Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), con el apoyo de Transparencia Internacional realizan el Taller de Capacitación en Convención Interamericana Contra la Corrupción y Herramientas para la Elaboración del 2do Informe Alternativo desde las Organizaciones de Sociedad Civil.

Las organizaciones convocante de la actividad, desarrollan desde el año 2002, una estrategia para promover en la sociedad dominicana el conocimiento de este instrumento de carácter internacional, que contribuye con la prevención de la corrupción y el aumento de la transparencia en la administración pública.

El Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción –MESICIC- es un instrumento que permite a los Estados Miembros de la OEA que ratificaron la mencionada convención, promover su implementación, dar seguimiento a los compromisos asumidos en ella y facilitar la realización de actividades de cooperación técnica, intercambio de información, experiencias y prácticas óptimas y armonización de legislaciones.

Este taller pretende capacitar a representantes de las organizaciones sociales, en los contenidos de la Convención Interamerica Contra la Corrupción (CICC), y dotarles de las herramientas para la elaboración del 2do Informe Alternativo desde las organizaciones de la Sociedad Civil, para presentarlo al Comité de Experto del Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la CICC.

En la segunda Ronda de Análisis, la República Dominicana será evaluada por el Mecanismo de Seguimiento en las disposiciones seleccionas en esta ronda que son:

·         Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado. (Artículo III, párrafo 5 )

·         Sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción. (Artículo III, párrafo 8 )

Actos de corrupción (Artículo VI )

Asimismo, los informes por país de la Segunda Ronda también incluyen  observaciones en relación con los avances en la implementación de las recomendaciones formuladas en el informe de la Primera Ronda,  sobre los que la Sociedad Civil de la República Dominicana estará presentando sus valoraciones e impresiones, durante el desarrollo de la actividad.

En Participación Ciudadana compartimos la convicción de que nuestra Carta Magna amerita una reforma integral, que no sea el resultado de coyunturas políticas y que permita su adecuación a las circunstancias que hoy predominan en el país y en el mundo, perfilando una nueva arquitectura institucional. Una moderna Constitución de la República fortalecería los procesos de reforma que se promueven desde hace varios lustros, incorporaría los derechos ciudadanos de nueva generación que están presentes en diferentes convenios internacionales y eliminaría muchas contradicciones e inexactitudes que persisten en el textovigente.

1. Sobre el mecanismo para la Reforma: Asamblea Constituyente

Desde hace varias décadas, el debate Constitucional ha tenido un punto de amplio consenso: la reforma integral a la Constitución de la República debe hacerse a través de una Asamblea Constituyente electa por el voto popular y no por la Asamblea Revisora, que es el mecanismo hasta ahora previsto. Participación Ciudadana apoya la realización de una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución de la República, posición que también ha sido sustentada por los diferentes partidos políticos y que se encuentra consagrada en el Programa de Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana  y del Presidente de la República, al comprometerse a “propiciar la Asamblea Constituyente, por miembros electos libremente por la ciudadanía, como un órgano de amplia base popular que sea, por eso mismo, una genuina expresión de la democracia”.

El mecanismo de la Asamblea Constituyente tiene una amplia tradición en nuestra historia constitucional y representa numerosas ventajas respecto de la Asamblea Revisora:

a.      Estaría integrada por un conjunto de hombres y mujeresdedicadas exclusivamente a la redacción de una nueva ley suprema, a diferencia de la Asamblea Revisora que está forzada a coexistir con todo el trabajo inherente a las competencias del Congreso Nacional. Por ello mismo, la Asamblea Constituyente dispone del tiempo necesario para redactar pausadamente la Constitución, sin someterse a las presiones derivadas de la cotidianidad política, y dedicando el esfuerzo que sea necesario para que sus resultados estén revestidos de la mayor calidad posible;

b.      Propiciaría que los partidos políticos seleccionen  como candidatos y candidatas a constituyentes a sus mejores dirigentes, a aquellos que pueden representar más apropiadamente el interés nacional; permitiendo asimismo la integración de las minorías y de las organizaciones de la sociedad civil;

c.      Tendría la mayor legitimidad para la redacción de una Constitución que debería representar un nuevo pacto político y social, en el entendido de que resulta electa por el voto popular en virtud de un mandato exclusivo y absoluto;

d.      Conllevaría la facultad y posibilidad de realizar todos los procesos de consulta y debate sobre las reformas constitucionales propuestas, integrando en esta discusión democrática a la mayor cantidad de hombres y mujeres, logrando así una identificación trascendente entre la Carta Sustantiva y la población.

Al apoyar la realización de una Asamblea Constituyente, Participación Ciudadana reivindica todos los procesos de consulta que se han realizado en los últimos años y que fueron sistematizados en el año 2001, por la Comisión Especial para la Reforma Constitucional, a partir del proyecto presentado por el Consejo Nacional de Reforma del Estado, y de las propuestas de universidades, del Diálogo Nacional de 1998 y de diversos foros y consultas. En todos esos escenarios predominó el consenso en el sentido de queel mecanismo más idóneo para la modificación constitucional es la Asamblea Constituyente.

Proponemos que los delegados a la asamblea constituyente sean escogidos el 16 de mayo del 2008, conjuntamente con la elección presidencial para economizar recursos y evitar otra campaña electoral. Es obvio que para hacer esto posible, el Congreso Nacional debe previamente reformar la Constitución como lo establece el Pacto para la Reforma Constitucional, suscrito por los líderes de los tres partidos mayoritarios el 27 de septiembre del 2001.

2. Sobre el contenido de la Reforma Constitucional

2.1 De la Nación, de su Soberanía y de su Gobierno. (Tit. I; Sec. I; Arts. 1 al 4)

Texto Actual

Art. 2.“La soberanía nacional corresponde al pueblo, de quien emanan todos los poderes del Estado, los cuales se ejercen por representación”.

Participación Ciudadana esta de acuerdo en que este artículo de la Constitución debe ser modificado en el interés de poder incluir de manera  fundamental los mecanismos de participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones. Dicha modificación determinará que la soberanía popular corresponde al pueblo, de quien emanan todos los poderes del Estado, los cuales se ejercen por representación y por los mecanismos que deberán establecerse en la nueva constitución como serán: el Plebiscito, el referéndum, las consultas, la revocación del mandato a los candidatos electos, entre otros.

Esta modificación permitirá desarrollar en el país el control social, el cual puede resumirse como el derecho y el deber que tiene todo ciudadano y ciudadana, en forma individual y colectiva, de vigilar, supervisar y controlar la gestión pública y los resultados de la misma. Esto debe encaminar a incluir en la nueva redacción de la constitución, la función de control ciudadano.

Texto Propuesto:

Art. 2.“La soberanía nacional corresponde al pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales se ejercen directamente o por representación”.

En relación al articulo 4, Participación Ciudadana esta de acuerdo en que debe sustituirse la referencia a los “poderes del Estado” y señalar en su lugar el “poder público”, partiendo del criterio de que el Poder es único, y que se puede dividir en “funciones”. En tal sentido, esta institución apoya que el poder público se divida en Función Legislativa, Función Ejecutiva y Función Judicial. Adicional a estas, propone la creación de la Función de Control y de la Función Municipal.

2.2 De los Derechos Individuales y Sociales. (Tit. II; Sec. I; Art. 8)

Los Derechos Humanos, por su misma naturaleza, tratan sobre la clase de sociedad en la que vivimos y entrañan la búsqueda de una sociedad más justa donde todas y todos sus miembros sean tratados con dignidad y respecto.

Es necesario que la nueva constitución incorpore capítulo dedicado a los derechos humanos, dividiéndolo en secciones destinadas a los derechos civiles, sociales, culturales y ecológicos, incorporando principios que fortalezcan la seguridad individual, la igualdad de hombres y mujeres, la protección de los valores culturales, y del medio ambiente. Ver. Informe de la Comisión Especial para la reforma constitucional creada por el Decreto No 410-01, del 21 de mayo del 2001.

El derecho a la información pública necesita un nuevo enfoque constitucional, de manera que se garantice para todas y todos los hombres y mujeres, el acceso a este tipo de información. Este derecho no debe limitarse, tal y como se encuentra en la actual Constitución, a las fuentes noticiosa de información.  En este caso, se sugiere ampliar el inciso 10 relativo al derecho a información. Se recomienda asumir la propuesta presentada por la Comisión Especial del 2001. La cual establece lo siguiente:

• Todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas estatales, siempre que no  pongan en peligro la seguridad nacional.

• Todo hombre o mujer  tiene el derecho de obtener de cualquier banco de datos, sea este público o privado, toda la información que por cualquier vía se tenga sobre ella.

• Todo hombre o mujer tiene derecho a solicitar y obtener de las instituciones estatales informaciones oficiales del dominio público, salvo aquellas relativas a la seguridad nacional.

En la Constitución de la República Dominicana, se necesita resolver el problema de la ausencia de garantías para el respecto de los derechos humanos, individuales y sociales. Por esta razón es importante la integración de las garantías constitucionales que aseguren el respecto de los derechos humanos, como pueden ser mecanismos como: el Habeas Corpus, el Recurso de Amparo, el Habeas Data y el Derecho de Tutela.

El Amparo Constitucional que debe incluirse en la constitución, tendrá por  objeto la protección de todos los derechos reconocidos en la Carta Magna y puede ser interpuesto también contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos ambientales.

Se recomienda incluir de manera expresa el Habeas Corpus en el texto constitucional, pues el mismo es de suma importancia, ya que esta referido a la libertad física, a las condiciones de detención o desaparición forzosa de las personas. De igual forma, debe establecerse la acción de Habeas Data, la cual está destinada a la protección del derecho a la autodeterminación informática e intimidad informática.

Participación Ciudadana entiende que es una necesidad la incorporación del Defensordel Pueblo con rango constitucional, con el interés no solo  de garantizar los derechos fundamentales de las personas, sino también de controlar los actos de la administración pública, así como de ayudar a la consolidación de un Estado de Derecho.

Se considera importante integrar en la Constitución el derecho de denuncia de parte de cualquier persona física o moral, de aquellos actos dolosos en que hayan incurrido determinados funcionarios públicos. Estas personas deberán gozar del derecho a ser protegido.

2.3 De la Ciudadanía. (Tit. III; Sec.II; Arts. 12 al 15)

Los derechos de la ciudadanía son los que permiten la participación en los asuntos públicos y en la vida política nacional; en particular, el derecho de elegir y ser elegido/a.  Participación Ciudadana esta a favor de la corriente constitucional más moderna, que amplía estos derechos con la finalidad de permitir la participación directa de los ciudadanos y ciudadanas en la toma de decisiones públicas.

Esta organización entiende que en la Constitución se deben establecer mecanismos de participación directa de la ciudadanía como el plebiscito, el referendo, la consulta popular y la iniciativa legislativa ciudadana; también el derecho de participación en la elección directa de sus representantes para la Asamblea Constituyente y ser candidatoo candidata a la misma.

En la Reforma Constitucional, deberá establecerse que son derechos políticos de todos los  hombres y mujeres, el participar a través de sus organizaciones, en la gestión de las funciones públicas de su interés, mediante consejos económicos y sociales que se organizarán en los niveles nacional, regional, provincial, municipal, distrital y vecinal;  y como mecanismos de consulta obligatoria por las demás funciones públicas, previo a la toma de decisiones de alto interés nacional e internacional.

            2.4 Del Poder (Función) Legislativo (a). (Tit. IV)

Con relación a la matrícula del Congreso, Participación Ciudadana propone la limitación del número de Legisladores: un Senador/a por cada provincia y  que el número de Diputados/as, no debe sobrepasar la cantidad actual (178- año 2006) por lo que se sugiere  aumentar significativamente la base poblacional para la elección de estos.   Es necesario revisar el sistema de representación, de forma que se establezca el Diputado/a Nacional, escogido mediante la acumulación de votos a nivel de todo el país.

De igual manera, se propone que para ser Legislador/ra debe incluirse como requisito, el no haber sido condenado/a por un tribunal penal y/o criminal.

En relación a  las vacantes que se produzcan en el Congreso, Participación Ciudadana recomienda que sean cubiertas de la siguiente manera:

• En los casos de muerte o incapacidad de un legislador o legisladora, el partido al que pertenezca deberá presentar al candidato o la candidata que lo sustituye mediante una terna.

• En caso de renuncia o si este o esta no asume sus funciones, el cargo deberá ser  ocupado por el candidato o candidata no electo que haya obtenido más votos, sin importar el partido.

• 3.Se propone que no puedan ser candidatos o candidatas  a Senadores/Senadoras y/o Diputados/Diputadas, los Secretarios/as y Subsecretarios/as de Estado, Directores/as Generales de organismos del Estado,.Gobernadores/as, Jueces/Juezas, representantes del Ministerio Publico, Militares y Policías,  miembros del Consejo de Administración de sociedades que tengan contratos con el Estado, salvo que hayan renunciado a esas funciones por lo menos seis meses antes de la fecha de las elecciones.

El porcentaje de votación requerido para condenar a un funcionario o funcionaria que esté siendo juzgado por el Senado, debe disminuirse de ¾ de la matrícula, a ?partes. En cuanto al nombramiento de la Cámara de Cuenta,  debe ser designado por el Consejo Nacional de la Magistratura.

Para que el Congreso sea más eficaz en el control del gasto público deben  establecerse nuevas disposiciones.

Para crear o suprimir provincias, municipios u otras  divisiones políticas, se exigirá el voto favorable de las tres cuartas partes de los miembros de cada Cámara. El  estudio previo para esta situación territorial debe ser realizado por órganos competentes del Estado, fuera del Congreso.

Para la creación o supresión de tribunales judiciales, el Congreso debe obtener la opinión del Poder Judicial.

En relación a la formación de leyes, además de lo establecido, tendrán derecho a iniciativas legales,  un 30% de los ayuntamientos en asuntos municipales, y un mínimo de diez mil ciudadanos/as  inscritos en el registro electoral. Esta iniciativa se regulará por la Ley.

El plazo de vigencia de un proyecto de ley debe ser el de cuatro (4) legislaturas ordinarias.

El Congreso debe examinar anualmente todos los actos del Poder Ejecutivo y aprobarlos si son ajustados a la constitución y a las Leyes Dominicanas. A tal efecto, al inicio  de la primera Legislatura Ordinaria, las Comisiones Bicamerales respectivas invitarán a los Secretarios/as de Estado a una sesión formal a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 55, ordinal 22 de la Constitución.

El Congreso debe establecer en las candidaturas propuestas por los partidos políticos a las elecciones legislativas, la paridad entre hombres y mujeres.

            2.5 Del Poder (Función) Ejecutivo (a). (Tit. V) 

Cambiar el nombre de “Poder Ejecutivo” por el de “Función Ejecutiva”

En vez de “el jefe de la administración pública y el jefe supremo de todas las Fuerzas Armadas de la República y de los Cuerpos Policiales”, cambiar por: “El Presidente o la Presidenta de la República es la autoridad suprema de la Administración Pública, las Fuerzas de Defensa de la República y los Cuerpos Policiales…”

Participación Ciudadana apoya que la duración del período presidencial se mantenga en 4 años. La institución está en desacuerdo con la repostulación en períodos consecutivos. Propone que se elimine la reelección presidencial de manera inmediata, y es partidaria de que la persona que haya sido presidente, deba esperar un período para su repostulación.

Añadir como requisitos para ejercer la función ejecutiva, la edad máxima de 75 años.

Atribuciones de la función:

En relación al artículo 55, se propone suprimir las atribuciones sobre llenar vacantes de jueces/juezas y Cámara de Cuentas cuando el Congreso esté en receso (9) y de Síndicos, Sindicas, Regidores y Regidoras (11); hacer arrestar o expulsar a extranjeros/as y prohibir su entrada (16 y 20); anular arbitrios establecidos por ayuntamientos (25) y autorizar a ayuntamientos a enajenar inmuebles (26).

Someter al Congreso Nacional el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos debidamente consolidado, que incluya tanto el Presupuesto de la Función Ejecutiva como los presupuestos de los organismos descentralizados y los proyectos de presupuestos de la Función Judicial y de la Junta Central Electoral.

La constitución deberá prever un mecanismo de revocación del mandato. Estudiar cambiar las mayorías calificadas actuales para iniciar juicio político, que lucen excesivas.

Si se prevé para el Presidente o Presidenta, debe preverse también para todos los funcionarios y funcionarias  electos/as.

Que dentro de las funciones correspondientes al Presidente/Presidenta esté instituida la paridad como principio para la designación de los cargos públicos (Secretarias de Estado, Direcciones, cargos Diplomáticos, etc.)

Normas sobre la Administración Pública

Participación Ciudadana propone que se establezca la Carrera administrativa con rango constitucional para la mayoría de los puestos técnicos, exceptuando los electos y los de libre nombramiento. Esto incluirá que el retiro de los servidores/as se producirá solo por el mal desempeño en sus funciones o por incurrir en faltas graves. Los cargos públicos de libre remoción deberán ser bien precisados, estableciéndose en cada una de las funciones del Estado (Ejecutiva, Judicial,  Congresional, Municipal y de Control).

Se debe establecer, al igual que otras constituciones de la región, que “en ningún caso, la filiación política de los ciudadanos y ciudadanas podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción”.

De igual forma, se propone incluir los Derechos, Deberes y Prohibiciones referidas a los servidores y servidoras  públicos. Se requiere de la prohibición expresa del nepotismo, los conflictos de intereses,  los regalos a empleados/as y funcionarios/as públicos, así como el uso de recurso del Estado.Resulta importante el establecimiento del no desempeño de más de un empleo en el sector público, salvo el magisterio y servidores del sector salud.

Adicional a lo anterior, se solicita que se incluya con carácter de obligatoriedad, la declaración Jurada de bienes  de los funcionarios y funcionarias públicos.

En cuanto a las Secretarías de Estados, se considera pertinente definir lo relativo a los alcances, definición y constitución de estas Secretarías; incluyendo  una modificación que garantice que la ley orgánica que crea y organiza las Secretarías de Estado sea votada por una mayoría especial en el Congreso.

2.6 Del Poder (Función) Judicial. (Tit. VI)

Se propone establecer constitucionalmente la autonomía administrativa y presupuestaria   de la función  Judicial, mediante la designación a este Función, de un mínimo del 3% del presupuesto anual.

Respecto a la inamovilidad de los jueces y juezas, sugiere Participación Ciudadana, que se mantenga el sistema actual, de que los jueces y juezas permanezcan en sus funciones hasta la  edad de su retiro o jubilación, salvo que cometan faltas graves. Esto debe ser acompañado con la designación de un organismo evaluador independiente.

Es recomendable que en la Constitución aparezca la división de la Suprema Corte de Justicia en Cámaras.

Se entiende que la Suprema Corte de Justicia debe preservar su autonomía administrativa y presupuestaria.Aunque es necesario crear un órgano encargado de las funciones administrativas de la Función Judicial, que se denominaría Consejo Administrativo de la Función  Judicial, y que estaría integrado por el Presidente/a de la SCJ o su sustituto que lo presidirá y además un miembro por cada instancia judicial y dos representantes de los empleados/as.

Participación Ciudadana propone que además de la función que actualmente tiene el Consejo Nacional de la Magistratura de nombrar los jueces y juezasde la Suprema Corte de Justicia, se añadan a este órgano las siguientes atribuciones:

a.      Fungir como tribunal disciplinario respeto a los jueces y juezas de la Suprema Corte de Justicia.

b.      Designar a los jueces y juezas de la Cámara de Cuentas.

c.      Elegir a los jueces/juezas de la Junta Central Electoral

d.      Crear un Tribunal de Garantías Constitucionales.

En cuanto a su composición, el Consejo Nacional de la Magistratura deberá estar integrado por:

1.El Presidente/a de la República

2.El presidente/a del Senado

3.Un senador   o Senadora del partido con mayor nivel de votación, que no sea del mismo del Presidente/a del Senado.

4.El Presidente/a de la Cámara de Diputados/as

5.Un diputado o diputada del partido con mayor nivel de votación, que no sea del mismo del Presidente/a de la Cámara de Diputados/as.

6.El Presidente/a de la Suprema Corte de Justicia

7.Un magistrado o magistrada de la Suprema Corte de Justicia, escogido por ella misma.

8.Dos jueces o juezas que sean presidentes/as de cortes de apelación, escogidos en asamblea de sus partes a través del voto directo y secreto.

9.Dos representantes de las Universidades, uno en representación de la Universidad Estatal y otro por las Universidades Privadas.

Dentro de las condiciones exigidas para ser juez o jueza de la Suprema Corte, incluir el no haber sido condenado de manera irrevocable a una condena penal

Dentro de las atribuciones que corresponden a la SCJ, modificar el numeral 6 para que diga de la manera siguiente: Los traslados de los jueces o juezas de cualquier jurisdicción deberán efectuarse de acuerdo a la Ley de Carrera Judicial

Que se modifique el artículo 68 para que diga de la manera siguiente: En cada departamento judicial existirá una Corte de Apelación con un número de 9 j

La Policía Nacional y los políticos aparecen como los sectores más corrupto

Según el informe de la última encuesta de Barómetro Global de la Corrupción, de Transparencia Internacional, dado a conocer en Berlín en el día de hoy. El 23% de los dominicanos pagó soborno para tener acceso a un servicio público o privado en los últimos 12 meses, mientras que el 77% afirma que no lo ha tenido que pagar. Sólo México y Bolivia están por encima de República Dominicana en el pago de soborno, pues en estos dos países el 28% de los encuestados dijo que pagó soborno, frente al 72% que afirmó que no lo pagó.

En Panamá el 8% dijo que pagó soborno, frente al 92% que expresó que no lo pagó. Argentina sobresale como el país latinoamericano donde menos sobornos se pagan, con 6%; frente al 94% que dice que no ha tenido que pagar sobornos. En Colombia y Chile, el 7% dijo que pagó sobornos, pero el 93% informó que no lo pagó.

De acuerdo a la encuesta de LATINOBAROMETRO el 54% de los dominicanos considera que el gobierno realiza acciones tendentes a combatir la corrupción, mientras que el 43% estima que no hay ningún esfuerzo tendente a enfrentarla.

Cuando se le preguntó a los encuestados ¿cómo valoran las acciones que realiza su gobierno para luchar contra la corrupción?, el 10% de los dominicanos respondió que las medidas eran “muy eficaces” y el 44% dijo que eran eficaces. Entre los que tienen una opinión negativa, el 23% estimó que la lucha contra la corrupción era ineficaz, el 11% dijo que el gobierno no lucha contra la corrupción y el 9% afirmó que lejos de combatirla, el gobierno fomenta la corrupción.

Evidenciándose una polarización en las percepciones positivas y las negativas.

Cuando se examinó los sectores o instituciones que practican la corrupción, la mayoría de los dominicanos afirmó que son los policías los más corruptos, con una puntuación de 4.4 en una escala donde 1 es el menos corrupto y 5 el más corrupto. El segmento menos corrupto de la sociedad dominicana es el religioso, con un índice de corrupción de 2.2.

A la Policía Nacional como entidad más corrupta le siguen los partidos políticos, que acumulan el 4.3; el Congreso Nacional y el sistema de aplicación de justicia que comparten el 4.1; las Fuerzas Armadas, con 3.6; la Hacienda (Recaudaciones y manejo de las finanzas públicas) 3.4; los negocios del sector privado, servicios públicos y los servicios de registro y permisos  y medios de comunicación con 3.1; los servicios médicos y las ONG acumulan un índice de corrupción de 3.0. El sistema educativo acumula el 2.7, para el más bajo de todo el sector público.

Cuando se examinó el impacto de la corrupción en la vida política, los encuestados asignaron a República Dominicana  un 3.0 en una escala donde el 1 es “En nada impacta” y 5 es  impacta en “Gran medida”.

El impacto de la corrupción en aun menor en los negocios, con 2.9 y mucho menor en la vida personal y familiar con solo 2.8.

El promedio de Latinoamérica es de 3.3 para la vida política, 2.9 para el entorno de negocios y 2.5 para la vida personal y familiar.

En la vida personal y familiar, Bolivia tendría el mayor impacto de la corrupción, con 3.1, seguido de República Dominicana con 2.8. El promedio de Latinoamérica para este aspecto es de 2.5.

Tabla SEQ Table * ARABIC 1.  Impacto de la corrupción en la vida política, el entorno de negocios y la vida personal y familiar.

A nivel general, los encuestados de todos los países creen que la corrupción afecta en gran medida a sus vidas y, por encima de todo, se muestran preocupados por el papel que desempeñan los partidos y los representantes políticos para abordar la corrupción. El reto de los líderes políticos sigue siendo el de demostrar que no están fomentando estas prácticas corruptas, sino que hacen auténticos esfuerzos por promover la transparencia, la responsabilidad y la integridad en las sociedades de todo el mundo.

En República Dominicana, la muestra fue recogida en las ciudades de Santo Domingo y Santiago entre el 12 y el 20 de agosto de pasado y el trabajo de campo fue realizado cara a cara por Sigma Dos, explica el informe.

Participación ciudadana hace un llamado en el marco de la conmemoración este nueve de diciembre como el Día Mundial contra la Corrupción, para que las autoridades encargadas de formular y ejecutar las políticas tendentes a frenar la corrupción, actúen de manera sistemática y oportuna, de manera que el país se encamine a mejorar estos índices negativos que están afectando su imagen internacional.

Participación Ciudadana
Santo Domingo, República Dominicana.

• Informe Barómetro Global

• Preguntas frecuentes

Participación Ciudadana entiende que la nueva Junta Central Electoral debe enfrentar de inmediato grandes desafíos para dotar a los procesos electorales y a la propia institución electoral de una mayor confiabilidad y credibilidad.

A pesar de que el procedimiento llevado a cabo por el Senado de la República para la selección de los miembros de la JCE parecía prometedor, al final prevaleció la práctica de distribuir miembros entre las principales fuerzas políticas del país.  Los miembros del pleno del organismo electoral, especialmente aquellos que no representan partidos políticos, tienen el gran compromiso de actuar en favor de los mejores intereses de todo el país, sobre todo para garantizar la transparencia electoral,la modernización del registro civil y el esclarecimiento de las denuncias sobre corrupción en cuanto al contrato con la empresa SOMO.

Es propicia la ocasión, para reiterar ante la opinión pública, que en la actual JCE, Participación Ciudadana no tiene ningún representante, pues como lo hemos señalado en distintas oportunidades, nuestra organización no presentó ni apoyó candidatura alguna ante el organismo electoral.

Algunos de los retos inmediatos que tiene por delante la nueva JCE son los siguientes:

• Llevar a cabo un proceso transparente de rendición de cuentas acerca de los contratos de automatización del Registro Civil y voto electrónico, debido a los cuestionamientos reiterados que han salido a la luz pública sobre el contrato con el consorcio SOMO.  Participación Ciudadana pide a la JCE que realice una investigación exhaustiva y hasta las últimas consecuencias sobre el caso, y que se tomen medidas para que la misma  tenga lugar en condiciones de independencia.  Para ello, hay que asegurar que en las pesquisas no participen personas que deban ser objetos de escrutinio y de fiscalización como parte de las mismas.

• Comprometerse con la efectiva modernización de las Oficialías del Estado Civil, la cual va más allá de la automatización del Registro Civil, pues supone una verdadera reingeniería institucional de estos organismos, estableciendo procedimientos que ofrezcan un servicio eficiente y rápido a los ciudadanos; al tiempo que se garantiza la preservación y seguridad de las actas del estado civil. Es necesario resolver de una vez y por todas, el grave problema que significan los cientos de miles de dominicanos y dominicanas sin documento de identidad. Es necesario además, que se de cumplimiento al artículo 8 de la Ley 8-92  que establece que la Junta Central Electoral regulará las actuaciones de los Oficiales del Estado Civil, consagrando como ingresos de Estado las tasas y derechos que actualmente perciben los oficiales de Estado Civil, a los cuales se les fijará un salario.

• debida capacitación de los integrantes de los colegios electorales. En esta oportunidad se requiere de un estricto control y supervisión de las campañas electorales para impedir que las mismas inicien antes del tiempo establecido por la ley  y que se conviertan en un escenario donde prime el abuso de los recursos del Estado, el derroche de  dinero, el clientelismo y la propaganda negativa. En este sentido, la JCE tiene ante sí la oportunidad de demostrar su compromiso con este tema, ejerciendo su autoridad para desmontar las campañas políticas que vienen realizando algunos pre-candidatos de varios partidos políticos, así como el exceso de publicidad estatal, parte de la cual puede interpretarse como campaña política realizada con fondos públicos.

Participación Ciudadana reitera su vocación de observadora electoral e institución independiente de los partidos, y se compromete ante la ciudadanía y los cientos de organizaciones que la han apoyado, a  mantenerse vigilante y a seguir exigiendo el cumplimiento de la normativa electoral.

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana desea hacer de público conocimiento que durante los últimos días, a propósito de la elección de la nueva Junta Central Electoral, se ha desatado una intensa campaña que busca convencer a la opinión pública de que nuestra organización pretende desconocer la facultad del Senado de la República para la toma de esta importante decisión institucional.  Como parte de esta campaña, se ha intentado además vincular a miembros del Consejo Nacional de nuestra organización con la defensa de intereses de una empresa norteamericana vinculada al voto electrónico.

Sobre este tema, deseamos declarar lo siguiente:

En cuanto a la elección de los miembros de la Junta Central Electoral:

–          Participación Ciudadana en todo momento ha reconocido la competencia del Senado de la República para la selección de los miembros de la JCE, de acuerdo con lo establecido por la Constitución de la República.  En repetidas ocasiones hemos reconocido públicamente el procedimiento abierto y participativo que, hasta el momento, ha establecido la comisión designada por el Senado para esos fines.

–          Sin embargo, queremos reiterar que el Senado de la República debe culminar el proceso de selección de la nueva Junta Central Electoral sin ceder a presiones para nombrar como titulares a militantes reconocidos de partidos políticos.  El peor servicio que se le puede hacer a la institucionalidad electoral es continuar la práctica de tratar a la JCE como objeto de interés de los partidos políticos, y no como un tribunal cuya única misión es velar por el cumplimiento de la ley electoral. Sobre este particular, reiteramos asimismo que la JCE debe estar conformada en su totalidad por profesionales de perfil apartidista que no hayan estado involucrados en escándalos de corrupción.

En cuanto a la campaña sobre una supuesta vinculación con empresas de voto electrónico:

–          Participación Ciudadana ratifica su posición respecto de la inadaptación del voto electrónico a la realidad electoral dominicana.  Entendemos que las soluciones de voto electrónico no constituyen un paso necesario para la evolución del sistema electoral del país, siendo por el contrario una distracción innecesaria respecto de los verdaderos problemas que confronta el Registro Civil en la República Dominicana.

–          Queremos dejar establecido muy claramente que estamos opuestos a cualquier solución para el voto electrónico que se quiera implementar en el país y que ni nuestra institución – ni ninguno de sus directivos y directivas – tiene o ha tenido relación alguna con entidades promotoras de productos relacionados al voto electrónico.  Además, hacemos de publico conocimiento que una comitiva de una empresa fabricante de equipos para el voto electrónico visitó nuestra institución, así como visitó otras instituciones y partidos políticos. Sin embargo a  los representantes de dicha empresa se les informó que nuestra institución no promueve ninguna propuesta específica de voto electrónico, ni declara ninguna preferencia al respecto. Ese ha sido el único contacto que ha tenido nuestra organización, o cualquiera de sus directivos, con entidades vinculadas al voto electrónico.

–          Asimismo, reiteramos que es necesario que la actual Junta Central Electoral lleve a cabo un proceso transparente de rendición de cuentas acerca de los contratos de automatización del Registro Civil y voto electrónico, sobre todo tomando en cuenta que el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA) se comprometió frente a la Comisión Nacional de Ética a realizar una investigación exhaustiva sobre el caso.

–          Finalmente, queremos ratificar que todas y cada una de las acciones de nuestros voceros, así como sus declaraciones a los medios de comunicación, son una expresión fiel de las disposiciones del Consejo Nacional, el cual se encuentra totalmente de acuerdo en estos menesteres.

Ante los insistentes rumores que han estado circulando acerca de la conformación de la nueva Junta Central Electoral, y de que en la misma se reiterará la práctica de repartir la JCE entre los partidos políticos, Participación Ciudadana reitera lo siguiente:

• El proceso llevado a cabo por el Senado de la República debe ser respetado hasta su culminación, tomando en cuenta para las posiciones en la JCE solamente a personas que no hayan estado involucradas en escándalos de corrupción y a profesionales de perfil apartidista.

• Es necesario que la JCE actual lleve a cabo un proceso transparente de rendición de cuentas acerca de los contratos de automatización del Registro Civil y voto electrónico, debido a los cuestionamientos reiterados que han salido a la luz pública, incluyendo la emisión de cheques sin el debido soporte.  Participación Ciudadana recuerda que el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA) se comprometió frente a la Comisión Nacional de Ética a realizar una investigación exhaustiva sobre el caso, gestión de la cual no se tiene noticia.

• En caso de que el Senado de la República termine cediendo a las presiones provenientes de los partidos políticos y de los conflictos internos de los mismos, estaría enviando una señal muy pobre respecto del compromiso del organismo con el proceso de fortalecimiento institucional del país y sería un mentís a las declaraciones del Presidente del Senado con respecto a la elección de una JCE confiable y apartidista.  Aparte de esto, un fracaso en este proceso arrojaría dudas sobre la honestidad de la consulta para la reforma constitucional y desmotivaría a la participación en dicho proceso por parte de las organizaciones sociales y de la sociedad civil.

Empeora el índice de la República Dominicana en el 2006, bajando su índice de 3.0 a 2.8, nivel que denota la percepción de que existe una corrupción rampante.

La puntuación de la República Dominicana

La República Dominicana bajó significativamente en el índice de percepción de la corrupción del 2006, que prepara la organización Transparencia Internacional, cayendo en un nivel de 2.8 este año, frente a un 3.0 en el 2005. En los países con índices por debajo de tres, que constituyen casi la mitad de las naciones del mundo, es porque se percibe la existencia de una corrupción rampante.

La República Dominicana se ubica en el lugar 19 entre los 28 países del Hemisferio Occidental y el lugar 99 entre los 163 países del mundo cubiertos por la investigación. Incluso, pese a que la República Dominicana siempre ha estado en la parte baja de la escala, nunca se había encontrado en un nivel tan bajo desde que el IPC incorporó explícitamente al país.

Se recuerda que entre los años 2001 y 2003, que fueron los primeros años que el país fue calificado, tenía puntuaciones por encima de los tres puntos, habiendo caído a 2.9 en el 2004, recibiendo un 3.0 en el 2005, para caer nuevamente en el presente, señal de que en tiempos recientes ha empeorado la percepción que se tiene del fenómeno de la corrupción en el país.

Percibidos como países de mayor corrupción que la República Dominicana aparecen actualmente en América Latina: Bolivia, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Guyana, Honduras, Ecuador y Venezuela, además del caso extremo de Haití. Sin embargo, en Argentina, en que había mayor percepción de corrupción que en la República Dominicana, se colocó en mejor situación este año.

Del Hemisferio Occidental se destacan Canadá, Chile, Estados Unidos, Barbados y Uruguay, con índices superiores a 6. De todas maneras, ninguno de ellos se encuentra en la lista privilegiada de países con muy bajos niveles percibidos, encabezada por Finlandia, el país considerado más pulcro, y seguida por Islandia, Nueva Zelanda, Dinamarca, Singapur, Suecia y Suiza, todos ellos con un índice mayor que nueve.

La percepción de vigencia de corrupción en el mundo

En casi las tres cuartas partes de los 163 países cubiertos por el estudio, se registran índices inferiores a 5, de un máximo de 10 posibles, reflejando graves niveles de corrupción en gran parte del mundo.

El Índice de Percepción de la Corrupción mide la forma como es percibida la corrupción vigente entre los políticos y funcionarios públicos, por medio de sondeos que realizan diversas instituciones internacionales a hombres de negocios, académicos, analistas de riesgos y expertos nacionales.

Para recabar dicha percepción se define uniformemente la corrupción como el mal uso de los poderes públicos en pro de beneficios privados. Sin embargo, su medición focaliza el aspecto de las percepciones; por tanto, no está basada en información concreta sobre lo que ocurre en términos de corrupción, debido a las dificultades inherentes a la determinación y validación de dichos datos. En todo caso, se procura recoger la información de organizaciones bien reputadas, de dentro y fuera de cada país, incluyendo expertos de los propios países evaluados.

En el informe de este año, Transparencia Internacional destaca la existencia de una gran correlación entre la corrupción y los niveles de pobreza de los países, aunque no quiere decir ausencia de corrupción en los países ricos, sino que esta tiende a ser percibida como menor. La puntuación posible para un  país varía en una escala que va desde 10 (mucha transparencia percibida) hasta cero (mucha corrupción).

Sin embargo, se encuentran países bastante desarrollados con altos niveles de corrupción, como Italia, Corea del Sur, Taiwan e Israel, mientras que varios países subdesarrolados han logrado progresos significativos reduciendo este mal, como Chile, Barbados y Uruguay, todos en nuestra región.

En el extremo opuesto aparecen como los de mayor corrupción Guinea, Iraq, Myanmar y Haití, con puntuaciones inferiores a 2. Muchos de los países de mayor corrupción se encuentran entre los países más pobres del mundo, reafirmando la hipótesis de que la corrupción es una de las principales causas de la pobreza, además de que estos dos males se refuerzan mutuamente. Por ejemplo, la percepción de mucha corrupción tiende a alejar la inversión extranjera y dificulta el clima para los negocios. Pero además, sustrae recursos de los que podrían ser usados para la educación, la salud y el bienestar social de nuestros pueblos.

El Indice de Percepción de la Corrupción correspondiente al 2006 fue divulgado hoy en la ciudad de Berlín por la organización Transparencia Internacional. Al mismo tiempo, innumerables capítulos nacionales de Transparencia Internacional lo están publicitando en sus respectivos países.

Indice de Percepción de Corrupción 2006

1. Comunicado de Prensa

2. Tabla y Fuentes

3. Preguntas y Respuestas Frecuentes

4. Resumen de la Metodología

Participación Ciudadana reitera al Senado la solicitud de que las personas que sean elegidas para conformar la Junta Central Electoral sean reconocidas por la sociedad dominicana en el sentido de haber realizado sus labores con eficiencia y eficacia, con estricto apego a la etica y  de estar dotados de un profundo sentido de la equidad y sobre todo de no tener relación orgánica de liderazgo dentro de ninguno de los partidos del país. Además solicita que el Senado de un plazo para que se regularicen los actos del estado civil y se de un proceso de rendición de cuentas en la actual JCE.

El Senado Dominicano ha creado muchas expectativas acerca de la elección de la nueva Junta Central Electoral y su deber es cumplirlas. Tiene un gran reto con la elección de personas que puedan ayudar a recuperar el nivel de confianza en esa institución, que en las últimas encuestas realizadas solo un cuarto de la población dice confiar en ella.

Solicitamos que los Senadores tomen en cuenta que las funciones de la JCE van más allá de la organización de los procesos electorales, que esta tiene a su cargo todos los actos del Estado Civil. Lamentablemente, estos actos  se han manejado a un nivel de discrecionalidad tal que los oficiales del estado civil se abrogan la facultad de poner el precio que deseen. El proyecto de automatización en marcha, ha sido señalado como oneroso por parte de sectores importantes de la sociedad dominicana, por lo que solicitamos que los organismos competentes, DPCA y el Comisión Nacional de Ética, procedan a investigar los términos contractuales y las obligaciones contraídas por la JCE con la empresa Somos.

Participación Ciudadana reitera al Senado de la República, que haga una selección tomando en cuenta que la JCE necesita personas de reconocida integridad, que no hayan estado involucradas en escándalos públicos, actos de corrupción, tráfico de influencia o violaciones graves a las leyes penales, que se mantenga el principio de la  independencia partidaria, que sean personas caracterizadas por un buen conocimiento de los problemas sustanciales que afectan al sistema electoral dominicano y en especial al registro civil, entre otros aspectos.

Participación Ciudadana solicita que junto con la elección de los miembros a la JCE, se le dé un plazo a la misma para que tomen las medidas que sean necesarias para que se de cumplimiento al artículo 8 de la Ley 8-92 en el que se sostiene que “la Junta Central Electoral establecerá para las actuaciones de los Oficiales del Estado Civil un nuevo sistema tributario, consagrando como ingresos de Estado las tasas y derechos que actualmente perciben dichos funcionarios públicos y fijándoles a éstos sueldos del Estado”. Es tiempo ya de que las Oficialías del Estado Civil se conviertan en oficinas al servicio de la ciudadanía, desarrollando una verdadera política de atención a los usuarios y promoviendo programas que den solución al sub-registro que afecta a una parte significativa de la población. El movimiento cívico Participación Ciudadana se propone en lo inmediato desarrollar acciones tendentes a vincular más activamente a la ciudadanía en los trabajos que desarrollan estas Oficialías, particularmente en todas aquellas iniciativas que puedan mejorar la calidad del servicio que se brinda a la población.

Por ultimo, el Senado, como uno de los órganos del Estado que debe jugar la función de fiscalización, debe pedir a la JCE saliente que rinda cuenta sobre su desempeño y en particular sobre las acciones realizadas en materia de automatización del registro civil.