Jurista cree que el senado debe abrir un proceso público

El coordinador general de Participación Ciudadana, Santiago Sosa, afirmó este domingo que la falta de transparencia y la corrupción son males que se dan por igual en el sector público y en el sector privado. Puso de ejemplo que cada vez que se destapa un escándalo de corrupción en el Estado casi siempre hay involucradas algunas empresas y/o empresario, y se refirió al reciente escándalo en la colecturía de Aduanas en Santiago, donde la mercancía contrabandeada iba dirigida a una empresa de esa ciudad.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, el coordinador de la entidad cívico no partidista recordó que en ese expediente se habla hasta de la introducción clandestina al país de armas de gruesos calibres.

También, Sosa  reconoció que en entidades de la sociedad civil hay interés políticos y de todas índoles.

“Claro que la corrupción no es exclusiva del sector público, también la hay en el sector privado y la prueba es que cada vez que se destapa un escándalo en el Estado generalmente hay una empresa o algún empresario involucrado”, reiteró el Coordinador de Participación ciudadana.

Santiago Sosa se mostró de acuerdo con la queja externada recientemente por el presidente de la suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, en el Sentido de que el país se le teme a la transparencia.

Agregó que ese temor se da en todas las entidades estatales entre las cuales hay que incluir al Ministerio Público y al sistema judicial.

En otro orden Sosa dijo que el principal merito que tiene el segundo año de la actual gestión del presidente Leonel Fernández es haber mantenido la estabilidad macroeconómica.

Sin embargo agregó que en materia de lucha contra la delincuencia, la corrupción, el narcotráfico y otros males que afectan al país, las ejecutorias del actual gobierno dejan mucho que desear.

En cuanto a las instituciones que deben ser creadas por mandato de la nueva Constitución de la República, Santiago Sosa pidió al partido gobernante no politizar esas entidades y darle participación a los distintos sectores de la sociedad.

Con respecto a la situación por la que atraviesa Haití, el coordinador de Participación Ciudadana demandó de la comunidad internacional poner de manifiesto su solidaridad con el vecino país, aportando la cooperación que prometieron tras el devastador terremoto del pasado 13 de enero.

El drama haitiano: coyuntura nacional y cooperación internacional, después de siete meses del terremoto ocurrido el 12 de enero de 2010

El Movimiento Cívico destaca el incremento de denuncias depositadas en las tres Casas Comunitarias de Justicia, por lo que solicita mayor apoyo de Instituciones Públicas y Organismos Internacionales.

“Una Constitución es, entre otras cosas, el estatuto regulador del poder político. Su mal funcionamiento es síntoma de la descomposición social, de crisis del Estado, de fracaso del régimen político.”(Luis Carlos Sáchica )

Nuestros legisladores, convertidos en Asamblea Revisora (sic) quisieron darnos una nueva Constitución. Por arte teúrgico, enamorados de la palabra, rebautizaron el Estado dominicano. El Art. 7 declara: “La República Dominicana es un Estado  social y democrático de Derecho.” Si así fuera, sería el Estado Social más vergonzoso. Estado fallido, no sólo no llega a un Estado de Derecho momentáneo, donde la Ley,  igual para todos, para gobernantes y gobernados, impere y sea respetada; como los órganos y poderes de Estado “independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones.” Lejos de ese modelo, mantenemos un Estado Patrimonialista y clientelar, esencialmente caudillista y despótico. Nuestra primera Constitución nació estigmatizada: “a verdad sabida  y buena fe guardada”; y ese caudillismo, autocrático, consagrado a partir  de la reforma del 1854 en su anacrónico Art. 55,   ha permeado el quehacer político a lo largo de nuestra historia.

El Estado Dominicano predomina una acendrada dependencia del sector oligárquico aliado a intereses extranjeros  quienes se reparten nuestras riquezas en contra del sentir de las mayorías y del bienestar de la nación. En lugar de un Estado Social,  Protector, hemos padecido un Estado providencialista, marcado por el autoritarismo, el personalismo y el centralismo del Jefe del Estado de turno, con raras excepciones, negador del ordenamiento institucional, constitucional y moral que debe regir la sociedad.

Aquella Primera Constitución, inspirada en los mas sanos preceptos de  moralidad  y democracia,  consagraba la independencia de los poderes del Estado, la autonomía Municipal, la inmovilidad de los funcionarios públicos, el libre ejercicio del sufragio y las debidas garantías de los derechos humanos y ciudadanos fundamentales; además, esencialmente, estaba cimentada en la conducta civilista y patriótica de nuestros fundadores, para quienes la política era aras, no pedestal; no  un mero oficio oportunista y rentable, sino la actividad mas pura, la mas ennoblecedora, luego de la filosofía.

No hay dudas de que la política, se ha comercializado, por no decir prostituido. Probablemente siempre fue un negocio, pero nunca tan descarado y perverso como ahora. La presencia de poderosos intereses corporativos,  del narcotráfico, que ha prohijado el crimen organizado y la impunidad,  como el relajamiento institucional existente, han menoscabado el papel moralizante  del Estado  y de los partidos responsables de la conducción del gobierno. En el marco neoliberal, consumista y mediatizado, de grandes carencias y contradicciones, el binomio ética-política no suma votos. El anacrónico sistema político, económico, social y cultural, alejado de los objetivos básicos de las grandes mayorías, no lo asimila: ha sido diseñado para adormecer y mantener el estatus quo. Por ello, se hace imperioso educar al pueblo. Crearle conciencia de sus males. Un pueblo inculto, es un pueblo débil. Fácil presa de los poderes fácticos que le desgobiernan. Si no revertimos este  orden de cosas y recatamos los valores éticos y morales, eje trasversal de todas las instituciones, públicas o privadas,  la muerte del idealismo, única fuerza moralizante que  puede solventar una patria más libre y más justa, se nos viene encima, no importa lo que proclame la Constitución.

Afirma Gutiérrez desinforma sobre la acción de amparo interpuesta por Participación Ciudadana contra la Superintendencia de Seguros.

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana informa que el Superintendente de Seguros se ha equivocado intencionalmente sobre la información que ha suministrado al público a través de los medios y de espacios pagados, sobre una sentencia dictada por el Tribunal Superior Administrativo con respecto al recurso de amparo interpuesto por Participación Ciudadana requiriendo información a la Superintendencia de Seguros en virtud de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.

El señor Gutiérrez se ha limitado a informar lo que dice el ordinal segundo del dispositivo de la sentencia, en el sentido de acoger el desistimiento de la acción realizada por Participación Ciudadana, omitiendo, con ánimo de confundir , la razón del desistimiento indicada en el ordinal primero, que dispone: “Se libra acta de que la información y la documentación solicitada por la recurrente fue entregada por la parte recurrida Superintendencia de Seguros de la República Dominicana y su Superintendente de Seguros, Dr. Euclides Gutiérrez Féliz.”

También omitió que hubo necesidad de celebrar tres audiencias para obligar al señor Gutiérrez a entregar la documentación, tal como consta en el cuerpo de la propia sentencia, que recoge los siguientes hechos:

1. En una primera audiencia celebrada el 2 de marzo de 2010, el tribunal prorrogó “el conocimiento de la presente audiencia a fin de que la parte recurrida proceda a depositar los documentos que considere de lugar que pueda dar cumplimiento a la solicitud de información pública".

2. En una segunda audiencia celebrada el 22 de abril se prorrogó la misma para que Participación Ciudadana pudiera verificar si los documentos depositados en el tribunal “son los solicitados por ellos”.

3. En razón de que el señor Gutiérrez no había depositado todos los documentos requeridos, en la audiencia del 13 de mayo el tribunal ordenó una nueva prórroga “a fin de que la parte recurrida pueda completar y depositar los documentos faltantes que requiere la parte recurrente.”

4. Finalmente, luego de haber depositado los documentos requeridos, en la audiencia del 27 de mayo Participación Ciudadana dejó sin efecto su recurso de amparo en razón de que ya carecía de objeto pues había logrado el resultado que perseguía.

PC indica que la resistencia a la entrega de la información no sólo ocurrió en el transcurso del juicio, sino que fue lo que motivó el recurso de amparo, pues el señor Gutiérrez respondió una solicitud de información de fecha 2 de septiembre de 2009 alegando que no podía entregar la información solicitada debido a que estaba siendo auditado por la Cámara de Cuentas.

Participación Ciudadana obtuvo por escrito de la Cámara de Cuentas la información de que ya el trabajo de campo de sus auditores había terminado, por lo que se trataba de una excusa para no cumplir con la ley, en adición a que esta no es una de las excepciones previstas por la ley.

La solicitud de información fue reiterada dos veces más y al responder negativamente en una y con el silencio en la otra, elevamos el recurso de amparo antes referido.

Tal vez el señor Gutiérrez se adelanta al informe de la evaluación que hace Participación Ciudadana sobre la información que se vio obligado a entregar, para distraer la atención sobre aspectos como los siguientes:

1. En certificación de fecha 29 de marzo de 2010 la Superintendencia de Seguros certifica que no tiene “subsidios, becas, jubilaciones y retiros”, pero la Ejecución de Gastos 2009 lo desmiente cuando en la partida marcada con el No. 424 se lee “Becas y Viajes de Estudio 911,129.47.” También en la partida 112 existe provisiones para pensiones.

2. También se nos certificó que “el criterio bajo el cual se asignan vehículos en esta entidad lo establece el Superintendente de Seguros, conforme a la jerarquía del personal y las necesidades de las diferentes direcciones y departamentos”. Esta práctica incorrecta, centralizadora, explica porque en la información entregada se detecta que de 51 vehículos, 11 están asignados al Despacho del Superintendente, incluyendo a su secretaria y a sus asistentes.

3. En otra certificación que se nos entregara se establece que “en esta institución no se dan ayudas a organismos gubernamentales, lo cual es desmentido por la propia información que recibimos, que da cuenta de donaciones al Despacho de la Primera Dama. Es importante consignar que en la Ejecución de Gastos 2009 existe la partida No. 421 que dice “Ayudas y Donaciones a personas RD$35,689,500.84.”

4. En otra certificación se nos dice que “en el transcurso correspondiente a los años 2008 al 2009, en esta división no se realizaron compras que requirieran licitaciones”. Si vamos a la Ejecución de Gastos 2009, nos encontramos que la Superintendencia de Seguros gastó RD$184,031,953.72 en Edificaciones (partida No. 635), pero sin embargo alegan que no realizaron compras que requirieran licitaciones, olvidando las disposiciones de la Ley No. 340/06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado.

Aprovechamos para recordar que Participación Ciudadana desarrolla un programa de monitoreo de las páginas web de las entidades públicas para evaluar el nivel de cumplimiento de la ley, que obliga a tener colocada en dichas páginas determinadas informaciones. Aquellas entidades que están en franco incumplimiento son escogidas para requerir información de manera directa en virtud de la Ley de Libre Acceso.

La Superintendencia de Seguros fue escogida pues al momento de la solicitud por escrito, no tenía ninguna información financiera en su página. Gracias a la acción de Participación Ciudadana la Superintendencia de Seguros ha iniciado un proceso de colocar información en su portal, que aún sigue siendo deficiente.

Continuaremos realizando nuestro trabajo con el único objetivo de contribuir a mejorar los niveles de transparencia que deben tener las entidades que manejan recursos públicos y lamentamos profundamente que un alto funcionario público como lo es el Dr. Gutiérrez califique de “mamotreto” la Ley de Libre Acceso a la información pública, aprobada por iniciativa de un legislador de su propio partido, pero además, esencial para el ejercicio eficiente de la democracia por la ciudadanía.

Toda la información entregada por la Superintendencia de Seguros, además de la relacionada con las solicitudes de información, el recurso de amparo y su sentencia, se encuentran disponibles para toda la ciudadanía en el portal de Participación Ciudadana (www.pciudadana.org), en una ventana a mano izquierda bajo el título de “Recurso de Amparo”.

Los datos suministrados por los medios afectados contienen suficiente información para atribuir el cierre a amenazas recibidas, que provienen posiblemente de sectores dentro de la Policía Nacional.

Participación Ciudadana desea expresar su profunda preocupación por el cierre del semanario Clave y de Clave Digital y sobre todo por la certeza de que las razones del abrupto cierre van más allá de las razones financieras y comprometen la libertad de prensa en el país.

Los datos suministrados por los medios afectados contienen suficiente información para atribuir el cierre a amenazas recibidas, que provienen posiblemente de sectores dentro de la Policía Nacional. No se pueden interpretar de otra manera las frases utilizadas por el director de los medios, el periodista Fausto Rosario Adames, en el mensaje enviado a sus colaboradores en el sentido de que “los poderes oficiales y fácticos son duros, actúan y tratan de echar del medio a quienes les incomoden”, o que su salida se prolongará hasta que lo permitan “aires menos tenebrosos”.

Igualmente, en su último número el semanario denuncia la existencia de un “plan criminal”, indicando que la ejecución del médico fisiatra Sergio Rafael Rojas tenía como blanco a un ejecutivo periodístico, en clara referencia al director de los medios cerrados, y mencionando en la misma página al general Juan Manuel Fructuoso, instándolo a no equivocarse.

Participación Ciudadana alerta sobre las consecuencias de lo ocurrido, que deja en la atmósfera del ejercicio periodístico un precedente que puede generar censuras y restricciones a través del temor, impidiendo, por ejemplo, que empresarios decidan invertir en los medios de comunicación o que si deciden invertir, limiten la libertad de sus periodistas para evitar situaciones como la ocurrida.

Tomando en cuenta la gravedad de lo ocurrido y las consecuencias que generará, es deber ineludible de las autoridades investigar estos hechos hasta las últimas consecuencias (prednisone).

Lo ocurrido al semanario Clave, a Clave Digital, a su Director Ejecutivo, a sus dueños y a todo su personal profesional y administrativo no concierne solamente a los periodistas y medios de comunicación, pues toca de manera negativa a todos los habitantes de este país, sin distinción de ocupación, raza, sexo, credo, partidos, por lo que hacemos un llamado a todo el país para levantar en estos momentos la bandera de Libertad, que tanta sangre y sacrificio ha costado.

Las Reformas para aumentar recaudaciones se diluyen en el uso irracional de recursos, corrupción y clientelismo.

Participación Ciudadana entiende que, independientemente de los resultados de la reunión con los empresarios, al Gobierno le va a resultar muy difícil convencer a la población de la necesidad o la conveniencia de establecer nuevos impuestos o incrementar los existentes, a no ser que esté dispuesto a dar señales inequívocas de utilización racional, honesta y eficiente de los recursos fiscales que administra.

El país conoce de la realización de múltiples reformas tributarias, todas con la intención de elevar las recaudaciones fiscales, y hasta ahora no se ha visto qué beneficios han aportado al país, pues los nuevos recursos se diluyen en el uso irracional , la corrupción y el clientelismo.

El Consejo Nacional de PC denunció que la expresión máxima del uso abusivo del dinero aportado por los contribuyentes se vio recientemente por medio del excesivo gasto electoral, justamente utilizando recursos públicos, prácticamente comprando la conciencia de los ciudadanos con el dinero de sus propios impuestos.

Una gran parte de la población, a todos los niveles sociales, entiende que este Gobierno se caracteriza por el dispendio y el uso sin criterios de los impuestos que paga la ciudadanía.

El Movimiento Cívico afirma que eso se demuestra de manera cotidiana en el lujo de que revisten todos los eventos en que participan los funcionarios públicos, sus vehículos, viajes multitudinarios y en la cantidad de seminarios y conferencias en lujosos hoteles y restaurantes que organizan casi diariamente.

Pero esos aspectos no son más que manifestaciones menores de la falta de criterios con que se manejan los fondos de los contribuyentes. A todo ello se agregan los sueldos escandalosos que cobran los altos ejecutivos, algunos transparentes y otros disfrazados de dietas, tarjetas de crédito, suplementos, cobertura de gastos familiares y otros múltiples mecanismos.

La Organización de la Sociedad Civil señala que incluso los gastos en proyectos de inversión pública, por muy necesarios que sean, se suelen ver afectados por diseños sobrevaluados que elevan los costos, cuando no se trata de proyectos irracionales que, más que servir a un requerimiento de la ciudadanía, responden al capricho de los funcionarios, a la búsqueda de sacarle capital político o al interés de extraer beneficios privados a la inversión.

Si después que termina el periodo electoral, en que el Gobierno elevó sus gastos a niveles nunca vistos, ahora se encuentra con un déficit que pretende cubrir subiéndole los impuestos a la población, va a ser muy difícil que reúna los consensos y el apoyo ciudadano para ello.

El Movimiento Cívico busca propiciar espacios de debates para contrerrestar este problema.

Participación Ciudadana realiza encuentros ciudadanos en donde son debatidas propuestas para promover la transparencia en el sector público del país y contribuir con la erradicación de la corrupción.

Estas sugerencias serán entregadas al Poder Ejecutivo.

Durante los encuentros ciudadanos representantes de Juntas Vecinos, Asociaciones de Jóvenes y de otras organizaciones de la sociedad civil exigieron al Gobierno acciones concretas contra la corrupción.

Estas reuniones iniciaron en la Romana el 18 de julio del 2010, continuaron en la Vega el 24, y en Santiago el 25 de julio.

Estos debates son realizados con la finalidad de elaborar propuestas al Poder Ejecutivo que contribuyan a la reducción de los niveles de corrupción del sector público, para posteriormente ser entregadas al Gobierno y a la espera de que las mismas sean llevadas a cabo en corto, mediano o largo plazo.

Argentina Gutiérrez, una de las moderadoras de PC, indicó que las autoridades no están manejando bien muchos casos de corrupción del país, lo que se evidencia una gran impunidad.

Estos encuentros realizados por PC y auspiciados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), también buscan contribuir al fortalecimiento de la democracia en el país.

Participación Ciudadana hizo un llamado a otras organizaciones de la sociedad civil a que se sumen para la elaboración de esta propuesta.

El Movimiento Cívico ha realizado hasta el momento tres de seis encuentros que tienen previsto realizar con esta finalidad. Las próximas reuniones se llevarán a cabo en el Distrito Nacional, Enrriquillo y Azua.

Entra las organizaciones que han participado en las reuniones se encuentran la Red Nacional de Jóvenes de la Vega, Federación de Juntas de Vecinos de la Vega, Jóvenes Unidos por Cristo, Red Social y Comunitaria, Federación de Juntas de Vecinos de Samaná, Juventud Caribe, La Coordinadora de Juntas de Vecinos, la Red Juvenil de Santiago, entre otras.

Los facilitadores de estos encuentros son Argentina Gutierrez y Felix Hernández de PC.

En la elaboración de esta propuesta han participado hasta el; momento residentes de distintas zonas del país, como Jima Abajo, Fantino, Monseñor Nouel, Salcedo, Samaná, Bonao, Cutupú y otros.

El Coordinador habló luego de la firma de un acuerdo de colaboración entre la Casa Comunitaria de Justicia de PC y la Fundación Universitaria Iberoamericana

Participación Ciudadana rechazó el aumento de los impuestos a los combustibles que pretende hacer el Gobierno y advirtió que el mismo podría provocar una espiral inflacionaria en el país.

Santiago Sosa, Coordinador General de PC, calificó como innecesario y abusivo el incremento de estos impuestos, ya que los mismos solo generarían dos mil millones de pesos en lo que resta del año, lo resulta insignificante para cubrir el déficit de más de cuarenta mil millones que tiene el Estado.

Sosa habló luego de la firma de un acuerdo de colaboración entre la Casa Comunitaria de Justicia de Participación Ciudadana y la Fundación Universitaria Iberoamericana, en la que esta última se compromete a capacitar en el área judicial a personal del Movimiento Cívico y parte de la ciudadanía otorgando becas y cursos de grado.

El Movimiento Cívico advirtió que el aumento de los impuestos a los combustibles provocaría un incremento en el precio del transporte público y de carga, lo que se reflejará en alzas de los pasajes, alimentos y del costo de la vida en general.

Asimismo esta nueva carga impositiva limitaría el derecho que tiene la ciudadanía al traslado y la diversión, expresó Sosa.

El Coordinador General de PC destacó que estos gravámenes no van a resolver nada y que resulta inconcebible que los mismos no se hayan cobrado durante más de dos años y que ahora se quieran aplicar de manera conjunta.

Santiago Sosa dijo que “es abusivo por parte del Gobierno aumentar impuestos en momentos de crisis, en vez de reducirlos como hacen en otras naciones”.

Además exhortó al Gobierno a reducir gastos, en vez de crear nuevos gravámenes.

PC también desmintió al Secretario de Hacienda, Vicente Bengoa, y denunció que esto si se trata de una reforma fiscal, porque se pretende modificar la Ley de Hidrocarburos para anexarle mas impuestos.

La Organización No Gubernamental indica que esta medida afectaría la competitividad del país debido a que República Dominicana tiene un 15 % de impuestos por encima de otros países de Centroamérica.

Electricidad
La Organización No Gubernamental dijo esperar que la exoneración de impuestos a los combustibles de las generadoras eléctricas se refleje en una reducción en el precio de la tarifa eléctrica.

Consecuencias
El aumento de los impuestos a los combustibles podría provocar un consumo desproporcionado del gas licuado de petróleo, único combustible exonerado de estos nuevos impuestos.

Acuerdo PC y FUNIBER
Participación Ciudadana y la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) acordaron darse soporte científico y tecnológico en proyectos a nivel Internacional y desarrollo de programas de formación.

1.- Cooperación en programas de formación.

2.- Colaboración y participación en proyectos conjuntos de cooperación o investigación-Desarrollo e innovación, de ámbito tanto nacional como internacional.

3.- Asesoramiento y cooperación mutua en cuestiones relacionadas con la actividad de ambas entidades.