La Red Interamericana para la Democracia (RID)  presentó el Índice de Participación Ciudadana en América Latina 2005 en forma simultánea en ocho países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México, Perú, Bolivia y República Dominicana.

En la República Dominicana Participación Ciudadana hizo la presentación del  estudio, el cual evaluó los ámbitos, niveles y motivaciones de la participación ciudadana en cada uno de los países mencionados.

Para la presentación se hizo un panel con la participación de Miriam Díaz Santana de la Comisión de Transparencia de PC; Ricardo González del Centro Juan Montalvo y Domingo Matías del PARME. La agenda del evento incluyó la exposición del resultado de la encuesta y posteriormente el análisis de los resultados comparativos del IPC para República Dominicana y demás países.

Además este panel planteó, reflexiones y propuestas sobre las razones y modalidades de participación y cómo lograr que la Sociedad Civil alcance una mayor incidencia en los ámbitos públicos y una democracia más efectiva, plural y participativa.

La democracia representativa actualmente se ve exigida por una ciudadanía más consciente de sus derechos y deberes, muy diversa y plural, y que aboga por una presencia y participación más activa en los asuntos públicos. Las organizaciones de la sociedad civil constituyen un eje fundamental para que esta participación se haga efectiva y los ciudadanos puedan ejercer sus demandas.

En este contexto, bajo el lema "Promoviendo una ciudadanía informada y participativa", se presentó por segundo año consecutivo este índice, estudio realizado en el marco de las Actividades Regionales que impulsa la Red Interamericana para la Democracia (RID).

Síntesis del IPC

El Índice de Participación Ciudadana (IPC) es un instrumento promovido por la RID para evaluar el estado actual de la participación ciudadana en un país determinado y constituirse en una herramienta que permita comparar la evolución de la misma año a año. Luego de una exitosa aplicación piloto en Chile durante el año 2003; seguida de la aplicación en siete países de la región durante el 2004, la RID, con el auspicio de USAID y Partners of América, logró  replicar la medición este año, incorporando al grupo original de siete países a Bolivia, ampliándose de este modo el grupo regional.

Modernización del Registro Civil fue el nombre de la tertulia que desarrolló  Participación Ciudadana, con la participación del Juez de la Junta Central Electoral, Dr. Roberto Rosario y el sociólogo Ramón Tejada Holguín, miembro del Consejo Nacional de Participación Ciudadana.

La presentación de la JCE la hizo Miguel Ángel García, Director de Cómputo de ese organismo. En tanto que el magistrado Rosario fue dando las explicaciones de cana una de la diapositiva exhibida.

A esta actividad asistieron representantes de diferentes organizaciones y personas interesadas en el tema.

A continuación ponencias presentadas por los expositores.

• Modernización del Registro Civil – Ramón Tejada Holguín
• Declaraciones Tardías de Nacimiento
• Automatización del Registro del Estado Civil

Ante los graves hechos y denuncias que en las últimas semanas han conmovido la opinión pública nacional en torno al funcionamiento de las Oficialías del Estado Civil, el Consejo Nacional del movimiento cívico Participación Ciudadana formula los siguientes planteamientos:

1.PARTICIPACIÓN CIUDADANAcensura los graves actos delictivos en los cuales se han visto involucrados diferentes Oficiales del Estado Civil, particularmente aquellos relativos a la simulación de matrimonios y otros actos solemnes, con el propósito de facilitar la obtención de pasaportes oficiales en beneficio de personas que no tenían la calidad necesaria para ello. Apoyamos la investigación iniciada al respecto por las autoridades judiciales y la Junta Central Electoral, demandamos que las mismas se profundicen con la adopción de las medidas administrativas que la situación requiere y la sanción judicial de los responsables.

2.Al constatar que el servicio que ofrecen a las Oficialías del Estado Civil a la ciudadanía sigue siendo deficiente y que estos organismos continúan trabajando sin suficiente regulación y supervisión, aplicando tarifas antojadizas y fijándose sus propios honorarios; llamamos la atención de la Junta Central Electoral para que cumpla con el mandato de la ley supervisando las actividades de estos organismos, estableciendo tarifas uniformes para todos los servicios que estos ofrecen y fijando salarios a los Oficiales del Estado Civil en correspondencia con las funciones que desempeñan y en cumplimiento de lo establecido por el Art.8 de la Ley 8-92, del 13 de abril del 1992.

3.Los ingresos de las Oficialías del Estado Civil, producto del pago de las tasas que realiza la ciudadanía al solicitar un servicio de estas entidades, son ingresos de carácter oficial y como tal, deben registrarse como parte de los ingresos propios de la Junta Central Electoral y considerarse para la estimación de su Presupuesto, conforme lo establecen las diferentes normas que han sido puestas en práctica en los últimos años por la Contraloría General de la República.

4.El pésimo servicio que, en sentido general, ofrecen las Oficialías del Estado Civil a la población, evidenciándose en que para obtener la certificación de una acta hay que esperar horas, días y a veces semanas; y que ha generado todo un servicio ilegal e inmoral de “buscones” y “tributarios”; debe llamar a reflexión a la Junta Central Electoral para que la modernización de las Oficialías del Estado Civil no se limite únicamente a la automatización del Registro Civil, sino que comporte una verdadera reingeniería institucional de estos organismos, estableciendo procedimientos que ofrezcan un servicio eficiente y rápido a los ciudadanos; al tiempo que se garantiza la preservación y seguridad de las actas del estado civil. Es necesario, en ese mismo sentido, que la Junta Central Electoral desempeñe las facultades de supervisión que le otorga la ley en esta materia, y que no espere el surgimiento de un conflicto para intervenir.

5.Por otra parte, entendemos que la Junta Central Electoral no debe oponerse a que los representantes del Ministerio Público en los departamentos judiciales correspondientes, supervisen el funcionamiento de las Oficialías del Estado Civil, en cumplimiento a lo establecido por la Ley 659 sobre Actos del Estado Civil. Esta supervisión de la Fiscalía, que debe hacerse en coordinación con el organismo electoral,  podría ayudar a prevenir la celebración de actos contrarios a la ley y mejorar la transparencia en el funcionamiento de las Oficialías.

6.El mejoramiento del desempeño de las Oficialías del Estado Civil debe también tomar en cuenta la necesidad de modificar la propia Ley 659 sobre Actos del Estado Civil. De manera particular, es necesario crear un procedimiento administrativo más ágil para las declaraciones tardías, que permita reducir la gran cantidad de personas cuya existencia no ha sido declarada.

7.Finalmente, Participación Ciudadana expresa su preocupación porque estos hechos se producen a menos de nueve (9) meses de la realización de elecciones congresuales y municipales, cuando se supone que la Junta Central Electoral tendría que tener sus principales energías concentradas en la organización de un proceso electoral complejo, que implica más de mil (1,000) puestos a escoger de manera simultanea. Es tiempo ya de que la Junta publique el Calendario Electoral y tome las medidas correspondientes para la organización del proceso, garantizando unos comicios justos, transparentes y confiables.

El movimiento cívico Participación Ciudadanavaloró como positivo el trabajo que viene realizando la Oficialía del Estado Civil de la décimo segunda circunscripción, con el programa “Desde la Misma Acera”, y que ha permitido que miles de dominicanos pudieran realizar su declaración de nacimiento, teniendo así acceso a los derechos derivados de la obtención de un nombre y una ciudadanía.

Entiende Participación Ciudadana que sería contraproducente que la Junta Central Electoral tome medidas contra un Oficial del Estado Civil que ha desarrollado un programa de trabajo que da solución a uno de los más graves problemas que afecta a la población dominicana e impide el acceso a la educación y a los programas de seguridad social. La Junta Central Electoral está en la obligación de investigar las graves denuncias presentadas por este y otros funcionarios del organismos, y que vuelven a poner en el debate de la opinión pública la necesidad de eficientizar el Registro Civil dominicano, con medidas que no sólo se limiten a la incorporación de tecnologías de la información.

PC entiende que la Junta Central Electoral, debe desarrollar un programa de eficientización de las oficialías de Estado Civil; lo cual no solamente incluye la automatización del Registro Civil, sino también la creación de una carrera administrativa para el personal de las Oficialías; estableciendo salarios fijos para estos empleados públicos y aprobando tarifas razonables para los diferentes servicios que rinden estos organismos.

Es necesario que todas las Oficialías del Estado Civil establezcan procedimientos que garanticen la seguridad de los documentos que emiten, así como un trámite razonable en beneficio de los usuarios de estos servicios. El fraude recién descubierto en relación con los pasaportes oficiales que gestionaban algunos regidores en diferentes puntos del país, ha puesto de manifiesto que también en algunas oficialías se obtuvieron actas falsas que luego se utilizaron como soporte para estos pasaportes irregulares. Del igual forma, hay que resaltar que para muchos ciudadanos y ciudadanas el solicitar un servicio en una de las Oficialías del país y en la propia Oficina Central del Estado Civil, constituye un verdadero viacrucis del cual se aprovechan los “buscones” y otros intermediarios ilegales.

Es tiempo ya de que las Oficialías del Estado Civil se conviertan en oficinas al servicio de la ciudadanía, desarrollando una verdadera política de atención a los usarios y promoviendo programas que den solución al sub-registro que afecta a una parte significativa de la población. El movimiento cívico Participación Ciudadana se propone en lo inmediato desarrollar acciones tendentes a vincular más activamente a la ciudadanía en los trabajos que desarrollan estas Oficialías, particularmente en todas aquellas iniciativas que puedan mejorar la calidad del servicio que se brinda a la población.

Señor

Lic. Francisco Dominguez Brito

Procurador General de la República

Su Despacho

Santo Domingo, D.N.

Honorable señor Procurador General:

La Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad, integrada por las organizaciones que aparecen enlistadas en el documento anexo, tomó recientemente la decisión de darle un seguimiento permanente a los casos judiciales que involucran a Baninter, Bancrédito y Mercantil, para lo cual será creada una Unidad Ejecutora, conformada por un equipo que trabajará a tiempo completo, apoyado por tres comisiones de voluntarios en las áreas jurídica, económica-social y  de comunicaciones.

El objetivo de la Coalición es contribuir a que estos casos se manejen de la manera más transparente posible, para asegurar que los responsables sean debidamente sancionados, preservando de esta manera la salud del sistema financiero y de la propia sociedad.

Todos los casos de violación a la ley penal deben ser objeto del mismo tratamiento y de la misma atención por parte de las autoridades y de la  ciudadanía, pero resulta innegable que los casos a los que nos referimos se han convertido en casos emblemáticos en la lucha contra la corrupción y la impunidad, por lo que la suerte de los mismos incidirá directamente sobre los esfuerzos que se realizan por erradicar la corrupción y la impunidad de nuestro ambiente y sobre la esperanza de la Nación de que se produzca un cambio de actitud sobre estos temas. No será posible reclamar en la sociedad una conducta apegada a la ley cuando por otro lado aquellos que se han desviado de la misma, perjudicando a la sociedad por cifras que sobrepasan los cien mil millones de pesos, logran escapar a las sanciones que les corresponden. Esta Coalición no pretende decidir sobre la culpabilidad de ninguna persona, pues esta labor corresponde exclusivamente a los tribunales, pero si ejercer el derecho que posee cualquier ciudadano de acceder a la información sobre los casos y expresar su opinión sobre la forma en que los expedientes son manejados.

Los casos a los que nos referimos indudablemente que comportan un nivel extremo de complejidad en distintas vertientes. Son casos que incluyen un grupo numeroso de imputados, en una materia especializada como la bancaria, a través de procesos muy sofisticados, que incluyen operaciones electrónicas, con una cantidad extraordinaria de documentos y piezas. Por lo menos uno de estos casos se encuentra listo ya para ir a juicio de fondo y lo será bajo las reglas del nuevo Código Procesal Penal, que resulta muy exigente en todos los detalles de presentación de pruebas, debates y decisión sobre los casos. Por esa razón, vemos como muy atinada la decisión que quedó descrita en la carta intención con el Fondo Monetario Internacional, de que las autoridades competentes designen un fiscal especial para cada uno de los tres casos, aprovechando que el nuevo Código Procesal Penal lo permite de manera expresa.

La figura del fiscal especial entraña la designación de una persona altamente calificada, que no pertenezca a la carrera del ministerio público, independiente de sectores políticos y económicos, que se dedique a tiempo completo al caso que se le encomiende, que pueda contar con un equipo de asistentes y con la infraestructura necesaria para manejar con adecuados niveles de eficiencia y seguridad toda la información del caso. Esa persona deberá abandonar las ocupaciones que tenía al momento de su designación, y cesará en sus funciones al final del caso, lo que justifica una remuneración adecuada  por dedicarse a un solo caso, dejando de lado su práctica habitual.

De igual manera, los fiscales especiales designados aún cuando sean efectivamente supervisados por la Procuraduría General de la República, deberán contar con la independencia que se reconoce en el Estatuto del Ministerio Público a los fiscales ordinarios.

Una labor adicional que solicitamos figure entre las tareas de los fiscales especiales es la investigación a fondo de la responsabilidad de las autoridades públicas que tenían como deber evitar la quiebra de los bancos afectados, así como la forma en que condujeron la labor de rescate de los depositantes, con la finalidad de que si es detectada cualquier violación a la ley, se inicien los procesos correspondientes.

Estamos seguros que el señor Procurador General de la República ha estado realizando las gestiones pertinentes para estas designaciones, pero dada la realidad de que uno de los casos iniciará proceso de fondo en las próximas semanas y otro de los casos deberá completar su proceso de instrucción también en las próximas semanas, resulta urgente que se seleccionen a estos fiscales especiales mencionados en la carta de intención con el FMI, para evitar que los mismos se puedan encontrar en franca desventaja al enfrentar juicios de fondo sin tener tiempo suficiente para prepararse, sobre todo teniendo en cuenta que el nuevo Código Procesal Penal deja poco margen para extender los procesos una vez se inicia el conocimiento del fondo.

Agradeciendo los esfuerzos que realiza desde la Procuraduría General de la República, quedan de usted,

Muy atentamente,

Por la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad

1.      Acción Comunitaria para el Progreso (ACOPRO)

2.      Asociación Americana de Juristas

3.      Asociación de Abogados Empresariales (ADAE)

4.      Asociación de Jóvenes Amantes de la Paz (ASOJAPAZ)

5.      Asociación Dominicana de Empresas de Inversiones Extranjeras

6.      Asociación Dominicana de Mujeres Empresarias

7.      Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE)

8.      Cámara Americana de Comercio

9.      Cámara de Comercio Trinidad y Tobago

10.  Cámara de Comercio y Producción de Santiago

11.  Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo

12.  Casa de la Cultura de Sabana Perdida

13.  Central General de Trabajadores (CGT)

14.  Centro Cultural Poveda

15.  Centro de Servicios Visión Mundial

16.  Centro de Educación Ecológica (CEDECO)

17.  Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo, S.J.

18.  Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE)

19.  Centro de Solidaridad para la Mujer (CE-MUJER)

20.  Centro de Trabajo Popular (CTP)

21.  Centro Dominicano de Asesoría e Investigación Legal (CEDAIL)

22.  Ciudad Alternativa

23.  Club Hermanos Rojas Alou

24.  Club Libertad

25.  Club Unidad y Deporte

26.  Colectiva de Mujeres de Sabana Perdida

27.  Comisión Nacional Derechos Humanos Filial Sabana Perdida

28.  Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA)

29.  Comunidad Eclesial de Base Parroquia Ntra. Sra. de América Latina

30.  Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP)

31.  Coordinadora de Animación Socio Cultural (CASCO)

32.  Coordinadora de ONGs del Área de la Mujer

33.  Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo de Los Guandules (CODEGUA)

34.  Foro Ciudadano

35.  Foros para la Participación Municipal

36.  Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS)

37.  Fundación para el Desarrollo de Villa Altagracia (FUDEVA)

38.  Instituto de Derechos Humanos de Santo Domingo (IDHSD)

39.  Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI)

40.  Instituto Nacional de la Salud (INSALUD)

41.  Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)

42.  Junta de Vecinos de las Damas de Inespre

43.  Junta de Vecinos El Milloncito

44.  Junta de Vecinos Los Altagracianos

45.  Junta de Vecinos Marañón 1ra era

46.  Junta de Vecinos Villa Blanca 1ra. Era

47.  Juntas de Vecinos de Villas Blanca

48.  Participación Ciudadana

49.  Red de Organizaciones Comunitarias Municipio Santo Domingo Norte

50.  Red por la Descentralización

51.  Unión de Vecinos Activos (UVA)

52.  Unión de Juntas de Vecinos de Sabana Perdida

Acuerdan capacitar a empleados públicos en eficiencia y transparencia de sus funciones

         A fin de realizar esfuerzos conjuntos para implementar acciones de capacitación que contribuyan a elevar la calidad de los servidores públicos, en aspectos relativos a fomentar la eficiencia y la transparencia en las funciones que ejerzan, el director del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), licenciado Roberto Obando Prestol y el director ejecutivo del movimiento cívico Participación Ciudadana, licenciado Javier Cabreja, firmaron hoy un acuerdo.

El acuerdo compromete a las entidades, a desarrollar una experiencia piloto de capacitación conjunta, abordando los temas transparencia, rendición de cuenta en la administración pública, estructura y funcionamiento del Estado y la ética del servidor público, a través de coloquios, talleres, seminarios, diplomados, postgrados o maestrías, según las necesidades y las posibilidades de los firmantes.

Asimismo el acuerdo compromete a las organizaciones  a evaluar los resultados de la primera etapa y a producir una propuesta de continuidad del acuerdo, de carácter amplio, que permita la réplica de la experiencia en otras regiones del país.

Para la aplicación de lo acordado, se designará un equipo técnico responsable de hacer operativo el acuerdo para promover y coordinar las acciones que estipulen necesarias para cumplir con sus objetivos.

Dicho acuerdo tendrá una duración de seis  meses, y entrará en vigencia a partir de su firma. El mismo puede  ser renovado si ambas organizaciones expresan su interés.

Participación Ciudadana
Movimiento cívico no partidista

PALABRAS DEL DIRECTOR EJECUTIVO, JAVIER CABREJA

Bienvenidos /as todos/ as a este importante encuentro de firma de acuerdo de colaboración  entre el Instituto Nacional de  Administración  Pública y Participación Ciudadana.

La firma del presente acuerdo la realizamos convencidos de que la Gestión Pública ocupa un lugar importante en la Reforma del Estado, como garantía para que los ciudadanos y ciudadanas reciban de manera eficiente los servicios que el mismo está llamados a ofrecer y que  uno de los retos que enfrenta el Estado Dominicano es lograr elevar la capacidad técnica y ética de los servidores públicos que permitan garantizar una labor más eficiente en las áreas donde se desempeñan.

Para participación Ciudadana la administración pública debe estar abierta a la  llamada  sociedad del conocimiento, que cada día se hace más presente ante la insercición del país al mundo globalizado y las exigencias ciudadanas de contar con funcionarios capaces y comprometidos con las funcionas que desempeñan.

Para desarrollar la sociedad del conocimiento  se debe tomar en cuenta que:

1. Su energía proviene de la aplicación del saber humano.

2. Sus recursos se obtienen de la cultura: información, aprendizaje, innovación, gerenciamiento.

3.  Sus demandas más específicas requieren multiplicar la formación de personas capaces de resolver problemas sociales complejos.

Naturalmente, corresponde a los responsables del Estado y dentro de este a sus órganos encargados de velar por la capacitación, y garantizar que sus servidores  públicos adquieran las destrezas necesarias, en este caso el INAP desempeñar sus funciones de manera eficientes; Para lo cual podrán acompañarse de las entidades no gubernamentales que tienen en su definición la capacitación como parte de su estrategias y tal es el caso de nuestra entidad.

En este sentido, las acciones de formación para los servidores públicos deben tender a incorporar todos aquellos aspectos que contribuyan con la mejoría de sus competencias y responsabilidades.

No obstante, requerimos dar un paso hacia delante y con la firma de este acuerdo el INAP trabaja para adecuar y llevar adecuadamente los procesos de cambios que deben producirse en los servidores públicos, para adecuarse a la gestión moderna, donde la transparencia y la rendición de cuentas son elementos claves para el éxito de la gestión.

Para lograr la eficiencia del servidor público y las entidades a las que pertenecen se hace necesario que el Estado invierta en la capacitación de estos, por lo que el Instituto Nacional de Administración Pública, debe ser colocado en la agenda de prioridades del gobierno central, dotándolo de todas las capacidades y recursos para que este pueda cumplir con su rol.

Desde participación Ciudadana,  queremos expresar nuestra voluntad de contribuir para que los servidores públicos reciban las informaciones y adelantos técnicos que le permitan colocarse a los niveles que exige la sociedad actual.

La firma del presente acuerdo entre el  Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y el Movimiento Cívico Participación Ciudadana nos compromete a  realizar  esfuerzos conjuntos para implementar acciones de capacitación que contribuyan a elevar la calidad de los servidores públicos, en aspectos relativos a fomentar la eficiencia y la transparencia en las funciones que ejerzan.

Esperamos poder aportar y obtener logros importantes en esta dirección,

El movimiento cívico Participación Ciudadana dio inició a un proceso orientado a analizar y dar publicidad a las declaraciones juradas de patrimonio que beben hacer los funcionarios públicos al momento de asumir sus funciones y al terminar de su gestión.

La referida declaración tiene su sustento legal en la Ley No. 82 de 1979, y su publicidad queda garantizada por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública No. 200-04. Las informaciones para llevar a cabo el análisis de los datos serán tomadas de la página web de la Procuraduría General de la República.

El referido proceso de publicación y análisis de datos se iniciará una vez transcurrido un mes a partir del presente anuncio, en aras de dar a la Procuraduría General de la República el tiempo prudente para recopilar, organizar, depurar y colocar en su página las informaciones con un nivel más razonable de transparencia y detalle.

Esto así, en vista de que los datos encontrados, hasta ahora, son en extremo limitados. Por un lado, no contienen las declaraciones de muchos de los funcionarios importantes que, de ninguna manera podría admitirse que no las hayan presentado. Por otro lado, en el caso de aquellos cuya declaración sí aparece, los datos están tan agregados, ofrecen tan pocos detalles, que resisten muy poco análisis y no posibilitan la más mínima comprobación.

Las declaraciones juradas de bienes encontradas, hasta ahora, no nos permite ver con claridad el significado o el contenido de muchas de las partidas. Por ejemplo, en muchos casos aparece la mayor parte del patrimonio de ciertos funcionarios en partidas denominadas como “inversiones”, o  “terrenos”  o sencillamente “otros”, sin ningún detalle de su contenido.

Esta situación no se explica, debido a que la Procuraduría General de la República cuenta con un formulario que dispone la forma como deben ser presentados los datos de patrimonio, e identifica adecuadamente los diversos tipos de activos, llegando incluso a identificar el nombre de los negocios, la ubicación de los inmuebles y  otros detalles útiles para el análisis o la comprobación.

Nos llama mucho la atención, que la mayoría de  los funcionarios salientes del periodo 2000-2004 aun no hayan hecho sus declaraciones, al igual que los miembros del Congreso Nacional y autoridades municipales; por lo que les exhortamos a que cumplan con lo establecido por la Ley, y depositen ante la entidad responsable su declaración de bienes.

La primera etapa de este esfuerzo

En la primera etapa de este esfuerzo Participación Ciudadana se limitará a mostrar los datos correspondientes a cada funcionario tal como están disponibles, de modo que la ciudadanía pueda ver los órdenes de magnitud y hacer algunas comparaciones.

En tanto que en la segunda etapa realizará análisis comparativos, que permitan ver las variaciones de patrimonio de los funcionarios salientes y entrantes; en el caso de los funcionarios que ya cesaron en sus funciones, su patrimonio al momento de iniciar y al concluir su gestión; y en el caso de aquellos que han repetido en períodos diferentes en una misma función o en funciones diferentes, los cambios en su patrimonio en el período transcurrido.

El orden en que serán suministradas a la ciudadanía y analizadas las declaraciones juradas de los funcionarios será el siguiente, siempre incluyendo a los del pasado y a los del actual gobierno:

–          Primero: Presidente y Vicepresidente de la República, Secretarios de Estado, Jueces de la Suprema Corte de Justicia, miembros de la Junta Central Electoral, Procurador General de la República, Gobernador del Banco Central, Administradores de bancos del Estado y administradores de otras instituciones descentralizadas del Estado.

–          Segundo: Miembros de la Junta Monetaria, miembros de los consejos de administración de las empresas eléctricas, INDOTEL, instituciones de agua potable y de otras instituciones que manejan parte del patrimonio público.

–          Tercero: El Contralor General de la República, Tesorero Nacional, los Colectores de impuestos y los Gobernadores Provinciales.

–          Cuarto: Senadores, Diputados, Síndicos y Regidores y Tesoreros Municipales.

–          Quinto: Subsecretarios de Estado, Sub-Administradores Generales, Directores y Sub-Directores Generales, Vicegobernador del Banco Central, Superintendentes, y Gerentes de Bancos Estatales.

–          Sexto: Todos los demás Jueces, los miembros del Ministerio Público y los miembros de la Cámara de Cuentas.

Esperamos contar con la debida colaboración de las personas que ocupan o han ocupado posiciones a las que alude la Ley 82-79, a fin de que los datos disponibles sean lo más claros y precisos posibles. En todo caso, si llegado el momento de la publicación aún no ha sido colocada en la página web de la Procuraduría General de la República la declaración jurada de algún funcionario o exfuncionario, tendremos que presumir que es porque el indicado individuo, en violación a la Ley 82-79, no la ha presentado, y así lo haremos saber a la ciudadanía y a los órganos responsables de velar por el cumplimiento de la Ley.

La Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad y el Foro Ciudadano sostienen que la renuncia del licenciado Gustavo Montalvo de todas sus funciones en el Estado Dominicano, entre ellas la de Coordinador de la Unidad Técnica de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC), es un duro revés a la lucha contra la corrupción pública y la promoción de una cultura de la transparencia en el seno del Estado Dominicano. En especial porque en las motivaciones de la  renuncia de este servidor público se evidencia la existencia de un conflicto ético y situaciones que van en contra de las licitaciones transparentes que hemos promovido en el seno de la CNECC.

Según las informaciones que se nos han dado la decisión del licenciado Montalvo se relaciona a la forma en que se convocó y adjudicó la licitación pública nacional e internacional OPTIC/LC-001-2005, realizada por la Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y la Comunicación dejando de lado recomendaciones de organismos internacionales y del  subcomponente del Gobierno Electrónico del Programa de Modernización del Poder Ejecutivo (PRO-REFORMA), que Montalvo dirige.

Su salida es un duro golpe a la CNECC, ya que cuestiona seriamente las posibilidades de que los principales productos elaborados por ella formen parte de las políticas públicas. En efecto, la licitación OPTIC/LC-001-2005va contra el espíritu del Decreto que Prohíbe el Grado a Grado y Regula las Compra, Concesiones y Contrataciones del Gobierno Dominicano. También se aleja del espíritu que anima la elaboración del Plan Nacional de Ética y Combate a la Corrupción elaborado por la comisión, con la participación de las más representativas organizaciones de la sociedad civil y diversas instituciones estatales.

Al mismo tiempo la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad  y el Foro Ciudadano se encuentran evaluando los pasos a seguir ante la crisis que se ha presentado en el seno de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción con la renuncia de Gustavo Montalvo.

Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad
Foro Ciudadano

La Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad, integrada por más de 52 organizaciones de la sociedad civil, tomando en cuenta la tradición de impunidad que han rodeado los casos de corrupción pública y privada en la República Dominicana y la importancia que por el daño causado tienen para el país los casos de fraudes bancarios relacionados con el Baninter, Bancrédito y Mercantil, ha decidido crear un programa de seguimiento permanente y continuo  sobre tales casos.

En reunión celebrada en fecha 17 de agosto de 2005, la CTI aprobó  un plan de dos años, que será ejecutado por una Unidad que será integrada por personal dedicado a tiempo exclusivo, con el apoyo de comisiones integradas por voluntarios que darán soporte en las áreas jurídica, de comunicaciones y económica-social. Para tales fines, durante el mes de septiembre se estará convocando a un concurso público para elegir a la persona que dirigirá el programa antes indicado.

El plan aprobado incluye el seguimiento de cada uno de los procesos judiciales relacionados con los casos ya señalados, el estudio, análisis y discusión pública de los dictámenes de los miembros del ministerio público y de las sentencias dictadas en cualquier etapa del proceso, la redacción de documentos para fines de divulgación pública sobre las consecuencias económicas y sociales que tales casos han generado para el país, el uso de la ley de acceso a la información pública para obtener y divulgar información de estos casos que no ha sido dadas a conocer, identificar y proponer medidas que contribuyan a sancionar a los responsables de estos fraudes, denunciar cualquier situación que pueda poner en peligro la posibilidad de que los responsables de estos fraudes sean debida y ejemplarmente sancionados, entre otras actividades. Las labores de divulgación serán realizadas tanto en el Distrito Nacional como en varias provincias del país.

La CTI entiende que estos casos de fraude bancario, por su importancia y sus efectos negativos a corto, mediano y largo plazo, deben servir como el catalizador que requiere la sociedad dominicana para poner fin a un estado de impunidad que sólo ha contribuido a aumentar los niveles de corrupción, aumentado cada año la deuda social que tanto el sector público como el privado poseen con los más necesitados. Tres casos que en total envuelve una pérdida para el Estado dominicano de más de cien mil millones de pesos, son lo suficientemente relevantes como para cambiar el rumbo de corrupción e impunidad que ha imperado en el país, impidiendo la existencia de una democracia con equidad social y económica para la República Dominicana.

Todas las personas involucradas en este proceso, desde jueces a fiscales, abogados e  imputados, incluyendo la parte civil, serán objeto de un cercano seguimiento, a través de todo un proceso que además pretende reunir toda la información pertinente de estos casos para ser consultada por los interesados, con la finalidad de que jamás caigan en el olvido.