El movimiento cívico Participación Ciudadana anuncia al país su acreditación definitiva como Capítulo Nacional en la República Dominicana de Transparencia Internacional, organización líder en la lucha contra la corrupción en el mundo.

La corrupción es un cáncer para la sociedad, un mal que carcome las instituciones, uno de los determinantes fundamentales de la pobreza en el mundo, de las grandes desigualdades sociales, de las injusticias e incluso de la criminalidad. Gran parte de los recursos llamados a mejorar las condiciones de los pobres, a resolver problemas sociales, se pierden en el camino por las prácticas corruptas.

Entendemos que, así como la lucha por el respeto a los derechos humanos, por un lado, y por la preservación del medio ambiente, por otro, han sido los motivos fundamentales movilizadores de la conciencia ciudadana en el mundo durante gran parte del siglo XX, la lucha de hora, el objetivo fundamental unificador de los ideales de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil  en el presente siglo es la erradicación de la corrupción en la vida pública y privada.

Transparencia Internacional  es la coalición mundial de la sociedad civil dedicada a la lucha contra la corrupción en todos los países y continentes. Es una organización no gubernamental, con sede en Berlín, Alemania, con capítulos afiliados en diferentes partes del mundo. Tiene como meta luchar por un mundo en que la política, la sociedad y la economía estén libres de las prácticas corruptas. Define la corrupción como el aprovechamiento de los poderes delegados para fines privados.

Originalmente Transparencia Internacional estaba constituida por miembros individuales, personas con vocación de dedicar sacrificios y esfuerzos en pro de la transparencia de las actuaciones públicas. Posteriormente se decidió hacer gestiones por crear capítulos en diversos países. Fue así como se constituyó en una organización mundial.

Más adelante se está dando la modalidad de acoger como capítulos nacionales a organizaciones que ya existían previamente, tales como Participación Ciudadana, respetando su propia idiosincrasia, siempre que a su vez ellas se comprometan a respetar los estatutos, valores  y principios de Transparencia Internacional y velen por su buen nombre.

En este momento, Ti tiene capítulos nacionales en más de cien países, y en muchos otros tiene presencia a través de Contactos Nacionales o Capítulos en Formación, o bien por miembros individuales. En general, los capítulos nacionales son organizaciones independientes, que pasan por un proceso de afiliación, pero no están subordinadas organizativamente a TI. Pero no se reconoce nunca a más de una organización en un mismo país.

Desde el año 2004, Participación Ciudadana definió como línea fundamental de su trabajo la lucha por la transparencia en la República Dominicana. En tal sentido, decidió fortalecer su Programa de Transparencia de la Gestión Pública, el cual persigue contribuir con el proceso de disminución de la corrupción administrativa, mediante la movilización ciudadana por la creación y fortalecimiento de mecanismos que garanticen la implementación de políticas de transparencia y rendición de cuentas y una gestión pública al servicio de la ciudadanía, eficiente y  responsable.

En tal sentido, impulsa la aprobación y aplicación de normas anticorrupción y la sanción de la corrupción, la implementación de las Convenciones Internacionales de las cuales el país es signatario, tales como la  Convención Interamericana Contra la Corrupción, de la  OEA,  y la Convención Internacional Contra la Corrupción, promovida por la ONU. Como parte del trabajo anticorrupción de Participación Ciudadana, también se trabaja con la corrupción en el ámbito político (conflictos de intereses, contrataciones públicas, compra de votos, financiamiento político, impunidad de políticos, etc.) Igualmente, promueve una mayor conciencia ciudadana, procurando una activa participación de la ciudadanía, desarrollando actitudes de rechazo a este mal y la recuperación de valores éticos.

También desde el 2004 se iniciaron las gestiones para constituirnos en Capítulo Nacional de Transparencia Internacional. El proceso de acreditación se inició con nuestra designación en marzo del 2005 como Contacto Nacional en el país de TI, y desde ese momento Participación Ciudadana asumió la Declaración de Visión, Valores y Principios definidos por dicha organización, ha estado participando en las diversas actividades, difundiendo los proyectos y estudios de TI en el país y velando por sus intereses institucionales.

Desde julio del pasado año 2007 se obtuvo la acreditación provisional como Capítulo Nacional en Formación, mientras se cumplían algunos formalismos que permitieran obtener la acreditación definitiva, aprobada recientemente por el Consejo de Directores de Transparencia Internacional, reunidos en Berlín.

Tan pronto estalló la quiebra de Baninter y sus principales ejecutivos fueron sometidos a la acción de la justicia acusados de cometer el mayor fraude que se registra en la historia del país, Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista, consciente de la gravedad de ese hecho, asumió el compromiso de darle seguimiento al caso para que ese  crimen económico, y social,  no quedara impune y los imputados que resultaran  responsables del mismo, conforme con las pruebas suministradas  en un juicio imparcial y público, fueran severamente condenados al máximo de las penas previstas y establecidas por la ley.

Fue política de Participación Ciudadana mantener una línea de alerta permanente y de divulgación constante, sin escatimar esfuerzos y enfrentando con firmeza a las fuerzas que pugnaban por desacreditar nuestra indeclinable decisión, y que maniobraban para que una vez más quedaran impunes o con sanciones muy benignas los que, habiendo abusado groseramente de la confianza de sus ahorristas y depositantes, y habiéndose  enriquecido y dispendiado las enormes riquezas mal habidas, todavía pretendían burlar el brazo de la Justicia y escapar del imperio de la Ley.

La tenaz lucha emprendida por el Ministerio Público en cada instancia del proceso,  por los actores civiles, representados   por el Cuerpo de Abogados del Banco Central de la República Dominicana, La Superintendencia de Bancos y La Comisión Liquidadora de Baninter, así como el respaldo que mereciera dicho esfuerzo de una buena parte de la sociedad civil y algunos medios de comunicación, permitió que los jueces del poder judicial, en cada jurisdicción competente, encausaran el histórico proceso con cierta libertad, venciendo escollos con sobriedad y sin temor,  creando un saludable precedente.

Los jueces penales de Primera Instancia, enfrentaron con integridad el primer vendaval, y si bien pudieron  escapar algunos de los implicados de los cargos, perfectamente tipificados, de abuso de confianza y lavado de activo, y otros liberados de toda sanción, no menos cierto es que con su digna actuación crearon la zapata jurídica y despejaron las dudas que pudo labrar en el ánimo de muchos escépticos la prepotencia y el poderío de los que se han considerado intocables.

Recurrida dicha sentencia, tanto por la parte civil como por el Ministerio Público de una parte;  y de otra por los acusados que procuraban la mayor benignidad, la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional,  apoderada del caso, en una extensa sentencia que los expertos han considerado técnicamente bien elaborada, pudo con un exhaustivo análisis de los hechos y de las evidencias aportadas, enderezar entuertos  y calificar como responsables de violación a la ley No 183/02, (CMF) y del delito de estafa,   del crimen de abuso de confianza (Art. 408 CP) y del lavado de activos a los implicados Ramón Báez Figueroa y Marcos Báez Cocco, como lo fuera el Lic. Luis Alvarez Renta, conforme con los términos de la Ley No. 72/02. A la señora Vivian Lubrano, de activa participación en los delitos mencionados, le fue revocada la sentencia que le liberaba de toda inculpación, condenándole a cinco años de prisión y multas.

Un desliz de la sentencia de la Corte, que bien podría subsanar la Suprema Corte de Justicia una vez fuera debidamente apoderada, es el hecho de que habiendo agravado la responsabilidad de los señores Báez Figueroa y Báez Cocco por el doble crimen cometido con la imputación de los cargos de lavado de activo y abuso de confianza, a dichos condenados  no se les varió la pena, mereciendo, lógicamente, una pena mayor.

El nuevo Código Procesal Penal abre esa posibilidad, habiendo ya precedentes judiciales que auguran que en su papel de Tribunal de Casación, la Suprema Corte de Justicia ha de enmendar esa incongruencia, dándole  a la gravedad de los hechos la sanción justa y merecida a sus autores.

El movimiento cívico Participación Ciudadana, rechaza, por no ajustarse a la verdad, las declaraciones del presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral (JCE), cuando afirma “que en esta institución hay dirigentes que defienden intereses comerciales o empresariales” y que la misma se presta para ser parte de “tramas o campañas de descrédito”  contra las autoridades electorales.

Lamentamos  la hipersensibilidad mostrada por la Cámara Administrativa ante una opinión de nuestro Director Ejecutivo, Javier Cabreja, al responder preguntas, en un programa de televisión, sobre el concurso para la impresión de las boletas electorales. Ante los cuestionamientos formulados por algunos editores y recogidos por los entrevistadores, Cabreja favoreció que la Cámara de Cuentas investigara lo relativo al concurso, pero en ningún momento habló de retrasos en la impresión de las boletas ni en el reclutamiento del personal para operar los colegios electorales.

Precisamos que Participación Ciudadana no tiene, hasta el momento, ningún cuestionamientosobre el concurso para la impresión de las boletas electorales. Pero en cualquier caso el reclamo de aclaración y transparencia es  coherente con nuestras posiciones.

La opinión de Cabreja no ameritaba tal reacción. PC ha reconocido los avances logrados en el proceso organizativo de las próximas elecciones. En los dos informes de observación electoral se ha destacado “el temprano avance registrado en el proceso organizativo de los comicios, tanto en los aspectos técnicos y logísticos, como en la reestructuración de las juntas electorales, y en el reclutamiento y entrenamiento del personal que operará los 12 mil 995 colegios…”

Participación Ciudadana entiende que ningún organismo del Estado o institución pública o privada que maneje fondos del presupuesto nacional  está exento de una investigación o auditoria de parte de los organismos competentes, sin que ello obedezca a antagonismo o conspiración.-

Nuestros ejercicios de monitoreo y seguimiento al cumplimiento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, evidencian que ninguna de las organizaciones políticas están acatando los postulados y directrices que garantizan el cumplimiento de la referida norma.

Es por ello que Participación Ciudadana solicitó el viernes 14 de marzo, vía comunicaciones,  a las 24 organizaciones políticas que competirán en las elecciones de mayo próximo, como instancias obligadas y sujetas a la competencia de la Ley General de Libre acceso a la Información Pública, a que cumplan con la misma y que hagan de público conocimiento, toda la información referida a sus ingresos y gastos de campaña, contribuyendo con esto al  desarrollo y consolidación de nuestra democracia y al fortalecimiento del sistema de partidos políticos en la República Dominicana.

El articulo 4 de la referida ley expresa que será obligatorio para el Estado Dominicano y todas las instituciones que manejan fondos públicos, como es el caso de los partidos políticos, constituidos o en formación, que en cuyo caso la información  incluirá la identidad de los contribuyentes, origen y destino de los fondos de operación y manejo.

Por lo que, se le solicita a los partidos, que  transparenten sus ejecutorias y acciones en sus páginas electrónicas, de conformidad con el referido texto legal   y aquellos partidos que no tienen sitio web o que se encuentran deshabilitados, que encaminen acciones que garanticen la publicidad de sus actos.

Esperamos en el más breve plazo, empezar a registrar avances en la implementación de acciones y políticas que garanticen el acceso a las informaciones públicas que generan las  organizaciones políticas.

De nuestra parte continuaremos dando seguimiento a dicho proceso y estaremos midiendo y publicando los niveles de implementación y cumplimiento por parte de los partidos políticos, a través de nuestro Observatorio Ciudadano de Seguimiento a la Implementación de la Ley general de Libre Acceso a la Información Pública.

El paso de la tormenta Olga los días 11 y 12 de diciembre de 2007 dejó una secuela de males. Pérdidas de vidas humanas, centenares de viviendas destruidas, locales comerciales arruinados, miles de damnificados, puentes rotos, calles y carreteras averiadas, estragos en la ganadería y la agricultura,  desbordamiento de ríos e inundaciones por doquier, hambre, desolación, angustia, impotencia. Gran parte de la opinión pública consideró que muchos de estos daños se debieron al mal manejo de la Presa de Tavera, particularmente a la forma en que la misma fue desaguada.

Por tal razón, poco después del funesto suceso, el Poder Ejecutivo decidió designar una Comisión Presidencial presidida por el Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas para que investigara los hechos y rindiera un informe en un plazo no mayor de 90 días. Por otro lado, una comisión integrada por prestigiosos ciudadanos, profesionales y académicos de incuestionable proceder, denominada Comisión de Santiago tomó la loable iniciativa de investigar la situación creada por la tormenta Olga y el manejo de las compuertas de Tavera. Formaron parte de esta comisión, entre otros, el Ing. RAFAEL COROMINAS PEPIN, Ex Secretario de Estado de Obras Publicas y Comunicaciones; ORLANDO FRANCO, Ingeniero Civil, con Maestría en Geotecnia;  OSIRIS DE LEON, Ingeniero Geólogo y de Minas, Especialista en Estudios Geofísicos, Hidrogeológicos y Ambiental; ERVIN VARGAS, Ingeniería Civil, Maestría en Ingeniería Ambiental, Ex Presidente del CODIA;  LUIS PEÑA, Ingeniero y Geólogo de Minas, Maestría en Gestión Ambiental; DANILO GONZALEZ, Ingeniero Electromecánico, Encargado de Operación Presa de Tavera-Huracán David; ROLANDO MARTINEZ, Ingeniero Electromecánico, Supervisor de Taveras y Encargado de Planta, Presas de  Jimenoa y Rincón;  ROBERTO SURIEL, Ingeniero de Minas y Metalurgia, Maestría en Planificación y Economía Minera; CARLOS MANUEL ESTRELLA, Periodista, Abogado; JOSE DEVAREZ, Periodista, Educador, y ENMANUEL CASTILLO, Sociólogo

El 29 de enero de 2008 la Comisión de Santiago rindió un pormenorizado informe. Dicho informe señala, entre otras cosas, que el fenómeno fue detectado por el Centro de Huracanes de Miami, que puso en sobre aviso a las autoridades nacionales “ante la posible amenaza de tormenta”, por lo que el Presidente de la República convocó a su  Despacho, la misma noche del 9 de diciembre, a  los miembros del Comité Nacional de Emergencia; analiza lo que a su juicio son las causas reales y posibles de los hechos investigados y culmina con una serie de recomendaciones consideradas pertinentes sobre aspectos vitales para el mejor manejo de la  Presa Tavera – Bao – Angostura.

La Comisión de Santiago aporta datos sobre las fallas del sistema, revelando situaciones concretas que acusan negligencia o inexplicable torpeza, inobservancia  y deficiencias  en el manejo de los instructivos y manuales de prevención, atribuyendo  responsabilidades de los daños causados a las Autoridades de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y/o a las Autoridades de la Empresa Generadora Hidroeléctrica Dominicana, que “le dieron mas valor al agua almacenada en el embase para producir energía eléctrica que a la vida de los residentes en las márgenes del río Yaque.”

La reacción del sector oficial, lejos de toda mesura,  fue descalificar el referido informe y darle un sesgo político partidista. Se llegó a cuestionar la  idoneidad de sus autores y el derecho que tiene todo ciudadano y ciudadana  a hacer sus propios estudios y sacar sus propias conclusiones frente a hechos de tal magnitud.

Participación Ciudadana, como movimiento cívico no partidista, no experta en el tema tratado, prefirió, antes de fijar posición, esperar el Informe Oficial que sobre el suceso habría de rendir la Comisión Presidencial, la cual dictaminó que el desagüe y manejo de la Presa de Tavera “fue correcto y no hubo negligencia”  gracias a lo cual  se pudieron evitar males mayores.

Participación Ciudadana, sin embargo, quiere consignar que le resulta extraño que  en el informe oficial se afirme que el conjunto de organismos estatales “no funcionó de forma adecuada” por  falta de coordinación, para luego concluir que “actuó de manera correcta”. Nuestra institución quiere dar testimonio de que le merece mayor credibilidad, por considerarlo mas veraz e imparcial, el informe rendido por la Comisión de Santiago, no desvirtuado de manera convincente por el Informe Oficial.

Y quiere, sobretodo, advertir y  dejar claramente establecido que defenderá, en todo momento, el derecho a la libre expresión y discusión de las ideas, la participación comunitaria y el valor de las iniciativas que, en ese orden asuman las personas, físicas o morales, preocupadas por establecer la verdad y recomendar las medidas que entiendan efectivas y necesarias para la mejor defensa y protección del bien social.

Consejo Nacional

El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, inicia esta nota de prensa insertando dos párrafos tomados de medios escritos de la prensa nacional, relativos a declaraciones de dirigentes políticos, publicados en el mismo contexto, en respuestas a las mismas inquietudes externadas por nuestra organización, pero con la única diferencia de que median cuatro años entre uno y otro. Citamos:

“El coordinador de la campaña del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en la Capitaly la Provincia Santo Domingo, Pedro Franco Badía, acusó al movimiento cívico Participación Ciudadana de ser un apéndice del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuyas denuncias sólo buscan fortalecer la posición de esa organización política”.  Periódico Listín Diario, 23 de marzo del 2004.

“El coordinador  de campaña del Partido de la Liberación Dominicana(PLD), Francisco Javier García, atribuyó ayer a Participación Ciudadana situarse siempre a la “cola” del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), apoyando las denuncias “sin fundamento y sin antes investigar”, lo que, dijo, cuestiona su “cacareada” imparcialidad política” . Periódico Hoy, 14 de marzo del 2008.

En la primera ocasión, dichas declaraciones se originaron por la propuesta de Participación Ciudadana en el sentido de que el Presidente Hipólito Mejía no participara en inauguraciones de obras públicas como parte de su campaña electoral. Sólo hay que hacer una somera revisión de los archivos de los medios de comunicación de aquel tiempo para recordar la reacción de los funcionarios perredeistas y del propio Presidente de ese entonces, ante las denuncias de uso de los recursos del Estado y la exigencia de que debía tomar una licencia mientras estuviera en campaña.

En esta ocasión, la reacción del coordinador de la campaña del PLD tiene lugar ante la exigencia de Participación Ciudadana para que la Junta CentralElectoral retenga la entrega de fondos públicos a ese partido hasta que se aclare la cuantía de dinero repartido a sus dirigentes, usando los fondos del Estado dominicano a través de las llamadas nóminas CB.

Consideramos que los dirigentes políticos dominicanos no pueden ser tan incoherentes y olvidadizos, frente a patrones similares de comportamientos, y se le endilgue a Participación Ciudadana acusaciones contradictorias. A lo largo de doce años de observación electoral, en los cuales el país ha estado dirigido por gobiernos de tres partidos diferentes, de los cuales hemos dado seguimiento a seis procesos de elección nacional, incluyendo uno de dos vueltas, y a varios procesos de elección primaria de los partidos, donde prácticamente se le ha atribuido este tipo de acusaciones.

Por lo general, lo más común es que las mismas se originen en el partido que se encuentra en el poder, acusándonos reiteradamente de parciales  en favor de la oposición. La razón es que las instancias de poder suelen ser las más interesadas en desmeritar la observación independiente y voluntaria, en virtud de que están en mejor condición de recibir el beneficio  que otorga el poderío del Estado para impedir la competencia igualitaria y plural como  base fundamental de la democracia.

Participación Ciudadana reitera su compromiso de ofrecer a la sociedad dominicana una observación imparcial del desarrollo de las elecciones, y llama a la ciudadanía no comprometida con los vicios de nuestro sistema político a acompañarnos en este esfuerzo. Reafirma su vocación de  continuar con el esfuerzo para que se fortalezcan las condiciones de competencia igualitaria entre todos los candidatos, y que los fondos del fisco no deben ser usados para favorecer a ningún candidato en particular, salvo en la magnitud y en las modalidades dispuestas por la ley.

Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista, invita a los candidatos presidenciales a presentar una Declaración Jurada Voluntaria de Patrimonio de conformidad con el principio de rendición de cuentas y en interés de contribuir con la transparencia en la gestión pública.

La Declaración Jurada Voluntaria de Patrimonio puede constituir un mecanismo  mediante el cual  los candidatos presidenciales, coloquen y hagan de dominio público su patrimonio, expresando en la práctica su  compromiso con la transparencia y con la rendición de cuentas. Es una oportunidad  para comunicar a los ciudadanos y ciudadanas sus antecedentes laborales y económicos, así como  el total de ingresos que perciben, los activos y pasivos que ostentan, en el país o en el extranjero, debidamente especificados y valorados. Dichas declaraciones proporcionarían datos para que la población pueda considerar, analizar y formarse opiniones sobre quienes aspiran a dirigir la nación.

Tomando como parámetro el principio de buena fe, de respeto a la institucionalidad y transparencia que se presume poseen todos los candidatos en esta contienda,  la ciudadanía tiene el derecho de estar debidamente informada y dar seguimiento a la evolución de estos patrimonios, en el transcurso de un eventual  ejercicio presidencial, para detectar situaciones de enriquecimiento ilícito originadas en la administración de los recursos públicos.

Participación Ciudadana realiza esta solicitud con el único interés de contribuir con los esfuerzos por hacer más transparente el ejercicio de la actividad política y el financiamiento de las campañas electorales en la República Dominicana.

Estamos convencidos de que la transparencia es una condición fundamental para generar un voto informado, aumentando la confianza de la ciudadanía en la democracia. Para los candidatos es una oportunidad de pasar del discurso a la realización de buenas prácticas.

Finalmente, es importante el compromiso y la capacidad de los actores políticos de poner en práctica acciones, normas, políticas y estrategias que garanticen el financiamiento transparente de la campaña electoral, permitiendo que la ciudadanía pueda ejercer efectivamente su derecho a conocer y fiscalizar la influencia del dinero en la política.

Durante un acto que tuvo lugar en el Banco Central, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo –INTEC-  la Universidad Iberoamericana – Unibe- y  Participación Ciudadana, entregaron certificados a 353 jóvenes que fueron beneficiados con la participación en el Programa de Formación y Gerencia Política, que desarrollan estas instituciones con el auspicio de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos –USAID-.

A través de esta iniciativa que viene desarrollándose desde marzo del 2005,  se han impartido veinticinco cursos en cinco regiones del país, sobre formación en Liderazgo y Gerencia Política.

Los jóvenes participantes en estos cursos fueron formados en una nueva visión y gestión de hacer política, básicamente  fueron instruidos sobre varios aspectos relacionados a la democracia moderna y sus valores éticos, así como respecto a la necesidad de transformación y modernización de los partidos políticos.

Esta iniciativa que llevan a cabo INTEC, Participación Ciudadana y Unibe, con los auspicios de la USAID, busca además fortalecer en el liderazgo joven una cultura de la  tolerancia y los valores democráticos, con el fin de que en su ejercicio político estén en la capacidad de buscar y encontrar consensos que ayuden a crear un mejor país.

El acto estuvo encabezado por los Señores Miguel Escala, Rector de INTEC, Julio Amado Castaños, Rector de UNIBE; Francisco Checo, Coordinador General de Participación Ciudadana, Stephen Brager, gerente de Democracia de USAID; así como  los demás miembros del Consejo Consultivo del Programa.

Reinaldo Pared, Secretario General del PLD, Orlando Jorge, Secretario General del PRD, Víctor Gómez, Secretario del PRSC, Carlos Sánchez del APD y Rolfis Báez, del BIS,  Dra. Susi Pola,  Javier Cabreja,  Director Ejecutivo de Participación Ciudadana y  Rafael Toribio, Director General del Programa, también encabezaron el acto.

Juan Bolívar Díaz, director de Prensa de Teleantillas, tuvo a su cargo el discurso de cierre de la 2da promoción del programa de Formación y Gerencia Política.

Estuvieron presentes los presidentes, secretarios generales, encargados de formación y juventud de partidos políticos reconocidos por la Junta CentralElectoral,  altos dirigentes políticos miembros del Congreso Nacional, jueces de la JCE, representantes del cuerpo diplomático y organismos internacionales, dirigentes de la sociedad civil, intelectuales y personalidades del mundo empresarial.

Este programa ha contado con el co-auspicio del Centro León, Universidad Tecnológica de Santiago, Valverde Mao, la Universidad CatólicaNordestana y la Universidad CatólicaTecnológica de Barahona, instituciones que han cedido sus aulas para la formación de esta nueva generación de políticos. En la zona metropolitana los cursos fueron impartidos en INTEC e UNIBE,

También se ha recibido la colaboración del Congreso Nacional, la Oficinade Administración de Personal y el Consejo Nacional para la Reformay Modernización del Estado.

Con este grupo de jóvenes egresados y 285 jóvenes de las regiones norte, nordeste y noroeste que recibirán sus certificados la próxima semana en la Ciudad de Santiago, durante sus dos primeros años de existencia el Programa habrá formado 970 jóvenes, quienes recibieron 1,800 horas de formación ininterrumpida, durante el período marzo 2006-Dic. 2007

Estos jóvenes son miembros de 15 partidos políticos y 55 organizaciones de la sociedad civil y residen en 31 provincias del país

El 27 % de los 970 egresados de este programa provienen de la zona metropolitana, mientras que el 70 % pertenecen a las otras regiones del país. Del total el 37 % (358) son mujeres y el 63% (612) pertenecen al género  masculino.

Para septiembre de 2008, fecha en la que concluye este Programa, se tiene como meta haber formado en total a mil trescientos jóvenes a fin de dotar al país de una nueva clase de líderes políticos.

Este programa de Formación y Gerencia Política tiene como misión lograr la creación de un nuevo liderazgo político, a través de la formación de sobre quienes descansará la responsabilidad de un nuevo país y una mejor política de cara a los grandes problemas nacionales.

El mismo se lleva  a cabo mediante un esfuerzo educativo novedoso gracias a una conciencia clara entre estas instituciones  sobre la necesidad  de contribuir desde el mundo universitario a la renovación y modernización del liderazgo político dominicano.

La Campaña Electoral: Visión de la Juventud fue el nombre de la tertulia que desarrolló Participación Ciudadana con la disertación de los licenciados Carlos Pimentel, Millizen Uribe y Rafael Paz.

Las palabras de bienvenida a la actividad estuvieron a cargo del Lic. Javier Cabreja Director Ejecutivo de Participación Ciudadana, quien agradeció la presencia de todos los asistentes al acto.

El licenciado Pimentel disertará sobre el tema ¨Rol, perspectiva y visión de la Juventud en el marco de la Campaña Electoral”, en tanto que Uribe tratará la “Visión de las Organizaciones Juveniles en el Proceso”; mientras el doctor Paz hablará acerca del Trabajo de la Junta Central Electoral en la Campaña”.

A esta actividad asistieron jóvenes de diferentes agrupaciones sociales y personalidades de la sociedad civil interesadas en el tema.

Perfil de los expositores 

Carlos Pimentel. Estudio derecho en la UASD. Miembro del grupo juvenil Forjando Patria. Encargado del Programa de Transparencia de la Gestión Pública de Participación Ciudadana, también conduce el segmento juvenil Voces Nuevas de Uno+Uno. Ideológicamente se define como abanderado de las ideas de transformación social.

Millizen Uribe: Estudió periodismo en la UASD. Locutora. Activista social. Militó en Juventud Rebelde. Actualmente es miembra fundadora del grupo juvenil Forjando Patria. Miembra del Comité por la Unidad y la Defensa de los Derechos de la Mujer (CUDEM). Miembra del Colectivo Latinoamericano de Jóvenes. De ideología liberal y humanista, aboga por un mundo equitativo a nivel económico, social y político. Conduce el segmento juvenil Voces Nuevas de Uno + Uno que se transmite los viernes en Teleantillas canal 2. Columnista de Clave Digital.

Rafael Paz: Estudió derecho en Universidad UNIBE. Profesor de derecho de la UNPHU. Miembro del grupo juvenil Jóvenes Unidos por un Estado Sano (JUES). Miembro del Consejo latinoamericano de estudiosos de derecho internacional y comparado. Presidente del XXIV Modelo de la OEA. Ideológicamente se define de centro y asistente de la doctora Aura Celeste Fernández, miembro de la Cámara Contenciosa de la JCE.