Santo Domingo, República Dominicana. En el marco del proyecto Acción Ciudadana por una Administración Pública que Garantice los Derechos Humanos, que implementa Participación Ciudadana en alianza con Ciudad Alternativa, Fundación Solidaridad y Oxfam, con el financiamiento de la Unión Europea (UE), el movimiento cívico, dio a conocer la tarde de este lunes los hallazgos del estudio “Evolución de la Carrera Administrativa y Especial en la República Dominicana: a 8 años de la entrada en vigencia de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END)”, a través del cual presenta un informe detallado de la situación actual de la carrera administrativa dominicana.

El director ejecutivo de Participación Ciudadana, Carlos Pimentel, aseguró que a raíz de esta investigación se evidencia que, pese a las políticas implementadas, los avances en materia de aumentar el número de funcionarios que son de carrera dentro del Estado Dominicano pueden considerarse insuficientes.

“A toda luz los datos expresan que apenas un cuarto de los empleados públicos registrados en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública puede considerarse de carrera, cuando los objetivos establecidos desde la Estrategia Nacional de Desarrollo a 8 años de su implementación marcan claramente una meta de que un 100% de los empleados públicos fueran considerados de carrera, por lo que a un avance del 80% del tiempo establecido estamos muy lejos de la meta”, destacó.

El estudio revela además que, la precisión de los ingresos de empleados públicos por concurso a la carrera administrativa se ve altamente afectada por la falta de datos estadísticos específicos para varios años, así como también, no se encuentran disponibles datos precisos que permitan determinar si los ingresos a carrera administrativa por concurso fueron aperturados para concurso externo.

Otras irregularidades que se pudieron verificar es la insuficiencia del presupuesto para el proceso de formación de los funcionarios públicos, así como, el hecho de que no existe una coordinación entre todas las instituciones de formación y capacitación, lo que hace que exista insuficiencia, dispersión y duplicidad de muchos procesos de formación.

Las instituciones involucradas en la elaboración del documento indicaron que, al realizar entrevistas a los funcionarios en las diferentes escuelas de formación, encontraron que no existe un protocolo de inducción para los funcionarios de nuevo ingreso, lo que dificultad la incorporación a sus funciones y ralentiza el servicio que está llamado a ofrecer.

A partir de las realidades que han podido constatar, ofrecen las siguientes recomendaciones:

• Dado el vencimiento del plazo en 2015 para que los funcionarios públicos ingresaran a la Carrera Administrativa por evaluación interna, se debe sincerar la cantidad de funcionarios que no cumplen con la formación profesional de carrera y establecer los criterios para que cumplan este requerimiento. Estudiar las remuneraciones salariales recibidas por los empleados públicas, ya que el 55% de los empleados registrados en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) ganan menos de la canasta familiar básica dominicana.
• Indagar sobre la decisión del Ministerio de la Administración Pública (MAP) de suspender la aplicación de la Carrera Administrativa desde el año 2013 hasta la fecha, ya que esta es una violación flagrante a la Ley 41-08 y la END, que ha afectado en sus derechos constitucionales y legales a decenas de miles de servidores públicos.
• Plantear una modificación de la Ley 41-08 de Función Pública para adecuarla a los tiempos que actualmente corren, sincerando las metas establecidas e incluyendo aspectos importantes como la inclusión de los empleados de servicios generales, que constituyen un tercio de los empleados públicos.

“Desde Participación Ciudadana, entendemos que hoy más que nunca es necesario cumplir con el mandato de la Ley 41-08, respecto al fortalecimiento de la carrera administrativa, que garantice estabilidad al funcionario, y en consecuencia esto generará un mayor compromiso de los funcionarios públicos en sus funciones, así como una mejora en la calidad de los servicios públicos”, expresó Carlos Pimentel, director ejecutivo de PC.

 Consejo Nacional
27 de abril de 2020

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Santo Domingo. República Dominicana. El sistema de salud de nuestro país está en crisis, no es posible seguir ocultando esta situación, la cual cada día se evidencia con las decenas de muertes y miles de afectados, siendo el corredor Duarte uno de los que tiene la mayor carga de víctimas, con el 76% de los confirmados con el COVID-19 y el 78% de los fallecidos, según el boletín epidemiológico número 34 del Ministerio de Salud Pública.

Esto se evidencia, principalmente por el poco acceso a las pruebas y tratamiento del COVID-19, lugares inadecuados para aislamiento, unidades de cuidados intensivos muy limitadas, prácticamente ningún seguimiento a los pacientes en aislamiento domiciliario y mucho menos a los familiares y personas que han tenido contacto con aquellos que han dado positivo a la prueba, así como una peligrosa precariedad en el cuidado que requiere el personal de salud.

Así lo expresaron, los integrantes de La Red Ciudadana por la Seguridad y la Justicia, quienes a través de un comunicado de prensa,  afirmaron que sin ánimos de alarmar a la población, y conscientes del hecho de que no todas las muertes que se producen en las casas, clínicas y hospitales están vinculadas al virus, no menos cierto es que no es posible que en una familia así como los vecinos de esta, fallezcan prácticamente en una misma semana y con la misma condición; neumonía o paro respiratorio y posible COVID-19, según constan en las actas de defunción.

“Lo más preocupante para nosotros es la actitud de las autoridades, quienes aseguran que no existe un subregistro de muertes y casos confirmados de COVID-19 en el país, sin embargo, a estas personas no les hacen las pruebas y mucho menos se les da seguimiento a las familias ni a quienes estuvieron vinculadas en los últimos 15 días. Pasan los días y otros familiares presentan síntomas y no hay forma de vincularlos con esos fallecimientos, ya que no son parte de los 3,504 casos que se encuentran en aislamiento domiciliario como plantea el informe de Salud Pública”, expresa el comunicado.

La Red Ciudadana por la Seguridad y la Ciudadana, pidió este viernes al Ministerio de Salud Pública que sean realizadas las pruebas a los fallecidos que presentan la patología y en sus actas de defunción plantean posible COVID-19, para que puedan darles seguimiento a los familiares y a todos aquellos que tuvieron contacto con ellos, y con ello detener el subregistro y la expansión del virus.

“De igual manera, queremos agradecer y reconocer a todas las personas vinculadas al área de salud: médicos, enfermeras, personal del área de limpieza, bioanalistas y a todos aquellos que cada día acuden al llamado de la responsabilidad y la solidaridad para acompañar a todas las personas que padecen o están en estado delicado debido al COVID-19, poniendo en riesgo su salud y su vida”.

Sobre la Red Ciudadana por la Seguridad y la Justicia
La Red Ciudadana por la Seguridad y la Justicia, es un espacio de coordinación diverso, formado por instituciones y organizaciones de base de la sociedad civil, con el propósito de generar sinergias de manera mancomunada para el impulso de acciones formativas y reflexivas que contribuyan a elevar la conciencia ciudadana en torno a sus derechos, deberes y valores; para incidir en la seguridad ciudadana y la buena aplicación de la justicia. Tiene cobertura en el Corredor Duarte, integrado por las provincias de Puerto Plata, Santiago, La Vega, San Francisco de Macorís, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Red Ciudadana por la Seguridad y la Justicia
24 de abril del 2020

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana (PC), demandó control y fiscalización a los poderes extraordinarios otorgados al Poder Ejecutivo por el Congreso Nacional durante el estado de emergencia, recordando al Poder Legislativo que dos de sus funciones son el control y fiscalización de los recursos públicos en representación del pueblo dominicano, particularmente en momentos como el que se vive actualmente.

 El Consejo Nacional de PC señaló que el mandato constitucional del artículo 266.2, impone al Presidente de la República “informar al Congreso, de forma continua sobre las disposiciones que haya tomado y la evolución de los acontecimientos”, máxime que el estado de emergencia no exime a ninguna autoridad y demás servidores públicos del cumplimiento de la Ley y de sus responsabilidades de acuerdo con el numeral 4 de dicho artículo. “Un solo informe ha sido recibido por la Comisión Bicameral designada para tales fines”, destacó.

“En forma sorprendente y vergonzosa el Congreso Nacional prácticamente ha dejado de sesionar por temor al contagio, cuando bien, cada cámara puede elegir algún salón donde pueda guardar la distancia necesaria entre sus miembros, y tomar otras medidas de protección más seguras que las que se suministran al personal sanitario que cada día arriesga su vida sin tener la compensación que tienen los congresistas”, manifestó.

Indicó que, ante denuncias de irregularidades y actos de corrupción en las compras públicas relacionadas con los indispensables suministros sanitarios que requiere el país, donde por lo visto algunas personas pretenden enriquecerse ilegalmente aprovechando en forma indiscriminada estos poderes extraordinarios, el Congreso debió inmediatamente interpelar a los responsables para que rindan cuentas sobre los hechos denunciados.

Añadió que esta labor fiscalizadora ha debido ser realizada para monitorear las ejecutorias y políticas que implementan los demás órganos que conforman las Comisiones Especiales, los programas como Quédate en Casa y Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE), los cuales deben rendir cuentas de sus gestiones al Legislativo y al país.

“El ausentismo de los senadores y diputados, especialmente en el control y fiscalización a los poderes otorgados al primer mandatario de la nación, es una negación de la debida representación que le han otorgado los electores. Participación Ciudadana reafirma su compromiso de mantenerse firme en el monitoreo de las políticas públicas en tiempos de pandemia, para prevenir los riesgos de corrupción; y hace un llamado a la ciudadanía a seguir las medidas de higiene y distanciamiento social expresadas por las autoridades de salud para preservar su integridad, la de sus familiares y la de todos aquellos que les rodean”, concluyó el Consejo Nacional de PC en un comunicado de prensa.

Consejo Nacional| 19 de abril de 2020

Santo Domingo, República Dominicana. Luego de una jornada de cuatro días de trabajo colaborativo totalmente virtual, la aplicación móvil denominada “COVIDHELP”, ganó el primer lugar del 1er hackathon virtual del país, “Innovando en Cuarentena”, actividad realizada por el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), en colaboración con Participación Ciudadana, el Laboratorio de Innovación para la Democracia (InnovaLab), Cámara TIC y el Sistema de las Naciones Unidas en República Dominicana (ONU RD).

“COVIDHELP es una aplicación para ayudar a las personas mayores de 65 años, personas diabéticas y hipertensas. Con ella, contribuiremos al control de aislamiento de estos grupos y a facilitar sus necesidades del día a día. Les asistiremos en la gestión de alimentos y medicinas, tomando en cuenta su geolocalización. También servirá para gestionar voluntarios y voluntarias que ayuden a estas personas con asistencia médica y diligencias del hogar”, explicó Kemberly Abad, líder del equipo ganador, integrado también por Rafael Fernández Castillo, Eladio Junior Rodríguez y Dahiana Mariana Vásquez.

El premio otorgado a este equipo consistió en una laptop para cada ganador, RD$10,000 en bonos y dos becas de cursos virtuales de la oferta de Educación Permanente del ITLA.

“Innovando en Cuarentena”, iniciativa que buscaba hacer una convocatoria social para promover la innovación tecnológica que permita dotar a la sociedad de herramientas para contrarrestar los efectos de la actual pandemia del COVID-19, contó con la participación de 22 equipos conformados por más de 60 jóvenes, los cuales pasaron por una ronda de presentación de eliminatoria, de la cual resultaron finalistas solo 16 equipos.

En segundo lugar ganó una aplicación móvil educativa llamada “COVINTENA”, que promueve medidas de seguridad sobre el COVID-19 de manera entretenida. Constará de tres módulos: Informativo, Modo Vago y Juegos. En el primero, se divide en seis secciones, se explicarán desde qué es el nuevo Coronavirus y sus orígenes, hasta medidas y consejos de prevención. En el segundo, se mostrarán recomendaciones de libros, películas, series, y música divida en género para el disfrute del usuario. En el tercero, habrá trivias y un heads up, además de un juego llamada Flappy Virus.

La App fue propuesta por los jóvenes Félix Rafael García, Kelvin Rafael Calcaño, Lizbeth Marie Brito y Tito Matos, quienes ganaron tablets, RD$10,000 en bonos y dos becas de cursos virtuales de la oferta de Educación Permanente del ITLA.

El tercer lugar lo obtuvo “Salida Segura”, una aplicación móvil para la generación de tickets para control y gestión de permisos para transitar durante la cuarentena y toque de queda por sector, horario y fechas. Fue presentada por los jóvenes Luz Rosario, Aydee Rodríguez, Adriana Selman y Sebastián Pérez, quienes tuvieron como premio un asistente digital Alexa Echo para cada ganador y RD$5,000 en bonos.

Estos proyectos llegaron a la fase de prototipo y a partir de ahora pasan a recibir asesoría del InnovaLab y el Centro Mipyme de Transformación Digital ITLA, para la gestión de capital que permita llevarlos a la fase de desarrollo y lanzamiento al mercado.

El jurado del primer hackathon virtual de República Dominicana estuvo integrado por el Lic. Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana; el Ing. Mite Nishio, 1er Vicepresidente de Cámara TIC; el Lic. Jason Grullón, especialista de proyecto de sociedad civil y gobierno de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); y el Ing. Sandy Ramírez, Oficial de Exploración del Laboratorio de Aceleración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

14 de abril de 2020

La propagación en el país del COVID-19 ha puesto en evidencia la crisis del sistema de salud, situación que se agudiza con decenas de muertes y miles de afectados que sufren un difícil acceso a las pruebas de detección y tratamiento, debido a la escasez de insumos, de lugares adecuados para aislamiento, unidades de cuidados intensivos y una peligrosa precariedad en el cuidado que requiere el personal de salud.

A dos décadas de las reformas legales y estructurales del sistema de salud, lejos de ofrecer servicios de calidad y amplia cobertura, sigue siendo un bien escaso, como indican las miles de personas muriendo cada año por causa de enfermedades prevenibles o curables, elevadas tasas de mortalidad materna y neonatal, y el incremento de las enfermedades catastróficas no transmisibles.

Es grave que, con más de cuatro millones de afiliados en el régimen contributivo del seguro familiar de salud, este maneja más de 60 mil millones de pesos anuales y, sin embargo, esto no garantiza el pleno acceso a los afiliados, por los altos copagos que exigen médicos, clínicas, laboratorios y farmacias, que superan el 45% del gasto en salud de las personas.

Ese modelo de seguridad social en salud tiene que cambiar
En el actual contexto de salud impactado por el COVID-19, estamos frente a una nueva oportunidad para marcar un punto de inflexión en nuestro sistema de salud y empezar a colocar los hitos que transformaran definitivamente las carencias críticas que lo caracterizan. En ese sentido, se hace imperioso y urgente priorizar el gasto en este sector, en infraestructura, personal, prevención e investigación y se requiere aplicar de manera efectiva la atención primaria. Esta coyuntura deberá ser un acelerador para la demandada y necesaria incorporación de las políticas de salud en las reformas sociales, económicas e institucionales. Este es un reto ineludible de las próximas autoridades nacionales.

Transparencia y calidad de la inversión en salud
En la situación sanitaria y económica que vive el país, los poderes excepcionales que han sido asignados al Poder Ejecutivo deben ser utilizados con la mayor transparencia y las mejores prácticas administrativas. No es momento para que nadie obtenga ganancias a costa de los escasos recursos que disponemos. Participación Ciudadana entiende que el Estado debe eliminar cualquier intermediación en las compras de los insumos masivos que se requieren y tal como han hecho otros países, asumir directamente las compras. Se necesita que se publiquen los precios de los proveedores de origen, más los gastos para colocarlos en el territorio nacional.

El país no puede permitirse el lujo de usar empresas privadas en compras de miles de millones que les reportarán enormes ganancias y que ningún organismo del gobierno, incluyendo nuestro servicio exterior, pueda hacer directamente estas gestiones de compra, multiplicando así su rendimiento. Tampoco se puede entender que un candidato presidencial tenga los recursos y la capacidad para enviar aviones a China a traer insumos y que el gobierno dominicano no pueda hacer lo mismo. El Estado tiene, en este momento, prácticamente el monopolio de la demanda, por tanto, es el más indicado para adquirir directamente esos insumos y hacerlo sin dejar dudas sobre su honestidad y capacidad administrativa. No nos oponemos a que cualquier particular gestione directamente sus donaciones, pero consideramos que, en este contexto, los recursos públicos no deben ir a manos de intermediarios.

En respuesta a las críticas que han suscitado los recientes concursos, debido a los exorbitantes precios asignados, el Gobierno se vio obligado a cancelar los mismos, retrasando así un abastecimiento que es de vida o muerte. También ha designado una Comisión de Veeduría, a la cual no nos oponemos puesto que en esta situación se demanda la colaboración de todo el mundo. Ya Transparencia Internacional ha alertado sobre los riesgos de que las crisis y estados de emergencias se presten para el enriquecimiento de unos pocos.

El caso del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), pone nueva vez en evidencia los riesgos de corrupción en las instituciones públicas y aún más en el marco de una crisis sanitaria y con una declaratoria de emergencia. Desde Participación Ciudadana esperamos la continuidad de la investigación y el establecimiento de las responsabilidades penales.

La Comisión de Veeduría puede ayudar vigilando las adquisiciones y contrataciones que se hagan, recogiendo información en los demás países sobre los precios de mercado de los productos que se demandan, a fin de identificar las mejores opciones. No basta con que se cumplan ciertos requisitos de concursos públicos. Si algún poder excepcional debe aplicarse en este momento, es reducir al mínimo la intermediación y las ganancias particulares. Todos los recursos públicos se deben emplear con el fin fundamental de salvar vidas.

El Gobierno Central y, específicamente, el Ministerio de Hacienda, deben publicar, cada semana, cómo se van asignando los 32 mil millones de pesos de emergencia, y cuál es el ahorro que están obteniendo con más de 100 instituciones cerradas, con el propósito de discutir la reestructuración y priorización del presupuesto de 2020.

Participación Ciudadana expresa una vez más su solidaridad con las familias que hoy sufren tantas dificultades para afrontar las urgencias de atención sanitaria, pérdida de empleos y medios de sustento, aislamiento y ansiedad. Sobre todo, expresa su solidaridad a las familias que ya han sufrido la partida de seres queridos.

Consejo Nacional
9 de abril de 2020

Este es un sencillo librito para leer en familia: papás e hijos, como una herramienta didáctica que da pie para platicar de la contingencia y compartir dudas e inquietudes. Para obtener información más detallada y consejos para la cuarentena, puedes buscar en línea en la página de la Organización Mundial de la Salud. Entra aquí: who.int/es

Descargar: Los días en que Todo se detuvo

Autor: Pixelalt

Santo Domingo, República Dominicana. Ante la crisis actual provocada por el COVID-19, el Movimiento Cívico Participación Ciudadana, presentó la mañana de este miércoles la guía para la Seguridad Ciudadana del Municipio en Tiempos de Emergencia, la cual plantea 21 recomendaciones, a fin de fomentar la actuación responsable de los organismos del Estado y de la ciudadanía para contribuir a combatir esta pandemia global.

A través de un comunicado de prensa, Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana, afirmó que en estos momentos es vital accionar de manera prudente para prevenir el contagio de este virus y con ello controlar que las consecuencias sociales, políticas y económicas sobre nuestro país pasen a mayores.

“Desde Participación Ciudadana, continuamos aunando esfuerzos que contribuyan al bienestar de cada uno y cada una de los ciudadanos y ciudadanas. Es por ello que hemos puesto a la disposición de toda la población una serie de recomendaciones para mitigar el riesgo y el impacto ante esta crisis sanitaria”, agregó Pimentel.

La guía 21 Recomendaciones para la Seguridad Ciudadana del Municipio en Tiempos de Emergencia ha sido diseñada en un esfuerzo conjunto de la organización de la sociedad civil con el apoyo de la Red Ciudadana por la Seguridad y la Justicia, a través de la cual responden de manera práctica ante esta situación global.

“Desde Participación Ciudadana, invitamos, además a toda la ciudadanía a ser prudente, a seguir las recomendaciones de los organismos oficiales, así como las disposiciones de las autoridades, a fin de cuidar y garantizar nuestro bienestar y el de nuestra familia. Es por ello que les exhortamos a ser precavidos y diligentes. Esta crisis solo podremos superarla con el trabajo de todos y todas”, expresó el director ejecutivo de Participación Ciudadana, Carlos Pimentel.

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Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, manifestó que todos los informes de seguimiento del COVID-19 indican que el 17 de mayo no habrá condiciones para la celebración de las elecciones presidenciales y congresuales pautadas constitucionalmente para esa fecha y mucho menos para una campaña electoral previa.

La organización de la sociedad civil afirmó que el pico de la pandemia no se ha alcanzado y algunos prevén que se podría alcanzar en el mes de mayo, o incluso junio, sin contar el tiempo que tome aplanar la curva luego de alcanzado el pico, creando condiciones para los inevitables conglomerados de personas que se producen alrededor de las elecciones, desde los entrenamientos de los miembros, delegados y observadores de los colegios electorales, hasta las filas para votar y luego en el conteo de los votos.

"Desde Participación Ciudadana entendemos que el país necesita concentrarse en los esfuerzos destinados a controlar el contagio del COVID-19, pero quiérase  o no, desde ya la incertidumbre  de las elecciones podría desviar esos esfuerzos a los temas electorales, sobre todo de campaña, por lo que se hace ineludible tomar en lo inmediato las decisiones que permitan fijar la nueva fecha, tanto de la primera como de la segunda vuelta, si a ello hubiere lugar, ambas antes del 16 de agosto, fecha en que inexorablemente termina el mandato de las actuales autoridades presidencial, vicepresidencial y congresual", expresó el Consejo Nacional de PC en un comunicado de Prensa.

La entidad destacó que tampoco es realista un optimismo sin base que lleve a fijar fechas que no se puedan cumplir y volver a suspender las elecciones, con la carga de incertidumbre que esto generaría, por lo que lo correcto es pensar desde ahora en la última fecha posible, sobre todo, porque ahora se incluye la necesidad de que varios países levanten la prohibición de voto de los dominicanos en sus territorios.

Participación Ciudadana por las razones expresadas, es de opinión que la Junta Central Electoral debería ajustar el calendario electoral, de la siguiente manera:

1. Campaña electoral para elecciones de primera vuelta desde el 14 de junio al 10 de julio.
2. Elecciones en primera vuelta el 12 de julio.
3. Campaña electoral, si hubiese segunda vuelta, desde el 14 de julio hasta el 24 de julio.
4. Elecciones en segunda vuelta el 26 de julio.
5. Toma de posesión de las nuevas autoridades el 16 de agosto.

El Consejo Nacional de PC señaló que estas decisiones deben ser adoptadas por la Junta Central Electoral en el marco de un acuerdo con los partidos políticos, sin pérdida de tiempo, a fin de frenar todos los esfuerzos directos e indirectos de campaña política en estos momentos y las incertidumbres que desvían la atención que debe estar concentrada en la salud de la población dominicana.

"El gobierno encabezado por el presidente Danilo Medina debe aportar su cuota de responsabilidad y hacer un llamado al liderazgo nacional partidario, empresarial, laboral, social, religioso, de profesionales de la salud, a fin de enfrentar unidos la crisis sanitaria existente, e incorporarlos a las distintas comisiones existentes, incluyendo aquellas relacionadas con las compras y contrataciones, para rodearlas de la mayor transparencia posible", alegó.

Consejo Nacional
5 de abril de 2020

64 jóvenes conformados en 21 equipos presentarán soluciones digitales a la pandemia del Coronavirus.

Santo Domingo, República Dominicana. El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), en colaboración con Participación Ciudadana, el Laboratorio de Innovación para la Democracia (InnovaLab), Cámara TIC y el Sistema de las Naciones Unidas en República Dominicana (ONU RD), presentaron este sábado el primer hackathon virtual realizado en el país, “Innovando en Cuarentena”, con el propósito de hacer una convocatoria social para promover la innovación tecnológica que permita dotar a la sociedad de herramientas para contrarrestar los efectos de la actual pandemia del COVID-19.

Con una duración de cuatros días de trabajo colaborativo en modalidad virtual, esta iniciativa busca presentar soluciones digitales, en plataforma web o móvil (iOS & Android) para luchar contra la crisis sanitaria por Coronavirus, incentivando al distanciamiento social, el trabajo remoto, la generación de consciencia en niños y adultos, y la adopción de medidas de higiene y salubridad.

El rector del ITLA, José Armando Tavárez, expresó que “los participantes podrán presentar propuestas de diseños innovadores de equipos y suministros de protección de la salud que puedan ayudar a encontrar soluciones rápidas, económicas y con posibilidad de manufactura local ante una hipotética falta de estos, así como cualquier otro tipo de dispositivo tecnológico para luchar contra la crisis de la pandemia del COVID-19”.

Dirigidz a estudiantes universitarios, desarrolladores de Software, emprendedores, diseñadores gráficos, educadores, especialistas de la salud, comunicadores y científicos, este hackathon virtual cuenta con más de 60 participantes conformados en 21 equipos, quienes también podrán desarrollar repositorios de datos, simulaciones y/o videojuegos, plataformas de reportes a la ciudadanía y proyectos de emprendimiento sostenible.

“Todos y todas debemos buscar la manera de aportar para hacer frente a los efectos provocados por el Coronavirus. Con esta iniciativa, damos la oportunidad e impulsamos a estos jóvenes para poner sus conocimientos y habilidades al servicio de una buena causa”, manifestó el director ejecutivo de Participación Ciudadana, Carlos Pimentel.

“En estos momentos es crucial la participación y movilización de todos los sectores de la sociedad para contener el COVID-19, mitigar su impacto y prepararnos para una recuperación acelerada. El Sistema de las Naciones Unidas en RD se une a esta iniciativa de búsqueda de soluciones innovadoras y por esta razón estamos presentes con nuestras agencias, fondos y programas para colaborar a que se fortalezca aún más con la visión integral, multisectorial y de sostenibilidad, sin dejar a nadie atrás”, expresó Mauricio Ramírez Villegas, Coordinador Residente de ONU RD.

Durante el hackathon, realizado con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), los concursantes sostendrán encuentros virtuales con mentores y jurados para medir el progreso de cada proyecto y la relevancia de los prototipos presentados. El día de la presentación final, siete de abril del año en curso, se seleccionarán tres equipos ganadores, quienes dependiendo del lugar en que quede, obtendrán laptops, tablets, Asistente Alexa, bonos y becas como premios.

El lanzamiento del primer hackathon virtual de República Dominicana, “Innovando en Cuarentena”, transmitido en vivo por el canal de Youtube del ITLA (youtube.com/watch?v=cJjsQW7WysY), contó con la participación de Yenny Neira, asesora de Inmunizaciones y parte del Equipo de Respuesta de la Pandemia de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Organización Mundial de la Salud (OMS) en el país, y Mildred Samboy, Oficial de Alianzas y Financiación para el Desarrollo de la Oficina del Coordinador Residente del SNU-RD, quienes impartieron la conferencia magistral “Situación actual de la pandemia del COVID-19: Principales Desafíos para la República Dominicana con una mirada a las Alianzas y el Principio de Inclusión.

También se expuso la conferencia “Retos relativos a noticias falsas y desinformación”, a cargo de Elena Nápoles Rodríguez, Oficial de Comunicación e Información de la Oficina Regional de Cultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO) para América Latina y el Caribe, y Franklin Tejada, Asistente de Programas para República Dominicana, Oficina UNESCO Regional de Cultura para América Latina y el Caribe, Oficina Multipaís del Caribe Latino, Cuba, República Dominicana y Haití.

04 abril de 2020