El Director Ejecutivo dijo esperar que este caso no se quede en el limbo.

El director ejecutivo de Participación Ciudadana, Javier Cabreja, llamó al Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa, a tomar las medidas legales pertinentes sobre las denuncias de irregularidades en la Liga Municipal Dominicana durante la gestión de Amable Aristy Castro.

Javier Cabreja indicó que las auditorias realizadas por la Cámara de Cuentas y reveladas en el programa El Informe con Alicia Ortega, revelan un manejo irregular y descontrolado de los recursos de la Liga Municipal bajo la dirección de Aristy Castro.

El Director Ejecutivo de PC calificó grave que la Liga haya gastado mas de 116 millones de pesos en pagos para beneficio personal del  secretario general y actual senador, Amable Aristy Castro, según  auditoría de la Cámara de Cuentas del 2006.

Cabreja reveló que la auditoria también detalla que ese año se erogó RD$84,187,688.78, por  ayudas a pobres y a beneficiarios “inexistentes” en el padrón de la Junta Central Electoral.

El Representante de la Sociedad Civil señaló que todos hechos dolosos que refleja dicha auditoria están tipificados en las leyes dominicanas como malversación de fondos, nepotismo e enriquecimiento ilícito, por lo que ahora le tocará al DPCA y a las autoridades reconfirmar y adoptar las medidas legales pertinentes en contra del o los responsables.

“Los actos de corrupción no deben quedar impunes en la República Dominicana por lo que solicitamos a Hotoniel Bonilla, director del Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa a analizar esta auditoria y accionar” reclamó Javier Cabreja.

También rechazó los pagos múltiples que se les hacía al mismo personal en diferentes nóminas y el nombramiento de familiares de Aristy Castro.

Cabreja dijo que el programa El Informe con Alicia también reveló que la Liga  emitió en el 2006 cheques por RD$48,022,381 por  aportes a los ayuntamientos y juntas municipales “menos favorecidos”, así como la realización de operativos médicos y entrega de ayudas carentes de documentación que los justificara.

Calificó como lamentable que dicha auditoria arrojara que 16 vehículos de motor, 13 maquinarias pesadas, un autobús y 22 motocicletas los tenían amigos, familiares y otros, “cuyas actividades no estaban directamente relacionadas con los objetivos y atribuciones de la entidad”.

Un “Pito Amarillo” es la insignia que utilizarán para promover el repudio social a aquellos que irrespeten la ley.

110 organizaciones de la sociedad civil que conforman el Movimiento Nacional Cumplamos la Ley manifestaron su preocupación por el deterioro institucional que vive el país, y le hacen un llamado a toda la ciudadanía a expresarse en defensa del Imperio de la Ley.

Los representantes del Movimiento que lideran este reclamo a favor de la

institucionalidad y fortalecimiento democrático reclaman a los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Municipal ceñir todas sus acciones al mandato de la ley.

Las Organizaciones asimismo motivan a la población a repudiar a aquellos que irrespeten con sus actuaciones las leyes establecidas con el toque de un “pito amarillo”, insignia que viene a identificar la causa.

“Las leyes dominicanas registran un alto grado de incumplimiento por parte de los principales actores que están llamados a dar el ejemplo. Iniciando por el irrespeto a la Constitución, vemos como todos los días desde todas las esferas de la vida nacional se incumplen los mandatos, incrementándose el nivel de impunidad existente y deterioro de la sociedad dominicana, lo que pone en peligro el Estado de Derecho”, expresó el Movimiento “Cumplamos la Ley” en rueda de prensa.

Asimismo dichas organizaciones hicieron un llamado a las autoridades a tomar acción para detener la manipulación de las normas constitucionales y jurídicas que buscan solo satisfacer ambiciones particulares por encima del bien colectivo y que han desencadenado en mayores niveles de clientelismo, corrupción e impunidad de las normas establecidas.

“Invitamos a la ciudadanía a unirse a este movimiento para promover el cumplimiento cabal de nuestra Constitución, leyes y normas, en la búsqueda de organizar la vida en sociedad, promover la equidad y garantizar los derechos y deberes ciudadanos”.

En este sentido, motivamos a todos a que hagan sentir su desacuerdo a través del toque del pito amarillo para demostrar el desacuerdo con las acciones de aquellos que constantemente cometen atropellos y ponen en peligro nuestra democracia”, añadió el vocero del Movimiento.

En este sentido, las organizaciones puntualizaron sobre los resultados del Foro

Económico Mundial que posiciona al a República Dominicana en una posición desventajosa ocupando el lugar 139 y 138 respectivamente de 139 países evaluados en lo que se refiere al “alto nivel de favoritismo en las decisiones de los funcionarios públicos” y “despilfarro del gasto gubernamental”.

En adición, señalaron que para poner en marcha la Estrategia Nacional de Desarrollo es primer requerimiento que como país se debe acoger es el cumplimiento de las leyes y reglas de juego claras para generar confianza y promover un clima de inversión que contribuya con el desarrollo nacional tan deseado.

Movimiento Nacional Cumplamos la Ley

El Movimiento Nacional Cumplamos la Ley es un esfuerzo de un conjunto de más de 110 organizaciones y movimientos de la sociedad civil que piden mediante acciones cívicas y pacíficas, el respeto a la Constitución, leyes y

normas establecidas con miras a crear una sociedad más sólida, justa, equitativa, donde se garanticen los derechos y deberes ciudadanos.

La insignia que simboliza el clamor de dicha causa es un “pito amarillo” que se utiliza como repudio a aquellas personas que cometen acciones violatorias y ponen en peligro la institucionalidad y democracia en el país.

Los representantes del Movimiento indican a la población que para sumarse a este Movimiento u obtener mayor información a que visiten la página www.cumplamoslaley.org.

Listado de Organizaciones firmantes de la declaración "Cumplamos La Ley!"

Adelante con la Comunidad – Programa Radial

Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO)

Ambito Maria Corral – Santo Domingo

Asamblea Nacional Ambiental (ANA)

Asociación de Agentes de Desarrollo, Inc.

Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia de Santo Domingo, Inc.

Asociación de Jóvenes Unidos de Villa González, Inc.

Asociación de Mujeres por el Desarrollo Interbarrial Simón Bolívar (ASOMUDIB)

Asociación de Personas con Discapacidad Físico-Motora (ASODIFIMO)

Asociación Dominicana Almacenistas Importadores Inc. (ASODAI)

Asociación Dominicana de Industrias Gráficas (ADIGA)

Asociación Municipal de Mujeres de Villa González, Inc.

Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE)

Asociación Nacional de Metalmecánica y Metalurgia (ASONAMECA)

Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (ANPROTED)

Asociación para el Mejoramiento de los Manguitos Capotillo (AMDEM)

Asociación Promoción de la Mujer del Sur (PROMUS)

Asociación TU, MUJER, Inc.

Caminando Hacia el Futuro

Caritas Dominicana Catholic Relif Service (CRS)

Carmelita de la Caridad

Casa Abierta

Centro Antonio Montesino (CEAM)

Centro de Educación para la Paz, Tolerancia y Desarrollo (CEPATODE)

Centro de Gobernabilidad y Gerencia Social del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEGES/INTEC)

Centro de Investigación & Promoción Social (CIPROS)

Centro de Servicios Legales Para La Mujer Inc. (CENSEL)

Centro Juan Montalvo

Centro Juan XXIII

Centro Medico Luperon

Círculo Comunitario Luis Tomás Solano

Círculo Político Social Comunitario

Ciudad Alternativa

Club Deportivo San Sebasthian

CODECI

Colectiva Mujer y Salud

Colegio Dominicano de Economistas de la República Dominicana (CODECO)

Colegio Médico Dominicano

Colegio San Sabasthian

Comando Especial de Rescate de Alto Riesgo / Leon Rojo

Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Nacional de Religiosos de República Dominicana (CONDOR)

Comisión Nacional de los Derechos Humanos Zona Norte, D.N.

Comité de Organizaciones de la Zona Norte del D.N. (COZONO)

Comité Justicia y Paz de la Conferencia Dominicana de Religiosos (CONDOR)

Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA)

Comité Unido Acción Social de Simón Bolívar (CUASOBI)

Compañía Hijas de la Caridad

Comunidad de Vida Cristiana (CVX)

Consejo de Desarrollo de Villa González, Inc.

Consejo de Organizaciones de la Región Oriental (CORO)

Construyamos la Paz – Programa Radial

El coordinador general del movimiento cívico Participación Ciudadana rechazó tajantemente este martes que el presidente Leonel Fernández pueda optar por reelegirse para un nuevo mandato y advirtió que la única vía para hacerlo es la reforma constitucional. Samir Chami Isa calificó como lamentable que funcionarios y legisladores promovieran un acto como el del pasado domingo donde le entregaron al primer mandatario 2.2 millones de firmas de personas que apoyan su reelección, hecho que, a su juicio, irrespeta y viola la Constitución de la República. Por otro lado, Chami Isa saludó la decisión del presidente Fernández, quien devolvió a la Cámara de Diputados la ley que crea el Consejo Nacional de la Magistratura, ya que afirma le dará legitimidad a esa pieza legislativa.

Así mismo indicó que la presión que hicieron los empresarios, la sociedad civil y la Iglesia Católica para que se rechazara la aprobación por mayoría simple de dicha ley surtió efecto.

El coordinador de Participación Ciudadana, quien fue entrevistado en el Programa Matinal por el director de Prensa, Domingo del Pilar, y Persio Maldonado, consideró que ahora los legisladores deben conocer nuevamente la pieza y aprobarla como indica la Constitución con las 2/3 partes de los diputados presentes.

Sin embargo el dirigente de la sociedad civil entiende que hay un deseo de poder por controlar el Consejo Nacional de la Magistratura, ya que recuerda que de ese nuevo órgano se elegirán a los miembros de los Tribunales Constitucional y Superior Electoral, así como a los jueces salientes de la Suprema Corte de Justicia.

Chami Isa manifestó que Participación Ciudadana velará para que se mantenga la separación de los tres poderes del Estado y se fortalezcan las instituciones en la República Dominicana.

La decisión del  presidente Leonel Fernández de devolver la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura a la Cámara de Diputados para un nuevo  examen, estuvo motivada por las presiones de varios sectores de la sociedad civil por la forma en que fue aprobada.

Así lo consideraron ayer el coordinador de Participación Ciudadana, Samir Chami Isa, el sociólogo Ramón Tejada Holguín y la presidenta de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje), Lara Guerrero.

“Saludamos la iniciativa porque entendemos que los mecanismos de presión que se han utilizado con la ilegalidad de aprobación han dado resultados”, dijo Isa.

La referida ley había sido aprobada por los legisladores con una mayoría simple, pero  la Constitución exige la presencia de las dos terceras partes en el hemiciclo.

Asimismo, Tejada Holguín sostuvo que Fernández tomó esa decisión para venderse como un Presidente que respeta la institucionalidad.

Mientras,  Guerrero  la calificó como un logro porque entiende que esta nueva revisión puede efectuarse con más transparencia.

Todos hablaron al ser entrevistados vía telefónica en el programa de Huchi Lora, por CDN-La Radio.

El coordinador del Movimiento Cívico Participación Ciudadana, Samir Chami Isa, reiteró que la aprobación por mayoría simple de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura es un atentado al orden constitucional que vive el país.

 Dijo que lo mismo sucede con la pretensión de violar la edad límite para ser miembro del Tribunal Constitucional.

En ese sentido, Chami Isa, hizo un llamado al presidente Leonel Fernández Reyna para que frene los atentados que en el Congreso  se están cometiendo contra la Ley de Leyes, porque eso genera intranquilidad, además de violentar la institucionalidad y el Estado de derecho.

 Al ser entrevistado en el  programa D’ Agenda, de  Héctor Herrera Cabral, el coordinador de Participación recordó al Jefe del Estado que esa es su Constitución y él debe ser el primero en garantizar su respeto.

Aunque admitió que PC no estaba de acuerdo con la forma en que fue aprobada la Carta Magna, sin embargo se trata de la Carta Sustantiva más garantista que ha tenido el país.

En otro orden, Chami Isa,  anunció que en las próximas semanas las entidades que impulsaron el movimiento del 4% harán lo mismo para exigir el cumplimiento de la ley.

Explicó que para tales fines acudirán a las instituciones donde los incumbentes   actúan al margen de las leyes y la Constitución. De esta forma le exigirán  al Gobierno  que envíe a los tribunales a los funcionarios que han sido sindicados en la comisión de actos de corrupción.

Advierten que una nueva Reforma Constitucional sería traumática y pondría en tela de juicio seguridad jurídica del país

Más de 120 personas entre las que se encuentran comunicadores, juristas, empresarios, economistas, académicos y profesionales de otras áreas enviaron una carta al Presidente Fernández recordando que su eventual repostulación significaría una violación del artículo 124 de la Constitución promulgada el 26 de enero del 2010.

 La Carta dirigida al Primer Mandatario fue depositada en el Palacio Nacional a través de secretaría.

Los profesionales indicaron en su misiva dirigida al Presidente Fernández que “En esta ocasión en que Usted se encuentra en un proceso de reflexión a la luz del reclamo de una proporción considerable de partidarios y ciudadanos que lo instan a postularse para un nuevo período constitucional. Sin el menor ánimo de sobreestimarnos nos permitimos formularle algunos planteamientos a ser tomados en cuenta en su proceso de reflexión, convencidos de que la decisión a ser adoptada puede ser trascendental para el fortalecimiento o el debilitamiento de las instituciones democráticas de la nación”.

Señalaron que “Su eventual repostulación significaría una violación del artículo 124 de la Constitución que Usted promulgó el 26 de enero del 2010 y que presentó a la nación como la carta de ruta a la modernización, a la estabilidad democrática e institucional y al progreso socioeconómico”.

Los ciudadanos y ciudadanos de la sociedad civil advirtieron que plantear una nueva reforma de la Constitución resultaría tan traumático que podría poner en tela de juicio la seguridad jurídica.

Agregaron que el peor escenario se derivaría de una interpretación acomodaticia que dejaría profundas interrogantes sobre la legitimidad de un tentativo nuevo gobierno.

La Sociedad Civil indicó que la sola posibilidad de que sea desconocido o mermado el orden constitucional e institucional genera tensiones, de las que no escapa ni siquiera su propio partido.

Entendemos que el escenario económico nacional e internacional es suficientemente delicado como para que todas sus energías, las de todo el gobierno, así como de la sociedad dominicana, sean dirigidas a la concertación de esfuerzos para superar las adversidades que amenazan la estabilidad socio-económica y el progreso integral de la nación.

Los ciudadanos dicen que la ruptura del orden constitucional representaría un grave retroceso para la imagen de la nación en el ámbito del derecho internacional y de graves repercusiones a la luz de la Carta Democrática Interamericana, de la cual la República Dominicana es compromisoria.

Expresaron “Finalmente, Señor Presidente, confiamos que Usted recibirá esta comunicación como un humilde aporte a las reflexiones que ocupan su atención en estos días”.

Listado de firmantes

APOYAMOS AL CONSEJO NACIONAL DE LA EMPRESA PRIVADA (CONEP) EN SU JUSTIFICADA PREOCUPACIÓN POR EL ESTADO DE DERECHO

Varias organizaciones miembros de la Coalición por una Justicia Transparente e Independiente, entre las que se encuentran la Asociación Nacional del Jóvenes Empresarios (Anje), Participación Ciudadana, Centro de Gobernabilidad y Gerencia Política, Fundación y la Fundación Democracia y Libre Empresa, desean comunicar al país nuestro total respaldo al Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) en su denuncia sobre la grave amenaza al orden constitucional y la institucionalidad del país por la forma en que el Presidente de la República y algunos senadores y diputados del partido oficialista y demás agrupaciones políticas presentes, pretenden hacer valer las observaciones presidenciales realizadas a las leyes orgánicas del Consejo Nacional de la Magistratura y del Tribunal Constitucional.

De igual modo, deseamos censurar la forma absolutamente incorrecta utilizada por representantes del gobierno que pretenden acallar desde una función oficial el derecho fundamental a la libre expresión ejercido por el CONEP.

Desde el gobierno, se ha pretendido distorsionar la preocupación expresada por el CONEP, que en ningún momento cuestiona la existencia de la facultad que posee el Presidente de la República a observar las leyes, pero si criticó, con absoluta razón, que esta facultad se ejerza irrespetando de manera clara las disposiciones constitucionales, interpretando según su conveniencia las condiciones para ser  juez del Tribunal Constitucional que figura en la Constitución, y propugnando la aprobación de leyes orgánicas por mayoría de la mitad más uno de los presentes en cada cámara, cuando la Constitución dispone que este tipo de leyes deben ser “aprobadas o modificadas” por las dos terceras partes de los presentes en cada cámara.

Los resultados de la reunión convocada por el Presidente de la República, con un grupo de juristas deben moverlo a profunda reflexión, pues personalidades de la talla de Juan Manuel Pellerano Gómez, padre del Derecho Constitucional en la República Dominicana, fue categórico al expresar que la Constitución era absolutamente clara en la necesidad de la mayoría calificada para la aprobación o modificación de las leyes orgánicas, con observación presidencial o sin ella, lo que fue respaldado por la mayoría de los juristas independientes presentes en dicha reunión.

De consolidarse el inconstitucional precedente que se pretende, las mayorías calificadas que requiere la Constitución para la aprobación por parte del Congreso de las leyes de protección de las áreas protegidas, para el régimen de la moneda y de la banca y para las leyes orgánicas, serían inútiles ya que podrían ser eliminadas por la simple voluntad presidencial, violentando la finalidad por las cuales fueron establecidas, reduciendo a la nada el Estado de Derecho y la seguridad jurídica que debe existir en el país.

ORGANIZACIONES SOCIEDAD CIVIL

El acuerdo consiste en ayuda económica

Santiago. El movimiento cívico Participación Ciudadana y la alcaldía de Santiago firmaron ayer un acuerdo de cooperación, mediante el cual el síndico Gilberto Serulle se comprometió a dar ayuda financiera y logística para el fortalecimiento de la Casa de Justicia de Cienfuegos.

El pacto lo rubricaron el coordinador de Participación Ciudadana, Samir Isa, y Serulle, así como quienes valoraron la iniciativa que permitirá brindar un mejor servicio a miles de usuarios.

La alcaldía, en lo adelante, entregará una subvención mensual de 40 mil pesos y colocará personal que recibirá las quejas de los comunitarios. Serulle precisó que con este acuerdo se abre una ventana más para la solución de problemas, junto a una institución que ha aportado tanto para la consolidación del sistema democrático.

“Esta acción vinculante me une y compromete para que junto a Participación Ciudadana busquemos soluciones a favor de los excluidos, que son los más en nuestra sociedad”, puntualizó.

Advierten depositarán recursos de inconstitucionalidad si el Presidente no la rechaza

La Coalición por una Justicia Transparente e Independiente integrada por 22 organizaciones de la sociedad civil calificaron como un golpe de Estado Constitucional que la aprobación con mayoría simple de la Ley Organica que conforma el Consejo Nacional de Magistratura realizada el 15 de marzo del mes en curso.

Las Organizaciones de la sociedad civil calificaron como muy grave que la Cámara de Diputados haya dado por aprobada la modificación de esa ley orgánica aceptando las observaciones del presidente de la República por mayoría de votos y no por las dos terceras partes de los presentes como establece el artículo 112 de la Constitución.

 La Coalición denuncia que esa acción representa un grave atentado al estado de derecho y debilita tanto al sistema judicial como al poder legislativo, constituyéndose en un mal precedente sobre las leyes orgánicas que de esta manera pierden su capacidad de garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad institucional.

 La FINJUS, Participación Ciudadana, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, el Foro Ciudadano y 18 organizaciones más indican que entonces no hay que descartar que el Presidente también observe la recién aprobada ley orgánica del Tribunal Constitucional para que por simple mayoría se puedan conseguir objetivos frustrados cuando no fueron aprobados por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados.

 La Coalición por una Justicia Transparente e Independiente advirtió que se propone interponer un recurso de inconstitucionalidad contra esta nueva ley para evitar no sólo una ruptura del orden constitucional sino un menoscabo del equilibrio de poderes en que se fundamenta la democracia.

 Lara Guerrera, presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios y hablando en representación del Grupo, dijo que el artículo 112 de la Constitución fue concebido para garantizar que las leyes orgánicas, por considerarse fundamentales, tuviesen que estar revestidas de un mayor consenso que las leyes ordinarias, por lo que en este caso la aprobación de las observaciones presidenciales  no puede sobreponerse al mandato constitucional.

 Guerrero agregó que no puede pasar desapercibido que se está aprobando, sin la mayoría cualificada, otorgar al Presidente de la República un poder casi absoluto  para las decisiones de un organismo colegiado y de gran responsabilidad institucional como es el Consejo Nacional de la Magistratura.

 Señaló que esta situación es más preocupante porque preanuncia una decisión de ignorar el creciente reclamo nacional de que tanto la reestructuración de la Suprema Corte de Justicia como la elección de los jueces de los nuevos Tribunal Constitucional y Tribunal Superior Electoral se realicen con amplio consenso político y social, en base a un perfil previamente definido, y en un proceso de total transparencia.

 Las Organizaciones indicaron que la democracia es un proceso de largo plazo que debe construirse en beneficio de todos y con la participación de todos y todas. 

 “Rechazamos la violación a la Constitución de la República y la concentración de poder en el Consejo Nacional de la Magistratura”, expresó la Coalición.

 Las 22 Organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la Coalición por una Justicia Transparente e Independiente señalaron que cuando se reestablezca el equilibrio de poderes en el Consejo Nacional de la Magistratura nos proponemos presentar un perfil de los jueces pendientes de elección. Reservándonos, incluso, el derecho a proponer candidaturas y mecanismos de elección para garantizar idoneidad y transparencia.

 Al término del encuentro, Javier Cabreja, director ejecutivo de Participación Ciudadana, manifestó preocupación por los niveles de poder que se le otorga al Presidente de la República dentro del Consejo Nacional Magistratura, por lo que rechazó las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo a la Ley Orgánica. 

Organizaciones Firmantes.

 alidad y Justicia FINJUS

2. Participación Ciudadana

3. Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios

4. Mesa de Justicia de Foro Ciudadano

5. Mesa de Transparencia de Foro Ciudadano

6. Acción Comunitaria por el Progreso

7. CEDAIL

8. Comisión Social dominicana de Abogadas Inc.

9. Comité para la Defensa de los Derechos Bariales, COPADEBA

10.Consejo de Voluntariado de Apoyo a la Fiscalía Barrial del Distrito  Nacional

11. Consorcio Mundo Joven

12. Construyamos la Paz.

13. Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco   (CODONBOSCO)

14. Coordinadora de Organizaciones de Las Cañitas, CODECA

15. El Centro de Educación para la Paz, Tolerancia y Desarrollo (CEPATODE).

16. Foro Participativo de Abogados

17. Fundación Opción Comunitaria y Juvenil, Inc.  (FUNOCOJ)

18. Grupo de Jóvenes de San Jose

19. JUNTA VECINOS LA PIEDAD DE GUALEY

20. Plataforma para el Empoderamiento Comunitario, PIEMCO

21. Programa Radial Adelante con la Comunidad

22. Programas radiales Adelante con la Comunidad y Construyamos la     Paz, apoyan el documento