Carta-JCE-Simulacro-Voto

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, en el marco del desarrollo de su Programa de Observación Electoral 2020, que busca contribuir con el fortalecimiento de la democracia electoral, mediante la participación activa y responsable de la ciudadanía y sus organizaciones en la observación de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales del 2020, remitió una carta a la Junta Central Electoral reiterando su solicitud de participar como observador en los simulacros de uso de los equipos de automatización del voto.

 “Dando seguimiento a todas las acciones de este proceso electoral, tenemos el interés de conocer, ser parte y estar presente en los cuatro simulacros del proceso de implementación del voto automatizado que están previsto. Lamentamos que por la falta de información y comunicación no pudimos estar en la llamada prueba local el día 24 de julio; hoy 7 de agosto se realiza la prueba regional y aún la JCE no responde nuestra solicitud realizada el 16 de julio. Esperamos que esta situación de silencio pueda ser superada de cara a la prueba focalizada del día 22 de agosto y, finalmente, el simulacro nacional el 08 de septiembre”, expresó el Consejo Nacional de PC en el comunicado.

Participación Ciudadana, entidad de la sociedad civil con experiencia en observación electoral, reitera a la JCE la solicitud para que indique el lugar en cada municipio y hora donde se estarán llevando a cabo cada uno de los simulacros pautados, y, a su vez, el registro de su participación como observador en las pruebas que está llevando a cabo con los equipos que serán utilizados en las primarias del 10 de octubre del presente año, y con toda probabilidad en las elecciones del 2020.

“Nuestra contribución a los procesos electorales incluye el seguimiento al uso de tecnología en las elecciones, para lo cual contamos con una asesoría de expertos extranjeros no vinculados a ningún partido en la República Dominicana, como tampoco al órgano electoral, para asegurar la mayor independencia posible”, señaló el Consejo Nacional de PC.

Destacó que esperan que para la tercera y cuarta prueba puedan ser invitados por la Junta Central Electoral, para lo cual necesitan una reunión previa de los expertos de la JCE con sus especialistas, a fin de poder participar en los simulacros con conocimiento de todos los elementos técnicos necesarios.

Consejo Nacional
7 de agosto 2019

Afirma corresponde al TC despejar la incertidumbre que la interpretación de disposiciones defectuosas pudiera ocasionar, afectando los procesos electorales.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, en el marco del desarrollo de su Programa de Observación Electoral 2020, exhortó al Tribunal Constitucional (TC) a agilizar las decisiones sobre acciones relacionadas con primarias y elecciones.

Mediante un comunicado de prensa, el Consejo Nacional de PC estableció que “al menos veinte (20) acciones directas de inconstitucionalidad han sido interpuestas por ante el Tribunal Constitucional sobre la norma que regirá las primarias y elecciones próximas, de las cuales se han decidido cuatro, quedando aún pendiente las diez y seis (16) restantes.

Indicó que las acciones involucran la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley 15-19 Orgánica de Régimen Electoral, la Ley 157-13 sobre voto preferencial, la resolución de la Junta Central Electoral (JCE) sobre la distribución de la contribución económica del Estado a los partidos políticos para el año 2019, y la Resolución No. 08-2019 de la JCE que instituye el método para la selección de senadores y senadoras para las elecciones de mayo de 2020, relacionada con el arrastre.

La organización de la sociedad civil expresó que “el TC acusa un notable atraso en decidir estas acciones a pesar de que su presidente, el magistrado Milton Ray Guevara había declarado “que los expedientes que tienen que ver con los partidos políticos y electoral están siendo declarados de urgencia con la finalidad de poder hacer algún tipo de aporte al proceso electoral que se avecina, por eso tenemos otra audiencia el 21 de junio”.

Hasta ahora el TC ha decidido cuatro acciones, declarando inadmisible dos de ellas (TC-0215-19 y TC-0063-19) bajo el argumento de que los accionantes enunciaron los textos violados, “sin especificar de forma concreta de qué manera los artículos del texto legal impugnado vulneran la Constitución, ni cuáles  son  los  argumentos  jurídicos  que  justificarían  una  eventual  declaratoria  de inconstitucionalidad de los mismos, pues solo se hacen breves referencias generales, sin  que  en  ningún  momento  se  especifique  cómo  uno  cualquiera de  los  artículos argüidos de inconstitucionalidad coliden con la Carta Magna”. En el primero de los casos contó con el voto disidente de la magistrada Katia Miguelina Jiménez, quien entendió que sí se ofrecieron argumentos.

Para PC las acciones de estas primeras dos decisiones impugnaban artículos relacionados con la filiación a un solo partido y la pérdida automática de la misma cuando se inscribe en otro, al proceso de reconocimiento de los partidos, la prohibición y sanción de la campaña negativa, método de elección de candidatos, cuota de género y de juventud.

La tercera decisión del TC (TC-0214-19) declara no conforme con la Constitución el art. 45, párrafo III de la Ley de Partidos y dispone que debe ser interpretado de tal manera que sean los estatutos de cada partido que decidan cuáles son los organismos competentes para el método de elección de candidatos y el padrón a utilizar y no la cúpula partidaria, como figuraba originalmente en la ley.

La cuarta decisión del TC (TC-0092-19) declaró inconstitucional el artículo 44.6 de la Ley de Partidos que prohibía y sancionaba la campaña negativa por violar el derecho a la libertad de expresión, el principio de razonabilidad y el derecho a la información.

“Las otras diez y seis acciones directas de inconstitucionalidad que quedan pendientes, están relacionadas con temas como el voto dominicano en el exterior, el arrastre del senador por los votos de los diputados, los métodos para escoger candidatos y tipo de padrón, las primarias organizadas por la JCE y apropiación de fondos para las mismas, la obligación de nuevos partidos a ir sin alianzas en el primer proceso electoral en que participen, la limitación de la pre campaña a lo interno de los partidos, la obligación de estar inscrito en un partido para poder ser candidato por él, la reserva de candidaturas y su porcentaje, cuota de género, cuota de juventud, entre otros”, informó el Consejo Nacional de PC.

Expresó también que el Reglamento Jurisdiccional del TC prevé los casos de urgencia, que podrán ser declarados en forma casuística por el pleno o por el presidente del TC, lo que permite que el orden de asignación de casos a las comisiones operativas pueda modificarse para darles prioridad, con la obligación del juez apoderado de presentar el proyecto de sentencia en el más breve plazo posible y cuyo artículo 20 prevé la posibilidad de reducir algunos plazos, siempre que no estén fijados en la ley.

El TC tiene un plazo de cuatro meses a partir la de la audiencia para decidir los casos, aun aquellos no declarados de urgencia, lo que no se ha podido cumplir pues nueve de los casos han sido sometidos durante el último cuatrimestre del año 2018 y solo cuatro de estos casos han sido fallados.

El Consejo Nacional de PC señaló que en ocasiones el TC no puede decidir los casos porque no logra reunir la mayoría calificada de nueve votos que se requieren para tomar una decisión, pero lamentablemente el TC no tiene en su portal la información de cuáles casos se encuentran en estas condiciones, lo que debería corregirse para que los interesados puedan darles seguimiento a sus casos.

“Aunque es correcta la aseveración del Presidente del TC en el sentido de que la responsabilidad es de los legisladores debido al tiempo que estuvieron esos proyectos en sus manos y lo tardía que ha sido su aprobación, no cabe duda de que corresponde ahora al TC despejar la incertidumbre que la interpretación de disposiciones defectuosas pudiera ocasionar, afectando los procesos electorales”, manifestó el Consejo Nacional de PC en el comunicado.

Consejo Nacional
05 de agosto de 2019

Participación Ciudadana (PC) encarece a todos los sectores políticos y sociales que abandonen, al menos por ahora, el debate de reformas constitucionales precipitadas por intereses particulares y coyunturales que tanta incertidumbre y estrés ha ocasionado a la sociedad dominicana en los últimos meses.

La nueva propuesta de 11 puntos para reformas a la Constitución de la República formulada por los dirigentes reformistas Federico Antún y Rogelio Genao, y respaldada por el expresidente Hipólito Mejía, es al menos inoportuna, y debe ser rechazada bajo las siguientes consideraciones:

1. Porque una propuesta de 11 puntos de reformas constitucionales, si ha de ser emprendida con responsabilidad y madurez política, implica consultas y búsqueda de consenso imposibles de lograr cuando al inicio de la próxima legislatura sólo faltarán seis semanas para las elecciones primarias que acapararán la atención nacional.
2. Porque una reforma constitucional que pretenda sentar principios de largo alcance y trascendencia, debe ser emprendida fuera de la coyuntura preelectoral en que ya está el país. Sobre todo, si dentro de 9 meses será renovada la matrícula del Congreso, y porque la mayoría de los actuales legisladores fueron responsables de la amplia reforma constitucional del 2010 y de la muy coyuntural del 2015.
3. Porque la sociedad dominicana tiene pendiente múltiples asuntos, incluso legislativos, que merecen toda la concentración, entre ellos los de la salubridad, con la implementación del modelo de atención primaria, la reforma del Sistema Nacional de Seguridad Social, y la atención al equilibrio fiscal y las recientes sombras sobre el turismo y el crecimiento económico.
4. No descartamos que algunas de las reformas propuestas puedan ser razonables y hasta necesarias, pero evadiremos caer en la distracción de exponerlas por el momento. Lo que sí podemos adelantar de las propuestas es que es absolutamente improcedente e incoherente que, mientras por un lado se acepte que el modelo actual de dos períodos constitucionales y nunca más para los presidentes de la República, es el correspondiente, preferido en diversos momentos por el presidente Danilo Medina y los expresidentes Leonel Fernández e Hipólito Mejía, al mismo tiempo se proponga habilitar al actual mandatario para que pueda volver a postularse, justo cuando concluye el segundo período y nunca más que marca la actual Constitución. No habría fuerza moral para impedir que otros, cuando lleguen a la misma circunstancia, reclamen también que su obra de gobierno les hace merecedores para otra reforma constitucional.
5. Comienza por dividir al mismo partido de los proponentes, por cuanto ya otros dos dirigentes reformistas, Eddy Alcántara y Guillermo Caram, han adelantado su rechazo y afirman que la propuesta no fue aprobada en ningún órgano directivo del PRSC, un partido ya de por sí afectado por divisiones en los últimos años. Prolonga la crisis interna en el partido gobernante, el de la Liberación Dominicana (PLD) donde un sector es opuesto terminantemente a que por ahora se toque la Constitución de la República. Traspasa el estrés al mayor partido de oposición, el Revolucionario Moderno (PRM), donde numerosas voces se han levantado para plantear la improcedencia de la reforma en la coyuntura actual.

Consejo Nacional
29 de julio de 2019

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, presentó su Programa de Observación Electoral 2020, siendo esta la onceava ocasión en que realizan esta iniciativa que busca garantizar la transparencia del proceso electoral y el respeto de la democracia y la voluntad popular en las urnas.

En un acto que contó con la participación de representantes de organismos electorales, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y entidades internacionales, el coordinador general de PC, Heiromy Castro sostuvo que, para el 2020, el país se aboca a un proceso electoral complejo por la realización de las elecciones para los tres niveles con poco tiempo de diferencia, con todas las tensiones y complicaciones que conlleva; sumando a esto la decisión de la Junta Central Electoral de utilizar el voto automatizado generalizado.

“Las dificultades que podrían acompañar las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del 2020 obligan a mantener un programa de monitoreo de mayor amplitud e impacto. PC considera que el momento político que vive el país y los acontecimientos recientes, aun antes del inicio de las precampaña y campañas electorales, constituyen indicadores de los riesgos que enfrenta el sistema político y la débil democracia dominicana. Este panorama implica la necesidad de realizar una observación integral que ya iniciamos en febrero de este año y esperamos culmine en julio del 2020”, expresó Castro.

Informó que en el marco del proceso de observación electoral estarán exigiendo y saliendo al frente a todas las acciones que laceran la institucionalidad democrática, como la compra de voluntades en el Congreso, acuerdos para garantizar la repostulación de los legisladores a cambio de apoyo para modificar la Constitución, ofertas para garantizar impunidad frente a expedientes judiciales, presiones, represión, militarización y cualquier otra actividad que atente contra las ansias de democracia de este pueblo; hechos que serán registrados en los informes finales de observación electoral.

“Cada una de las partes debe cumplir con su deber en este delicado momento para la democracia dominicana. Nosotros estaremos empeñados en superar nuestra experiencia y dedicación, pero no somos actores del proceso, sólo somos ojos, oídos y voz de la ciudadanía. Son los partidos políticos y las autoridades electorales los llamados cumplir y hacer cumplir las regulaciones que establecen las leyes y reglamentos”, manifestó el Coordinador General de PC.

Durante la actividad, se presentó el primer Informe de Observación Electoral 2020, el cual contempla detalles sobre el Período Previo de Precampaña, las campañas electorales a destiempo, las labores del Tribunal Superior Electoral, el arrastre del voto, los reglamentos de Primarias, la automatización del voto, la cuota de la mujer y de la juventud, el índice de aplicación de la Ley No. 200-04, las próximas elecciones en cifras, entre otros temas.

Según los hallazgos de este primer informe, en las elecciones del 2020 se asiste a unas reglas de juego nuevas, que han de asumirse a plenitud. Se trata de la Ley de Partidos No. 33-18, promulgada el 13 de agosto de 2018, y la del Régimen Electoral No.15-19, del 18 de febrero de este 2019. Señala, además, que desde el año pasado y en lo que va del 2019 se ha registrado una agenda infausta con una propaganda y acciones inauditas alrededor de la reelección, y que coloca a la República Dominicana como el único país con tres reformas constitucionales, apenas en la quinta parte del Siglo XXI.

El abogado y coordinador de la Comisión de Análisis Político de PC, Francisco Álvarez, aseguró que para evitar que se incumplan dos de los cuatro principios en que descansa el régimen electoral dominicano por mandato constitucional, que son la equidad y la transparencia, los cuales deben ser garantizados por la JCE, “debemos poner nuestros ojos sobre los recursos manejados por los partidos y movimientos políticos y sus precandidatos y candidatos, comenzando por el origen de estos hasta la forma en que son usados”.

“Pueden ustedes y todo el país tener la seguridad de que, por onceava ocasión consecutiva, Participación Ciudadana realizará su trabajo en la forma acostumbrada, con entera libertad, con independencia y con la mejor intención”, afirmó Álvarez.

 PC informó que se implementará un proceso de observación de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales en el torneo electoral del 2020, y que mediante su Plan de Observación Electoral 2020, se impulsará la participación de la ciudadanía a través de la mejora de capacidades para avanzar en ejercicios ciudadanos de auditoría social que alerten sobre la ocurrencia de prácticas ilícitas que atenten contra la legitimidad del proceso democrático; indicando que se conformará una red de voluntarios/as de aproximadamente cuatro mil personas de todo el territorio dominicano.

Participación Ciudadana invitó a todos los ciudadanos y ciudadanas del país a que se integren, sean observadores electorales y ejerzan su derecho al voto de manera consciente, destacando que “cada uno de nosotros decidimos el futuro de nuestro país, a cada uno de nosotros nos debe importar que se realicen elecciones transparentes para que no se atente contra la democracia dominicana. No es un trabajo solo de Participación Ciudadana, de la JCE, de los partidos y los candidatos, es de todos y todas. Es nuestro país, es nuestra democracia, no dejemos que se debilite más, no dejemos que la corrupción, la explotación de nuestros recursos y el afán de poder sigan carcomiendo a nuestra República Dominicana”.

Consejo Nacional
17 de julio de 2019

[display-frm-data id=8983 filter=limited entry_id=1865]

El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, y el Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE), presentaron la campaña “Monitoreando” que busca la integración de la ciudadanía en los mecanismos de participación social y los procesos de monitoreo de los recursos públicos locales que son usados para construcciones públicas, así como llamar a las autoridades locales a manejar estos recursos con transparencia aplicando lo estipulado en la Ley No.340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

La campaña, que lleva como slogan “’Por construcciones públicas municipales transparentes y de calidad”, está dirigida a los munícipes, autoridades locales, funcionarios públicos, líderes y lideresas comunitarios/as e integrantes de organizaciones sociales en los municipios de Azua, Baní, Barahona, San Juan de la Maguana, San José de Ocoa y San Cristóbal; y forma parte del proyecto “Promoviendo la Participación Ciudadana, la Veeduría Social e Incidencia en la Gestión Local”, que desarrollan ambas instituciones, con el apoyo de la Unión Europea.

“Monitoreando busca que los munícipes ejerzan el derecho que tienen de acceso a las informaciones en sus ayuntamientos, tal como lo estable la Ley No. 200-04 de libre acceso a la información pública; que demanden y vigilen la efectiva y correcta aplicación de los procedimientos establecidos en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y que estén alineados al ordenamiento jurídico vigente y a los principios de una buena administración”, expresó Carlos Pimentel, director ejecutivo de PC.

Añadió que a través de la campaña se informará a la ciudadanía sobre los procesos correctos y herramientas pertinentes para vigilar, fiscalizar y controlar los procesos de compras y contrataciones para la realización de obras públicas municipales; se sensibilizará sobre la importancia de exigir una gestión municipal transparente y de calidad; y se propiciará el diálogo entre las autoridades locales y las organizaciones de la sociedad civil para debatir sobre las problemáticas locales y la efectiva y correcta aplicación de las normativas que rigen la municipalidad.

“Monitoreando” tendrá una duración de un mes y contará con tres líneas de acción que incluyen mesas de diálogo entre las autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil, jornadas de movilización ciudadana y promoción de los mensajes a través de las redes sociales.

La apertura de la Campaña se llevó a cabo en el municipio de San José de Ocoa en el Parque Libertad, y contó con la presencia de autoridades locales, representantes de diversos sectores sociales, medios de comunicación, líderes/as comunitarios/as y público en general.

El 31 de mayo será presentada en Barahona; el 06 de junio en Bani; 08 de junio en Azua; 12 de junio en San Cristóbal; y el 14 de junio en San Juan de la Maguana.

Datos sobre la cooperación internacional indican que la mayoría de los países de América Latina falla al no proseguir adecuadamente a la investigación
de esquemas de corrupción grande

Las informaciones abarcan nueve países de América Latina: Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela

El progreso de los trabajos de los organismos de investigación de grandes casos de corrupción que involucran la constructora brasileña Odebrecht en América Latina es muy discrepante y, en líneas generales, insuficiente. Esta es una de las conclusiones que uno puede sacar de los datos inéditos, proporcionados a partir de hoy (29/5), sobre el progreso en los últimos dos años de investigaciones deflagradas por la Operación «Lava Jato” en nueve países de la región que, además de Brasil, han sido mencionados en las delaciones de la constructora brasileña: Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Para consultar directamente las informaciones, visite https://www.jota.info/tudo-sobre/lava-jato-en-el-mundo.

La cooperación internacional ofrece indicio importante de ese ritmo de trabajo desigual. Ante las dificultades técnicas, legales y políticas, han sido de modo general reducidos y discrepantes los niveles de la colaboración entre estas naciones y Brasil – país que ha producido muchas informaciones en cinco años de la Operación Lava Jato. En el 2017 y 2018, los nueve países mencionados enviaron 118 solicitudes de cooperación a las autoridades brasileñas. Sin embargo, solo Perú representó más de la mitad de estas solicitudes, de un total de 68 solicitudes.

Del otro lado, países como Guatemala y Venezuela han enviado apenas una solicitud cada uno, lo que revela el bajísimo nivel de actividad investigativa y, por lo tanto, un riesgo real de impunidad para los graves delitos revelados por la Operación Lava Jato en estos países.

Estos datos inéditos han sido obtenidos por Transparencia Internacional, la principal ONG dedicada a la lucha contra la corrupción en el mundo, y por JOTA, startup periodística especializada en la cobertura del Poder Judicial en Brasil. El proyecto también tuvo el apoyo de Digesto, empresa que procesa y analiza datos de millones de procesos judiciales brasileños.

En la página del proyecto en Internet, al hacer clic en cada uno de los países analizados, los usuarios tendrán acceso a una ficha completa con las siguientes informaciones:

• Resumen de los hechos relacionados a supuestos actos de corrupción en cada país, con informaciones inéditas.
• Lista de documentos – material obtenido por Digesto en consultas a sitios web oficiales de Tribunales brasileños sobre las investigaciones en marcha.
• Datos de la cooperación bilateral con Brasil – base con indicadores de:
  • relación de los pedidos de cooperación solicitados por las autoridades de esos países a sus pares brasileños (divididos por año, país y tipo de diligencia, como revelación de secreto, interrogatorio, etc.);
  • Fechas de la redacción del acta de compromiso firmada con el Ministerio Público Federal brasileño; y
  • Informaciones sobre posibles Equipos Conjuntos de Investigación, que pueden operar en dos o más países para llevar adelante investigaciones penales en sus territorios por tiempo y fin determinados. La ficha de cada país informa se hay o no negociaciones en marcha para la formación de equipos conjuntos con Brasil.
• Lista de vídeos con las trascripciones de declaraciones.
• Lista de obras con posibles irregularidades.
• Lista de los nombres de los ex ejecutivos – nombres de los profesionales de Odebrecht directamente vinculados a cada uno de los nuevos países latinoamericanos y quienes han colaborado.

En el 2017 y 2018, de las 118 solicitudes de cooperación enviadas a las autoridades brasileñas, Perú hizo más de la mitad de estas solicitudes, según lo mencionado anteriormente, y enseguida está Panamá (18) y Argentina (12). Los países que menos han hecho solicitudes de ayuda a Brasil son Venezuela, Guatemala (ambos con apenas una solicitud) y República Dominicana (tres solicitudes). Cada pedido de cooperación produce un acta y, de modo general, la fecha de la primera acta señaliza que, a partir de ese momento, hay un “desbloqueo” en la cooperación, según la investigación de TI Brasil y JOTA.

La cooperación internacional es apuntada por autoridades, periodistas y especialistas que siguen de cerca la Operación Lava Jato como uno de los principales vectores para el avance de las investigaciones en Brasil. La poca cooperación entre países latinoamericanos y Brasil es uno de los retos más grandes en el avance de las investigaciones en las naciones vecinas. Profesionales brasileños que siguen de cerca la cooperación internacional relatan que existe retos técnicos, legales y políticos para la buena ejecución de la cooperación brasileña con los países de la región.

“Es de suma importancia para América Latina conocer de cerca las investigaciones en marcha de la Operación Lava Jato, principalmente, en lo que se refiere a la participación de importantes personajes del mundo político de la región en los esquemas de la constructora brasileña Odebrecht. Si, por un lado, existen argumentos razonables de que las investigaciones deben realizarse en secreto; por otro, también es muy importante que las autoridades de cada país informen al menos los datos estadísticos básicos sobre investigaciones en marcha, diligencias y, en este caso, cooperación internacional, para que sus ciudadanos puedan sentirse seguros de que los delitos están siendo investigados adecuadamente. Ya que Brasil concentra las investigaciones sobre los esquemas de Odebrecht, un indicador importante de la buena marcha de estos trabajos es justamente la cantidad y el tipo de solicitaciones que se han hecho al país. En este sentido, el proyecto que estamos lanzando hoy trata de aumentar el conocimiento de la sociedad sobre este tipo de dato. Se trata, a fin de cuentas, de la plataforma que reúne la información más completa posible sobre este caso”, afirma el consultor sénior de Transparencia Internacional – Brasil, Fabiano Angélico.

Sobre Transparencia Internacional – Transparencia Internacional es un movimiento global con un único propósito: construir un mundo donde los gobiernos, empresas y el cotidiano de las personas estén libres de la corrupción. Actuamos en Brasil en el apoyo y movilización de grupos locales de lucha contra la corrupción, producción de conocimiento, concienciación y comprometimiento de empresas y gobiernos con las mejores prácticas globales de transparencia e integridad, entre otras actividades. La presencia internacional de TI nos permite defender iniciativas y legislaciones contra la corrupción y que gobiernos y empresas efectivamente se sometan a ellas. Nuestra red también significa colaboración e innovación, lo que nos brinda condiciones privilegiadas para desarrollar y probar nuevas soluciones de lucha contra la corrupción.

Sobre JOTA – A partir de una nueva forma de cobertura de las instituciones públicas brasileñas, JOTA proporciona informaciones de calidad, con análisis y contexto, a un público profesional que necesita tomar decisiones estratégicas constantemente con base en los movimientos de los tres poderes.

Informaciones para la prensa
Transparência Internacional Brasil / CDI Comunicação Corporativa
André Guerra +55 11 3817-7907 – [email protected]
Eduardo Silva  +55 11 3817-7944 – [email protected]
Jorge Valério    +55 11 3817-8002 – [email protected]

Cotuí, República Dominicana. El Espacio Nacional para la Transparencia en la Industria Extractiva (ENTRE), afirmó que es inaceptable que a la fecha el gobierno dominicano no aplique de manera uniforme la disposición de la Ley 64-00, que en su artículo 117 establece que los municipios donde estén ubicadas explotaciones de recursos naturales no renovables deben recibir el cinco por ciento (5%) de los beneficios netos generados  por las industrias extractivas.

En un panel realizado con la participación de más de treinta organizaciones de la sociedad civil, precandidatos de los diferentes partidos políticos y autoridades municipales de los ayuntamientos de la provincia Sánchez Ramírez, en el salón Parroquial de Cotuí, con el tema, “Régimen de Participación de los Municipios en los Beneficios derivados de la Minería”, fueron expuestos criterios técnicos, legales y económicos sobre el derecho de los ayuntamientos de recibir los recursos establecidos por la Ley 64-00, Sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Los panelistas fueron Carlos Pimentel, abogado y director ejecutivo de Participación Ciudadana, y Maritza Ruiz, economista y directora del Observatorio de Política Pública de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD).

En su intervención, Pimentel expresó que “si bien es escueto, el artículo 117, párrafo II, de la Ley 64-00, claramente otorga a los municipios el derecho a obtener pagos equivalentes al 5% de los beneficios netos de las empresas mineras, interpretación que ha sido asumida por la empresa CORMIDOM, como se refleja en su práctica. De igual forma, al examinar la legislación dominicana, otras entidades como el Instituto de Investigación Social para el Desarrollo (IISD) no dudaron en asumir la misma interpretación del artículo 117, párrafo I de la Ley 64-00”.

Agregó que debido a esto, puede descartarse la interpretación de que el artículo 117, párrafo II, de la Ley 64-00 se refiere al 5% de los pagos realizados al Estado por el concepto de la concesión minera, porque dicha redacción, que aparecía en el Contrato de Exploración y explotación minera (CEADM) original, fue considerada como un derecho distinto y separado en la Ley 91-05 que crea el Fondo Minero de la Provincia Sánchez Ramírez (FOMISAR).

Resaltó que el CEADM y sus enmiendas crearon un régimen especial en favor de Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC) que riñe con las disposiciones de la Ley 64-00 y la Ley 91-05, y que la única forma de armonizar este régimen sin desnaturalizar dichas leyes es interpretar que PVDC debe pagar al FOMISAR, el equivalente al 5% de los beneficios netos, es decir, de la ganancia que obtenga en cada ejercicio.

Por su parte, la directora de ODPP-UASD, Maritza Ruiz, indicó que la problemática en República Dominicana es que no existe ninguna transparencia sobre cuáles son los beneficios derivados de la empresa explotadora, y que «el Estado debe regular el pago de las empresas mineras sobre la base de las ganancias obtenidas. Si la sociedad civil no se empodera y las comunidades no se movilizan, los recursos de las empresas mineras se van a diluir».

Sobre el ENTRE

El ENTRE es un espacio que agrupa más de 120 organizaciones populares, sociales, académicas y comunales de todo el país, que buscan luchar por la transparencia en la industria extractiva en RD, cuya coordinación nacional está conformada por Participación Ciudadana, la Fundación Guayacán de Energía y Medio Ambiente (GEMA), el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD), Fundación Dominicana para la Protección del Medio Ambiente Vida y Sadud (Cotui) , la Fundación Cuayá (Fantino),  Articulación Nacional Campesina (ANC), y otras siete organizaciones de la sociedad civil.

ENTRE forma parte de la Comisión Nacional de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), un estándar internacional que promueve la rendición de cuentas en este sector, de forma que se transparenten los ingresos generados por la minería metálica y no metálica, la forma de emplearse y el impacto en el crecimiento económico y desarrollo sostenible para la reducción de la pobreza.

Organizaciones sociales alertan este proyecto representaría retrocesos en la lucha para erradicar la violencia hacia las mujeres

Organizaciones de la sociedad civil exhortaron a la Cámara de Diputados a revisar el proyecto de ley sobre violencia de género aprobado por el Senado, tras advertir que presenta serios retrocesos en la lucha por la erradicación de la violencia de género. Afirmaron la sociedad dominicana espera una legislación que responda a los desafíos de la grave epidemia de violencia contra las mujeres, una de las principales problemáticas sociales del país.

Según las organizaciones Participación Ciudadana, Foro Feminista, Núcleo de Apoyo a la Mujer, Unión Democrática de Mujeres -UDEMU- ,Oxfam, Colectiva Mujer y Salud, Conamuca y Ce-Mujer, el proyecto aprobado por el Senado reduce el marco de protección legal vigente, al tiempo que da continuidad a limitaciones que actualmente obstaculizan el avance efectivo en la prevención, atención y sanción de este problema.

Este proyecto define los delitos de violencia física y violencia psicológica o emocional contra las mujeres como los actos realizados en el marco de las relaciones de pareja. “Esto implica un retroceso respecto a lo contenido en la Constitución, la Ley 24-97 y convenciones internacionales, que reconocen el deber del Estado de garantizar a las mujeres la protección de su derecho a una vida libre de violencia, al margen del espacio en donde esta se produzca y la relación con el agresor”, sostuvieron. Además, tipifica el delito de feminicidio como el dar muerte a una mujer sólo en el marco de una relación de pareja.

Por otro lado, establece como institución rectora a cargo de la aplicación de la Ley a la Procuraduría General de la República, lo que refleja una visión limitada de la violencia contra las mujeres sólo como un delito, obviando con ello las otras dimensiones de este problema socio-cultural, consecuencia extrema de la situación de discriminación y subordinación que enfrentan las mujeres por su condición de género. Señalaron que su abordaje debe ser por consiguiente integral y responsabilidad del Ministerio de la Mujer, en cumplimiento de su misión de liderear las políticas públicas que contribuyan a la igualdad y la equidad de género.

Afirmaron esta legislación “se queda corta” al establecer los delitos de violencia contra las mujeres, pues no incluyen manifestaciones o ámbitos de violencia contra las mujeres como la violencia política, el acoso sexual en espacios públicos o la violencia institucional. Tampoco se establecen sanciones a delitos como los actos de negligencia cometidos por servidores públicos cuando causen desprotección de las mujeres en situación de violencia.

Los mecanismos de aplicación establecidos en el referido proyecto de Ley no responden a las necesidades de intervenciones desde el nivel local, asegurando la participación de las organizaciones de mujeres. Este vacío, junto a la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas, afecta la efectividad de cualquier política contra la violencia de género.

Las organizaciones llamaron a considerar el proyecto de “Ley que Crea el Sistema Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” interpuesto ante la Cámara de Diputados, en el entendido de que este proyecto toma en cuenta las demandas y necesidades de las mujeres y responde a los mandatos constitucionales y a los estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres.

Invitaron además a las mujeres en todo el territorio nacional a dar seguimiento y estar alertas al contenido de las propuestas de Ley sobre violencia contra las mujeres que se discuten y aprueban en el Congreso Nacional. “No vamos a permitir que derechos conquistados por las mujeres hace más de 20 años sean eliminados”, aseguraron.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, junto a la Fundación REDDOM, socializó este miércoles un informe sobre la evaluación del Proyecto Piloto de Pagos por Servicios Ambientales Hídricos de la Cuenca alta del río Yaque del Norte (PSA-CYN), como mecanismo para promover la resiliencia ante los efectos del clima en Jarabacoa.

El PSA-CYN es una iniciativa que se ejecuta en una primera fase, en la cuenca alta del Yaque del Norte, bajo la coordinación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el propósito de contribuir con la conservación de los cuerpos de agua de esta cuenca mediante un Pago por Servicios Ambientales, con el fin de aportar a la sostenibilidad del recurso hídrico en calidad y cantidad.

El coordinador general de PC, Heiromy Castro, expresó que “mediante el desarrollo de esta evaluación, se capacitaron alrededor de 150 personas entre beneficiarios del programa de PSA y miembros de organizaciones de la sociedad civil en agroforestería y resiliencia climática, haciendo énfasis en el gran aporte que cada uno de ellos realiza en el uso adecuado del suelo, protegiendo la integridad del mismo, preservando el recurso hídrico, la biodiversidad yla belleza escénica que caracteriza a la comunidad de Jarabacoa”.

El informe arrojó conclusiones positivas sobre la implementación de esta iniciativa, catalogándola como un avance en materia de adaptación y mitigación al cambio climático y un aporte a la conservación de uso del suelo que protege la integridad de la planificación territorial.

Luis Tolentino, especialista en Cambio Climático y Medio Ambiente de la Fundación REDDOM, indicó que a través de esta evaluación se verificó que los objetivos del PSA-CYN se cumplen y que se evidencia en los resultados visibles de conservación y preservación del recurso hídrico acorde a la percepción de los beneficiaros y otros actores locales.

Señaló que se pudo evidenciar el aumento y mantenimiento en la cobertura boscosa; incremento del caudal y calidad del agua; menos erosión en sus parcelas; aumento del ingreso familiar, que se refleja en mejoras físicas del entorno; y cambios en la cultura ambiental de los beneficiarios, manifestada en su entorno productivo y en sus comunidades.

“El proyecto piloto de PSA-CYN es un modelo novedoso y positivo de conservación en el país, que contribuye a la conservación de los servicios ambientales hídricos de la cuenca del Yaque del Norte mediante la conservación de bosques y sistemas agroforestales. De acuerdo a los propios actores involucrados, este ha contribuido a la mejoría de la calidad de vida de los beneficiarios, con lo cual se contribuye además a la resiliencia ante los efectos del clima, en Jarabacoa. El mismo servirá de referencia para la replicabilidad de este instrumento económico, a nivel nacional, en el marco de la aplicación de la Ley 44-18 que Establece Pagos por Servicios Ambientales en la República Dominicana”, resaltó.

El PSA-CYN se desarrolla en el marco de un acuerdo firmado en diciembre de 2007, entre Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Inició sus operaciones en el 2008; desde el 2009 han realizado labores de conservación de suelos (reforestación), y desde agosto de 2011, han establecido contratos de pago por servicios ambientales con propietarios o poseedores de bosques y sistemas agroforestales (café).

Para el estudio se trabajó de la mano con los beneficiarios del Programa, actores claves locales y con la comisión de Pagos por Servicios Ambientales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Indican que la decisión de la JCE sobre el arrastre agrega nuevas incertidumbres al próximo proceso electoral, sobre la autoridad y confianza que debe generar la JCE.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana,  lamentó la decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de mantener el arrastre del voto a los candidatos a diputados a favor de los candidatos a senadores en las provincias con mayor cantidad de electores, por ser violatoria de la Constitución que establece en su artículo 77 que “la elección de senadores y diputados se hará por sufragio universal directo” (art. 77), y lo reitera en su artículo 208.

Para Participación Ciudadana, que se haya excluido el arrastre en 26 provincias, no elimina la violación a la Constitución en que se incurre en las otras 6 provincias, que además son aquellas que concentran el 59% del electorado e indicaron que “pretender una solución salomónica con el cumplimiento de disposiciones constitucionales no contribuye a la institucionalidad en la República Dominicana”.

“Un voto que se realiza a favor de un candidato a diputado y se pretende adjudicar a un candidato a senador sin que el elector lo haya marcado, no puede interpretarse jamás como un voto directo, por lo que esta decisión de la JCE agrega innecesariamente nuevas incertidumbres sobre el próximo proceso electoral ante la probabilidad de que el tema llegue al Tribunal Constitucional”, expresó el Consejo Nacional de PC en un comunicado de prensa.

Señaló que la gran mayoría de los partidos políticos, así como los más renombrados expertos en derecho constitucional, han planteado claramente la imposibilidad de mantener el voto de arrastre en la elección de senadores debido a las disposiciones constitucionales antes mencionadas, indicando que “la intención del legislador no puede estar por encima de la intención de la asamblea revisora y mucho menos de un texto constitucional claro”.

La organización de la sociedad civil sostuvo que el voto de arrastre reduce la libertad que debe tener el elector, cuyo voto, de acuerdo con el artículo 208 constitucional, debe ser “personal, libre, directo y secreto”. En adición, la nueva ley electoral en su artículo 92 estableció un nivel de elección separado para los candidatos a senadores y otro distinto para los candidatos a diputados, señalando que los mismos son indivisibles y no fraccionables.

Destacó que, con su decisión, la JCE actúa en forma contraria a las disposiciones del artículo 74.4 constitucional que obliga a los poderes públicos a interpretar y aplicar las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos, agregando que, en este caso, el titular del derecho fundamental al sufragio es el elector y sus intereses deben prevalecer sobre cualquier partido que pretenda beneficiarse de los efectos antidemocráticos que produce el arrastre.

“Con esta decisión favorable al partido de gobierno, la JCE desaprovecha una buena oportunidad para mostrar su independencia de criterio frente al sector oficial y, al mismo tiempo, desperdicia la posibilidad de generar la confianza ciudadana que le hará falta para arbitrar adecuadamente los venideros comicios del 2020”, manifestó el Consejo Nacional de PC en el comunicado.