El Movimiento Cívico no Partidista, Participación Ciudadana dejó instalado el Curso-Taller de Derechos Humanos para promotores/as comunitarios/as integrados a las redes municipales de las Casas Comunitaria de Justicia.

Con la celebración de ésta capacitación se inicia, una jornada de formación de líderes comunitarios y funcionarios de la justicia y la municipalidad con el fin de generar en la población dominicana un estado de convivencia pacífica, el respeto y salvaguarda de los derechos humanos y al fortalecimiento del Estado de derecho.

Para Participación Ciudadana la democracia se sustenta del reconocimiento, protección y garantía de los derechos humanos,  por lo que es de importancia vital  que la ciudadanía y sus autoridades asuman responsabilidades compartidas por la preponderación de los mismos ante cualquier circunstancia.

En momentos en que la inseguridad ciudadana se desarrolla sin aparente control y la impunidad se impone dejando al desamparo y sin protección a la ciudadanía se hace necesario conocer y promover los derechos humanos como fundamento del sistema democrático y de derecho de nuestro país.

El Curso – Taller se realizó en Santo Domingo, Distrito Nacional durante los días 22 y 23 del  mes de noviembre del año en curso, en el Hotel Plaza Naco con la participación de 53 personas representantes de organizaciones de la sociedad civil, y autoridades judiciales y municipales. Al concluir la actividad educativa los participantes impulsarán en sus respectivos municipios un amplio programa de educación ciudadana y promoción de los derechos humanos, así como de acompañamiento de las víctimas de violación de sus derechos fundamentales a través del programa de Casa Comunitaria de Justicia que implementa Participación Ciudadana en diversos municipios del país.

Esta actividad y el conjunto de acciones a efectuar en el país cuentan con la cooperación de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Con este esfuerzo Participación ciudadana busca fortalecer la calidad de participación de la ciudadanía, así como los niveles necesarios de coordinación entre la sociedad civil y las autoridades competentes, pero sobre todo aportar al mejoramiento de las condiciones de seguridad y tranquilidad de los sectores vulnerables del país.

Por Delia M. Ferreira Rubio

El reclamo de transparencia que se vive en la actualidad en muchos países está íntimamente relacionado con la corrupción que afecta directamente la calidad y sostenibilidad de nuestras democracias. No se trata de una moda, ni de unslogan, ni de una manía persecutoria de algunos ciudadanos indignados. Se trata de un reclamo frente

a la ruptura de los lazos de representación, a la pérdida de la confianza en las instituciones y a la insatisfacción con una forma de organización política que parece haber perdido de vista sus objetivos y promesas.

La democracia es mucho más que celebrar elecciones periódicas, más o menos limpias y justas. La democracia electoral es sólo el primer eslabón de un sistema que supone, en esencia, la plena y libre participación de las personas, en un marco de inclusión e igualdad, en el que se respetan los derechos y libertades de todos -ciudadanos y gobernantes-, donde rige el Estado de Derecho y nadie está sobre la ley, porque el gobierno no es absoluto y está sujeto a controles para garantizar que la acción política esté orientada al bienestar general.

Cada uno de estos elementos del sistema democrático está íntimamente relacionado con la transparencia. El concepto de transparencia es como una moneda de dos caras; una vinculada a la información y la apertura, la otra referida a la integridad y la ética. Esta doble exigencia ínsita en el concepto de transparencia es central para entender la potencialidad de la transparencia como mecanismo para prevenir y luchar contra la corrupción y como herramienta para el fortalecimiento de la democracia y la mejora de su calidad.

Veamos cuál es la conexión entre la transparencia y las condiciones esenciales de la democracia. Las elecciones son en nuestra democracia representativa un elemento central para la participación. ¿Podemos hablar de elecciones democráticas si no se garantiza información en cuanto al sistema electoral, los candidatos, la forma de ejercer el sufragio y la forma de contar los votos para declarar un ganador? Evidentemente no. ¿Podríamos decir que una elección es democrática si no se garantiza la integridad de la autoridad electoral o si se tergiversan los resultados para favorecer a alguno de los candidatos? Evidentemente no. No hay elecciones democráticas sin transparencia.

Pero las elecciones no son la única forma de participación de los ciudadanos. Las democracias modernas reivindican el adjetivo de "participativas", reforzando las instituciones formales e informales que convocan a la sociedad a tomar parte activa en los procesos decisorios. Mecanismos como la iniciativa popular, la legislación directa, el referéndum, el plebiscito, las audiencias públicas, los presupuestos participativos -entre otros- garantizan nuevos espacios de intervención ciudadana. ¿Podrían ser algo más que mero maquillaje democrático si los ciudadanos no contaran con información oportuna y completa respecto a las cuestiones discutidas? ¿Se ampliaría la participación efectivamente si se discriminara a quienes pueden intervenir en función de algún interés particular, o por el intercambio de favores? Evidentemente no. La transparencia es esencial en las nuevas formas de participación.

La transparencia es central en el ejercicio del gobierno. ¿Es democrático que un gobierno niegue el acceso a la información pública a sus ciudadanos? No. ¿Es democrático que un gobierno no respete los límites impuestos por las leyes y se comporte arbitrariamente? Evidentemente no. ¿Es democrático que las decisiones de políticas públicas estén orientadas al beneficio personal de los funcionarios o sus amigos, o que sean devolución de favores, en lugar de estar orientadas al logro del bienestar general? Evidentemente no. La noción de buen gobierno o gobernanza tiene en la transparencia uno de sus principales ejes.

La democracia implica un gobierno sujeto a la ley y respetuoso de los derechos y libertades de la sociedad y ello supone la existencia de controles efectivos para evitar abusos y corregir desviaciones; para hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios y el principio de rendición de cuentas -característico de cualquier relación de mandato. La transparencia también tiene que ver con esto. ¿Puede hablarse de control cuando el controlador depende del controlado? Evidentemente no. ¿Puede hablarse de una democracia de calidad si no se garantiza la independencia de los jueces? No. ¿Es compatible con una democracia sólida la impunidad frente a la corrupción y el mal manejo de los recursos públicos? No. ¿Se pueden hacer efectivos los controles en un ambiente de opacidad y secretismo? Evidentemente no. Otra vez, la transparencia información y la transparencia-integridad juegan un papel clave en la calidad de la democracia.

A diario vemos en las noticias, la irrupción de protestas contra gobiernos corruptos e ineptos. Desde la Primavera Árabe a los Indignados de Puerta del Sol apreciamos a grupos sociales importantes que reclaman una democracia no sólo formal, sino una democracia auténtica, una democracia sustancial o sustantiva.

La corrupción afecta las bases mismas de la relación de representación. Los ciudadanos no se sienten representados en sus intereses y necesidades. Los representantes son percibidos como agentes de intereses diversos -algunos legales, otros incluso ilegales- que compran influencia y decisiones y llegan a veces a configurar la captura del Estado. La percepción de corrupción que afecta esencialmente a las instituciones políticas socava la legitimidad del sistema y genera desconfianza en instituciones y líderes.

Cuando la corrupción avanza, la democracia retrocede. La igualdad es reemplazada por el favoritismo, la discrecionalidad, el nepotismo y el clientelismo. El acceso a la información se restringe. La libertad de prensa y de expresión sufren detrimento. Cualquier mecanismo es bueno para lograr el silencio y la opacidad. Los controles pierden autonomía y capacidad. Los mecanismos de participación se transforman en meros esperpentos o son parte de un relato que pretende imponer la idea de una democracia plena.

La corrupción afecta también lo que podríamos llamar las prestaciones de la democracia. La malversación de fondos públicos, el diseño interesado de políticas públicas o la implementación defectuosa de las decisiones afectan seriamente el desarrollo humano de un país, estancando o deteriorando los niveles de la educación y la salud pública. Por otra parte, la corrupción afecta la competitividad del país, genera inseguridad jurídica y atenta contra el crecimiento y la inversión.

El fenómeno de la corrupción no es exclusivo de algunas regiones o culturas. La corrupción puede aparecer en países ricos o pobres, centrales o periféricos. Basta una revisión de las noticias del día en los portales internacionales para observar los reportes de escándalos de corrupción; de Italia a Estados Unidos, de Bangladesh a Alemania, de Nigeria a Buenos Aires; de la FIFA a los bancos de inversión; del financiamiento de las campañas a la asignación de planes sociales; como dice el refrán español: en todos lados se cuecen habas. La diferencia radica en la forma en que las sociedades reaccionan frente a la corrupción y esa forma de reacción determina en parte la percepción de corrupción sobre cada país.

Transparency International da a conocer anualmente el Índice de Percepción de Corrupción en el que los países percibidos como más transparentes obtiene una calificación de 10 y los percibidos como más corruptos se acercan a 0. Veamos cuál es la situación en América para el Índice 2011^[1].

La crisis de representación de la que venimos hablando en la región desde hace una década se ha caracterizado por la pérdida de confianza en las instituciones, particularmente las instituciones políticas. Los partidos políticos aparecen como la institución que menos confianza merece de los ciudadanos. El Barómetro Global de Corrupción^[2], otro instrumento de Transparency International que consulta de opinión pública en más de 100 países, señala a los partidos políticos como la institución más afectada por la corrupción en la mayoría de los países. Siendo los partidos políticos esenciales en el modelo de democracia vigente la cuestión se vuelve preocupante.

A pesar de todo, el Latinobarómetro^[3] refleja que una mayoría de la población mantiene el apoyo a la democracia como sistema de gobierno frente a cualquier alternativa autoritaria o de facto. El dato es positivo, pero no nos exime de la responsabilidad que nos compete a todos -dirigentes y ciudadanos de a pie- de contribuir al fortalecimiento de nuestras democracias.

El apoyo a la democracia no está exento de críticas. El Latinobarómetro detecta bien el perfil de "demócratas insatisfechos" que se advierte en nuestras sociedades. Las políticas públicas no han logrado en muchos casos cumplir con las promesas de la democracia formuladas expresamente -o entendidas tácitamente- en el momento de la restauración de los regímenes democráticos. La sociedad quiere elecciones, pero también reclama políticas que satisfagan sus necesidades de salud, educación, vivienda, transporte, que apunten a la reducción de la pobreza y la generación de oportunidades de trabajo y desarrollo personal y colectivo. La corrupción, el clientelismo, el mal manejo de los recursos estatales son algunos de los factores que conspiran contra el objetivo central de la democracia que es el bienestar general.

La transparencia puede contribuir a fortalecer la gobernanza a través de políticas públicas orientadas al desarrollo humano y al crecimiento económico; puede facilitar el control y la participación; puede mejorar los niveles de integridad en la gestión pública, recomponiendo así los lazos de confianza entre gobernados y gobernantes.  La transparencia actúa como antídoto contra la corrupción porque aumenta el riesgo al que se exponen quienes se involucran en tratos corruptos. En fin, la transparencia puede contribuir a elevar la calidad de nuestras democracias.

¿Qué medidas concretas deberían ponerse en marcha? En primer lugar, la garantía efectiva del derecho de acceso a la información pública. No sólo a través de la regulación de un proceso formalista de pedidos de informe, sino también mediante la implementación de iniciativas de apertura gubernamental. La apertura informativa, a su vez, facilita una participación activa e informada de la ciudadanía, para lo cual es necesario implementar mecanismos reales de intervención y crear los espacios aptos para esa participación. Las consultas y audiencias no pueden ser utilizadas sólo como una forma de apariencia democrática.

Es indispensable reforzar la integridad en la función pública, a través de leyes de ética que recojan los principios guía de la conducta funcionarial. Los códigos de ética pública deben incluir instancias y procedimientos que prevengan, detecten y eliminen los conflictos de interés en la gestión, regulando el problema de las incompatibilidades y el fenómeno de la "puerta giratoria". Se debe penalizar también el enriquecimiento ilícito, la venta de influencia, el soborno, entre otras conductas.

Fortalecer los mecanismos de control es central para poder instalar un gobierno transparente y libre de corrupción. Para que el control sea efectivo y eficaz debe reunir tres condiciones básicas: debe ser independiente desde el punto de vista político; debe tener capacidad y contar con los recursos necesarios y debe tener competencia y legitimidad para ejercer en plenitud sus funciones. El control es indispensable para poner en marcha la responsabilidad de los servidores públicos. Esa responsabilidad exige, por un lado, la rendición de cuentas y, por otro, la asunción de las consecuencias de la inconducta.

Un control eficaz y un marco de apertura y libertad de información son condiciones básicas de transparencia e integridad que permiten terminar con la impunidad. Si los actos corruptos no tienen consecuencias para sus actores; si no hay reparación de daños; si todo da igual; si las causas terminan prescribiendo, no hay ningún incentivo para corregir situaciones disvaliosas y la democracia seguirá cautiva de los intereses personales de los poderosos de turno. Terminar con la impunidad es central para mejorar la calidad de la democracia.

Todas estas medidas contribuirán a mejorar los niveles de transparencia y a prevenir y evitar la corrupción. Pero el problema de la corrupción no es sólo un problema legal o institucional; es también un problema cultural y social. La corrupción no terminará mientras las sociedades sigan tolerando con indiferencia la falta de integridad en el ejercicio del poder y la opacidad en el manejo de los recursos públicos. La transparencia requiere un compromiso de participación ciudadana. Es indispensable generar una demanda de transparencia que se traduzca en el voto popular. "Roban, pero hacen" no puede seguir siendo el justificativo para tolerar la corrupción.

El desafío es importante. Dejemos de ser demócratas insatisfechos y seamos ciudadanos activos, informados y participantes. Involucrémonos en la reconstrucción de los consensos valorativos básicos de la sociedad y revaloricemos la integridad y los principios de la democracia como sistema de vida y no sólo como mecanismo de elección de autoridades.

El compromiso para mejorar la calidad de la democracia podría sintetizarse en la fórmula de "las 4 i": más información, más integridad, menos impunidad y menos indiferencia.

Síntesis de la conferencia brindada el 25 de Octubre de 2012 en el Conversatorio Santiago – Pensar para Proponer, organizado por la Oficina Senatorial de Santiago. Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Consultora Internacional. Miembro del Board de Transparency International. www.deliaferreira.com.ar

[1]http://cpi.transparency.org/cpi2011/
[2] http://gcb.transparency.org/gcb201011/
[3] http://www.latinobarometro.org/latino/latinobarometro.jsp

En caso de aprobación sin la mayoría calificada que exige la constitución, recurriremos al tribunal constitucional.

Ha causado sorpresa la declaración del presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, en el sentido de que las leyes tributarias no son leyes orgánicas, lo que permite prever que el gobierno, que no quiso llegar a un consenso en el seno del Consejo Económico y Social, tampoco quiere hacerlo en el Congreso Nacional.

El artículo 112 de la Constitución prevé que para la aprobación de las leyes orgánicas se requiere del voto favorable de las dos terceras partes de los presentes en ambas cámaras, y califica como orgánicas las que regulan  “el régimen económico y financiero”.

La Constitución dominicana está dividida en títulos, y los títulos en capítulos, y los capítulos en secciones.  El título XI se denomina “DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO Y DE LA CÁMARA DE CUENTAS”.  Esto implica que todo lo que está incluido en este título, incluyendo sus capítulos y secciones, es materia de las leyes orgánicas por mandato del artículo 112 antes citado.

El Capítulo II de este título de la Constitución se denomina “DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” y  dentro de este capítulo  se encuentra la sección III denominada “DE LA TRIBUTACIÓN”.  Entonces, no cabe duda alguna de que la tributación es materia económica y financiera y por tanto es materia de las leyes orgánicas.

Las leyes orgánicas han sido introducidas en la nueva Constitución para obligar a los partidos políticos a consensuar temas de gran trascendencia, como indiscutiblemente  lo es la materia tributaria y evitar que algún partido pueda imponer en este tipo de materia  una mayoría absoluta que pueda poseer temporalmente. El consenso solo beneficia a la ciudadanía, sin importar cuál sea el partido que deba ser tomado en cuenta para alcanzar la mayoría calificada requerida.

Participación Ciudadana informa al país que en caso de que la reforma tributaria que acaba de ser introducida al Congreso sea  aprobada con una mayoría distinta a la que requiere la Constitución para las leyes orgánicas, elevará una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Consejo Nacional

Después de analizar la propuesta tributaria presentada por el Gobierno ante el Consejo Económico y Social (CES), Participación Ciudadana desea presentar su posición al respecto:

1.  Como integrantes del CES insistimos en que lo procedente es un pacto fiscal de largo alcance, como lo contempla la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo promulgada a principio de año y reivindicada en el programa de gobierno y los planteamientos de campaña del presidente Danilo Medina. Nos complace que el gobierno aceptara los principios básicos para un Pacto Social que fueron  consensuados por los integrantes del CES, que proclaman la integralidad de la reforma para un desarrollo humano sostenible, que no dependa del endeudamiento y que estimule la productividad y la competitividad, la inversión y la exportación, partiendo del radical mejoramiento de la calidad del gasto, suprimiendo el dispendio, con plenitud de transparencia y sanción de la corrupción.

2. Damos crédito al gobierno por haber transparentado un déficit fiscal que ronda los 183 mil millones de pesos y que como reconociera el ministro de Economía “hace insostenibles las finanzas públicas”.  La causa principal del enorme déficit fue denunciada en cada uno de los seis informes de observación preelectoral  que Participación Ciudadana divulgó al país entre noviembre de 2011 y mayo de 2012, y que puede resumirse en un gasto público desbordado e irresponsable, con fines puramente electorales, en clara violación a la Ley General de Presupuesto y a la Constitución de la República.

Se trata de una práctica a la que han recurrido los partidos gobernantes desde 1970 pero  desde el 2008 se inició una desbocada carrera de gasto que ha roto todos los parámetros de prudencia y sensatez, como si no hubiese límite alguno al uso del dinero público. No se puede resolver el problema sin sancionar a los que lo crearon, pues estaríamos validando que se repita en cada elección  pasándole posteriormente la cuenta a la ciudadanía a través de mayores cargas tributarias.

3. Ante el grave desequilibrio de las finanzas públicas reconocemos que la sociedad dominicana tendrá que incrementar su contribución, pero en dimensiones que no agraven la situación general de pobreza, desempleo y dificultades competitivas del aparato productivo y con previas e inequívocas garantías de que se pondrá límites al despilfarro y la malversación generalizada que han dejado el país en los últimos escalones en materia de corrupción y falta de transparencia en las evaluaciones del Foro Económico Mundial, Transparencia Internacional y otros organismos internacionales.

4. Los análisis de la economía nacional muestran que seis reformas tributarias elevaron considerablemente los ingresos fiscales en la última década, pero que creció mucho más el despilfarro y la corrupción, la inversión de escasa rentabilidad, sin atender a prioridades y que el empleo y las pensiones incrementaron  la nómina pública en 70 por ciento en los últimos cinco años, provocando durante este período un déficit fiscal que sobrepasa los 350 mil millones de pesos, con un financiamiento que duplicó la deuda pública.

5.  Contrasta visiblemente que el gobierno haya sido tan minucioso en señalar las nuevas cargas tributarias que propone y tan parco en precisar los renglones que integrarán su promesa de reducir el gasto en 1.9 por ciento del producto bruto interno, desconociendo el clamor generalizado de que esta vez se ponga delante la reducción del dispendio y la corrupción, más aún cuando esta propuesta fue elaborada en medio de escándalos por niveles ofensivos de liquidaciones y pensiones en instituciones del Estado y precisamente en funcionarios del área económica. Hemos reconocido las medidas de austeridad dispuestas por decreto del presidente Danilo Medina, pero es evidente que las mismas deben ser profundizadas.

6.  Asumimos el proyecto gubernamental como una propuesta y entendemos que merece una respuesta firme de toda la sociedad y en especial de los representantes en el CES, que esta vez no deben permitir que los dividan los intereses sectoriales y el tráfico y la compra de conciencia que han caracterizado el accionar público durante años de pretendida concertación social, burlada una y otra vez como ocurrió con el cumplimiento de la Ley General de Educación que dispone el 4 por ciento del PIB para ese sector. Celebramos que la propuesta gubernamental contemple la reivindicación del compromiso por la educación.

7.  Por todo lo anteriormente expresado adelantamos que propondremos en el seno del CES que antes de discutir nuevos tributos el gobierno presente un plan detallado de reducción del gasto de manera que los altos estamentos del Estado carguen con una parte del costo del despilfarro, disponiendo por lo menos lo siguiente:

a) El total esclarecimiento de las acciones que generaron el mayor déficit fiscal de la historia nacional y que se rinda un minucioso informe sobre las violaciones a la Constitución y las leyes, asignando las responsabilidades de lugar.

b) Una reducción de altos cargos, administrativos, diplomáticos y consulares para retrotraer la nómina pública a los niveles de diciembre del 2010, antes que iniciara la última campaña electoral, así como la reducción salarial de los restantes.

c) La supresión de una serie de organismos inoperantes como la Corporación de Empresas Estatales, la Comisión de Reforma de la Empresa Pública, el Instituto de Estabilización de Precios, el Consejo Estatal del Azúcar, la Comisión Presidencial de Apoyo al Sector Salud, entre otras.

d) La fusión de los organismos con duplicidad de funciones en los ámbitos de obras públicas, transporte, asistencia social y agropecuaria, comenzando por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, que en vez de supervisar compite con el Ministerio de Obras Públicas.

e) La creación de un solo consejo de administración de las empresas estatales del sector energético, y la reducción de otros que son innecesarios, así como la reconversión en honoríficos de aquellos que sean indispensables.

f) La revisión definitiva de contratos de adquisición de energía eléctrica y de compra de carburantes que implican pérdidas por miles de millones de pesos que agravan la situación del sector energético y encarecen el ineficiente servicio. Al mismo tiempo un compromiso de hacer pagar a los grandes expropiadores de energía.

g) Supresión de los barrilitos y cofrecitos que se han atribuido los legisladores para el reparto clientelista, práctica de claro corte inconstitucional pues rompe la equidad electoral, además de que el asistencialismo social no figura entre sus atribuciones, lo que ahorraría cientos de millones de pesos anuales. También la supresión de la venta de exoneraciones de automóviles con lo que gran parte de los legisladores hacen negocios auspiciando la importación de vehículos de lujo.

h) La reintroducción al Congreso del proyecto original de Ley de Regulación de los Salarios Públicos elaborado por el Ministerio de Administración Pública con amplias y extensas consultas, deformado por los legisladores, y que no haga excepción de ningún estamento estatal en sus alcances.

i) La revisión de todas las pensiones desproporcionadas y privilegiadas otorgadas tanto por el Poder Ejecutivo como por estamentos del Estado, así como la devolución de las liquidaciones de funcionarios que continuaron en sus posiciones.

j) Modificación de la ley electoral para reducir el financiamiento público que se otorga a los partidos políticos para que se otorgue tan sólo en los años de elecciones.

Consejo Nacional
10 de octubre de 2012

El acceso a la información pública en la república dominicana: una aspiración ciudadana

El derecho a la información pública emana del derecho fundamental de  la libertad de  opinión y expresión, en el que se expresa la garantía  “… de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación, por cualquier medio de expresión”. A pesar de la declaración de este derecho, en la práctica, es necesaria la existencia de mecanismos legales que permitan el ejercicio pleno de estas garantías fundamentales.

La República Dominicana cuenta con la Ley General de Libre Acceso a la información Pública (200-04), la cual constituye el instrumento jurídico, que obliga a las instituciones destinatarias de fondos públicos a transparentar sus acciones y una herramienta que procura garantizar el derecho fundamental de acceder a la información pública, para permitir el derecho a la participación de la ciudadanía en el monitoreo de la cosa pública.

Participación Ciudadana procura la efectiva  aplicación de la normativa y el seguimiento del nivel de cumplimiento de la ley en las instituciones destinatarias de fondos públicos, a través del  “Monitoreo a la Aplicación de la Ley No. 200-04”, demandando información pública en el ejercicio del control social a nivel municipal, en los procesos de reforma de la administración pública, en el impulso de mecanismos y políticas de promoción de la transparencia, en el sector salud, en el sector educación, en los  programas sociales de ¨lucha contra la pobreza¨,  entre otros.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Derecho al Saber, compartimos experiencias que constituyen avances y retrocesos que potencializan y obstaculizan la incidencia, la demanda y las reivindicaciones ciudadanas  para la implementación plena de la Ley General de Libre Acceso a la Información.

Ausencia Órgano Rector Independiente y Autónomo

La Ley de Acceso a la Información Pública, carece de un órgano independiente dedicado especialmente al control, vigilancia y promoción de la ley,  hechos que sumados a otros de índole estructural, en una cultura autoritaria, está ocasionando muchos escollos para el acceso a la información pública.
Participación Ciudadana está convencida de que el camino hacia una sociedad transparente con altos índices de credibilidad y legitimidad institucional es largo y empedrada.

La República Dominicana no cuenta con un órgano rector  autónomo que cumpla con la función de control,   de socialización y difusión del derecho de acceso a la información, no obstante el esfuerzo de elaboración de un anteproyecto de Ley que crearía el Instituto Dominicano de Acceso a la Información.

La actual gestión ha dado  atribuciones a la recién creada Dirección General de Ética e Integridad Institucional para la asistencia de las Oficinas de Acceso para su pleno funcionamiento, evaluar sus niveles de cumplimiento y standarización, promover la creación de las mismas, dar seguimiento a las instituciones para que se visibilicen la información de libre acceso basado en la cultura de transparencia y rendición de cuentas. También deberá  supervisar el control del acceso y satisfacción del servicio, así como de conocer los recursos jerárquicos que se interpongan frente a la displicencia, negligencia o negativa de las instituciones gubernamentales a suministrar la información, para evitar la judicialización de la solicitud de información hecha por el ciudadano.

Participación Ciudadana valora esas iniciativas pero las califica como insuficientes,  para garantizar el adecuado acceso a la información pública frente a los retrocesos  y resistencias presentadas por parte de los poderes del Estado.

Sentencias de la Suprema Corte de Justica y Decisión del Tribunal Constitucional   en materia de Acceso a la Información

Participación Ciudadana  valora como negativas,  frente a los avances alcanzados  en materia de acceso a la información pública,  las sentencias evacuadas por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario  de la Suprema Corte de Justicia Nos. 03-2010-01048, 03-2010-02690, 03-2010-02126, 03-2010-04120 y 03-2010-04121 de fechas 15 de febrero, 29 de febrero, 7 de marzo, 14 de marzo del 2012, respectivamente, en la interpretación dada  a la Ley de Acceso a la Información Pública, vulnerando  el principio de convencionalidad del Sistema Interamericano de Derecho Humanos.

Estas sentencias sientan un funesto precedente, que desdicen el propósito de los valores que enaltece ese poder del Estado y contradicen los principios éticos de transparencia de los fondos públicos y de la rendición de cuentas que sustenta el Código de Comportamiento Ético del Servidor Judicial.  Si bien es cierto que existen intereses contrapuestos entre el derecho de libre acceso a la información pública y la protección de datos personales, sustentado entre la frontera del interés general del control ciudadano y el interés particular del derecho a la protección de los datos personales, tutelados por el derecho a la intimidad, no es menos cierto que concurre un interés superior y de orden público cuando se maneja fundos públicos frente a los intereses de los ciudadanos del derecho a saber sobre el uso adecuado de esos fondos y quiénes son sus beneficiarios.  Aquel que asume una función, independientemente de los niveles jerárquicos,  tiene que tener claro que su ejercicio es público  y está sometido a la publicidad y al control social, por lo que es mandatorio  la presentación detallada de la información cuando es requerida.

Las nóminas públicas de las instituciones del Estado son “públicas” en vista de que las mismas se vinculan a la ejecución de  fondos públicos consignados  en el  presupuesto, por lo que es obligación de las instituciones dar publicidad a éste tipo de información en beneficio de su propia gestión,   la transparencia de los fondos que de ellas se hace uso y la rendición de cuentas.

Participación Ciudadana valora la decisión del Tribunal Constitucional al rechazar  en cuanto al fondo el recurso interpuesto por la Cámara de Diputados contra la sentencia dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, y   reafirmar la obligación de transparencia en todo el Estado. El TC ponderó los derechos en conflicto y  reafirmó que el derecho a la intimidad es un valor del sistema democrático, el cual no puede restringir el derecho al libre acceso a la información pública a riesgo de desproveer a la ciudadanía de herramientas para controlar el uso y manejo de los recursos públicos.

Participación Ciudadana, en el día mundial de acceso a la información pública,  exige el cumplimiento de la Constitución, del principio de convencionalidad, de la Ley de Acceso a la Información Pública,  y llama a los poderes del Estado a valorar los mensajes negativos que se envían sobre la interpretación inadecuada de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, los cuales favorecen al uso inadecuado de los fondos públicos, a la corrupción y a la impunidad.

La forma apresurada y el  momento escogido por el director de la Dirección de Persecución  contra la Corrupción Administrativa (DPCA) Hotoniel Bonilla,  para dictar un auto de archivo definitivo de la investigación contra Félix Bautista, apenas días antes del cambio de gobierno, generó un profundo malestar en la ciudadanía, situación que acaba de ser corregida por la decisión del Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito al solicitar a la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia la revocación del archivo definitivo, a los fines de que el ministerio público pueda investigar las denuncias presentadas por presuntos actos de corrupción cuando éste se desempeñaba como Encargado de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OSOE).

Participación Ciudadana respalda la medida adoptada por el Procurador General de la República, pues contribuye a devolver la confianza que debe existir en todos los casos de denuncias de corrupción, sin importar a quién involucre, para que sean investigados en forma seria y profunda.

En cada ocasión en que se presenta una denuncia de corrupción, corresponde al ministerio público realizar las pesquisas pertinentes para localizar y recolectar las evidencias, que permitan sustentar la acusación y obtener la sanción correspondiente.

Frente a las múltiples denuncias contra el senador Bautista, presentadas ante el ministerio público,  y reveladas por medios de comunicación, resulta inconcebible la inercia del titular de la  acción penal pública.

Varios medios de comunicación escritos y televisivos, como por ejemplo La Lupa,   han intentado obtener información pública de los  concursos, contratos de obras y cubicaciones, y   se les ha negado  la misma en violación a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.
Es de esperar que las investigaciones sean conducidas por personas distintas a las que produjeron el archivo definitivo de las mismas, y que puedan obtener toda la información que se les ha negado a los medios,  para que la misma sea sometida a expertos independientes de los costos de construcción y las posibles sobrevaloraciones de las obras.

Participación Ciudadana reafirma la necesidad de contar con un ministerio público  que cumpla con su misión de perseguir los actos de corrupción, recaudar las pruebas, presentar la acusación y obtener una sanción, para que se destruya  el nefasto precedente de que aquellos que manejan de forma impropia los fondos públicos puedan gestionarse la impunidad de sus actos.

Confiable y que sustente acusaciones en base a pruebas objetivas, en correspondencia a una política y de comprobar los hechos denunciados,  someter  a los responsables de la información a expertos independientes los costos de construcción y las denuncias sobre posibles sobrevaloraciones de las obras.

Consejo Nacional

El gasto de hasta $100 mil millones por año para proyectos de cambio climático debe hacerse de manera transparente e íntegra

Participación Ciudadana, como capítulo dominicano de Transparencia Internacional,  y en el marco del Proyecto “Fortalecimiento de la Transparencia, Responsabilidad  e integridad en la Gobernabilidad Financiera Climática”, que ejecuta junto esta organización y otros 5 capítulos: México, Perú, Bangladesh, Maldivas y Kenia; acoge con satisfacción la declaración de este grupo anticorrupción de instar hoy al Consejo del Fondo Verde para el Clima a dar a los ciudadanos una voz mucho mayor en sus sesiones si se espera seguir adelante con su objetivo declarado de ser "transparente y responsable" en sus esfuerzos para proteger nuestro planeta contra los efectos del cambio climático.

Sin embargo indica que el primer decreto del presidente marca una cierta contradicción con el discurso

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana calificó como altamente positivo el discurso del nuevo presidente Danilo Medina en sus planteamientos generales debido a que concreto en los ámbitos fundamentales de la educación y la salud y del combate a la corrupción,  pero con limitaciones sobre los problemas fiscales, las reformas políticas y electorales y los mecanismos para imponer austeridad y reducir el dispendio de los recursos públicos

El Consejo saludó el anuncio de la próxima convocatoria a todos los sectores sociales para concertar un gran pacto social que en los próximos cuatro años saque de la pobreza a millón y medio de personas.

Destacó que esto es necesario para acordar “soluciones definitivas a los problemas que vienen deteriorando la calidad de vida y limitando nuestro potencial de desarrollo e inclusión social”.

También valoramos la promesa de “pactar con la sociedad una reforma fiscal integral que asegure elevar la calidad del gasto y, a la vez, garantice la disponibilidad de recursos para impulsar las tareas del desarrollo”.

En el discurso se asomó vigorosamente el propósito de un nuevo estilo de gobierno y un modelo de desarrollo más inclusivo, que reduzca las desigualdades, la pobreza, la exclusión social y mejore la calidad de vida de toda la ciudadanía, con “un fuerte reordenamiento de las prioridades y la calidad del gasto público”.

Asimismo es alentador el propósito de enfrentar la corrupción y poner fin a la impunidad  y que el presidente se declarara “amoroso con los buenos, los honestos y los humildes e implacable con los deshonestos, los oportunistas y los soberbios”.

Otro punto importante del discurso y que PC espera que se cumpla a cabalidad es que el nuevo gobierno “será intolerante con actos de deshonestidad y el despilfarro de los recursos”, fortaleciendo los instrumentos de  prevención, corrección y sanción. Luego habló de “una gestión pública eficiente, transparente y honesta”.

Positivo también fueron los planteamientos Medina de crear la Dirección Nacional de Ética e Integridad Gubernamental para sustituir la desacreditada Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, y el de obligar a todos los funcionarios a suscribir un “Código de Pautas Éticas”.

Educación y salud

El discurso fue explícito en los ámbitos fundamentales de la educación y la salud públicas anunciando su descentralización especialmente en el primero, proclamando la educación como el nuevo nombre de la libertad, y reafirmando que desde el 2013 cumplirá el compromiso de invertir el 4 por ciento del producto interno a la educación preuniversitaria, poniendo atención a una de las demandas más sentidas y sostenidas de la sociedad dominicana.

Participación Ciudadana da un cálido respaldo el proyecto para erradicar definitivamente el analfabetismo en el país.

Hay que saludar también el anuncio de una “Reforma Integral de la Policía Nacional bajo el liderazgo del Ministerio de Interior y Policía”, lo que permite asumir que implica una desmilitarización de ese organismo para conferirle el carácter de institución civil que hace tiempo se reclama.

De los tres grandes pactos que ha venido enunciando el nuevo presidente, sólo  explicitó el de educación y parcialmente el de electricidad declarando este sector “de Alta y Estratégica Prioridad para el Desarrollo Económico Nacional”, pero es obvio que se relegó toda formulación sobre el pacto fiscal, como también cualquier referencia al enorme déficit fiscal con que asume el gobierno.

Otros elementos positivos fueron los planteamientos sobre equidad de género y sobre fondos para promover las micros y  pequeñas empresas y la producción agropecuaria.

Omisiones del discurso

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana señaló que el discurso presidencial fue de grandes proyecciones pero con muchas omisiones, por ejemplo de cómo se va a imponer un régimen de austeridad y suprimir el derroche y la malversación de los recursos públicos.

Debemos asumir que será una prioridad para las próximas semanas, ya que el licenciado Medina habló de empezar con el ejemplo, incluso antes de convocar al pacto social.

PC también denunció que fue notable que Danilo Medina ni siquiera aludió a las pendientes reformas a la ley electoral y la aprobación de la ley de partidos políticos.

Se echó de menos también alguna referencia a importantes temas como  la protección de los recursos humanos y medio ambiente, el transporte, la producción industrial y la competitividad.

Contradicciones primer decreto con discurso

 El Movimiento Cívico no partidista señaló que es inevitable señalar que el primer decreto del presidente marca una cierta contradicción con el discurso. Por ejemplo, fue relevante en el discurso la reivindicación de los derechos de la mujer y la igualdad de género, pero con poca representación en el gabinete.

Por igual se anuncia una reforma integral de la Policía, pero se ratifica el Ministro de Interior y Policía y al titular de la institución encargada del orden público y la persecución del delito.

Lo mismo ocurre con la planteada restructuración y profesionalización del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Participación Ciudadana expresa su aliento al discurso del presidente Danilo Medina, al considerarlo altamente positivo, propositivo y abierto a todos los sectores, con la esperanza de que pronto se inicien las concretizaciones correspondientes.

Entiende que todos los sectores deben colaborar para que se hagan efectivas las rectificaciones planteadas para que esta pieza oratoria se diferencie de otras que se quedaron en el plano de la retórica y pasaron a engrosar volúmenes de promesas incumplidas.-