Destaca esfuerzo de la Dirección General de Contrataciones Públicas en este sentido.

Participación Ciudadana calificó como preocupante que persista falta de transparencia en las compras y contrataciones del Estado.

El Movimiento Cívico denunció que en gran parte de las Instituciones Públicas se mantiene la entrega de obras grado a grado y la asignación de contratas a amigos y relacionados de los Funcionarios de dichas Carteras, situación que hace mucho daño a los recursos de la población.

Sin embargo, Carlos Pimentel, coordinador del Área de Transparencia de PC destacó la labor que realiza la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas para combatir este problema.

Participación Ciudadana y la Dirección General de Compra y Contrataciones Públicas realizaron un taller especializado sobre el marco legal sobre Compras y Contrataciones Públicas desde la óptica del proveedor denominado “Prepárate para negociar con el Estado con Transparencia y Garantías legales", realizado en Santiago.

En este taller participaron más de 35 empresarios de Santiago proveedores y posibles proveedores del Estado.

Erick Hazim, director de la Dirección General de Contrataciones Públicas, informó que a los participantes se les dio detalles sobre el reglamento de aplicación de la Ley General de Compras y Contrataciones Públicas No. 340-06, principios que rigen las compras y contrataciones Públicas, organización del sistema de compras, quienes pueden contratar con el Estado y quiénes No, que puede ofertarle al Estado,  registro de proveedores del Estado y como inscribirse en el mismo.

Asimismo fueron capacitados sobre los procesos de licitación pública, licitación restringida, sorteo de obras, comparación de precios, compras menores, registro de proveedores, régimen de prohibiciones, pliegos de condiciones, presentación de las ofertas; así como también datos sobre la comisión evaluadora, empate de eferentes, adjudicación y reclamos, impugnaciones y controversias (Plazos y procedimientos).

Participación Ciudadana y la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas informaron  a los participantes que pueden obtener más informaciones y aplicar para negociar con el Estado a través del portal www.comprasdominicana.gov.do, y así poder enterarse de los llamados a concursos.

Este tipo de iniciativas forman parte del acuerdo suscrito entre Participación Ciudadana y la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, a través del cual se comprometieron a capacitar y luchar por el fortalecimiento de la transparencia en las Compras y Contrataciones Públicas.

Este proyecto pertenece al Programa Acción Ciudadana por la Justicia y la Transparencia, financiado por la USAID.

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS

Destaca esfuerzo de la Dirección General de Contrataciones Públicas en este sentido.

Participación Ciudadana calificó como preocupante que persista falta de transparencia en las compras y contrataciones del Estado.

El Movimiento Cívico denunció que en gran parte de las Instituciones Públicas se mantiene la entrega de obras grado a grado y la asignación de contratas a amigos y relacionados de los Funcionarios de dichas Carteras, situación que hace mucho daño a los recursos de la población.

Sin embargo, Carlos Pimentel, coordinador del Área de Transparencia de PC destacó la labor que realiza la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas para combatir este problema.

Participación Ciudadana y la Dirección General de Compra y Contrataciones Públicas realizaron un taller especializado sobre el marco legal sobre Compras y Contrataciones Públicas desde la óptica del proveedor denominado “Prepárate para negociar con el Estado con Transparencia y Garantías legales", realizado en Santiago.

En este taller participaron más de 35 empresarios de Santiago proveedores y posibles proveedores del Estado.

Erick Hazim, director de la Dirección General de Contrataciones Públicas, informó que a los participantes se les dio detalles sobre el reglamento de aplicación de la Ley General de Compras y Contrataciones Públicas No. 340-06, principios que rigen las compras y contrataciones Públicas, organización del sistema de compras, quienes pueden contratar con el Estado y quiénes No, que puede ofertarle al Estado,  registro de proveedores del Estado y como inscribirse en el mismo.

Asimismo fueron capacitados sobre los procesos de licitación pública, licitación restringida, sorteo de obras, comparación de precios, compras menores, registro de proveedores, régimen de prohibiciones, pliegos de condiciones, presentación de las ofertas; así como también datos sobre la comisión evaluadora, empate de eferentes, adjudicación y reclamos, impugnaciones y controversias (Plazos y procedimientos).

Participación Ciudadana y la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas informaron  a los participantes que pueden obtener más informaciones y aplicar para negociar con el Estado a través del portal www.comprasdominicana.gov.do, y así poder enterarse de los llamados a concursos.

Este tipo de iniciativas forman parte del acuerdo suscrito entre Participación Ciudadana y la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, a través del cual se comprometieron a capacitar y luchar por el fortalecimiento de la transparencia en las Compras y Contrataciones Públicas.

Este proyecto pertenece al Programa Acción Ciudadana por la Justicia y la Transparencia, financiado por la USAID.

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS

Participación Ciudadana, indica que si el Gobierno no corrige las distorsiones que han trastornado el funcionamiento del desayuno escolar y levanta la medida de la suspensión, la disposición podría tener efectos devastadores en la población infantil más pobre.

Santiago Sosa, coordinador de Participación Ciudadana entiende que con la medida de suspender el desayuno escolar el Gobierno afecta a los niños que pertenecen a los estratos sociales económicamente más deprimidos, principalmente aquellos que habitan en zonas rurales donde no siempre llega la mano amiga de las autoridades.

Sosa resalto que “Yo estoy claro de que esto tiene un efecto devastador para las familias más humildes. Creo que la medida tiene que ser temporal, hasta que se estudie la manera de relanzarlo, pero no puede ser por mucho tiempo”.

En tanto el director ejecutivo de Participación Ciudadana, Javier Cabreja califica como sumamente grave la suspensión por tiempo indefinido del desayuno escolar, luego de ser restablecido en el presente año escolar, por los múltiples casos de intoxicación registrados en diferentes planteles educativos en todo el ámbito nacional.

“Una de las conquistas que tuvimos en República Dominicana en materia de educación, fue precisamente el que se estableciera el desayuno escolar, de manera que los hijos de una parte importante de las familias que viven en condiciones de pobreza pueda acudir a la escuela en capacidad de aprender. Eliminar el desayuno escolar es impedir que pobres puedan aprender de manera adecuada”, puntualiza Cabreja. 

El Director Ejecutivo hizo un llamado al presidente de la república a revisar la gestión de Melanio Paredes y a hacer cambios en la identidad educativa. 

Participación Ciudadana rindió informe de 2010 durante su XVll Asamblea General

El coordinador general de Participación Ciudadana, Santiago Sosa, denuncio que  a pesar de las múltiples legislaciones que se han creado  en el país en los últimos años para transparentar el manejo de los fondos en la administración pública, los resultados  no se ven, esto fue durante la XVII Asamblea General de Participación Ciudadana. 

Citó la  ley de Compras, Contrataciones y Concesiones de Obras Públicas, así como las leyes que regulan el manejo del crédito público, la Tesorería, los controles internos, y las asignaciones presupuestarias, entre otras.

Afirmó que  transcurrida más de una década, el esfuerzo legal por cubrir las brechas por donde se escapan tantos recursos y se filtra la corrupción y la ineficiencia, es “virtualmente invisible”, dijo.

 Agregó que no hay evidencias de que el comportamiento de los gobernantes en materia de gastos públicos haya cambiado positivamente por estas leyes, y la  gestión fiscal no  es transparente, ni eficaz.

Sosa habló en esos términos al rendir un informe   de las acciones de Participación Ciudadana durante el año  2010.

Nebulosa.   Precisó que en el ámbito político y social, las perspectivas no parecen nada favorables en lo atinente a la gobernabilidad y el respeto a los derechos ciudadanos y  la Constitución. “Todo indica que estamos ante un nuevo modelo de concentración personal del poder no tanto en manos de un partido sino de un líder”,  indicó.

 Reiteró que  los aprestos para continuar violando el principio constitucional de separación de poderes se  evidencian en la forma en que fueron designados los miembros de la Junta Central Electoral (JCE) y la Cámara de Cuentas, así como en la conformación de una comisión para asesorar al Congreso tras el conflicto surgido con las modificaciones hechas por el  Senado al  proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

¿Dictadura? En opinión de Sosa,  las decisiones tomadas con posterioridad a la promulgación de la Constitución, no favorecen al pueblo, sino “a ese proyecto de poder personal concentrado” que se viene gestando, rememorando tiempos que se pensaban ya  superados.

“El momento es de reflexión, concertación y lucha para vigilar el proceso de conformación del Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, la Suprema Corte de Justicia y el Defensor del Pueblo, ya que las mismas constituyen columnas indispensables para garantizar la calidad de la democracia y el Estado de Derecho en la República Dominicana”, acotó.

Asamblea.    Sosa ofreció el informe de gestión   de PC durante durante la celebración de la XVll Asamblea General de la entidad no partidista.

En el acto, realizado en el centro de los Dominicos, en la Zona Colonial, fueron electos como nuevos miembros del Consejo Nacional de PC  Sonnia Vargas, Samir Chami  Isa, Rosalia Sosa y Francisco Alvarez, entre otros.

Las claves

1. Esperan fallo SCJ

Sosa dijo que están a la espera de que  la Suprema  Corte de Justicia   falle  un recurso de inconstitucionalidad  contra la Ley 57/96 que dispone la exoneración del pago de impuestos a las importaciones de vehículos  para los legisladores.

2. Un abuso

Dijo que   entre enero  2002 y octubre  2009 los legisladores importaron 678 vehículos  por  CIF equivalente a RD$1,993 millones. Afirmó,  que de haber sido adquiridos de acuerdo con las normas regulares,  habrían conllevado  impuestos  por RD$1,022 millones, recursos con los que  el Estado pudo haber financiado  importantes iniciativas como escuelas y hospitales.

La Red Nacional de Acción Juvenil, integrada por decenas de organizaciones juveniles de todo el país, desarrolló una Parada Cívica por los Derechos de la Juventud, dicho evento se realizó en el marco del “Día Nacional de la Juventud”.

Los jóvenes dieron inicio a la manifestación a las 10 de la mañana, los cuales se congregaron frente al Ministerio de la Juventud y en las Oficinas Provinciales de esta entidad Estatal. La actividad se realizó simultáneamente en el Distrito Nacional, Santiago, Barahona, La Romana, La Vega y Sánchez Ramírez.

Los manifestantes expresaron su inconformidad por la falta de seguimiento a la juventud, la inoperancia del ministerio, la falta de políticas públicas para cubrir las necesidades del sector y de igual forma condenaron la promoción de anti-valores por parte de los políticos desde sus funciones públicas.

Los jóvenes de la Red Nacional de Acción Juvenil, presentaron un documento que da cuenta de cómo andan los indicadores del país en materia de juventud, donde se manifiesta que el  87.9% de jóvenes están en condición de desempleo, si consideramos los jóvenes que trabajan en el sector informal de la economía como desempleados y le agregamos la tasa de desempleo actual.

Otro dato que destacan los jóvenes es que la deserción universitaria en nuestro país ronda un 38.9 %, esto en contraposición con el 9% de la población dominicana que no tiene ningún tipo de instrucción educativa formal.  

Al ser cuestionados sobre la aplicación de la Ley de Juventud, estos manifestaron “que en los más de 10 años que lleva en funcionamiento la Ley 49-00, presenta pocos avances en materia de juventud. La situación social, económica y política de los jóvenes dominicanos, lejos de ir mejorando, se va agravando con el transcurrir de los años, factores que han incidido de manera negativa en las vidas de este importante segmento de la población dominicana. Dichos aspectos se traducen en la falta de credibilidad en las instituciones del Estado, el deseo de migrar, las deserciones universitarias y los lamentables hechos delincuenciales, en lo que reincide una parte importante de nuestra desesperanzada juventud”.

De igual forma criticaron la poca voluntad del Estado para desarrollar políticas de juventud que sean serias y coherentes con las necesidades que demanda este importante sector de la población dominicana. Señalaron que los esfuerzos del Estado en materia de juventud sólo se han visto reflejados en la creación de instrumentos legales para la elaboración y seguimiento de políticas públicas, que ha quedado enmarcado en la creación de un Ministerio de Juventud, que lejos de asumir sus funciones institucionales, representa un barril sin fondo, que desangra el presupuesta nacional, alimentado una burocracia infuncional, que reproduce los mismos esquemas clientelares y de nepotismo que tanto daño nos han hecho a la juventud dominicana.

El evento fue levantado próximo al mediodía, donde los convocantes concluyeron con las notas del himno nacional y demandando del Presidente de la República el cumplimiento del marco legal de juventud, al igual que del Ministerio de Juventud cumpla con su rol de ser un motorizador de las políticas públicas a favor de este importante sector poblacional.

Organizaciones de la sociedad civil coincidieron ayer en señalar que la desconfianza en los partidos políticos que refleja la sociedad dominicana se debe a que esas organizaciones no representan a los ciudadanos en los poderes del Estado y se olvidan de sus promesas y compromisos una vez terminan las elecciones.

El director ejecutivo del movimiento cívico Participación Ciudadana, Javier Cabreja, y el coordinador de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), Julio César de la Rosa, comparten la idea de que los partidos han dejado de ser organizaciones que representan diversos intereses de la ciudadanía, para concentrarse en sus propios beneficios.

Cabreja manifestó que más allá de participar en los procesos electorales los partidos po1íticos tienen la función de representar y ser intermediarios de la población frente al Estado, algo que a su entender no han estado realizando en los últimos años.

“La pérdida de confianza de la ciudadanía hacia los partidos políticos se debe a que éstos se han constituido en una maquinaria electoral que se activa en función del proselitismo de las campañas electorales”, dijo.

Expresó que existe una desconexión entre las estructuras políticas y los intereses y las demandas de los ciudadanos, que van más allá de los torneos electorales.

“Parte de la desconfianza se debe a que una vez los partidos políticos han alcanzado el poder, sea en el Ejecutivo, en los municipios o en el Congreso Nacional, no han sido coherentes con las propuestas y los discursos que presentan en el marco de la campaña política”, dijo.

De la Rosa estimó que los partidos no están jugando el papel que están llamados a jugar, que es el de procurar el cumplimiento de todas las demandas de la población.

“Los partidos son el único medio que tiene la población para exigir seguridad ciudadana, derechos fundamentales como el derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda, y ese medio les ha fallado”, expuso.

Organizaciones de la sociedad civil coincidieron ayer en señalar que la desconfianza en los partidos políticos que refleja la sociedad dominicana se debe a que esas organizaciones no representan a los ciudadanos en los poderes del Estado y se olvidan de sus promesas y compromisos una vez terminan las elecciones.

El director ejecutivo del movimiento cívico Participación Ciudadana, Javier Cabreja, y el coordinador de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), Julio César de la Rosa, comparten la idea de que los partidos han dejado de ser organizaciones que representan diversos intereses de la ciudadanía, para concentrarse en sus propios beneficios.

Cabreja manifestó que más allá de participar en los procesos electorales los partidos po1íticos tienen la función de representar y ser intermediarios de la población frente al Estado, algo que a su entender no han estado realizando en los últimos años.

“La pérdida de confianza de la ciudadanía hacia los partidos políticos se debe a que éstos se han constituido en una maquinaria electoral que se activa en función del proselitismo de las campañas electorales”, dijo.

Expresó que existe una desconexión entre las estructuras políticas y los intereses y las demandas de los ciudadanos, que van más allá de los torneos electorales.

“Parte de la desconfianza se debe a que una vez los partidos políticos han alcanzado el poder, sea en el Ejecutivo, en los municipios o en el Congreso Nacional, no han sido coherentes con las propuestas y los discursos que presentan en el marco de la campaña política”, dijo.

De la Rosa estimó que los partidos no están jugando el papel que están llamados a jugar, que es el de procurar el cumplimiento de todas las demandas de la población.

“Los partidos son el único medio que tiene la población para exigir seguridad ciudadana, derechos fundamentales como el derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda, y ese medio les ha fallado”, expuso.

Considera tiene que ser en marco de Constitución

El director ejecutivo de Participación Ciudadana, Javier Cabreja, afirmó  ayer que cualquier propuesta que haga la comisión de asesores del Congreso  para el proyecto de ley orgánica del Tribunal  Constitucional tiene que ser en el marco de lo que establece la Constitución de la República.

Dijo que ya es suficiente con la injerencia que ha tenido el presidente Leonel Fernández en el tema, al convocar el debate en la Fundación Global, e imponiéndole al Congreso Nacional un poder externo para que lo asesore.

“Y eso pasa cuando tenemos un Congreso Nacional que no es capaz de diferenciarse ni de asumir  con independencia y autonomía su accionar frente al Poder Ejecutivo , o cuando tenemos acciones como las que hizo el Senado ayer  (miércoles), dando un reconocimiento al  Presidente de la República, cuando sus funciones son otras”, agregó.

Inoportuno. Cabreja criticó que ese reconocimiento al presidente Fernández se  haga, sobre todo, faltando un mes y días para el 27 de Febrero, fecha en  que el mandatario  deberá rendir las cuentas de su gestión de su Gobierno, mecanismo que tiene el Congreso Nacional para evaluarlo.

“Con este reconocimiento lo que se está diciendo es que no es necesario ese acto de rendición de cuentas porque ya la presidencia de la República pasó muy bien con cerca de  100 puntos, como bien señalan los senadores”, acotó Cabreja.

Dijo que acciones como esas son “muy graves y delicadas” y afianzan la preocupación  que  tienen muchos sectores, respecto a que el Congreso Nacional no está siendo un poder que se diferencie o que  respete ese principio de separación de poderes en el país.

“Las funciones del Senado son las de fiscalizar y supervisar a los funcionarios públicos para que  jueguen su rol de acuerdo con lo que está establecido en las leyes y la constitución, y todo cuanto está pasando en estos momentos es lo que nos indica que  hay una excesiva concentración de poder en el Presidente de la República, que se afianza cada vez más y que es muy peligrosa para la democracia y la institucionalidad en el país”, puntualizó.

Exhorta al Presidente Fernández a ejercer su liderazgo de una forma más cónsona con los principios democráticos.

Participación Ciudadana informa que el país marcha hacia un nuevo modelo de concentración personal del poder no tanto en manos de un partido sino de un líder y toda la sociedad debe prestar atención a este proceso.

El Consejo Nacional de PC indica que el Presidente Leonel Fernández pondrá a prueba su verdadera vocación democrática a través de la forma en que ejerza su liderazgo en las próximas semanas en lo relacionado con la aprobación de leyes y la designación de los miembros del Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Electoral y el Defensor del Pueblo.

El Movimiento Cívico denuncia que el Presidente de la República viola el principio constitucional de separación de poderes, lo que se vio evidenciado en la forma en que fueron designados recientemente los miembros de la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas, así como la de una comisión para asesorar al Congreso en relación al conflicto surgido con la aprobación por el Senado del proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Santiago Sosa, coordinador general de PC, dijo que esto permite pensar que las decisiones de nuestros representantes se toman no para favorecer al pueblo sino a ese proyecto de poder personal concentrado que se viene gestando, rememorando tiempos que pensábamos superados.

Sosa advierte que una nueva violación a la Constitución se aproxima cuando el 26 de enero se desconozca el mandato Constitucional de haber elegido para esa fecha a los miembros del Tribunal Constitucional, debido  a la falta de planificación y diligencia del Congreso en la aprobación de las leyes necesarias para poder poner en funcionamiento los nuevos órganos creados por la Constitución proclamada hace casi un año.

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana señala que por esta razón hacen un llamado a toda la ciudadanía a supervisar y prestar atención al proceso de conformación del Tribunal Constitucional, Superior Electoral, Suprema Corte de Justicia y Defensor del Pueblo, ya que las mismas constituyen columnas indispensables para garantizar la calidad de la democracia y el Estado de Derecho en la República Dominicana.

El Consejo advierte que sin miembros íntegros, independientes y capaces, el Tribunal Constitucional no podrá evitar que  la Constitución continúe  siendo un pedazo de papel; la Suprema Corte de Justicia no podrá contribuir a impedir que la corrupción mantenga en la pobreza a la mayoría de los dominicanos; el Tribunal Superior Electoral no podrá poner freno a las trampas electorales y la Defensoría del Pueblo no podrá cumplir con su misión de defender los intereses ciudadanos de aquellos que ejercen el poder de una manera incorrecta.

“El Presidente Fernández ganó las elecciones en el 2008 y su partido en el 2010, pero todos han sido elegidos para cumplir la Constitución y las leyes y tomar decisiones que favorezcan tanto a los que votaron por ellos como a los que no, pues no son Presidente y legisladores de sus partidos sino de la República Dominicana” expresó Sosa.

Por esto Participación Ciudadana pondrá especial cuidado en dar seguimiento a todo el proceso de elaboración de leyes relacionadas con estas instituciones mencionadas y sobre el proceso de selección de sus miembros y hace un llamado a la ciudadanía,  a los medios de comunicación, a las entidades de la sociedad civil, a los partidos políticos y a todos, sin discriminación, a prestar atención a estos procesos que marcarán el futuro de la democracia dominicana.

Participación Ciudadana defiende proyecto de ley original

El coordinador general de Participación Ciudadana, Santiago Sosa, afirmó que en el país se ha discutido mucho acerca de la supresión o no de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por la facultad que tenga el Tribunal Constitucional (TC), cuando lo que se debería  hablar es del procedimiento adecuado para la aplicación del Tribunal Constitucional y de la escogencia de sus 13 jueces, para que no respondan a intereses de partidos,  grupos ni de empresarios.

Sosa dejó claro que la propuesta de Participación Ciudadana es el respeto irrestricto a la Constitución, que se aplique lo que dice y que el Congreso Nacional se aboque a aprobar la ley orgánica del funcionamiento de este tribunal.

Añadió que Participación Ciudadana aspira  que, en lo posterior, el Consejo Nacional de la Magistratura elija los jueces del Tribunal Colegiado, que sean personas idóneas y expertos en derecho constitucional.

Expresó que no tienen propuestas para señalar nombres de jueces, sino que sean imparciales.

Dijo que el artículo 277 de la Constitución no deja espacio a otra cosa que no sea  que el TC conozca las decisiones de la SCJ.

Declaró que si el texto constitucional excluye las sentencias dictadas hasta el 26 de enero de 2010, es porque necesariamente tendría que incluir las que vienen posteriores.

Dijo que lo propuesto por el presidente de la SCJ, Jorge Subero Isa,  que el Tribunal Constitucional revise las sentencias del control difuso y no por la vía ordinaria,  “deja con autoridad de la cosa juzgada el fondo de la sentencia”, lo que a juicio de Sosa tiene el inconveniente  que los procesos se harán interminables.  “Nosotros hemos venido planteando desde que  inició esta discusión que definitivamente no es posible que dos tribunales tengan al mismo tiempo, simultáneamente el control constitucional”, agregó  el coordinador de  Participación Ciudadana.