A partir de la juramentación de los congresistas elegidos en los comicios del pasado 16 de mayo, el Senado de la República deberá elegir a quienes conformarán la Junta Central Electoral.

Esta es una de las grandes responsabilidades del nuevo Senado y su decisión influirá positiva o negativamente sobre la buena marcha de las elecciones presidenciales de 2004, ya que la JCE es el máximo tribunal electoral y la institución encargada de la organización del proceso.

En ese sentido, hay que evitar por todos los medios que este tema se convierta en una manzana de la discordia entre los diversos grupos políticos y sociales del País, como ha ocurrido en el pasado. Ha sido mucha la energía social que ha gastado la sociedad dominicana cuando los principales actores del sistema político no han logrado ponerse de acuerdo en la elección de una JCE.

Es innegable que compete al Senado la conformación de una JCE electoral, pero también es cierto que la prudencia política y la magnitud de la institución ameritan que la elección se haga consultando a quienes participarán en el certamen electoral. Porque la formación de una JCE de consenso  forma parte de las condiciones mínimas que deben crearse para que la competencia político electoral se realice en un ambiente propicio, sin grandes traumas y dificultades. Y para avanzar en la institucionalización del sistema de representación del país.

Los partidos no deben trasladar la competencia por el favor del voto de la ciudadanía a todos los ámbitos y escenarios. Existen espacios en los cuales no se puede competir, y que demandan un espíritu de colaboración; porque competir en dichos ámbitos convierte a todos los competidores en perdedores, uno de esos espacios en la JCE.

En el plano electoral hay tres actores importantes: la JCE, los partidos y los votantes. La función del juez es simplemente crear las condiciones para que los partidos políticos puedan tratar de ganar el favor de los votantes en igualdad de condiciones. Si uno o más de los jugadores impugnan a los jueces; o le hace la vida imposible, o hay evidencias claras para los otros jugadores de que los jueces están parcializado, las elecciones confrontarán serios problemas para llevarse a feliz término y las posibilidades de crisis política que afecte a toda la sociedad dominicana se acrecientan.

La JCE debe ser vista como un arbitro imparcial, que toma sus decisiones en función de las reglas del juego, por lo que todos los jugadores deberán confían en ella y respetar sus decisiones. Debe tomarse en cuenta que  un juez electoral debe cumplir con las condiciones exigidas a la JCE en su conjunto, es decir, imparcial, confiable y aceptado por todos los participantes en los procesos electorales.

Por estas razones, Participación Ciudadana entiende que la elección de los jueces de la Junta Central Electoral debe ser producto del consenso entre los principales actores del proceso, es decir de los partidos políticos y las organizaciones políticas y sociales.

Pero, no debemos ver el consenso como una repartición de los jueces entre dos o más partidos políticos. El consenso supone que los partidos y principales protagonistas del sistema político lleguen a acuerdos sobre cada uno de los jueces que conforma la JCE, que cada juez por sí mismo garantice la confianza de los participantes en los procesos electorales.

El consenso sin repartición, en la elección de la nueva Junta Central Electoral,  garantiza la confianza de la ciudadanía en los procesos electorales. Eso es lo más conveniente para nuestra democracia y el desarrollo de la institucionalidad.

Participación Ciudadana y otras 26 organizaciones de la sociedad civil elevaron un recurso de inconstitucionalidad de la ley 73-02, que declara la necesidad de reformar la Constitución de la República. 

El documento de impugnación depositado en la Suprema Corte de Justicia establece que la citada ley viola varios artículos de la propia Constitución, por lo cual se pide al alto tribunal judicial declarar su nulidad.

El texto de la instancia depositada en la mañana de este lunes, 8 de julio de 2002, es el siguiente:

Al HONORABLE MAGISTRADO JUEZ PRESIDENTE Y DEMÁS JUECES QUE INTEGRAN   LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA EN ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES

Asunto:Recurso de Inconstitucionalidad de la Ley No. 73-02, de fecha 02 de julio de 2002, sobre reforma constitucional por violación a los artículos 2, 8, ordinal  No. 5, 99, 100, 117 y 120 de la Constitución Política Dominicana.  

Recurrente: Promoción de la Mujer del Sur; Colectiva Mujer y Salud; Comunidad Cosecha, Centro de Planificación y Acción Ecuménica; Centro para el Desarrollo de la Mujer; Organización de Desarrollo de la Salud de Azua, Unión de Emisoras Católicas, Federación Dominicana de Micro Empresarios; Radio Enriquillo, Radio Seybo, Ciudad Alternativa, Participación Ciudadana; Centro Dominicano de Desarrollo; Instituto Dominicano de Desarrollo Integral; Centro Desarrollo y Participación; Asociación Dominicana deTrabajo Social ; Fundación Para La Reforma; Centro de Investigaciones y Promoción Social; Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo; Centro de Trabajo Popular; Central General de Trabajadores; Consejo Municipal del Desarrollo; Sistema Nacional de Integración Comunitaria; Federación Dominicana de Asociaciones de Desarrollo Comunitario Urbano Rural, Fundación Institucionalidad y Justicia; Fundación de Profesionales para el Desarrollo de la República Dominicana; Centro para la Conservación y la Bio Diversidad de la Bahía de Samaná y su Entorno (CEBSE).

Honorables Magistrados:

Las siguientes Instituciones tienen a bien someter a la consideración de esta Honorable Suprema Corte de Justicia el presente recurso de inconstitucionalidad de la ley:

1. PROMOCION DE LA MUJER DEL SUR "PROMUS, una institución sin fines de lucro, debidamente organizada y existente en conformidad con las leyes de la República Dominicana, muy especialmente  al amparo de la ley No.520 de 1920, mediante el decreto 264 del  17 de enero del año 1983,con su asiento social localizado en la calle Santiago Peguero No. 15 Barahona, debidamente representada por su coordinadora general  Señora Nuris Zabala Matos, dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la Cédula de identidad  018-0010179-0.

2.COLECTIVA MUJER Y SALUD, una institución sin fines de lucro, debidamente organizada y existente en conformidad con las leyes de la República Dominicana, muy especialmente  al amparo de la ley No.520 de 1920, mediante el decreto 303-91 fecha14 de agosto del año 1991, con su asiento social localizado en la calle, José Gabriel García No. 501 esquina Cambronal, Zona Colonial, Santo Domingo, debidamente representada por su coordinadora general socióloga Deniss Paiwonski, dominicana, mayor de edad, portadora de la Cédula de identidad 001-0083999-2

3. COMUNIDAD COSECHA, una institución sin fines de lucro, debidamente organizada y existente en conformidad con las leyes de la República Dominicana, muy especialmente  al amparo de la ley No.520 de 1920, mediante el decreto 404-2000 de fecha 14 de Agosto del 2000, con su asiento social localizado en la calle Luperón # 9-A, Cotuí, debidamente representada por su coordinador general Lic. Felipe Bautista Orozco, dominicano, mayor de edad , casado, portador de la Cédula de identidad 049-0001476-4.

4. CENTRO DE PLANIFICACIÓN Y ACCIÓN ECUMÉNICA –CEPAE  una institución sin fines de lucro, debidamente organizada y existente en conformidad con las leyes de la Republica Dominicana, muy especialmente  al amparo de la ley No.520 de 1920, mediante el decreto 1158 del 30 de Octubre del 1970,,con su asiento social localizado en la calle Elvira de Mendoza No. 253 de la Zona Universitaria en Santo Domingo, debidamente representada por su presidente, antropólogo Carlos Hernández, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de identidad .001-0332588-2

5. CENTRO DE SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER –CE MUJER, una institución sin fines de lucro, debidamente organizada y existente en conformidad con las leyes de la República Dominicana, muy especialmente  al amparo de la ley No.520 de 1920, mediante el decreto 203-89 del 25 de mayo del 1989, con su asiento social localizado en la calle C/ Casimiro de Moya No.155,  Gazcue, Santo Domingo, debidamente representada por su coordinadora general, socióloga Maria Graciela de la Cruz, dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la Cédula de identidad .001-0394022-7.

6.  ORGANIZACIÓN DE DESARROLLO DE LA SALUD DE AZUA. ODESA , una institución sin fines de lucro , debidamente organizada y existente en conformidad con las leyes de la República Dominicana, muy especialmente  al amparo de la ley No.520 de 1920, mediante el decreto 03-93 de fecha 14 de julio de 1993, con su asiento social localizado en la calle Francisco soñé No. 3 en Azua, debidamente representada por su coordinadora general, Lic. Fiordaliza Pujols, dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la Cédula de identidad 010-0010131-9.

7. UNION DE EMISORAS CATOLICAS-UDECA , una institución sin fines de lucro, debidamente organizada y existente en conformidad con las leyes de la Republica Dominicana, muy especialmente  al amparo de la ley No.520 de 1920, mediante el decreto 2411-87 de fecha 6 de Mayo de 1987,con su asiento social localizado en la Av. Rómulo Betancourt No.2078. Santo Domingo, debidamente representada por su coordinadora general Lic. Ana Bélgica Guichardo, dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la Cédula de identidad  001-0186751-3.

 8. FEDERACION DOMINICANA DE MICRO EMPRESARIOS (FEDOMICROE), una institución, debidamente organizada y existente en conformidad con las leyes de la República Dominicana, muy especialmente  al amparo del registro 30 y decreto 577-96, con su asiento social localizado en la calle Duarte esquina V Centenario, Santo Domingo, debidamente representada por su presidente general, señor Mario Cornielle, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de identidad 001-0428248-

9.  RADIO ENRIQUILLO, una institución sin fines de lucro, debidamente organizada y existente en conformidad con las leyes de la República Dominicana, muy especialmente  al amparo de la ley No.520 de 1920, mediante el decreto 1648-76, con su asiento social localizado en Tamayo, Barahona, debidamente representada por su coordinador general Lic. Humberto Vandenbulcke, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de identidad 001-1201627-4.

10.  RADIO SEYBO (SERVICIOS CULTURALES DOMINICANOS), una institución sin fines de lucro debidamente organizada y existente en conformidad con las leyes de la República Dominicana, muy especialmente  al amparo de la ley No.520 de 1920, mediante el decreto 2087-80 del 7 de noviembre de 1980 ,con su asiento social localizado en el Seybo, debidamente representada por su coordinador general, Padre Luis Oregui, dominicano, mayor de edad, portador de la Cédula de identidad 001-1208998-2

11.  CIUDAD ALTERNATIVA, una institución sin fines de lucro, debidamente organizada y existente en conformidad con las leyes de la República Dominicana, muy especialmente  al amparo de la ley No.520 de 1920, mediante el decreto 357-90 de fecha 23 de octubre de 1990, con su asiento social localizado en la calle 14 No.3 del Ensanche Espaillat, Santo Domingo, debidamente representada por su director ejecutivo, sociólogo Francisco Cáceres Mendoza, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de identidad 049-0108926-6.

12.  CENTRO DOMINICANO DE DESARROLLO-CDD,  una institución sin fines de lucro , debidamente organizada y existente en conformidad con las leyes de la República Dominicana, muy especialmente  al amparo de la ley No.520 de 1920, mediante el decreto 224-91 de fecha 10 de junio del año 1991, con su asiento social localizado en la calle Central No.15, Herrera, Santo Domingo Oeste, debidamente representada por su presidente, economista Jefrey Lizardo, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de identidad 054-0012647-9.

13.  INSTITUTO DOMINICANO DE DESARROLLO INTEGRAL-IDDI, una institución sin fines de lucro, debidamente organizada y existente en conformidad con las leyes de la República Dominicana, muy especialmente  al amparo de la ley No.520 de 1920, mediante el decreto 2067 de fecha 18 de julio del año 1984, con su asiento social localizado en la calle Luis F. Thomén No. 654, Santo Domingo, debidamente representada por su director ejecutivo, arquitecto David Luther, dominicano, mayor de edad, casado, portador del pasaporte 700374442.

14.  CENTRO DESARROLLO Y PARTICIPACION- CEDEPAR, una institución sin fines de lucro, debidamente organizada y existente en conformidad con las leyes de la República Dominicana, muy especialmente  al amparo de la ley No.520 de 1920, mediante el decreto 0214-97, con su asiento social localizado en la calle Jesús de Galíndez esquina Las Américas, Ensanche Ozama, Santo Domingo Este, debidamente representada por su Coordinador general Sociólogo  Franklin Díaz, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cedula de identidad 001-0535356-9.

15. PARTICIPACION CIUDADANA,  una institución sin fines de lucro debidamente organizada y existente en conformidad con las leyes de la República Dominicana, muy especialmente  al amparo de la ley No.520 de 1920, mediante el decreto 27 96- de fecha 26 de febrero de 1996 ,con su asiento social localizado en la calle Desiderio Arias No.25, Ensanche La Julia, Santo Domingo, debidamente representada por su coordinador general, sociólogo Ramón Tejada Holguín, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de identidad 001-0050073-5.

16.  ASOCIACION DOMINICANA DE TRABAJO SOCIAL, una institución sin fines de lucro debidamente organizada y existente en conformidad con las leyes de la República Dominicana, muy especialmente  al amparo de la ley No.520 de 1920, mediante el decreto 2695 de fecha 25 de septiembre del año 1972 ,con su asiento social localizado en la calle, Central No. 15, Urbanización Maribel, Herrera, Santo Domingo, debidamente representada por su coordinadora general trabajadora social Lucila Rosado, dominicana, mayor de edad , casada, portadora de la Cedula de identidad 064-0000368-4

17. FUNDACION PARA LA REFORMA,  una institución sin fines de lucro debidamente organizada y existente en conformidad con las leyes de la República Dominicana, muy especialmente  al amparo de la ley No.520 de 1920, mediante el decreto 365-2001 de fecha 14 de marzo de 2001, con su asiento social localizado en la calle Benigno Filomeno Rojas No.8, Zona Universitaria, Santo Domingo, debidamente representada por su presidente Dr. Onofre Rojas, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de identidad 055-0018738-9.

18.  CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROMOCION SOCIAL -CIPROS, una institución sin fines de lucro , debidamente organizada y existente en conformidad con las leyes de la República Dominicana, muy especialmente  al amparo de la ley No.520 de 1920, mediante el decreto 763-83 en el mes de febrero de1983, con su asiento social localizado en la calle Benigno Filomena Rojas No. 8, primer piso, Zona Universitaria, Santo Domingo, debidamente representada por su presidente, Dr. Héctor Otero, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de identidad 001-0524945-2.

19.  CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES PADRE JUAN MONTALVO, DEL CENTRO BONO,una institución sin fines de lucro debidamente organizada y existente en conformidad con las leyes de la República Dominicana, muy especialmente  al amparo de la ley No.520 de 1920, mediante el decreto 237-97 de fecha 16 de mayo de 1997, con su asiento social localizado en la calle Josefa Brea No.365, Barrio Mejoramiento Social, Santo Domingo, debidamente representada por su director ejecutivo, sociólogo Padre Jorge Cela, dominicano, mayor de edad, portador de la Cédula de identidad 001-0340040-4.

20.  CENTRO DE TRABAJO POPULAR, INC., una institución sin fines de lucro debidamente organizada y existente en conformidad con las leyes de la RepúblicaDominicana, muy especialmente  al amparo de la ley No.520 de 1920, mediante el decreto 187-89 del abril de 1989, con su asiento social localizado en la calle Las Carreras Edif. C3 Apt B4 , Santiago de los Caballeros, representada por su coordinador general señor Peng Sien Rafael Sang Ben, dominicano, mayor de edad , portador de la Cedula de identidad 31-0097284-7

21. CENTRAL GENERAL DE TRABAJADORES, CGT, una organización sindical , debidamente organizada y existente en conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su registro 31/72 del 30 de enero de 1972 ,con su asiento social localizado en la calle Juan Erazo No. 14, Villa Juana, Santo Domingo, debidamente representada por su Secretario general Rafael Abreu, dominicano una, mayor de edad , portador de la Cedula de identidad 001-026137626-0.

22.  CONSEJO MUNICIPAL DEL DESARROLLO, HABITAT-COMUDA,  una institución sin fines de lucro , debidamente organizada y existente en conformidad con las leyes de la República Dominicana, muy especialmente  al amparo de la ley No.520 de 1920, mediante el decreto 1046-00 de fecha 26 de octubre del año 2000, con su asiento social localizado en la calle Peatón No. 8, Honduras del Oeste-INVI, Santo Domingo, debidamente representada por su presidente, Lic. Héctor Guerrero, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la édula de identidad 001-0778284-9.

23.  SISTEMA NACIONAL DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA -SINADIC,  una institución sin fines de lucro , debidamente organizada y existente en conformidad con las leyes de la Republica Dominicana, muy especialmente  al amparo de la ley No.520 de 1920, mediante el decreto 516-99 de fecha 19 de febrero del año 1999, con su asiento social localizado en el Ensanche Ozama, Santo Domingo, debidamente representada por su vicepresidenta, Ángela Alonzo, dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la Cédula de identidad 001-0762356-3.

24. FEDERACIÓN DOMINICANA DE ASOCIACIONES DE DESARROLLO COMUNITARIO URBANO RURAL-FEDACUR,una institución sin fines de lucro, debidamente organizada y existente en conformidad con las leyes de la República Dominicana,  mediante el registro 391 decreto 128-99, con su asiento social localizado en el la calle Duarte esquina V Centenario, Santo Domingo, debidamente representada por su secretario de organización, señor Diómedes Pichardo, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cedula de identidad 001-0078725-8.

25. FUNDACIÓN INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA, INC. (FINJUS), una institución sin fines de lucro, debidamente organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, muy especialmente al amparo de la Ley No. 520 de 1920, con su domicilio localizado en la calle Abraham Lincoln, Esq. Gustavo Mejía Ricart, de esta ciudad, debidamente representada por su  director ejecutivo, Sr. Carlos Salcedo, dominicano, mayor de edad, casado, licenciado en derecho, portador de la cédula de identidad y electoral número 054-0013697-3, domiciliado y residente en esta ciudad.

26. FUNDACIÓN DE PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE  LA REPUBLICA DOMINICANA (FUNDAPRO-RD), una institución sin fines de lucro, debidamente organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, muy especialmente al amparo de la Ley No. 520 de 1920, Decreto No. 34-93 su domicilio localizado en la calle Félix Mariano Lluberes # 16, Gazcue, de esta ciudad, debidamente representada por su presidenta, Licda. María Ícelas Vargas, dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la cédula de identidad y electoral número 001-0446415-1, domiciliada y residente en esta ciudad.

27. CENTRO PARA LA CONSERVACIÓN Y LA BIO DIVERSIDAD DE LA BAHÍA DE SAMANA Y SU ENTORNO (CEBSE), una institución sin fines de lucro, debidamente organizada y existente en conformidad con las leyes de la República Dominicana, muy especialmente al amparo de la Ley No. 520 de 1920, mediante el decreto No. 78-91 de fecha  28  de Febrero de 1991, con su asiento social localizado en la Av. La Marina, Tiro al blanco Santa Bárbara de Samana, debidamente representada por su coordinadora general, Ingrid  Pren Abreu, dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-0152693-7.

Por órgano de sus abogados constituidos y apoderados especiales, los licenciados Luis Scheker Ortiz, Salvador Catrain, Pedro Catrain, Cándido Simón y Carlos Salcedo, dominicanos, mayores de edad, casados, abogados de los tribunales de la República, portadores de las cédulas de identidad y electoral números 001-0190649-3, 001-0062554-0, 001-0068380-4;  001-0056709-8 y 054-0013697-3  respectivamente; con estudios profesionales en la calle Desiderio Arias No. 25, La Julia, de la Ciudad de Santo Domingo, lugar donde los impetrantes han hecho elección especial de domicilio para todos los fines y consecuencias de esta acción, tienen a bien someter la presente acción en declaratoria de inconstitucionalidad por vía directa contra los artículos

LOS HECHOS: 

1.El Congreso Nacional  aprobó la ley No. 73/02 de fecha 2 de julio de 2002  convocando a la Asamblea Nacional para reformar la  Constitución Política Dominicana (en lo adelante la Ley No. 73/02).

La referida ley transcrita textualmente establece:

“EL CONGRESO NACIONAL
EN NOMBRE DE LA REPUBLICA 

Ley No. 73-02

CONSIDERANDO: Que amplios sectores de nuestra sociedad han venido reclamando la necesidad de una Reforma Constitucional puntual, que tienda al fortalecimiento del sistema democrático e institucional:

CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el artículo 117 de la Constitución de la República, la necesidad de una Reforma de esta índole, deberá ser declarada por una ley que ordene la reunión de la Asamblea Nacional, determinando el objeto de la Reforma e indicando los artículos de la Constitución sobre los cuales versará la misma.

CONSIDERANDO: Que es conveniente, por el momento, limitar la reforma a tres de los puntos consensuados alrededor de siete años de consultas y ponderaciones a nivel nacional.

VISTOS: Los Artículos 49, 89 y 90 de la Constitución de la República.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.-Se declara la necesidad de modificar la Constitución de la República en sus artículos 49, 89 y 90.

Artículo 2.-La presente reforma tiene por objeto: Eliminar los colegios cerrados; eliminar la exigencia de la mayoría absoluta de los votos válidos en las Asambleas destinadas a elegir al Presidente y al Vicepresidente de la República, y, establecer que el Presidente de la República pueda optar por un segundo y único período constitucional consecutivo, no pudiendo postularse jamás al mismo cargo.

Artículo 3.-Se ordena la reunión de la Asamblea Nacional dentro de los 15 días siguientes a la publicación de la presente ley.

DADAen la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veinte (20) días del mes de junio del año dos mil dos (2002); años 159 de la Independencia y 139 de la Restauración.”

2.La ley No. 73/02 ,  fue promulgada por el Poder Ejecutivo en la fecha antes indicada y publicada en diarios de circulación nacional los días 3 y 4 de julio del año en curso.

3.Las organizaciones y personas que suscriben la presente acción, preocupados por el futuro de nuestra democracia y en atención a procurar el respeto a principios constitucionales que conforman las reglas sobre las cuales debe necesariamente funcionar todo Estado de Derecho, han decidido interponer por ante esta Honorable Suprema Corte de Justicia el presente recurso de inconstitucionalidad de la ley ya citada.

4.Dicho recurso persigue concretamente que sea declarada inconstitucional la Ley No. 73/02, toda vez que la misma contraviene, como será demostrado,  directa e indirectamente distintos preceptos de la Constitución Política Dominicana.

5.La presente petición de inconstitucionalidad de la ley No. 73/02 es formulada por los suscritos conforme a lo establecido por la Constitución Política Dominicana en su artículo 67, No. 1 parte final.

EL DERECHO:

La presente exposición de derecho se divide en dos partes fundamentales. La primera de ellas se dedica a la puntualización de diferentes aspectos teóricos que rigen en materia de derecho constitucional, los cuales, de acuerdo con nuestro criterio, fueron flagrantemente vulnerados por nuestros legisladores con la aprobación de la ley impugnada mediante el presente recurso. La segunda parte es dedicada de forma exclusiva al  ataque y demostración, en derecho constitucional dominicano, de la inconstitucionalidad de la referida ley No. 73/02.

 I.- Precisión de los conceptos. 

6. Dos conceptos esenciales deben ser definidos por nosotros. Dichos conceptos tienen que ver con la concepción constitucional del poder y el modo en que dicho poder debe ser ejercido por parte de nuestros servidores públicos. Nos referimos concretamente al concepto de soberanía popular y al concepto de soberanía política o soberanía legal. Veamos en detalle los referidos conceptos.

7. Soberanía Legal o Soberanía Política:concepto que reconoce a la Constitución Política de un Estado el simple merito de ser un documento político, el cual debe limitarse exclusivamente a la institucionalización de los agentes de poder, dejando a la  voluntad de los referidos agentes, o sea a la ley, los decretos, los reglamentos, etc., la regulación de cualquier asunto,  aparentemente SIN LIMITE JURIDICO ALGUNO.

De acuerdo con la postura señalada la constitución es concebida como una  carta de organización del poder político carente de fuerza normativa o  de eficacia jurídica frente a las diversas formas de manifestación de dicho poder. Las cuestiones constitucionales no son cuestiones jurídicas, si no cuestiones de poder, de fuerza, razón por cual de acuerdo con  el principio de soberanía legal analizado en esta instancia, los derechos fundamentales de las personas y  la Constitución Política de un país no constituyen límites jurídicos reales para contener la actividad estatal.

El concepto de soberanía legal refleja lo que fue el pensamiento liberal revolucionario del siglo XIX en Europa, modelo y forma de pensamiento que desaparecen después de la primera guerra mundial con la afirmación del concepto de soberanía popular, que a partir de ese momento se convierte, sin excepción,  en el fundamento indiscutible de todas las constituciones dignas de tal nombre. (cita Pérez Royo).

8.Soberanía Popular:concepto que afirma la idea de que todo poder procede del pueblo y la constitución es una norma jurídica y no un simple documento político. El mundo del derecho empieza en la constitución y no en la ley. Por eso, lo que caracteriza a la constitución del siglo XX frente a la constitución del siglo XIX son las garantías constitucionales, es decir, las garantías de la constitución frente a la ley. Mientras que la constitución del siglo XIX es una constitución flexible, en la que no existen límites jurídicos para el legislador y en la que, en consecuencia, no se puede plantear el control de constitucionalidad de la ley, la constitución del siglo XX va a ser una constitución rígida, únicamente reformable a través de un procedimiento distinto del procedimiento legislativo ordinario y considerablemente agravado con respecto a éste, con base en lo cual se va a ir afirmando progresivamente el control de constitucionalidad de los actos del legislador.

A través de estas garantías constitucionales la constitución ha ido penetrando en el ordenamiento jurídico como la norma de cabecera del mismo, en relación con la cual tienen que ser interpretadas todas las demás.

Estas son las palabras de nuestro presidente, Agrón. Hipólito Mejía, contenidas en el Decreto No. 410-01, de fecha 21 de marzo de 2001:

“Que la intención manifiesta de un grupo de legisladores encaminada a introducir modificaciones a la Constitución de la República, ha originado encendidos debates públicos y contradictorios que es necesario canalizar adecuadamente para un mejor desenvolvimiento de la vida institucional de la Nación”

“Que por tratarse de una materia tan delicada como es la modificación de la ley sustantiva de la nación, resulta de alto interés nacional la realización de una amplia consulta a los diversos sectores organizados y representativos de la sociedad dominicana, donde participen todos los dominicanos aptos para tales fines sin distinción de credo, raza, religión, posición política o social”

“Que ha sido norma constante del gobierno constitucional que actualmente rige los destinos de la nación, propiciar el consenso como la vía por excelencia para dirimir situaciones cuyas soluciones sean de trascendencia en el país.”

APELAMOS AL CIUDADANO PRESIDENTE PARA QUE NO DEJE MORIR LA CONCERTACIÓN Y EJERZA SU INCUESTIONABLE LIDERAZGO SOBRE SUS SEGUIDORES EN EL CONGRESO NACIONAL PARA QUE ESTOS SEAN PORTAVOCES DE SU PENSAMIENTO ARRIBA EXPRESADO.

NADIE QUIERE UNA PATRIA DIVIDIDA.

¡AÚN ESTAMOS A TIEMPO!

Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestro más profundo rechazo al nuevo intento de sectores al interior del Congreso Nacional de  modificar la Constitución de la República sin contar con la participación  de la ciudadanía en un acontecimiento de tanta importancia para toda la sociedad.

Desde la sociedad civil hemos insistido desde hace décadas en la necesidad de producir reformas profundas que adecúen nuestra Carta Magna a la realidad del país y que creen las condiciones para fortalecer la institucionalidad democrática. El primer paso para lograr esto será la búsqueda del consenso para producir una reforma constitucional con participación de amplios sectores de la ciudadanía.

Cualquier propuesta de reforma debe tomar en cuenta los trabajos de la Comisión Especial de Reforma Constitucional creada por el Poder Ejecutivo mediante el decreto 410-01 y sobre todo el acuerdo a que arribaron los partidos políticos mayoritarios, que tuvo como testigo al propio Presidente de la República y sectores de la sociedad civil.

Es contraproducente que en momentos en que desde sectores del Poder Ejecutivo se propicia la concertación y el entendimiento entre los actores políticos, el Congreso Nacional introduzca elementos que obstaculizan esta iniciativa.

Mas aún, los actuales legisladores concluirán su período dentro de dos meses,  por lo que no queda tiempo para desarrollar un proceso de consulta y participación amplia que garanticen la incorporación de las demandas ciudadanas. Recordamos a los señores/as legisladores que todas las consultas y encuestas realizadas han mostrado el interés de la ciudadanía de que la reforma constitucional se realice a través una Constituyente que garantice la más amplia participación.

Exhortamos a los señores legisladores a deponer los intereses particulares por el bien del pueblo soberano.

Santo Domingo, 26 de junio de 2002

Sala Vecinal

Alfalit Dominicana

Central General de Trabajadores (CGT)

Acción Comunitaria por el Progreso (ACOPRO)

Participación Ciudadana

Fundación para la Reforma

Centro Cultural Poveda

Alianza ONG

Fundación Siglo XXI

Centro de Trabajo Popular(CTP) Santiago de Los Caballeros

Coordinadora de ONG del Area de la Mujer

Red de Organizaciones de la Soc. Civil por la Descentralización

Asociación Americana de Juristas

Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo, s.j.

Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS)

Programa de Fortalecimiento Organizaciones de la Sociedad

Civil (Fosc-INTEC)

Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE)

Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO)

Centro de Estudios Sociales y Demográficos (Cesdem)

Fundación Solidaridad, Santiago de Los Caballeros

Foros Municipales

Federación Regional Campo Verde (Ferocampo), Mao

Mujeres en Desarrollo Dominicana, (MUDE)

Fundación Desiderio Gómez (Mao, Valverde)

Fundación Dominicana de Desarrollo (FDD)

Centro de Apoyo Aquelarre

Centro de Asesoría e Investigaciones Legales (Cedail)

Comité para la  Defensa de los Derechos Barriales (Copadeba)

Comité por la Unidad y los Derechos de la Mujer(Cudem)

Confederación de Mujeres Campesinas (Conamuca)

Centro Antonio Montesinos (CEAM)

Centro Social de Desarrollo Comunitario (Cesodeco)

Acción Comunitaria

Centro de Asesorías y Servicios Legales Para la Mujer (Censel)

Centro de Investigación Para La Acción Femenina (CIPAF)

Centro de Investigación y Promoción Social (Cipros)

Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer (Ce Mujer)

Coordinadora Ambiental de Capotillo

Asociación de Comités de Amas de Casa del Distrito Nacional, Inc

Centro Dominicano de Estudios de la Educación (CEDEE)

Centro Orientación Investigación Integral (COIN)

Asociación Mano a Mano (San Cristóbal)

Asociación Pro Desarrollo de Los Guaricanos (Aprodegua)

Centro de Estudios del Género (INTEC)

Asociación Pro Desarrollo Vista Alegre

Bloque de Organizaciones de la Zona Oriental

Cámara de Comercio y Producción de Sabana Perdida

CEBSE, Samaná

Centro de Desarrollo y Participación (Cedepar)

Centro Puente (Dajabón)

Centro Somos (San Cristóbal)

Colectiva Mujer y Salud

Comité de Prevención y Salud Comunitaria de La Barquita

Comunidad Cosecha (Cotuí)

Confederación Dominicana de Junta de Vecinos

Consejo Municipal del Desarrollo  Habitat (COMUDA)

Consejo Nacional de Consumidores y Usuarios, Inc. (Conaconu)

Cooperativa de  Ahorros y Crédito para el Desarrollo de la  Microempresa

Espacio de Coordinación Comunitario

Fundación Para la Integración Social y Educativa ( FISOE)

Junta de Vecinos Barrio Concentración (San Cristóbal)

Movimiento Cívico de la Zona Oriental

Mujeres Para el Desarrollo de El Caliche (Mupadeca)

Red de Educadores Cívicos

SINADIC

Sociedad Dominicana Manos Solidarias (San Cristóbal)

Unión de Emisoras Católicas( Udeca)

Unión de Vecinos Activos (UVA)

CEBSE, Inc.

Movimiento de Mujeres Dominico– Haitiano (Mudha)

Grupo Comunitario Mirando Hacia el Futuro

Comité de Desarrollo De Guarícanos

Junta de Vecinos La Fe

Fundación de Desarrollo San Isidro

Consejo de Desarrollo San Isidro

Asociación de Detallistas de San Cristóbal

Centro de Estudio para el Ambiente –CEPA- (San Cristóbal)

Casa de La Juventud

Centro de Madres Ángela Guzmán (Esperanza, Valverde)

Espacio de Organizaciones Comunitarias

Comité de Prevención y Salud Comunitaria de La Barquita

Consejo Comunitario para el Desarrollo de La Sierra (Cocodesi)

Colectivo de Salud Popular

Asamblea de Mao

Grupo de Mujeres Milagros y Esperanza, Las  Cañitas

Junta de Vecinos La Esperanza de El Caliche

Comité por el Desarrollo de Los Guandules (CODEGUA)

Colectivo de Mujeres de Sabana Perdida

Club de Madres La Esperanza, de Mao

Grupo de Mujeres María Auxiliadora, de Esperanza

Instituto para la Cultura y Autogestión Popular para la Región Noroeste (INCAP).

      Consejo Municipal de Desarrollo Inc. De Esperanza.

El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana manifestó su rechazo a la convocatoria del Congreso Nacional para una reforma de la Constitución al vapor.

El coordinador general de participación Ciudadana, Ramón Tejada Holguín, recordó que la Constitución es lo que rige toda la ciudadanía y no puede ser que un Senado y una Cámara de Diputados que están a punto de concluir su período sean los que conozcan su modificación.

“Sorprende que sean sectores de un partido como el PRD, que se ha opuesto tradicionalmente a la reelección y que ha sido víctima del uso de los recursos del Estado para reelección, quienes ahora estén prohijando esa modificación”, dijo Tejada Holguín.

Recordó que la sociedad dominicana ha gastado una gran cantidad de energía en un proyecto, a través de una comisión nombrada por el presidente el año pasado y parecería que los resultados de ese ejercicio en que participaron los partidos mayoritarios fue echado a la basura.

Hubo acuerdo entre los partidos mayoritarios el año pasado para conocer cuatro puntos entre los que no estaba la reelección presidencial continua y que fue violado.

Tejada Holguín hizo un llamado a los partidos políticos a retomar ese acuerdo y pidió a los diputados que se abstengan de aprobar el proyecto de convocatoria.

Agregó que la aprobación de ese proyecto evidenciaría que estarían colocando los intereses particulares por encima de los de la nación.

El Coordinador General de Participación Ciudadana hizo un llamado a la sociedad civil y a todos los sectores a unirse para enfrentar ese desaguisado.

Participación Ciudadana mostró hoy preocupación por la forma en que la Policía Nacional ha venido enfrentando las protestas barriales de los últimos días, que han dejado un  saldo de cinco personas muertas en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo.

El coordinador general del movimiento cívico no partidista, Ramón Tejada Holguín, entiende que las actuaciones policiales deben ceñirse en todo momento al respeto de los derechos humanos.

Agregó que los logros que había exhibido el jefe de la Policía Nacional, mayor general Jaime Marte Martínez, al reducir el número de víctimas por intercambios de disparos, se han visto empañados con las recientes acciones.

En un documento distribuido por el departamento de Comunicación de Participación Ciudadana, Tejada Holguín señala como evidencia de lo indiscriminada que es la respuesta policial a las manifestaciones, el hecho de que la mayoría de las víctimas reportadas eran ajenas a las movilizaciones.

Considera que la Policía Nacional debe agotar todos los recursos posibles antes de llegar a los casos extremos del uso de armas de fuego.  “Independientemente del origen de las protestas, no podemos continuar con las prácticas de hacer ahora y averiguar después”, dijo el Coordinador General de Participación Ciudadana.

Sostuvo que la forma brutal e indiscriminada con que se ha actuado revela la necesidad de reformas substanciales dentro del cuerpo policial. “Deben existir diferencias muy marcadas entre la forma actual de combatir la delincuencia y la respuesta que debe dársele a las protestas y manifestaciones de los sectores más pobres”, dijo Tejada Holguín.

Hizo un llamado al jefe de la Policía Nacional para que se sancione a los culpables de los excesos como prueba de que no cuentan con el apoyo de esa jefatura.

• Respaldo a la distensión iniciada por el Presidente Mejía; es necesaria una amplia concertación y cierta tregua política.
• La persistente amenaza de reforma constitucional sin consenso sólo sirve para crear incertidumbre.
• Es urgente concertar un acuerdo nacional para combatir la pobreza y promover el desarrollo nacional, que incluya una agenda constitucional y legislativa.

El movimiento cívico Participación Ciudadana respalda los planteamientos en pro de la concertación y colaboración política formulados en los últimos días por el ciudadano presidente de la República, agrónomo Hipólito Mejía, al tiempo que celebra los contactos con el líder reformista doctor Joaquín Balaguer y el encuentro con el ex presidente Leonel Fernández.

El compromiso presidencial de colaborar, sin ningún género de discriminación, con los síndicos electos del Partido de la Liberación Dominicana y del Partido Reformista Social Cristiano es un hecho positivo que amerita ponderación y consecuencia.

Los contactos en los más altos niveles políticos deben proseguir  con determinación y voluntad de concertación para las tareas legislativas pendientes, la reforma constitucional y la gestión gubernamental.

Es imperativo crear un clima adecuado a la intercolaboración para que la atención nacional se concentre en la búsqueda de acuerdos que reduzcan las contradicciones y divergencias y para lograr cierta tregua política tras la larga y costosa campaña electoral.

Esa tregua debería extenderse siquiera hasta comienzo del próximo año, aplazándose el lanzamiento de precandidaturas para las elecciones presidenciales del 2004, que ya se anuncian en los medios de comunicación.

También hay que rechazar la persistente amenaza de algunos legisladores de ejecutar una reforma constitucional sin consenso, algo que se ha evidenciado como carente de viabilidad y que sólo ha servido para crear incertidumbres.

La madurez del liderazgo político nacional debe evitar una repetición de los enfrentamientos del pasado, dando paso a una elección por consenso de los jueces electorales, del comité ejecutivo de la Liga Municipal Dominicana y de los bufetes directivos de las cámaras legislativas, tomando en cuenta tanto a las mayorías como a las minorías.

Tomamos la palabra al Presidente Mejía en el sentido de que debe dejarse al nuevo Congreso la tarea de reformar la Constitución, previa concertación que debe comenzar en el propio partido de gobierno, dividido al respecto, y abarcar a todas las fuerzas políticas y a las instituciones representativas de la sociedad civil.

Al respecto habría que retornar al Pacto para la Reforma Constitucional suscrito en septiembre del año pasado por los líderes de los partidos mayoritarios y el Presidente de la República como testigo.

El Congreso saliente carece ya de tiempo para lograr el necesario consenso y ejecutar ponderadamente las reformas que demanda el conjunto de la sociedad dominicana. Al asumir su responsabilidad, los nuevos legisladores estarán más comprometidos con la concertación y la ponderación que aquellos que se retiran.

También queremos reconocer la posición manifestada por el mandatario  de rechazo a la pretensión de algunos legisladores y dirigentes políticos de liquidar la inamovilidad de los jueces, uno de los avances más significativos de los últimos años en el proceso de institucionalidad democrática

En Participación Ciudadana creemos que la nación debe hacer un esfuerzo para concentrar su atención en las políticas sociales llamadas a combatir la pobreza, en la conclusión de una serie de reformas económicas y sociales largamente aplazadas y en la renovación de impulsos al desarrollo nacional.

Esperamos que la distensión dé paso a la convocatoria de un gran acuerdo nacional en el que participen las fuerzas políticas y los sectores sociales y económicos más representativos.

Así mismo creemos que antes de llegar a la mitad del período constitucional el gobierno debe renovar su esfuerzo por impulsar una serie de mecanismos y organismos que ha creado para promover la participación social en su gestión.

Participación Ciudadana llama a los diversos sectores políticos y sociales a pronunciarse en apoyo al clima de distensión y a la concertación política y social para que avancemos todos juntos a un gran encuentro por el desarrollo y el combate a la pobreza.-

Participación Ciudadana, como en cada uno de los procesos electorales celebrados desde hace seis años, ha seguido muy de cerca las recientes elecciones congresuales y municipales, incluyendo las incidencias postelectorales.

En conferencia de prensa celebrada el pasado viernes 24 de mayo, evaluamos las dificultades del proceso electoral, haciendo énfasis en la poca capacidad acusada por una parte importante de los miembros que conformaron los colegios electorales, que permitió que muchas actas electorales estuviesen plagadas de errores, con el consecuente retraso en la entrega de los boletines electorales y las naturales suspicacias de una parte de  la ciudadanía.

Indicábamos, además, la necesidad de preservar a toda costa la confianza que legítimamente se han ganado las elecciones dominicanas y las autoridades electorales que han administrado los últimos cuatro comicios, de tal forma que han sido ejemplo de transparencia para la región. La confianza de la ciudadanía es el mayor activo con que cuentan las autoridades electorales, y los propios partidos políticos, para asegurar el éxito de futuras elecciones.

En tal sentido, reiteramos nuestra posición de que en los casos de denuncias que impliquen alteración intencional de actas de los colegios o de digitación, las investigaciones deben llevarse hasta las últimas consecuencias, sin importar que pueda afectar o no los resultados preliminares.

Es responsabilidad de las juntas electorales y de la Junta Central Electoral (JCE), atender de manera satisfactoria las impugnaciones que les han sido presentadas por los partidos o candidatos en los diferentes municipios y/o circunscripciones electorales. En aquellos lugares donde las denuncias hayan sido debidamente sustentadas, la investigación debe incluir el cotejo de todas las actas de los colegios contra los formularios de resultados de colegios electorales validados.

Otra de las dificultades presentadas en las pasadas elecciones, tiene que ver con los hechos de violencia que cobraron la vida de varias personas tanto en Montecristi como en Jarabacoa. Condenamos enérgicamente estos hechos, y reiteramos nuestra demanda de que el ministerio público investigue y someta a la acción de la justicia a los responsables de la misma. La violencia y el terror no pueden ser jamás la forma de resolver los conflictos que se presenten en el marco de un proceso electoral.

En otro orden, es conocida la decisión de varias juntas electorales que, con el apoyo de los delegados de los partidos,  procedieron a la anulación de algunas actas que resultaban difíciles de descifrar. La anulación de las actas con irregularidades debe ser el último recurso posible, luego de haber agotado todos los medios para salvar el esfuerzo de la ciudadanía de acudir a las urnas para expresar su voluntad. Debe recurrirse, de ser necesario y posible, a la verificación de los votos físicos del colegio de que se trate. La anulación de las actas sin agotar todos los esfuerzos para salvarla, abre el camino para que en el futuro se utilice como estrategia la creación de incidentes que permitan invalidar por esta vía el voto ciudadano.

En torno al caso  de Santiago

En el caso concreto de Santiago hemos estado presentes en la Junta Municipal Electoral desde el día de las elecciones. El Coordinador General y otros directivos de nuestra organización visitaron la misma el sábado 18 y el lunes 20 de mayo con el propósito de recabar cualquier elemento que nos permitiera formar un juicio sobre los acontecimientos allí denunciados.

Ese mismo día depositamos en la Junta Municipal Electoral una solicitud en la cual reclamábamos la investigación exhaustiva de las denuncias. También reclamamos que se cotejaran todas las actas de la provincia completa contra los datos efectivamente digitados, y que este proceso se cumpliera con la presencia de los delegados de los partidos políticos y de los observadores que participaron en la jornada electoral.

La Junta Central Electoral acaba de evacuar su decisión sobre el caso de la senaduría de esta provincia, y con respecto a la misma Participación Ciudadana expresa su posición de la siguiente manera:

1.Los responsables de las irregularidades ya detectadas o las que se puedan detectar, deben ser objeto de las sanciones correspondientes, sobre todo en caso de que se pueda probar intención fraudulenta de  cualquiera de las partes.

2.Reconocemos el esfuerzo realizado por la JCE en la revisión de las actas del municipio de Santiago, aunque entendemos que hubiera sido conveniente que las actas cotejadas correspondieran a toda la provincia (integrada por siete municipios)   y no únicamente la del municipio cabecera, ya que lo que está en juego es una candidatura provincial y no municipal.

3.Lamentamos que el cotejo de las actas realizado por el pleno de la Junta Central Electoral en Santo Domingo se haya efectuado sin la  presencia de los representantes de los partidos políticos, lo que consideramos indispensable. Esto no puede subsanarse con la sola presencia de un observador de la sociedad civil, la cual es importante pero no suficiente, pues la presencia de los delegados de los partidos es indispensable.

4.Las autoridades electorales deben seguir actuando con la transparencia que siempre les ha caracterizado, y aun en ausencia de toda contención, de manera puramente administrativa, podrían organizar el cotejo de todas las actas de la provincia de Santiago, con la presencia de los partidos e incluso de los medios de comunicación, despejando así cualquier bruma que se pretenda esparcir sobre la pulcritud del proceso electoral.

Asimismo, llamamos a los partidos políticos y sus candidatos a actuar con absoluta responsabilidad, y no utilizar su derecho a la impugnación o la denuncia excepto que posean, como en el caso de Santiago, por lo menos indicios que permitan apreciar la seriedad de la denuncia.

Es importante recordar el esfuerzo realizado por las autoridades electorales en la organización de las elecciones del pasado 16 de mayo, que permitió, como describieron los observadores nacionales e internacionales, el desarrollo de una jornada electoral  satisfactoria. Las dificultades identificadas luego de iniciado el escrutinio se encuentran focalizadas en  lugares muy concretos del conocimiento de las autoridades y la ciudadanía. Resulta indispensable su cabal esclarecimiento para el bien de los futuros procesos electorales y de la democracia dominicana.

Participación Ciudadana ha luchado desde hace ocho años, junto a muchas organizaciones y ciudadanos conscientes, para que en este país se celebren elecciones limpias y transparentes, de las que salgan autoridades legítimas en las que el pueblo se sienta representado. Reiteramos a la población, en especial a nuestra membresía y voluntariado en todo el país, nuestro compromiso con la causa de la institucionalidad y la verdad. Todos debemos contribuir a fortalecer el sistema electoral. No podemos permitirnos el lujo de retroceder.

Ante los últimos acontecimientos relacionados con las recién efectuadas elecciones congresionales y municipales, Participación Ciudadana expresa su preocupación por las denuncias que han afectado dicho proceso, al tiempo que llama a los principales actores, incluyendo las autoridades electorales y los partidos políticos, a trabajar hasta haber despejado cualquier elemento que pueda afectar la credibilidad de los comicios

Debemos preservar a toda costa la confianza que legítimamente se han ganado las autoridades electorales que han administrado las últimas cuatro elecciones de tal forma que han sido ejemplo de transparencia para el continente.  La confianza de la ciudadanía es el mayor activo con que cuentan las autoridades electorales, y los propios partidos políticos, para asegurar el éxito de futuras elecciones.

En los casos de denuncias que impliquen alteración intencional de actas de votación o de digitación, las investigaciones deben llevarse hasta las últimas consecuencias, sin importar que  pueda afectar o no los resultados preliminares. Y no se debe descansar hasta sancionar de manera rigurosa a los responsables de cualquier irregularidad que pueda ser documentada, por pequeña que sea.

En aquellas provincias o municipios afectados por las denuncias que hayan sido documentadas, la investigación debe incluir el cotejo de todas las actas de los colegios contra los formularios de Resultado de Colegios Electorales VALIDADOS. Este proceso debe estar rodeado de la más absoluta transparencia, incluyendo su supervisión  por los partidos políticos y observadores que laboraron en estas elecciones.

Estos comicios han revelado claramente deficiencia en la capacidad de los integrantes de los colegios electorales, lo que produjo una cantidad apreciable de errores en el llenado de las actas y los formularios con el subsecuente retraso en la emisión de los boletines con los resultados electorales.

Las autoridades electorales deben poner más atención en el reclutamiento y capacitación de este personal que, el día de las elecciones, tiene en sus manos el control del proceso.

Debe eliminarse la práctica de llenar las vacantes con personas reclutadas o sugeridas por los partidos políticos, ya que este mecanismo permite a los partidos manipular la selección de los miembros de mesas y colocar a personas allegadas.

Es importante recordar el esfuerzo realizado por las autoridades electorales en la organización de las elecciones del pasado 16 de mayo, que permitió, como describieron los observadores nacionales e internacionales, el desarrollo de una jornada electoral  satisfactoria, de la cual lamentamos los hechos de violencia que cobraron la vida de varias personas tanto en Montecristi como en  Jarabacoa. Es  responsabilidad del Ministerio Público investigar y someter a la acción de la justicia a los responsables de las mismas.

Las dificultades identificadas luego de iniciado el escrutinio se encuentran focalizadas en  lugares muy concretos del conocimiento de las autoridades y la ciudadanía. Resulta indispensable su cabal esclarecimiento para el bien de los futuros procesos electorales y de la democracia dominicana.