Introducción
El año 2003 registró una de las peores crisis financieras de la historia nacional, con una secuela de devaluación e inflación que ha degradado extraordinariamente el nivel de vida de la población, acentuando la pobreza que afecta a la mitad de los dominicanos y dominicanas.
La quiebra de tres bancos mostró en toda su crudeza la falta de fiscalización sobre los grandes intereses económicos, y la capacidad de sectores privados para comprar complicidades y silencios, en una dramática expresión de la corrupción que corroe importantes segmentos de la vida nacional.
Al enfrentar la crisis bancaria las autoridades nacionales violentaron los procedimientos legales, como lo hicieron en otros ámbitos, configurando una tendencia al desconocimiento del armazón jurídico en que descansa la nación.
Con más de 200 muertes a manos de agentes policiales en los llamados "intercambios de disparos", nos acercamos al récord histórico de los años 1999-2000, constituyéndose en una alarmante violación de derechos humanos.
En el ámbito político, el Diálogo Nacional quedó estancado, lo mismo que las iniciativas de reformas legislativas y la lucha contra la corrupción, mientras asistíamos a un gravísimo deterioro del sistema de partidos y a un preocupante debilitamiento del órgano de arbitraje electoral.
1.- La economía dominicana en el 2003
Con una aguda crisis bancaria, un decrecimiento del producto bruto interno que desde 1990 había mantenido un crecimiento continuo , una devaluación de la moneda cercana al 100 cien por ciento y una tasa de inflación superior al 40 por ciento, el año 2003 se caracterizó por una crisis económica que deterioró el nivel de vida y la autoestima de la población dominicana.
Tras dos años de choque externo de múltiples facetas, incluyendo recesión de la economía mundial, altos precios del petróleo, temor, incertidumbre y guerras, cuando ya parecía que lo peor del impacto de ese entorno internacional comenzaba a ser superado, y que esto constituiría un alivio para la economía dominicana, entonces surge la debilidad institucional que rodeaba todo lo relativo a la normativa y la fiscalización bancaria, se descubre el enorme agujero de BANINTER, seguido después por los casos de BANCREDITO Y BANCO MERCANTIL, y la forma alegre como las autoridades decidieron traspasarle a toda la población los compromisos contraídos por dichos bancos, en abierto desafío al ordenamiento jurídico establecido para afrontar casos como estos.
Al terminar el presente año, la operación de salvamento bancario ya ronda los RD$100 mil millones, para un país cuya emisión monetaria antes de la crisis era de apenas RD$38 mil millones. La primera decisión de las autoridades se transformó en una monumental emisión inorgánica de dinero, responsable principal de la devaluación de la moneda en el mercado, y más adelante, en un intento de recoger y mantener fuera de circulación una parte de ese dinero emitido, la segunda decisión fue la colocación masiva de certificados del Banco Central, convirtiendo en pública una enorme deuda privada.
Los altos intereses que ha ofrecido el Banco Central para colocar los certificados han generado cuantiosas pérdidas a la institución emisora, convirtiéndose en un déficit cuasifiscal que ahora tiene que pagar toda la población.
Los esfuerzos del gobierno por limitar el impacto de la devaluación sobre los precios de la electricidad y el gas propano, lo indujeron a prometer subsidios en los momentos en que menos recursos tenía para pagarlos, ocasionando el recrudecimiento de los apagones y el desabastecimiento de gas.
Al mismo tiempo, las presiones sobre el presupuesto público que se derivan del acrecentado servicio de la deuda externa, del subsidio y del déficit cuasifiscal, han obligado a prácticamente paralizar las inversiones públicas, reducir los servicios básicos que se suministran a la ciudadanía y a una acentuada política de establecimiento de nuevos impuestos.
Las políticas restrictivas en el orden monetario (más encaje legal y tasas de interés altas) y en el orden fiscal (más impuestos, menos inversión y menos servicios) no podían sino deprimir el funcionamiento del aparato productivo interno, generalizando el desempleo, lo cual se ha juntado con una sustancial caída del salario real promedio y los más precarios servicios públicos, para anular de golpe casi todas las mejoras en las condiciones de vida de la población pobre y de la clase media, que se habían conquistado a lo largo de doce años de crecimiento.
Finalmente queda lo positivo, y es que con la devaluación y la mejora del contexto internacional se han dinamizado los sectores generadores de divisas, aunque no lo suficiente para contrarrestar la menor actividad de los sectores que abastecen el mercado interno, de modo que el PBI termina disminuyendo en algo más de un 1%. Pero gracias a la bonanza del sector externo, por primera vez en varios decenios el país generó un superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, lamentablemente neutralizado por la gran fuga de capitales, a consecuencia de la desconfianza que todo este panorama ha generado.
2.- En lo político e institucional
En este ámbito lo más relevante es la crisis que ha afectado profundamente a dos de los tres partidos mayoritarios del sistema político así como a varios de los llamados emergentes o minoritarios.
La ausencia de mecanismos democráticos participativos ha dificultado la canalización de las serias divergencias que se registraron durante el año en los partidos Reformista Social Cristiano (PRSC) y Revolucionario Dominicano (PRD), y que los ha debilitado y dividido en facciones aparentemente irreconciliables, pese a los esfuerzos que han hecho comisiones intrapartidistas.
Resalta en ambos casos que prevalece una cultura de imposición y arrebatos, que rechaza la concertación y el acatamiento de las normas democráticas. En el caso del partido de gobierno la crisis rebasa su propio ámbito para reflejarse en la manipulación de recursos estatales y en la creación de un clima de incertidumbres que conspira contra la estabilidad política y macroeconómica.
El Partido de la Liberación Dominicana sufrió un pequeño fraccionamiento, con el nacimiento de un Partido Boschista Dominicano. Las divisiones han afectado también al Partido Revolucionario Independiente, al Partido Nacional de Veteranos y Civiles, al Partido de la Unidad Democrática, y al Partido de la Unidad Nacional.
El proceso de concertación, consulta y participación parece haber quedado congelado en los últimos meses, especialmente en el Diálogo Nacional, el Congreso y en numerosos escenarios participativos y consultivos, varios de los cuales habían sido instituidos por las actuales autoridades.
En el ámbito municipal pudimos apreciar algunos avances, especialmente en la descentralización y la institución de políticas de transparencia y participación. Mientras el Congreso Nacional mantuvo engavetados numerosos proyectos de reformas, como los llamados a fortalecer la lucha contra la corrupción.
Otro factor negativo fue el resurgimiento de algunos pujos militaristas, incluso con indebidas incursiones en las actividades políticas, a lo cual se agregó un discurso presidencial cada vez más autoritario y excluyente y la tendencia a pasar por encima de los procedimientos legales, como en el afrontamiento de la crisis bancaria, o en la creación de impuestos por decreto que hubieron de ser declarados inconstitucionales.
Pero en el ámbito institucional lo más preocupante ha sido el creciente debilitamiento de la Junta Central Electoral. La ejecución de la reforma que dividió el organismo en dos cámaras y aumentó el número de jueces, no ha logrado revertir el proceso de deterioro de la imagen de esta institución. La poco disimulada representación partidaria en su seno genera desconfianza y sombras sobre el proceso electoral que debe culminar con la elección presidencial de mayo próximo.
3.- Justicia y derechos humanos
Si bien es cierto que en materia judicial se han dado algunos pasos positivos, como el inicio de la aplicación del Código Procesal Penal, han prevalecido las dificultades presupuestarias para ejecutar reformas y ampliaciones y la administración de justicia sigue siendo extremadamente lenta.
Resalta que el Departamento de Prevención de la Corrupción de la Procuraduría General de la República quedó en este año sumido en el silencio, mientras los tribunales seguían acariciando los expedientes de corrupción de los últimos años, acrecentándose la impunidad y, por tanto, los indicios de crecimiento de este terrible mal.
Esa sensación de impunidad se acrecienta cuando la ciudadanía observa el tratamiento a los casos judiciales en que están envueltos los ejecutivos bancarios responsables del fraude financiero mas grande de nuestra historia. Por un lado, el Presidente de la Republica se arroga el derecho de detener indefinidamente el sometimiento a la justicia hecho por las autoridades del Banco Central y la Superintedencia de Bancos a dos ejecutivos del antiguo BANCREDITO, y por el otro, salen de prisión, justo antes de navidad, dos de los principales acusados del fraude BANINTER.
En materia de derechos sociales es notorio que este año sufrió un estancamiento la aplicación del Sistema Dominicano de Seguridad Social, a consecuencia de la precaria inversión estatal, deficiencias seculares en los servicios de salud y falta de consenso en algunos aspectos del código. Las recientes leyes 42-01 y 87-01 no han sido suficientes para que la población reciba servicios de salud con calidad y eficiencia y disminuyan muertes que pueden ser evitadas.
Los más de 200 muertos a manos de agentes policiales y al menos 138 asesinatos de mujeres, fruto de violencia intrafamiliar, constituyen elementos de seria preocupación para la sociedad dominicana.
4.- Los desafíos para el 2004
Dos son los mayores desafíos que tiene la sociedad dominicana en el año que comienza: restablecer el equilibrio macroeconómico y el crecimiento con mayor equidad social, y celebrar un proceso electoral transparente y libre de fraudes y manipulaciones.
La Junta Central Electoral tiene la mayor responsabilidad en garantizar las mejores condiciones para la celebración de las elecciones de mayo, con niveles organizativos y de legitimidad si no superiores, iguales a los últimos procesos electorales y para eso debe rechazar cualquier tentación de parcialidad, manipulación o falta de transparencia, actuando siempre con el honor y el patriotismo que se espera de tan alta investidura. La misma responsabilidad y altura ha de esperarse de los partidos políticos.
Como nación tenemos la responsabilidad de seguir haciendo sacrificios, especialmente los sectores privilegiados, para restablecer el equilibrio macroeconómico, condición básica para volver a la estabilidad cambiaria y de precios y generar el ambiente de confianza que permita recuperar el crecimiento, lo que difícilmente se pueda conseguir sin la asistencia financiera internacional.
El desafío es particularmente fuerte para el Presidente Hipólito Mejía, que debería renunciar a la tentación de subordinar el interés nacional en la recuperación económica a los intereses partidarios que suelen desbordarse en las campañas electorales, especialmente cuando está en juego la persecución de la reelección presidencial.
La sociedad dominicana en general, la sociedad civil y particularmente los sectores empresariales y políticos, están obligadas a concentrar sus mayores energías para promover en el 2004 la recuperación económica y el fortalecimiento de nuestra institucionalidad democrática. Para ello es imprescindible que rechacemos las tendencias al pesimismo y la frustración y construyamos un discurso basado en la fe en la capacidad de nuestro pueblo para superar momentos difíciles y mejorar sus niveles de organización social y política.-
Los dominicanos aquí, y dondequiera que nos encontremos, conservamos un gran amor por nuestra tierra y tradiciones. En estos momentos necesitamos mostrar ese amor participando con lo mejor que tengamos, siendo guardianes de los avances políticos y aportando todo lo que esté a nuestro alcance para preservar el sistema democrático y mejorar los niveles de vida de la población.
