El Movimiento Cívico asegura que la carencia de sanciones ejemplarizadoras restaría autoridad a la pieza.
Participación Ciudadana califica como positiva la iniciativa de la Junta Central Electoral de someter al Congreso Nacional un proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas y el contenido del mismo; sin embargo denuncian que el régimen de sanciones es muy benigno lo que sería muy perjudicial para el sistema de Partidos.
Samir Chami Isa, coordinador General de PC, indicó que la aprobación de dicha Ley es obligatoria porque esta contenida en la Constitución de la República.
Chami Isa habló durante el panel “Constitución 2010: principales retos de la reforma electoral” que estuvo encabezado por Francisco Álvarez, miembro del Consejo Nacional y de la Comisión de Análisis Político de PC; la diputada Minou Tavarez Mirabal y el Dr. Mariano Rodríguez, ex Juez titular de la Junta Central Electoral.
El Coordinador General de PC explicó la iniciativa depositada por la JCE es valiosa y en sentido general se trata de un proyecto positivo, aunque con algunos aspectos que deben ser mejorados.
“Su contenido abarca el objeto de la ley y definiciones; propósitos, principios y funciones; formación de los partidos y agrupaciones políticas; derechos y deberes de los partidos y agrupaciones políticas; normas estatutarias; derechos y deberes de los miembros; educación política, precampañas, patrimonio y financiamiento de los partidos, supervisión del fondo de financiamiento, pérdida de la personalidad jurídica y extinción de la personería y penalidades, cuyos aspectos son muy importante” según Chami Isa.
ASPECTOS NEGATIVOS
Mientras que Francisco Álvarez, miembro del Consejo Nacional y de la Comisión de Análisis Político de PC indicó que el proyecto de Ley de Partidos que cursa en el Congreso
tiene más aspectos positivos que negativos.
Álvarez explicó uno de los principales aspectos negativos que tiene que ser modificado es el régimen de sanciones, que resulta ser muy benigno, y señaló varios casos a título de ejemplos.
“El primer caso es el fraude electoral que se sanciona con la inhabilitación por un período, cuando debería ser con pena privativa de libertad de por lo menos tres a diez años e inhabilitación perpetua, pues este es el más grave de los delitos electorales en que se puede incurrir” destacó el Jurista.
Señaló que en caso de financiamiento ilegal la sanción sería una multa equivalente al doble de la contribución ilícitamente recibida. La sanción debería ser mucho mayor e incluir inhabilitación para ser candidato por lo menos en los siguientes cuatro períodos.
Asimismo dijo que la desviación de los fondos públicos aportados a los partidos, para otros fines distintos a los consignados en la ley, se sanciona con la pena establecida en el artículo 408 del código penal. Pero ocurre que este artículo establece dos tipos diferentes de penas, de uno a dos años y de tres a diez años, por lo que debería señalarse que la sanción sería la de tres a diez años, pues se trata de dinero público distraído, y además agregar la inhabilitación perpetua para presentarse como candidato.
Francisco Álvarez informó que otros caso muy frecuente son los obstáculos que pueda realizar un partido para impedir que las autoridades competentes, la sociedad o los miembros de los partidos puedan obtener la información sobre la situación real del partido, se sanciona con multa de de 50 a 100 salarios mínimos del sector público, lo que representa más un incentivo al obstáculo. Debe fijarse una penalidad económica que disuada este tipo de práctica y además implique sanciones para los responsables personales.
Álvarez explicó que un quinto caso es el uso del clientelismo, del engaño, la violencia, la coacción, la desinformación, los sobornos, para obtener votos, para restar votos o provocar abstención, se castiga apenas con multa de cien a doscientos salarios mínimos del sector público, lo que resulta totalmente ineficaz. Este tipo de conducta debe implicar sanciones penales e inhabilitación perpetua para ser candidatos.
ASPECTOS POSITIVOS LEY DE PARTIDOS
Francisco Álvarez, miembro del Consejo Nacional y de la Comisión de Análisis Político de PC destacó varios puntos positivos del proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas depositados por la JCE en el Congreso.
Francisco Álvarez destacó el establecimiento de un conjunto de principios y valores que deberán predominar en el régimen de los partidos políticos, entre los que se incluyen los principios democráticos, la libertad, la justicia, la solidaridad, el pluripartidismo, diversidad ideológica, acatamiento de la voluntad de las mayorías, la equidad, la transparencia, la alternabilidad, respeto al derecho de las minorías.
Otro punto positivo, según Álvarez, es el control por parte de la Junta Central Electoral de los miembros de los partidos, lo que le permitirá aplicar la disposición del proyecto que impide que una persona sea miembro de más de un partido. De esta manera los partidos estarán obligados a entregar a la Junta el listado maestro de sus miembros, y mantenerlo actualizado anualmente. De igual forma, deberá entregarse a la Junta Central Electoral y mantenerse actualizado los datos de las personas que integren los organismos de dirección de los partidos y agrupaciones políticas.
Asimismo la obligación de la Junta Central Electoral de supervisar los eventos internos de los partidos.
“Otro aspecto que valoramos es la obligación de asegurar el uso equitativo de los medios de comunicación en las campañas y pre campañas, evitando cualquier discriminación”, según el miembro de PC.
Destacó la propuesta de asegurar el cumplimiento de la cuota femenina del 33%, no sólo en las candidaturas a posiciones electivas, sino también en los organismos nacionales de dirección de los partidos, con la identificación del mecanismo que garantizará la cuota.
Asimismo valoró el punto de reducir la cantidad de candidaturas que los órganos de los partidos se pueden reservar a un 20%, estableciendo que los acuerdos para estos fines deben establecerse antes de la pre campaña, para poder excluir estas candidaturas de las primarias. No hay dudas de que este porcentaje sigue siendo alto y debería reducirse aún más.
PC también apoyó la iniciativa de fijar un límite de tiempo a la pre campaña, que deberá iniciar un año antes de las elecciones y terminar siete meses antes, por lo que lo reduce a un máximo de cinco meses. Este tiempo aún es muy largo y debería reducirse a tres meses, que es el mismo tiempo que la ley actual establece para la campaña electoral. Lo importante es obviamente el cumplimiento de la norma.
Un octavo aspecto que destacaron es el que indica que los partidos deben rendir cuentas a sus miembros, pero además abrir sus informaciones a toda la ciudadanía. Esto es lógico, pues reciben fondos públicos.
El Movimiento Cívico favorece además la forma en que se plantea el Control del uso de los fondos públicos por parte de los partidos políticos y sanción en caso de uso inadecuado.
Valoraron el artículo que habla que para ganar votos, hacer perder votos al contrario o provocar abstención se prohíbe la violencia, amenazas, coacciones, engaños, desinformación, sobornos, dadivas y el uso de bienes y servicios públicos. Esto es aplicable tanto a las precampañas como a las campañas electorales. Asimismo el que e prohíbe y sanciona despojar a un precandidato ganador de su candidatura y el que prohíbe las campañas negativas y los métodos y expresiones que denigren la condición humana y la dignidad.
La Comisión de Análisis Político de PC también apoya la prohibición de que un partido recién aprobado pueda ir aliado a sus primeras elecciones, lo que permitirá probar su real apoyo en la población.
Asimismo el que plantea que los organismos internos de los partidos deberán renovarse por lo menos cada cuatro años; y el que prohíbe la cooptación no autorizada por la ley.
“El décimo sexto artículo que apoyamos es el que establece el voto secreto como el mecanismo para la selección de las autoridades y los candidatos, con lo que quedarían suprimidos métodos no democráticos como las aclamaciones y otros” informó Francisco Álvarez.
El Jurista dijo que la Comisión de Análisis Político de PC apoya además ocho puntos adicionales de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, entre los que se encuentran la Ley Prohibición de utilizar los bienes y servicios públicos en las campañas y pre campañas, con la única excepción de los fondos públicos que se le otorgan a cada partido en virtud de la ley, y sanción en caso de violación. Además, se pretende prohibir el uso de las inauguraciones de obras públicas durante los seis meses previos a las elecciones, pero el texto debe ser mejorado pues ha quedado muy ambiguo.
Prohibición de imponer cuotas a empleados públicos o privados, aún cuando se alegue que se trata de aportes voluntarios. Asimismo el artículo que prohíbe compartir la posición ganada, distribuyendo el período entre dos o más personas; y el que establece que nadie podrá ser sancionado o expulsado sin cumplir con el debido proceso, que incluye el derecho a ser escuchado.
Otros puntos de la Ley Electoral valorados por Participación Ciudadana son los que enfatizan la obligación de los partidos a trabajar la educación política de sus miembros, por lo que se destina el 25% de los fondos públicos aportados en años no electorales a estos fines; el que plantea un orden en las litas de de elegibles en las boletas electorales se realizará de acuerdo al número de votos obtenidos en las primarias. Incluso, los elegidos en las primarias y los candidatos que hayan sido reservados por las cúpulas, deberán figurar en las boletas en condiciones de igualdad. Sin embargo, no se establece un mecanismo para explicar cómo se haría.
PC apoya el artículo que establece regulaciones a las pre campañas para prohibir las campañas al aire libre, limitar el proselitismo a lo interno de los partidos, pero permitiendo la participación en los medios. Prohíbe el daño al medio ambiente.
Francisco Álvarez habló luego de participar como panel “Constitución 2010: principales retos de la reforma electoral” que se llevó a cabo en el salón La Rosa del Hotel Melía. En el mismo también participaron la Diputada Minou Tavarez Mirabal y el Dr. Mariano Rodríguez, ex Juez Titular de la Junta Central Electoral.
