los postulados de la Constitución de 1963, que la prohibió absolutamente, y de las reformas de 1994, que la vetan en períodos consecutivos.

Contradicen abiertamente los criterios del líder de ese partido, probablemente el más explícito teórico del antireeleccionismo en nuestra historia, el doctor José Francisco Peña Gómez, quien hasta su muerte en 1998 sustentaba que “el compromiso contraído por el Partido Revolucionario y sus dirigentes con la no reelección es insoslayable. Esos acuerdos están vigentes, son parte de la historia y de la mística del PRD, son parte de su orgullo, de su gloria, de su luto y de su sangre, de sus muertos y de sus vivos”.

Desde su tesis doctoral, publicada en parte recientemente por sus partidarios, Peña Gómez argumentó a fondo contra la reelección y el continuismo, llegando a sustentar que “es la marca que han dejado impresa en el derecho constitucional el despotismo y la opresión. Por  eso ningún gobierno que lo ha hecho consignar en una constitución ha sido plenamente democrático.”

El líder perredeísta añadía que “el estudio de las reelecciones revela la existencia de leyes históricas inmutables que nadie ha podido hasta ahora desafiar exitosamente en nuestro país. En efecto, todos los presidentes que han concurrido a las elecciones desde el poder han ganado las mismas indefectiblemente y tras cada victoria de los reeleccionistas la opresión ha sido mayor”.

No caben comparaciones con Estados Unidos

Los reeleccionistas de nuevo cuño han querido sustentar su empeño en la experiencia de los Estados Unidos, donde se permite una reelección consecutiva, o en las democracias parlamentarias de Europa, donde el continuismo no tiene más límites que los que puedan establecer los electores.

Pero esas comparaciones no tienen fundamento real y lucen hasta burlescas, a la luz de nuestra experiencia histórica, incluso la reciente, y de la debilidad de nuestras instituciones democráticas.

Las  reformas constitucionales de 1994 apenas han dado sus primeros frutos en las tres últimas elecciones nacionales, incluyendo las presidenciales de 1996 y 2000. Por primera vez en la historia dominicana tenemos tres comicios consecutivos sin que se haya producido la impugnación de los resultados ni siquiera en una sola mesa de votaciones.

Es obvio que la nación ha avanzado en estos últimos seis años en la institucionalidad democrática, pero todavía no lo suficiente para garantizar que no se repetirá el abuso del poder en el esfuerzo reeleccionista. El presidencialismo sigue siendo excesivamente fuerte, al amparo del artículo 55 de la Constitución.

Faltan todavía muchas otras reformas para disminuir el presidencialismo, para que la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, y el ministerio público sean independientes del Poder Ejecutivo y cumplan eficientemente sus funciones, y para que la justicia cumpla a cabalidad y diligentemente su responsabilidad de sancionar todo género de malversación de los recursos públicos.

Tampoco hemos alcanzado la madurez institucional para que el Congreso Nacional, más allá de las lealtades a partidos y gobernantes, cumpla su misión de vigilancia y control de los desbordamientos del Poder Ejecutivo.

Cuando se concreten todas esas reformas no causará incertidumbre ni aprensiones el restablecimiento de la reelección presidencial en períodos continuos. Seguramente que entonces tampoco se dividirán enconadamente los partidos, los legisladores y las instituciones sociales en las discusiones del tema. Ni el mismo tendrá un rechazo tan generalizado de la opinión pública nacional.

Trabajemos todos intensamente por precipitar esos cambios y perfeccionar la convivencia democrática. Entonces Participación Ciudadana carecerá de argumento para solicitar que se mantenga siquiera por una o dos décadas la prohibición de la reelección presidencial inmediata.-

Comisión de Reformas Políticas de Participación Ciudadana

Participación Ciudadana lamentó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de declarar inconstitucional el artículo 5 de la resolución 5-2001 de la Junta Central Electoral, aunque aclara que respeta la decisión del tribunal.

El movimiento cívico no partidista lamenta, asimismo, que la Suprema Corte haya rechazado la solicitud del Procurador General de la República en el sentido de que se comunicara previamente el expediente a la Junta Central Electoral.

El coordinador general de Participación Ciudadana, Ramón Tejada Holguín, entiende que la obligatoriedad de domicilio en las circunscripciones electorales para quienes aspiren a representarnos en el Congreso Nacional y en los ayuntamientos, establecida en dicho artículo, constituía un paso de avance.

Recordó que “el espíritu de esa resolución era acercar más a las comunidades con sus autoridades, que la gente conociera mejor por quién vota, a quién elige, y de ahí lo positivo”.

Sin embargo, si la Suprema Corte considera que hay choque con la Constitución es obvio que debe acogerse su sentencia, por cuanto es el organismo competente para determinar que las leyes y resoluciones se ajusten a las prescripciones constitucionales, a pesar de que no se esté de acuerdo con el criterio de los jueces del más alto tribunal del país.

La Suprema Corte emitió una sentencia sobre una instancia elevada por José Rijo, Víctor García Sued y Ramón Emilio Fernández que cuestionaban varios artículos de la Ley Electoral 275-97 y sobre la resolución 5-2001 de la Junta Central Electoral en cuanto a la obligatoriedad de los candidatos/as de residir en la circunscripción que aspiran representar.

Como aspecto positivo se tiene que hacer notar que el tribunal declaró válida tanto la Ley electoral como el resto de la Resolución 5-2001 de la Junta Central electoral, en la cual se consigna el voto preferencial para los diputados y se crean las circunscripciones electorales.

Este aspecto debe ser saludado, y despeja significativamente el ambiente electoral dominicano, dice Participación Ciudadana en un boletín distribuido por su departamento de Comunicación.

El tema de la inamovilidad de los jueces ha vuelto a ocupar en los últimos días las primeras planas de los diarios nacionales e importantes espacios en los medios electrónicos, tras la declaración del presidente de la República, agrónomo Hipólito Mejía, de que los jueces no deben ser eternos y las amenazas de algunos legisladores de integrarlo al proyecto de reforma constitucional.

Participación Ciudadana, que ha sido abanderada de la inamovilidad de los jueces como instrumento indispensable para sostener la independencia de la judicatura, se siente nuevamente preocupada por la pretensión de algunos sectores de confundir a la ciudadanía promoviendo la idea de que inamovible equivale a vitalicio.

Nada más falso. Los jueces inamovibles terminan su función con la edad de retiro o cuando son cancelados por razones de corrupción o de ineficiencia en el servicio, mientras que  jueces vitalicios sólo terminan su función con la muerte.

La mejor prueba del valor  de la inamovilidad para lograr una justicia independiente ha sido la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de declarar inconstitucional la ley de convocatoria de la Asamblea Revisora para la reforma constitucional. Bastó que la decisión no complaciera a determinados sectores políticos que actualmente detentan el poder, para que  arreciaran las amenazas de eliminar la inamovilidad.

La reforma constitucional de 1994 introdujo en nuestra Carta Sustantiva el concepto de carrera judicial y como corolario la inamovilidad de los jueces. El acta de la Asamblea Revisora de 1994 recoge con precisión el alcance de este concepto al señalar “que ya la judicatura no estará sometida a los vaivenes de las elecciones que se celebran cada cuatro (4) años, algo terrible para la existencia de un verdadero Estado de Derecho”.

Las consecuencia de la designación de jueces por períodos determinados las estuvimos sufriendo hasta hace relativamente poco tiempo. Para nadie secreto que hasta 1997 la justicia en la República Dominicana estuvo secuestrada por sectores de influencia, sobre todo por los partidos políticos que cada cuatro años asignaban a sus senadores la labor de repartirse los puestos en la judicatura.

Desde hace años hemos venido denunciando que sectores que no aceptan haber perdido la influencia que antaño ejercían sobre el Poder Judicial conspiran para eliminar la inamovilidad. Por ello, fuimos parte del conjunto de organizaciones que solicitó la inconstitucionalidad de las disposiciones de la Ley de Carrera Judicial que pretendía restablecer los períodos para la función judicial.

Estas amenazas constituyen un intento de chantaje contra la Suprema Corte de Justicia muy parecido  al que precedió a la última reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, en que algunos de sus miembros amenazaban con remover a su presidente o a varios de los miembros del organismo.

En defensa de la inamovilidad hemos sugerido a los actuales jueces de la Suprema Corte de Justicia que sobrepasan la edad para retirarse que se acojan al retiro, al margen de su derecho de ampararse en el principio de no retroactividad de las leyes para mantenerse en sus cargos, en un gesto que ayudaría al clima de tranquilidad de la Nación.

Sin inamovilidad tendríamos, como en el pasado, jueces tímidos para aplicar y hacer respetar la Constitución y las leyes. Sin inamovilidad no tendríamos carrera judicial, pues ambos conceptos son consustanciales. Lo que la justicia ha logrado es lo que desde hace años se reclama para los otros servidores públicos con la aplicación de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de declarar inconstitucional, y en consecuencia nula, la Ley de Convocatoria de la Asamblea Nacional, además de reafirmar el papel de la Suprema Corte de Justicia de ser guardiana de la Constitucionalidad de las leyes y actos de los poderes públicos, constituye una manifestación inequívoca del avance de nuestra institucionalidad. A este respecto las instituciones firmantes manifestamos lo siguiente:

1.      La decisión de nuestro más alto tribunal de justicia debe ser respaldada y acatada por todos los poderes públicos y por la ciudadanía en general. Toda actuación contraria lesionaría agudamente las bases sobre las que se levantan las instituciones democráticas y el estado de derecho.

2.      Para que sea democrática, toda reforma constitucional debe ser fruto de un amplio proceso de consulta con todos los actores sociales y políticos del país. La Constitución es no solamente un instrumento jurídico, sino social y político y como tal debe expresar la pluralidad democrática.

Un paso de trascendencia en la búsqueda de ese espacio de concertación se expresó en la Comisión Especial de Reforma Constitucional convocada por el Presidente de la República en marzo de 2001.

3.      El tema de la reelección ha dividido y todavía divide a la sociedad dominicana y hasta el partido de Gobierno y se convierte en un elemento de confrontación nacional. La Asamblea Constituyente sería el mejor escenario para alcanzar el necesario consenso.

4.      Algunos sectores políticos y legislativos han insistido en buscar la prolongación del período de ejercicio del actual Congreso Nacional y de las autoridades municipales. Dicha prolongación sería una usurpación que desataría una crisis política e institucional de dimensiones imprevisibles y de trascendencia internacional, poniendo en riesgo la seguridad jurídica, la estabilidad económica  y la gobernabilidad democrática.

5.      Los hechos evidencian que no existen condiciones propicias para que se discuta de manera abierta y transparente el contenido y los alcances de una reforma constitucional.  La sociedad dominicana demanda que el liderazgo nacional se concentre en la discusión de los problemas prioritarios de  la Agenda Nacional.

6.      La máxima expresión de la soberanía popular es la consulta electoral democrática. Es el pueblo el que debe, en todo caso, decidir la renovación del mandato constitucional conferido a sus representantes. Todos debemos abocarnos a preparar y participar en las elecciones de mayo próximo, dejando de lado cualquier discusión que pueda distraer tan trascendental evento.

Santo Domingo, D.N.

Enero del año 2002

1.      Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE)

2.      Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP)

3.      Consejo nacional de Unidad Sindical (CNUS)

4.      Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS)

5.      Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)

6.      Participación Ciudadana

7.      Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)

8.      Acción para la Educación Básica, Inc. (EDUCA)

9.      Ciudad Alternativa

10.  Asociación de Industrias de la República Dominicana

11.  Cámara Americana de Comercio

12.  Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo, S.J.

13.  Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI)

14.  Instituto Nacional de Salud (INSALUD)

15.  Confraternidad Evangélica Dominicana (CONEDO)

16.  Foro Ciudadano

17.  Fundación Solidaridad

18.  Asociación Comunitaria Acción por el Progreso (ACOPRO)

19.  Mujeres en Desarrollo Dominicana (MUDE)

20.  Comité para la Defensa de Los Derechos Barriales (COPADEBA)

21.  Unión de Vecinos Activos (UVA)

22.  Centro de Solidaridad parta el Desarrollo de la Mujer (CE-MUJER)

23.  Unión de Juntas de Vecinos de San Pedro de Macorís

24.  Unión Dominicana de Emisoras Católicas (UDECA)

25.  Universidad Abierta para Adultos

26.  Universidad Tecnológica del Cibao (UTECI)

27.  Diálogo por la Reforma

28.  Programa de Fortalecimiento de Organizaciones de la Sociedad Civil

29.  Asamblea de Mao, Valverde

30.  Asociación Americana de Juristas

31.  Asociación de Madres Nuevo Despertar de El Maizal

32.  Consejo Municipal del Desarrollo Hábitat (COMUDA)

33.  Asociación Santa Lucía, de Bonao.

34.  Asociación de Detallistas de San Pedro de Macorís

35.  Centro Dominicano de Asesoría e Investigaciones Legales (CEDAIL)

36.  CEDEPAR

37.  Centro de Estudios Demográficos (CESDEM)

38.  Centro de Madres Angela Guzmán, Mao, Valverde

39.  Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE)

40.  Centro Dominicano de Estudios de la Educación (CEDEE)

41.  Asociación Dominicana de Juntas de Vecinos

42.  Club de Amigos y Vecinos “Camiye” Barrio Restauración

43.  Club de Madres La Esperanza, Mao, Valverde

44.  Comité de Apoyo a La Justicia de San Pedro de Macorís

45.  Comunidad Eclesial Corazón de Jesús

46.  Comité por la Unidad y Derechos de la Mujer (CUDEM) de la Región Norte

47.  Coordinación y Animación Social Comunitaria (CASCO)

48.  Equipo Nacional de las Comunidades Eclesiásticas de Base

49.  Equipo Regional de Santo Domingo (CED)

50.  Espacio de Coordinación Comunitaria

51.  FEROCAMPOV, Mao, Valverde

52.  Fundación Dominicana  para la Base Social, INC. (FUNDOMA)

53.  Fundación Ecológica Mirador Norte

54.  Fundación para la Integración Social Educativa (FISOE)

55.  Grupo de Mujeres Fe, Esperanza y Caridad de Los Alcarrizos

56.  Grupo Mujeres  para el Desarrollo del Caliche (MUPADECA)

57.  Grupo de Oración Jesús de Nazaret de Cristo Rey.

58.  Grupo de Mujeres Maria Auxiliadora, Barrio Quisqueya, Esperanza

59.  Junta de Desarrollo de Yamasá, Inc.

60.  Junta de Vecinos Simón Bolívar

61.  Junta de Vecinos 30 de Mayo

62.  Junta de Vecinos Inoa de El Caliche

63.  Junta de Vecinos La Unión de Barrio Paraíso, Esperanza

64.  Junta de Vecinos 24 de Abril

65.  Junta de Vecinos Lucha y Progreso, Barrio La Piedra

66.  Junta de Vecinos Miguel Alfonso Mendoza (Piri), Barrio Placer Bonito, Spm

67.  Junta de Vecinos Luz y Esperanza, Barrio México, SPM

68.  Junta de Vecinos Luz y Vida, Barrio Restauración

69.  Junta de Vecinos El Caliche de Cristo Rey

70.  Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDA)

71.  Mujeres del Mundo Unidas

72.  Patronato Pro Desarrollo de la Educación de Yamasá

73.  Junta de Vecinos La Esperanza de El Caliche

74.  Junta de Vecinos Barrio Azul, Esperanza, Valverde

75.  Junta de Vecinos la Unión de El Maizal

76.  Junta Campesina El Progreso de El Maizal

77.  Junta de Vecinos Salome Ureña, Esperanza

78.  Programa Lo Nuevo de San Pedro De Macorís

79.  Colectivo de Salud Popular (Cosalup)

80.  Foro para la Participación Municipal

81.  Junta de Vecinos San Pedro Miramar, Barrio Miramar

82.  Junta de Vecinos Tiburcio Frías, Barrio México

83.  Junta de Vecinos Domingo Ramírez, Barrio Punta García

84.  Junta de Vecinos Villa Orilla, Barrio Punta Garza

85.  Colectiva Mujer y Salud

86.  Consorcio por la Municipalidad

87.  Junta de Desarrollo Comunal (Coma)

88.  Bloque de Organizaciones Comunitarias Oriental Zona Este (BLOCODOESTE)

89.  Comité de Seguimiento a la Gestión Municipal (Castañuelas)

90.  Sociedad Dominicana Manos Solidarias (SODOMANSOL)

91.  Equipo de Educación Popular y Comunicación Alternativa (EPCA)

92.  Centro de Desarrollo Mujer Rural (CEDEMUR)

93.  Fundación para el Desarrollo de Villa Altagracia

94.  Pastoral Social de Haina,

95.  Coordinadora de Juntas de Vecinos Santiago Castro

96.  Organización para el Desarrollo de la Salud (ODESA)

97.  HABITAT

98.   Fundación Gregorio Luperón.

99.   Club Juvenil Comunitario San José Adentro Santiago

100. Club Cultural Amor y progreso Los Ciruelos, Santiago

101. Club La Nueva Generación Km. 3. Carretera Baitoa Santiago

102.  Junta de Vecinos La Verdad, San José Afuera, Santiago

103.  Junta de Vecinos Sagrado Corazón de Jesús, Carretera Baitoa- Santiago.

104.  Programas Radial Sábado Cultural

105.   Programa Radial Convivencia T.V.

106.   Comunidad Cosecha

107.   Movimiento de Cristianización Nacional

108.   Asociación de Pastores y Zona Aledaña de San Fco. De Macorís

109.   La voz de la Alabanza 1470 A.M

110.   Centro de Ministerio Restauración de Vida

111.   Vonapreco Capítulo S.F.M.

112.   Iglesia de la Cristianización en San Fco. De Macorís.

113.   Centro Cristiano de Desarrollo Comunitario

114.   Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en San Fco. De Macorís.

115.   Movimiento Cívico no Partidista Poder Ciudadano

116.   Ministerio Nacional de Mujeres Renuevo

117.   Asociación de Estudiantes de Fantino

118.   Iglesia de Dios Inc. Castillo

119.   Iglesia Metodista Libre de Castillo

120.   Iglesia Asamblea Cristiana Esminia en Pimentel

121.   Confraternidad de Pastores de Castillo

122.   Club Activo 20-30 Arenoso

123.   Club Social de Arenoso

124.   Kwen de la Solidaridad

125.     Planeta Verde

126.     Instituto de Contadores de San Juan de la Maguana

127.     Junta Provincial de Desarrollo de San Juan

128.     ADP Provincial de San Juan

129.     Asociación e Pastores Evangélicos de San Juan

130.     Confederación  de Mujereas Hermanas Mirabal

131.     Sindicato de Trabajadores de la Prensa de San Juan

132.     Club Diego Velásquez

133.     Junta de Vecinos Perpetuo Socorro

134.     Junta de Vecinos Gran Poder de Dios

135.     Junta de Vecinos Los Mojaos

136.     Centro de Madres La Milagrosa

La reforma constitucional al margen del Pacto endosado por los líderes de los partidos Revolucionario Dominicano (PRD), Reformista Social Cristiano (PRSC) y  de la Liberación Dominicana (PLD), con el presidente Hipólito Mejía como testigo, contamina el clima de convivencia democrática, propicia el canibalismo político y retrotrae el país a un pasado de incertidumbre institucional que toda la sociedad pensaba superado. 

La introducción de la reelección presidencial en esta reforma introduce un elemento que no había sido objeto de discusión ni por los partidos ni por la Comisión Presidencial para la Reforma Constitucional. Introducir el tema ha dado pie a la presencia de nuevos disgustos y desacuerdos, e incluso ha propiciado serias y profundas divergencias internas en el partido en el gobierno. 

El partido oficialista ha debido discutir internamente y luego plantear sus propuestas sobre la reelección presidencial al país y al Congreso Nacional, antes de llevar una discusión particular al ámbito congresional y gubernamental. Aunque el PRSC ha cambiado de parecer sobre el tema, el PLD ha sido coherente en su demanda de que se respete el Pacto por la Reforma Constitucional y en que no es este el momento para debatir si se aprueba o no la reelección presidencial. 

Uno de los peligros que origina este debate tiene que ver con la demanda de una parte de los miembros del actual Congreso Nacional, que sienten termina su período legal de representación, de querer prolongar por dos años su posición, con el reciclado argumento de juntar nuevamente la elección presidencial con la congresional y municipal. 

El estímulo, venga de donde venga, es perverso e incentiva la ingobernabilidad y el desorden. Independientemente de que se logre o no la reelección presidencial, la sola idea de promover entre los legisladores la posibilidad de una extensión de su período es ya un intento de golpe de Estado congresional que debe ser rechazado con firmeza por todos los sectores del país. 

Si la idea sólo busca ganar adeptos para la reelección presidencial, y de paso engañar a los ingenios reeleccionistas ocasionales, igualmente se está desmoralizando la labor congresional y política y se está propiciando el desorden en el ámbito político e institucional. 

El recurso de inconstitucionalidad de la ley que convoca a la Asamblea Revisora, elevado por el presidente Mejia, contribuye a despejar la atmósfera política enraresida por los aprestos reeleccionistas y expansionista. Sin embargo, el problema de fondo es de orden político. Cualquiera que sea la decisión de la Suprema Corte de Justicia, desde ya se le ha infligido un duro golpe a la capacidad de diálogo y concertación entre los actores políticos. 

Participación Ciudadana llama al presidente Hipólito Mejía y al presidente del PRD, Hatuey Decamps, así como a los líderes y ex presidentes Joaquín Balaguer y Leonel Fernández, a tomar acciones mas contundentes, para restablecer la credibilidad y el orden en los partidos políticos, en el Congreso Nacional y en el propio gobierno, desde donde sectores oficialistas aúpan el proyecto reeleccionista. 

Hay que restablecer la credibilidad política en lo acordado, hay que devolverle el valor a lo firmado, hay que retomar la validez del liderazgo político, hay que devolver la confianza al Congreso Nacional, para que el país encuentre el camino de la sensatez. Aunque el ambiente es desesperanzador, es mucho lo que estaríamos echando por la borda con la insensatez política en proceso, incluyendo la estabilidad macroeconómica, la garantía de la inversión extranjera y la propia calificación de riesgo del país, que en los últimos meses ha ganado terreno en un ambiente internacional de incertidumbre.

Participación Ciudadana reiteró su llamado para que se honre el Pacto por una reforma constitucional suscrito entre los tres partidos con representación mayoritaria en el Congreso Nacional, con el Presidente de la República como testigo.

En una declaración suscrita por su coordinador general, Ramón Tejada Holguín, el movimiento cívico no partidista dice que el pacto debe ser honrado por los actores políticos relevantes del país, ya que su cumplimiento favorecerá los procesos de concertación y diálogo tan necesarios para el fortalecimiento del sistema político partidario dominicano.

La declaración se emite a propósito de la aprobación en primera lectura por la Cámara de Diputados del proyecto de reforma constitucional incluyendo la reelección presidencial, tal como había sido aprobado por el Senado

Participación Ciudadana reconoce que el Congreso Nacional es uno de los principales actores del proceso, pues son sus miembros quienes tendrán a su cargo la modificación constitucional y, en ese sentido, debieron ser también parte del pacto.

Sin embargo, no debe pasarse por alto que antecedentes de irrespeto a pactos y acuerdos han traído graves consecuencias para el sistema político y el desarrollo social y económico en la República Dominicana.

Además, irrespetar el pacto por la reforma, cuyo cumplimiento ha sido reiteradamente solicitado por el Presidente de la República, atentaría contra la credibilidad de los partidos políticos.

A juicio de Participación Ciudadana, los/as diputados/as darían un ejemplo de civismo y enviarían un mensaje inequívoco de fortaleza del sistema de partidos si en su sesión de este domingo aprueban el pacto según como ha sido rubricado por el liderazgo político nacional.

Expectativas para 2002

Los procesos de concertación llevados a cabo por el liderazgo político y la sociedad civil, el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica en un ambiente internacional adverso, así como nuevas medidas relacionadas con las elecciones de medio término, los avances hacia la descentralización del Estado y la promulgación de importantes leyes que habían estado estancadas en el Congreso Nacional, se destacan como aspectos positivos durante el año 2001.

En contraste, se observa apatía en la puesta en funcionamiento de los mecanismos de acercamiento entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, mientras las diversas leyes promulgadas confrontan dificultades para su materialización. Asimismo, preocupa la forma en que crecen la desconfianza y el descreimiento de la gente en las instituciones gubernamentales, lo que afecta grande-mente el desempeño económico y social del país.

1. LO POLÍTICO E INSTITUCIONAL

La forma en que el liderazgo político y sectores de la sociedad civil impidieron que se reformara la Constitución en función de intereses particulares, fue uno de los mayores logros en el plano político e institucional.

El Pacto por una Reforma Constitucional suscrito por los tres partidos mayoritarios, con el Presidente de la República como testigo y tres connotados miembros de organizaciones de la sociedad civil como parte de su Comisión de Seguimiento, contribuyó a desarticular los intentos de una modificación al vapor, que incluiría la extensión por dos años del período legislativo y municipal.

Este pacto surgió en el seno de la Comisión por una Reforma Constitucional instituida por el decreto 410-01. Estuvo integrada por representantes de los partidos políticos, organizaciones comunitarias, movimientos cívicos, organizaciones no gubernamentales, autoridades, líderes religiosos y connotados juristas. Pese a la lamentable exclusión del Poder Legislativo, los resultados evidencian una buena capacidad de diálogo, que debe ser estimulada y profundizada.

El establecimiento por la Junta Central Electoral de nuevas Circunscripciones Electorales basadas en la densidad poblacional, así como la elección de las candidaturas de los partidos mayoritarios a través de primarias, han sido también aspectos positivos contribuyentes a fortalecer el sistema político dominicano, que dotaron de mayor nivel de representación y legitimidad a las autoridades electas.

Un aspecto preocupante es la desconfianza de la población en los gobernantes y las dudas sobre la capacidad para manejar la situación económica y social del país, como lo muestran las encuestas realizadas a lo largo del año.  Esto  acrecienta el pesimismo y la desazón e impacta negativamente el desarrollo económico y social, lo cual, unido a la forma clientelista con que se responde a la demanda de puestos de trabajo en el gobierno por parte de la militancia y el irrespeto al mandato de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, afecta significativamente la institucionalidad y la capacidad de gestión del actual gobierno y compromete la continuidad del Estado.

Durante el año, el Congreso Nacional aprobó leyes que benefician la transparencia, la rendición de cuentas y un mayor nivel de defensa de los derechos ciudadanos, entre las que vale mencionar las de Seguridad Social, Defensoría del Pueblo, Electricidad, Salud y Educación Superior y Ciencia y Tecnología. Lamentablemente la mayoría no han entrado en plena vigencia. La del Defensor del Pueblo, cuya elección sigue pendiente, es un buen ejemplo.

Ha sido notoria la falta de coordinación mostrada por los funcionarios, como lo evidencia el hecho de que a pesar de la existencia de un Gabinete Social no se ha logrado articular una coherente política social. El propio presidente de la República, en su discurso del 2 de octubre, reconoció que el paquetazo económico fue muy rápido, mientras que el paquetazo social ha ido muy lento.

2. LA SOCIEDAD CIVIL

Hay evidencia de que cuando las organizaciones de la sociedad civil y el Estado logran trabajar en conjunto se produce una sinergia que favorece a toda la ciudadanía. En cabildos como los de La Vega, Constanza, Villa González, Castañuelas, y en diversos municipios de Puerto Plata, se han desarrollado experiencias de concertación entre la ciudadanía y sus autoridades que han dado como resultado una mejoría en los servicios y en la capacidad administrativa de las sindicaturas.

Las organizaciones cívicas posicionan el diálogo y la concertación como los puntales de la gobernabilidad democrática en el país, participando en procesos de consulta con la Suprema Corte de Justicia. Los resultados de la consulta ayudaron en el proceso de planificación del Poder Judicial para los próximos 5 años y en la discusión sobre el Defensor del Pueblo se han producido importantes encuentros y diálogo entre la sociedad civil y los diputados.  Desde el Poder Ejecutivo también se han dado pasos de avance hacia la coordinación entre la diversas instancias, con la finalidad de hacer un uso más racional de los recursos disponibles. Sin embargo,  estos mecanismos han tenido dificultades para realizar sus funciones.

En efecto, en marzo de este año, se dio a conocer el decreto 407-01, con el cual se crea el Consejo Nacional de las Asociaciones sin Fines de Lucro, en el cual participan organizaciones de la sociedad civil y el Estado. Este Consejo diseñó un sistema de registro y de asignación de fondos a las organizaciones sin fines de lucro, instaló una unidad operativa para la tramitación de todo el proceso y elaboró sus reglamentos y normas internas.  Sin embargo, el Consejo no ha sido convocado desde septiembre y las organizaciones de la sociedad civil miembros del mismo desconocen si su trabajo fue tomado en cuenta para la  elaboración de las partidas del presupuesto nacional consignadas para este tipo de asociaciones.

3. LA CORRUPCIÓN

La Procuraduría General de la República, a través de su Departamento de Prevención de la Corrupción (DPC), ha desarrollado algunas acciones positivas como la creación de comisiones de ética pública en distintas dependencias gubernamentales,  formulación de un plan nacional anticorrupción y los esfuerzos realizados en la investigación de algunos expedientes de corrupción en la administración anterior. Pero esto no ha logrado evitar que la mayoría de la población perciba niveles importantes de corrupción en la actual administración del Estado.

Es condenable que el gobierno mantenga la práctica del grado a grado en el otorgamiento de obras públicas y que haya sido poco diligente en dar respuesta a las denuncias de irregularidades en algunas de sus instituciones. Un caso tan escandaloso y oneroso como el del subsidio al Gas Licuado de Petróleo, que involucra más de RD$ 200 millones, entre otras 15 denuncias de corrupción, no ha sido debidamente investigado. Hechos como estos son los que provocan que se acreciente la percepción de la ciudadanía de que el Estado dominicano mantiene niveles altos de corrupción y de que no existe, en las autoridades, una real voluntad política para enfrentarla.

De igual manera, permanecen engavetados importantes proyectos de leyes llamados a propiciar un marco legal adecuado para la transparencia del Estado, como son el que crea el Fiscal Nacional Anticorrupción, el de acceso a la información pública y el de contrataciones de obras públicas, entre otros.

4. JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Los esfuerzos realizados por la Suprema Corte de Justicia y la Escuela Nacional de la Judicatura para acercar a los jueces y a la ciudadanía y su empeño por incentivar la vigilancia desde las organizaciones de la sociedad civil de todo lo relativo al proceso de reforma judicial, son los principales aspectos positivos del sector justicia. Esta posición de nuestro más alto tribunal, en un año en que recibió duras críticas, permite mantener la esperanza en el proceso de reforma judicial.

Así mismo, algunos tribunales del país desarrollaron procesos que sugieren que se puede trabajar con eficiencia a pesar de las precariedades presupuestarias y de otra índole, pudiendo citarse la Tercera Sala de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte o los tribunales laborales de la jurisdicción de Santiago.

Lamentablemente, cuando el Consejo Nacional de la Magistratura llenó las tres vacantes de jueces existentes a través de un procedimiento de repartición en que volvieron a primar los intereses partidarios por encima de los intereses nacionales, y creció el temor de un retroceso en el plano judicial.  El peor revés de este proceso fue la posición asumida por los dos representantes de la Suprema Corte de Justicia, que por mandato del Pleno votaron por candidatos que no pertenecían a la carrera judicial a pesar de haber sostenido públicamente una posición contraria.

Por otro lado, las denuncias y procesos contra jueces hacen temer que nuevamente la corrupción esté avanzando dentro del cuerpo judicial, poniendo en peligro uno de los principales logros alcanzados hasta el momento. Los niveles de eficiencia del Poder Judicial no fueron sustancialmente mejorados durante el año que termina, manteniéndose altos índices de presos preventivos debido a la excesiva lentitud con que marchan los procesos penales. La mayoría de las audiencias cada día son reenviadas y en algunas cortes hay que esperar hasta seis meses para la siguiente audiencia.

La responsabilidad de las dificultades para lograr mejorar la eficiencia de los tribunales no compete exclusivamente a los jueces. Otros factores son igualmente importantes, entre los que se puede citar un presupuesto inadecuado, procedimientos obsoletos, falta de traslado de los presos a los tribunales.

Otros temas relacionados con la justicia no mostraron progreso, como el de la independencia del ministerio público, cuyo proyecto de ley se mantuvo estancado. La calidad de los abogados en ejercicio, responsables igualmente de la lentitud de los tribunales, ha continuado deteriorándose por falta de control de las universidades que los forman, quedando como triste muestra la crisis permanente en que se desenvuelve el Colegio de Abogados, que repitió la hazaña de elegir a dos juntas directivas.

En lo que a los derechos humanos se refiere,el saldo es obviamente negativo. Más de un centenar de personas han muerto en supuestos intercambios de disparos, los organismos de derechos humanos han denunciado prácticas de torturas, apresamientos injustos y desconocimiento de órdenes de libertad emanadas de los fiscales. Por otra parte, la existencia de tribunales policiales obstaculiza las investigaciones objetivas de los hechos en que se ven envueltos agentes de la Policía Nacional, provocando un mayor nivel de incertidumbre en la población y cierto sentimiento de desprotección entre los sectores pobres, que aportan la mayoría de las víctimas de la violencia policial.

5. LA ECONOMÍA

Durante el año 2001, la economía dominicana experimentó un descenso significativo en el ritmo de crecimiento que había registrado durante el lustro anterior. Se reconoce que este estancamiento ocurre en un contexto de recesión y estancamiento en los países de mayor desarrollo económico del mundo, incluido Estados Unidos de América. A pesar del contexto adverso, la economía finaliza el año con una tasa de crecimiento del producto superior al crecimiento poblacional y, por ende, con una mejoría en el  ingreso promedio per cápita.

El país disfruta de estabilidad macroeconómica gracias a las modificaciones impositivas que entraron en vigencia al inicio del año, pues los ingresos adicionales recaudados permitieron al Gobierno cubrir una parte substancial de sus compromisos y terminar el 2001 con un déficit fiscal menos pronunciado que el año anterior. En lo que concierne al sector externo, es importante advertir que el déficit de cuenta corriente al final de año se mantuvo por debajo del 5.0% del PIB, lo cual representa una importante mejoría con relación a lo ocurrido en años anteriores. A este resultado contribuyó, por un lado, la reducción de los precios internacionales del petróleo que se verificó en el transcurso del año, y por el otro, a la disminución de las importaciones totales del país.

Llama a preocupación, sin embargo, la propensión de las actuales autoridades a recurrir a los empréstitos, externos e internos, para financiar el gasto público. Durante el año 2001 un 15% del gasto público tuvo que ser destinado a cubrir el servicio de la deuda y en el año 2002 habrá que destinar una proporción similar para amortizaciones y pago de intereses, en desmedro de inversiones en obras prioritarias demandadas por los sectores más empobrecidos del país, con la agravante de que el actual Gobierno ha seguido la irregular práctica del anterior, en el sentido de recurrir a los empréstitos internos sin la correspondiente sanción congresual que exige la Ley orgánica de Presupuesto y la propia Constitución de la República.

6. EXPECTATIVAS

Participación Ciudadana espera que para el año 2002 se pongan en funcionamiento los diversos mecanismos de acercamiento del Estado y la ciudadanía, particularmente lo referente al decreto 685-00 con el que se descentraliza la planificación social en el país, se empodera a los ayuntamientos y a la ciudadanía, lo que contribuirá a la gobernabilidad y a mayores niveles de eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos.

Al mismo tiempo confiamos en que el proceso electoral venidero transcurra en un clima de respeto, profundizando los niveles de representatividad de los congresistas, síndicos y regidores, al tiempo que se espera que se sepulten para siempre los intentos de reformar la Constitución al margen del pueblo soberano. En ese sentido el respeto al Pacto firmado por el liderazgo político dominicano es vital.

El gobierno necesita definir con claridad y precisión sus metas y elaborar una política económica con mayores niveles de articulación con la política social. Esperamos que se cumpla con lo presupuestado para el 2002, sin desbordar los gastos programados, de manera que pueda terminar el año en equilibrio sin necesidad de recurrir a los empréstitos internos como ha ocurrido durante el 2001.

Hay varios proyectos de leyes pendientes en el Congreso Nacional cuya aprobación y ejecución serán beneficiosas para la sociedad. Entre estos merece especial mención el de la reforma policial.

Ramón Tejada Holguín ha sido elegido nuevo coordinador general de Participación Ciudadana. Sustituye en esas funciones a Melba Barnett, quien llegó al término de su mandato de un año. 

La elección se produjo durante la primera reunión del Consejo Nacional, que escogió también un nuevo Comité Coordinador integrado por el propio Tejada Holguín, la coordinadora general saliente, Melba Barnett, Francisco Alvarez, Miriam Díaz, Lizzie Sánchez, Fausto Rosario y Teresa Hernández.

Ramón Tejada Holguín es sociólogo, graduado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con maestría en Población de la Facultad Latinoamericana de Sociología en México.

Labora como docente del Instituto Interamericano de Desarrollo Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en  el proyecto INDES-BID-INTEC.

Su experiencia laboral incluye trabajos como investigador del Instituto de Estudios de Población y Desarrollo (IEPD) de Profamilia, y consultor del Consejo Nacional de Salud-Oficina de Cooperación Técnica-BID, para el proyecto "Investigación sobre los servicios prepagados de salud". 

También como asistente de investigación y jefe de campo del estudio "La urbanización en la Cuenca del Caribe", coordinador a nivel general de la Universidad John Hopkins, director de FLACSO-Programa República Dominicana; encargado de la unidad de seguimiento de proyectos de ONAPLAN.

Tejada Holguín fue analista político de la edición dominical del periódico El Siglo, ganador del primer premio en el concurso dominicano de cuentos organizado por Casa de Teatro, ha participado en varios trabajos de investigación y tiene varias publicaciones en su haber.