El fenómeno de la inseguridad ciudadana es un problema generalizado en muchos de los países de la región. En el caso de la República Dominicana tiene características particulares, que convierte su abordaje en una agenda aún más compleja, si consideramos el débil estado de derecho, los problemas de institucionalidad y los altos niveles de corrupción, que arropan las instituciones que tienen responsabilidad y deben salvaguardar la seguridad ciudadana, además del bajo estándar de cumplimiento e implementación de la ley.
En nuestro país, la agenda vinculada a la seguridad ciudadana es aun inconclusa, no obstante los planes, las reformas legales que en los últimos años se han aprobado, las cuales no se implementan, no se cumplen y no logran los resultados deseados por la ciudadanía, generándose un círculo vicioso de modificaciones normativas y nuevos procedimientos que no logran reducir la violencia y la criminalidad, todo lo contrario aumentan y se incrementan.
En ese sentido la aplicación de políticas públicas para garantizar la seguridad ciudadana, debe ser un proceso integral y coordinado entre diferentes instancias del Estado; coordinado por el Ministerio de Interior y Policía, la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, las Fuerzas Armas, el Ministerio de Medio Ambiente Recursos Naturales, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Educación, la Dirección Nacional de Control de Drogas, entre otras.
No obstante las instituciones que deben intervenir en las políticas de seguridad ciudadana, la Constitución dominicana en su artículo 255 indica un rol especial a la Policía Nacional, definiéndola como “ un cuerpo armado, técnico, profesional, de naturaleza policial, bajo la autoridad del Presidente de la República, obediente al poder civil, apartidista y sin facultad, en ningún caso, para deliberar”
Además le asigna como misión la de: Salvaguardar la seguridad ciudadana, prevenir y controlar los delitos, perseguir e investigar las infracciones penales, bajo la dirección legal de la autoridad competente y mantener el orden público para proteger el libre ejercicio de los derechos de las personas, como la convivencia pacífica de conformidad con la Constitución y las leyes.
De aquí se desprende la gran preocupación de la sociedad dominicana, en que la Policía Nacional es una de las instituciones con mayor nivel de desconfianza para la ciudadanía y percibida como una de mayor opacidad y menor transparencia, por eso en el último año aumentan las voces que demanda una nueva reforma integral de ese cuerpo.
Ese proceso de reforma integral, debe conducir a la constitución de un cuerpo de seguridad ciudadana que respete y cumpla con la Constitución y las leyes, con capacidad de prevenir el delito, que garantice los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones y que nos permita contar con una institución al servicio de la ciudadanía con integridad y transparencia.
Al mismo tiempo es fundamental tomar las previsiones necesarias para reducir los altos riesgos de corrupción presentes en la Policía Nacional y las diferentes modalidades, claramente identificadas en la sociedad dominicana, como son;
1) Ausencia de un estricto cumplimiento de la Ley de Compras y Contrataciones Pública.
2) Personal designado en instituciones para tareas y funciones que no le son propias.
3) Ausencia de controles en la asignación de combustible y suministros.
4) Discrecionalidad en las posiciones donde se ejecuta presupuesto, considerando que son los puestos más codiciado para enriquecerse en la policía.
5) Pago de viáticos y dietas en efectivo y de manera discrecional.
6) Ascenso, traslados sin cumplir criterios, ni escalafón.
7) Ausencia de un sistema de control y rendición de cuentas.
8) Penetración del crimen internacional organizado.
9) Conflictos de interés en las decisiones administrativas y de cumplimiento de funciones.
10) Opacidad de las informaciones sobre la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones de dirección.
En el proceso de reforma de la Policía Nacional, debe trascender las modificaciones normativas y apuntalar al impulso de medidas o políticas, que garanticen la seguridad ciudadana y contribuyan a la construcción de un estado de derecho, nos referimos a:
1) Promoción e implementación de políticas de transparencia e integridad.
2) Garantizar la profesionalización, ascenso en base al mérito del personal, para que puedan ser bien remunerados sus integrantes.
3) Reducir y prevenir la corrupción en la institución policial.
4) Poner en marcha el código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.
5) Revisión de la Doctrina de la Policía y adecuación de la misma al carácter civil.
6) Separar de las filas policiales el referente militarista y adoptar los roles y funciones de una entidad civil.
7) Invertir el modelo policial actual, para que responde a un modelo de prevención y de seguridad de la ciudadanía.
8) Garantizar el espíritu de cuerpo de la Policía Nacional, reducir la dispersión y dualidades en las funciones, competencias en las estructuras y los mandos.
9) Proveer a los miembros de la institución de salarios dignos, dietas, un avituallamiento completo, un único uniforme, transporte de calidad para sus labores.
10) Modificación de la estructura territorial Regional, Provincial, Municipal, adecuándola al plan estratégico.
11) Implementar la Carrera Especial de la Función Policial.
12) Transparentar la nómina y cruzarla con las de otros organismos de seguridad.
En resumen: Desarrollar un proceso de reforma para socializar a todos sus miembros de la institución policial para que internalicen los valores y acepten una institución bajo una concepción, organización y mando de carácter civil.
“Por una cultura de respecto, cuidado y defensa de la ciudadanía”
