Participación Ciudadana ha alertado al Senado de la República sobre la escogencia nuevamente de Roberto Rosario como juez de la Junta Central Electoral (JCE), ya que personalmente él ha cobrado cheques por los servicios que su oficina jurídica presta a la Lotería Nacional, lo que calificó como anti ético y un conflicto de intereses.

Dijo que hay cheques cobrados en los años 2004, 2005 y 2006 y 2008, y que se tiene la documentación y las pruebas necesarias para avalar la afirmación hecha.

En llamada hecha a El Gobierno de la Tarde, Javier Cabreja, director ejecutivo de PC, dijo que “Tenemos información de que por lo menos parte de los cheques que fueron pagados a la oficina del magistrado por parte de la Lotería Nacional fueron cobrados directamente por Roberto Rosario, hay cheques que les fueron etregados directamente a él por concepto de consultoría y asesoría jurídica”.

A su juicio, “Si hay un miembro de la Junta Central Electoral que mantiene sus oficinas abiertas, aunque esta persona no haga el trabajo de manera directa, es un conflicto de intereses el hecho de que su oficina haga ese trabajo a una institucion del Estado, porque en definitiva el miembro de la Junta Central Electoral recibe beneficios por el trabajo que desarrolla su oficina”.

Dijo que el Consejo Nacional de Participación Ciudadana está discutiendo sobre si el magistrado Roberto Rosario debe ser nuevamente escogido como juez de la JCE, a fin de fijar una posición definitiva ante el país.

Cabreja manifestó que PC ha hecho hincapié de que el Senado de la República debe escoger personas de una probada solvencia ética y moral incuestonable, y que personas que hayan sido cuestionadas por conflicto de intereses 

Cabreja dijo que a Participación Ciudadana le ha sorprendido que dicho magistrado tuviera una práctica privada y contractual con instituciones del Estado, ya que la propia Constitución y la Ley Ley Electoral establece que solo puede desempeñar actividades académicas u honoríficas.

Precisó que esa práctica "Es un contrasentido, un conflicto de intereses y una violación ética el hecho de que la oficina del presidente de la Cámara Administrativa de la JCE estuviera dando servicios a una institución del Estado y sobretodo a la Lotería Nacional, porque no se trata solo de servicio al sector privado, sino a una institución estatal".

“Esto genera mucha desconfianza, poca credibilidad en un organismo electoral cuyo presidente brinda servicio a una institución del Estado y que al mismo tiempo debe ser árbitro del proceso electoral y que se supone que debe tener una absoluta imparcialidad respecto a las distintas fuerzas políticas”, apuntó.

En otro orden, Cabreja sostuvo que PC no tiene candidatos a la Junta Central Electoral porque son  observadores de los procesos electorales y mal harían con ser juez y parte.

Observó, sin embargo, que previo a la escogencia de los jueces de la Junta Central Electoral debió haberse hecho una reforma a la propia Ley Electoral, adecuarla a la Constitución, porque la propia Ley Electoral debió establecer las condiciones requeridas para ser miembro de la junta.

El tema fue expuesto al concluir la Decimoséptima Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento a la Convención Interamericana Contra la Corrupción en Washington.

Washington D.C. Participación Ciudadana denunció que en la República Dominicana no se aprecia una voluntad política por parte del Gobierno para combatir la corrupción y que "hasta la fecha se exhiben pocos resultados por parte de las instancias responsables de perseguir y sancionar este delito".

Esta posición fue expuesta por Isidoro Santana, miembro del Consejo Nacional de PC, durante la conclusión este viernes de la Decimoséptima Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento a la Convención Interamericana Contra la Corrupción, que se llevó a cabo en la sede de la OEA en Washington, del 13 al 17 de septiembre.

Santana recalcó ante expertos anticorrupción internacionales que unos de los principales problemas es que República Dominicana carece de un marco legal que regule la venta de bienes del Estado y el otorgamiento de las concesiones, dejando en evidencia un alto margen de discrecionalidad, por lo que es más vulnerable a la corrupción.

Esto a pesar de que el Congreso de la República está apoderado de un proyecto de ley sobre concesiones hace más de tres años.

Durante la culminación del evento, Santana reiteró la necesidad de fortalecer la prevención e investigación de privilegios de todo tipo, por concepto de pagos que se efectúen en violación a las leyes, así como de la creación de legislaciones que rijan esta materia.

El Miembro del Consejo Nacional de PC,  denunció que otra debilidad del sistema dominicano es que el Estado no cuenta con una legislación que explícitamente niegue, impida o restrinja la obtención de beneficios tributarios mediante actos de corrupción, en tanto existen leyes que de manera indirecta impiden a funcionarios públicos y sociedades mercantiles u otro tipo de asociaciones la obtención de beneficios tributarios.

Señaló que el país también carece de mecanismos que garanticen la protección a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien actos dolosos.

El Informe presentado por PC a expertos internacionales además revela que tampoco hay un seguimiento a lasdeclaraciones de bienes que los servidores públicos deben hacer al entrar y salir del cargo, en violación a la ley de función pública.

Presentación Irregularidades

El Tercer Informe Alternativo presentado por PC ante la OEA plantea que pesar de que la República Dominicana cuenta con un marco legal que regula las exoneraciones para el pago de impuestos y en este caso en lo referido a las importaciones de vehículos de motor por parte de legisladores, indicó que amparados en la ley 56 de 1996 sobre exoneración impositiva a los vehículos importados por los senadores y diputados, entre 1 de diciembre de 2002 y 23 de octubre de 2009, los legisladores y las legisladoras importaron 678 vehículos por un valor 60 millones 014 mil 990.8 dólares equivalente a RD$1,993,111,047.27, para un sacrificio tributario de RD$1,022,473,031.08.

“Centrando el análisis en el período 2008-2009, los (as) legisladores (as) compraron vehículos de lujo por 549 millones 123 mil 022.58 pesos y se exoneró el pago de todos los impuestos por 300 millones 12 mil 636.74 pesos; una   cifras descomunal al compararlo con los niveles de pobreza de cada provincia”, expresó Santana.

Analizaran Problemática

En esta oportunidad, los expertos anticorrupción de los Estados Parte que integran el MESICIC analizan la implementación en Panamá, Chile, El Salvador, República Dominicana, Nicaragua y Las Bahamas de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción relacionadas con la negación o impedimento de beneficios tributarios por pagos que se efectúen en violación de la legislación contra la corrupción, la prevención del soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, el soborno transnacional, el enriquecimiento ilícito y la extradición.

Propuestas para R.D.

El Comité de Expertos analiza, entre otros aspectos, el marco jurídico e institucional de la Republica Dominicana y formulará recomendaciones concretas para mejorarlo en temas de tanta sensibilidad e importancia como los aludidos anteriormente.

Asimismo evaluará los avances en la implementación de las recomendaciones que formuló a dichos Estados en relación con las materias que fueron analizadas en el marco de las dos rondas anteriores.

El MESICIC es un instrumento de carácter intergubernamental establecido en el marco de la OEA para apoyar a los Estados que son parte del mismo en la implementación de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción, mediante un proceso de evaluaciones recíprocas y en condiciones de igualdad, en donde se formulan recomendaciones específicas con relación a las áreas en que existan vacíos o requieran mayores avances.

Para más información visite el Portal Anticorrupción de las Américas.

Denuncia carencia de un marco legal que regule la venta de bienes del Estado y el otorgamiento de las concesiones.

Washington D.C. Participación Ciudadana, Capitulo Dominicano de Transparencia Internacional, denunció que el Estado Dominicano no cuenta con una legislación que explícitamente niegue, impida o restrinja la obtención de beneficios tributarios mediante actos de corrupción, en tanto existen leyes que de manera indirecta impiden a funcionarios públicos y sociedades mercantiles u otro tipo de asociaciones la obtención de beneficios tributarios.

Esta posición fue externada este miércoles por Isidoro Santana, miembro del Consejo Nacional de PC, durante la  decimoséptima Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento que se lleva a cabo en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington del 13 al 17 de septiembre del 2010.

En la misma el Movimiento Cívico presentó el III Informe Alternativo de Seguimiento a la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción.

Santana informó que ante esta problemática, es preciso señalar la necesidad de que el Estado Dominicano incorpore a su marco legislativo una ley que aborde esta temática.

Al mismo tiempo señalo que es recomendable que el Estado Dominicano principalmente mediante la Comisión Nacional de Ética y la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa fortalezcan el rol de prevención e investigación de privilegios de todo tipo por concepto de pagos que se efectúen en violación a las leyes.

El miembro del Consejo Nacional de PC señaló en Washington que la Dirección General de Impuestos Internos debiera trabajar en la prevención del soborno en materia tributaria.

El Tercer Informe Alternativo presentado por PC ante la OEA plantea que pesar de que la República Dominicana cuenta con un marco legal que regula las exoneraciones para el pago de impuestos y en este caso en lo referido a las importaciones de vehículos de motor por parte de legisladores, indicó que amparados en la ley 56 de 1996 sobre exoneración impositiva a los vehículos importados por los senadores y diputados, entre 1 de diciembre de 2002 y 23 de octubre de 2009, los legisladores y las legisladoras importaron 678 vehículos por un valor 60 millones 014 mil 990.8 dólares equivalente a RD$1,993,111,047.27, para un sacrificio tributario de RD$1,022,473,031.08.

“Centrando el análisis en el período 2008-2009, los (as) legisladores (as) compraron vehículos de lujo por 549 millones 123 mil 022.58 pesos y se exoneró el pago de todos los impuestos por 300 millones 12 mil 636.74 pesos; una  cifras descomunal al compararlo con los niveles de pobreza de cada provincia”, expresó Santana.

El Sr. Santana concluyo en la presentación del Informe Alternativo señalando que en términos de resultados objetivos no se precisa una voluntad política por parte del gobierno para combatir la corrupción, en vista que las denuncias realizadas principalmente por periodistas especializados/as en investigación, hasta la fecha se exhiben pocos resultados por parte de las instancias responsables de perseguir y sancionar este delito.

Al tiempo de indicar en el Mecanismo de Seguimiento a la Convención Ínteramericana Contra la Corrupción que en la actualidad en el país, no existe un sistema debidamente instaurado que garantice la protección a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción.

El Informe también revela que tampoco hay un seguimiento a las declaraciones de patrimonio que los servidores públicos deben hacer al entrar y salir del cargo, en violación a la ley de función pública.

A pesar de la regulación sobre soborno transnacional y local, no se demuestra una labor de prevención de este tipo penal y menos de concientización de la ciudadanía del tema y del marco legal vigente sobre el mismo.

El Movimiento Cívico informó que carecemos de un marco legal que regule la venta de bienes del Estado y el otorgamiento de las concesiones, dejando en evidencia un alto margen de discrecionalidad de manera que queda evidenciado la carencia de norma que regule este tema a pesar de que el Congreso de la República está apoderado de un proyecto de ley sobre concesiones hace has de tres años.

En ese mismo orden en República Dominicana tenemos pendiente la aprobación de la ley sobre partidos políticos y financiamientos de las campañas electorales.

Reunión Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC)

 En esta oportunidad, los expertos anticorrupción de los Estados Parte que integran el MESICIC analizan la implementación en Panamá, Chile, El Salvador, República Dominicana, Nicaragua y Las Bahamas de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción relacionadas con la negación o impedimento de beneficios tributarios por pagos que se efectúen en violación de la legislación contra la corrupción, la prevención del soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, el soborno transnacional, el enriquecimiento ilícito y la extradición .

Expertos formularán recomendaciones a R.D.

El Comité de Expertos analiza, entre otros aspectos, el marco jurídico e institucional de la Republica Dominicana y les formulará recomendaciones concretas para mejorarlo en temas de tanta sensibilidad e importancia como los aludidos anteriormente.

Asimismo evaluará los avances en la implementación de las recomendaciones que formuló a dichos Estados en relación con las materias que fueron analizadas en el marco de las dos rondas anteriores.

Cabe resaltar que antes de iniciar con los trabajos de esta reunión, está previsto un encuentro informal entre los miembros del Comité de Expertos y los representantes de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil de algunos de los países que serán analizados en esta ocasión.

El MESICIC es un instrumento de carácter intergubernamental establecido en el marco de la OEA para apoyar a los Estados que son parte del mismo en la implementación de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción, mediante un proceso de evaluaciones recíprocas y en condiciones de igualdad, en donde se formulan recomendaciones específicas con relación a las áreas en que existan vacíos o requieran mayores avances. Para más información visite el Portal Anticorrupción de las Américas.

Ver informe: INFORME PC CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA CORRUPCION

El numeral séptimo de las Disposiciones Transitorias de la Constitución ordena mantener los actuales jueces de la Junta Central Electoral (JCE) en sus puestos hasta que sean creados los órganos relacionados con el tribunal electoral.

Participación Ciudadana sostiene que se violenta la Carta Magna apresurando elección de los integrantes de la JCE, inquietud que ha abierto un debate sobre la legalidad de este proceso y las posibles contradicciones con lo establecido en la Constitución. Javier Cabreja, director ejecutivo del movimiento, plantea que las diligencias para escoger a los jueces de la JCE contradice el numeral 7 de las Disposiciones Transitorias de la Constitución.

“Sin la existencia de una ley reformada no están claramente establecidas las condiciones, los criterios o las incompatibilidades para la selección de los miembros de la Junta Central Electoral. Creo que esta es la gran debilidad. Obviamente, lo único que explica esto es que haya una urgencia por parte del Senado que uno no entiende, pero que podría deberse a toda esa lógica clientelar”.

En tanto que el jurista Flavio Darío Espinal, experto en Derecho Constitucional, no comparte el razonamiento expuesto por Cabreja y asegura que, por el contrario, el proceso para escoger a los integrantes de la JCE que realiza actualmente el Senado está en sintonía con lo estipulado en la Ley Sustantiva.  “El Senado no estaría violando la Constitución si elige los miembros de la Junta Central Electoral, porque además, el texto constitucional no condiciona dicha elección a la adopción de una legislación particular para dicho órgano.

La Ley Electoral (275-97) vigente es perfectamente aplicable a la Junta Central Electoral en todo aquello que no haya quedado derogado por la nueva Constitución”, explica Espinal.

Apunta que una situación distinta aplica al Tribunal Superior Electoral, dado que la designación de sus miembros por el Consejo Nacional de la Magistratura debe esperar la aprobación de su legislación orgánica, porque se trata de un nuevo órgano no contemplado en la Ley 275-97.

Senadores defienden legalidad del proceso de escogencia de miembros

La vicepresidenta del Senado y presidenta de la comisión especial designada para la escogencia de los miembros de la JCE, Cristina Lizardo, aseguró que la Cámara Alta lo que está es cumpliendo con lo que le confiere la Constitución y sus reglamento, que es seleccionar los miembros y suplentes del organismo comicial.

“Indiscutiblemente, que para la Junta Central Electoral no es necesario crear ninguna ley, eso aplica para el Tribunal Superior Electoral. Es que hay una gran confusión con el mismo, la Junta y el Tribunal son completamente independientes”, explicó.

Dijo que se está trabajando en el marco de los 60 días que está establecido en el Reglamento del Senado de la República, por lo que entienden que no están violando ningún mecanismo ni que se contradice tampoco la creación de esos estamentos.

El senador Julio César Valentín también negó que el Senado de la República esté incurriendo en algún tipo de violación en este proceso de selección, tras insistir que no se va a alterar ninguna disposición legal ni constitucional.

Mientras que el jurista Flavio Darío Espinal, quien fue del equipo de redactores del proyecto de reforma, advierte que “ahora bien, la elección de la Junta Central Electoral sin que se constituya el Tribunal Superior Electoral puede tener consecuencias prácticas no deseables.

Si se presenta, por ejemplo, un asunto contencioso en uno de los partidos políticos que sea competencia del Tribunal Electoral, la nueva Junta no tendría competencia para conocerlo, lo cual sería negativo a la institucionalidad partidaria”.

Abogado favorece

El abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez plantea que el proceso de escogencia de los integrantes de la JCE no entra en contradicción con la Constitución, porque es precisamente la Ley Sustantiva la que establece que después del 16 de agosto debe iniciar la selección de los miembros del organismo.

“No hay  impedimento legal ni constitucional. Al contrario, la disposición octava de la Constitución, establece muy claramente que a partir del 16 de agosto debe iniciar el proceso de integración, tanto del Tribunal Superior Electoral como de la Junta Central Electoral”, dijo Rodríguez.

Organizaciones de la Sociedad Civil realizaron propuestas para lograr una buena implementación de la legislación, respondiendo a una inquietud de la Presidencia de la República.

 Participación Ciudadana, las Asociaciones de Jóvenes Empresarios, Industriales de Herrera, la Federación de Asociaciones Industriales y la Liga Dominicana de Agencia solicitan la intervención directa del Presidente de la República para que adopte acciones contundentes que hagan posible la aplicación universal e integral de la Ley 340-06 de Compra y Contrataciones Públicas.

Las organizaciones empresariales y de la sociedad civil indicaron que los Informes de Monitoreo del Observatorio a las Contrataciones Públicas en la República Dominicana, patrocinados por Acción Ciudadana, señalan que más del 40 por ciento de las instituciones del Estado no están cumpliendo con la Ley de Compra y Contrataciones Públicas, menos del 10% cumplen con los procesos de licitaciones, y una gran parte no publican todas las informaciones en las páginas web.

Javier Cabreja, director ejecutivo de PC, indicó que asimismo el Portal Compras Dominicanas es simplemente informativo, no permite manejar transacciones y  solo presenta parte de las informaciones exigidas por la ley.

“Este portal es poco funcional y no ofrece herramientas para el monitoreo y control de los procesos de compras y contrataciones”, expresó Cabreja.

La Mesa de Contrataciones y Adquisiciones entiende que la Ley de Compras y Contrataciones Públicas  no se está cumpliendo por parte de la mayoría de las  entidades públicas, debido a la falta de compromiso de los funcionarios  y la ausencia de mecanismos adecuados de supervisión y de control de los órganos estatales correspondientes.

La Mesa entiende que hay poca voluntad política para cumplir con la normativa vigente pues las leyes son para cumplirlas íntegramente, no para cumplirlas a medias, en dependencia de las conveniencias o criterios de los funcionarios intervinientes.

El sentir de la Mesa es que la lucha contra la corrupción no tiene posibilidad de éxito si no se aplican correctamente las leyes, normas y procedimientos de control diseñados para evitar manejos inadecuados de los recursos del Estado, además si los ciudadanos no reclaman la esperada transparencia de los procesos y la permanente aplicación de sanciones a los responsables de actos ilegales.

Por esta razón las organizaciones empresariales y de la sociedad civil integradas en la Mesa de Contrataciones y Adquisiciones debatieron durante dos meses esta problemática yformularon propuestas para mejorar y avanzar en la implementación de la Ley de Contrataciones Públicas.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil sugieren que el Señor Presidente de la República ordene mediante circular:

a)        A la Contraloría General de la República (CGR) no autorizar libramientos de pagos  a proveedores cuyos contratos no hayan cumplido previamente con las disposiciones establecidas en la normativa de compras y contrataciones.

b)        Al Ministerio de Hacienda transferir a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) la administración y control  del Portal Compras Dominicanas, acompañado de la instrucción a todas las entidades públicas  para que remitan regularmente a esta dirección general sus publicaciones de las convocatorias, bases y condiciones  de las licitaciones, contratos, pagos a proveedores e impugnaciones a los procesos de adquisiciones y que la misma refleje todas las operaciones de adquisiciones gubernamentales de una manera transparente, competitiva y que facilite el acceso público a la información.

 En el portal se debe tomar en cuenta la publicación de los planes de compra en un formato estandarizado para todas las unidades de compra habilitadas,coordinación con otras entidades, comunicación con los Sistemas Integrados de Gestión Financiera del Estado Dominicano, registro de transacciones, parametrización,  Las facilidades del sistema deben ser parametrizables, notificaciones a suplidores sobre oportunidades de negocios con el Estado Dominicano, tramitación de quejas o denuncias entre otras herramientas.

c) La Mesa de Contrataciones propone la Creación de un Mecanismo de  Monitoreo Social Permanente para asegurar el cumplimiento con los procedimientos establecidos en la normativa vigente de compras y contrataciones, entre otras propuestas.

Estas y proposiciones serán enviadas a la Presidencia, quien solicitó a organizaciones sociales propuestas para hacer más efectiva la implementación de dicha ley.

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS

Observatorio a las Contrataciones Publicas en la Republica Dominicana.pdf

Para Cobijar Nuestros Derechos

Afirma que hay varios artículos de la constitución que son violados con esta ley.

Participación Ciudadana depositó un recurso de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia en contra la Ley 57/96 que dispone la exoneración del pago de impuestos a las importaciones de vehículos de motor a favor de diputados y senadores de la República.

El documento fue depositado por los juristas Luís Scheker Ortiz y José Alberto Tejada, miembros del Consejo Nacional de PC y Carlos Pimentel director del Área de Transparencia.

Scheker Ortiz indicó que esta ley se encuentra en franca violación de los artículos 6,39, 40, 93, 140, 146 y 243 de la nueva Constitución de la República.

El Miembro del Consejo Nacional informó que el artículo 146 plantea en su Ordinal 1 que: Será sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que sustraiga fondos públicos o que prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico;

Ordinal 2) De igual forma será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados;

El Movimiento Cívico señaló que las exoneraciones otorgadas a los legisladores representan un privilegio irracional y desproporcionado,  contrario a la Carta Magna, por lo que solicitaron a la Suprema su nulidad.

“La ley 57/96 que dispone la entrega de exoneraciones a legisladores debe ser declarada nula, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución vigente que plantea que “Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución”. También indica que son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrario a esa Constitución.”, expresó Scheker.

Participación Ciudadana destacó que el desempeño de los legisladores debe ser ejercido con pulcritud y legitimidad, poniendo ejemplo de austeridad, moderación y templanza, con estricto apego a la moral y a la ética funcionaria.

La Organización No Gubernamental advirtió que acudirá a los Tribunales cuantas veces entienda que la ley ha sido violada o que se han cometido excesos o abusos de poder en el ejercicio de una función, con la finalidad de eliminar esas malas prácticas y fortalecer la institucionalidad y el estado de derecho propios de todo sistema democrático bien inspirado.

Ley de exoneraciones.

La Ley 57/96 que dispone la exoneración del pago de todo impuesto a la importación de vehículos de motor a favor de diputados y senadores de la República fue promulgada el 6 de diciembre del 1996.

Artículos Constitucionales  violados con la Ley de Exoneraciones

Articulo 6:  “Todas las personas y órganos que ejercen potestades públicas, están sujetos a la Constitución, norma suprema y  fundamento del ordenamiento jurídico  del Estado. Son nulos del pleno derecho toda ley, decreto resolución reglamento o acto contrario a la Constitución.”

 Articulo 39: Condena todo privilegio y situación que tienda a quebrar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos.” Y en su ordinal 15 dice que “ La ley solo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad, y no puede  prohibir mas que lo que le  perjudica.” 

Art. 146: Será sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que sustraiga fondos públicos o que prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico;

Ordinal 2) De igual forma será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados;

Y luego interviene su sanción: Ordinal 4) A las personas condenadas por delitos de corrupción les será aplicada, sin perjuicio de otras sanciones previstas por las leyes, la pena de degradación cívica, y se les exigirá la restitución de lo apropiado de manera ilícita;

Artículo 243: Establece la igualdad y equidad tributaria como principios fundamentales del régimen tributario del Estado a fin de hacer posible el deber de todo individuo de tributar en proporción con su capacidad contributiva al soporte de las cargas públicas. Entre otros artículos.

También indicó que los ministerios peor evaluados son Obras Públicas, Educación Superior, Interior y Policía, Fuerzas Armadas, Hacienda, Cultura y otros.

Participación Ciudadana en el marco del Programa Acción Ciudadana auspiciado por la USAID presentó la segunda entrega del Índice de Cumplimiento de Normas que promueve Transparencia en la Gestión Pública 2010, en el que fueron evaluados veinte ministerios y la Procuraduría General de la República.

El estudio reveló que doce de las 21 instituciones más importantes del gobierno central alcanzaron puntuación por encima de 60 puntos, lo que puede considerarse un avance en el proceso de transparencia.

Santiago Sosa, coordinar general de PC, dijo que el 57 por ciento de las instituciones analizadas obtuvieron más de 60 puntos, encabezadas por la Procuraduría General que obtuvo un Índice de 99, y los ministerios de Salud Pública y de Administración Pública, que alcanzaron 94 y 93 puntos, respectivamente. Por encima de los 80 puntos también quedaron los ministerios de Relaciones Exteriores (88.4) y Deportes, con 82.8.

Mientras que las peores evaluadas fueron los ministerios de la Presidencia, Educación Superior e Interior y Policía, las cuales alcanzaron índices de 1.9, 7.6 y 11.5 puntos, respectivamente. En ese orden siguen los ministerios de las Fuerzas Armadas, de Hacienda y Cultura, con índices de 27.1, 35.1 y 39.4 puntos.

Participación Ciudadana advirtió, sin embargo, que en las dos instituciones que obtuvieron mayor puntuación, se produjeron posteriormente acontecimientos lamentables. En el caso de la Procuraduría la renuncia de dos destacados profesionales, la arquitecta Maricela Vargas y el Ingeniero Roque Napoleón Muñoz, a la Comisión de Licitación, ambos por no estar de acuerdo con ciertos procedimientos aplicados.

En cuanto al Ministerio de Salud Pública se advierte que, luego de concluida la evaluación en febrero, se produjo una denuncia de irregularidades en la concesión de un seguro de vida para sus empleados, sin llenar los requisitos de licitación y en beneficio de familiares del titular de la cartera.

Situaciones de este tipo obligan a advertir que el Índice de Cumplimiento de Normas que promueven Transparencia en la Gestión Pública (ITEP-2010) no necesariamente pretende medir niveles de corrupción. Pero sí informar sobre el ambiente que impera en las instituciones que puede hacerlas más o menos propensas a la ocurrencia de actos corruptos.

El Coordinador General de Participación Ciudadana destacó que con excepción del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, todas las entidades evaluadas por segunda vez aumentaron la puntuación total obtenida, que en promedio pasó de 42.6 puntos en el 2007 a 74.4 ahora en el 2010.

“Esto revela un progreso en los esfuerzos por una mayor transparencia en la gestión pública, y es un buen indicador de lo valioso que puede resultar la aplicación de este tipo de instrumento”, señaló el coordinador general.

La caída del Ministerio de Obras Públicas es un revés lamentable, ya que del segundo lugar en el ITEP-2007 pasa a la posición 12 en el 2010, reduciendo su puntuación en 3.8 para quedar en 62.7 puntos.

Conviene advertir que, con la metodología empleada, una alta puntuación no exime de la posibilidad de corrupción, como una baja no implica necesariamente que la haya. No se trata de un instrumento de verificación o identificación de corrupción, que sería muy complejo sin una minuciosa auditoria.

ASPECTOS ANALIZADOS

La indagatoria ha sido básicamente sobre el cumplimiento de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, de la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y sobre la Ley de Función Pública.

Siguiendo la metodología del Índice de Transparencia Nacional (ITN) de Colombia, adaptada a la realidad institucional del país en la primera entrega del ITEP de la República Dominicana, en esta segunda versión del ITEP se mantienen tres factores fundamentales de transparencia como ejes de la construcción de indicadores y variables.

a. Visibilidad y Rendición de Cuentas: Publicitación, rendición de informes y capacidad de acceso de la ciudadanía a información institucional relevante, fidedigna y actualizada.
b. Institucionalidad y Eficiencia: Puesta en práctica de normas, procedimientos y controles reconocidos y precisos para limitar la discrecionalidad de funcionarios, empleados, políticos y particulares en el ejercicio de la función pública, así como desarrollo de medios claros para lograr la misión y objetivos institucionales de manera efectiva y equitativa.

c. Investigación y Sanción: Identificación, investigación y sanción oportuna y efectiva de hechos constitutivos de falta por parte de los servidores públicos, por parte de organismos de control interno y externo.

Los miembros del Programa Acción Ciudadana destacan que para la construcción del Índice, en ambas aplicaciones, se partió de indicadores sobre la presencia o ausencia de procesos informativos e institucionales, pero la metodología no incluía la fiscalización de la veracidad de dichos indicadores.

Por ejemplo, uno de ellos mide la cantidad de contratos otorgados por medio de licitación abierta o pública en los últimos doce meses, y de los elementos de prueba o comprobación suministrados por las instituciones, a través de la entrega de los contratos íntegros, las actas de adjudicaciones y los documentos evaluativos de las licitaciones. Pero se investigaba si había más contratos en la institución que no hubieran sido declarados o suministrados al equipo de evaluación.

Esta limitación metodológica impide la identificación de ocultamientos de procesos dudosos, como en el caso de las posibles contrataciones de bienes y servicios que se hubiesen otorgado de forma fraudulenta.

El primer índice (ITEP-2007) sólo abarcó a la Procuraduría General y 7 ministerios, que fueron los de Salud Pública, Educación, Relaciones Exteriores, Medio Ambiente, Trabajo, Agricultura y Obras Públicas.

Este estudio fue realizado durante tres meses por Participación Ciudadana en el marco del proyecto Acción Ciudadana por la Justicia y la Transparencia auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID).