Entre las Instituciones peor posicionadas en el cumplimiento de esta ley se encuentran la Oficina supervisora de Obras del Estado y la Dirección de Embellecimiento de Carreteras.

Participación Ciudadana presentó el “Cuarto Monitoreo a la Aplicación de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública” que revela que el 64 por ciento de las instituciones públicas del país no cumplen con la publicación de sus nominas en violación al artículo III de dicha legislación.

Samir Chami Isa, coordinador general de Participación Ciudadana, informó que otro punto que llama a preocupación es que el 40 por ciento de las Entidades consultadas no tienen Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI), lo que coarta el derecho de la ciudadanía a obtener datos.

Chami Isa informó que para este estudio la Comisión de Transparencia de PC seleccionó a 85 de las principales Instituciones del país, de las cuales solo 52 cuentan con Oficina de Libre Acceso a la Información.

Este estudio realizado en septiembre-octubre del 2009 también presenta un rankin de las instituciones sobre el cumplimiento de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.

Entre las Instituciones peor posicionadas en el cumplimiento de esta ley se encuentran la Oficina Supervisora de Obras del Estado y la Dirección de Embellecimiento de Carreteras que obtuvieron una puntuación de cero por no tener Oficina de Libre Acceso, una persona responsable de dar informaciones, un link de transparencia en su página web y por no dar respuesta a las solicitudes hechas por PC.

Otras que obtuvieron puntuaciones mínimas fueron el Banco de Reservas, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Superintendencia de Seguros, Dirección de Migración, entre otras.

Mientras que las Instituciones Públicas más transparentes y que mejor cumplen con la Ley de Libre Acceso a la Información Pública son la Procuraduría General de la República que obtuvo un 98.5 por ciento, el Instituto Dominicano de Aviación Civil con 97.5, la Oficina Presidencial de Tecnología de Información y Comunicaciones (OPTIC) con un 95.2, la Secretaría de Industria y Comercio que obtuvo un 93.8 y la Dirección General de Contrataciones Públicas que tiene 93.7 por ciento.

El Coordinador General de PC dijo que este estudio también revela que el 94 por ciento de las Instituciones seleccionadas tienen con página web; sin embargo más del 40 por ciento de las mismas no presentan informaciones completas como el organigrama, fax, correo electrónico, auditorias, estados financieros, nóminas, cantidad de empleados, cargos, funciones, salarios, declaración jurada de bienes y otros.

El “Cuarto Monitoreo a la Aplicación de la Ley de Libre Acceso” también determinó que el 48 por ciento de las Instituciones Públicas se han reservado la publicación de su presupuesto general y su ejecución, y solo un 16 por ciento lo han presentado de forma parcial.

El Coordinador General también explicó que en el área municipal la situación se torna peor debido a que el acceso a la información pública es más limitada.

Para la selección de las Instituciones analizadas se tomó en cuenta la relevancia social de las funciones que desempeñan y sus presupuestos.

Este estudio fue realizado por la Comisión de Transparencia de Participación Ciudadana con los auspicios de la USAID.Informe del 4to. Monitoreo a la Aplicación de la Ley General sobre Libre Acceso a la Información Pública (Ley 200-04)

Estudio Internacional refleja la existencia de una corrupción rampante

La organización Transparencia Internacional puso en circulación el Índice de Percepción de la Corrupción a nivel mundial correspondiente al 2009.

Participación Ciudadana como capítulo en el país de Transparencia Internacional informó que la República Dominicana mantiene en el 2009 la misma puntuación que el año pasado, con un índice de 3.0, en escala del 0 al 10, nivel muy bajo que denota la percepción internacional, que nos ve como un país en el que existe una corrupción rampante.

El estudio revela que el país está ubicado en el lugar número 99 entre 180 países del mundo cubiertos por el Índice de Percepción de la Corrupción.

Isidoro Santana, coordinador de la Comisión de Transparencia de PC, informó que la puntuación alcanzada por el país este año es mucho menor que la de varios países del área lo que calificó como preocupante.

Santana explicó que en el documento Transparencia Internacional llama la atención sobre los nefastos efectos que tiene la corrupción para los ciudadanos de diferentes partes del mundo, muy particularmente para los más pobres.

Dentro del área de Las Américas, nuestro país está en el lugar 21 de 31 países cubiertos, lo que muestra que es uno de los percibidos como más corruptos, seguido por Jamaica, Argentina, Bolivia, Guyana, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Haití.

El país de mayor corrupción percibida a nivel mundial es Somalia, pero hay otros 18 países con puntuaciones inferiores a 2, incluyendo dos de nuestra región, que son Venezuela y Haití, según el Análisis Internacional.

El índice de Percepción de la Corrupción 2009 revela que América Latina y el Caribe es una región percibida como de amplia difusión de la corrupción, ya que la puntuación promedio de la región es apenas de 3.8.

Mientras que el país con mayor puntuación asignada este año es Nueva Zelanda con 9.4 por ciento. Las puntuaciones superiores a nueve recaen también en Dinamarca, Singapur y Suecia, como es habitual en muchos años.

Otras de las naciones en las que existe mayor transparencia en el manejo de asuntos públicos son Canadá, Estados Unidos, Barbados, Uruguay, Saint Vicent y Dominica.

El Coordinador del Área de Transparencia de PC denunció que cuando las instituciones básicas son débiles o inexistentes, como ocurre en nuestra sociedad, la corrupción aumenta sin control y el saqueo de los recursos públicos potencia la inseguridad y la impunidad

Participación Ciudadana como capitulo en el país de Transparencia Internacional destacó ¨ que si bien los inversionistas, académicos y expertos de organizaciones internacionales han visto dictarse leyes, e incluso condenas judiciales por algunos casos graves de corrupción, se han visto retrocesos increíbles como el caso de los indultos de la navidad pasada o el fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre el caso de la Sun Land, del cual todavía hoy ni siquiera se ha informado a la ciudadanía quién tiene el dinero de los pagarés que fueron colocados en el mercado internacional de capitales ¨.

Para obtener los datos del IPC 2009 Transparencia Internacional realizó sondeos a expertos de organismos internacionales, inversionistas, instituciones y empresas independientes, así como expertos nacionales consultados de cada país.

El estudio de este año cubre unos 180 países, de los cuales se recabaron informaciones por medio de 13 encuestas diferentes. En el caso de la República Dominicana se obtuvieron datos procedentes de 5 encuestas.

El IPC solo mide percepción, no se trata de cuantificación de hechos reales. La razón es que, como la corrupción tiene lugar por medio de múltiples mecanismos subterráneos, invisibles, resulta muy difícil su medición de manera inequívoca, de modo que las organizaciones preocupadas por el combate a la corrupción tienen que guiarse por la percepción pública.

Un estudio revela que la República Dominicana y Guatemala son los países que tienen el menor índice de credibilidad de transparencia en la elaboración presupuestaria en América Latina. El estudio revela que en comparación al 2007, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú experimentaron un incremento a nivel de transparencia presupuestaria; mientras que México, Guatemala y Venezuela una disminución en su calificación general. Argentina, Brasil, Panamá y la República Dominicana fueron agregados este año.

La Fundación Solidaridad y Participación Ciudadana presentaron el estudio “Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria”, donde fue analizada la transparencia en la elaboración del presupuesto en once países latinoamericanos, y en el cual se incluye a la República Dominicana por primera vez. El estudio revela que en comparación al 2007, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú experimentaron un incremento a nivel de transparencia presupuestaria; mientras que México, Guatemala y Venezuela una disminución en su calificación general. Argentina, Brasil, Panamá y la República Dominicana fueron agregados este año.

La investigación fue realizada por Fundar: Centro de Análisis e Investigación en Temas de Democracia desde el 2001. El estudio revela que en comparación al 2007, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú experimentaron un incremento a nivel de transparencia presupuestaria; mientras que México, Guatemala y Venezuela una disminución en su calificación general. Argentina, Brasil, Panamá y la República Dominicana fueron agregados este año.

Juan Castillo, representante de la Fundación Solidaridad y coordinador general del estudio en el país, expresó que los resultados generales apuntan a la poca transparencia y participación presupuestaria en la región. El estudio revela que en comparación al 2007, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú experimentaron un incremento a nivel de transparencia presupuestaria; mientras que México, Guatemala y Venezuela una disminución en su calificación general. Argentina, Brasil, Panamá y la República Dominicana fueron agregados este año.

Pero también, dijo, evidencian retrocesos y todas las naciones de Latinoamérica, excepto Costa Rica, reciben calificación probatoria menor a 60 puntos, siendo la del país de 38. El estudio revela que en comparación al 2007, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú experimentaron un incremento a nivel de transparencia presupuestaria; mientras que México, Guatemala y Venezuela una disminución en su calificación general. Argentina, Brasil, Panamá y la República Dominicana fueron agregados este año.

La encuesta explica que el proceso presupuestario actual del país está enmarcado en una etapa de transición, debido a que las leyes que conforman el nuevo marco legal de la Hacienda Pública no ha logrado ser implementado, dando lugar a la aplicación de antiguos procedimientos y perpetuando debilidades tradicionales en el ámbito de transparencia presupuestaria. El estudio revela que en comparación al 2007, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú experimentaron un incremento a nivel de transparencia presupuestaria; mientras que México, Guatemala y Venezuela una disminución en su calificación general. Argentina, Brasil, Panamá y la República Dominicana fueron agregados este año.

Las variables mejor evaluadas en el caso del país fueron información sobre criterios macroeconómicos, la Ley de Acceso a la Información y cambios en el presupuesto. El estudio revela que en comparación al 2007, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú experimentaron un incremento a nivel de transparencia presupuestaria; mientras que México, Guatemala y Venezuela una disminución en su calificación general. Argentina, Brasil, Panamá y la República Dominicana fueron agregados este año.

La conclusión del estudio señala que esto es un indicativo de que aún falta voluntad política que acompañe los cambios legales necesarios para mantener los niveles conseguidos, y para crear nuevos mecanismos que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas. El estudio revela que en comparación al 2007, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú experimentaron un incremento a nivel de transparencia presupuestaria; mientras que México, Guatemala y Venezuela una disminución en su calificación general. Argentina, Brasil, Panamá y la República Dominicana fueron agregados este año.

Resultados generales

El estudio revela que en comparación al 2007, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú experimentaron un incremento a nivel de transparencia presupuestaria; mientras que México, Guatemala y Venezuela una disminución en su calificación general. Argentina, Brasil, Panamá y la República Dominicana fueron agregados este año.

Participación Ciudadana y Finjus califican como grave y lamentable que muchas Instituciones del Estado todavía no cumplan con la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información, a pesar de los múltiples requerimientos de la Ciudadanía.

Isidoro Santana, coordinador de la Comisión de Transparencia de PC dijo que esta situación es injustificable, debido a que hace más de cuatro años que se aprobó dicha legislación y esto refleja falta de transparencia.

“Varios legisladores actuales han manifestado su intención de mutilar la Ley de Libre Acceso, mientras que algunos funcionarios se han rehusado a cumplirla, lo que es verdaderamente preocupante”, según Santana.

Ante esta realidad, Participación Ciudadana y Finjus, en coordinación con la Asociación Nacional de Jovenes Empresarios, Colegio Dominicano de Periodistas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Liga Dominicana de Agencias Publicitarias, el Foro Ciudadano y otras organizaciones anunciaron el lanzamiento de la “Campaña sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública”con el lema “No Permitamos que cambien la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública”.

A traves de esta campaña las Organizaciones de la Sociedad Civil pretenden promover el derecho de acceso a la información pública, motivar su uso, empoderar a la ciudadanía para que la aplique y alertar ante la amenaza de modificación de dicha ley.

Carlos Villaverde, director de proyectos de la Finjus, informó que el proyecto publicitario será colocado a nivel nacional en medios escritos, radiales, televisivos y digitales.

En tanto que Lorenzo González, director ejecutivo de la Liga Dominicana de Agencias Publicitarias (LIDAP) indicó que aunque la promoción se llevará a cabo a nivel nacional, las organizaciones harán mucho énfasis en el Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo.

Isidoro Santana destacó que las instituciones que apoyan la campaña se motivaron ante las amenazas de cercenar o limitar una legislación que propicia la transparencia en el uso de los recursos públicos.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil anunciaron que se mantendrán firmes y vigilantes en promover la transparencia pública y hacer que se cumplan las leyes, ya que toda la población tiene derecho a saber como se gastan los recursos del pueblo.

La campaña publicitaria se lleva a cabo en el marco del Programa Acción Ciudadana por la Justicia y la Transparencia y cuenta con los auspicios de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Nota: PC está culminando un estudio que revela la cantidad y nombres de instituciones públicas que no cumplen con la Ley de Libre Acceso, el mismo se dará a conocer en los próximos días.2009-11-

Reclaman se cumpla con la ley sobre inversión del 4 % del PIB.

El Foro por la Educación y Participación Ciudadana recordó al Gobierno central y al Congreso que el presupuesto para esa área deberá ser incrementado para 2010 en 0.5% del Producto Bruto Interno, en comparación con el vigente, lo que implica adicionar RD$11,400 millones, más los RD$2,109 recortados en el Presupuesto de 2009.

En rueda de prensa celebrada ayer en el local de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) ambas entidades informaron que el objetivo es alcanzar una asignación de RD$44,800 millones para el próximo año y advirtió sobre las consecuencias que tendría para el desarrollo de la nación una asignación menor.

En un comunicado leído por Francisco Cueto Villamán, director de Flacso, el Foro Educativo sostuvo que la educación es un derecho humano y que es deber del Estado garantizarla a través de una inversión acorde con las necesidades, los rezagos educativos y los estándares internacionales.

Recuerdan que llevan 12 años esperando alcanzar el cuatro por ciento del PIB para la educación Inicial, Básica y Media de niños, niñas, jóvenes y adultos.

Señalaron que el 4 por ciento del PIB dirigido a la educación no es un número mágico y que cuando en 1997 se estableció esa meta de financiamiento mínimo para la educación pre-universitaria, la región destinaba precisamente ese porcentaje del PIB.

“Hoy día, el país no ha logrado alcanzar ese promedio y ya la región destina en promedio 5% del PIB al sector educación”, dice.

El comunicado está suscrito por Participación Ciudadana, Educa, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Fe y Alegría, la Flacso, Intec, el Centro Cultural Poveda, el Foro Ciudadano, el Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo, Fundación Tecnológica.

Señalaron que a estas alturas no se han cumplido las demandas de la sociedad plasmadas en el Plan Decenal de Educación 2008-2018 como esfuerzo consensuado por todos los actores sociales y asumido oficialmente por el Gobierno en el 2008, así como en la recién celebrada Cumbre por la Unidad Nacional para enfrentar la crisis mundial, Advirtieron que no habrá salida a la pobreza sin inversión en educación.

Metas no cumplidas por el Gobierno

El Plan Decenal estableció metas viables para alcanzar el 4% al año 2012. Para 2009 fue establecida en 2.67% del PIB, garantizando un aumento anual de 0.48% del PIB hasta alcanzar el 4% del PIB, meta de la cual el país se aleja años tras año.

El presupuesto en educación fue recortado de RD$33,359 millones a RD$31,249 millones para todo el año 2009. Ello ha llevado a la secretaría de Educación al acumulamiento de atrasos, que implicará que parte del presupuesto del año 2010 sea tomado para pagarlos.

En reconocimiento de la caída de los ingresos fiscales en el contexto de la crisis financiera internacional, el país se ha visto obligado a reajustar el gasto público hacia la baja. Este reajuste no ha tomado en cuenta la necesitad de blindar la inversión social, en particular la inversión en educación.

Escollos

El gasto público tiene múltiples programas de bajo impacto social y existen muchas duplicidades en ámbitos como la asistencia social, lo que se traduce en espacio para privilegiar el aumento de la inversión social prioritaria como la dirigida a la educación.

El presente contexto representa una oportunidad para que la secretaría de Educación ataque las ineficiencias internas, reasignando recursos hacia las actividades de más impacto educativo y promoviendo la participación de los municipios, las organizaciones comunitarias, el sector privado y padres en la búsqueda de mejores resultados.

Participación Ciudadana aboga por mayor apoyo a CCJ; con trabajo ahorran millones al Esta

Alrededor de 22 mil personas han recibido servicios legales y de educación ciudadana en Herrera, Santo Domingo Oeste, y Cienfuegos de Santiago, a través de las Casas Comunitarias de Justicia (CCJ) que auspicia Participación Ciudadana, con la colaboración de universidades y otras instituciones desde hace tres años.

De enero de 2006 a octubre de 2009, las Casas Comunitarias de Justicia (CCJ) ofrecieron servicios de diferentes aspectos a 21,949 personas con muy escasos o ningún tipo de recurso, que de lo contrario se hubieran convertido en conflictos de magnitudes impredecibles. Se incluyen 2,198 que fueron favorecidos con cursos de capacitación mediante talleres.

Sólo en Cienfuegos, los facilitadores de la CCJ atendieron a 11,531 personas, 5,820 mujeres y 5,711 hombres; en tanto que 7,432 ciudadanos se dieron cita en la CCJ de Herrera, de los que 4,297 fueron mujeres y 3,135 hombres.

Per solamente de septiembre de 2008 a septiembre de 2009 unas 11,937 personas participaron de los servicios judiciales y labores educativas de estas nuevas instancias.

Por otro lado, el 54.6% de quienes tuvieron acceso a los servicios fueron mujeres y 45.4% hombres, mientras que 763 representantes de organizaciones comunitarias fueron capacitados en torno al conocimiento y dominio de sus deberes y derechos fundamentales, así como de las leyes y herramientas que facilitan su acceso a justicia.

Los usuarios recibieron servicios de orientación e información legal popular, fiscalía, psicología, mediación, conciliación, asuntos municipales, de familia, juventud y de capacitación.

La capacitación se desarrolló en forma de cursos en más de 30 talleres con contenidos en materia de acceso ciudadano a la justicia, municipalidad y presupuesto participativo y Ley de Libre Acceso a la Información Pública

De los cursos ofrecidos, la Fiscalía ocupó el 34.16 por ciento, Mediación el 51.7 por ciento, Orientación Popular el 9.67 por ciento y Psicología el 5.10 por ciento. Aclara que la CCJ de Cienfuegos no presta servicio psicológico

Mayores conflictos

Entre los conflictos de mayor presencia en los trabajos de las CCJ se destacan el robo simple, inquilinato, estafa, deudas, trabajos pagados no realizados, trabajos realizados no pagados, amenazas, daño a la propiedad privada, golpes y heridas, riñas, abuso de confianza y partición de bienes.

Asimismo, conflictos entre padres e hijos, conflictos de pareja, manutención alimentaria, guarda de hijos menores, regulación de visitas, protección a niños, niñas y adolescentes, linderos, conflictos por construcción, protección de áreas públicas, convivencia comunitarias y, además, violencia intrafamiliar.

Ruth Henríquez y Petronila Rosario, directora y mediadora, en la CCJ de Herrera, resaltan como uno de los mayores logros haber contribuido a restablecer los lazos entre familias, vecinos y relacionados, evitando la violencia

Cuando los conflictos no tuvieron solución en las CCJ fueron derivados a fiscalías especializadas, departamentos de Violencia de Género, Defensoría Pública, Departamento de Familia y Menores, hospitales de Salud Pública y al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones.

Destacaron, además, el reconocimiento de las comunidades donde funcionan los centros por los servicios que prestan.

Señalan que el trabajo se hace en colaboración de las organizaciones comunitarias de cada lugar en el que funcionan las CCJ, que son las que conocen los casos y canalizan los conflictos. Normalmente se trata de las juntas de vecinos y entidades de amas de casa.

Reclama apoyo Estado y sector privado

José Ceballos, encargado de Justicia y Derechos Ciudadanos de Participación Ciudadana, define como trascendental el trabajo que se realiza en las CCJ, pero dice que necesitan respaldo económico de instituciones públicas y privadas para seguir desarrollándolas en otros lugares conflictivos de Santo Domingo. Lamenta que todavía en la zona Norte del Distrito Nacional no existe un CCJ, a pesar de que esa parte es la más vulnerable, lo mismo que en Santo Domingo Norte y Este.

Entre los ejes fundamentales en que se basa el proyecto citó la operación con una cultura de paz, que tiene la finalidad de reducir la violencia barrial y familiar; acercar a la gente a los servicios de justicia, ya que, como se sabe, los procesos judiciales son caros y de difícil acceso; y la creación de conciencia y esperanza en nuevos mecanismos para resolver los conflictos.

La Universidad Iberoamericana (UNIBE) y Participación Ciudadana firmaron un convenio en el que ambas entidades se comprometen a impulsar de manera conjunta la realización de cursos de grado, diplomados conferencias, seminarios y tertulias promotoras de la discusión de temas judiciales y de transparencia que demanden del tratamiento académico y la reflexión de la sociedad dominicana.

La firma se produce en el marco del lanzamiento del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), bajo los auspicios de Transparencia Internacional (TI), dentro del cual, los estudiantes de UNIBE tendrán la oportunidad de realizar pasantías y colaborar en actividades que vayan en procura de fomentar el combate de la corrupción.

Asimismo Participación Ciudadana asume el compromiso de capacitar y especializar al personal universitario que se asigne al proyecto, en materia de la legislación que atañe a la corrupción, el recurso de amparo, la ley de acceso a la información pública y lo relacionado con el funcionamiento técnico del ALAC.

El documento fue firmado por el rector de UNIBE, doctor Julio Amado Castaños Guzmán, y el Coordinador general de Participación Ciudadana, Dr. Samir Rafael Chami Isa en el Salón Peña Batlle de la academia universitaria.

A la firma del convenio asisto por parte de Participación Ciudadana, Lucía Collado, Asistente operativa de asistencia legal anticorrupción. Tanto Chami Isa como Collado son egresados de la Escuela de Derecho de la Universidad Iberoamericana y expresaron sentirse orgullosos y regocijados al ver el crecimiento de su alma máter y el liderazgo e impacto de sus estudiantes y egresados en la sociedad.

Asimismo, agradecieron a la Escuela de Comunicación Publicitaria de UNIBE, ya que el logo que representará el ALAC fue diseñado por Mariela Medina Burgos, estudiante de ésta escuela.

Por parte de UNIBE estuvieron presentes la vicerrectora académica, doctora Odile Camilo, el decano y coordinadora de la Escuela de Derecho, Doctor José Perez Gomez y Doctora Sagrario Feliz y la Directora de Relaciones Interinstitucionales, Loraine Amell.

Tanto Castaños Guzmán como Chami Isa mostraron satisfacción con la firma del acuerdo de colaboración y entienden fundamental involucrar e incentivar la toma de conciencia en los jóvenes sobre los procesos importantes que se llevan a cabo en el país y con temas tan fundamentales y críticos como el fomento de la ética y la lucha contra la corrupción.

El tribunal contencioso y administrativo aplazó juicio contra PRD para 11 de noviembre

Los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD) se mostraron ayer en disposición de aplicar la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.

José Tomás Pérez, propulsor de la Ley 200-04 cuando fue senador, dijo que en el PLD las cuentas siempre han estado claras. Recordó que durante su ejercicio como secretario general de la organización los libros estaban abiertos.

Aseguró que la entidad está preparada para que cualquier ciudadano que quiera investigar sus arcas pueda hacerlo.

No obstante, Pérez favoreció que partidos como el PLD y el PRD, con estructuras amplias y grandes, tengan un estamento que le dé seguimiento a la aplicación de la ley 200-04.

Asimismo, el secretario de Comunicaciones del PLD, Héctor Olivo, destacó que la entidad dispone de una secretaría de Finanzas, que se sustenta en un departamento de contabilidad y de auditoría que mantiene estrictos controles sobre todos sus gastos

Dijo que los ingresos y gastos en el PLD siguen desde su fundación una rigurosa normativa de controles internos.

De su lado, Salín Ibarra, director legal del PRD, favoreció que ese partido desde la oposición cumpla con la ley 200-04 para tener calidad para exigir transparencia, pero también para actuar de esa manera desde un futuro gobierno.

Los 23 partidos políticos violan actualmente la ley de Libre Acceso a la Información Pública. La norma obliga a ofrecer informaciones sobre sus actos.

Los protagonistas

José Tomás Pérez

Ex senador PLD, Promotor Ley 200-04

Recuerda que la ley 200-04, aprobada y promulgada en 2004, obliga a todas las entidades privadas que reciben recursos del Estado a rendir cuentas y a tener los libros abiertos, más aún los partidos políticos que obtienen altas sumas de dinero.

En el PLD no hay problemas. Está dispuesto a dar informes sobre los recursos que se soliciten”.

Salím Ibarra

Director asuntos legales del PRD

El PRD comenzó a defenderse en los tribunales por un recurso de Amparo interpuesto por el ciudadano Allan Tiburcio porque se le negó informaciones sobre el uso de los fondos públicos. El juicio fue remitido para el 11 de noviembre próximo

Favorezco que el PRD desde la oposición rinda cuentas para que haga lo mismo en el gobierno”.

Javier Cabreja

Director de participación ciudadana

Esa entidad a principio de año solicitó informaciones a los partidos políticos mediante la ley, las cuales fueron nulas. Solamente respondieron los partidos más pequeños. PC observa poca voluntad y disposición de cumplir con la ley 200-04.

Los partidos deben informar sobre el financiamiento privado que es mayor que el público”.

Servio Tulio C.

Vicepresidente de la FINJUS

Señala como debilidad de la ley 200-04 que no se ha aprobado la ley de partidos que la fortalecería. Resalta que el proyecto en el Congreso crea las condiciones y regulaciones necesarias para que los partidos rindan cuentas.

A los partidos hay que someterlo al orden. Se debe crear un sistema de consecuencias”.

Tan pronto sea proclamada la Constitución, decenas de leyes estarán en contradicción con el nuevo ordenamiento jurídico

La Reforma Constitucional tendrá que dar paso a otra tarea colosal: actualizar decenas de leyes que entrarán en contradicción con la flamante Carta Magna.

Entre las legislaciones que chocan con las nuevas normas constitucionales están la Ley Electoral, la que instituye el Defensor del Pueblo, la de Medio Ambiente, la de Migración y la de Presupuesto. En el ámbito electoral está adaptar la matrícula de jueces de la JCE a cinco miembros y la creación de un Tribunal Superior Electoral.

El Congreso tendrá que abocarse en lo inmediato a reformar decenas de leyes que se convertirán en inconstitucionales en el mismo instante en que la Asamblea Revisora proclame la nueva Constitución.

Entre las leyes que entrarían en contradicción con la nueva Ley Fundamental figuran la Ley Electoral, la que instituye el Defensor del Pueblo, la de Medio Ambiente, la de Migración y la de Presupuesto.

La Carta actual la componen 120 artículos y la nueva tendrá 282, que abarcan gran parte de las leyes vigentes, que deberán ser adaptadas a través de un proceso a que se abocará el Congreso.

La Ley Electoral deberá acoger las disposiciones de la nueva ley de leyes en esa materia, a saber, la reducción a cinco del número de miembros de la Junta Central Electoral (JCE) y lo relativo a la creación del Tribunal Superior Electoral.

Asimismo, el aumento de la matrícula de la Cámara de Diputados de 178 a 190 miembros, para incluir la elección de diputados nacionales, reforma orientada a favorecer a las organizaciones políticas minoritarias,y la celebración de comicios para escoger a los representantes de los dominicanos en el exterior.

La ley que crea el Defensor del Pueblo también deberá ser adaptada a las disposiciones de la nueva Constitución, que varía lo relativo a su escogencia y funciones.

A través de la reforma constitucional se redujo el número de adjuntos del Defensor del Pueblo, así como la mayoría necesaria en la Cámara de Diputados para proponer al Senado su designación.

Con respecto al medio ambiente y a los recursos naturales, la Asamblea Revisora aprobó diferentes disposiciones encaminadas a proteger ese patrimonio.

Se recuerda lo relativo al uso de las playas y balnearios, lo que generó protestas por parte de quienes entendían que la medida prohibía el acceso del público a esos lugares de diversión.

Deberán adaptarse a la nueva Constitución todas las leyes orgánicas de las secretarías de Estado, que ahora serán ministerios.

Las claves

1. Migración

La Ley de Migración deberá adaptarse a lo aprobado respecto a los dispositivos de la nacionalidad en base a los principios del jus solis y el jus sanguini.

2. Presupuesto

La Ley Orgánica de Presupuesto deberá acoger lo relativo al plazo que la nueva ley de leyes otorga al Poder Ejecutivo para someter la pieza al Congreso e incluso el propio nombre de la ley, que ahora se denominará Ley de Presupuesto General del Estado.

3. Justicia

También deberán adaptarse a la nueva Carta Magna la Ley de Organización Judicial, número 821-27, y la de Carrera Judicial y su reglamento de aplicación, que lleva el número 327-98.

El Movimiento Cívico Participación Ciudadana denunció que la nueva constitución está plagada violaciones a los derechos ciudadanos violentando acuerdos internacionales.

Previo al inicio de una Asamblea en contra el Retroceso Constitucional, Javier Cabreja, director ejecutivo de Participación Ciudadana, dijo que entre los puntos aprobados que violan los derechos ciudadanos se encuentran el limite al libre acceso a las playas; la aprobación del artículo 38, antiguo 30, sobre la interrupción del embarazo; la eliminación del derecho de la ciudadanía de elevar recursos de inconstitucionalidad; el no reconocimiento a la nacionalidad de hijos de extranjeros que no han regularizado su situación en el país; otorgar al Poder Ejecutivo la facultad de nombrar a los fiscales y mas del 50 por ciento de los fiscales adjuntos ya que esto crearía mayor dependencia del Poder Judicial del Gobierno.

“Esta situación refleja a toda luz que esta Nueva Constitución es ilegitima”, expresó Cabreja.

Mientras que Luis Gómez, investigador, profesor universitario y experto en el área constitucional dijo que la reforma a la Carta Magna ha tenido sus luces y sombras. Gómez señaló que una de las acciones que provocó mayor insatisfacción en la población es que los legisladores que participaron en la Asamblea Revisora solo aprobaron los artículos pactados entre dos de las principales fuerzas políticas del país, ignorando las consultas populares y el interés colectivo.

Por esta razón Participación Ciudadana en coordinación con otras organizaciones ha realizado varias Asambleas en Contra del Retroceso Constitucional que se han llevado a cabo en Higuey, Barahona, San Francisco de Macorís y Santiago.

La Asamblea de Santiago se realizó este miércoles 28 de octubre en el Ateneo Amante de la Luz, con el objetivo de concienciar a los ciudadanos sobre los aspectos positivos y negativos de la Reforma, y sus repercusiones en la población.

El evento contó con la asistencia de cientos de personas, incluyendo periodistas, abogados, religiosos, amas de casa, organizaciones civiles, grupos juveniles, asociaciones de mujeres y juntas de vecinos.

Entre las organizaciones que apoyaron el evento se encuentran el Foro Social Alternativo, la Coordinadora de Mujeres del Cibao y la Coordinadora de juntas de vecinos zona sur de Santiago, entre otras.

Durante la rueda de prensa, Cabreja también destacó algunos aspectos positivos de la nueva Carta Magna como son la aprobación de mecanismos de participación directa como el referéndum y la iniciativa legislativa popular, la inclusión en la Carta Magna del estatuto de la función pública, que el defensor del pueblo tenga rango constitucional y que la terna de la Cámara de Cuentas sea elegida por la Cámara de Diputados.

La Asamblea Nacional contra el Retroceso Constitucional que se llevó a cabo en horas de la tarde en Santiago y estuvo encabezada por Javier Cabreja, director ejecutivo de Participación Ciudadana, el profesor Luis Gómez, experto constitucional y otros. La misma se realiza en momentos en una comisión de la Asamblea Nacional realiza las ultimas revisiones a la nueva carta magna.