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Participación Ciudadana realizó Panel “Impacto Económico, Social y la Situación Jurídica de los Casos Bancarios”

Con el tema “Impacto Económico, Social y la situación Jurídica  de los Casos Bancarios”, Participación Ciudadana realizó un interesante panel en la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA).

En la actividad participaron como expositores el Dr. Tomás Hernández Mets, Abogado del Consejo de Defensa de la Autoridad Monetaria y Financiera y el Lic. Alfonso Abreu, renombrado economista y miembro del Consejo de nuestra entidad, quienes manifestaron sus valoraciones sobre las repercusiones jurídicas, económicas y sociales de estos hechos.

También hicieron uso de la palabra el Coordinador General de Participación Ciudadana, Porfirio Rodríguez,  quien dio el discurso de apertura y el doctor Juan Germosen, director de la Escuela de Derecho de UTESA; quien dio las palabras de bienvenida.

El objetivo de este panel  es que los participantes profundicen sus conocimientos sobre la Situación Jurídica de los Fraudes Bancarios y las Consecuencias Económicas y Sociales por las cuales atraviesa el país.

Participación Ciudadana desde su nacimiento asumió el compromiso de despertar la conciencia de la gente sobre sus derechos políticos y sociales, al tiempo de movilizarla por la profundización de las reformas democráticas y por el combate a la corrupción en todos los ámbitos.

Este movimiento cívico ha tenido un discurso coherente frente al fenómeno de la corrupción, por el debilitamiento que produce en el funcionamiento de un sistema democrático, impidiendo el fortalecimiento de nuestras Instituciones y por ende el establecimiento de un Estado de Derecho.

La quiebra fraudulenta del BANINTER, del MERCANTIL y del BANCREDITO seguirán afectando por muchos años la economía y a la población dominicana, por lo que desde Participación Ciudadana, nos sentimos en la obligación de no dejar que se borre de la memoria colectiva, de tal manera que no se olviden los hechos ni los protagonistas de esos enormes fraudes bancarios, porque la misma fue consecuencia de graves violaciones a la ley, que deben ser juzgadas y sancionadas por los tribunales de la República.

Mantenemos la esperanza de que en esta ocasión no prevalecerá la impunidad y que nuestro sistema judicial sancionará debidamente a los responsables, sin dejarse intimidar por el poder mediático, poder político, económico de los imputados.

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Transparencia Internacional pone en circulación el Índice de Percepción de la Corrupción, a nivel mundial, correspondiente al 2007

En un acto público celebrado hoy en la ciudad de Berlín, Alemania, la organización Transparencia Internacional puso en circulación el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), a nivel mundial, correspondiente al año 2007. Transparencia Internacional es una organización no gubernamental, líder en el mundo en la lucha contra la corrupción, cuya representación en la República Dominicana ejerce el movimiento cívico Participación Ciudadana.

El Índice de Percepción de la corrupción clasifica a los países según el grado de corrupción que se percibe existe entre los funcionarios públicos y el liderazgo político. Es un índice compuesto, cuyos datos provienen de la percepción que se extrae de sondeos realizados entre expertos de organismos internacionales, inversionistas, instituciones y empresas independientes, así como expertos nacionales consultados de cada país.

Para la preparación del índice, Transparencia Internacional concentra la atención en la corrupción en el sector público, y la define como el abuso del servicio público para beneficio individual. El estudio de este año cubre unos 180 países, de los cuales se recabaron informaciones por medio de 14 encuestas diferentes. En el caso de la República Dominicana se obtuvieron datos procedentes de 5  organismos.

El IPC solo mide percepción, no se trata de cuantificación de hechos reales. La razón es que, como la corrupción tiene lugar por medio de múltiples mecanismos subterráneos, invisibles, como soborno de funcionarios, legisladores o jueces, pagos irregulares en las contrataciones, malversación de fondos, o arreglos para beneficiar a determinados agentes en la aplicación de las políticas, resulta muy difícil su medición de manera inequívoca, de modo que las organizaciones preocupadas por el combate a la corrupción tienen que guiarse por la percepción pública.  En todo caso, se procura recoger la información de organizaciones bien reputadas, de dentro y fuera de cada país.

La puntuación posible para un  país varía en una escala que va desde 10 (mucha transparencia percibida) hasta cero (mucha corrupción).  Naturalmente, hasta el presente momento no se ha presentado ningún caso de un país que haya alcanzado una puntuación de 10, que indicaría ausencia total de corrupción, así como también es casi imposible encontrar un país con una puntuación de cero.

Los lugares más altos en el índice son normalmente ocupados por un selecto grupo de países en que se percibe que las instituciones funcionan relativamente bien, con poca corrupción. Este año el puesto número uno fue asignado simultáneamente a Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, ambos con una puntuación de 9.4. Apenas  15 países superan la puntuación de ocho, incluyendo a Canadá, que es el único que está en nuestro continente, pues la mayoría son países europeos o de otros continentes.

Ningún país de América Latina se encuentra en ese selecto grupo de países en que se percibe poca corrupción. Sin embargo, es de reconocer que algunos de Sudamérica, como Chile y Uruguay, así como otros del Caribe, tales como Barbados, Santa Lucía, San Vicente y Dominica, son sociedades en que existe mayor transparencia en el manejo de los asuntos públicos, y tienen puntuaciones superiores a 5. También se notan progresos significativos en Costa Rica, tras haber escarmentado a ex funcionarios de alto nivel involucrados en acciones dolosas.

La puntuación alcanzada por la República Dominicana este año volvió a subir ligeramente, hasta  un tres, recuperando el nivel que tenía dos años atrás. Se recuerda que el año pasado la puntuación del país había bajado a 2.8. En todo caso, cualquier país que recibe una puntuación de 3 hacia abajo denota la percepción de que existe en ese país una corrupción rampante. Se presume que la ligera mejoría de este año se relaciona con el hecho de que se aprecia como más evidente ahora que ciertos casos de corrupción llegan a conocerse en las principales instancias de la justicia.

Muchos de los países de mayor corrupción se encuentran entre los países más pobres del mundo, reafirmando la hipótesis de que la corrupción es una de las principales causas de la pobreza, además de que estos dos males se refuerzan mutuamente.

La República Dominicana ocupa el lugar 99 entre los 180 países del mundo cubiertos por el estudio. Dentro del área de Las Américas, nuestro país está en el lugar 21 de 32, lo que muestra que es uno de los percibidos como más corruptos. En el hemisferio occidental, solo 8 tienen una puntuación por encima de 5. Esto es alarmante considerando que desde hace una década la región dispone de marcos legales para combatir la corrupción como la Convención Interamericana contra la Corrupción, y reforzada después por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ambas firmadas y ratificadas por nuestro país.

Todavía más,  el 15 de noviembre del año 2006, en la ciudad de Guatemala, los presidentes y primeros ministros de los países de Centroamérica y la República Dominicana firmaron una Declaración por una Región Libre de Corrupción, que parece haber pasado a ser letra muerta.

En el informe correspondiente a este año, Transparencia Internacional resalta lo difícil que resulta la lucha contra la corrupción si no se cuenta con un sistema judicial profesional e independiente, que permita eliminar la impunidad y hacer cumplir el estado de derecho imparcial, y promover la confianza de los ciudadanos. “Si no se puede confiar en las cortes para que enjuicien a los funcionarios corruptos o para que ayuden en el rastreo y devolución de la riqueza ilícita, no será posible avanzar en la lucha contra la corrupción”, expuso la Presidenta de TI, Huguette Labelle.

Asimismo, se destaca que los centros financieros mundiales son clave para los funcionarios corruptos a la hora de movilizar, encubrir e invertir su riqueza robada. Se refiere al caso de los paraísos fiscales, que han jugado un papel crucial en el saqueo de millones en fondos de países en desarrollo, facilitando las fechorías de líderes corruptos y empobreciendo a los ciudadanos bajo el mando de dichos líderes.

Akere Muna, Vicepresidente de Transparencia International, señaló que es el momento indicado para que las naciones desarrolladas emprendan acciones en el área de la recuperación de activos, y puntualizó: “La crítica de los países ricos con respecto a la corrupción en los países pobres ostenta poca credibilidad cuando sus instituciones financieras atesoran riqueza robada de los pueblos más pobres del mundo”. Se recuerda que el Sr. Akere Muna estuvo el mes de mayo en la República Dominicana, invitado a participar  Conferencia Hemisférica sobre Poder Judicial, Prensa, Impunidad

En muchos casos el rastreo y recuperación de fondos se ven dificultados por el blanqueo de dinero, el cual es gestionado por bancos transnacionales ubicados en jurisdicciones donde el secreto bancario todavía es norma. Los gobiernos deben adoptar medidas contra el blanqueo de dinero a efectos de erradicar los refugios de activos robados, según contempla la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, insiste el informe del 2007.

El Índice de Percepción de la Corrupción correspondiente al 2007 está siendo divulgado hoy en Berlín y Londres por la organización Transparencia Internacional. Al mismo tiempo, innumerables capítulos nacionales de Transparencia Internacional lo están publicitando en sus respectivos países.

Participación Ciudadana, Capítulo Nacional en formación para la República Dominicana de Transparencia Internacional, ha recibido el informe y se siente honrada de contribuir a su difusión en nuestro país.

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Participación Ciudadana y Children International Firman Acuerdo de Cooperación

Con el objetivo de desarrollar actividades de colaboración y compromiso en materia de prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la gestión pública, derechos humanos y ciudadanos, acceso ciudadano a la justicia, así como el fortalecimiento de las capacidades de los técnicos/as, de las organizaciones comunitarias, Participación Ciudadana (PC) y Children International-Santo Domingo suscribieron un importante acuerdo de cooperación interinstitucional en proyectos de educación ciudadana

El acuerdo fue rubricado por el ingeniero Porfirio Rodríguez Iriarte, Coordinador General de PC y el señor Rafael Manuel Mejía Pérez, Director Ejecutivo de Children International-Santo Domingo.

El Director Ejecutivo de PC, Javier Cabrera tuvo a su cargo  las palabras de bienvenida y la lectura del convenio, ponderando los puntos más importantes y relevantes del mismo.

Los firmantes al dirigirse a los presentes convinieron en señalar que con la firma del convenio ambas instituciones se comprometen a elevar la capacidad técnica  y ética del personal y grupos metas, que permitan garantizar  una labor más eficaz y apegado a los valores que promueven ambas instituciones.

En el mismo las partes acuerdan aunar esfuerzos y mantener relaciones de trabajo estrechas para poder alcanzar los objetivos del pacto como son diseñar y organizar talleres, charlas y cualquier manifestación docente que contribuya a difundir, comprender y capacitar a los y las ciudadanas que se involucren en el proceso.

A través del convenio se pretende la colaboración con nuestros recursos y medios a la implementación de las experiencias de acceso a la información pública, observación electoral, acceso ciudadano a la justicia y rendición de cuentas que se ejecuten en ambas instituciones.

También se propiciará y ponderará las iniciativas de organizaciones sociales y comunitarias encaminadas a fortalecer la relación entre el gobierno municipal y las comunidades mediante mecanismos de participación establecidos.

PC y Children International-Santo Domingo convienen aunar esfuerzos para enfrentar de manera directa los problemas que atenten contra el fortalecimiento institucional de la sociedad y de  manera particular fortalecer la participación de la ciudadanía en acciones que se traduzcan en beneficio de la comunidad.

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Realizarán Concurso de Investigación Periodística sobre la Ley de Libre Acceso a la Información Pública 200-04

El Movimiento Cívico no partidista Participación y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), anunciaron la realización del concurso de Investigación Periodística en base a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, con el apoyo del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), en coordinación con las Escuelas de Comunicación Social del país  y el auspicio del Banco Mundial.

El Concurso, en el que podrán participar estudiantes de comunicación social y carreras afines y profesionales con menos de dos años de graduados, busca promover la  Ley General de Libre Acceso a la Información Pública en las universidades, al tiempo que fomenta la investigación periodística sobre la gestión y administración de las instituciones estatales, como parte del impulso a una mayor transparencia en el manejo de los recursos del Estado.

En las bases del concurso se establece que se escogerán tres ganadores, que recibirán premios en efectivo, placas de reconocimiento, la publicación de sus trabajos  en las páginas Web de Participación Ciudadana y Finjus. Estas bases están disponibles en las oficinas y páginas electrónicas de ambas instituciones.

La presentación del concurso se realizó en la Biblioteca Pedro Mir, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por el rector de la UASD, Doctor Roberto Reyna, seguido del Licenciado Javier Cabreja, Director Ejecutivo de Participación Ciudadana, quien tuvo a su cargo la apertura del acto.

Reyna al dar la bienvenida manifestó que la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) esta comprometida con el respeto al libre acceso a la información y que esa institución ya dispone en su página web de informaciones sobre el presupuesto, contratos  y otros compromisos de la institución.

Agregó que se propone lograr que la alta casa de estudios se constituya en un modelo en América Latina en cuanto al derecho al libre acceso a la información.

Mientras que Cabreja, explicó que con este concurso se pretende promover la Ley de Libre Acceso a la Información Pública en las universidades.

Además agregó que con el mismo se quiere fomentar la investigación periodística sobre la gestión y administración de las instituciones estatales, como parte del impulso a una mayor transparencia en el manejo de los recursos del estado.

El Doctor Servio  Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo de Finjus pronunció una conferencia acerca de la “Importancia de la Ley de Libre Acceso de  Información Pública para el Ejercicio Periodístico”.

Las bases del concurso fueron presentadas  por el licenciado Carlos Pimentel, encargado del Área de Transparencia de la Gestión Pública de Participación Ciudadana, quien resaltó la importancia de que desde las aulas los profesionales de la comunicación se conozcan ese instrumento legal, para un ejercicio más idóneo de su trabajo de comunicador social.

Las bases del concurso están disponibles en las oficinas de Participación Ciudadana, ubicada en la Calle Wenceslao Alvarez número ocho de la Zona Universitaria y en Finjus, en la Torre Piantini. en la avenida Abraham Lincoln, esquina Gustavo Mejía Ricart; y en sus respectivas páginas web: www.pciudadana.org y www.finjus.org.do

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Discuten propuesta sobre Financiamiento Partidos Políticos Durante seminario organizado por PC, CONARE, CNECC

Con el objetivo de  de discutir una propuesta acerca del “Financiamiento  a los Partidos Políticos”, Participación Ciudadana (PC), El Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE) y la Comisión  Nacional de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC) organizaron un importante seminario.

Este es el segundo seminario que se celebra con el propósito de consultar a los diferentes sectores de la vida nacional para que puedan expresarse sobre la temática referida y cuyas opiniones y cuyas opiniones e inquietudes permitan la elaboración de una propuesta preliminar más acabada que sería  presentada al congreso nacional como parte de un anteproyecto de ley.

Las exposiciones de este seminario estuvieron a cargo del licenciado Manuel Olivero Rodríguez y los doctores Licelott Marte de Barrios y Tirso Mejía Ricart.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del presidente de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC), doctor José Joaquín Bidó Medina.

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños aboga porque se ponga un tope a la cantidad que el Estado asigna a los Partidos Políticos, porque pudiera llegar a ser una suma astronómica.

Expresó Castaños Guzmán que la JCE entrega mensualmente a los partidos políticos RD$ 24 millones, y de esta suma el 80% va a los tres grandes partidos (PLD; PRD y PRSC. En el país hay 23 organizaciones políticas  reconocidas  por la junta.

En total los partidos reciben alrededor de RD$300 millones al año, cuando no hay elecciones, y el doble de esa cifra en años electorales, según lo estipulado por la ley electoral

El presidente de la JCE abogó porque el país controle el uso que dan los partidos a los cientos de millones de pesos que reciben del Estado dominicano. Y advirtió que ese dinero no debe ser usado para pagar salarios y dietas a los dirigentes políticos.

Explicó Castaños Guzmán que se debe sistematizar los registros contables de los partidos para que no haya posibilidad de que los fondos no se usen adecuadamente.

Dijo que los recursos que aporta que aporta la ciudadanía a los partidos deben ser destinados a fortalecer las instituciones, a elevar los partidos en educación y participación política.

“Los partidos son indispensables para la democracia ya que son escuelas de participación política”, pondero Castaños Guzmán.

Indicó que hace falta una ley de Partidos Políticos para regular entre otras cosas, el modo en que se deben repartir los recursos económicos entre las organizaciones políticas.

Argumentó que  los tres grandes partidos reciben en conjunto RD$18 millones (80% del total), mientras otras 21 organizaciones reconocidas reciben entre todas RD$6 millones. “Tiene que venir una Ley de Partidos Políticos que aclare todo eso. Eso es lo que estamos nosotros esperando”.

Agregó que estratégicamente a los propios partidos les convendría que esto se revise.

Manifestó el presidente de la JCE, que los propios partidos incumplen la ley 275-97 en cuanto a que deben rendir un informe sobre la forma en que han gastado el dinero entregado por la junta.

Reconoció que la junta no ha elaborado un reglamento que establezca los límites de los usos que dan los partidos a los recursos que reciben.

Añadió Castaños Guzmán, que el pleno de la junta se ha abocado a dar un reglamento sobre esa contribución.

También hablaron en la actividad el doctor Marcos Villaman, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE) y en representación de Participación Ciudadana hizo uso de la palabra la licenciada Fátima Lorenzo, miembro del Consejo Nacional de este movimiento cívico.

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Participación Ciudadana

En medio de  los ataques a que hemos sido sometidos por los periódicos  Listín Diario y Diario Libre, por habernos atrevido a pedir justicia  por los Fraudes Bancarios hay voces que no han manifestado su apoyo.

A continuación la columna “MIS BUENIS DÍAS”, del doctor Rafael Molina Morillo que salió publicada  el lunes 27 de agosto en la página 4 del matutino Hoy

Mis buenos días

Participación Ciudadana 

La labor de educación cívica y fortalecimiento de los derechos humanos que viene desarrollando la organización apartidista Participación Ciudadana ha dejado frutos invaluables en beneficio de la institucionalidad entre nosotros.

No pretendo hacer aquí un recuento o un inventario de las jornadas en las que ha jugado un rol estelar esa entidad, pero si quiero unir mi voz a aquellas que han salido en su defensa, frente a los ruines, insensatos e interesados ataques que se le profieren en estos días.

Sólo hay que ver de cuáles linderos provienen los insultos a Participación Ciudadana para darse uno cuenta de dónde se esconden los intereses que los mueven.

Pero por evidentes que resulten las pruebas, no debemos cruzarnos de brazos mientras las aguas negras corren por las cloacas.

No soy ni he sido miembro de esa digna institución, aunque sí me cuento como un respetuoso admirador del trabajo que realiza por el bien de nuestra sociedad.

Pero precisamente por eso, por no ser uno de sus miembros, me siento con más autoridad moral para reclamar el respaldo pleno de todos los amantes del Derecho, la Justicia y la Democracia en este país, para que Participación Ciudadana siga adelante con sus programas dignificantes, a sabiendas de que sus esfuerzos son reconocidos y emulados por los buenos dominicanos.

La parte oscura de la sociedad podrá continuar su malsana campaña de desinformación, pero la parte buena no se dejará corromper ni confundir.

¡Adelante, amigos!

([email protected])

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Ni chantaje ni intimidación

Frente a la campaña infamante de desinformación y comentarios maliciosos que realizan dos diarios vinculados a los acusados de los fraudes bancarios que quebraron la economía nacional en el 2003, y comentaristas asociados, Participación Ciudadana (PC) se ve precisada a formular los siguientes planteamientos:

1.- Nadie puede dejarse sorprender por la ofensiva contra esta institución de medios de comunicación que son parte del cuerpo del delito de los fraudes bancarios más grandes proporcionalmente de la historia, cuyos montos superaron el presupuesto nacional del año en que explotaron, representando más del 20 por ciento del producto bruto interno del país. Tampoco sorprende que algunos comentaristas y traficantes de la comunicación se sumen a esa campaña, pues muchos de ellos fueron receptores de una parte del patrimonio dispendiado.

2.- Es de dominio general que esos medios y sus asociados han operado como voceros de los incriminados, apelando a todo género de manipulaciones, chantajes y ofensas contra todo el que demanda justicia, no importa su jerarquía, nacional e internacional.  El Listín Diario es un caso paradigmático, pues las acciones originales fueron adquiridas por una compañía denominada Bear Park Internacional, creada en 1999 en Islas Vírgenes con un simbólico capital de mil dólares, con dinero extraído fraudulentamente del Banco Intercontinental, hasta un volumen cercano a los 100 millones de dólares, como lo ha documentado el Banco Central.

3.- En nuestro caso dejamos constancia de que de ninguna forma nos dejaremos chantajear ni intimidar por esta ni otra campaña de maledicencias y calumnias. Somos una institución transparente, cuyas actuaciones y aportes al fortalecimiento de las instituciones democráticas, la práctica de ciudadanía y la lucha contra la corrupción han merecido un alto crédito nacional e internacional.

4.- Rechazamos con toda energía la pretensión de convertirnos en paleros o turberos, rememorando épocas felizmente superadas, porque una delegación de nuestro Consejo Nacional asistió a una de las sesiones del juicio que se sigue contra los acusados del descomunal fraude del Banco Intercontinental (BANINTER). Fuimos allí y volveremos como ciudadanos respetuosos de las leyes y de la majestad de la justicia, pero en pie de reclamo porque cese el manto de impunidad que socava las bases de la institucionalidad democrática. Creemos que toda la ciudadanía y sus instituciones deben mantenerse alertas y reclamando justicia en los fraudes bancarios, para que no se siga engrosando el récord de sólo 8 sentencias definitivas y tres condenatorias de 250 expedientes de corrupción en los últimos 25 años.

5.- Parte de la campaña de desinformación  sostiene que esta institución ejerce una gran influencia sobre la Junta Central Electoral.  Ni pública ni privadamente hemos propuesto ni promovido a nadie para la JCE ni para ningún otro cargo de elección directa o indirecta, o de designación. Somos una organización de presión y concertación para el fortalecimiento de las instituciones democráticas, de actuaciones transparentes y responsables. No nacimos para aspirar a cargos de ningún género ni para promovernos. Por eso nuestros estatutos declaran incompatibles las posiciones directivas de PC con los altos cargos públicos. Y por lo mismo renovamos nuestro principal dirigente cada año.

6.- Los doctores José Ángel Aquino y John Guiliani y la doctora Aura Celeste Fernández, han tenido vínculos diversos con PC, como decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas. Nunca han sido dirigentes de ningún organismo de esta institución. Los reconocemos como profesionales honorables y capacitados para las funciones que los eligió el Senado, pero no solicitamos su designación en la JCE a ningún senador ni dirigente político. Tampoco podríamos impedirles, como a ninguna persona que sea o haya sido miembro o colaborador de PC, aceptar cualquier puesto electivo o por designación.

7.-Como durante nuestros 14 años de existencia hemos entrenado a unos 20 mil ciudadanos y ciudadanas para la transparencia electoral y capacitado a centenares en niveles ejecutivos, es posible que algunos hayan sido escogidos para formar parte de juntas electorales, lo que en vez de avergonzarnos nos produce satisfacción. Pero ni ellos responden por nosotros ni nosotros por ellos. Son ciudadanos y ciudadanas en uso y ejercicio de sus derechos.

8.- PC ha sostenido relaciones de absoluto respeto y constructiva colaboración con todas las juntas electorales a partir de la escogida en 1994 y nuestro trabajo en ese ámbito ha obtenido los mayores reconocimientos de los jueces electorales como de los organismos especializados en la materia del nivel internacional. La misma colaboración respetuosa hemos tenido con otras entidades del Estado, lo que nos ha llevado a la firma de acuerdos de colaboración   y a proyectos comunes con el Congreso Nacional, la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público, con el Consejo Nacional de Reforma del Estado y la antigua Comisión para la Reforma y Modernización del Estado. Ninguno de esos acuerdos nos ha inhibido de ejercer las críticas y reclamos correspondientes ante esas instituciones.

9.- Otra de las patrañas que propala la campaña de desinformación y chantaje de los periódicos señalados es la de que somos un instrumento o voceros pagados por la Embajada Estadounidense por el hecho de que la Agencia Internacional de Desarrollo (AID) financia parte de nuestros programas. Ciertamente hemos recibido una significativa y valiosa ayuda de la AID como muchas otras ONG´s pero también hemos recibido ayuda de organizaciones y fundaciones que reciben apoyo del gobierno de España, Canadá, de la comunidad Europea, Etc. También de empresarios y ciudadanos de nuestro país. Todos nos han dado apoyo con absoluto respeto a nuestra independencia y dignidad sin ningún tipo de condiciones. A todos les agradecemos ese respaldo. Pretender satanizarnos porque recibamos fondos para proyectos y programas específicos, todos manejados con transparencia y supervisión que aparecen en nuestra página Web es parte del maniqueísmo y el chantaje con el que se quiere manipular a la opinión pública.

10.- Desde hace tres años PC declaró la lucha contra la corrupción como su principal prioridad de trabajo, dado el peso que tiene esa rémora en la sociedad dominicana. Estamos conscientes de los riesgos que implica su combate, ya que los corruptos han acumulado una inmensa cantidad de dinero y han comprometido muchas colaboraciones y silencios con sus generosas retribuciones.

11.- Finalmente ratificamos nuestra decisión de dar estrecho seguimiento a los juicios por los fraudes bancarios y nos satisfacen las advertencias recién formuladas por instituciones   como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Consejo Nacional de la Empresa Privada, así como por múltiples economistas que han señalado las consecuencias negativas que tendría para la nación el que no se sancionara justamente los enormes fraudes bancarios. Debemos recordar advertencias similares hechas anteriormente por innumerables instituciones nacionales, incluyendo el Foro Ciudadano y la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad que reúnen a cientos de organizaciones, así como por embajadores y dignatarios de Estados Unidos, Canadá, Francia, Gran Bretaña, España y otras naciones.

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Participación Ciudadana Presentó el 3er Informe del Observatorio de la LGLAIP

Participación Ciudadana, como Movimiento Cívico que busca aportar al fortalecimiento del sistema Democrático en el país, mediante el impulso de la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, tendentes a contribuir con la construcción de una mejor relación de ciudadanos y ciudadanas con el Estado, presenta los resultados de su Tercer Informe del Observatorio Ciudadano a la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04, poniendo a disposición de la ciudadanía los resultados del Monitoreo, identificando los avances, retos y dificultades, en la implementación de dicha norma en la República Dominicana.

Las ciento cinco (105) instituciones objeto del seguimiento en el presente observatorio son las mismas que monitoreamos en el 1er y 2do informe de seguimiento. A saber: las  Secretarías de Estado y Organismos con niveles de Secretaría de Estado, Direcciones Generales, Oficinas Nacionales e Instituciones dependientes de las Secretarías de Estado, Institución del Sistema Dominicano de la Seguridad Social, Organismos Descentralizados, Organismos Adscritos a la Presidencia de la República, Cámara de Cuentas, Junta Central Electoral, Poder Legislativo (Cámara de Diputados y Senado de la República) y Poder Judicial, (Suprema Corte Justicia).

En este tercer informe del Observatorio Ciudadano de seguimiento a la implementación de la Ley 200-04, fue realizado en varias etapas. En esta oportunidad nos centramos en el seguimiento a la designación de los Responsables a la Información (RAIs),  a la implementación de las Oficinas de Acceso a la Información (OAIs), a la verificación del cumplimiento de las informaciones obligatorias que deben contener las Portales de Internet y los resultados de los pedidos de información de las instituciones públicas objeto del seguimiento.

Los resultados que presentamos en este tercer informe evidencian claramente  pocos avances en las instituciones que se encuentran bajo el ámbito de la aplicación de la Ley, especialmente en el cumplimiento de lo relativo a la instalación y conformación de las oficinas de acceso a la información (OAI), la designación de los responsables de acceso a la información (RAI) y la ausencia en las respuestas a los pedido de información por parte de la ciudadanía en cada institución.

Desde Participación Ciudadana seguiremos promoviendo esta herramienta de control social, contribuyendo con la formación de ciudadanos y ciudadanas, cada vez más concientes de su derecho de cómo acceder a la información, haciendo uso de este poderoso instrumento, para saber, entre otras cosas, en qué se gastan los impuestos que pagan, cuáles son las prioridades del Gobierno y cómo estas pueden contribuir al desarrollo de su comunidad.

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Curso Especializados en Técnicas y Estrategias Procesales basado en el Libre Acceso a la Información Pública

Celebrado el 16 y 17 de Agosto de 2007Salón Las Atarazanas – Hotel V Centenario, Santo Domingo, Rep. Dom

Participación Ciudadana anuncia el proyecto de “Asesoría y Asistencia Legal para el Derecho de Acceso a la Información pública en la República Dominicana” para brindar asesoría legal a los ciudadanos y periodistas a quienes las instituciones públicas les nieguen información.

El presente Curso tiene por objeto que los participantes profundicen sus conocimientos sobre el derecho de Acceso a la Información Pública, posean las capacidades para poder sustentar en justicia los recursos correspondientes en caso de violación del Derecho de Acceso a la información Pública y que adquieran el conocimiento de los procedimientos ante la Corte Interamericana.

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Observatorio Declaraciones Juradas de Bienes

Participación Ciudadana, en el marco del programa de Monitoreo a las Declaraciones de Patrimonio, solicitó, en fecha 19 de junio del 2007, a la Tesorería Nacional una relación de las/os Senadoras/es, Diputadas/os, Síndicas/os, Vice-Sindicas/os y Regidoras/es que han realizado y remitido sus Declaraciones de Patrimonio, desde agosto 2006 a la fecha, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 82-79 que obliga a los funcionarios públicos a levantar un inventario detallado. Mediante comunicación No. 1938 fecha 26 de junio del 2007, la Tesorería Nacional suministró las informaciones requeridas, de donde extraemos las conclusiones siguientes. Al 26 de junio del 2007 habían presentado sus declaraciones Juradas de Bienes:

22 senadores, de 32, equivalente al 69%.

108 diputados/as, de 178, equivalente al 60%

10 síndicos/as, de 154, equivalente al 6%

2 vicesíndicos/as, de154, equivalente al 1%

14 regidores, de unos 2,000, equivalente al 0.7%.

En el interés ciudadano de que todos los servidores públicos se acojan a lo establecido por la Ley,  aprovechamos la oportunidad para indicar los nombres de los diputados, senadores y síndicos que NO han realizado sus declaraciones juradas de bienes.

Invitamos a la ciudadana a que visite nuestro sitio web www.pciudadana.com, donde tenemos un espacio con todas las declaraciones de patrimonio, que hemos recibido de la Tesorería Nacional.

Participación Ciudadana, espera que el Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) cumpla con su deber y exija a estos funcionarios mencionados precedentemente, la presentación de sus correspondientes Declaraciones de Patrimonio y que éstas sean debidamente transparentadas, de lo contrario, que dicha dependencia encamine las acciones administrativas de lugar para que se cumpla fielmente la Ley  82-79.

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