Participación Ciudadana y la Oficina Nacional de Administración de Personal (ONAP) realizaron su segunda mesa de la búsqueda de consenso para la implementación de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa , en la que se abordó, en esta ocasión, el tema  “diagnóstico de la cantidad y las funciones de los servidores públicos”.

Esta segunda mesa que fue presidida por el director de la ONAP, Ramón Ventura Camejo; el director de CONARE,  Marcos Villamán, contó con la ponencia de  Porfirio Quezada, director de PROREFORMA,  quien se refirió al mito del gigantismo del Estado Dominicano.

En su intervención, Quezada precisó que para entender la cuestión de la burocracia pública dominicana, es conveniente recurrir a comparaciones conceptuales y estadísticas sobre nuestro modelo de gestión pública y sus características, a la luz de lo que sucede en América  Latina, Europa y Norteamérica.

Aseguró que existe un gigantismo del gobierno que lucha contra la eficiencia de los servidores convirtiéndolos en un circulo vicioso que impide su reducción.

Agregó que para evitar caer en repeticiones fundamentales y carentes de base objetiva, sugiere tener en cuenta tres indicadores básicos para establecer la dimensión del sector público utilizados frecuentemente  por las ciencias administrativas dedicadas al asunto de la burocracia estatal.

En ese orden de ideas, los tres indicadores básicos son : el Porcentaje de la población  total que tiene la condición de servidor público, cobertura de población por servidor público y porcentajes de servidores públicos  en la conformación del PEA.

Para Quezada es hora de  asumir  la reforma  institucional del país con la seriedad y sobriedad que el tema merece, pues evadirla puede comprometer el desarrollo de las potencialidades del país como nación y precipitarlas puede conducir  a un laberinto que puede hacer perder cuarentas años de modernización al país.

Esta mesa que es organizada por el Programa de Transparencia de Participación Ciudadana y la Oficina Nacional de Administración de Personal, en el marco de un acuerdo firmado por ambas instituciones, participaron, el Contralor General de la República, congresistas, representantes del sector académico, sindicalistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil, entre otros.

A continuación ponencia presentada por el Sr. Porfirio Quezada, director de PROREFORMA:

El Mito del Gigantismo del Estado Dominicano

"… un gobierno puede ser criticado por malo, no por grande… 11

Ornar Guerrero Orozco, pensador mexicano

Desde septiembre pasado se viene Incubando la hipótesis de que la crisis de la economía dominicana está asociada a un gasto corriente excesivo y de manera puntual al crecimiento desmedido de la nómina pública.

El empresariado dominicano/ apostando a su vieja idea de contribuir lo menos posible a la financiación de la política social haciendo provecho de la coyuntura y argumentando la necesidad de disminuir el presupuesto público se ha hecho eco de la idea y ha empujado al Gobierno a colocar el tema sobre la mesa de negociación. .

Con la jugada, el sector privado obviamente evita la discusión sobre el necesario incremento de la presión tributaria para, cuanto menos dignificar la pobreza en RD.

La oposición, avezada y oportuna toca el tema y se escurre dejándole al gobierno una granada activada en las manos.

Al crear la Comisión para la Adecuación de la Nómina Pública con la misión de analizar la situación y presentar en 90 días un plan de solución/ no sabemos si el Estado está realmente interesado en abordar el problema o si simplemente trata de ganar tiempo y esperar que se diluya la prisa.

Ahora bien, tanto se repite la idea del supuesto gigantismo de la Administración Pública dominicana, que muchos de nuestros generadores de opinión han resultado sorprendente mente convencidos y fanatizados por ideas a las cuales evidentemente nunca le habían prestado suficiente Interés.

Este planteamiento carece de toda originalidad  fue el Banco Mundial quien en el año 1983, en el marco de un estudio sobre los "países en vía de desarrollo" planteó su preocupación por el incremento de la nómina pública a velocidades que superaban hasta tres veces el crecimiento de la población y considero tal crecimiento como una amenaza al proceso de desarrollo de esos países.

Hasta la fecha, esa hipótesis no ha podido ser probada, pero 51 ha recorrido por más de quince años, cual 51 fuera un axioma, todos los foros de discusión sobre el desarrollo, marcando las líneas de trabajo de algunos organismos de cooperación internacional y creando corrientes de pensamiento en los partidos conservadores del mundo sub-desarrollado.

Para entender la cuestión de la burocracia pública dominicana, es conveniente recurrir a comparaciones conceptuales y estadísticas sobre nuestro modelo de gestión pública y sus características, a la luz de lo que sucede en América Latina, Europa y Norteamérica, Para evitar caer en repeticiones fundamentalistas y carentes de base objetiva, proponemos tener en cuenta tres indicadores básicos para establecer la dimensión del sector público utilizados frecuentemente por las ciencias administrativas dedicadas al asunto de la burocracia estatal, a saber:

1.- porcentaje de la población total que tiene la condición de servidor público: Este indicador es sin dudas el preferido para determinar el tamaño de las burocracias públicas e Incluso es muy utilizado para dimensionar las entidades privadas, en el caso del grupo de países comparables con la RD en la región, tomando en cuenta el ingreso per capita como elemento clasificatorio (Argentina, México, Venezuela, Uruguay, Costa Rica, Panamá y Chile), el promedio de habitantes que ostentan la condición de servidores públicos (Incluyendo fuerzas de defensa, entidades descentralizadas y tercerizadas), alcanza un promedio del 6%, la RD por su lado cuenta con un 4.55% de su .; población, es decir 1.5% por debajo del promedio en la región. .

Uruguay presenta una tasa del 9.2% de su población con la condición de servidor público y se considera una .de las mejores y más estable burocracia de la región. En el grupo de países considerados como "altamente desarrollados" de Europa, esta tasa alcanza el 10% como promedio según datos del FMI.

Los EEUU cuentan con una nómina pública Que sobrepasa los 18,000,000 (dieciocho millones) de servidores públicos, un 6.8% de su población.

Por el contrario, Nicaragua, Honduras, Bolivia y Guatemala son los países de la región con menor tamaño del sector público y al mismo tiempo conforman (junto a otros) el grupo de menor desarrollo relativo del continente.

2.- Cobertura de población por servidor público: al considerar este indicador en el ámbito latinoamericano, nos encontramos que entre el grupo comparable a la RD, el promedio de cobertura es de 22 habitantes por servidor  público, la RD por su lado presenta una cobertura de 21.9 habitantes por servidor, muy cerca del promedio EEUU presenta una tasa de cobertura de 14.77, menor a la de RD.

La importancia de este indicador es que demuestra la dimensión de la política social de un Estado, junto a indicadores relativos a la desconcentración de los recursos, nos explica el grado de penetración de los servicios del Estado en la población.

3.- porcentaje de servidores públicos en la conformación PEA: con este indicador se pretende además verificar la incidencia del Estado en el mercado laboral y de alguna manera en la economía nacional, el promedio para el mismo grupo de países en la región alcanza 13.2%, y en el caso dominicano presentamos un índice del 9.58%, nueva vez debajo del promedio.

Costa Rica y Panamá alcanzan casi el 35% de participación de los servidores públicos en la conformación del PEA y nadie esta planteando que cuentan con un Estado agigantado. Particularmente el primero (Costa Rica), es considerado como un modelo mundial de desarrollo humano sostenible según los Indicadores de las Naciones Unidas.

La constante es que a mayor desarrollo mayor proporción de servidores públicos, en América latina, por ejemplo, se puede apreciar muy claramente la relación entre Ingreso per cápita y la densidad del servicio público.

Esto se explica, porque aunque parezca un anacronismo, la verdad científica es que "a mayor Estado mayor desarrollo". No obviamos la cuestión relativa a la calidad de organización y operación del Estado, pero esa es una discusión que no parece tener espado en la agenda pública en RD, no obstante sería muy Importante centrarse en ella en el futuro próximo.

Como Queda demostrado en las referencias presentadas en los párrafos precedentes, la Administración Pública dominicana no puede ser caracterizada como extra- numeraria, ni agigantada, con lo cual no queremos decir que la misma no presente patologías que requieran de urgente intervención.

Entre los problemas más graves que comprometen la efectividad de las Instituciones públicas dominicanas, se encuentran el alto nivel de centralización en que han distribuidos los recursos humanos, la proliferación de empleos no productivos, la debilidad de los sistemas de planificación y gestión de los recursos humanos, la bajísima escala de compensación, el escasísimo apoyo que reciben los esfuerzos de capacitación, la baja motivación y el deteriorado ambiente de trabajo en que se desempeñan, entre otras.

Al comparar la data relativa al grado de concentración de los recursos humanos, nos encontramos con países como Argentina y Chile, que tienen una mayor proporción de servidores públicos en los niveles descentralizados y autónomos (estos son probablemente los países de mayor descentralización en América latina).

Otros como Costa Rica y Panamá con proporciones casi idénticas entre el nivel central y el nivel descentralizado y casos como la República Dominicana donde alrededor del 65% de la nómina pública esta concentrada en el llamado Gobierno Central. '

Si se revisa la evolución de la nómina en América latina y se compara con la de República Dominicana se comprueba que en cualquier caso ha habido un Incremento sostenido, cuyas causas no han sido determinantemente establecidas y que algunos autores asocian a la adopción de políticas populistas en la conducción del Estado.

La realidad estadística, Indica que el crecimiento de la nómina pública que en principio acompañaba a la tasa de crecimiento poblacional tiende en las últimas dos décadas a sobrepasarla y a crecer a un ritmo aproximado de un 5%.

No obstante, mucho más dramático que ese crecimiento de la nómina pública, es su alta tasa de movilidad, especialmente en el período inmediatamente posterior en las transiciones de mando.

Cada vez que hay sucesión de mando un porcentaje considerable de servidores públicos pierde su empleo y un porcentaje similar de seguidores/ beneficiarios del nuevo incumbente ingresan al tren público.

Con esta práctica el cuerpo administrativo del Estado es sometido a dos situaciones Indeseables, la primera es que una porción Importante de la experiencia acumulada se pierde cada vez; por otro lado, el universo total de la burocracia sobrevive en medio de una amenaza permanente a su estabilidad y ello reduce considerablemente su potencial de trabajo.

Definitivamente el sometimiento de la burocracia pública a esta tensión permanente, generada por la ignorancia y la politiquería, lejos de contribuir a incrementar los niveles de eficiencia del sector público, genera una situación de Inestabilidad e Incertidumbre que corroe la prestación de servicios públicos a la ciudadania.

Como se ha planteado en innumerables propuestas sobre la materia, se reconocen algunas iniciativas que podrían contr1bulr a una transformación del trabajo gubernamental que, además de asegurar un mejor uso de los recursos públicos, logre, sobre todo, hacer mucho más eficiente y universal la prestación de los servicios públicos; algunas de estas ideas se exponen a continuación:

Primero._ Impulsar una recomposición de la arquitectura organizacional de la Administración pública, centrando las organizaciones en su misión orgánica¡ diferenciando los niveles de competencia en funci6n de un esquema básico a saber:

Función de rectoría;
Función reguladora fiscalizadora; y
Función prestadora

Segundo.- Fortalecer la capacidad de los entes prestadores de servicios impulsando su autonomía y sostenibilidad económica, y estableciendo reglas claras para estimular la efectividad en las prestaciones de los servicios.

Tercero._ Impulsar un proceso rápido de descentralización y tercerización que acerque mucho más la capacidad de decisión al territorio y circunstancias donde se generan los problemas.

Cuarto.- Definir un programa de transferencia de recursos humanos desde las sedes instituclonales hacia los centros de prestación de servicios, con el propósito de colocar más ciudadanos al servicio de la población (más ciudadanos sirviendo a los ciudadanos).

Quinto.- Una vez se ejecute esta recomposición del ambiente de trabajo en la Administración Pública, se debe implantar sIn demora la ley de servido civil y carrera administrativa a manera de estabilizar el empleo público, única vía para alcanzar niveles mínimos de eficiencia en la administración pública.

Plantear el simple despido de empleados públicos con el supuesto propósito de disminuir gastos, es elegir la vía más fácil para llegar a ningún lado.

Quién, cuándo y con qué fondos compensará a los despedidos?, Quién ofertará nuevos trabajos a 128 mil personas? Tendrán todos vocacíón empresarial… ?, Alguna vez nos hemos detenido a pensar que estos ciudadanos también tienen derechos?, Qué pasará con nuestra seguridad pública 51 de repente 128 mil ciudadanos se quedan sin trabajo? Mejoraran esas medidas la eficiencia pública? Acabarán con esto los problemas fiscales y monetarios por los que atravesamos?

Por demás se debe señalar que los programas de retiro voluntario siempre han fracasado debido a que aquellos que se sienten atraídos por la aventura del cambio y dan efectivamente el salto, son justamente los mejores empleados los que nadie quiere perder.

El mejor mecanismo ya viene previsto en nuestra ley 14-91 sobre el servicio civil, se trata simplemente de evaluar el desempeño y aplicar un adecuado sistema de consecuencias.

Es cierto que la nómina pública requiere de atención y más aún, de transformación, no obstante, en todos los países que se han intentado una reforma de la nómina pública con la perspectiva de los ministerios de economía y finanzas, el resultado ha sido siempre contrario a los propósitos, este es el caso de Argentina país en el cual después de varias olas reformadoras, la burocracIa ha Involucranado y los niveles de Inestabilidad en el empleo han sido un factor de corrupción y de deterioro de los servicios públicos y la pobreza en la poblaci6n.

Es necesario definir un marco básico de metas nacionales que puedan orientar cambios institucionales profundos en nuestra arquItectura organlzaclonal, que definan de una vez hacia donde deben moverse los cambios en la burocracia pública y disminuyan el nivel de Incertidumbre que se produce cada vez que' alguien saca de la manga un nuevo "proyecto de salvación nacional".

La tesis del "Estado pequeño" ha sido ampliamente derrotada en los foros especializados de discusión, no entendemos el porqué de este afán de llegar retrasados a temas de tanta trascendencia para nuestra nación.

No se trata ya de si más o menos Estado, sino de mejor Estado, esto es más y mejores servicios, más seguridad pública y juridica, mejor salud y educación, más seguridad social, mejores Infraestructuras, en fin más calidad de vida para la ciudadanía.

Argentina es un espejo de lo que pasa cuando decisiones apresuradas son tomadas sIn tener en cuenta todas las perspectivas vinculadas con un tema tan critico y complejo como el empleo público.

Las causas de la crisis económica hay que buscarlas en otro lado, casi seguro en nuestra competitividad económica como nación, el tema de la gestión de los recursos humanos en el sector público ya ha tenido suficiente con cuatro décadas de vaivenes politiqueros, la permanente falta de estabilidad y la discriminación económica y social que se ejerce sobre los ciudadanos que se dedican al servicio público, esto no se resuelve simplemente isumando "Iogica privada" a la gestión de Estado.

De hecho, las Incursiones de la inteligencia privada en la gestión pública no tienen precisamente una hoja de logros en América latina, basta recordar que en gran medida el fracaso del último gobierno de Carlos Andrés Pérez en Venezuela se debió a la mala gestión de un grupo de funcionarios provenientes de las más prestigiosas empresas venezolanas y el resultado para Venezuela fue nefasto no solo por la caída del gobierno Sino también por lo que todavía sucede.

Más reciente en México, el Presidente electo Vicente Fox contrató una compañía especializada en "caza de talentos" (heat hunter), para que seleccionara un gabinete Integrado con lo más selecto del exitoso sector empresarial mexicano, para abreviar la historia basta revisar la última encuesta de opinión sobre la gestión de Fax, en la cual el 70% de la población estima que ha sido simplemente un fracaso, que el Presidente ha sido superado por los problemas y su equipo ha sido incapaz de enfrentar con éxito la situación.

En suma, las transferencias de las experiencias privadas, sin más ni más, al ámbito de la gestión pública aún tiene pendiente probar su efectividad.

Es hora ya de asumir la reforma institucional del país con la seriedad y sobriedad que el tema merece, evadirla puede comprometer el desarrollo de nuestras potencialidades como nación, precipitarlas puede conducimos a un laberinto que nos haga perder otros cuarenta años.

Jueves, 06 de Marzo de 2003

Porfirlo Quezada
Consultor en Gestión Pública 
[email protected]

Participación Ciudadana  lamentó que el Senado de la República no haya tomado en cuenta a los candidatos y candidatas que reunían las mejores condiciones para completar la Junta Central Electoral, de acuerdo a una vieja aspiración de la ciudadanía de que los organismos electorales sean integrados por ciudadanos y ciudadanas alejados de la militancia partidaria, además de  calificados y con un reconocido prestigio.

Nunca hemos cuestionado las prerrogativas que la Constitución y la Ley Electoral asignan al Congreso Nacional, y, en este caso, al Senado de la República. lamentablemente, la Ley no es clara en el  establecimiento de una condición que debe ser  indispensable en un organismo contencioso administrativo que es el árbitro de los procesos electorales y que por tanto debe ser eminentemente imparcial.

Sin embargo, cuando el Senado invita a la sociedad civil y a la ciudadanía a presentar candidatos se supone que estos deberán competir en igualdad de condiciones. Si se introduce un elemento de negociación ajeno al currículo y no transparente, se está minando la credibilidad de mecanismos democráticos como las vistas públicas y los concursos. Si esto sigue ocurriendo será muy difícil convencer a organizaciones y a ciudadanos serios de participar en competencias que, cada vez más, el pueblo puede considerar como mascaradas, cuyo único propósito es legitimar decisiones y acuerdos entre las fuerzas políticas.

El país necesita credibilidad en sus instituciones, mucho más en estos momentos en que este factor es considerado clave en la estabilidad macroeconómica. La elección realizada por el Senado no contribuye a este fin. Queda esperar que este precedente no sea reproducido a nivel nacional con la negociación, a espaldas de la sociedad, de las posiciones en las juntas municipales electorales y en los cargos técnicos, lo cual completaría un panorama poco alentador para las próximas elecciones y significaría un paso atrás en los avances que el país ha tenido en los últimos años.

Esperamos que esto no vuelva a ocurrir y que la Junta Central Electoral, ya completa, inicie de inmediato los trabajos de  organización de las elecciones del 2004 y que en sus actuaciones prime el interés nacional. Participación Ciudadana seguirá trabajando, como lo hemos hecho desde nuestra fundación, en pro de unas elecciones limpias y transparentes.

Participación Ciudadana expresa su interés en que el Senado de la República  escoja en el menor tiempo posible a las  personas que ocuparán los dos cargos vacantes en la Junta Central Electoral.

Reiteramos  nuestra solicitud de que esta selección se realice no sólo con apego a la Ley Electoral, sino también respondiendo al interés nacional de tener una Junta Central Electoral que garantice la mayor transparencia, limpieza y eficiencia en la organización de los procesos electorales y que, al mismo tiempo, cuente con la confianza de la ciudadanía de que cualquier recurso que le sea interpuesto será conocido y resuelto con imparcialidad.

La composición de la Junta Central Electoral  es un asunto de alto interés nacional. La ciudadanía ha manifestado por diversos medios que quiere jueces electorales de reconocida integridad moral, confiables, respetables  y calificados, pero que además no tengan una militancia política, ya que esto distorsionaría la esencia misma de lo que es un órgano contencioso administrativo.

Los integrantes de la Junta Central Electoral no deben obedecer a otros intereses que no sea el servicio al país en una labor tan delicada y fundamental para el presente y futuro democrático. Nuestro país ha registrado avances significativos en los últimos procesos electorales, los cuales son parte de las fortalezas que podemos mostrar al mundo y que nos han colocado en la lista de naciones del continente que avanzan.

Estamos esperanzados de que los Senadores, en el ejercicio de las atribuciones que les confiere la Constitución de la República, harán honor a la confianza que el pueblo dominicano depositó en ellos, poniendo en alto el interés nacional y eligiendo, dentro de los candidatos propuestos, aquellos que inspiren a todos mayor confianza.

Sra.MiriamDíaz,coordinadora general

La Sra. Miriam Díaz ha sido elegida nueva coordinadora general de Participación Ciudadana. Sustituye en esas funciones a la Sr. Ramón TejadaHolguín, quien llegó al término de su mandato de un año.

La elección se produjo durante la primera reunión del Consejo Nacional, que escogió también un nuevo Comité Coordinador integrado por la propia Miriam Díaz, Francisco Álvarez, Adriana Mu Kien Sang, Fausto Rosario Adame, Isidoro Santana, Samuel Encarnación y Alfonso Abreu Collado.

Miriam Díaz, es socióloga, graduada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con maestría en educación.

Labora como docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, (UASD). Su experiencia laboral incluye trabajos de investigación y publicaciones, fundamentalmente  de la problemática  educativa.

Miriam Díaz, también se desempeña como Gerente de Planificación y Desarrollo de la Fundación APEC de Crédito Educativo.

La socióloga es miembra fundadora de Participación Ciudadana y tiene una amplia participación en las luchas democráticas de la sociedad civil.

La Asamblea Nacional de Participación Ciudadana presenta al país una agenda de 10 puntos que deben ser abordados sin mayores dilaciones con el concurso de todos los sectores políticos, sociales y económicos si se desea avanzar de manera real en el siempre complicado tema de la corrupción.

La Corrupción se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la construcción de una sociedad democrática. Es un grave problema que afecta a todos los estratos de la sociedad y que debe ser enfrentada de manera enérgica. La corrupción es un sistema que forma parte de todos los ámbitos de la sociedad y es una de las principales consecuencias del patrimonialismo y el clientelismo presentes en la cultura política dominicana.

Los puntos que proponemos a la nación son:

1. Trabajar para que exista un marco legal adecuado en la lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia en los sectores público y privado. La plataforma anticorrupción presentada por diversos sectores de la sociedad civil en el año 2000,los resultados de la evaluación del plan nacional de Prevención y Lucha anti Corrupción y del Seminario Internacional de Aplicación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción ofrecen importantes propuestas para lograr este objetivo. En este sentido, hacemos un llamado al Congreso Nacional para que coloque en agenda y apruebe en la próxima legislatura diversos proyectos de leyes sometido a su consideración en los últimos años, tales como:  el de Contrataciones de Obras y Servicios del Estado, el de Acceso a la Información Pública, la reforma de la ley de declaraciones juradas de bienes, el que crea la Fiscalía Anticorrupción , la modificación de las leyes de la  Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República, la de Presupuesto.

Al mismo tiempo pedimos al Poder Ejecutivo que hasta tanto el Congreso sancione las leyes mencionadas, promulgue un decreto exigiendo de los diverso organismos estatales que la asignación de obras y la contratación de bienes y servicios se haga mediante concursos públicos, desterrando el grado a grado y la discrecionalidad en las contrataciones.

2. Que se fortalezca la capacidad técnica operativa del Congreso Nacional y de la Cámara de Cuentas de manera que cumpla el rol de fiscalizador de la ejecución presupuestaria del Poder Ejecutivo, prestando atención al uso en los gastos discrecionales que se producen en la administración pública, tal como lo consigna la Constitución de la República.
3. Que los organismos gubernamentales y las organizaciones que reciben fondos estatales lleven a cabo procesos de rendición de cuentas  obligatorios. Que se creen estos mecanismos de rendición de cuentas con la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general; tal como lo contempla el proyecto de Ley de Participación Social.
4. Que las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general participen activamente en las Comisiones de Auditoria Social creadas por el Decreto 39-2003 y se creen las condiciones que faciliten esta participación. Estas comisiones deben abarcar a todas las instancias del Estado que realizan inversión en obras públicas.
5. Ofrecer todo el apoyo necesario a la Oficina de Administración de Personal ONAP, para que la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, sea aplicada de manera generalizada.
6. Solicitar que el presupuesto del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa sea aumentado substancialmente, con el fin de que este organismo adscrito a la Procuraduría General de la República, pueda ejecutar con eficiencia y eficacia el Plan Nacional de Prevención de la Corrupción que elaborado en el Año 2001.
7. Hacer un llamado al Poder Judicial y al  Ministerio Público, para que se imparta justicia con objetividad, imparcialidad y celeridad en los casos de corrupción que se  encuentran en los tribunales y aquellos que sean presentados en el futuro. Que el Procurador General de la República tramite hacia los tribunales los casos de Corrupción investigados por el  Departamento de Prevención de la Corrupción y que permanecen en su despacho.
8. Reforma Institucional de la Administración Pública, que fortalezca los pasos dados en los organismos de control que tiene el Estado Dominicano. Fortaleciendo el control automatizado de los procesos financieros con su conectividad vía la Internet.
9. Recomposición y funcionamiento del Consejo Asesor  en Materia y Lucha Anti Corrupción, mediante la incorporación de representantes del Congreso, del Poder Judicial y  la Cámara de Cuentas, entre otros.
10. Las autoridades del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y el Poder Judicial deben ofrecer a la ciudadanía claros mensajes de que las prácticas no éticas serán sancionadas ejemplarmente sin excepciones y sin dilaciones.

El movimiento cívico, Participación Ciudadana eligió cuatro nuevos miembros al Consejo Nacional., durante su asamblea general ordinaria, el pasado sábado 25 de enero.

Los nuevos miembros del Consejo Nacional  son Alfonso Abreu Collado, Isidoro Santana, Samuel Encarnación y Adriana Mu Kien Sang.

Este Consejo Nacional de PC, se reunirá el próximo viernes 31 de enero, para escoger el  nuevo coordinador general de la institución.

La asamblea tuvo  lugar a  partir de las 9:00 de la mañana, en el salón Durán  Brache, de la Asociación Medica Dominicana, ubicada en la C/ Paseo de los   Médicos Esq. Modesto Díaz, Santo Domingo, D. N.

En el curso de la asamblea, a la que fue convocada toda  la membresía de Participación Ciudadana, se presentó la memoria anual del Consejo   Nacional, presentación y aprobación del informe financiero, conocimiento Plan Estratégico de PC 2003- 2007, conocimiento Plan de Trabajo para el  año 2003, se seleccionó la Comisión Electoral y eligieron cuatro miembros del Consejo Nacional y se juramentaron los nuevos miembros del Consejo    Nacional. Todos los puntos fueron aprobados por los asambleístas.

Participación ciudadana fue fundada el 31 de octubre 1993 por un grupo de ciudadanos y ciudadanas apartidistas, a raíz de la creciente preocupación por la falta institucionalidad reinante en nuestro país.

Las preocupaciones que motivaron la fundación de Participación Ciudadana en 1993 fueron la centralización y abuso de poder, las crisis electorales repetitivas, corrupción y tráfico de influencia, la escasa  participación de la sociedad civil, la exclusión de los pobres del sistema político y el autoritarismo, entre otros.

En esa oportunidad, el movimiento cívico se formó en torno a principios básicos tales como la descentralización del estado, el fortalecimiento del régimen municipal, la autonomía de los poderes públicos, la reforma del poder judicial, la creación de mecanismo permanentes de participación, y la realización de reformas sociales, políticas y económicas.

En 1996 participación ciudadana formó por primera vez en el país una red ciudadana de observadores electoral que realizó una importante contribución a la trasparencia del proceso. El movimiento cívico integro en ese entonces alrededor de 5 mil voluntarios y voluntarias, quienes realizaron una observación cualitativa de las votaciones en todo el territorio nacional , aparte de llevar a cabo un conteo paralelo de votos que arrojó una diferencias muy mínima de los resultados oficiales, lo cual sirvió para otorgar una mayor trasparencia al proceso electoral.

Otros aportes de Participación Ciudadana fuera de los asuntos electorales, se han manifestado en el ámbito de la educación ciudadana, tanto a través de campañas masivas en los medio de comunicación, como por medio a talleres impartidos en las escuelas y colegios privados a nivel nacional.

En las escuelas publicas y privadas, el movimiento cívico ha desarrollado un programa de talleres para difundir el contenido de la constitución, Estado, Democracia y Ciudadanía y  Liderazgo a jovencitos entre el octavo grado y el cuarto de bachillerato.

Estas actividades se  desarrollan tanto en el  Distrito Nacional como en las Provincias del interior, donde además Participación Ciudadana  promueve el fortalecimiento del poder local y la participación de los diversos grupos de la sociedad civil en el control ciudadano de la gestión municipal.

Actualmente, Participación ciudadana ejecuta su plan de trabajo que incluye la Observación Integral de los procesos electorales, Trasparencia de la Gestión Pública, Justicia, Derechos Ciudadanos, Mujer y Política, Liderazgo Democrático y otros, mucho mas abarcadores que los programas de años anteriores.

Participación Ciudadana, realizó un encuentro con organizaciones de la sociedad civil, para rendir cuentas de su participación en el Consejo Asesor en Materia de Lucha Anticorrupciónde la Presidencia de la República.

En la actividad el coordinador general, Ramón Tejada Holguín leyó un documento que contiene los trabajos de la institución en este consejo creado  por el Poder Ejecutivo, el pasado mes de Julio del año 2001,, mediante el decreto 783-2001.

Documento presentado a las organizaciones de la sociedad civil en el encuentro: 

En Julio del año 2001, mediante el decreto 783-2001 se creó el Consejo Asesor en Materia de Lucha Anticorrupción de la Presidencia de la República. Estuvo conformado por el Secretario de la Presidencia, El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, El Procurador General, El Contralor General, El Director del Departamento De Prevención de la Corrupción, El Procurador Fiscal del Distrito Nacional, El Procurador Fiscal de Santiago de los Caballeros, Un representante de la Iglesia Católica, Un representante de la Iglesia Evangélica, Alianza ONG, Asociación de Jóvenes Amantes de la Paz y como suplentes de estas tres últimas entidades y Participación Ciudadana; como miembros titulares. En calidad de suplentes se nombró a: El Voluntariado Nacional de Prevención de la Corrupción, Foro Ciudadano y Bloque de Organizaciones No Gubernamentales.

En su decreto de integración se establecieron como funciones las siguientes:

a)     Recabar Informaciones Generales y Particulares, a objeto de presentárselas al Presidente de la República, sobre los distintos niveles y modalidades de la corrupción en la administración pública.

b)     Formular propuestas concretas sobre las herramientas, mecanismos y procedimientos necesarios para hacer más ágil y efectiva la labor de combate a la corrupción administrativa;

c)     Elaborar los proyectos de leyes, decretos reglamentos que fueren de lugar para viabilizar la labor de combate contra la corrupción, sometiéndolos al Presidente de la República para los fines correspondientes.

  Para aportar al proceso de cumplimiento de las funciones del Consejo Participación Ciudadana produjo diferentes propuestas al Consejo.

Completar el trabajo de revisión de los marcos legales que tipifican, sancionan y prevén la corrupción pública. Participación Ciudadana puso a disposición del Consejo Asesor el Inventario de Leyes, ante proyectos y  por la institución.

Se envío una comunicación en noviembre del 2001 sugiriendo al Poder Ejecutivo que respalde el  Proyecto de Ley de contratación para el diseño y ejecución de obras y servicios  del Estado, presentado por el CODIA, así como varios de los ante proyectos que buscan trasparentar el presupuesto Nacional, y la elaboración de una propuesta para dar autonomía a la Contraloría  General de la república.

Se pensaba elaborar un diagnóstico de la corrupción en la administración pública, sugerimos que se formara una comisión del consejo que conduzca el proceso y que realice algunas consultas entre los expertos en el  tema y que puedan contribuir a definir la metodología adecuada para realizar dicho diagnostico, de manera que sus resultados resulten confiables y objetivos. En realidad Participación Ciudadana veía el diagnostico como una herramienta que permitiría identificar las áreas prioritarias hacia donde debe conducirse el trabajo. Es decir las áreas de mayor riesgos.

También se propuso que se pusiera el énfasis en la creación y puesta en práctica de las Comisiones de Auditoria Social desde el Departamento de Prevención de la Corrupción, para que esta comisión se constituyera en un mecanismo de control ciudadano del ejercicio Público.

Se insistió en la necesidad de poner en ejecución la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Lo cual unido al fortalecimiento de los procesos de modernización e institucionalización del Estado ayudarían a limitar las discrecionalidades de los/ as funcionarios/ as , promoviendo una gestión mas transparente de los fondos Públicos.

Sostuvo la necesidad de hacer contacto con consejos similares que existen en países como Paraguay, Perú, Honduras, Colombia y Ecuador, entre otros, con el fin de intercambiar informaciones y experiencias, que puedan ser útiles para los resultados que esperamos alcanzar.

Esta primera comunicación se envío en Noviembre del año 2001, . hace más de un año. Estas observaciones fueron escuchadas, pero en la realidad no fueron tomadas en cuenta en el accionar del Consejo Asesor. De todas maneras, PC entiende que la Lucha contra la corrupción no es algo que se resolverá de la noche a la mañana, ni es sólo competencia del Estado, sino que todos tenemos un grano de arena que aportar.

En diciembre del año 2001, el  Consejo formó una subcomisión en la que participaban representantes del DPCA, de la Contraloría General de la República y Participación Ciudadana.  Se realizaron más de diez reuniones de está subcomisión, las reuniones se discutieron importantes aspectos para la elaboración del método a través del cual se debería realizar el diagnostico sobre el estado de la corrupción que debía presentar el Consejo Asesor al Presidente de la República. Como integrante de esta subcomisión nos correspondió la convocatoria de la mayoría de las reuniones de la misma, así como la elaboración de un menú de opciones para llevar a cabo estas responsabilidades. Este constituyó el segundo documento en el cual Participación Ciudadana planteaba su visión de las actividades del Consejo.

En marzo del 2002, en coordinación con Alianza ONG´s, Foro Ciudadano, Voluntariado Nacional de Prevención de la Corrupción,, Bloque de Organizaciones No Gubernamentales y la Asociación de Jóvenes Amantes de la Paz,  enviamos una tercera comunicación al Consejo.

Las principales propuestas de esta tercera comunicación giraron en torno a la necesidad de que el Consejo supere la inercia con la cual estaba trabajando, con este fin planteamos retomar la periodicidad de las reuniones de trabajo, disponer de los recursos adecuados para que la secretaría ejecutiva del consejo pueda operar eficientemente y como muestra de la voluntad política de combatir la corrupción, pedimos la promulgación del decreto que crea las comisiones de auditoria social, formulado por el  DPC con el concurso de diferentes organizaciones de la Sociedad Civil.

Esta última comunicación, firmadas por todas las organizaciones de la sociedad civil del consejo fue leída en una de las reuniones, se acordó su discusión en una próxima reunión sin que esto se haya producido hasta el momento. Nuestras entidades han sido reiterativas en la necesidad de que se realice una reunión del Consejo y se discuta los aspectos contenidos en esa comunicación.

Lamentablemente las convocatorias y seguimiento al proceso dependieron de un funcionario con una agenda y responsabilidades múltiples, razón por la cual el seguimiento ha este consejo paso a ser una tarea más. Las reuniones del Consejo no se realizan con la celeridad debida, pocas veces hay quórum y no se ha discutido cabalmente a lo interno el diagnostico que se le presenta al presidente de la República. Las escasas oportunidades en que ha logrado reunirse el quórum necesario para operar, salvo cuando se aprobaron los reglamentos de funcionamiento y se crearon dos comisiones, que aunque cumplieron su rol, no recibieron el respaldo del pleno de este Consejo en sus tareas.

Las discusiones y definiciones de aspectos estratégicos para este Consejo, como son la agenda legislativa en materia anticorrupción y la presentación de un balance en torno a la corrupción, resultaron ser temas coyunturales e improvisados, sin prestarles además el tiempo y la rigurosidad requerida.

En una  reunión realizada en el mes de diciembre,  reiteramos la necesidad de que los funcionarios pertenecientes al consejo y que sólo habían asistido a una o dos de las primera reuniones, que tenían más de un año fuera del consejo  (Fiscal del Distrito Nacional, Fiscal de Santiago, Consultor Jurídico), retornaran al mismo a dar cumplimiento a la responsabilidad que nos delegó el Presidente de la República. Pedimos, también, la modificación del reglamento de funcionamiento del Consejo con el fin de hacer más operativa esta instancia, y poder funcionara con un quórum estable. Pedimos presentar al Presidente de la República un documento con recomendaciones sobre las acciones prioritarias en materia de legislación y acciones de prevención a desarrollar, así como dotar al Consejo de un espacio físico y de personal técnico mínimo que diera seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades; por último sugerimos que se eligiera una comisión que trabajara en estos aspectos.

A pesar de esto, ninguna de las propuestas fue acogida, por lo que presentamos renuncia de nuestra posición en ese Consejo. Creemos que ya no podemos dedicar más esfuerzo y tiempo a un espacio que a un año y medio de salida no ha logrado funcionar periódicamente y mucho menos articular una sola propuesta en la línea que establecen las funciones que le fueron conferidas.

Estamos conscientes que se requiere del concurso de todos los sectores para enfrentar este mal, no obstante la disposición y actitud gubernamental deben jugar un papel importante en este proceso. Sin embargo, hay que decirlo a fin de cuentas el Consejo no elaboró un diagnóstico, ni estableció las áreas de riesgo de la corrupción. En el día de hoy se está presentado al presidente de la República un documento diagnostico que en realidad es la reelaboración del documento elaborado por la firma Casal y asociados.

A continuación carta que le remitimos al Presidente de la República.

Señor
Ing. Hipólito Mejía
Presidente Constitucional de laRepública Dominicana
Su Despacho.-

Vía:    Lic. Sergio Grullón
Secretario de Estado de la Presidencia
Presidente del Consejo Asesor en Materia Anticorrupción

Señor Presidente:

Reciba Usted nuestro saludo.

Cuando en Julio del año 2001, fuimos designados por Usted en la matricula del Consejo Asesor en Materia de Lucha Anticorrupción de la Presidencia de la República, creado mediante el decreto No. 783-01, recibimos con gran interés y disposición de trabajo esta designación, por entender que de esta forma, desde el Ejecutivo, se enviaba la señal de dar cumplimiento a los compromisos de campaña asumidos en torno a este tema. 

Estos compromisos de combate a la corrupción fueron expresados con precisión en su discurso ante la tercera Conferencia Nacional de Prevención de la Corrupción realizada el 2 de febrero del 2000, citamos:  “El flagelo de la pobreza nunca podrá ser eliminado sin una decidida acción estatal y la acción estatal nunca podrá lograr sus objetivos mientras persista  la corrupción, en consecuencia la lucha por combatir la pobreza y erradicar la corrupción está a la base de nuestra encrucijada nacional”.  

Ante la coincidencia de Participación Ciudadana con el entonces candidato y hoy Presidente de la República, de que la pobreza y la corrupción deben ser dos de los aspectos prioritarios de cualquier gestión gubernamental, decidimos poner todas nuestras energías y empeño en coordinar esfuerzos con la presente administración en tan importante tarea, conocedores de que la solución de dicho mal debe ser asumida por todos los sectores que conforman la sociedad dominicana. 

El país necesita urgentemente de la definición de una clara política anticorrupción y pensamos que uno de los espacios para definirla pudo haber sido el Consejo Asesor en Materia de Lucha Anticorrupción; sin embargo, a diez y ocho meses de juramentado, vemos con preocupación que no se ha logrado cumplir con los objetivos para los que fue creado, debido a la ausencia  de planes de trabajo y a la falta de compromiso de algunos de los integrantes de este Consejo.  En reiteradas ocasiones se ha hecho el compromiso de superar la inercia, sin que se haya cumplido, a pesar de los esfuerzos que hemos desarrollado algunas de las entidades miembros. 

Por las razones señaladas, el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, le presenta su formal renuncia al Consejo Asesor en Materia de Lucha Anticorrupción de la Presidencia de la República.

Agradecemos sobremanera que haya confiado en Participación Ciudadana para la conformación de esta instancia de coordinación, demostrando su vocación de integrar a la sociedad civil en sus planes, como lo ha hecho también en otras áreas, sin embargo, es evidente que el Consejo Asesor debe ser reorientado y redefinidas sus actividades y mandatos.

Atentamente,

Ramón Tejada Holguín
Coordinador General de Participación Ciudadana 

Cc.:  Integrantes Consejo Asesor en Materia de Lucha Anti Corrupción.

Nota: 
Esta carta se entregó el pasado martes 14 de enero de 2002, en la reunión del Consejo Asesor en  Materia de Lucha Anticorrupción de la República Dominicana.

Participación Ciudadana expresó sus felicitaciones y reconocimiento al honorable Senado de la República por la decisión de convocar a vistas públicas con el objetivo de recibir propuestas de candidatos a ser miembros de la Junta Central Electoral (JCE). Iniciativas como esta fortalecen nuestras instituciones públicas, ya que la democracia, además de delegación de poder en los procesos electorales, implica el diálogo y concertación permanente de los representantes con sus representados.

Nuestra institución decidió no presentar candidatos, porque somos una institución que desempeña un rol importante en los procesos electorales, que juega un papel en la reforma y modernización del sistema electoral, que reclama transparencia y pulcritud en la organización de los comicios, por lo tanto, no queremos ser vistos como una organización que desea jueces favorables a su quehacer. Ahora bien, como organización que lucha por la institucionalidad y el desarrollo de una democracia de calidad, reiteramos nuestra propuesta de un perfil que contiene, desde nuestro punto de vista, las condiciones mínimas que deben reunir cada uno /a de los/as aspirantes a jueces del máximo organismo electoral de la nación.

La ley Electoral, No. 275-97, establece requisitos muy generales para ser presidente, miembro titular o suplente de la Junta Central Electoral: ser dominicano de nacimiento u origen, tener más de 35 años de edad y estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, licenciatura o doctorado en derecho y un mínimo de 12 años de ejercicio profesional

Tomando en consideración las importantes atribuciones de orden  administrativo y contencioso que deben cumplir las autoridades llamadas a conducir  uno de los más relevantes eventos para el ejercicio democrático dentro del sistema político dominicano, Participación Ciudadana plantea seis puntos que definen el perfil básico de aspirantes a miembros del tribunal electoral:

Reconocida integridad.Los jueces electorales faltantes deben cumplir con las condiciones exigidas a la Junta en su conjunto: imparcialidad, confiabilidad y aceptación de todos los participantes en los procesos electorales (partidos políticos-sociedad civil).

Tener credibilidad.  Tomando en consideración que la Junta Central Electoral es un árbitro imparcial, cuyas decisiones se toman en función de las reglas del juego, cada integrante del tribunal debe merecer la confianza de todos los involucrados en los procesos electorales.

No haber ocupado puesto de dirección o relevancia en un partido político. Como garantía de que sus decisiones no estarán parcializadas, los dos jueces faltantes de la Junta Central Electoral, deben estar libres de toda sospecha de pertenecer o haber pertenecido a partido político alguno, sobre todo en posiciones dirigentes.

Capacidad para tomar decisiones acordes con su íntima convicción.Las decisiones del tribunal electoral deben tomarse en función de las reglas del juego y cada uno de sus integrantes debe estar en capacidad de actuar, en tanto juez, acorde con su íntima convicción.

Capacidad de trabajo colegiado. La Junta Central electoral es un tribunal colegiado, de manera que cada uno de sus jueces tiene que estar capacitado para el trabajo en equipo, garantizando así que toda decisión tomada sea producto de un esfuerzo conjunto.

Apertura a la participación de los diferentes actores políticos en la elaboración e implantación de propuestas orientadas a la solución de los problemas pendientes en la agenda electoral.

Experiencia y capacidad gerencial, a fin de que contribuyan a garantizar  una eficiente administración de los procesos electorales.

Reconocemos y siempre hemos reconocido, la facultad constitucional del Senado de la República de decidir sobre los dos jueces faltantes de la JCE, ahora bien, daría una mayor legitimidad al proceso si la selección de estos funcionarios electorales se  hace  sobre la base de la concertación y el diálogo franco con los partidos políticos reconocidos por la Junta Central Electoral, y las diversas organizaciones sociales de la nación.

Ramón Tejada Holguín
Coordinador General

Declaraciones de participación ciudadana presentada  en las vistas públicas para la elección de dos miembros restantes de la JCE, celebrada el pasado miércoles 15 de enero de 2003

Participación Ciudadana solicitó a la Comisión del Defensor del Pueblo de la Cámara de Diputados  aclarar la denuncia del doctor Alexis Joaquín Castillo, en el sentido de que hubo un acuerdo entre el Gobierno y el Partido Reformista Social Cristiano para nombrar a Zoila Martínez de Medina como Defensora del Pueblo.

El movimiento cívico señaló que la Ley 19-01, que crea la Defensoría del Pueblo,  establece con claridad el procedimiento para la selección de tan importante funcionario, y que debe ser ajeno al quehacer de los partidos políticos, porque es una especie de Procurador de los Derechos Humanos.

“Sería lamentable que la  Defensoría del Pueblo en República Dominicana nazca rodeada de la falta de credibilidad necesaria para jugar el rol que se le ha asignado mediante una ley,”, dijo Participación Ciudadana.

Señaló que el proceso de selección del Defensor del Pueblo en el país está retrasado, porque el próximo febrero se cumplirán dos años de la promulgación de la ley,  y aún la Cámara de Diputados no ha procedido a enviar la terna que deberá conocer el Senado para designar al Defensor o Defensora del Pueblo.

Participación Ciudadana reconoce que la nueva Comisión de la Defensoría del Pueblo, que encabeza la doctora Licelot  Marte de Barrios, ha agilizado los trabajos de preselección de aspirantes a la nominación; sin embargo, la denuncia  del dirigente reformista Alexis Joaquín Castillo empaña el esfuerzo que viene haciendo esta la Comisión.

La denuncia la formulo el precandidato presidencial del PRSC al participar como invitado al Diálogo Jurídico del Periódico Hoy, el lunes 13 de enero

“Existe la necesidad de hacer transparente el proceso de selección del Defensor del Pueblo, ya que de esta manera se fortalece la democracia y el Estado de Derecho que busca y quiere mantener el país”,  insistió PC.

Reiteró que la designación de manera imparcial del Defensor del Pueblo, es un gran paso de avance en el desarrollo institucional del país.

El coordinador del movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana reclamó ayer la inclusión en el diálogo de todos los actores políticos del país, para la escogencia de los dos jueces faltantes de la Junta Central Electoral (JCE), y pidió que el proceso se lleve a cabo con transparencia y sin acuerdos de aposento.

Ramón Tejada Holguín dijo Participación Ciudadana no ha sido convocada aún al diálogo por su coordinador Agripino Núñez Collado y resaltó que como la experiencia inicial del diálogo fue fructífera sería lamentable que ese nivel de transparencia y amplitud se redujera en este momento y solo se convoque a los partidos mayoritarios.

Recordó que en el ámbito electoral la sociedad dominicana está compuesta tanto por los partidos políticos reconocidos por la JCE y con representación electoral, por lo que entienden deben participar en cualquier tipo de diálogo.

Asimismo, resaltó que Participación Ciudadana como institución realiza una labor en los procesos de observación en las elecciones, y hasta el momento ha sido transparente en sus planteamientos, como la de solicitar la vistas públicas y reconocer la facultad que tiene el senado como organismo institucional para la elección de los miembros de la JCE.

"Es decir hemos reconocido el papel que juega cada quien y no veo razón por la que precisamente cuando se ha tenido ese nivel de participación desde la sociedad civil, se convoque al diálogo única y exclusivamente al sector político", manifestó.

Tejada Holguín dijo que Participación Ciudadana mantiene su posición de que la JCE debe estar compuesta por personas de reconocida trayectoria pública, honestidad, independencia de criterios y que no sean militantes políticos.

Dijo que esa institución no hará propuesta para ser juez de la Junta, a los fines de evitar comentarios en el sentido de que la sociedad civil quiere imponerse.

No obstante, expresó que Participación Ciudadana reclama que se cumpla con un perfil de miembros de la JCE y que sea aceptado por todos los partidos políticos reconocidos por el tribunal de elecciones.

Con respecto a las vistas públicas que celebrará el Senado para la escogencia de los dos jueces faltantes de la Junta, Tejada Holguín dijo que Participación Ciudadana como todas las organizaciones asistirá y verá las propuestas para si es necesario dar alguna recomendación o emitir su opinión sobre los candidatos que se sometan.