Busca facilitar una visión global del problema a actores institucionales y sociales potencialmente claves para combatir con mayor eficacia este flagelo social

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, presentó en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el libro “Una Nueva Forma de Esclavitud: La Trata de Personas. Una guía para su derrota”, un documento conceptual, que pretende ser un aporte al conocimiento general de la ciudadanía de lo que constituye este flagelo de la humanidad y que impacta considerablemente a la sociedad dominicana.

La Constitución de la República Dominicana (2015) en su Art. 41 prohíbe, en todas las formas, la esclavitud, la servidumbre, y la trata y el tráfico de personas, indicando su compromiso en eliminar esas formas de violación de derechos humanos. Coherentemente con ello, ha sido incluido como línea de acción en la Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030, y puesta en funcionamiento a través del segundo Plan Nacional sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, para su combate.

La coordinadora general de Participación Ciudadana, Miriam Díaz Santana, expresó que la presencia de víctimas de nacionalidad dominicana vinculadas al comercio y explotación sexual y otros tipos de trabajo forzado alrededor del mundo, objeto de documentación y estudio, otorgan los argumentos suficientes para reconocer a la República Dominicana como país de origen, tránsito y destino de la trata de personas, señalando que es un hecho que provoca un gran impacto social.

“Esta guía es una invitación a colocar en el imaginario público la necesidad de construir una visión país al respecto, edificando un discurso desde el poder del Estado hasta la población general de que la trata de personas constituye un grave atentado contra la dignidad humana, un problema de seguridad pública, que convoca a unificar esfuerzos contra este crimen organizado, con el propósito de desarrollar formas novedosas de combate a este fenómeno que impliquen una articulación de medidas y respuestas de carácter regional, porque si bien es cierto que convivimos en un mundo con nuevos peligros, también es cierto que contamos con nuevas oportunidades para que el ideal de libertad, justicia e igualdad consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos sea una realidad vivible para todos y todas”, afirmó Díaz Santana.

Participación Ciudadana y el Ministerio de Relaciones Exteriores, procuran a través de la referida guía, facilitar una visión global del problema a actores sociales potencialmente claves para enfrentar esta abierta violación de los derechos humanos y, que pudiere servir de referencia para orientar estrategias de intervención social.

Al evento asistieron Ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado; la ministra de la Mujer, Yanet Camilo; la embajadora de los Estados Unidos, Robin Bernstein; ministros y funcionarios del gobierno dominicano; procuradores fiscales; miembros del Cuerpo Diplomático; organismos internacionales y Cuerpo Consular acreditado en el país; representantes de la sociedad civil, medios de comunicación y del sector académico, entre otros.

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PC demanda que los demás miembros del CNM deben exigir al Procurador general de la República presentar las pruebas de las acusaciones que lanzó contra la magistrada Miriam Germán.

PC rechaza la persecución, primero secreta y ahora pública, a que ha sido sometida la magistrada Miriam German; debe ser aclarada.

Santo Domingo, República Dominicana El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, rechazó las violaciones al reglamento para la selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, realizadas por el procurador general, Jean Alain Rodríguez, contra la jueza Miriam Germán Brito, con lo cual, indican, se pretende dañar, sin presentar prueba alguna y sin dar la oportunidad de defensa, la trayectoria de una magistrada reconocida por una limpia hoja de servicio en la judicatura.

“Es una pena que un proceso en el que todo el país ha puesto sus esperanzas de mejoría de la justicia inicie con el desconocimiento total del procedimiento por parte de un funcionario subalterno del Presidente de la República, llamado a poner el ejemplo de respeto al debido proceso”, expresó el Consejo Nacional de Participación Ciudadana.

PC señaló que el Reglamento establece bien claro que "mientras dure el proceso de presentación de candidaturas y preselección, y hasta tres (3) días después de publicada la lista de preseleccionados, cualquier persona o institución podrá someter a la consideración del Consejo Nacional de la Magistratura objeciones y reparos a las candidaturas. Cuando el Consejo le atribuya mérito, en principio, a una objeción o reparo, comunicará la misma al aspirante de que se trate para que en un plazo de 24 horas se pronuncie sobre el particular."

Los tres párrafos de este artículo completan el procedimiento que debe ser seguido:

Párrafo I. Las comunicaciones que se remitan al Consejo como objeción o reparo a un aspirante nunca podrán ser anónimas y deberán contener los datos de quienes las formulen, deberán estar motivadas y avaladas con las pruebas que respalden cualquier situación imputable al candidato, y solo tendrán la finalidad de contribuir al proceso de toma de decisión por parte del Consejo Nacional de la Magistratura.

Párrafo II. Las objeciones y reparos presentadas deberán ser decididas antes de iniciar la etapa de vistas públicas.

Párrafo III. Se deberán tomar las medidas necesarias para garantizar que las objeciones puedan ser presentadas bajo los mayores niveles de confidencialidad.

Participación Ciudadana dejó claro que no se opone a que se dé curso a las objeciones que se reciban contra cualquiera de las personas evaluadas, pero “no podemos menos que expresar nuestro rechazo a estas violaciones”.

“No podemos suponer que el Procurador no conoce el reglamento aprobado y no puede ignorar la obligación de respetarlo. En tal sentido, no solo debe ser llamado al orden, sino que los demás miembros del Consejo Nacional de Magistratura, deben exigirle presentar las pruebas de las acusaciones que lanzó contra Miriam Germán, porque si no lo hace el proceso quedaría irremediablemente afectado de credibilidad”, manifestó el Consejo Nacional de PC.

PC rechazó la persecución, primero secreta y ahora pública, a que ha sido sometida la magistrada Miriam Germán, indicando que debe ser aclarada, pues “resulta obvio que en una de esas denuncias intervinieron organismos de inteligencia del Estado, y que todo se debe a su posición sobre el caso Odebrecht”.

Consejo Nacional
4 de marzo del 2019

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Exhortan a la Junta Central Electoral a ejercer su amplio poder reglamentario, emanado de la propia Constitución y de las leyes, para mejorar el marco normativo, estando pendiente a los reglamentos de control financiero de los partidos políticos, de registro de contribuyentes, de propaganda política y publicidad, entre otros.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, consideró que la Ley 15-19, Orgánica de Régimen Electoral, fue atropelladamente aprobada, lo que explica una serie de errores de forma en esta, pero que jamás podrán ser catalogados como errores aquellas disposiciones que son un claro retroceso, incluso frente a leyes anteriores, y que muestran claramente el deseo de legislar, no para garantizar los principios constitucionales de transparencia, equidad, libertad y objetividad, sino los de permanencia en el poder a toda costa.

El movimiento cívico citó cuatro ejemplos para demostrar cómo se legisla de espalda a criterios que se creían superados. El primero es la violación al principio constitucional de equilibro de género en las candidaturas, indicando que la Ley de Partidos ya había establecido que la cuota debía aplicarse por demarcación electoral, pero la nueva ley electoral sorprende a todos al fijarlas a nivel nacional, lo que reduce sustancialmente la eficacia de la disposición constitucional que obliga al Estado a garantizar el equilibro de género en las candidaturas.

Para PC la eliminación del arrastre de los senadores gracias a los votos de los diputados de cada provincia era un tema que se pensaba conquistado, pues se dudaba que el Congreso y el Poder Ejecutivo se enfrentaran a una enorme mayoría ciudadana y partidos políticos que así lo reclamaban, pero “vergonzosamente el arrastre fue mantenido con la finalidad de beneficiar la mayoría de los actuales senadores, violando la disposición constitucional que establece el voto directo”.

La organización de la sociedad civil señaló que la transparencia en la captación y uso de los recursos que manda la Constitución fue superficialmente tratada en la nueva ley, concentrando el control en los partidos y dejando fuera a los candidatos, por lo que se abre una enorme brecha por donde fluirán fondos sin control ni transparencia.

Consideró alarmante la desproporción existente al establecer las sanciones a los crímenes y delitos electorales, mientras la mayoría de  las infracciones, tales como el uso de boletas falsas, sobornos, destrucción de boletas, votar dos o más veces, los excesos de poder y todos los demás, se sancionan con hasta dos años de prisión, los que violen normas éticas al usar medios de comunicación, aquellos que usen expresiones difamatorias e injuriosas contra el honor y la intimidad de los candidatos y campaña negativa, son sancionados con penas de prisión de tres a diez años.

PC expresó que esta disposición no era necesaria pues el país cuenta con la Ley 6132 de Difusión y Expresión del Pensamiento, que sanciona la difamación e injuria con penas hasta dos años de prisión, añadiendo que “claramente nos encontramos ante un intento de utilizar la ley para amordazar a la población, pero sobre todo a los medios de comunicación, mientras se encubre a posibles candidatos cuestionables”.

“Esperamos que este panorama no empeore con la designación de un fiscal electoral con antecedentes partidarios. Exhortamos a la Junta Central Electoral a ejercer su amplio poder reglamentario, emanado de la propia Constitución y de las leyes, para mejorar el marco normativo, estando pendiente a los reglamentos de control financiero de los partidos políticos, de registro de contribuyentes, de propaganda política y publicidad, entre otros”, manifestó el Consejo Nacional de Participación Ciudadana.

Consejo Nacional
24 de febrero de 2019

Participación Ciudadana, Oxfam, Ciudad Alternativa y Fundación Solidaridad lanzan proyecto “Acción ciudadana por una administración pública inclusiva que garantice los derechos humanos”.

Santo Domingo, República Dominicana. Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la gobernanza democrática social y la modernización del Estado, el movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, junto a Oxfam, Ciudad Alternativa y Fundación Solidaridad, con el financiamiento de la Unión Europea, lanzaron el proyecto “Acción Ciudadana por una administración pública inclusiva que garantice los Derechos Humanos”.

A través de este proyecto, las organizaciones impactarán a 300 instituciones de base, de mujeres, jóvenes y ONG que trabajan rendición de cuentas, transparencia y gestión pública, incentivándolas a promover la equidad, la ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa en República Dominicana.

El discurso de apertura del acto estuvo a cargo de la coordinadora general de Participación Ciudadana, Miriam Díaz Santana, quien expresó que en el país es fundamental impulsar la participación activa de la ciudadanía en el monitoreo de la gestión pública y la colaboración para garantizar la aplicación e implementación del marco legal de esta.

“Si hacemos esto, contribuiremos a la construcción del Estado Social Democrático de Derechos en el país. Aunque se han presentado avances, aún persisten prácticas y suficiente evidencia de las limitaciones en la aplicación de las leyes, por esto es necesario seguir impulsando la modernización y la profesionalización de la administración pública para garantizar que sea eficiente, transparente e inclusiva con la participación de la ciudadanía, a fin de mejorar la calidad de los servicios públicos”, indicó.

Con este proyecto, Participación Ciudadana, Oxfam, Ciudad Alternativa y Fundación Solidaridad, esperan que se promueva la veeduría de la ciudadanía sobre los procesos de profesionalización de los servidores públicos, que se mejoren los mecanismos de seguimiento ciudadano a la calidad de los servicios públicos, se fortalezca la relación Estado-sociedad en el proceso de reforma de la administración pública, y que se impulse la inclusión del enfoque de género en el proceso de reforma de la administración y las políticas públicas, con énfasis en la Violencia Contra las Mujeres (VCM).

Díaz Santana sostuvo que existen condiciones importantes para el desarrollo de este proyecto y que la ciudadanía cuenta con el compromiso de las organizaciones involucradas para lograrlo, lo que en efecto “nos acerca a nuestras aspiraciones de un bienestar humano real y sostenible”.

En la actividad estuvieron presentes la Sra. Delia Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional, quien impartió la conferencia “Administración pública, transparencia como garante de los Derechos Humanos”; el Sr. Gianluca Grippa, embajador de la Unión Europea; el Sr. Manuel Ramón Ventura Camejo, ministro de Administración Pública; el Sr. Isidoro Santana, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo; la Sra. Fátima Lorenzo, directora ejecutiva de Ciudad Alternativa; el Sr. Raúl Del Rio, director de Oxfam RD; y el Sr. Juan Castillo, director ejecutivo de Fundación Solidaridad.

En su exposición, la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira, indicó que TI tiene 25 años luchando por la transparencia, sin embargo, aunque siguen las deficiencias, se ha mejorado la infraestructura legal para luchar, aclarando que esta es necesaria, pero no suficiente.

"Quien crea que aprobando leyes se soluciona la corrupción está equivocado. Estamos hartos, necesitamos AIRE: Acción, Implementación, Reporte y Evaluación; también necesitamos voluntad política y demanda de transparencia…La corrupción mata, y mata en serio. La corrupción no afecta ni a los que reciben los fondos, ni a los que pagan los sobornos, nos afecta a nosotros; nosotros somos las víctimas y todos juntos tenemos que trabajar para eliminar la corrupción a través de la transparencia. Solo cuando se elimina la corrupción, se garantizan los Derechos Humanos" manifestó Ferreira.

Por su parte, el embajador de la Unión Europea, Gianluca Grippa, expresó que la participación activa de la sociedad civil ha sido fundamental para impulsar una gestión más eficiente, transparente, abierta y orientada a la mejora de la calidad de los servicios públicos, y que se debe pasar de señalar las carencias e incumplimientos, a la incidencia y colaboración con las instituciones gubernamentales para impulsar cambios de mejora de la participación y co-responsabilidad de la ciudadanía en la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas.

El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, dijo que “la lucha por una gestión transparente está en el germen de la participación ciudadana. Esta es una tarea larga, que tomará generaciones. Pero no podemos darnos por vencidos, tenemos que afrontarla”.

20 febrero 2019

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Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, anunció la visita a República Dominicana de Delia Ferreira, actual presidenta de Transparencia Internacional, quien estará en el país desde el 19 al 21 de febrero del año en curso.

Delia Ferreira es doctora en Derecho, autora de numerosas publicaciones sobre Cultura Democrática, Financiamiento de los Partidos Políticos y Sistemas Electorales; ha sido profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires; ha desarrollado programas y una amplia experiencia de promoción de la transparencia, especialmente en el área del financiamiento de la política como en materia de ética pública.

Durante su visita, Ferreira asistirá a distintas actividades de intercambio, diálogos, conversatorios con organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de mujeres, empresarios, académicos, partidos políticos, medios de comunicación, representante del Gobierno, ministerio público y organismos internacionales.

Además, la Presidenta de TI sostendrá reuniones con los miembros del Consejo Nacional y las comisiones de trabajo de Participación Ciudadana, para intercambiar opiniones sobre programas y procesos futuro en la República Dominicana en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Para el 20 de febrero, Ferreira tendrá una conferencia titulada “Administración pública, transparencia como garante de los Derechos Humanos”, como parte del acto de Lanzamiento del proyecto “Acción Ciudadana por una Administración Pública inclusiva que garantice los Derechos Humanos”, desarrollado por Participación Ciudadana junto a Oxfam RD, Ciudad Alternativa y Fundación Solidaridad, con el auspicio de la Unión Europea. El acto será realizado en el Hotel Catalonia, a las 5:00 de la tarde.

La visita de Ferreira en el país culminará con una charla el 21 de febrero a las 5:00 de la tarde en el Paraninfo de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UASD, sobre “Corrupción e Impunidad en la región: Rol de la sociedad civil”, actividad que será realizada con el apoyo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y Foro Ciudadano.

Consejo Nacional,
17 de febrero de 2019

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, afirmó mediante un comunicado de prensa, que la decisión de la JCE de asumir 1,249 millones de pesos del costo total de las primarias, es decir, el 85% de los gastos totales de 1,449 millones de pesos, es altamente perjudicial para la ciudadanía, que es la que tiene que pagar estos costos, originados por la incapacidad de los partidos para manejar su democracia interna y usar los recursos que se les asignan, desde hace décadas, para su fortalecimiento y democratización.

Participación Ciudadana indicó que el monto que se estima gastar en las primarias, es superior a las transferencias que el gobierno central les asigna a 122 ayuntamientos y a siete ministerios juntos: el de la Mujer, Administración Pública, Energía y Minas, Trabajo, Cultura y Deportes.

Tal como Participación Ciudadana, y otros sectores, vienen advirtiendo desde el año pasado, al asignarle a la JCE la organización de las primarias internas, los legisladores introdujeron un financiamiento subrepticio a los partidos para financiar su cuestionada gobernabilidad.  Aunque ya se sabía, que las primarias abiertas no serían financiadas con los montos asignados a los partidos, la Ley 33-18 establece en su artículo 47 sobre “Apropiación de fondos para las primarias”, que “los recursos para organizar el proceso de las elecciones primarias de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para elegir los candidatos a los distintos cargos de elección popular en las elecciones ordinarias serán deducidos, previo acuerdo con las organizaciones políticas, del aporte económico que proporciona el Estado a los partidos, independientemente de los aportes de la Junta Central Electoral en naturaleza y logística”.

“Está claro que el acuerdo entre la JCE y los partidos es una violación a la nueva ley de partidos políticos. El Doctor Castaños Guzmán ha dicho que la paz no puede verse obstaculizada por un asunto de dinero, y las elecciones traen paz. Lamentamos este argumento. Es el mismo de aquellos gobernantes que señalan que permiten la corrupción para asegurar gobernabilidad. Ese mismo criterio debería usarse para asignar esos recursos a la reducción del enorme problema de inseguridad ciudadana que afecta al país. Ese sí que afecta la paz pública”, sostuvo el Consejo Nacional de Participación Ciudadana en el comunicado.

En respuesta a esto, Participación Ciudadana pregunta: ¿Para cuándo podemos esperar el cumplimiento de las leyes? 

 El movimiento expresó que, como resultado de este acuerdo, este año, el financiamiento a los partidos subirá a la enorme suma de 2,755 millones de pesos, equivalente a un 0.4% de los ingresos nacionales; en vez del 0.25% que establece la Ley. “Esto es sólo para los partidos, sin contar los demás gastos en que incurrirá la JCE para mantener la excesivamente cara democracia dominicana y la sustracción de recursos públicos que realizan los aspirantes a cargos electivos”.

“Claramente, este acuerdo violenta la Ley Electoral y la Ley de partidos, y condena al país a un financiamiento mayor a organizaciones que cada vez muestran un menor aporte a la democracia. Participación Ciudadana expresa su desacuerdo con esta nueva carga a la población dominicana”, manifestó la organización.

 CONSEJO NACIONAL, 6 DE FEBRERO DE 2019

Quienes participamos en la marcha ¨Un paso por la esperanza y paz social de Santiago Oeste¨ expresamos nuestra preocupación por el grave nivel de inseguridad ciudadana que viven en estos momentos las comunidades de Cienfuegos, Distrito Municipal Santiago Oeste.

Para quienes participamos en esta actividad resultan inadmisibles las condiciones de violencia, atracos y rezago social que persisten en nuestra comunidad, a lo que se añade un contexto de nerviosismo, generado tanto por los delincuentes y los antisociales, como por los abusos cometidos por la fuerza pública que hace las redadas de manera indiscriminada.

Rechazamos que Santiago Oeste no existan verdaderas políticas públicas, la implementación de programas que enfrenten los males sociales y un verdadero plan de seguridad ciudadana.

En un Estado democrático, la seguridad ciudadana, la prevención y el control a las diferentes expresiones de violencia y del delito, son las condiciones esenciales que garantizan la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica, promueven el desarrollo económico y social en lo local y nacional, y contribuyen por ende al desarrollo humano sostenible de sus habitantes.

El Artículo 7 de la Constitución dominicana, nos dice que somos un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República Unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos.

En materia de seguridad ciudadana, la ley 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo-END- incorpora el siguiente objetivo específico: construir un clima de seguridad ciudadana basado en el combate a las múltiples causas que originan la delincuencia, el crimen organizado y la violencia en la convivencia social incluyendo la violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes, mediante la articulación eficiente de las políticas de prevención, persecución y sanción; y las líneas de acción siguiente: a) promover y articular mecanismos para concienciar a las familias, comunidades y organizaciones sociales sobre la importancia de la educación en valores para la convivencia social y la paz; b) Impulsar un modelo de Policía Comunitaria al servicio de los intereses de la población.

La seguridad pública debe garantizar la convivencia pacífica y el orden público, proteger la ciudadanía mediante mecanismos de prevención del delito y buena administración de justicia.

Las autoridades competentes deben alcanzar los fines de la seguridad pública mediante la prevención, persecución, y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente y del menor infractor. El Estado debe combatir las causas que generen la comisión de delitos y conductas antisociales y debe desarrollar políticas, programas acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos que induzcan a la legalidad.

Asumimos que es urgente:

1. Designar Policía Escolar en los Centros Educativos Públicos de Santiago Oeste.
2. Instalar cámaras del 911 en los Centros Educativos Públicos de Santiago Oeste.
3. Reactivar la Mesa de Seguridad Ciudadana en Santiago Oeste.
4. Impulsar la modificación al Código del Menor porque da mucha protección.

Ante esta situación y con este manifiesto, las organizaciones presentes, entre ellas, la Asociación para el Desarrollo de Cienfuegos -adecuci, la Coordinadora de Juntas de Vecinos Santiago Oeste -COJUVESAO-, la Iglesia Santa Marta, Participación Ciudadana, Consejo para el Desarrollo Barrial del Mella 2, la Red Mujeres por el Desarrollo de Cienfuegos y las diversas organizaciones sociales que forman la fuerza viva de la comunidad, queremos llamar la atención sobre el agravamiento de la paz social, la convivencia sana y la falta de protestación social que en este momento sufren los moradores de Cienfuegos y sectores adyacentes por lo que exigimos las mejora de lo sistema público que garanticen el bienestar social del Distrito Municipal Santiago Oeste.

Los conflictos que se presentan en la sociedad del Distrito Municipal Santiago Oeste deben tener un tipo de respuesta acorde a su magnitud; y en el caso de Julio José Valerio -Ricaury-, hemos decidido dar un plazo de treinta (30) días a partir de este 4 de febrero para que el Juez a cargo de conocer el caso aplique la medida de coerción correspondiente.

Una calidad de vida óptima de todas las comunidades de Santiago Oeste no puede existir si no se garantiza el bienestar social y el respeto de todos sus ciudadanos y particularmente a los más excluidos; y por tal sentido, “Un paso por la esperanza y paz social” es el anhelo de quienes residen en esta laboriosa y ejemplar comunidad que lleva el nombre de Santiago Oeste.

Santo Domingo, República Dominicana. Durante los últimos doce años (2006-2018), la Cámara de Cuentas de la República Dominicana realizó un total de 798 auditorías, para un promedio de 66 auditorías al año, lo que significa, que siendo las instancias públicas y privadas que reciben fondos del presupuesto del Estado más de 1,500 instituciones, apenas se ha estado auditando un 4% promedio al año; expresó el movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, mediante un comunicado de prensa.

PC manifestó que “esta ineficiencia de la Cámara de Cuentas no se justifica bajo ningún argumento, toda vez que es un órgano constitucional que existe con un único propósito y que recibe un presupuesto suficiente para haber dado mejores resultados a la sociedad. A esto se suma la ineficacia, puesto que estas auditorías no han servido para detener la corrupción y el despilfarro de los recursos públicos, ni siquiera son un insumo para la rendición de cuentas del gobierno, ni del Congreso Nacional”.

El movimiento señaló que ese pobre 4% de audtorías al año es todavía más cuestionable cuando se examina en detalle. Así, se tiene que hubo años como el 2007 que sólo se hicieron 20 auditorías, en el 2015 un total de 18, unas 22 en el 2016, sólo 4 auditorías en el 2017 y ninguna fue terminada en el 2018. “Vista esta relación anual, se puede decir, que hasta ahora, la presente Cámara de Cuentas ha sido la más improductiva, evaluada por el número de auditorías que ha concluido”.

Participación Ciudadana informó que solicitó por escrito la relación de las auditorías y recibió de la Cámara de Cuentas la respuesta de que todas las realizadas son las que aparecen en la página web de la institución, de donde fueron extraídos los datos.

Otro aspecto que destacan, al observar las 798 auditorías realizadas en 12 años, es la importancia de las instituciones auditadas, indicando que en el gobierno central se auditaron 86 instituciones con un total de 270, para un 33% del total y que, si se toma en cuenta la proporción del gasto público, donde el gobierno central concentra más del 90% del presupuesto nacional, entonces el número de auditorías y su frecuencia debió ser mucho mayor.

PC también se refirió a que en el gobierno central se dan casos que llaman la atención y motivan a muchas preguntas. Por ejemplo, en estos últimos 12 años, a EDESUR (2008) y EDENORTE (2009) se les ha hecho una sola auditoría, respectivamente; a la Lotería Nacional solo 2 (2008 y 2009); a Bienes Nacionales, una (2008); al MESCyT, dos (2009 y 2010); a la Procuraduría General, dos (2009 y 2010); Agricultura , una (2012); a la DNCD, una (2007); Industria y Comercio, una (2008); Banco de la Vivienda, una (2006); Superintendencia de Seguros, una (2008); al Ministerio de Educación, solo dos, en los años 2009 y 2010, de manera que los cuantiosos recursos provenientes del 4% del PIB que empezaron a entregarse en el 2013, no han sido auditados.

En contraste con lo anterior, la Cámara de Cuentas auditó a 102 gobiernos locales, en los cuales realizó un total de 242 auditorías, con una frecuencia mayor que las del gobierno central. Estos gobiernos (ayuntamientos y juntas locales) manejan menos del 3% del presupuesto público, y son auditados, también en un número mayor, por la Contraloría General de la República.

En cuanto a los fondos públicos entregados a 32 partidos reconocidos en el periodo 2006-2018, Participación Ciudadana destacó que sólo se hicieron 54 auditorías, lo que significa que estos fondos no se están auditando anualmente, ni siquiera con cierta periodicidad, pues en promedio, sólo 4.5 de los 32 partidos fueron auditados al año. “En este grupo, llama la atención que, al partido gobernante, PLD, sólo se le ha hecho una auditoría en 12 años (2008); al PRSC, dos; al PRD, cinco; al PRM, cuatro. Estos cuatro partidos son los que reciben el 80% de los fondos contemplados en la Ley Electoral.”

Por su parte, las organizaciones no gubernamentales o sin fines de lucro que reciben fondos públicos, prácticamente no han sido auditadas. En este período solo se auditaron ocho ONGs, con 25 auditorías, una cifra considerada completamente ridícula por el movimiento, tomando en cuenta que las ONGs que reciben fondos públicos pasan de 900.

“La actual Cámara de Cuentas debe explicar por qué en el 2018 no se concluyó una sola auditoría, si en su plan de trabajo aprobado a finales del 2017 se comprometieron a auditar a 196 instituciones, abarcando los gastos del 2016 y el 2017, por un monto de mil ciento veinte y cuatro mil millones de pesos (RD$1,124,000,000,000.00)”, sostuvo Participación Ciudadana.

Indicó que a esa situación hay que sumar el hecho de que, a más de un año del escándalo ODEBRECHT, la Cámara de Cuentas guarda silencio sobre las auditorías que le corresponde hacer a las obras construidas por esa empresa, que confesó una sobrevaluación promedio de 22%.

Participación Ciudadana aboga por que todas las instituciones, organizaciones y empresas que reciban fondos de la sociedad sean auditadas anualmente y que en ningún caso se deje fuera a las que reciben mayor presupuesto, como ha venido ocurriendo. Adicionalmente, manifiesta que el Congreso Nacional, entidad de la cual depende la Cámara de Cuentas, está en el deber de analizar los resultados de estas auditorías, rendir cuentas al país y encaminar la acción pública en los casos que se requiera.

Consejo Nacional
31 de enero de 2019