El movimiento cívico Participación Ciudadana llevará a cabo este domingo 7 de mayo un simulacro de la observación electoral.

La entidad explicó que este ensayo le permitirá poner  a prueba el funcionamiento de las diferentes unidades técnicas y la organización del proceso de observación electoral que llevará a cabo en las elecciones del 16 de mayo a nivel nacional.  

Participación Ciudadana precisó que la materialización del ensayo tiene el objetivo de detectar las fallas y debilidades del centro de operaciones que se montará el día de las elecciones, a fin  poder aplicar con tiempo los correctivos necesarios y optimizar el esfuerzo de vigilar el cumplimiento de la ley  y la transparencia del proceso electoral.

La organización cívica informó que esta es una de las actividades más importantes para el proceso de observación de las elecciones, pues constituye un ensayo general de los diferentes tipos de monitoreo que se aplicarán el día de los comicios. 

El voluntariado, los miembros del Consejo Nacional y el personal técnico de Participación Ciudadana trabajarán en el simulacro en todo el territorio nacional, desde las 8:00 de la mañana hasta la 12:30 del medio día.

Durante este simulacro se podrán detectar los mínimos errores, tales como retrasos en la transmisión de los resultados, flujos de información o inconsistencias en los datos recibidos.

Durante el desarrollo del simulacro este domingo 7 de mayo, los Coordinadores y la Red de voluntarios agrupados en los diferentes  comités y núcleos municipales, trabajarán en la organización y supervisión del operativo en cada una de sus comunidades.

Con este simulacro, Participación Ciudadana pondrá a prueba nuevamente el sistema de observación electoral que con éxito llevó a cabo en las elecciones presidenciales de 1996, 2000 y  2004  y en las congresuales y municipales de 1998 y el 2002.

El movimiento cívico Participación Ciudadana anunció que ha desplegado cientos de sus observadores en todo el país, con el propósito de investigar la situación de las personas que han aparecido “movilizadas” en el padrón electoral. Desde el sábado 29 de abril, los observadores de Participación Ciudadana están verificando personalmente que las personas movilizadas lo hayan hecho por su propia voluntad y que esos cambios de residencia no obedezcan a una estrategia orientada a vulnerar la voluntad popular mediante la creación de mayorías artificiales ajenas a las aspiraciones de los verdaderos habitantes de los diferentes municipios y provincias del país.

En declaración de prensa dada por Paulo Herrera Maluf, Coordinador General de esa organización, se señala que resulta inquietante que se hayan movilizado miles de electores de un municipio a otro en una cantidad no acostumbrada en períodos anteriores. “Los datos que ha procesado Participación Ciudadana indican que 94,649 electores  cambiaron de municipio desde las últimas elecciones del año 2004. Esta suma es desproporcionada si la comparamos con la cantidad de personas  que realizaron ese cambio en los años anteriores, que en ningún caso sobrepasan los 30,000”, indica la nota. Para la organización cívica llama la atención que, por ejemplo, al municipio de Oviedo se hayan mudado 1,801 electores, mientras que para el municipio de Pedernales 1,695 electores, lo que arroja un total de 3,496 ciudadanos que representan un 20.8 % de los inscritos en la provincia de Pedernales.  Advierte PC que similar situación ocurrió en otros municipios del país, tales como Villa Tapia, a donde se trasladaron 1,146 electores; y San Ignacio de Sabaneta, con un total de 1,053 personas.

“En estas circunstancias, nuestra organización ha decidido además realizar una observación especial en los municipios y provincias en que se confirmen estas circunstancias, redoblando la presencia de observadores y tomando otras medidas complementarias”, añade PC.

Finalmente, Participación Ciudadana llamó a la Junta Central Electoral a profundizar sus investigaciones sobre esta temática y asimismo, convocó a todo el pueblo a que se verifique en el padrón electoral confirmando el colegio electoral donde le corresponde ejercer el sufragio. “Llamamos a la ciudadanía a utilizar el Internet y Fonojunta, con el propósito de confirmar si coincide el colegio electoral que aparece en su cédula y el que está registrado en el padrón electoral”, concluye la nota.

Luego de una larga jornada de capacitación y educación ciudadana en el que se involucró de manera activa a jóvenes estudiantes de diferentes centros educativos en la promoción de los valores éticos  y la lucha contra la corrupción, Participación Ciudadana culmina las Cruzadas Estudiantiles Anticorrupción 2005-2006, durante un evento en que asistieron más de 500 estudiantes del país.

Jóvenes estudiantes de los centros educativos Geraldo Jansen vespertino y matutino de Higuey, Arístides Fiallo de la Romana,  Federico Henríquez y Carvajal de Barahona, Profesor Emilio Casado y José Núñez de Cáceres de San José de Ocoa, Ercilia Pepin, San Francisco de Macorís y Manuel Acevedo Serrano de Cutupú, La Vega, se dieron cita en la actividad, donde presentaron sus trabajos y propuestas de cómo se debe combatir la corrupción.

También, asistieron representantes de los colegios Nuestra Señora de la Altagracia y Parroquial San José de Higuey; Cristo Rey de Barahona;  Federico Flover de San José de Ocoa; Vega Nueva y Don Luis Despradel de La Vega y elpolitécnico Lilian Bayona de La Romana.

Durante el desarrollo de la actividad los estudiantes hicieron socio-dramas, canciones, expusieron las síntesis de sus investigaciones y campaña anticorrupción.

Esta jornada de reflexión que organiza el movimiento cívico, Participación Ciudadana, pretende sensibilizar a los jóvenes frente a la necesidad de recuperar los valores que fortalecen la honestidad como parámetro para actuar en las responsabilidades públicas y privadas.

Asimismo, contribuye con la formación integral de los jóvenes estudiantes y pretende ir sentando las bases para que los jóvenes estudiantes asuman la ética como práctica de vida y a nivel profesional.

El acto inaugural de la actividad contó con la presencia de directivos de la institución, encabezado pro el coordinador general, Paulo Herrera Maluf y el Director Ejecutivo, Javier Cabreja.

Participación Ciudadana realizó un encuentro con congresistas el pasado 4 de abril de 2006, en el que abordó el tema Anteproyecto de Ley de la Función Pública, el cual pretendo buscar la profesionalización de los servidores públicos. Esta norma es una herramienta que permitirá superar problemas de ineficiencia y corrupción presentes en nuestros países y que tanto mal ha causado a las economías y el desarrollo de nuestros pueblos.

A continuación los discurso pronunciados por el coordinador general de PC, Paulo Herrera Maluf;  Lisa J. Kubiske de la Embajada de EEUU y  Dino Sinigallia, jefe de la Delegación de la Comisión Europea en la República Dominicana y Cuba.

PAULO HERRERA MALUF

Discurso del Coordinador General, Paulo Herrera Maluf, pronunciado durante el Encuentro con Congresistas: Anteproyecto de Ley de la Función Pública

Buenos  días, señores miembros del Congreso y candidatos a Senadores, autoridades públicas, diplomáticos  y miembros de la prensa. Señores y Señoras:

Participación Ciudadana junto al conjunto de entidades agradece su participación en este encuentro de discusión del ANTEPROYECTO DE LEY DE FUNCION PUBLICA, que esperamos sustituya  la Ley 14/91 del 20 de mayo del 1991 de Servicio Civil y Carrera Administrativa.

La profesionalización de los servidores públicos es considerada hoy día una de las principales herramientas para superar problemas de ineficiencia y corrupción presentes en nuestros países y que tanto mal han causado a las economías y el desarrollo de nuestros pueblos.

En el caso dominicano, al 2005 existían 15,349 servidores públicos incorporados a la carrera, para un promedio de 2,700 al año desde 1995 al 2005, lo cual no ha llenado las expectativas ni de los servidores públicos, ni de la sociedad en sentido general; a pesar que el país cuenta con la Ley 14-91 de servicio Civil y Carrera Administrativa que data del año 1991.

Para nadie es un secreto que la existencia de la Ley actual 14-91 no garantiza los objetivos que estaba llamada a cumplir, entre otras razones porque la propia ley limitó la carrera  administrativa, ya que  los empleados de carrera  pueden ser  legalmente cancelados en cualquier momento, sin explicación alguna, sin tomar en cuenta que hubo un concurso o una evaluación previa a su incorporación, obviando la tecnificación del empleado o empleada, su especialización, el gasto público que se ha empleado en su capacitación, así como los años de dedicación al servicio del Estado, que en muchos casos representan toda una vida.

Adicional a esto, la falta de cumplimiento en el proceso de incorporación de servidores a la carrera puede explicarse en que tradicionalmente la ONAP como organismo responsable de la implementación de la Ley no ha contado con los recursos necesarios para hacer frente a esta responsabilidad.  Y es que el cumplimiento de tal tarea implicaría la contratación del personal necesario para realizar el proceso de evaluación de los servidores, así como la dotación de recursos técnicos y financieros.

Estas son algunas de las limitaciones principales de la ley; aparte de otros aspectos igualmente importantes y que se han convertido en una traba para que la República Dominica pueda mostrar la existencia y cumplimiento de una carrera administrativa, como se implementa en la mayoría de los países que han entendido la importancia  de la profesionalización de los servidores públicos en el marco de la Reforma del Estado.

Cabe señalar que países como El Salvador, Guatemala, Colombia, Ecuador,

Paraguay, Venezuela, Honduras, México, Perú y Nicaragua, por solo citar algunos, tienen incorporado en sus constituciones el establecimiento de la Función Pública y la Carrera de los Servidores Públicos.

Los dominicanos y dominicanas creemos que es posible mejorar la ley actual mediante la aprobación del Anteproyecto de Ley de la Función Pública.  Ciertamente, es necesario avanzar y ponernos de acuerdo en algunos aspectos del Anteproyecto que pueden ser mejorados tales como:

–          Disminuir el papel asignado al Presidente de la República, ya que en el Art 11,  párrafo II, Las funciones que se asignan al presidente lucen excesivas y podrían ser  inconstitucionales, en cuanto a reglamentar la carrera en organismos autónomos de rango constitucional como la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas, órganos que son independientes del Poder Ejecutivo.

–          De igual forma no consideramos prudente la creación de una  Secretaria de Estado de la Función Pública como organismo rector del sistema de servicio civil.  Este será uno de los puntos a debatir en las vistas públicas que pueda convocar el Congreso cuando sea introducida la pieza.

–          Igualmente,debe revisarse la parte que autoriza al Presidente de la República, como lo hace el Anteproyecto de ley, a transferir cargos de libre nombramiento y remoción a la categoría de cargos de carrera , ya que esto podría  politizar el sistema, pues cada Presidente al final de su mandato se sentirá inclinado a dejar sus principales colaboradores (asesores, subdirectores, encargados, etc.) incorporados a la carrera, pudiendo ser estos colaboradores fieles a una persona y no necesariamente a la Administración.

–          Adicional a esto nos parece que el Contralor General de la República y los Gerentes y Subgerentes de empresas públicas deben ser parte de la Carrera Administrativa.

–          También consideramos que para que el Servicio Civil y la Carrera Administrativa tengan mayor calidad y haya transparencia en el ingreso, se deben eliminar los concursos internos,  para que todo puesto se abra a un concurso de libre competición o externo, donde los empleados de cada institución que lo deseen puedan participar.

–          Es conveniente que se mantenga la Ley 120 (Código de Ética del Servidor Público) ya que este es un buen instrumento, a pesar de que su puesta en vigencia se ha retrasado por intereses  de distinta naturaleza. La aplicación del mismo ayudaría grandemente a fortalecer el Servicio Civil en el país, por lo que deberemos debatir la posibilidad de derogar esta ley que se plantea en la propuesta.

–          Es inadecuado otorgar la posibilidad de  permanencia en una misma institución de cónyuges y quienes estén unidos por lazos de consanguinidad.  La permanencia daría la posibilidad de legitimar el nepotismo que tanto daño ha hecho a la administración pública en el país y de manera particular entraría en violación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción , convertida en ley por el Congreso Dominicano y que establece en su Articulo III de las Medidas Preventivas en el inciso 1 que los Estados promoverán la aplicabilidad, dentro de sus propios sistemas, de  ¨normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas. Estas normas deberán estar orientadas a prevenir conflictos de intereses.¨

Estas son sólo algunas observaciones que pueden ser debatidas en el marco del conocimiento del Anteproyecto de Ley.  Ojalá, Señores Congresistas, el país pueda ser pronto parte del conjunto de naciones que disponen de una ley adecuada y pensada en una administración Pública eficiente y de calidad al servicio de los ciudadanos y ciudadanas.

Muchas Gracias

LISA J. KUBISKE

Reunión Anual de Participación Ciudadana con Congresistas sobre Temas de Transparencia y Gobernabilidad

Martes, 4 de Abril 8:30
Hotel Santo Domingo
Salon Bohecio

Muy buenos días Señores Miembros del Congreso, Candidatos a Senadores, público presente y miembros de la prensa.

La Embajada de los Estados Unidos agradece al Coordinador General de Participación Ciudadana, Paulo Herrera Maluf por su invitación para participar en este importante encuentro, señalando la importancia de la creación de una verdadera carrera civil para funcionarios públicos.

El desarrollo y la implementación efectiva de una ley de servicio civil y carrera administrativa son pasos necesarios en la lucha contra la corrupción y crea las bases para la institucionalización y continuidad del estado.  En un mundo cada vez más globalizado y competitivo el país necesita servidores públicos en condiciones de administrar los servicios públicos con eficiencia y calidad.

Basados en la experiencia de un gran numero de países, sabemos que un sistema de selección y evaluación de desempeño adecuado del servidor público levanta la moral,  brinda una orientación positiva sobre las intenciones de las autoridades de turno en relación a dar cumplimiento a la implementación de políticas y programas de calidad.

Un sistema de gestión del servicio público adecuado también garantiza que el éxito de la carrera del servidor público esté determinada por el grado de eficiencia de su desempeño y su profesionalización.

Hay pasos importantes que pueden ser tomados para mejorar la aplicación de la ley vigente.   No obstante, el borrador de ley que hoy se introduce para la consideración de los honorables miembros del congreso también pueda constituirse un importante paso para la creación de una carrera civil.

La importancia e impacto social de esta ley, demanda una profunda búsqueda de consenso entre las fuerzas políticas y sociales del país, para que conduzca a un compromiso a garantizar la continuidad de su implementación sin importar la orientación política del gobierno de turno.

Se reconoce que ha habido un nivel de socialización del proyecto en el ámbito del Diálogo Nacional de 2005.  Estimamos que aún sería útil que haya más debates entre partidos políticos, sociedad civil y otros  sectores sociales, para que opinaran todos para asegurar la creación de tal consenso social.

La Embajada de los Estados Unidos continuará apoyando el fortalecimiento institucional siempre que veamos un esfuerzo y compromiso serio de las autoridades nacionales.

Debido a la gran importancia de este asunto para el país, estamos seguros de que se va a ver la presentación del proyecto de ley lo antes posible y que el Congreso se encargará del debate, mostrando el gran interés por ver que el país enfrente este problema con la seriedad que amerita.

Muchas gracias!

DINO SINIGALLIA

Discurso de Dino Sinigallia, jefe de la Delegación de la Comisión Europea en la República Dominicana y Cuba, sobre la Ley de la Función Pública

Honorables miembros del Congreso de la República Dominicana,

Honorables invitados, señoras y señores:

Agradezco la oportunidad brindada para hablarles de esta importante Ley sobre la Función Pública y aprovecho mi presencia para hacer una breve reflexión sobre el significado de la misma.

El desafío principal que enfrenta la comunidad internacional es la lucha contra la pobreza, en todas sus dimensiones. Para la Unión Europea, esta lucha es el eje central de sus políticas externas. Una condición conexa para lograr un desarrollo económico y social sostenible es que haya un cierto nivel de gobernabilidad política y económica. Sin Estado de Derecho y seguridad jurídica, transparencia y neutralidad de las decisiones de la administración estatal, será difícil asentar procesos duraderos de desarrollo.

La Unión Europea está convencida de que la continuidad del Estado es una condición necesaria para construir una democracia efectiva y una institucionalidad sólida. Está igualmente convencida de que una administración pública gestionada por funcionarios profesionales seleccionados sobre la base del mérito, a través de oposiciones transparentes, es otra condición necesaria para construir un Estado eficiente y transparente.

En el ámbito de la administración pública, la República Dominicana enfrenta el reto de  incrementar la eficiencia e imparcialidad de la administración del Estado. El establecimiento de un servicio de carrera civil profesional, independiente y  basado en el mérito es una precondición para la sostenibilidad de los resultados sustanciales de la reforma. Así, se aseguraría la continuidad de una administración pública al servicio de los ciudadanos.

Toda administración moderna debe dotarse de instrumentos y procedimientos claros y sistemáticos que hagan las reglas trasparentes. Estos son elementos claves de una estrategia de prevención de la corrupción a corto, medio y largo plazo.

Nos complace señalar que observamos iniciativas importantes, que  contribuyen a los esfuerzos de una profesionalización en el servicio público en RD. El compromiso internacional de la RD se refleja en su participación como signatario de la Carta Iberoamericana de la Función Pública, que propone la profesionalización de la gestión pública, la calidad en el servicio, la eficacia y eficiencia de las administraciones públicas. En este contexto tan propicio, esperamos con impaciencia la ejecución del primer concurso público de oposición para el sector financiero que se espera para este año.

Estamos convencidos de que la R D se dotará en un breve plazo de una administración pública moderna y profesionalizada, que sirva con objetividad e independencia los intereses generales de la nación. Y para el logro de este objetivo, que juzgamos prioritario, la Unión Europea siempre estará dispuesta a apoyar los esfuerzos de las autoridades dominicanas.

Esta propuesta de ley que ustedes van a discutir nos parece un elemento esencial para lograr esa continuidad, eficiencia y transparencia de Estado, que son imprescindibles para consolidar una sociedad moderna y democrática. Nuestra convicción se ha puesto en práctica. El PARME, que es el mayor programa actualmente vigente del Fondo Europeo de Desarrollo, ha contribuido de manera importante a la elaboración de la propuesta de ley que tienen en sus manos hoy.

La UE está comprometida a acompañar y contribuir a enfrentar estos retos, no sólo en el presente sino también en el futuro. Aprovecho esta oportunidad también para informarles que esta misma semana en el país, la Unión europea y el Caribe van a tener un seminario regional de envergadura para sentar las bases de una estrategia de cooperación entre la UE y el Caribe para los años 2008 – 2013. No cabe duda de que el compromiso con la institucionalidad democrática de nuestros socios es un factor crítico para la UE. Si esta discusión conduce a la aprobación rápida de esta ley, esto mandaría una señal muy positiva para el futuro de la cooperación de la UE con la República Dominicana.

“Los dominicanos merecemos una democracia limpia y transparente” “Súmate a vigilantes de la Democracia… porque la democracia te necesita”

Con el Lema, “Súmate a vigilantes de la Democracia… porque la democracia te necesita”,el movimiento cívico,  Participación Ciudadana lanzó ante la opinión pública nacional su campaña para la observación de las elecciones congresionales y municipales del próximo 16 de mayo.

Se trata de una campaña reformadora que incentiva a la ciudadanía a participar en el proceso electoral y entienda que participando en el proceso defiende la democracia.

Asimismo, esta campaña promueve la celebración de unas elecciones limpias y transparentes, por lo que incentiva a la ciudadanía a que se haga vigilante de este proceso porque “Los dominicanos merecemos una democracia limpia y transparente”

La campaña que está dirigida a la ciudadanía en sentido general,  sedesarrolló en un tono alegre, directo y sencillo utilizando los siguientes elementos:

Yo Vigilio…Los dominicanos merecemos… y Participando ganamos todos.

Las palabras iniciales de la actividad fueron pronunciadas por, Paulo Herrera Maluf, coordinador General de Participación Ciudadana,  quien resaltó que una vez mas PC presta su colaboración con motivo de las elecciones congresionales y municipales, para orientar a la población para que se haga vigilante del proceso, a fin del que el país disfrute de unas elecciones limpias y transparente.

En tanto que las palabras de motivación de la campaña la hizo el director ejecutivo, Javier Cabreja, quien explicó en detalle el por qué de esta campaña, la cual está integrada por un spot de TV, una cuña para la radio, afiches y anuncios para la prensa escrita.

Tras concluir con esta motivación y  explicar el contenido de la campaña, Cabreja finalizó el acto de lanzamiento de la campaña observación electoral 2006 con unas reflexiones de motivación y valoración de la iniciativa de PC.

La parte creativa de la campaña la hizo KLProducciones y Mabalo Boutique Creativa.

PAULO HERRERA MALUF

Discurso del Coordinador General de PC, Paulo Herrera Maluf, durante el Lanzamiento de la Campaña para la Observación de las Elecciones Congresuales y Municipales del 2006.

Muy buenas noches representantes de la Junta Central Electoral;
Buenas noches Representantes de los partidos políticos;
Buenas noches miembros de la prensa que nos acompañan;
Buenas noches representantes de las organizaciones de la sociedad civil.

Señoras y Señores:

Mucho me complace que ustedes nos acompañen participando con nosotros en este acto de lanzamiento en el que presentamos nuestra campaña para la observación de las elecciones congresuales y municipales del próximo 16 de mayo.

El desarrollo de unas elecciones limpias y transparentes es fundamental para el sistema político,  sus instituciones y la calidad de vida democrática que requiere la ciudadanía, para lo cual se necesita del concurso y el trabajo conjunto de todas las personas preocupadas y comprometidas con el país. La construcción de la democracia es el resultado de la integración de los ciudadanos y ciudadanas, como entes activos del proceso político, junto a los partidos y a las demás instituciones responsables del sistema electoral.

Desde el año 1996 Participación Ciudadana ha desarrollado una intensa actividad de observación de las elecciones nacionales, aspirando a que tengamos cada vez procesos que gocen de una mayor confianza de la ciudadanía. Aunque la primera experiencia de observación electoral se limitó a la jornada de votación y a la implementación del conteo rápido, en los procesos sucesivos se fue ampliando el ámbito de observación electoral de manera que dedicamos nuestra atención a las demás fases del proceso. En los procesos electorales sucesivos comenzamos a observar las elecciones primarias que desarrollan los partidos políticos para la escogencia de sus candidatos, implementamos un monitoreo a los gastos en publicidad del Estado y los partidos políticos, acompañamos a la Junta Central Electoral en las actividades de educación electoral, motivación del voto e integración de los colegios electorales, impulsamos el cumplimiento del Código de Etica en la campaña electoral por parte de los partidos políticos, entre otras actividades no menos importantes.

Las actividades de observación que hemos desarrollado en estos años no se han limitado pues a la jornada electoral, sino que han comprendido todo el proceso político que culmina en las elecciones, pero comienza desde meses antes, cuando los partidos políticos, la Junta Central Electoral y todo el país; comienzan a prepararse para la cita de mayo. En este proceso, hemos contado con la activa integración de cientos de organizaciones sociales y de personas de los diferentes niveles sociales y culturales, que con su entusiasmo y trabajo voluntario, integran la Red Nacional de Observadores y se constituyen en fieles guardianes del voto popular.

Hoy, frente a las elecciones congresuales y municipales del próximo 16 de mayo, volvemos a observar; y lo hacemos sobre la base de la experiencia acumulada, pero también incorporando nuevos elementos que puedan contribuir más propiamente con la naturaleza específica de este proceso electoral. Hasta el momento hemos desarrollado una intensa labor en la fase que denominamos pre-electoral: se dio seguimiento al proceso de selección interna desarrollado por los partidos políticos, de manera particular se observó el plan piloto de votación electrónica que realizó el PLD; se han monitoreado los gastos de propaganda y publicidad desde el mes de octubre del año 2005, se ha dado seguimiento al cumplimiento del calendario electoral, y se le ha prestado una atención especial al proceso de reestructuración de las distintas Juntas Electorales en todo el país.

Deseamos destacar que en este período hemos desarrollado 100 Encuentros con los candidatos y candidatas en 10 provincias del país y con la asistencia de más de 500 organizaciones sociales. En estos eventos las personas postuladas por los partidos políticos han presentado a las comunidades sus diferentes propuestas en materia legislativa y municipal, y del mismo modo, han escuchado un pliego de peticiones por parte de la ciudadanía, que en cada caso ha identificado cuáles son sus necesidades fundamentales.   En Participación Ciudadana nos hemos integrado con entusiasmo al proyecto que está desarrollando la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad, por iniciativa del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), y que consiste en estimular el conocimiento de los candidatos y candidatas por parte de los electores, a través de la página de Internet www.conocer.com.do  En lo que resta de la campaña electoral, Participación Ciudadana va a desarrollar ingentes esfuerzos promoviendo el Código de Etica Electoral entre los partidos políticos y sus candidatos, a fin de que la gente pueda disfrutar de una competencia electoral civilizada, respetuosa, transparente y propositiva.

El día de la jornada de votación vamos a movilizar en todo el país tres (3) mil voluntarios que estarán ubicados en diferentes colegios electorales y centros de votación, pero que también desarrollarán una observación itinerante en diferentes municipios y provincias del país. Estos voluntarios estarán suficientemente capacitados para detectar cualquier anomalía que se presente en el proceso electoral, tomar nota de ella y apoderar de inmediato a las autoridades competentes. Quisiera anunciar que para este proceso electoral vamos a implementar el sistema de conteo rápido para las votaciones desarrolladas en el Distrito Nacional y Santiago, lo cual nos permitirá estimar con un alto grado de fiabilidad quienes resultaron ganadores a los puestos de senador y síndico en esas demarcaciones, poco tiempo después de finalizada la votación.

Para terminar, deseo anunciar con suma satisfacción que Participación Ciudadana ha recibido este año el mandato de Transparencia Internacional, para que le represente en el país  como observadora de este proceso electoral, en su calidad de capítulo nacional de la misma. Esa distinción que nos ha conferido esta prestigiosa institución internacional que vela por la transparencia de la administración pública, nos obliga a los directivos, miembros, voluntarios y colaboradores Participación Ciudadana, a estar cada vez más comprometidos con el fortalecimiento de la democracia dominicana y la lucha por el respeto a la voluntad popular.

Muchas gracias.

El movimiento cívico Participación Ciudadana llamó a los partidos políticos y sus candidatos a desarrollar una campaña electoral fundamentada en propuestas programáticas que representen una alternativa de solución a los diversos problemas que confronta la ciudadanía.

El Director Ejecutivo de Participación Ciudadana, Javier Cabreja, apoyó las declaraciones del presidente de la Junta Central Electoral, Dr.Luis Arias Núñez, quien llamó a los partidos políticos a evitar los actos de violencia y los enfrentamientos entre sus seguidores. En ese sentido, Participación Ciudadana afirma que está promoviendo un Código de Etica Electoral, orientado a estimular un comportamiento cívico y respetuoso de los partidos políticos y sus candidatos. “Estamos abogando por una campaña electoral que respete el medio ambiente y no implique graves trastornos a las actividades normales de la ciudadanía”, afirmó.

El movimiento cívico llamó a los partidos políticos a coordinar las diferentes manifestaciones públicas, marchas o “bandereos”, para evitar que coincidan en un mismo espacio las actividades de diferentes candidatos. Asimismo, pidió que se evite el uso de armas de fuego y bebidas alcohólicas en las actividades políticas, elementos que pueden inducir a la violencia política.

“Es una responsabilidad de los dirigentes y candidatos mantener un discurso moderado y respetuoso, evitando la utilización de calificativos o expresiones despectivas, que pudieran constituirse en caldo de cultivo de la violencia”, señaló Cabreja.

El movimiento cívico Participación Ciudadana anunció que en los próximos días se reunirá con los directivos de los diferentes partidos políticos, a fin de solicitarles que se comprometan con el cumplimiento del Código de Etica Electoral.

La labor del Congreso Nacional durante las legislaturas del año 2005 y la extraordinaria de 2006, continúa siendo esencialmente para la aprobación de leyes y convenios puntuales, pensiones y contratos así como para la modificación de la división territorial. Asimismo, en el país continúa como habitual que la gran mayoría de las iniciativas legislativas corresponde a los propios miembros del Congreso Nacional, a pesar de que otros poderes tienen atribuciones para impulsar reformas y nuevas leyes.

En el 2005, además, perimieron importantes proyectos de ley que forman parte del esfuerzo de una agenda legislativa para fortalecer la lucha contra la corrupción administrativa.

En la labor legislativa se repite la práctica de que la mayoría de los proyectos aprobados por el Congreso Nacional corresponden a leyes territoriales y de pensiones. En total, durante la segunda legislatura ordinaria del 2005 y la primera legislatura extraordinaria del 2006, se crearon tres (3) nuevos municipios, veintiséis (26) nuevos distritos municipales y ocho (8) nuevas secciones. En la mayoría de los casos, estas creaciones o elevaciones de categoría no se corresponden con el desarrollo alcanzado por esas demarcaciones. Mientras eso sucede, el Congreso Nacional deja perimir el proyecto de Ley Orgánica Municipal, que tiene como propósito precisamente el someter a una regulación estricta el cambio de categoría de cualquier división política del país, creando incentivos que eviten la creciente fragmentación del territorio nacional.

Un total de leyes de pensiones aprobadas por el Congreso Nacional durante las legislaturas de 2005 ascendió a setenta y seis (76), representando una carga monetaria para el Estado de más de trece millones de pesos al año. Para estas aprobaciones no existen otros criterios que la cercanía política o familiar del favorecido con un legislador o un partido, dejando de lado los merecimientos por verdadero servicio prestado al Estado o al país.

Mientras esto sucede, han perimido importantes proyectos de ley que formaban parte de la denominada agenda legislativa anticorrupción. Dentro de estas iniciativas están el proyecto de ley para la Creación de la Oficina Nacional de Prevención e Investigación de la Corrupción, el proyecto de ley para la Creación de la Dirección General de Probidad Administrativa y contra el Enriquecimiento Ilícito, el  proyecto de ley para la Contratación Pública de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones, el proyecto de ley Contra la Corrupción en la Administración Pública, el proyecto de ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público y el proyecto de ley para la Creación de la Contraloría General de República y del Sistema Nacional de Control Interno.

Además perimieron otros proyectos reclamados por la sociedad, como son, el proyecto de Ley General de Participación, el proyecto de ley para la Regulación del Sistema de Tarjeta de Crédito,  el proyecto de ley de Partidos y Agrupaciones Políticas y  el proyecto de ley para la Regulación de la Propaganda y Publicidad del Estado. Otros proyectos perimidos están estrechamente vinculados al proceso de reorganización del sector público, tales como el proyecto de ley General de la Administración Pública, el proyecto de ley de Descentralización de la Función Pública y el proyecto de Ley Orgánica Municipal.

Aprobaciones de leyes y convenios

Durante la Segunda Legislatura Ordinaria de 2005 el Congreso Nacional aprobó 28 leyes generales, 25 leyes territoriales y 67 leyes de pensiones. Asimismo, le otorgó carácter de normativa a 11 tratados internacionales, y ratificó 4 contratos internacionales y  49 contratos nacionales.

Dentro de las leyes de carácter general aprobadas durante esta legislatura se destacan:

§         Ley de Protección al consumidor y usuario;

§         Ley Mediante la cual se crea el Sistema de Crédito Público;

§         Ley de Salud Mental;

§         Ley que crea el Consejo Nacional de la Competitividad;

§         Ley de Tesorería Nacional;

§         Ley mediante la cual se autoriza al Poder Ejecutivo  transferir la suma de RD$13,538,962,224.00, del Fondo General de la Ley de Gastos Públicos;

§         Ley de Promoción al Desarrollo de Parques Infantiles y de Diversión Integral de la Familia;

§         Ley que modifica la Ley No.351, del 6 de Agosto de 1964, que autoriza la expedición de Licencias para el Establecimiento de Salas de Juegos de Azar;

§         Ley de Reforma Tributaria 2005;

§         Ley de Carrera Administrativa del Congreso Nacional

§         Ley mediante la cual se prohíbe la utilización de la denominación olema, de los dibujos contentivos del símbolo, colores, emblema obandera, ya registrado en la Junta Central Electoral, yque distingue auna agrupación política.

§         Ley mediante la cual se autoriza al poder ejecutivo captar fondos por un monto de trescientos millones de dólares (US $300,000,000).

Los once (11) Tratados o Acuerdos Internacionales aprobó, durante  la segunda legislatura ordinaria del 2005 por el Congreso Nacional son: el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria,  el Protocolo de  Cartagena sobre seguridad de la Biotecnología del convenio sobre Diversidad Biológica, el Protocolo de Reformas al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, el Acuerdo entre el Gobierno Dominicano y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, entre otros.  Del mismo modo, se ratificaron préstamos internacionales con distintos organismos por un valor total de US$259,925,939.18.

La Cámara de Diputados y el Senado aprobaron con estas modificaciones el proyecto de reforma fiscal en la primera semana de diciembre, lo cual generó un amplio rechazo en el Gobierno y en algunos sectores empresariales. Sin embargo, no contando con apoyo político para imponer una observación electoral a esta ley, el Poder Ejecutivo optó por promulgarla y postergar para la discusión del Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos de 2006 el reclamo de los fondos que según sus técnicos deja de percibir el Estado con la reforma tributaria aprobada.

El Poder Ejecutivo sometió al Congreso Nacional en fecha 22 de diciembre de 2005, la propuesta de Ley de Presupuesto para el año 2006 con un estimado de doscientos treinta y ocho mil quinientos cincuenta millones de pesos (RD$238,550.4), que luego de seis semanas de discusión en comisiones mixtas, con delegados del Gobierno y otros sectores, fue aprobado a mediados de febrero de 2006 luego de una negociación en la que se incrementó su monto para proveer fondos a ONG vinculadas a legisladores, un monto mayor a la JCE y cambios en la estructura impositiva.

El presupuesto se incrementó en 880.4 millones para un total de 239,000 millones de pesos; se sustituyó la comisión cambiaria por un “impuesto especial” de un 13% a las importaciones, que cesaría a mediados de año. Este aumentó implicó la asignación de RD$371.3 para las organizaciones no gubernamentales que apadrinan los legisladores, RD$300 millones para Interior y Policía y los Ayuntamientos y RD$94 millones para la Junta Central Electoral. Se mantuvieron las partidas para la construcción del metro de Santo Domingo que fueron planteadas originalmente por el Poder Ejecutivo.

Iniciativa legislativa

Durante la segunda legislatura ordinaria del 2005 las iniciativas legislativas que fueron convertidas en ley por el Congreso Nacional provinieron esencialmente de los propios legisladores. De las 28 leyes generales aprobadas sólo 4 fueron de la iniciativa del Poder Ejecutivo: la Ley de Reforma Tributaria 2005, la Ley de Tesorería Nacional, La Ley de Transferencia de Fondos de la Ley de Gastos Públicos y la Ley que autoriza al Poder Ejecutivo a captar fondos por un valor de US$300,000,000. De estas leyes generales, las restantes 24 fueron iniciativa de los legisladores, mientras que de los demás organismos con iniciativa legislativa, la Suprema Corte de Justicia y la Junta Central Electoral, no  se aprobó ninguna iniciativa legislativa, a pesar de que algunas de las leyes aprobadas están directamente vinculadas a estos poderes del Estado, tales como las creaciones de diferentes tribunales o la ley sobre uso de los símbolos y colores de los partidos políticos.

El pleno del Senado de la República conoció en el período estudiado un total de mil trescientos treinta y dos (1,332) iniciativas, de las cuales 73 son proyectos de leyes de carácter general, 49 proyectos de leyes territoriales; 335 proyectos de leyes de pensiones; 3 resoluciones legislativas; 6 propuestas de designación; 26 resoluciones de representación; 19 tratados internacionales; 9 contratos internacionales y  818 contratos nacionales.

De todos estos asuntos, los que finalizaron el trámite legislativo en el Senado de la República durante la segunda legislatura ordinaria del 2005 son los siguientes: 35 proyectos de leyes generales;  35 proyectos de leyes territoriales; 188 proyectos de leyes de pensiones; 20 resoluciones de representación; 4 resoluciones designación; 3 resoluciones legislativas; 7 convenios internacionales; 5 contratos internacionales  y  673 contratos de venta.

El Senado aprobó un total de 188 proyectos de ley de pensiones, que representan un monto de dos millones ochocientos veintiún mil pesos mensuales (RD$2,821,000). Los 35 proyectos de leyes de división territorial están orientados a establecer 11 nuevas secciones, 24 nuevos distritos municipales, 6 nuevos municipios, una nueva provincia y tres transferencias de territorios.

Los diputados

El pleno de la Cámara de Diputados conoció un total de trescientos cuarenta y dos (342) iniciativas durante este período, de las cuales 94 son proyectos de ley de carácter general, 55 proyectos de leyes territoriales; 74 proyectos de leyes de pensiones; 3 resoluciones de fiscalización; 40 resoluciones de representación, una resolución legislativa; 17 tratados internacionales; 6 contratos internacionales  y 52 contratos nacionales.

Durante la segunda legislatura de 2005, la Cámara de Diputados no cumplió con la responsabilidad establecida por la ley  19-01 que instituye el Defensor del Pueblo y que establece en su artículo 4 que la Cámara someterá una terna de candidatos para ser electo por el voto favorable de las 2/3 partes del Senado de la República.

Como en otras legislaturas, los intereses políticos que se han presentado en torno a esta selección han imposibilitado generar consenso respecto de una candidatura que concite el apoyo mayoritario de la Cámara.

En 2006

Durante la primera legislatura extraordinaria del 2006 el Congreso Nacional aprobó un total de treinta y un (31) instrumentos legales. Esto incluyó 5 leyes generales, 6 leyes territoriales, 9 leyes de pensiones, 5 tratados internacionales, 4 contratos internacionales y 2 contratos nacionales. De las leyes generales aprobadas la más importante fue la Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos del 2006 y la Ley que modifica la Ley No. 351, que autoriza la expedición de licencias para el establecimiento de salas de juegos de azar, y sus modificaciones. En cuanto a esta última, el Congreso Nacional aprobó las observaciones formuladas al respecto por el Poder Ejecutivo.

Ante propuesta del Secretario General del Partido Reformista Social Cristiano, Víctor Gómez Casanova, para celebrar las elecciones congresionales y municipales en el mismo año que las presidenciales, Participación Ciudadana fija la siguiente posición:

1.Ya es tiempo de que el sistema político dominicano abandone la práctica de hacer acuerdos y pactos al margen de los mecanismos constitucionales, institucionales y legales. Si se considera imprescindible celebrar todas las elecciones generales en el mismo año, lo procedente es que se establezca en una próxima reforma constitucional.

2.Los legisladores, síndicos y regidores a ser electos el próximo 16 de mayo durarán en funciones cuatro años como establece la Constitución. Ningún acuerdo puede vulnerar ese período, ni ampliándolo ni reduciéndolo, aunque involucrara a la totalidad de los partidos políticos. Y ya es muy tarde para que se realice una previa reforma constitucional.

3.Es lamentable que sea ahora cuando importantes dirigentes políticos vengan a darse cuenta del daño que se hace al país con las extensas campañas electorales a que nos han acostumbrado. Cuando comenzaba la campaña en curso, pedimos a la Junta Central Electoral y a los partidos un acuerdo –que en nada afectaría la institucionalidad ni la constitucionalidad- para limitarla a los 90 días que establece la Ley Electoral. La respuesta fue el silencio.

4.Nuestra propuesta fue y sigue siendo que las elecciones primarias de los partidos se celebren entre enero y febrero y que antes de esa fecha esté prohibida toda promoción de candidaturas por medios masivos, es decir, prensa, radio, televisión, y en las vías públicas. De esa forma se reduciría el alto costo que tienen las campañas electorales dominicanas, que en su mayoría sale de las arcas del Estado o de la inversión de empresarios y aventureros que luego cobran la renta correspondiente.

5.Creemos que también es necesaria una legislación que establezca límites al gasto de campaña de los candidatos, como se ha hecho en otros países para reducir el peso del dinero, muchas veces de dudosa fuente, en la decisión de los electores.

6.En consecuencia Participación Ciudadana considera que el Diálogo Nacional no debe ser convocado para discutir una propuesta que se aparta de los cánones constitucionales.

7.Confiamos en que cuando se convoque una nueva reforma constitucional se atienda el reclamo nacional de una previa asamblea constituyente electa al efecto. De esa forma se reducirán los riesgos de seguir modificando la Constitución de la República por razones coyunturales y partidistas, como ocurrió hace menos de 4 años.-

8.Las elecciones deben ser separadas  porque esto favorece que exista una mayor independencia  del poder legislativo y los ayuntamientos. Además crea las condiciones para fomentar el liderazgo local.