Ante la decisión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de proponer una nueva reforma a la Constitución de la República para que el presidente Danilo Medina pueda optar por la reelección, Participación Ciudadana desea expresar su oposición, coherente con lo que hemos sustentado desde nuestra fundación hace 22 años.

1.- Como hay muchas personas de corta memoria comenzamos por recordar que en 1994 favorecimos la prohibición de la reelección consecutiva, por considerarla necesaria por algunas décadas para el fortalecimiento institucional dominicano. También estuvimos entre las entidades de la sociedad civil más opuestas al restablecimiento de la reelección consecutiva que realizó la Asamblea Nacional en el 2002, entonces bajo dominio del Partido Revolucionario Dominicano, para beneficiar al presidente Hipólito Mejía. Así mismo fuimos de los organizadores de una vigilia nocturna al Congreso Nacional, y asistimos en actitud de rechazo a la sesión donde se aprobó la reforma. Nuestro fundamento quedó de manifiesto en un folleto del que distribuimos diez mil ejemplares, bajo el título "En la Historia Dominicana la Reelección ha sido Antidemocrática"

2.- Nos inscribimos también críticos consistentes del proceso que culminó en la Constitución auspiciada por el presidente Leonel Fernández y promulgada en el 2010, que desconoció el viejo compromiso de una Asamblea Constituyente de elección popular. Entonces también nos opusimos a la actual formulación de reelección indefinida con un período de intervalo, por entender que estaba hecha a la medida para que ese mandatario pudiera evadir la limitación de dos períodos de gobierno y nunca más establecida en el 2002.

3.- La reforma que ahora se propone es la reiteración histórica de que la Constitución de la República es un papel que se arruga cada vez que un gobernante alcanza los finales de su período de gobierno para que pueda prolongarse en el poder, siempre a costa de vulnerar la institucionalidad democrática, dentro de sus propios partidos y luego con el abuso de los poderes del Estado, siempre aduciendo la necesidad de continuar y/o concluir su obra de gobierno. La aprobación de 23 personas en un órgano ejecutivo del partido gobernante no puede sustituir un precepto constitucional tan importante para la institucionalidad democrática. El primer costo institucional es que el Comité Político peledeísta ha ignorado que  "la dirección e instancia superior del Partido después del Congreso Nacional", es su Comité Central, según establece los artículos 13  y 17 de los Estatutos del PLD. El segundo costo institucional, también histórico, será el tráfico de influencias y compra de conciencias para conseguir la mayoría calificada de dos terceras partes de los votos de la Asamblea Nacional, de la que no disponen los propiciadores del proyecto. Y un tercer costo pudiera ser el fraccionamiento del propio partido.

4.- Treinta y ocho reformas constitucionales, en 171 años de la República, equivale a una cada 4.5 años. De ellas 32 han sido para propiciar la reelección o para, ampliar el poder o los años del mandatario de turno. Y la próxima sería la cuarta en apenas dos décadas. En el Siglo XXI, andamos en el eje circular de todo el Siglo XIX y comienzo del XX.

5.- Somos, conjuntamente con Haití, los dos países con más reformas constitucionales en el mundo, lo que es indicativo de la extrema debilidad institucional de nuestra democracia. Otra  reforma  constitucional para propiciar la  reelección, en nada contribuiría al desarrollo democrático y  lo que genera es  la personalización del Estado, más allá de  la esencia  de la democracia, donde el poder  debe  radicar  en sus instituciones.

6.- Como movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana pretende coadyuvar al logro de una firme institucionalidad democrática que auspicie el desarrollo social, justo y equilibrado de la nación dominicana. Nuestra  Declaración  de Principios, plantea el rechazo del ”legado autocrático que permea  las  estructuras  del Estado y de la propia sociedad civil, y que menoscaba  el despliegue  de las potencialidades del conjunto social dominicano al concentrar y personalizar  el poder en desmedro  de la institucionalidad  democrática”.

7.- Es en ese marco programático que no podemos estar de acuerdo con una nueva reforma constitucional, para auspiciar la reelección de un gobernante, más aún cuando la actual Constitución tiene apenas 5 años y 2 meses y todavía no hemos podido adecuar a la misma un amplio paquete de leyes, así como desarrollar las que la propia carta magna exige, incluyendo la de partidos políticos y la del régimen electoral.

8.- Independientemente de la percepción favorable del presidente Danilo Medina en las encuestas, la sociedad dominicana no se merece otra reforma constitucional en beneficio de los intereses políticos de turno. El ejercicio  de una ética política, llama a no incrementar tensiones que  desvían los esfuerzos  necesarios para encaminar el país  hacia las reformas  estructurales que coadyuven   a una mejor  distribución  de la riqueza,  al combate firme contra la pobreza y a asumir a plenitud la Estrategia Nacional  de Desarrollo, que  contiene cambios que ya  debieron producirse.

9.- Por todas esas razones Participación Ciudadana apela al presidente Danilo Medina para que haga lo que nunca se ha hecho en la historia nacional y desestime la propuesta de reforma constitucional, con lo cual daría un ejemplo de coherencia con criterios que sostuvo anteriormente, incluso al inicio de su gestión gubernativa.

10.- El presidente Danilo Medina haría un gran servicio al fortalecimiento de la institucionalidad democrática si el fuerte liderazgo que ha obtenido en su partido y la amplia aprobación de la ciudadanía la concentra para impulsar las reformas políticas que requiere la nación, como son: La ley orgánica del régimen electoral y la ley de partidos que garanticen una competencia electoral equitativa y plenamente democrática en los comicios del 2016.

Participación Ciudadana visita la Suprema Corte de Justicia y entrega la publicación popular de la acusación de Corrupción contra el Senador y Secretario de Organizaciones del Partido de la Liberación Dominicana el Sr. Félix Bautista.

La publicación que Participación Ciudadana entrega en el día de hoy a los jueces de la Suprema Corte de Justicia está un formato sencillo, en la modalidad de preguntas y respuestas sencillas para ayudar al entendimiento del expediente acusatorio presentado por el Ministerio Público y algunos antecedentes del imputado principal.

Participación Ciudadana ha considerado pertinente la entrega de dicha publicación sencilla, libre de la complejidad de la terminología jurídica, con la intención de poner a disposición, una versión simplificada, que permita conocer y entender el contenido fundamental del escrito de acusación, requerimiento de apertura a juicio, solicitud de medidas de coerción y orden de pruebas de fecha 22 de octubre del 2014. Y sobre todo, para que no se olvide.

En la carta enviada a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, Participación Ciudadana  destaca que  “este trabajo ha  sido un  esfuerzo  de nuestro movimiento cívico, para  coadyuvar con el  desarrollo institucional y democrático  de la sociedad dominicana, donde  tenemos como  epicentro la lucha  en  favor  de la transparencia y la  rendición  de cuentas  de todos aquellos funcionarios públicos que trabajan con dinero público. Dicha publicación contiene 104 preguntas y respuestas sobre la acusación que presentó  el Ministerio Público, contra el Senador  Félix Ramón Bautista Rosario, en fecha 22 de octubre de  2014.

El  trabajo puesto en manos de los jueces de la SCJ, pone de manera didáctica, clara, objetiva y sencilla,  los contenidos de la  acusación, para que no solo no  se olvide, sino  para que la sociedad comprenda la dimensión de este caso.

7 de abril de 2015

El Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)  y Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista, Capitulo dominicano de Transparencia Internacional,  firmaron un convenio de colaboración interinstitucional, donde se comprometen a desarrollar acciones conjuntas para desarrollar plataformas tecnológicas para apoyar la implementación de políticas de transparencia en el sistema de compras y contrataciones  públicas y promover la participación de la ciudadanía.

El convenio fue  suscrito por el rector del ITLA, Ing. José Armando Tavárez y el Coordinador General de Participación Ciudadana, Lic. Candido Mercedes, hoy día 07 de abril del año 2015, mediante el cual ambas entidades crearán acciones para impulsar la participación de la sociedad civil vía herramientas tecnológicas de innovación y colaboración Estado-Sociedad, mecanismos propios para la promoción del gobierno y contrataciones abiertas.

El ITLA se compromete a realizar esfuerzos conjuntos para impulsar la participación de la sociedad civil en las acciones que conlleven el uso de herramientas tecnológicas para el monitoreo especializado a la aplicación de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas.

Participación Ciudadana en su condición institución que coordina el Observatorio Ciudadana a las Contrataciones Públicas, utilizará la plataforma desarrollada por el ITLA para el proceso de seguimiento permanente a las compras y contrataciones públicas.

El ITLA apoyará el desarrollo de una plataforma electrónica que  permitirá al Observatorio Ciudadano a las Contrataciones Públicas dar un seguimiento permanente y  contribuir  en el desarrollo de las capacidades para el ejercicio de control social de las compras y contrataciones de obras, bienes y servicios que por su impacto social o su importancia en materia presupuestaria, al tiempo que se convierte en una acción de colaboración con la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

PC y el ITLA acuerda promover el uso de la tecnología para la constitución de redes locales de organizaciones sociales, para el seguimiento de contrataciones de obras públicas dirigidas a mejorar las condiciones de vida y el desarrollo de la comunidad.

Ambas partes, designarán un representante que constituido en equipo técnico de trabajo velarán por el cumplimiento de este acuerdo y sus propósitos, así como también, coordinarán acciones para su desarrollo, y establecerán y ejecutarán el cronograma de trabajo que deberá ser aprobado por ambas partes.

7 de abril de 2015

LAS ACUSACIONES INCLUYEN NARCOTRÁFICO, HOMICIDIO,LAVADO DE ACTIVOS Y ASOCIACIÓN DE MALHECHORES

El crimen organizado incide con fuerza en los sectores llamados a mantener el orden en República Dominicana. Al menos eso se desprende de seis expedientes judiciales abiertos analizados por LISTÍN DIARIO en los que oficiales y agentes de los distintos cuerpos armados del país protagonizan acusaciones de asociación de malhechores, lavado de activos, homicidios por encargo, tráfico de sustancias controladas y asaltos, como parte de bandas organizadas de carácter local e internacional.

Todos los expedientes de esta muestra han sido escándalos en su momento. En cada uno de ellos el denominador común es la participación de policías, miembros de la Armada, la Dirección Nacional de Control de Drogas o el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil.

Al menos 50 uniformados, con rangos desde coroneles, capitanes, tenientes, sargentos, hasta cabos y rasos de todas las instituciones castrenses aparecen en estos expedientes que datan de entre 2012 y este mes, la mayoría en curso en el Distrito Nacional.

En esta semana, la fiscal del Distrito, Yeni Berenice Reynoso, manifestó su preocupación porque en nueve de cada 10 casos de crimen organizado aparecen uniformados en medio de un repunte de la inseguridad ciudadana.

I- Caso Dican: Nueve agentes policiales están vinculados a la sustracción de 950 kilos de cocaína y acusados de violación a las leyes de tráfico nacional e internacional de drogas, lavado de activos provenientes del narcotráfico, asociación de malhechores, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos.

Lugar del hecho: Ensanche Isabelita II, Santo Domingo Este.

Fecha: 27 de septiembre 2014

Dato: Están vinculados también los fiscales Máximo Antonio Díaz Ogando y Ramón Augusto Veras Castro. La mayoría se encuentra en prisión preventiva.

Nombres y rangos
1- Carlos Fernández Valerio, Coronel PN
2- Félix Humberto Paulino López, Teniente coronel PN
3- Luciano Gómez Cabrera, Mayor PN
4- Bárbaro Torrez Beltrán, Primer Teniente PN
5- Agapito Muñoz Evangelista, Cabo PN
6- Raidirys García Miranda, Raso PN
7- Pedro Almánzar González, Sargento PN
8- Antolín de los Santos Zabala, Sargento Mayor PN
9- Ruddy José Japa Álvarez, Mayor PN

II-    Caso pilotos franceses: Al menos 31 uniformados implicados de un total de 47 imputados, entre ellos cuatro franceses, en el transporte de un alijo de 700 kilos de cocaína distribuidos en 26 maletas Se presentaron cargos por tráfico ilícito de drogas, asociación para patrocinar el narcotráfico, entre otros ilícitos.

Lugar del hecho: La droga se incautó en el aeropuerto internacional de Punta Cana.

Fecha: 23 de marzo 2013

Datos: El caso se conocía en Higüey fue declinado a la jurisdicción del Distrito Nacional por razones de seguridad por la Suprema Corte de Justicia.

El expediente se encuentra en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, los jueces fueron recusados momento en que el Ministerio Público presentaba acusación formal el 9 de marzo de este año.

Nombres y rangos:
1-  Bolívar Alberto Mercado Díaz Capitán PN, adscrito a la DNCD
2- Huáscar Zapata Ramírez, capitán del Ejército, adscrito a la DNCD
3- Rafael Aníbal de la Rosa Tapia, capitán PN, adscrito a la DNCD
4- Joan Antonio Daniel Rosario, primer teniente del Ejército, adscrito a la DNCD
5- Fernando Rubí, segundo teniente de las FF. AA., adscrito a la DNCD
6- Edinson Peña Albino, alférez de Navío, Marina de Guerra, adscrito DNCD
7- Arencio Guevara Guevara, alférez de Fragata, Marina de Guerra, adscrito DNCD
8- Arismendy Villamán, sargento de la Policía Nacional, adscrito a la DNCD
9- Andrison Antonio Reyes Suero, agente adscrito a la DNCD
10- Andrés Avelino Méndez García , primer teniente Ejército, adscrito DNCD
11- Carlos Rafael Herrand Martínez, segundo teniente Ejército, adscrito a la DNCD
12- Bienvenido Pérez Mesa, sargento mayor, Marina de Guerra, adscrito a la DNCD
13- Andris Ozuna Novas, cabo del Ejército, adscrito a la DNCD
14- Juan Carlos Santana Polanco, sargento mayor inspector AVSEC 1ra categoría, adscrito CESAC
15- Rolando Caonex Rojas, sargento CESAC
16- Michel Camilo Bacha Mateo, raso inspector Avsec 1ra. categoría FFAA, adscrito a CESAC
17- Irwin Alexander Arias Santana, asimilado militar inspector Avsec 1ra. categoría FFAA, adscrito a CESAC
18- Manauris Encarnación Sánchez, agente adscrito a la DNCD
19- Cristian Miguel Sánchez, agente adscrito a la DNCD
20- Orlando Francisco Franco Noble, agente especial adscrito a la DNCD
21- José Brazobán Adames, teniente coronel FFAA, adscrito CESAC
22- Carlos Manuel Meregildo Rodríguez, agente de la DNCD
23- José Manuel Celedonio Castro, capitán de corbeta, Marina de Guerra, adscrito CESAC
24- Anthony Antonio Santana Núñez, alférez de fragata, Marina de Guerra, adscrito a DNCD
25- Bartolo Marte Mañón capitán del Ejército, adscrito CESAC
26- Carlos Manuel Bejarán Echevarría, segundo teniente supervisor Avsec, adscrito a CESAC
27- José Altagracia Concepción Vásquez, teniente del Ejército, adscrito a la DNCD
28- Isidro Reyes Jiménez agente adscrito a DNCD
29- Vladimir Brito Pérez segundo teniente del Ejército, adscrito a la DNCD
30- Kisoris Ciprián Reyes, primer teniente del Ejército, adscrito DNCD
31- Luis Daniel Pérez Martínez, cabo, Marina de Guerra, adscrito a la DNCD
32- Sixto Alberto Familia Viola, primer teniente del Ejército, adscrito a la DNCD

III- Caso avioneta de Constanza: Tres militares fueron implicados en una banda acusada de constituirse en una red criminal dedicada al tráfico internacional y que presuntamente blanqueó decenas de millones de dólares.

Fueron apresados tras el accidente de una avioneta que se estrelló en Constanza.

Estaban involucrados dos estadounidenses, un venezolano y seis civiles dominicanos.

Lugar del hecho: Aeropuerto Internacional El Higu¨ero y Constanza.

Fecha: 14 septiembre de 201 2Dato: En el caso también figura como acusado el presidente de la línea aérea Caribair, Rafael Rosado.

Nombres y rangos:
1- Juan Ramón Rosado Pérez, teniente coronel del Ejército.
2- Henry Francisco Valdez García, primer teniente Fuerzá Aérea Dominicana.
3- José Antonio Cleto Cruz, sargento mayor del Ejército.

IV- Caso asesinato de dirigentes transporte: Al agente policial que aparece en este expediente se le implica en la muerte de al menos dos dirigentes de transporte, crímenes perpetrados en el mes de enero en el centro de la capital. Se encuentra detenido con prisión preventiva.

Lugar del hecho: C/Juana Saltitopa, Mejoramiento Social, Distrito Nacional.

Fecha: 17 de enero de 2015.

Dato: Se encuentra implicado en caso del regidor por Pedro Brand Erinson de los Santos Solís (Ney) ((Nombre y rango 1- Amaury Cabrera Martínez, sargento de la Policía Nacional.

V- Caso atraco vivienda exembajador de Haití: Dos agentes policiales están involucrados en el asalto perpetrado en la residencia del entonces embajador de Haití en el país, Joseph Antoine Fritz Cinéas Poincy. El expediente indica que en el robo se sustrajeron US$18,000, dos relojes, uno de ellos Rolex, dos pasaportes, uno de EE.UU. y uno de Haití, entre otros bienes.

Lugar del hecho: Los Cacicazgos, Distrito Nacional.

Fecha: 5 de febrero Dato: Los policías fueron puestos en libertad conjuntamente con cuatro civiles, pero una Corte de Apelación revocó la decisión y ordenó su reapresamiento.

Nombres y rangos:
1-Silfredo Encarnación Rosa Oviedo, cabo de la Policía Nacional.
2- Yeferi Jhoel Rosa Gómez, cabo de la Policía Nacional.

VI- Caso Abad: Tres agentes de la Policía y un cabo del Ejército están acusados de traficantes de drogas por estar supuestamente en posesión de dos paquetes de cocaína. Al grupo se le ocupó un fusil Taurus Famae, y cuatro pistolas calibre 9 milímetros, celulares de distintas marcas y modelos, y documentos personales. Otros implicados están acusados de lavado de activos del narcotráfico.

Lugar del hecho: Avenida Francisco Alberto Caamaño Deñó (Avenida del Puerto) Fecha: 10 de abril 2014.

Dato: Hay 9 civiles implicados, entre ellos dos mujeres.

Nombres y rangos:
1- Winston Liriano Martínez, primer teniente de la Policía Nacional.
2- Guillermo Adriano Ruiz Quezada, sargento de la PN.
3- Edwin Osaylin Cornielle Basora, Raso de la PN.
4- Aníbal Enríquez Díaz Gil, cabo del Ejército.

Publicado originalmente en:
Listín Diario (21/03/2015)

Participación Ciudadana celebró el domingo 15 de marzo su XXI  “Asamblea General Ordinaria”, en honor a Josefina Padilla Deschamps, fundadora de nuestra institución. Dicha actividad que constituyó un encuentro de los miembros activos  y donde se seleccionaron 4 de 12 integrantes del Consejo Nacional, órgano máximo de dirección que ostenta la representación de la organización cívica.

Para tal ocasión, fueron presentadas la Memoria Anual 2014, por la Coordinadora  General Sonia Díaz Inoa,  así como el Informe Financiero del año 2014, por Melba Barnett  y el Plan de Trabajo para el año 2015, expuesto por Rosalía Sosa Pérez, Directora Ejecutiva, dichos documentos fueron aprobados por los asambleístas.

Dentro del trabajo realizado durante el año 2014, se identificó el “Segundo Informe de Monitoreo del Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad; en el que se evaluaron 9 medidas, de las cuales 7 no se cumplieron para un 77%, y dos están en proceso de implementación para el restante 21%. Se concluyó en que se ha producido un retroceso en la transparencia de muchas instituciones, ya que informaciones que antes estaban disponibles han desaparecido de las páginas web, como es el caso de la nómina pública.

Una acción importante que realizó Participación Ciudadana durante el pasado año fue intervenir en el Tribunal Constitucional sometiendo un Amicus Cureae, solicitando que dicha Corte no declarara inconstitucional, el Párrafo III del Artículo 85 del Código Procesal Penal, que autoriza a cualquier ciudadano o ciudadana a querellarse contra los funcionarios públicos que crean cometen delitos de cuello blanco en el ejercicio de sus funciones o que violen derechos fundamentales. Esta solicitud se hizo en razón de que el ingeniero Víctor Díaz Rúa, había pedido que este derecho se declarara inconstitucional, para quitar a los ciudadanos la posibilidad de querellarse, amparados en esta disposición.

La Asamblea aprobó una línea de trabajo por la paz, contra la violencia y todo tipo de exclusión, así como apoyar a los/as periodistas que defienden y promueven el respeto de los derechos humanos en República  Dominicana.