Declaración ciudadana contra la corrupción y la impunidad

Mariano Germán Mejía,

Presidente de la  Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial;

Francisco Domínguez Brito,

Procurador General de la República.

Nosotros y nosotras, ciudadanos y ciudadanas nos dirigimos hoy a ustedes para exigir la aplicación de todo el peso de la ley a los servidores públicos que han utilizado los recursos públicos para su beneficio personal o el de su partido, traicionando la confianza del pueblo dominicano.

La corrupción es la peor forma de utilizar los recursos del Estado, es el peor gasto público, roba recursos para combatir la pobreza y es un obstáculo para el desarrollo de hombres y mujeres, además de lesionar el sistema democrático cuando este uso no es sólo individual sino partidario.

El Sistema de Justicia de esta República no puede permanecer indiferente ante un flagelo que está enriqueciendo a una pequeña parte de la clase política nacional a expensas de la miseria de la mayoría de la población; del histórico y vergonzoso desorden de las instituciones; y de la ineficiencia de servicios básicos como la educación, la salud, la seguridad, el agua potable, la electricidad y el transporte.

Nuestra sociedad conoce importantes y recientes ejemplos de robo y prevaricación de la propiedad colectiva, pues estos son registrados semana tras semana en los espacios periodísticos que, con un alto sentido de valentía y respeto por el imperio de la justicia,  denuncian con pruebas,  nombres y apellidos a los funcionarios y funcionarias que abusan de sus cargos  públicos para acumular beneficios privados.

Estos casos despiertan recurrentemente la indignación y el deseo de justicia de quienes aspiramos a vivir en una sociedad justa y respetuosa de su ley.

De igual forma, esta sociedad ve cómo Participación Ciudadana, la  Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCO), Ciudadanos Contra la Corrupción (C3), Alianza País y otras organizaciones cívicas y políticas se fundamentan en el artículo 146 de nuestra Carta Magna para ir más allá de la denuncia y someter a expresidentes, legisladores, ministros, exministros, alcaldes y otros funcionarios.

Estas muestras de responsabilidad y fiscalización ciudadana, sin embargo, contrastan a diario  con la  lamentable inercia  del Ministerio Público. El órgano facultado  por la Constitución para perseguir el delito en cualquiera de sus manifestaciones se muestra inflexible con el delincuente común de los barrios, pero mantiene una actitud pasiva frente a los grandes casos de corrupción que se denuncian  una y mil veces desde los medios informativos y las organizaciones cívicas.

El país ha visto la contundencia y la rapidez con que la Procuraduría puede sancionar a un alcaide de El Seibo por permitir irregularidades en un centro carcelario, mientras se ignora por completo a los responsables del déficit fiscal del 2012 y los informes de la Cámara de Cuentas donde se explica que en el mismo año hubo Ingresos Tributarios no ingresados al circuito presupuestario por montos que suman más de RD$1,300 millones.

El mismo Pleno de la Cámara de Cuentas entregó en abril a la justicia los resultados de las 54 auditorías después de confirmar que los principales funcionarios de esas instituciones violaron leyes que comprometen su responsabilidad legal. Las auditorías detectaron malversación y dispendio de recursos del pueblo dominicano por RD$4 mil millones en la administración pública, desde 2004 hasta el 2008. Sin embargo, la mayoría de estas auditorías se encuentran archivadas en la Dirección de la Persecución de la Corrupción Administrativa y en diferentes fiscalías del interior, sin que el Ministerio Público inicie acciones legales contra los funcionarios que elegidamente incurrieron en manejo indecoroso de los dineros públicos.

En los días recientes tampoco han despertado el brazo persecutor del Ministerio Público las fundamentadas denuncias de corrupción en el Consejo Nacional de la Niñez (CONANI), ni la presunta irregularidad de la declaración jurada de bienes del doctor Marino Vinicio Castillo, titular de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.

La indiferencia de la Procuraduría General de la República raya hoy en la complicidad, y hay que pararla.

La impunidad de los responsables de actos de corrupción agudiza el fenómeno, por cuanto estimula un círculo perverso de nuevas prácticas corruptas y de ostentación del enriquecimiento ilícito sin consecuencias penales, generando una cultura de prevaricación que corroe la calidad de gobierno y amenaza la convivencia pacífica de este pueblo.

Archivar grandes casos de corrupción es una práctica que jueces y juezas de la República mantienen vigente, obligando a la población a realizar juicios populares para, por lo menos, simular la aplicación de la ley. Pero este pueblo se merece mucho más que simulaciones. Esa impunidad hay que pararla.

Ustedes, en su calidad de rectores del sistema nacional de justicia, deben pararla. 

Sabemos que la tarea que les reclamamos no es fácil, por los grandes intereses económicos y políticos que se alimentan de la corrupción pública. Pero deben saber que la ciudadanía respaldará a las autoridades que se atrevan a hacer justicia imponiendo el castigo que manda la ley a quienes, con el hurto flagrante de los bienes colectivos, traicionan los principios que sustentan nuestra sociedad.

Nosotros y nosotras, los firmantes de este documento, les informamos que hoy damos inicio a una campaña nacional contra la corrupción y la impunidad. Y, en el marco de la misma, estamos dispuestos a apoyar  cualquier acción ciudadana o institucional que procure erradicar de una vez y para siempre una de las grandes lacras que obstaculizan el desarrollo pleno de República Dominicana.  No tengan dudas de que recibirán nuestro respaldo si deciden superar la pasividad actual del sistema de justicia y actuar en coincidencia con los mandatos de nuestra Carta Magna.

Señor presidente del Consejo del Poder Judicial, señor procurador general de la República, “Paren eso”, pongan un freno y un castigo ejemplar a los corruptos y corruptas que nos traicionan y empobrecen, y la inmensa mayoría de los dominicanos sabrá acompañarles y agradecerles.

Declaración ciudadana contra la corrupción y la impunidad

Mariano Germán Mejía,
Presidente de la  Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial;

Francisco Domínguez Brito,
Procurador General de la República.

Nosotros y nosotras, ciudadanos y ciudadanas nos dirigimos hoy a ustedes para exigir la aplicación de todo el peso de la ley a los servidores públicos que han utilizado los recursos públicos para su beneficio personal o el de su partido, traicionando la confianza del pueblo dominicano.

La corrupción es la peor forma de utilizar los recursos del Estado, es el peor gasto público, roba recursos para combatir la pobreza y es un obstáculo para el desarrollo de hombres y mujeres, además de lesionar el sistema democrático cuando este uso no es sólo individual sino partidario.

El Sistema de Justicia de esta República no puede permanecer indiferente ante un flagelo que está enriqueciendo a una pequeña parte de la clase política nacional a expensas de la miseria de la mayoría de la población; del histórico y vergonzoso desorden de las instituciones; y de la ineficiencia de servicios básicos como la educación, la salud, la seguridad, el agua potable, la electricidad y el transporte.

Nuestra sociedad conoce importantes y recientes ejemplos de robo y prevaricación de la propiedad colectiva, pues estos son registrados semana tras semana en los espacios periodísticos que, con un alto sentido de valentía y respeto por el imperio de la justicia,  denuncian con pruebas,  nombres y apellidos a los funcionarios y funcionarias que abusan de sus cargos  públicos para acumular beneficios privados.

Estos casos despiertan recurrentemente la indignación y el deseo de justicia de quienes aspiramos a vivir en una sociedad justa y respetuosa de su ley.

De igual forma, esta sociedad ve cómo Participación Ciudadana, la  Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCO), Ciudadanos Contra la Corrupción (C3), Alianza País y otras organizaciones cívicas y políticas se fundamentan en el artículo 146 de nuestra Carta Magna para ir más allá de la denuncia y someter a expresidentes, legisladores, ministros, exministros, alcaldes y otros funcionarios.

Estas muestras de responsabilidad y fiscalización ciudadana, sin embargo, contrastan a diario  con la  lamentable inercia  del Ministerio Público. El órgano facultado  por la Constitución para perseguir el delito en cualquiera de sus manifestaciones se muestra inflexible con el delincuente común de los barrios, pero mantiene una actitud pasiva frente a los grandes casos de corrupción que se denuncian  una y mil veces desde los medios informativos y las organizaciones cívicas.

El país ha visto la contundencia y la rapidez con que la Procuraduría puede sancionar a un alcaide de El Seibo por permitir irregularidades en un centro carcelario, mientras se ignora por completo a los responsables del déficit fiscal del 2012 y los informes de la Cámara de Cuentas donde se explica que en el mismo año hubo Ingresos Tributarios no ingresados al circuito presupuestario por montos que suman más de RD$1,300 millones.

El mismo Pleno de la Cámara de Cuentas entregó en abril a la justicia los resultados de las 54 auditorías después de confirmar que los principales funcionarios de esas instituciones violaron leyes que comprometen su responsabilidad legal. Las auditorías detectaron malversación y dispendio de recursos del pueblo dominicano por RD$4 mil millones en la administración pública, desde 2004 hasta el 2008. Sin embargo, la mayoría de estas auditorías se encuentran archivadas en la Dirección de la Persecución de la Corrupción Administrativa y en diferentes fiscalías del interior, sin que el Ministerio Público inicie acciones legales contra los funcionarios que elegidamente incurrieron en manejo indecoroso de los dineros públicos.

En los días recientes tampoco han despertado el brazo persecutor del Ministerio Público las fundamentadas denuncias de corrupción en el Consejo Nacional de la Niñez (CONANI), ni la presunta irregularidad de la declaración jurada de bienes del doctor Marino Vinicio Castillo, titular de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.

La indiferencia de la Procuraduría General de la República raya hoy en la complicidad, y hay que pararla.

La impunidad de los responsables de actos de corrupción agudiza el fenómeno, por cuanto estimula un círculo perverso de nuevas prácticas corruptas y de ostentación del enriquecimiento ilícito sin consecuencias penales, generando una cultura de prevaricación que corroe la calidad de gobierno y amenaza la convivencia pacífica de este pueblo.

Archivar grandes casos de corrupción es una práctica que jueces y juezas de la República mantienen vigente, obligando a la población a realizar juicios populares para, por lo menos, simular la aplicación de la ley. Pero este pueblo se merece mucho más que simulaciones. Esa impunidad hay que pararla.

Ustedes, en su calidad de rectores del sistema nacional de justicia, deben pararla.

Sabemos que la tarea que les reclamamos no es fácil, por los grandes intereses económicos y políticos que se alimentan de la corrupción pública. Pero deben saber que la ciudadanía respaldará a las autoridades que se atrevan a hacer justicia imponiendo el castigo que manda la ley a quienes, con el hurto flagrante de los bienes colectivos, traicionan los principios que sustentan nuestra sociedad.

Nosotros y nosotras, los firmantes de este documento, les informamos que hoy damos inicio a una campaña nacional contra la corrupción y la impunidad. Y, en el marco de la misma, estamos dispuestos a apoyar  cualquier acción ciudadana o institucional que procure erradicar de una vez y para siempre una de las grandes lacras que obstaculizan el desarrollo pleno de República Dominicana.  No tengan dudas de que recibirán nuestro respaldo si deciden superar la pasividad actual del sistema de justicia y actuar en coincidencia con los mandatos de nuestra Carta Magna.

Señor presidente del Consejo del Poder Judicial, señor procurador general de la República, “Paren eso”, pongan un freno y un castigo ejemplar a los corruptos y corruptas que nos traicionan y empobrecen, y la inmensa mayoría de los dominicanos sabrá acompañarles y agradecerles.

Los agentes aceptaban sobornos que oscilaban entre RD$500 diarios y RD$3,500 semanales de parte de los controles de las rutas.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet) recomendó la separación de las filas de la Policía Nacional de un capitán y la cancelación de cuatro agentes más asignados al organismo por alegadamente actuar en contubernio con choferes públicos.

Un informe organismo regulador del tránsito establece que a los agentes se les dio seguimiento ante denuncias relativas a que actuaban en contubernio con choferes de una ruta de transporte urbano para permitirles todo tipo de infracciones.

Los agentes involucrados en las acciones irregulares son el capitán Miguel Apolinar Durán López, el sargento Alejandro Irocie Constanza, el cabo Jesús E. Castillo Payams, y los rasos Junior M. Segura Feliz y Nelis Elizabeth Peña Cuevas, quienes se determinó aceptaban dadivas y sobornos de diferentes choferes del transporte público.

Al capitán se le recomendó el retiro forzoso de las filas de la Policía y a los alistados la cancelación, agrega el informe.

“Los investigadores establecieron que los agentes antes citados aceptaban sobornos que oscilaban entre RD$500 diarios y RD$3,500 semanales de parte de los controles de las rutas ubicadas en sus áreas de responsabilidad, a cambio de permitirle distintas anomalías llevadas  a cabo en la zona-19”, explica la Amet en un comunicado de prensa.

Los agentes actuaban de manera indiferente ante los parqueos de guaguas en lugares no autorizados, lo que provocaba grandes congestionamientos del tránsito, entre otras exigencias realizadas por los propietarios de las reseñadas rutas de vehículos.

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El jefe de la Policía Nacional, Manuel Castro Castillo, afirmó la tarde de hoy que enfrentará la delincuencia en todas sus manifestaciones, con apego a las leyes y respecto a los derechos humanos.

El mayor general Castro Castillo hizo la afirmación al pronuncia un breve discurso durante un encuentro con dirigentes comunitarios de la Escuela Técnica Vocacional, del barrio Loma del Chivo, 27 de Febrero, de esta capital.

El jefe policial aseguró que continuará los encuentros con los distintos sectores de la sociedad, para conocer de primera mano las impresiones y las problemáticas que les afectan, para entonces buscar las soluciones correspondientes en cada caso.

“La Jefatura de la Policía Nacional tiene interés de ser el oído que escuche y responda las inquietudes de la comunidad para unir voluntades que permitan crear un ambiente de paz, orden y seguridad, como parte del trabajo que se realiza en la modernización de nuestra institución”, precisó.

A seguidas manifestó que las puertas de su despacho están y estarán abiertas a las Juntas de Vecinos, Clubes y entidades de la sociedad.

Agradeció a los directivos de la Fundación y la Junta de Vecinos de la Loma del Chivo, por organizar el encuentro, que dijo servirá a la Jefatura que encabeza de guía para llevar otros similares a distintos sectores y comunidades.

“Quiero establecer un diálogo abierto y transparente con los distintos sectores de la sociedad y ocasiones de manera sorpresiva, como acostumbra el señor Presidente Constitucional Danilo Medina, para escuchar y resolver los males que pudieran existir”, dijo.

Durante su intervención recordó uno de sus primeros encuentros con la comunidad de la Loma del Chivo, ocurrido en el año 1991, en compañía del periodista Rafael G. Santana. Dijo que en esa ocasión compartió impresiones con el dirigente Andrés Mañón, Pedro Ramón Soriano, Elías Cuevas, José Esteban y el dirigente comunitario Alcibíades Cuevas Ogando presidente de la Junta de Vecino Yolanda Guzmán.

El jefe Policial estuvo acompañado por los generales Francisco Romer López, Juan Pilarte Feliz y el general ® Miguel de la Cruz Reyna.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la señora Florinda González, directora de la Escuela y dirigente comunitaria, quien agradeció al mayor general Castro Castillo, por visitar esa barriada y destacó su trayectoria de más de 20 años al servicio de las personas necesitadas.

Berlín – Transparency International, el grupo anticorrupción, condena las amenazas recientes contra la vida del periodista dominicano Fausto Rosario Adames y hace un llamado al Presidente Danilo Medina para que tome todas las medidas necesarias para proteger la vida del abanderado de la libertad de expresión.

Adames es el director de un diario en línea y miembro fundador de Participación Ciudadana, capítulo nacional de Transparency International en la República Dominicana. Transparency International está muy preocupada sobre la supuesta trama contra la vida del periodista que salió a la luz la semana pasada.

En Transparency International rechazamos  cualquier forma de violencia contra las personas y acciones de intimidación que buscan acallar la voz de periodistas. Reconocemos el valor del trabajo de éstos en la lucha contra la corrupción y en frenar a que aquellos que se salen con la suya con negociaciones secretas, el abuso del poder y el soborno.

A parte de defender la protección de la vida y de la libertad de expresión, el Estado dominicano tiene “el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación”, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La República Dominicana es parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, cuyo cumplimiento vigila la Corte.

Transparency International y Participación Ciudadana esperan que la República Dominicana envíe un mensaje positivo mostrando que es posible ejercer el periodismo independiente y responsable, que la libertad de expresión no supone una amenaza en el país y que se respeta la dignidad y vida de los periodistas.

Link presentacion powerd point :      Diálogo Ciudadano

Un conjunto de organizaciones pertenecientes a la sociedad civil y a los movimientos sociales, en el marco del “Diálogo Ciudadano” auspiciado por la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), el Centro Juan XXIII, la Fundación Vanessa, la Mesa de Transparencia del Foro Ciudadano y Participación Ciudadana, abogaron hoy por una Policía honesta, transparente, formada, que disfrute de un salario digno y de derechos civiles y políticos.

La demanda fue hecha durante la reunión de la Coalición por la Seguridad Ciudadana y la Reforma Policial, que está integrada por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, altamente preocupadas por los sucesos violentos  que ocurren en el país y por sus causas.

En la actividad, las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Roberto Álvarez, coordinador general de Participación Ciudadana. En tanto que Servio Tulio Castaños, vicepresidente  de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS),  realizó un  análisis del contexto de la reforma policial ponderando las fortalezas de la propuesta de Ley Orgánica de la Policía Nacional, así como también  los aspectos que hay que mejorar.

Además, el general de brigada de la Policía, Nelson Rosario Guerrero, disertó acerca de los retos y perspectivas de una nueva Policía ante la Reforma Policial dentro del contexto de la Constitución del 2010.

Posturas de las entidades. El Comité por la Defensa de los Derechos Barriales, COPADEBA, abogó por una Policía con disciplina, honesta y que tenga un salario digno.

En tanto que la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, CNUS, representada por  Pepe Abreu, explicó que es necesario mejorar los salarios, los sistemas de salud y los riesgos laborales.

La Red Nacional de Acción Juvenil (RNAJ) señaló que más que una reforma policial, se debe realizar un cambio estructural de todo el modelo y enfocarlo hacia una visión de respeto a los derechos humanos, prevención de las comisiones delictivas de los ciudadanos, de la profesionalización de sus miembros, de respeto a sus derechos individuales  y colectivos (organizarse, asociarse, a votar, a manifestarse socialmente, tener mejores  condiciones laborales).

“La nueva Policía Nacional, debe subrayar su carácter subordinado a lo civil, rompiendo con su práctica militar, represiva, autoritaria. Redefiniendo su estructura jerárquica, saneando sus altos mandos, los cuales no responden a una visión apegada a los principios democráticos, sino a estructuras históricas del trujillismo-balaguerismo”, agregaron los jóvenes de la Red Nacional.

De su lado, la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), representada por Trajano Vidal Potentini  invitó a la Policía Nacional a la necesaria transparencia y rendición de cuentas que deben tener todas las instituciones del Estado.  No obstante, aclaró  que con sus afirmaciones no quiere decir que la Policía Nacional no sea transparente, sino que es necesario un proceso de reforma que nos lleve al carácter perceptible del mismo.

La Alianza Proseguridad Ciudadana también dio a conocer su posición sobre la reforma policial. En este sentido reclamó el reconocimiento de los derechos de los miembros de la Policía Nacional, salarios dignos, jornadas de trabajo decentes, derecho a la sindicalización, derecho al voto, entre otros.

En este orden, Muchachos y Muchachas con Don Bosco solicitaron que la Policía Nacional respeto a los menores de edad, que cumpla con los estándares internacionales y los derechos establecidos en el Código de  Niños, Niñas y Adolescentes.

Asimismo solicitaron una mayor atención a la Policía Nacional por parte del Estado dominicano, ya que no pueden operar con salarios bajos y condiciones precarias.

Finalmente, la Articulación Nacional Campesina (ANC)  reafirmó el reclamo de todos de que la Policía tiene que ser saneada pero los miembros del gobierno también. “En muchas ocasiones la Policía Nacional agarra un preso pero el gobernador lo manda a soltar”, concluyeron.

En la actividad fueron presentados los resultados del Primer Informe del Observatorio Ciudadano a la Policía Nacional, a cargo de  Rosalía Sosa Pérez, directora ejecutiva de Participación Ciudadana.

Posición de especialistas. Al encuentro también asistieron algunos especialistas en el tema. Tal es el caso de la antropóloga Tahira Vargas, quien propuso acciones para el fortalecimiento de la Policía Nacional, tales como capacitación y entrenamiento, monitoreo y evaluación de la acción policial en los barrios y el necesario monitoreo externo cada tres meses.

También consideró importante el uso de mecanismos de relación Policía-fiscalías barriales- ayuntamientos, trabajar la identidad cultural de la comunidad sobre el agente policial, eliminar el sistema de cobro de cuotas sobre microtráfico, a las discotecas, a los billares a los centros nocturnos y masajes, a las trabajadores sexuales, a los car wash, entre otros, para erradicar la corrupción.

De su lado, el especialista en seguridad ciudadana, Daniel Pou reconoció la importancia del diálogo para la sociedad dominicana sobre temas tan importantes, pero subrayó que las leyes se realizan para la adecuación de las políticas públicas y que el proceso actual se está iniciando al revés, advirtiendo que lo que se debe hacer es adecuar la Policía Nacional a las demandas de la ciudadanía.

Pou criticó la ausencia en las vistas públicas del Ministerio de Interior y Policía, ya que la Policía Nacional está subordinada a ese Ministerio y éste órgano no ésta cónsone con todo lo que se habla sobre el alcance real y efectivo de la reforma policial.

Propuso además incluir un representante de la sociedad civil en el Consejo Superior Policial para que se cambie la cultura de la verticalidad por horizontalidad entre la ciudadanía y la uniformada.

Fuente:http://www.hoy.com.do/el-pais/2013/6/25/486948/Sociedad-civil-y-movimientos-sociales-quieren-una-Policia-honesta-y-con

Periodico Hoy.

Tras ser juramentado ayer en la mañana por el presidente Danilo Medina como nuevo jefe de la Policía Nacional, el mayor general Manuel Castro Castillo declaró que su gestión aplicará un modelo de proximidad con la población para enfrentar con éxito a la delincuencia.

Castro Castillo fue posesionado luego en sus nuevas funciones por el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, en acto celebrado en la sede de la institución del orden público.

En este escenario, el mayor general Castro Castillo agradeció a Dios y al presidente Medina la confianza depositada en él al designarlo al frente de la Policía Nacional, mediante el decreto 181-13, que también contiene el nombramiento del general Alejandro Dipré Sierra, como nuevo subjefe de la institución, en sustitución del general Víctor Antonio Campusano Jiménez.

“Estoy consciente de que la seguridad ciudadana es un tema de prioridad nacional, por lo que trabajaremos sin descanso, aplicando un modelo de proximidad para hacer frente a la delincuencia”, dijo.

Agregó que el proceso de reforma y transformación en que se encuentra la Policía obliga a cada miembro de la institución a cambiar su pensamiento filosófico.

“Es necesario producir un cambio cultural en el pensamiento para lograr una efectiva reforma policial”, sostuvo.

El mayor general Castro Castillo afirmó que trabajará “sin enemigos ni amigos, apoyado en el modelo de proximidad”.

Polanco Gómez
De su lado, el saliente jefe policial, mayor general Polanco Gómez, agradeció el apoyo que en cada momento recibió del presidente Medina y el ministro de Interior, para lograr cumplir las metas trazadas al frente de la Policía.

El ahora asesor policial del Poder Ejecutivo dijo estar doblemente satisfecho por pasar el mando al mayor general Castro Castillo, a quien deseo éxitos en sus nuevas funciones.

En tanto que Fadul, ministro de Interior y Policía, destacó el trabajo que desempeñó el saliente jefe policial y sus aportes al inicio del proceso de reforma.

Preparación tecnicas

Investigacion

En Puerto Rico, realizó un curso sobre Técnicas de Investigación Financiera y Organización Internacional de Policía Criminal Interpol. Es miembro fundador del Centro de Información y Coordinación Conjuntas C.I.C.C, y la DNCD.

PERFIL Y EXPERIENCIA

Grado
SUPERIOR EN MANDO
Mayor General de la Policía Nacional.

Servicio
APORTE: Durante sus 32 años de labor en la Policía ha ocupado casi todos los niveles de mando.

LUGAR DE NACIMIENTO:
Santo Domingo

PROFESIÓN:
Licenciado en Ciencias

Técnicas y Policiales.
CAPACITACIÓN: El nuevo jefe de la Policía es un consagrado oficial, con una extensa hoja de formación y experiencia en investigaciones criminales, inteligencia delictiva, crimen organizado transnacional y narcotráfico, entrenamiento y capacitación en mandos policiales, asuntos internos y acciones preventivas. Ha realizado más de 70 cursos, seminarios y estudios de investigaciones, mando y técnicas policiales, y ha recibido decenas de reconocimientos de instituciones de la sociedad civil, derechos humanos, gubernamentales y policiales de varios países. El presidente Medina le había pedido su biografía policial y su hoja de servicios durante el período de transición, poco después de ganar las elecciones.

Fuente:http://www.listin.com.do/