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Realizarán Concurso de Investigación Periodística sobre la Ley de Libre Acceso a la Información Pública 200-04

El Movimiento Cívico no partidista Participación y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), anunciaron la realización del concurso de Investigación Periodística en base a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, con el apoyo del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), en coordinación con las Escuelas de Comunicación Social del país  y el auspicio del Banco Mundial.

El Concurso, en el que podrán participar estudiantes de comunicación social y carreras afines y profesionales con menos de dos años de graduados, busca promover la  Ley General de Libre Acceso a la Información Pública en las universidades, al tiempo que fomenta la investigación periodística sobre la gestión y administración de las instituciones estatales, como parte del impulso a una mayor transparencia en el manejo de los recursos del Estado.

En las bases del concurso se establece que se escogerán tres ganadores, que recibirán premios en efectivo, placas de reconocimiento, la publicación de sus trabajos  en las páginas Web de Participación Ciudadana y Finjus. Estas bases están disponibles en las oficinas y páginas electrónicas de ambas instituciones.

La presentación del concurso se realizó en la Biblioteca Pedro Mir, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por el rector de la UASD, Doctor Roberto Reyna, seguido del Licenciado Javier Cabreja, Director Ejecutivo de Participación Ciudadana, quien tuvo a su cargo la apertura del acto.

Reyna al dar la bienvenida manifestó que la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) esta comprometida con el respeto al libre acceso a la información y que esa institución ya dispone en su página web de informaciones sobre el presupuesto, contratos  y otros compromisos de la institución.

Agregó que se propone lograr que la alta casa de estudios se constituya en un modelo en América Latina en cuanto al derecho al libre acceso a la información.

Mientras que Cabreja, explicó que con este concurso se pretende promover la Ley de Libre Acceso a la Información Pública en las universidades.

Además agregó que con el mismo se quiere fomentar la investigación periodística sobre la gestión y administración de las instituciones estatales, como parte del impulso a una mayor transparencia en el manejo de los recursos del estado.

El Doctor Servio  Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo de Finjus pronunció una conferencia acerca de la “Importancia de la Ley de Libre Acceso de  Información Pública para el Ejercicio Periodístico”.

Las bases del concurso fueron presentadas  por el licenciado Carlos Pimentel, encargado del Área de Transparencia de la Gestión Pública de Participación Ciudadana, quien resaltó la importancia de que desde las aulas los profesionales de la comunicación se conozcan ese instrumento legal, para un ejercicio más idóneo de su trabajo de comunicador social.

Las bases del concurso están disponibles en las oficinas de Participación Ciudadana, ubicada en la Calle Wenceslao Alvarez número ocho de la Zona Universitaria y en Finjus, en la Torre Piantini. en la avenida Abraham Lincoln, esquina Gustavo Mejía Ricart; y en sus respectivas páginas web: www.pciudadana.org y www.finjus.org.do

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Discuten propuesta sobre Financiamiento Partidos Políticos Durante seminario organizado por PC, CONARE, CNECC

Con el objetivo de  de discutir una propuesta acerca del “Financiamiento  a los Partidos Políticos”, Participación Ciudadana (PC), El Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE) y la Comisión  Nacional de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC) organizaron un importante seminario.

Este es el segundo seminario que se celebra con el propósito de consultar a los diferentes sectores de la vida nacional para que puedan expresarse sobre la temática referida y cuyas opiniones y cuyas opiniones e inquietudes permitan la elaboración de una propuesta preliminar más acabada que sería  presentada al congreso nacional como parte de un anteproyecto de ley.

Las exposiciones de este seminario estuvieron a cargo del licenciado Manuel Olivero Rodríguez y los doctores Licelott Marte de Barrios y Tirso Mejía Ricart.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del presidente de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC), doctor José Joaquín Bidó Medina.

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños aboga porque se ponga un tope a la cantidad que el Estado asigna a los Partidos Políticos, porque pudiera llegar a ser una suma astronómica.

Expresó Castaños Guzmán que la JCE entrega mensualmente a los partidos políticos RD$ 24 millones, y de esta suma el 80% va a los tres grandes partidos (PLD; PRD y PRSC. En el país hay 23 organizaciones políticas  reconocidas  por la junta.

En total los partidos reciben alrededor de RD$300 millones al año, cuando no hay elecciones, y el doble de esa cifra en años electorales, según lo estipulado por la ley electoral

El presidente de la JCE abogó porque el país controle el uso que dan los partidos a los cientos de millones de pesos que reciben del Estado dominicano. Y advirtió que ese dinero no debe ser usado para pagar salarios y dietas a los dirigentes políticos.

Explicó Castaños Guzmán que se debe sistematizar los registros contables de los partidos para que no haya posibilidad de que los fondos no se usen adecuadamente.

Dijo que los recursos que aporta que aporta la ciudadanía a los partidos deben ser destinados a fortalecer las instituciones, a elevar los partidos en educación y participación política.

“Los partidos son indispensables para la democracia ya que son escuelas de participación política”, pondero Castaños Guzmán.

Indicó que hace falta una ley de Partidos Políticos para regular entre otras cosas, el modo en que se deben repartir los recursos económicos entre las organizaciones políticas.

Argumentó que  los tres grandes partidos reciben en conjunto RD$18 millones (80% del total), mientras otras 21 organizaciones reconocidas reciben entre todas RD$6 millones. “Tiene que venir una Ley de Partidos Políticos que aclare todo eso. Eso es lo que estamos nosotros esperando”.

Agregó que estratégicamente a los propios partidos les convendría que esto se revise.

Manifestó el presidente de la JCE, que los propios partidos incumplen la ley 275-97 en cuanto a que deben rendir un informe sobre la forma en que han gastado el dinero entregado por la junta.

Reconoció que la junta no ha elaborado un reglamento que establezca los límites de los usos que dan los partidos a los recursos que reciben.

Añadió Castaños Guzmán, que el pleno de la junta se ha abocado a dar un reglamento sobre esa contribución.

También hablaron en la actividad el doctor Marcos Villaman, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE) y en representación de Participación Ciudadana hizo uso de la palabra la licenciada Fátima Lorenzo, miembro del Consejo Nacional de este movimiento cívico.

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Participación Ciudadana

En medio de  los ataques a que hemos sido sometidos por los periódicos  Listín Diario y Diario Libre, por habernos atrevido a pedir justicia  por los Fraudes Bancarios hay voces que no han manifestado su apoyo.

A continuación la columna “MIS BUENIS DÍAS”, del doctor Rafael Molina Morillo que salió publicada  el lunes 27 de agosto en la página 4 del matutino Hoy

Mis buenos días

Participación Ciudadana 

La labor de educación cívica y fortalecimiento de los derechos humanos que viene desarrollando la organización apartidista Participación Ciudadana ha dejado frutos invaluables en beneficio de la institucionalidad entre nosotros.

No pretendo hacer aquí un recuento o un inventario de las jornadas en las que ha jugado un rol estelar esa entidad, pero si quiero unir mi voz a aquellas que han salido en su defensa, frente a los ruines, insensatos e interesados ataques que se le profieren en estos días.

Sólo hay que ver de cuáles linderos provienen los insultos a Participación Ciudadana para darse uno cuenta de dónde se esconden los intereses que los mueven.

Pero por evidentes que resulten las pruebas, no debemos cruzarnos de brazos mientras las aguas negras corren por las cloacas.

No soy ni he sido miembro de esa digna institución, aunque sí me cuento como un respetuoso admirador del trabajo que realiza por el bien de nuestra sociedad.

Pero precisamente por eso, por no ser uno de sus miembros, me siento con más autoridad moral para reclamar el respaldo pleno de todos los amantes del Derecho, la Justicia y la Democracia en este país, para que Participación Ciudadana siga adelante con sus programas dignificantes, a sabiendas de que sus esfuerzos son reconocidos y emulados por los buenos dominicanos.

La parte oscura de la sociedad podrá continuar su malsana campaña de desinformación, pero la parte buena no se dejará corromper ni confundir.

¡Adelante, amigos!

([email protected])

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Ni chantaje ni intimidación

Frente a la campaña infamante de desinformación y comentarios maliciosos que realizan dos diarios vinculados a los acusados de los fraudes bancarios que quebraron la economía nacional en el 2003, y comentaristas asociados, Participación Ciudadana (PC) se ve precisada a formular los siguientes planteamientos:

1.- Nadie puede dejarse sorprender por la ofensiva contra esta institución de medios de comunicación que son parte del cuerpo del delito de los fraudes bancarios más grandes proporcionalmente de la historia, cuyos montos superaron el presupuesto nacional del año en que explotaron, representando más del 20 por ciento del producto bruto interno del país. Tampoco sorprende que algunos comentaristas y traficantes de la comunicación se sumen a esa campaña, pues muchos de ellos fueron receptores de una parte del patrimonio dispendiado.

2.- Es de dominio general que esos medios y sus asociados han operado como voceros de los incriminados, apelando a todo género de manipulaciones, chantajes y ofensas contra todo el que demanda justicia, no importa su jerarquía, nacional e internacional.  El Listín Diario es un caso paradigmático, pues las acciones originales fueron adquiridas por una compañía denominada Bear Park Internacional, creada en 1999 en Islas Vírgenes con un simbólico capital de mil dólares, con dinero extraído fraudulentamente del Banco Intercontinental, hasta un volumen cercano a los 100 millones de dólares, como lo ha documentado el Banco Central.

3.- En nuestro caso dejamos constancia de que de ninguna forma nos dejaremos chantajear ni intimidar por esta ni otra campaña de maledicencias y calumnias. Somos una institución transparente, cuyas actuaciones y aportes al fortalecimiento de las instituciones democráticas, la práctica de ciudadanía y la lucha contra la corrupción han merecido un alto crédito nacional e internacional.

4.- Rechazamos con toda energía la pretensión de convertirnos en paleros o turberos, rememorando épocas felizmente superadas, porque una delegación de nuestro Consejo Nacional asistió a una de las sesiones del juicio que se sigue contra los acusados del descomunal fraude del Banco Intercontinental (BANINTER). Fuimos allí y volveremos como ciudadanos respetuosos de las leyes y de la majestad de la justicia, pero en pie de reclamo porque cese el manto de impunidad que socava las bases de la institucionalidad democrática. Creemos que toda la ciudadanía y sus instituciones deben mantenerse alertas y reclamando justicia en los fraudes bancarios, para que no se siga engrosando el récord de sólo 8 sentencias definitivas y tres condenatorias de 250 expedientes de corrupción en los últimos 25 años.

5.- Parte de la campaña de desinformación  sostiene que esta institución ejerce una gran influencia sobre la Junta Central Electoral.  Ni pública ni privadamente hemos propuesto ni promovido a nadie para la JCE ni para ningún otro cargo de elección directa o indirecta, o de designación. Somos una organización de presión y concertación para el fortalecimiento de las instituciones democráticas, de actuaciones transparentes y responsables. No nacimos para aspirar a cargos de ningún género ni para promovernos. Por eso nuestros estatutos declaran incompatibles las posiciones directivas de PC con los altos cargos públicos. Y por lo mismo renovamos nuestro principal dirigente cada año.

6.- Los doctores José Ángel Aquino y John Guiliani y la doctora Aura Celeste Fernández, han tenido vínculos diversos con PC, como decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas. Nunca han sido dirigentes de ningún organismo de esta institución. Los reconocemos como profesionales honorables y capacitados para las funciones que los eligió el Senado, pero no solicitamos su designación en la JCE a ningún senador ni dirigente político. Tampoco podríamos impedirles, como a ninguna persona que sea o haya sido miembro o colaborador de PC, aceptar cualquier puesto electivo o por designación.

7.-Como durante nuestros 14 años de existencia hemos entrenado a unos 20 mil ciudadanos y ciudadanas para la transparencia electoral y capacitado a centenares en niveles ejecutivos, es posible que algunos hayan sido escogidos para formar parte de juntas electorales, lo que en vez de avergonzarnos nos produce satisfacción. Pero ni ellos responden por nosotros ni nosotros por ellos. Son ciudadanos y ciudadanas en uso y ejercicio de sus derechos.

8.- PC ha sostenido relaciones de absoluto respeto y constructiva colaboración con todas las juntas electorales a partir de la escogida en 1994 y nuestro trabajo en ese ámbito ha obtenido los mayores reconocimientos de los jueces electorales como de los organismos especializados en la materia del nivel internacional. La misma colaboración respetuosa hemos tenido con otras entidades del Estado, lo que nos ha llevado a la firma de acuerdos de colaboración   y a proyectos comunes con el Congreso Nacional, la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público, con el Consejo Nacional de Reforma del Estado y la antigua Comisión para la Reforma y Modernización del Estado. Ninguno de esos acuerdos nos ha inhibido de ejercer las críticas y reclamos correspondientes ante esas instituciones.

9.- Otra de las patrañas que propala la campaña de desinformación y chantaje de los periódicos señalados es la de que somos un instrumento o voceros pagados por la Embajada Estadounidense por el hecho de que la Agencia Internacional de Desarrollo (AID) financia parte de nuestros programas. Ciertamente hemos recibido una significativa y valiosa ayuda de la AID como muchas otras ONG´s pero también hemos recibido ayuda de organizaciones y fundaciones que reciben apoyo del gobierno de España, Canadá, de la comunidad Europea, Etc. También de empresarios y ciudadanos de nuestro país. Todos nos han dado apoyo con absoluto respeto a nuestra independencia y dignidad sin ningún tipo de condiciones. A todos les agradecemos ese respaldo. Pretender satanizarnos porque recibamos fondos para proyectos y programas específicos, todos manejados con transparencia y supervisión que aparecen en nuestra página Web es parte del maniqueísmo y el chantaje con el que se quiere manipular a la opinión pública.

10.- Desde hace tres años PC declaró la lucha contra la corrupción como su principal prioridad de trabajo, dado el peso que tiene esa rémora en la sociedad dominicana. Estamos conscientes de los riesgos que implica su combate, ya que los corruptos han acumulado una inmensa cantidad de dinero y han comprometido muchas colaboraciones y silencios con sus generosas retribuciones.

11.- Finalmente ratificamos nuestra decisión de dar estrecho seguimiento a los juicios por los fraudes bancarios y nos satisfacen las advertencias recién formuladas por instituciones   como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Consejo Nacional de la Empresa Privada, así como por múltiples economistas que han señalado las consecuencias negativas que tendría para la nación el que no se sancionara justamente los enormes fraudes bancarios. Debemos recordar advertencias similares hechas anteriormente por innumerables instituciones nacionales, incluyendo el Foro Ciudadano y la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad que reúnen a cientos de organizaciones, así como por embajadores y dignatarios de Estados Unidos, Canadá, Francia, Gran Bretaña, España y otras naciones.

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Participación Ciudadana Presentó el 3er Informe del Observatorio de la LGLAIP

Participación Ciudadana, como Movimiento Cívico que busca aportar al fortalecimiento del sistema Democrático en el país, mediante el impulso de la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, tendentes a contribuir con la construcción de una mejor relación de ciudadanos y ciudadanas con el Estado, presenta los resultados de su Tercer Informe del Observatorio Ciudadano a la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04, poniendo a disposición de la ciudadanía los resultados del Monitoreo, identificando los avances, retos y dificultades, en la implementación de dicha norma en la República Dominicana.

Las ciento cinco (105) instituciones objeto del seguimiento en el presente observatorio son las mismas que monitoreamos en el 1er y 2do informe de seguimiento. A saber: las  Secretarías de Estado y Organismos con niveles de Secretaría de Estado, Direcciones Generales, Oficinas Nacionales e Instituciones dependientes de las Secretarías de Estado, Institución del Sistema Dominicano de la Seguridad Social, Organismos Descentralizados, Organismos Adscritos a la Presidencia de la República, Cámara de Cuentas, Junta Central Electoral, Poder Legislativo (Cámara de Diputados y Senado de la República) y Poder Judicial, (Suprema Corte Justicia).

En este tercer informe del Observatorio Ciudadano de seguimiento a la implementación de la Ley 200-04, fue realizado en varias etapas. En esta oportunidad nos centramos en el seguimiento a la designación de los Responsables a la Información (RAIs),  a la implementación de las Oficinas de Acceso a la Información (OAIs), a la verificación del cumplimiento de las informaciones obligatorias que deben contener las Portales de Internet y los resultados de los pedidos de información de las instituciones públicas objeto del seguimiento.

Los resultados que presentamos en este tercer informe evidencian claramente  pocos avances en las instituciones que se encuentran bajo el ámbito de la aplicación de la Ley, especialmente en el cumplimiento de lo relativo a la instalación y conformación de las oficinas de acceso a la información (OAI), la designación de los responsables de acceso a la información (RAI) y la ausencia en las respuestas a los pedido de información por parte de la ciudadanía en cada institución.

Desde Participación Ciudadana seguiremos promoviendo esta herramienta de control social, contribuyendo con la formación de ciudadanos y ciudadanas, cada vez más concientes de su derecho de cómo acceder a la información, haciendo uso de este poderoso instrumento, para saber, entre otras cosas, en qué se gastan los impuestos que pagan, cuáles son las prioridades del Gobierno y cómo estas pueden contribuir al desarrollo de su comunidad.

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Curso Especializados en Técnicas y Estrategias Procesales basado en el Libre Acceso a la Información Pública

Celebrado el 16 y 17 de Agosto de 2007Salón Las Atarazanas – Hotel V Centenario, Santo Domingo, Rep. Dom

Participación Ciudadana anuncia el proyecto de “Asesoría y Asistencia Legal para el Derecho de Acceso a la Información pública en la República Dominicana” para brindar asesoría legal a los ciudadanos y periodistas a quienes las instituciones públicas les nieguen información.

El presente Curso tiene por objeto que los participantes profundicen sus conocimientos sobre el derecho de Acceso a la Información Pública, posean las capacidades para poder sustentar en justicia los recursos correspondientes en caso de violación del Derecho de Acceso a la información Pública y que adquieran el conocimiento de los procedimientos ante la Corte Interamericana.

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Observatorio Declaraciones Juradas de Bienes

Participación Ciudadana, en el marco del programa de Monitoreo a las Declaraciones de Patrimonio, solicitó, en fecha 19 de junio del 2007, a la Tesorería Nacional una relación de las/os Senadoras/es, Diputadas/os, Síndicas/os, Vice-Sindicas/os y Regidoras/es que han realizado y remitido sus Declaraciones de Patrimonio, desde agosto 2006 a la fecha, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 82-79 que obliga a los funcionarios públicos a levantar un inventario detallado. Mediante comunicación No. 1938 fecha 26 de junio del 2007, la Tesorería Nacional suministró las informaciones requeridas, de donde extraemos las conclusiones siguientes. Al 26 de junio del 2007 habían presentado sus declaraciones Juradas de Bienes:

22 senadores, de 32, equivalente al 69%.

108 diputados/as, de 178, equivalente al 60%

10 síndicos/as, de 154, equivalente al 6%

2 vicesíndicos/as, de154, equivalente al 1%

14 regidores, de unos 2,000, equivalente al 0.7%.

En el interés ciudadano de que todos los servidores públicos se acojan a lo establecido por la Ley,  aprovechamos la oportunidad para indicar los nombres de los diputados, senadores y síndicos que NO han realizado sus declaraciones juradas de bienes.

Invitamos a la ciudadana a que visite nuestro sitio web www.pciudadana.com, donde tenemos un espacio con todas las declaraciones de patrimonio, que hemos recibido de la Tesorería Nacional.

Participación Ciudadana, espera que el Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) cumpla con su deber y exija a estos funcionarios mencionados precedentemente, la presentación de sus correspondientes Declaraciones de Patrimonio y que éstas sean debidamente transparentadas, de lo contrario, que dicha dependencia encamine las acciones administrativas de lugar para que se cumpla fielmente la Ley  82-79.

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Participación Ciudadana y FLACSO dan Apertura al II Diplomando Gestión Pública y Transparencia

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Participación Ciudadana y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) , en el marco de un acuerdo de colaboración interinstitucional suscrito entre ambas entidades, han decidido impulsar la implementación de una segunda entrega del Diplomado en Gestión Pública y Transparencia, en aras de contribuir a generar una conciencia colectiva sobre la necesidad de transparentar las funciones de las instituciones públicas, como condición para avanzar en la construcción de las instituciones propias del sistema democrático.

El segundo Diplomado en Gestión Pública y Transparencia hará una gran contribución en la capacitación de los recursos humanos que demanda la sociedad dominicana, pretendemos y es nuestro objetivo poder contribuir con la formación de profesionales y activistas sociales para que se coloquen en capacidad de aportar al establecimiento y fortalecimiento de instituciones y mecanismos que garanticen la implementación de políticas de transparencia y rendición de cuentas.

El diplomado está organizado en ocho (8) módulos, distribuido de la siguiente manera: Módulo 1 Teoría del Estado y El Estado Dominicano, Módulo 2: La Administración Pública y La Corrupción, Módulo 3: Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Modulo 4: Marcos Legales y Reformas para Combatir La Corrupción, Módulo 5: El Poder Judicial en el Combate a la Corrupción, Módulo 6: El Derecho Ciudadano de Acceso A la Información Pública, Módulo 7: Mecanismos de Participación de La Sociedad Civil y Rendición de Cuentas, Módulo 8: Ética en la Administración Pública, cada uno en su contiene sus respectivos objetivos generales y específicos para cada módulo, asimismo, se propone una bibliografía básica de consulta.

El II Diplomado en Gestión Pública y Transparencia tendrá una duración tres meses y medio durante los cuales los y las participantes recibirán un total de 82 horas de docencia presencial, distribuidas en 8 horas a la semana, los días miércoles de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. y los viernes de de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. en el Salón de Conferencias de la FLACSO.

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“La Primera Cumbre del Sistema Judicial, Gobierno Local y Sociedad Civil por el Acceso Ciudadano a la Justicia”

Las principales autoridades del Sistema Judicial Dominicano, la municipalidad y la Sociedad Civil, realizan “La Primera Cumbre del sistema Judicial, Gobierno Local y Sociedad Civil por el Acceso Ciudadano a la Justicia”, un este esfuerzo conjunto para el modelo de Casas Comunitarias de Justicia en el país que inicio Participación Ciudadana en Santiago.

La Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público, los ayuntamientos del Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste, Participación Ciudadana y otras instancias de la Sociedad Civil se unen para responder a las necesidades de acceso a la justicia de las poblaciones pobres que confrontan serios problemas para encontrar la debida protección a sus derechos fundamentales.

En este esfuerzo conjunto están involucrados Participación Ciudadana, la Suprema Corte de Justicia, Procuraduría General de la República, Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, Procuraduría Fiscal de la Provincia Santo Domingo, Procuraduría Fiscal de la Provincia Santiago, Oficina Nacional de Defensa Pública, Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia y el Consejo Nacional de Reforma del Estado.

Además la Escuela Nacional de la Judicatura, Escuela Nacional del Ministerio Público, Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Alcaldía del Distrito Nacional, Federación Dominicana de Municipios, Secretaría General del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, Unión de Vecinos Activos y Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos.

Durante el desarrollo de la Primera Cumbre, celebrada en la Suprema Corte de Justicia, se discutieran los detalles para la implementación del proyecto Casa Comunitaria de Justicia, centros interinstitucionales de información, orientación, referencia y prestación de los servicios de solución de conflictos que aplica mecanismos de la justicia formal e informal en los sectores marginales de municipios y ciudades.

La instalación de la Primera Casa Comunitaria de Justicia la inauguró Participación Ciudadana en año pasado en la comunidad de Cienfuegos de la Provincia de Santiago. Con este proyecto se busca facilitar el acceso ciudadano a la justicia orientándolo sobre sus derechos y obligaciones con la sociedad para actuar desde la comunidad en la prevención de delitos, la reducción de la violencia y la conectividad.

Con mucho éxito se desarrollan la Casa Comunitaria de Justicia a nivel internacional, como en Colombia, Argentina, Costa Rica, Perú, Ecuador, Bolivia y El Salvador. La primera experiencia en la Región del Caribe se implementa en la República Dominicana, específicamente en el sector Cienfuegos del Municipio de Santiago.

Al final de la actividad se firmó un convenio entre las instituciones que aprobará la designación e integración de un equipo interinstitucional de trabajo, integrado por delegados del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización Judicial (CARMJ), las sindicaturas del Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste y Santiago, de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la Procuraduría General de la República y Participación Ciudadana.

Este acuerdo permitirá elaborar un concepto básico unificado de las Casas de Justicia para República Dominicana y preparar una propuesta de reglamentación de operación. Asimismo monitorear la operación de estas Casas de Justicia de Santiago y Santo Domingo y acompañar en la preparación y análisis de sus estadísticas.

Este compromiso también aprobó la realización de la Segunda Cumbre del sistema Judicial, Gobierno Local y Sociedad Civil por el Acceso Ciudadano a la Justicia, para evaluar las propuestas del equipo interinstitucional, el plan de diseminación y adoptar las decisiones pertinentes en relación con las Casas Comunitarias de Justicia 2008. El mismo fue firmado por los representantes de las diferentes instancias.

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CTI solicita a la suprema corte de justicia que decida sobre la declaratoria de inhibición presentada por dos magistrados de la segunda sala de la cámara penal de la corte de apelación del distrito nacional apoderada del recurso de apelación del caso banc

La Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad, entidad que agrupa más de 40 organizaciones de la sociedad civil, en procura del fortalecimiento y la transparencia que deben regir todas las actuaciones de las entidades tanto públicas como privadas, ha venido dando un estrecho seguimiento a las actuaciones del Poder Judicial sobre las acusaciones de fraudes presentadas contra tres importantes bancos nacionales desde el año 2003, con la finalidad que la sociedad este informada del curso que han tomado dichos acontecimientos, que sacudieron política, económica y socialmente a la República Dominicana y que por su magnitud no pueden ser cubiertos con el manto del olvido.

En ese sentido, la CTI ha observado cuidadosamente el proceso penal seguido al Caso Bancrédito (Bancrédito pequeño), ante la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, encontrándose que el conocimiento del mismo está suspendido hasta tanto la Suprema Corte de Justicia decidiera sobre las declaratorias de inhibición presentadas por los Magistrados JULIO CESAR CANO ALFAUy KATIA MIGUELINA JIMÉNEZ MARTINEZ, Jueces que integran dicho tribunal colegiado.

Es por esto que la CTI en el día de hoy, 13 de junio de 2007, depositó una instancia en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia solicitándole respetuosamente a ese honorable tribunal de Justicia, decidir sobre la declaratorias de inhibición de los magistradosJULIO CESAR CANO ALFAUy KATIA MIGUELINA JIMÉNEZ MARTINEZ  jueces que integran la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que impiden continuar con el conocimiento de los recursos de apelación del Caso Bancrédito, en virtud de lo preceptuado por los artículos 78 y 79 del Código Procesal Penal dominicano, que establecen los motivos de inhibición y el trámite de la misma, así como el Art.14 de la Ley No.25-91 de fecha 15 de octubre de 1991, que señala dentro de las atribuciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, conocer sobre las recusaciones e inhibiciones de los jueces.

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