La enorme falta de credibilidad es el principal obstáculo que enfrenta el gobierno para poner en marcha el nuevo proyecto de reforma tributaria sometido al Congreso Nacional, independientemente de la calidad de la propuesta legislativa.

Esa gran desconfianza es el resultado del reiterado incumplimiento dela Ley de Presupuesto yde la muy mala calidad del gasto. Como a diario observa la ciudadanía y ha sido documentado por múltiples reportes de organismos locales e internacionales, el manejo de los fondos públicos en el país se caracteriza por la falta de transparencia, el derroche, la malversación, el clientelismo, el favoritismo, la ineficienciay la corrupción.Ninguna de las promesas hechas por el Poder Ejecutivo en los últimos años para racionalizar el gasto, ni ninguno de los planes de austeridad anunciados, ha sido cumplido, incluyendo el recientemente anunciado en el marco del actual Acuerdo con el FMI. 

El gobierno ha tratado de justificar la nueva reforma,señalando que el propósito principal del nuevo paquete impositivo es atender el reclamo ciudadano de una asignación presupuestaria a educación,  equivalente a un mínimo de 4% del PIB. Desafortunadamente, la opinión generalizada es que la verdadera intención es cubrir el enorme déficit derivado de un manejo irresponsable del gasto público, evidenciándose una vez más la falta de confianza de la población en la forma en que están siendo administrados los recursos públicos.

Participación Ciudadana entiende que antes de cualquier modificación impositivael gobierno debe dar señales claras, mostrar evidencias de su compromiso con el manejo responsable de los fondos públicos, destinar el dinero de los contribuyentes a las reales prioridades nacionales y eliminar todo gasto superfluo. Si tiene que suspender o aplazar obras no prioritarias, como el metro, que lo haga.

Los déficits presupuestarios solo tienen tres maneras de cubrirse: mediante aumento de los impuestos, endeudamiento (que ha aumentado enormemente en los últimos años)  o racionalización del gasto, opción ésta última que ha sido completamente ignorada, a pesar de las reiteradas recomendaciones de expertos y el permanente reclamo de la ciudadanía.

Conviene recordar que el informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana, dirigida por Jacques Attali, planteó que para mejorar la aceptación del impuesto por parte de los dominicanos “el Estado debe erigirse en modelo de virtud cívica y mostrar a sus ciudadanos que los fondos recolectados a través del sistema fiscal son dedicados a gastos considerados por la mayoría como útiles y beneficiosos para la sociedad dominicana”. La primera iniciativa recomendada en dicho informe es devolver la confianza en las instituciones; a la vez propone que todos los ahorros obtenidos a partir de la reforma del Estado sean utilizados para aumentar el presupuesto de la educación y el de la salud.

Sería oportuno que antes de intentar la aplicaciónde la nueva reforma fiscal el gobierno pusiera atención a las recomendaciones formuladas por dicha Comisión, relacionadas con el fortalecimiento institucional y el uso adecuado de los fondos públicos, varias de ellas muy puntuales y que han formado parte de los reclamos de Participación Ciudadana y otras organizaciones sociales durante los últimos años. Por ejemplo, profesionalizar la función pública, limitar el número y el tamaño de los ministerios, suprimir viceministerios, reducir delegaciones diplomáticas,  imponer la transparencia en los contratos públicos, eliminar la práctica del “Barrilito”, aplicar la ley de presupuesto para alcanzar una gestión por resultado, entre otras medidas de similar naturaleza que darían legitimidad a iniciativas como el actual proyecto de reforma tributaria.

Cabe preguntarse, cuántas medidas parciales, dispersas, similares a las del nuevo proyecto de Reforma Tributaria tratará de aplicar el Poder Ejecutivo,  sin hacer los cambios necesarios por el lado del gasto. Mientras esto ocurre, descansa en el Congreso el proyecto de Estrategia Nacional de Desarrollo, aunque coincidimos con el Informe Attali en el sentido de que “ninguna Estrategia Nacional de Desarrollo puede ser desplegada mientras siga reinando la desconfianza que opone a la población y a las instituciones dominicanas”.

Si las instituciones no actúen con ética, transparencia y eficacia, serán muy pobres los resultados esperados del aumento de la carga impositiva. 

El Movimiento Cívico asegura que la carencia de sanciones ejemplarizadoras restaría autoridad a la pieza.

Participación Ciudadana califica como positiva la iniciativa de la Junta Central Electoral de someter al Congreso Nacional un proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas y el contenido del mismo; sin embargo denuncian que el régimen de sanciones es muy benigno lo que sería muy perjudicial para el sistema de Partidos.  

Samir Chami Isa, coordinador General de PC, indicó que la aprobación de dicha Ley es obligatoria porque esta contenida en la Constitución de la República.

Chami Isa habló durante el panel “Constitución 2010: principales retos de la reforma electoral” que estuvo encabezado por Francisco Álvarez, miembro del Consejo Nacional y de la Comisión de Análisis Político de PC; la diputada Minou Tavarez Mirabal y el Dr. Mariano Rodríguez, ex Juez titular de la Junta Central Electoral.

El Coordinador General de PC explicó la iniciativa depositada por la JCE es valiosa y en sentido general se trata de un proyecto positivo, aunque con algunos aspectos que deben ser mejorados.

“Su contenido abarca el objeto de la ley y definiciones; propósitos, principios y funciones; formación de los partidos y agrupaciones políticas; derechos y deberes de los partidos y agrupaciones políticas; normas estatutarias; derechos y deberes de los miembros; educación política, precampañas, patrimonio y financiamiento de los partidos, supervisión del fondo de financiamiento, pérdida de la personalidad jurídica y extinción de la personería y penalidades, cuyos aspectos son muy importante” según Chami Isa.

ASPECTOS NEGATIVOS

Mientras que Francisco Álvarez, miembro del Consejo Nacional y de la Comisión de Análisis Político de PC indicó que el proyecto de Ley de Partidos que cursa en el Congreso

tiene más aspectos positivos que negativos.  

Álvarez explicó uno de los principales aspectos negativos que tiene que ser modificado es el régimen de sanciones, que resulta ser muy benigno, y señaló varios casos a título de ejemplos.

“El primer caso es el fraude electoral que se sanciona con la inhabilitación por un período, cuando debería ser con  pena privativa de libertad de por lo menos tres a diez años e inhabilitación perpetua, pues este es el más grave de los delitos electorales en que se puede incurrir” destacó el Jurista.

Señaló que en caso de financiamiento ilegal la sanción sería una multa equivalente al doble de la contribución ilícitamente recibida. La sanción debería ser mucho mayor e incluir inhabilitación para ser candidato por lo menos en los siguientes cuatro períodos.

Asimismo dijo que la desviación de los fondos públicos aportados a los partidos, para otros fines distintos a los consignados en la ley, se sanciona con la pena establecida en el artículo 408 del código penal. Pero  ocurre que este artículo establece dos tipos diferentes de penas, de uno a dos años y de tres a diez años, por lo que debería señalarse que la sanción sería la de tres a diez años, pues se trata de dinero público distraído, y además agregar la inhabilitación perpetua para presentarse como candidato.

Francisco Álvarez informó que otros caso muy frecuente son  los obstáculos que pueda realizar un partido para impedir que las autoridades competentes, la sociedad o los miembros de los partidos puedan obtener la información sobre la situación real del partido, se sanciona con multa de de 50 a 100 salarios mínimos del sector público, lo que representa más un incentivo al obstáculo. Debe fijarse una penalidad económica que disuada este tipo de práctica y además implique sanciones para los responsables personales.

Álvarez explicó que un quinto caso es el uso del  clientelismo, del engaño, la violencia, la coacción, la desinformación, los sobornos, para obtener votos, para restar votos o provocar abstención, se castiga apenas con multa de cien a doscientos salarios mínimos del sector público, lo que resulta totalmente ineficaz. Este tipo de conducta debe implicar sanciones penales e inhabilitación perpetua para ser candidatos.

ASPECTOS POSITIVOS LEY DE PARTIDOS

Francisco Álvarez, miembro del Consejo Nacional y de la Comisión de Análisis Político de PC destacó varios puntos positivos del proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas depositados por la JCE en el Congreso.

Francisco Álvarez destacó el establecimiento de un conjunto de principios y valores que deberán predominar en el régimen de los  partidos políticos, entre los que se incluyen  los principios democráticos, la libertad, la justicia, la solidaridad, el pluripartidismo, diversidad ideológica, acatamiento de la voluntad de las mayorías, la equidad, la transparencia, la alternabilidad, respeto al derecho de las minorías.

Otro punto positivo, según Álvarez, es el control por parte de la Junta Central Electoral de los miembros de los partidos, lo que le permitirá aplicar la disposición del proyecto que impide que una persona sea miembro de más de un partido. De esta manera los partidos estarán obligados a entregar a la Junta el listado maestro de sus miembros, y mantenerlo actualizado anualmente. De igual forma, deberá entregarse a la Junta Central Electoral y mantenerse actualizado los datos de las personas que integren los organismos de dirección de los partidos y agrupaciones políticas.

Asimismo la obligación de la Junta Central Electoral de supervisar los eventos internos de los partidos.

“Otro aspecto que valoramos es la obligación de asegurar el uso equitativo de los medios de comunicación en las campañas y pre campañas, evitando cualquier discriminación”, según el miembro de PC.

Destacó la propuesta de asegurar el cumplimiento de la cuota femenina del 33%, no sólo en las candidaturas a posiciones electivas, sino también en los organismos nacionales de dirección de los partidos, con la identificación del mecanismo que garantizará la cuota.

Asimismo valoró el punto de reducir la cantidad de candidaturas que los órganos de los partidos se pueden reservar  a  un 20%, estableciendo que los acuerdos para estos fines deben establecerse antes de la pre campaña, para poder excluir estas candidaturas de las primarias. No hay dudas de que este porcentaje sigue siendo alto y debería reducirse aún más.

PC también apoyó la iniciativa de fijar un límite de tiempo a la pre campaña, que deberá iniciar un año antes de las elecciones y terminar siete meses antes, por lo que lo reduce a un máximo de cinco meses. Este tiempo aún es muy largo y debería reducirse a tres meses, que es el mismo tiempo que la ley actual establece para la campaña electoral. Lo importante es obviamente el cumplimiento de la norma.

Un octavo aspecto que destacaron es el que indica que los partidos deben rendir cuentas a sus miembros, pero además abrir sus informaciones a toda la ciudadanía. Esto es lógico, pues reciben fondos públicos.

El Movimiento Cívico favorece además la forma en que se plantea el Control del uso de los fondos públicos por parte de los partidos políticos y sanción en caso de uso inadecuado.

Valoraron el artículo que habla que para ganar votos, hacer perder votos al contrario  o provocar abstención se prohíbe la violencia, amenazas, coacciones, engaños, desinformación, sobornos, dadivas y el uso de bienes y servicios públicos. Esto es aplicable tanto a las precampañas como a las campañas electorales. Asimismo el que e prohíbe y sanciona despojar a un precandidato ganador de su candidatura y el que prohíbe las campañas negativas y los métodos y expresiones que denigren la condición humana y la dignidad.

La Comisión de Análisis Político de PC  también apoya la prohibición de que un partido recién aprobado pueda ir aliado a sus primeras elecciones, lo que permitirá probar su real apoyo en la población.

Asimismo el que plantea que los organismos internos de los partidos deberán renovarse por lo menos cada cuatro años; y el que prohíbe la cooptación no autorizada por la ley.

“El décimo sexto artículo que apoyamos es el que establece el voto secreto como el mecanismo para la selección de las autoridades y los candidatos, con lo que quedarían suprimidos métodos no democráticos como las aclamaciones y otros” informó Francisco Álvarez.

El Jurista dijo que la Comisión de Análisis Político de PC apoya además ocho puntos adicionales de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, entre los que se encuentran la Ley Prohibición de utilizar los bienes y servicios públicos en las campañas y pre campañas, con la única excepción de los fondos públicos que se le otorgan a cada partido en virtud de la ley, y sanción en caso de violación. Además, se pretende prohibir el uso de las inauguraciones de obras públicas durante los seis meses previos a las elecciones, pero el texto debe ser mejorado pues ha quedado muy ambiguo.

Prohibición de imponer cuotas a empleados públicos o privados, aún cuando se alegue que se trata de aportes voluntarios. Asimismo el artículo que prohíbe compartir la posición ganada, distribuyendo el período entre dos o más personas; y el que establece que nadie podrá ser sancionado o expulsado sin cumplir con el debido proceso, que incluye el derecho a ser escuchado.

Otros puntos de la Ley Electoral valorados por Participación Ciudadana son los que enfatizan la obligación de los partidos a trabajar la educación política de sus miembros, por lo que se destina el 25% de los fondos públicos aportados en años no electorales a estos fines; el que plantea un orden en las litas de de elegibles en las boletas electorales se realizará de acuerdo al número de votos obtenidos en las primarias. Incluso, los elegidos en las primarias y los candidatos que hayan sido reservados por las cúpulas, deberán figurar en las boletas en condiciones de igualdad. Sin embargo, no se establece un mecanismo para explicar cómo se haría.

PC apoya el artículo que establece regulaciones a las pre campañas para prohibir las campañas al aire libre, limitar el proselitismo a lo interno de los partidos, pero permitiendo la participación en los medios. Prohíbe el daño al medio ambiente.

Francisco Álvarez habló luego de participar como panel “Constitución 2010: principales retos de la reforma electoral” que se llevó a cabo en el salón La Rosa del Hotel Melía. En el mismo también participaron la Diputada Minou Tavarez Mirabal y el Dr. Mariano Rodríguez, ex Juez Titular de la Junta Central Electoral.

Samir Chami Isa indica que cada parqueo tuvo un costo aproximado de 800 mil pesos.

Participación Ciudadana considera como bochornoso el gasto por el gobierno de mil millones de pesos para la construcción de un parqueo en el Universidad Autónoma de Santo Dominicana (UASD).

Samir Chamir Isa, coordinador de Participación Ciudadana, entiende que la suma anunciada de la obra esta sobrevaluada, ya que calculando 1248 parqueos a un costo de 1000 millones de pesos, representan un precio de 800,000 pesos por cada estacionamiento, lo que calificó como excesivo.

Chami Isa, hizo un llamado a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva sobre los gastos de la obra, ya que la misma fue construida con un préstamo del Gobierno, que al final lo pagará la población en general.

El Coordinador General de Participación asimismo cuestionó que la mayoría de la obras del Gobierno son realizadas con los mismos proveedores y empresas constructoras, lo que provoca mucha suspicacia.

El Representante de la Sociedad Civil indica que es necesario que las autoridades trasparenten la forma en que utilizan los recursos públicos y que sean un poco más austeras, ya que la situación económica del país no es la más adecuada.

"Exigimos una explicación del costo de esta parqueo y detalles sobre las compras y contrataciones en esta obra” reclamó Isa.

PC agregó que la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene necesidades más prioritarias que un edificio de parqueos como son la carencia de las aulas, falta de butacas, abanicos, poca iluminación, falta de baños adecuados y de seguridad.

El Movimiento Cívico Participación Ciudadana rechazó este miércoles la aprobación de una nueva reforma fiscal en el Congreso Nacional, como plantea el gobierno en un proyecto sometido este martes por el presidente Leonel Fernández.

El director ejecutivo de Participación Ciudadana, Javier Cabreja, entiende que la aprobación de esta iniciativa implicaría un aumento de la crisis económica por la que está atravesando el pueblo dominicano, especialmente los que tienen menos recursos.

Al ser entrevistado por EL NUEVO DIARIO, Cabreja  planteó que para recaudar más recursos, el gobierno debe de implementar un Plan de de Austeridad para reducir los gastos innecesarios.

Precisó que se deben reducir los altos salarios de muchos funcionarios que son de lujos y reducir la nómina abultada del Estado.

Pidió adema a la población estar alerta y a los partidos políticos de oposición a rechazar esa iniciativa, ya que eso empeoraría la vida de los sectores menos desposeídos, que han sido afectados además de aumentos constantes en los precios de los producto de primera necesidad.

La reacción de Cabreja se produce al ser consultado por este diario,respecto al sometimiento del presidente Leonel Fernández al Congreso Nacional, este martes, de un proyecto de ley para aumentar los ingresos tributarios y destinar más recursos a la educación.

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y Participación Ciudadana valoraron el pacto como positivo, porque consideran que con ello se vuelve al orden constitucional.

Servio Tulio  Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Finjus, y Javier Cabreja, director Ejecutivo de Participación Ciudadana, coincidieron en que el consenso a que llegaron Fernández y Vargas es un paso de avance para la clase política y la sociedad en general.

Castaños Guzmán se mostró de acuerdo con que se haya acordado la doble votación del Poder Ejecutivo en el CNM y reconoció que, aunque al principio se opuso, es una salida que tienen la mayoría de esos organismos alrededor del mundo. 

En tanto que Cabreja saludó la decisión del Presidente de retirar las observaciones  a la Ley Orgánica del CNM porque, a su juicio, con ello contribuye a que en la sociedad se respete lo que establece la Constitución.

Durante la firma, Fernández anunció que someterá nuevas leyes orgánicas de la Policía, las Fuerzas Armadas y de Drogas, y que con esos nuevos dispositivos “el aparato represivo quedará organizado y legalizado”.

Pacto pone fin a tranque en el Consejo de la Magistratura 

El Gobierno y el principal partido de oposición firmaron un acuerdo para solucionar el impasse jurídico que impedía la aprobación de leyes orgánicas y especiales que estaban contenidas en la reforma a la Constitución de la República.

Asimismo, los presidentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el gobernante Leonel Fernández, y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, acordaron la solución al “limbo jurídico” de la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). En el pacto el presidente Fernández mantiene el carácter especial y decisivo  de su voto.

Pero, el mandatario cedió en cuanto a que para la aprobación de leyes especiales en el Congreso se necesita una mayoría cualificada de las dos terceras partes de los presentes. Mas, el gobernante hizo poner en el acuerdo una “glosa” (comentario) en que afirma que está cediendo con el “objetivo altruista” de lograr el consenso, pero que sigue creyendo que en el caso de las leyes orgánicas observadas por el Ejecutivo, cuando las cámaras las vayan aprobar se puede hacer por mayoría simple.

El pacto fue denominado “Acuerdo Institucional para la Aprobación y Desarrollo de las Leyes Complementarias de la Constitución”, y se rubricó en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

El Presidente informó que convocará al CNM, aunque no especificó la fecha. Siendo así y quedando conformado, el CNM podrá elegir a los faltantes jueces de la Suprema Corte de Justicia y los miembros del Tribunal Superior Electoral y Tribunal Constitucional. Se mantiene la edad de 75 años para ser miembros del Tribunal Constitucional, como había planteado tajantemente el PRD, con lo que también encuentra una salida a la conformación de ese organismo.

En el convenio, que tuvo como mediadores y testigos a monseñor Agripino Núñez Collado y el dirigente del PRD Milton Ray Guevara, se acordó que se establezca un protocolo o reglamentación para la aprobación de las leyes que haya observado el Poder Ejecutivo.

El acuerdo dice que en las primeras 48 horas el presidente Fernández retirará las observaciones que había hecho a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y procederá a promulgarla, publicándola en un diario de circulación nacional.

El tranque había sido provocado por la aprobación de las observaciones del Ejecutivo a leyes orgánicas con mayoría simple en el Congreso, lo cual era rechazado por la oposición y juristas que señalaban que la Constitución exige que sea por las dos terceras partes de los legisladores presentes.

Tensión al momento de la firma

En la rúbrica del acuerdo hubo momentos de tensión y hasta de confusión, pues Vargas firmaba rápido, pero Fernández leía detenidamente, había puntos en los que parecía que estaba en desacuerdo o no entendía.

En tres ocasiones el proceso se detuvo, había un intenso secreteo entre el gobernante y Milton Ray Guevara, quienes llamaban al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, y al ministro de la Presidencia, César Pina Toribio, para que explicaran al jefe de Estado algunos aspectos.

También, el vicepresidente Rafael Alburquerque iba leyendo el acuerdo y después que había un consenso Fernández rubricaba. Para estampar su firma el gobernante se tomó 14 minutos. En ambiente muy tenso, con una seguridad implacable con la prensa, a las 11:30 a.m. llegaron las delegaciones del PLD y del PRD al lugar.

El presidente Fernández se comprometió a someter al Congreso un nuevo proyecto de ley sobre el CNM conla finalidad de derogar la ley anterior y cualquier disposición contraria.

Participación Ciudadana realizó una tertulia sobre “Coyuntura Política Institucional, Retos de la Sociedad Civil”, con miembros del Movimiento Cívico no partidista.

La tertulia estuvo encabezada por Javier Cabreja, director ejecutivo de PC como moderador, y Rafael Toribio y Francisco Checo como expositores.

Cabreja explicó que la coyuntura política actual presenta varios aspectos interesantes y diferentes ya que estamos a menos de un año de las elecciones presidenciales del 2012.

Señaló que “actualmente tenemos un Partido oficialista con seis precandidatos que se disputan la candidatura presidencial, otro Partido que es el PRD con un candidato definitivo, pero realizando esfuerzos para lograr una verdadera unificación que muchos ven como difícil, y un Partido Reformista que a pesar de que dice que irá a las elecciones de forma independiente y que ha iniciado una campaña de recomposición, sus principales dirigentes son funcionarios del Gobierno y continúan beneficiandose de los recursos del Estado”.

A este contexto se suman los Partidos Aliados, muchos de los cuales han manifestado su intención de apoyar un Partido distinto al que apoyaron en los comicios pasados.

Para este proceso electoral venidero, Participación Ciudadana nos mantendremos vigilantes del uso y abuso de recursos del Estado, así como de la procedencia y uso de los recursos de los Partidos Políticos.

Estaremos muy pendiente a través del monitoreo electoral, que para este año pretendemos contar con expertos nacionales e internacionales.

Esto son parte de los retos de la sociedad civil en este sentido.

Posteriormente en esta tertulia expusieron sus impresiones Francisco Checo, economista y Rafael Toribio, Politólogo, cuyas posiciones están expresas de forma integra en una grabación que se encuentra en el link expuesto como documento adjunto a este texto.

A la tertulia participaron alrededor de 50 miembros de Participación Ciudadana, quienes intercambiaron impresiones sobre la situación actual e hicieron recomendaciones sobre la posición que deberá asumir el Movimiento Cívico en el contexto político y social actual.

Estas cifras fueron ofrecidas luego de la firma de un convenio entre la Alcaldía de la Vega y Casa Comunitaria de Justicia de este municipio.

La Casa Comunitaria de Justicia de la Vega ha atendido a mas de 4,000 personas de forma gratuita, la mayoría de las cuales mujeres.

José Ceballos, coordinador de las Casas Comunitarias de Justicia, explicó que la Casa de la Vega fue abierta en noviembre del 2009, y a la fecha ha prestado sus servicios a 4,258 personas, de las cuales 2,322 son mujeres y 1,936 hombres.

Ceballos explicó que a través de este proyecto se ofrece a la ciudadanía servicios de Mediación, Fiscalía, Psicología, Orientación Legal, Asuntos Municipales y Educación Ciudadana de forma gratuita, con lo que contribuye al desarrollo social de la zona.

El Coordinador del Proyecto habló luego de firmar un convenio con la Alcaldía de la Vega, a través del cual el Cabildo se comprometió a incluir en su presupuesto anual una asignación económica como apoyo al desarrollo institucional de la Casa Comunitaria de Justicia de La Vega.

Asimismo el Cabildo acordó la designación de personal que labore en la misma y el equipamiento de la Unidad de Asuntos Municipales; así como coordinar la creación y sostenimiento de la Escuela de la Municipalidad para la formación del liderazgo comunitario y el personal del Ayuntamiento del Municipio, según José Ceballos.

El acuerdo fue firmado por Samir Chami Isa, coordinador general de Participación Ciudadana; José Ceballos, coordinador de las Casas Comunitarias de Justicia y Alexis Pérez, alcalde de la Vega.

El Alcalde de la Vega, Alexis Pérez, se comprometió a impulsar  el desarrollo y sostenibilidad del Proyecto Casa Comunitaria de Justicia de La Vega, a través de la ejecución conjunta de programas formativos y proyectos de apoyo al fortalecimiento de la municipalidad y el acceso a justicia, implementando diversas modalidades de cooperación interinstitucional.

Estrella habló durante un encuentro con miembros del Consejo Nacional de PC.

El Presidente del Partido Dominicanos por el Cambio, Eduardo Estrella, manifestó preocupación por la posible ruptura del acuerdo del país con el Fondo Monetario Internacional por la falta de austeridad del Gobierno.

Eduardo Estrella indicó que la poca disposición del gobierno y del Presidente de la República de ajustarse a un plan de austeridad, se evidencia en el no cumplimiento de las medidas anunciadas por el Primer Mandatario, así como con el nombramiento de nuevos funcionarios.

El Presidente del Partido Dominicanos por el Cambio habló durante una visita a los miembros del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, con quienes compartió sus ideas sobre la situación actual.

Estrella informó que el país se encuentra en una situación difícil, desde el punto de vista económico y social.

El Dirigente Político explicó que “aún cuando mi partido todavía no ha escogido candidato para la presidencia del país, he hecho un recorrido por distintos lugares para conocer el sentir de la población, por lo que ha estado visitando estudiantes, quienes han expresado que no ven futuro para ellos, por lo que el 80% de estos está pensando en irse a vivir a otros países. 

Asimismo cuestionó los altos niveles de corrupción y  de impunidad de los corruptos; al punto que muchas personas lo ven como algo normal, por lo que planteó la necesidad de informar a la población sobre las diferentes formas de corrupción, para que esta haga conciencia de esta problemática.

Eduardo Estrella, presidente del Partido Dominicanos por el Cambio destacó que hay 10 aspectos que son necesarios trabajar en el país que son mejorar la situación económica y social; combatir la corrupción; fortalecer la institucionalidad; rescatar los valores;  ampliar la inversión en educación; seguridad ciudadana; aumentar las ofertas de empleo; fomentar el respeto a las leyes; disminuir la deuda externa, el gasto publico, la deuda interna y someter al gobierno a un plan de austeridad.

Durante su exposición a los miembros de Participación Ciudadana, Estrella dijo estar de acuerdo con la asignación del 4% para la educación y agregó que este debía ser aplicado de forma escalonada, porque el país amerita una mayor inversión para este sector.

Agregó que actualmente el país no necesita más leyes sino cumplir las que están vigentes.

También mostró preocupación por la situación del medio ambiente a nivel nacional e internacional y por la falta de transparencia, destacando que cuando fue Secretario de Obras Pública, dio ejemplo de que se puede trabajar con honestidad.

Al final de su comparecencia Estrella saludó la apertura de Participación Ciudadana al conversar con él sobre los problemas nacionales.

En tanto que Samir Chami Isa, coordinador general de Participación Ciudadana, agradeció la visita del Presidente del Partido Dominicanos por el Cambio y reiteró que las puertas del Movimiento Cívico están abiertas a cualquier candidato, precandidato, funcionario u otro miembro de la sociedad civil que quiera compartir sus iniciativas con la Institución.

En su visita a Participación Ciudadana, Eduardo Estrella estuvo acompañado de un grupo de jóvenes entre los que se encontraban Manuel Oviedo, Dr. Suárez, Lic. Bougart, Pablo Garrido, Manuel Montás, Luis Coronado, Dr. Rodríguez y Yira Sandoval.

Mientras que de la institución estuvieron presentes por el Consejo Nacional, Samir Chami Isa, Santiago Sosa, Somnia Vargas, Rosalía Sosa y Porfirio Rodríguez, por el equipo técnico, Josefina Arvelo.

Samir Chami Isa habló luego de la firma de un convenio entre el Alcalde de la Vega y el proyecto Casa Comunitaria de Justicia de PC que ha atendido a más cuatro mil personas de forma gratuita

El coordinador general de Participación Ciudadana, Samir Chami Isa, hizo un llamado a los Partidos Políticos a tener precaución y de depurar bien a las personas que les donan dinero para la campaña electoral.

Chami Isa dijo que “en estos momentos que la campaña avanza con celeridad, aparecen muchos supuestos empresarios ofreciendo recursos a los Candidatos y Precandidatos Presidenciales, por lo que se debe de evitar que la procedencia de estos recursos provengan del narcotráfico o de otra actividad ilícita.

Asimismo solicitó a la Junta Central Electoral establecer controles para evitar el uso y abuso de recursos del Estado en la campaña.

El Coordinador General de PC habló luego de la firma de un convenio entre el Proyecto Casa Comunitarias de Justicia de PC y la Alcaldía de la Vega, a través del cual el Cabildo se comprometió a incluir en su presupuesto anual una asignación económica como apoyo al desarrollo institucional de la Casa Comunitaria de Justicia de La Vega, la designación de personal que labore en la mismo y el equipamiento de la Unidad de Asuntos Municipales.

El acuerdo fue firmado por Samir Chami Isa, coordinador general de Participación Ciudadana y el alcalde de la Vega, Alexis Pérez; en presencia de José Ceballos, coordinador de las Casas Comunitarias de Justicia.

Samir Chami Isa señaló que estamos a menos de un año para las elecciones congresuales y municipales del 2012, por lo que muchos aspirantes podrían verse tentados a recibir dinero ilícito para costear las costosas campañas que llevan a cabo.

Destacó la necesidad de la aprobación de la Ley de Partidos que pueda establecer las reglas claras en la administración y financiamiento de los Partidos, y sobre todo en campañas electorales.

ACUERDO PC-ALCALDIA DE LA VEGA

José Ceballos, coordinador del proyecto Casas Comunitarias de Justicia de PC, informó que con dicho acuerdo el Alcalde de la Vega, Alexis Pérez, se comprometió a impulsar  el desarrollo y sostenibilidad del Proyecto Casa Comunitaria de Justicia de La Vega, a través de la ejecución conjunta de programas formativos y proyectos de apoyo, al fortalecimiento de la municipalidad y el acceso a justicia, implementando diversas modalidades de cooperación interinstitucional..

Ceballos señaló que mediante este Convenio el Ayuntamiento se compromete a incluir en el presupuesto anual una asignación económica como apoyo al desarrollo institucional de la Casa Comunitaria de Justicia de La Vega, la designación de personal que labore en la mismo y el equipamiento de la Unidad de Asuntos Municipales.

También coordinarán para la creación y sostenimiento de la Escuela de la Municipalidad para la formación del liderazgo comunitario y el personal del Ayuntamiento del Municipio.

El Coordinador de las Casas Comunitarias de Justicia explicó que la Casa Comunitaria de Justicia de La Vega, fue aperturada en noviembre del 2009, y a la fecha ha prestado sus servicios a un total de 4,258, que desagregados por sexo 2,322 correspondiente al sexo femenino y 1,936 al masculino.

Mientras que el Alcalde de la Vega, Alexis Pérez, manifestó satisfacción con la firma del convenio, destacando que las casas comunitarias de justicia de PC ofrece servicios de Mediación, Fiscalía, Psicología, Orientación Legal, Asuntos Municipales y Educación Ciudadana de forma gratuita, con lo que contribuye al desarrollo social de esta zona.