Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana (PC), indicó que la Junta Central Electoral (JCE) debe actuar con energía ante las objeciones del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), a los mecanismos de control de los recursos de precampaña que intenta aplicar el organismo electoral por mandado de la ley.

Recientemente el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, informó que la institución que preside ha desarrollado una herramienta para facilitar que los precandidatos de los partidos hagan la declaratoria de gastos en el período correspondiente a la precampaña, y por esa vía controlar, además, los topes de gastos y de contribuciones que han sido legalmente establecidos. Apuntó que se dispondrán de métodos de fiscalización contables y financieros para determinar la veracidad de la información que sea suministrada. Con estas medidas la JCE apenas comienza a aplicar una serie de disposiciones de control financiero contenidas en la Ley de Partidos, que incluye no solo el control del gasto sino además de los ingresos, identificando a cada uno de los contribuyentes con sus nombres, apellidos y monto aportado. En los próximos días se aprobará el reglamento correspondiente.

El Consejo Nacional de PC sostuvo que el PLD y el PRM han unido sus esfuerzos para reducir la indispensable transparencia con que deben manejarse las captaciones de recursos y el gasto en la precampaña, y han presentado un documento conjunto que, de acogerse, implicaría claras violaciones a la Ley de Partidos.

“Resulta sorprendente, además de decepcionante, que el PLD y el PRM hayan manifestado a la JCE que el suministro de información financiera de precandidatos y partidos ocurra a partir del 22 de agosto, fecha límite para inscribirlos, cuando la precampaña tiene una fecha legalmente establecida, que es el siete de julio.  Con esta solicitud están proponiendo que se les permita no declarar los fondos recibidos y gastos realizados durante los 46 días transcurridos entre el siete de julio y el 22 de agosto, lo que es ilegal, pues el artículo 41 de la Ley de Partidos señala claramente que la precampaña inicia el siete de julio y los topes de gastos y de contribuciones establecidos en dicha ley abarcan todo el período de la precampaña”, expresó.

Señaló que ambos partidos dejan constancia de “la dificultad que implica la aplicación de esta normativa de la ley”, y que no poseen medios de coerción para garantizar su cumplimiento, lo que parecería implicar una confesión previa de incumplimiento, agregando que debe anotarse que la Ley de Partidos fue aprobada el 13 de agosto de 2018, hace ya más de un año, tiempo que han tenido los partidos y aspirantes a precandidatos para adecuarse a la misma, sobre todo a lo dispuesto en el artículo 71, que refiere a todo el sistema contable que debe existir.

“Los medios de coerción para asegurar el cumplimiento de la ley lo poseen los partidos a través de sus organismos disciplinarios, pero además los tiene sobre todo la JCE, que puede declarar inadmisible una precandidatura y hasta retener los fondos públicos a los partidos que violen las disposiciones que tienen por finalidad controlar las finanzas de los partidos y precandidatos. Participación Ciudadana espera que la nueva Unidad de Control Financiero de los Partidos Políticos comience a rendir informes sobre el trabajo que realiza”, manifestó el Consejo Nacional de PC.

Consejo Nacional
19 de agosto de 2019

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, realizó la firma de un acuerdo entre representantes de diversas instituciones y organizaciones dedicadas a promover y garantizar la igualdad de derechos y oportunidades de las personas con discapacidad, con el objetivo de aportar al conocimiento de una cultura de los derechos humanos y la justicia, contribuyendo a aumentar la conciencia pública sobre los valores que deben sostener la institucionalidad democrática de la sociedad dominicana.

Las instituciones que forman parte del convenio de Cooperación Interinstitucional son:  Alianza Discapacidad por Nuestros Derechos (ADIDE), Círculo de Mujeres con Discapacidad (CIMUDIS), Fundación Preparación para la Asistencia de Jóvenes con Discapacidad (FUPAJUDI), Fundación Dominicana de Ciegos (FUDCI), y la Asociación de Personas con Discapacidad Físico-Motora (ASODIFIMO).

La firma, acompañada por actores de cada organismo, fue realizada por Heiromy Castro, coordinador general de PC; Cristina A. Francisco Reyes, coordinadora general de ADIDE; Soraya Santos Peña, coordinadora general de CIMUDIS; Lino Rafael Delgado Marte, presidente de FUDCI; Luís María Méndez Sánchez, presidente de FUPAJUDI; María L. Recarey Domínguez, coordinadora general de ASODIFIMO.

“La firma de este convenio es el punto de partida para fomentar esfuerzos mancomunados de individuos e instituciones, encaminados a desarrollar y fortalecer las estrategias institucionales que procuran que todos los hombres y las mujeres participen en correspondencia de oportunidades y de capacidades, donde los principios de igualdad y no discriminación sean inherentes a la agenda de desarrollo de nuestro país”, expresó el coordinador general de PC, Heiromy Castro.

Indicó que este convenio busca velar por el fiel cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y su protocolo, así como cada uno de los lineamientos de trabajo a favor de las personas con discapacidad de la República Dominicana.

Mediante este acuerdo, las organizaciones se comprometieron a elaborar un plan acciones conjuntas y coordinadas para promover la igualdad de derechos y participación social efectiva de las personas con discapacidad, que abarca el desarrollo de procesos de sensibilización a la ciudadanía sobre como brindar protección, inclusión y participación a las personas con algún tipo de discapacidad; e impulsar de manera conjunta la realización de cursos, diplomados, conferencias, mesas de diálogo, paneles e investigaciones de temas de común acuerdo que demanden del tratamiento académico y la reflexión de la sociedad dominicana, entre otros esfuerzos.

A partir del convenio firmado en Instituto Superior Pedro Francisco Bonó, las partes designaron sendos representantes para constituir una comisión interinstitucional que velará por el cumplimiento del acuerdo y sus propósitos, además de coordinar las acciones y la gestión de los recursos necesarios para su desarrollo.

14 de agosto de 2019

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, informó que está dando seguimiento a la Licitación Pública Nacional e Internacional No. OISOE-LPI-001-2013, supuestamente realizada por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), para la “Remodelación, reestructuración con solución de ampliación de nuevos espacios hospitalarios y equipamiento de la Ciudad Sanitaria Doctor Luis Eduardo Aybar”.

En este sentido, PC requirió la intervención de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) por la sospecha de violaciones que han ocurrido en torno a esa licitación y posterior ejecución del contrato No. OB-OISOE-MP-040/2013, entre la OISOE y el Consorcio Consmara-Seminsa, por lo que, dentro de las solicitudes realizadas por Participación Ciudadana, a la DGCP se encuentran:

1. Verificar si en el caso del Contrato No. OB-OISOE-MP-040/2013, entre la OISOE y el Consorcio Consmara-Seminsa, se ha cumplido o no el requerimiento de la Ley 340-06, artículo 31, numeral 2, de que el valor de contratación de una obra no puede ser aumentado en más de un 25%, haciendo la referida verificación a través de procedimientos transparentes.
2. En caso de comprobar que en el Contrato No. OB-OISOE-MP-040/2013, entre la OISOE y la empresa Consorcio Consmara-Seminsa, ha ocurrido la violación de aumentar el monto de contratación original y el permitido por la ley, proceder a ejercer sus prerrogativas de recomendar las sanciones correspondientes a los responsables.

Participación Ciudadana en el seguimiento a este caso, informa a la sociedad dominicana que la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCC), al amparo del artículo 36 de la Ley 340-06, ha solicitado al Ing. Francisco Pagan, director de la OISOE, que presente en el plazo de diez (10) días los documentos justificativos de la inversión realizada en la remodelación del hospital Luis E. Aybar. Esa misma solicitud le ha sido realizada al Consorcio Consmara-Seminsa, que ha venido ejecutando la remodelación del referido hospital.

La decisión de la DGCC responde a la solicitud que PC hizo a la Dra. Yokasta Guzmán, directora general de la DGCP, en fecha 28 de junio del presente año, para que ejerza sus funciones de supervisión que le otorga la Ley 340-06, modificada por la Ley 449-06, a los fines de esclarecer la ejecución del contrato No. OB-OISOE-MP-040/2013 entre la OISOE y el Consorcio Cansmara-Seminsa, el ocho de julio de 2013, y que según diferentes informaciones públicas, incluidas las ofrecidas por el propio director de la OISOE, han más que duplicado la inversión pública en el hospital Luis E. Aybar, cuando la ley solo permite un aumento de un 25%.

Participación Ciudadana, en interés de que los fondos públicos sean invertidos sobre la base de los principios de economía, eficiencia, honestidad y transparencia, dará seguimiento a este caso que envuelve más de diez mil millones de pesos de los fondos del Estado dominicano, pagados con las contribuciones del pueblo, al tiempo que esperan que la OISOE y el Consorcio Consmara-Seminsa cumplan con el pertinente requerimiento de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCC), amparado en la ley.

Consejo Nacional
13 de agosto de 2019

Anexos:

1. Carta de Participación Ciudadana a la DGCC
2. Comunicación de la DGCC a la OISOE
3. Comunicación de la DGCC al Consorcio Consmara-Seminsa

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana (PC), junto al estudio creativo de realidad aumentada, 3DUAL, y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), realizaron el Innovathon 2019, un maratón nacional de construcción colaborativa durante un fin de semana, de aplicaciones web y apps móviles que busca mejorar la gestión participativa con un enfoque en planificación y ordenamiento territorial, seguridad ciudadana y adaptación climática.

Es el segundo año consecutivo de esta iniciativa que se desarrolla dentro del proyecto “Transparencia y Rendición de Cuentas en la Planificación Territorial Dominicana” de Participación Ciudadana, bajo la Estrategia de Cooperación para el Desarrollo del País (CDCS) de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). En esta ocasión tuvo lugar en las instalaciones del INTEC, del 09 al 11 de agosto del presente año.

Las palabras de bienvenida al evento estuvieron a cargo de Carlos Pimentel, director ejecutivo de PC, quien expresó que “para potenciar la participación de la ciudadanía en el diseño de políticas públicas de seguridad, de ordenamiento del territorio y adaptación climática, es fundamental tener encuentros sobre el cual, conocimientos diversos puedan aportar soluciones que permitan que las políticas que garantizan la calidad de vida puedan ser más eficaces y eficientes; por eso, Participación Ciudadana promueve este tipo de actividad, como es el Innovathon, desde el cual, jóvenes con conocimientos tecnológicos puedan aportar al desarrollo social y político de la República Dominicana”

Los proyectos desarrollados en el Innovathon estuvieron orientados al fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil, entidades gubernamentales y sociedad en general, por medio del desarrollo de Apps móviles, páginas web y otras herramientas tecnológicas que sistematizarán, apoyarán o resolverán problemáticas que recaen sobre los ejes temáticos definidos para este evento.

Las entidades organizadoras informaron que, con la solución de los retos presentados, se busca apoyar la incidencia social en la toma de decisiones en los gobiernos locales, mejorar la gestión pública en políticas de ordenamiento territorial e incidir en la aprobación e implementación de los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT’s), al igual que impulsar la aprobación del Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y el Proyecto de Ley de Regiones Únicas de Planificación, las cuales Participación Ciudadana reconoce como fundamentales para asegurar un desarrollo sostenible que garantice un futuro en condiciones óptimas a las generaciones futuras.

El concurso estuvo dirigido a jóvenes profesionales, estudiantes universitarios o técnicos superiores entre 16 y 35 años de edad, apasionados con la tecnología y la innovación e interesados en desarrollar soluciones tecnológicas orientadas a problemáticas sociales. Los participantes estuvieron conformados por grupos de dos a cuatro personas, quienes el primer día recibieron una inducción sobre las bases y lineamientos del maratón para iniciar el desarrollo de sus proyectos en jornadas de trabajo que culminaron el domingo 11 de agosto a las 5:00 de la tarde.

Los participantes contaron con mentores para guiarlos y apoyarlos durante el proceso y fueron evaluados el último día por un jurado especializado compuesto por Indhira De Jesús, directora del Laboratorio de Inteligencia e Innovación Territorial del INTEC; Elvyn Peguero, especialista en tecnologías de la información y comunicación; Erick Dorrejo, asesor en materia de ordenamiento y planificación territorial; Ángel Fariña, especialista en plataformas tecnológicas; y Erick Barinas, profesional de tecnologías de la información;  para obtener los premios de primer, segundo y tercer lugar, correspondientes a RD$75,000, RD$50,000 y RD$25,000, respectivamente.

En primer lugar ganó el equipo “Inspiring”, conformado por los jóvenes Sarah Severino, Roniel Valdéz, Denys Arturo Rosario Coste y Ninoska Pérez Castillo con su app móvil “ANE”, la cual está vinculada a la adaptación climática por medio de alertas que contribuyan a la toma de decisiones para planificar y reordenar el territorio de acuerdo al grado de vulnerabilidad.

El segundo lugar lo obtuvo el equipo “DevOverflow”, integrado por Sinver Vladimir Aguiló y Pablo Ferreira, quienes desarrollaron el proyecto “MAPADOM”, vinculado a la planificación y el ordenamiento territorial, creando posibilidades de zonificar de acuerdo a atributos de uso de suelo.

El tercer lugar lo adquirió el equipo “Workin”, conformado por Cesar Francisco González, Erica Ross y David Bujosa, quienes elaboraron la app móvil “En Zona RD”, vinculada a la seguridad ciudadana y el ordenamiento territorial por medio del reporte de denuncias de criminalidad, para apoyar a instituciones del orden y advertir a usuarios sobre puntos seguros o vulnerables para la toma de decisiones.

Las instituciones se comprometieron a apoyar los productos ganadores, de modo que se puedan refinar los proyectos diseñados para que sean de utilidad, tanto para entidades del gobierno central, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, expresó que el Tribunal Superior Electoral (TSE), a través de su decisión TSE-027-2019, del 5 de julio de 2019, interpreta correctamente el artículo 58 de la Ley No.33-18 de Partidos y Movimientos Políticos, al disponer que el 20% de las candidaturas reservadas a la máxima dirección colegiada de cada partido se calcula sobre cada nivel de elección (con excepción de la presidencial) y no sobre el universo de las candidaturas, protegiendo de esta manera el derecho a la participación y el principio de democracia interna que ordena la Constitución.

PC entiende que en el caso concreto del PRM conocido por el TSE, de 32 candidaturas existentes a nivel senatorial, se reservaron 29, cuando el límite es 6; de 190 candidaturas a nivel de diputados, se reservaron 112, cuando el tope es 38; de las 158 candidaturas a alcaldes, se reservaron 36, cuando el tope es 32.

Participación Ciudadana había denunciado como ilegal e inconstitucional la interpretación que permitía calcular las reservas sobre el universo y no por cada nivel de elección, y advertido que se prestaba para dejar a las bases del partido las posiciones menos relevantes.

La organización de la sociedad civil opina que “la decisión trasciende el tema de las reservas de candidaturas, pues tuvo que tocar también la obligación de los partidos políticos, en este caso concreto del PRM, de mantener actualizados sus respectivos expedientes administrativos en la Junta Central Electoral (JCE), como lo manda el artículo 19 de la Ley 33-18, puesto que dicho partido alegaba, de forma infundada, que esa obligación solo existe para la fase de reconocimiento de los partidos, aclarando el TSE que es obligación de cada partido y movimiento político ‘depositar por ante la JCE las actas de las decisiones de alcance general que adoptan sus organismos internos, entre las cuales se incluye, como se ha indicado, la relativa a las candidaturas que habrán de ser reservadas por la organización política concernida de cara al proceso electoral general de 2020’. Se trata de la aplicación del principio de transparencia que aplica a los partidos por mandato constitucional, pues no puede existir actas secretas”.

Para PC un tercer aspecto tocado en la decisión se refiere a la capacidad de delegación que tienen los organismos partidarios, que, en opinión del TSE, “frente a un mandato directo del legislador en el sentido previamente indicado, resulta cuesta arriba admitir que ese organismo de máxima dirección colegiada pueda delegar en otro organismo partidario, de una matrícula mucho menor, la adopción de una decisión que, como se advierte, el legislador ha reservado, de forma clara y enfática, al primero”. En el caso del PRM, un organismo integrado por mil miembros delegó una facultad que la ley le atribuía de forma exclusiva, a un organismo integrado por cincuenta miembros.

PC sostiene que se trata de una sentencia de principios, aplicable no solo al PRM, sino a todos los partidos que pudieran encontrarse en una situación similar, por lo que corresponde a cada partido revisar y, si fuese necesario, adecuarse a estas interpretaciones del TSE, y a la JCE tomarlas en cuenta para fines de su aplicación, por lo menos hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional, que está apoderado del tema específico de la reserva de candidaturas.

Participación Ciudadana desea recordar una vez más que el artículo 74.4 constitucional dispone que “los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos”. Esperan que el PRM se acoja a la decisión y la aplique dentro de los plazos que le han sido acordados.

Consejo Nacional
9 de agosto de 2019

Carta-JCE-Simulacro-Voto

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, en el marco del desarrollo de su Programa de Observación Electoral 2020, que busca contribuir con el fortalecimiento de la democracia electoral, mediante la participación activa y responsable de la ciudadanía y sus organizaciones en la observación de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales del 2020, remitió una carta a la Junta Central Electoral reiterando su solicitud de participar como observador en los simulacros de uso de los equipos de automatización del voto.

 “Dando seguimiento a todas las acciones de este proceso electoral, tenemos el interés de conocer, ser parte y estar presente en los cuatro simulacros del proceso de implementación del voto automatizado que están previsto. Lamentamos que por la falta de información y comunicación no pudimos estar en la llamada prueba local el día 24 de julio; hoy 7 de agosto se realiza la prueba regional y aún la JCE no responde nuestra solicitud realizada el 16 de julio. Esperamos que esta situación de silencio pueda ser superada de cara a la prueba focalizada del día 22 de agosto y, finalmente, el simulacro nacional el 08 de septiembre”, expresó el Consejo Nacional de PC en el comunicado.

Participación Ciudadana, entidad de la sociedad civil con experiencia en observación electoral, reitera a la JCE la solicitud para que indique el lugar en cada municipio y hora donde se estarán llevando a cabo cada uno de los simulacros pautados, y, a su vez, el registro de su participación como observador en las pruebas que está llevando a cabo con los equipos que serán utilizados en las primarias del 10 de octubre del presente año, y con toda probabilidad en las elecciones del 2020.

“Nuestra contribución a los procesos electorales incluye el seguimiento al uso de tecnología en las elecciones, para lo cual contamos con una asesoría de expertos extranjeros no vinculados a ningún partido en la República Dominicana, como tampoco al órgano electoral, para asegurar la mayor independencia posible”, señaló el Consejo Nacional de PC.

Destacó que esperan que para la tercera y cuarta prueba puedan ser invitados por la Junta Central Electoral, para lo cual necesitan una reunión previa de los expertos de la JCE con sus especialistas, a fin de poder participar en los simulacros con conocimiento de todos los elementos técnicos necesarios.

Consejo Nacional
7 de agosto 2019

Afirma corresponde al TC despejar la incertidumbre que la interpretación de disposiciones defectuosas pudiera ocasionar, afectando los procesos electorales.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, en el marco del desarrollo de su Programa de Observación Electoral 2020, exhortó al Tribunal Constitucional (TC) a agilizar las decisiones sobre acciones relacionadas con primarias y elecciones.

Mediante un comunicado de prensa, el Consejo Nacional de PC estableció que “al menos veinte (20) acciones directas de inconstitucionalidad han sido interpuestas por ante el Tribunal Constitucional sobre la norma que regirá las primarias y elecciones próximas, de las cuales se han decidido cuatro, quedando aún pendiente las diez y seis (16) restantes.

Indicó que las acciones involucran la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley 15-19 Orgánica de Régimen Electoral, la Ley 157-13 sobre voto preferencial, la resolución de la Junta Central Electoral (JCE) sobre la distribución de la contribución económica del Estado a los partidos políticos para el año 2019, y la Resolución No. 08-2019 de la JCE que instituye el método para la selección de senadores y senadoras para las elecciones de mayo de 2020, relacionada con el arrastre.

La organización de la sociedad civil expresó que “el TC acusa un notable atraso en decidir estas acciones a pesar de que su presidente, el magistrado Milton Ray Guevara había declarado “que los expedientes que tienen que ver con los partidos políticos y electoral están siendo declarados de urgencia con la finalidad de poder hacer algún tipo de aporte al proceso electoral que se avecina, por eso tenemos otra audiencia el 21 de junio”.

Hasta ahora el TC ha decidido cuatro acciones, declarando inadmisible dos de ellas (TC-0215-19 y TC-0063-19) bajo el argumento de que los accionantes enunciaron los textos violados, “sin especificar de forma concreta de qué manera los artículos del texto legal impugnado vulneran la Constitución, ni cuáles  son  los  argumentos  jurídicos  que  justificarían  una  eventual  declaratoria  de inconstitucionalidad de los mismos, pues solo se hacen breves referencias generales, sin  que  en  ningún  momento  se  especifique  cómo  uno  cualquiera de  los  artículos argüidos de inconstitucionalidad coliden con la Carta Magna”. En el primero de los casos contó con el voto disidente de la magistrada Katia Miguelina Jiménez, quien entendió que sí se ofrecieron argumentos.

Para PC las acciones de estas primeras dos decisiones impugnaban artículos relacionados con la filiación a un solo partido y la pérdida automática de la misma cuando se inscribe en otro, al proceso de reconocimiento de los partidos, la prohibición y sanción de la campaña negativa, método de elección de candidatos, cuota de género y de juventud.

La tercera decisión del TC (TC-0214-19) declara no conforme con la Constitución el art. 45, párrafo III de la Ley de Partidos y dispone que debe ser interpretado de tal manera que sean los estatutos de cada partido que decidan cuáles son los organismos competentes para el método de elección de candidatos y el padrón a utilizar y no la cúpula partidaria, como figuraba originalmente en la ley.

La cuarta decisión del TC (TC-0092-19) declaró inconstitucional el artículo 44.6 de la Ley de Partidos que prohibía y sancionaba la campaña negativa por violar el derecho a la libertad de expresión, el principio de razonabilidad y el derecho a la información.

“Las otras diez y seis acciones directas de inconstitucionalidad que quedan pendientes, están relacionadas con temas como el voto dominicano en el exterior, el arrastre del senador por los votos de los diputados, los métodos para escoger candidatos y tipo de padrón, las primarias organizadas por la JCE y apropiación de fondos para las mismas, la obligación de nuevos partidos a ir sin alianzas en el primer proceso electoral en que participen, la limitación de la pre campaña a lo interno de los partidos, la obligación de estar inscrito en un partido para poder ser candidato por él, la reserva de candidaturas y su porcentaje, cuota de género, cuota de juventud, entre otros”, informó el Consejo Nacional de PC.

Expresó también que el Reglamento Jurisdiccional del TC prevé los casos de urgencia, que podrán ser declarados en forma casuística por el pleno o por el presidente del TC, lo que permite que el orden de asignación de casos a las comisiones operativas pueda modificarse para darles prioridad, con la obligación del juez apoderado de presentar el proyecto de sentencia en el más breve plazo posible y cuyo artículo 20 prevé la posibilidad de reducir algunos plazos, siempre que no estén fijados en la ley.

El TC tiene un plazo de cuatro meses a partir la de la audiencia para decidir los casos, aun aquellos no declarados de urgencia, lo que no se ha podido cumplir pues nueve de los casos han sido sometidos durante el último cuatrimestre del año 2018 y solo cuatro de estos casos han sido fallados.

El Consejo Nacional de PC señaló que en ocasiones el TC no puede decidir los casos porque no logra reunir la mayoría calificada de nueve votos que se requieren para tomar una decisión, pero lamentablemente el TC no tiene en su portal la información de cuáles casos se encuentran en estas condiciones, lo que debería corregirse para que los interesados puedan darles seguimiento a sus casos.

“Aunque es correcta la aseveración del Presidente del TC en el sentido de que la responsabilidad es de los legisladores debido al tiempo que estuvieron esos proyectos en sus manos y lo tardía que ha sido su aprobación, no cabe duda de que corresponde ahora al TC despejar la incertidumbre que la interpretación de disposiciones defectuosas pudiera ocasionar, afectando los procesos electorales”, manifestó el Consejo Nacional de PC en el comunicado.

Consejo Nacional
05 de agosto de 2019

Participación Ciudadana (PC) encarece a todos los sectores políticos y sociales que abandonen, al menos por ahora, el debate de reformas constitucionales precipitadas por intereses particulares y coyunturales que tanta incertidumbre y estrés ha ocasionado a la sociedad dominicana en los últimos meses.

La nueva propuesta de 11 puntos para reformas a la Constitución de la República formulada por los dirigentes reformistas Federico Antún y Rogelio Genao, y respaldada por el expresidente Hipólito Mejía, es al menos inoportuna, y debe ser rechazada bajo las siguientes consideraciones:

1. Porque una propuesta de 11 puntos de reformas constitucionales, si ha de ser emprendida con responsabilidad y madurez política, implica consultas y búsqueda de consenso imposibles de lograr cuando al inicio de la próxima legislatura sólo faltarán seis semanas para las elecciones primarias que acapararán la atención nacional.
2. Porque una reforma constitucional que pretenda sentar principios de largo alcance y trascendencia, debe ser emprendida fuera de la coyuntura preelectoral en que ya está el país. Sobre todo, si dentro de 9 meses será renovada la matrícula del Congreso, y porque la mayoría de los actuales legisladores fueron responsables de la amplia reforma constitucional del 2010 y de la muy coyuntural del 2015.
3. Porque la sociedad dominicana tiene pendiente múltiples asuntos, incluso legislativos, que merecen toda la concentración, entre ellos los de la salubridad, con la implementación del modelo de atención primaria, la reforma del Sistema Nacional de Seguridad Social, y la atención al equilibrio fiscal y las recientes sombras sobre el turismo y el crecimiento económico.
4. No descartamos que algunas de las reformas propuestas puedan ser razonables y hasta necesarias, pero evadiremos caer en la distracción de exponerlas por el momento. Lo que sí podemos adelantar de las propuestas es que es absolutamente improcedente e incoherente que, mientras por un lado se acepte que el modelo actual de dos períodos constitucionales y nunca más para los presidentes de la República, es el correspondiente, preferido en diversos momentos por el presidente Danilo Medina y los expresidentes Leonel Fernández e Hipólito Mejía, al mismo tiempo se proponga habilitar al actual mandatario para que pueda volver a postularse, justo cuando concluye el segundo período y nunca más que marca la actual Constitución. No habría fuerza moral para impedir que otros, cuando lleguen a la misma circunstancia, reclamen también que su obra de gobierno les hace merecedores para otra reforma constitucional.
5. Comienza por dividir al mismo partido de los proponentes, por cuanto ya otros dos dirigentes reformistas, Eddy Alcántara y Guillermo Caram, han adelantado su rechazo y afirman que la propuesta no fue aprobada en ningún órgano directivo del PRSC, un partido ya de por sí afectado por divisiones en los últimos años. Prolonga la crisis interna en el partido gobernante, el de la Liberación Dominicana (PLD) donde un sector es opuesto terminantemente a que por ahora se toque la Constitución de la República. Traspasa el estrés al mayor partido de oposición, el Revolucionario Moderno (PRM), donde numerosas voces se han levantado para plantear la improcedencia de la reforma en la coyuntura actual.

Consejo Nacional
29 de julio de 2019

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, presentó su Programa de Observación Electoral 2020, siendo esta la onceava ocasión en que realizan esta iniciativa que busca garantizar la transparencia del proceso electoral y el respeto de la democracia y la voluntad popular en las urnas.

En un acto que contó con la participación de representantes de organismos electorales, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y entidades internacionales, el coordinador general de PC, Heiromy Castro sostuvo que, para el 2020, el país se aboca a un proceso electoral complejo por la realización de las elecciones para los tres niveles con poco tiempo de diferencia, con todas las tensiones y complicaciones que conlleva; sumando a esto la decisión de la Junta Central Electoral de utilizar el voto automatizado generalizado.

“Las dificultades que podrían acompañar las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del 2020 obligan a mantener un programa de monitoreo de mayor amplitud e impacto. PC considera que el momento político que vive el país y los acontecimientos recientes, aun antes del inicio de las precampaña y campañas electorales, constituyen indicadores de los riesgos que enfrenta el sistema político y la débil democracia dominicana. Este panorama implica la necesidad de realizar una observación integral que ya iniciamos en febrero de este año y esperamos culmine en julio del 2020”, expresó Castro.

Informó que en el marco del proceso de observación electoral estarán exigiendo y saliendo al frente a todas las acciones que laceran la institucionalidad democrática, como la compra de voluntades en el Congreso, acuerdos para garantizar la repostulación de los legisladores a cambio de apoyo para modificar la Constitución, ofertas para garantizar impunidad frente a expedientes judiciales, presiones, represión, militarización y cualquier otra actividad que atente contra las ansias de democracia de este pueblo; hechos que serán registrados en los informes finales de observación electoral.

“Cada una de las partes debe cumplir con su deber en este delicado momento para la democracia dominicana. Nosotros estaremos empeñados en superar nuestra experiencia y dedicación, pero no somos actores del proceso, sólo somos ojos, oídos y voz de la ciudadanía. Son los partidos políticos y las autoridades electorales los llamados cumplir y hacer cumplir las regulaciones que establecen las leyes y reglamentos”, manifestó el Coordinador General de PC.

Durante la actividad, se presentó el primer Informe de Observación Electoral 2020, el cual contempla detalles sobre el Período Previo de Precampaña, las campañas electorales a destiempo, las labores del Tribunal Superior Electoral, el arrastre del voto, los reglamentos de Primarias, la automatización del voto, la cuota de la mujer y de la juventud, el índice de aplicación de la Ley No. 200-04, las próximas elecciones en cifras, entre otros temas.

Según los hallazgos de este primer informe, en las elecciones del 2020 se asiste a unas reglas de juego nuevas, que han de asumirse a plenitud. Se trata de la Ley de Partidos No. 33-18, promulgada el 13 de agosto de 2018, y la del Régimen Electoral No.15-19, del 18 de febrero de este 2019. Señala, además, que desde el año pasado y en lo que va del 2019 se ha registrado una agenda infausta con una propaganda y acciones inauditas alrededor de la reelección, y que coloca a la República Dominicana como el único país con tres reformas constitucionales, apenas en la quinta parte del Siglo XXI.

El abogado y coordinador de la Comisión de Análisis Político de PC, Francisco Álvarez, aseguró que para evitar que se incumplan dos de los cuatro principios en que descansa el régimen electoral dominicano por mandato constitucional, que son la equidad y la transparencia, los cuales deben ser garantizados por la JCE, “debemos poner nuestros ojos sobre los recursos manejados por los partidos y movimientos políticos y sus precandidatos y candidatos, comenzando por el origen de estos hasta la forma en que son usados”.

“Pueden ustedes y todo el país tener la seguridad de que, por onceava ocasión consecutiva, Participación Ciudadana realizará su trabajo en la forma acostumbrada, con entera libertad, con independencia y con la mejor intención”, afirmó Álvarez.

 PC informó que se implementará un proceso de observación de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales en el torneo electoral del 2020, y que mediante su Plan de Observación Electoral 2020, se impulsará la participación de la ciudadanía a través de la mejora de capacidades para avanzar en ejercicios ciudadanos de auditoría social que alerten sobre la ocurrencia de prácticas ilícitas que atenten contra la legitimidad del proceso democrático; indicando que se conformará una red de voluntarios/as de aproximadamente cuatro mil personas de todo el territorio dominicano.

Participación Ciudadana invitó a todos los ciudadanos y ciudadanas del país a que se integren, sean observadores electorales y ejerzan su derecho al voto de manera consciente, destacando que “cada uno de nosotros decidimos el futuro de nuestro país, a cada uno de nosotros nos debe importar que se realicen elecciones transparentes para que no se atente contra la democracia dominicana. No es un trabajo solo de Participación Ciudadana, de la JCE, de los partidos y los candidatos, es de todos y todas. Es nuestro país, es nuestra democracia, no dejemos que se debilite más, no dejemos que la corrupción, la explotación de nuestros recursos y el afán de poder sigan carcomiendo a nuestra República Dominicana”.

Consejo Nacional
17 de julio de 2019

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El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, y el Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE), presentaron la campaña “Monitoreando” que busca la integración de la ciudadanía en los mecanismos de participación social y los procesos de monitoreo de los recursos públicos locales que son usados para construcciones públicas, así como llamar a las autoridades locales a manejar estos recursos con transparencia aplicando lo estipulado en la Ley No.340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

La campaña, que lleva como slogan “’Por construcciones públicas municipales transparentes y de calidad”, está dirigida a los munícipes, autoridades locales, funcionarios públicos, líderes y lideresas comunitarios/as e integrantes de organizaciones sociales en los municipios de Azua, Baní, Barahona, San Juan de la Maguana, San José de Ocoa y San Cristóbal; y forma parte del proyecto “Promoviendo la Participación Ciudadana, la Veeduría Social e Incidencia en la Gestión Local”, que desarrollan ambas instituciones, con el apoyo de la Unión Europea.

“Monitoreando busca que los munícipes ejerzan el derecho que tienen de acceso a las informaciones en sus ayuntamientos, tal como lo estable la Ley No. 200-04 de libre acceso a la información pública; que demanden y vigilen la efectiva y correcta aplicación de los procedimientos establecidos en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y que estén alineados al ordenamiento jurídico vigente y a los principios de una buena administración”, expresó Carlos Pimentel, director ejecutivo de PC.

Añadió que a través de la campaña se informará a la ciudadanía sobre los procesos correctos y herramientas pertinentes para vigilar, fiscalizar y controlar los procesos de compras y contrataciones para la realización de obras públicas municipales; se sensibilizará sobre la importancia de exigir una gestión municipal transparente y de calidad; y se propiciará el diálogo entre las autoridades locales y las organizaciones de la sociedad civil para debatir sobre las problemáticas locales y la efectiva y correcta aplicación de las normativas que rigen la municipalidad.

“Monitoreando” tendrá una duración de un mes y contará con tres líneas de acción que incluyen mesas de diálogo entre las autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil, jornadas de movilización ciudadana y promoción de los mensajes a través de las redes sociales.

La apertura de la Campaña se llevó a cabo en el municipio de San José de Ocoa en el Parque Libertad, y contó con la presencia de autoridades locales, representantes de diversos sectores sociales, medios de comunicación, líderes/as comunitarios/as y público en general.

El 31 de mayo será presentada en Barahona; el 06 de junio en Bani; 08 de junio en Azua; 12 de junio en San Cristóbal; y el 14 de junio en San Juan de la Maguana.