El movimiento cívico Participación Ciudadana saluda que el gobierno haya formulado un “Plan Estratégico República Dominicana Transparente, de Ética y Prevención de la Corrupción 2009-2012”. Al mismo tiempo, manifestamos nuestra disposición de darle estricto seguimiento a su puesta en marcha, y anunciamos al país que periódicamente estaremos informando de los resultados de nuestra observación.
Sin embargo, entendemos que la transparencia es mucho más que un plan estratégico, por muy bien formulado que el mismo esté. Es una concepción de cómo se manejan los asuntos de Estado. La transparencia es una forma de vida. Es un patrón de comportamiento cotidiano.
En el acto de presentación del Plan, el Presidente Leonel Fernández sorprendió a la opinión pública nacional con una declaración en el sentido de que su gobierno aplicará una política de tolerancia cero frente a la corrupción. De ser esa su real intención, esta podría ser la mejor noticia que reciba el pueblo dominicano de parte de sus autoridades en esta época de tantas incertidumbres.
Y de verdad que quisiéramos creerle. Sin embargo, resulta difícil de entender si se trata de un simple enunciado de intenciones de cara al futuro, sin tomar en cuenta ninguna acción frente a los innumerables y escandalosos casos del pasado.
Siendo así, para hacer creíble esa promesa, Participación Ciudadana sugiere al Presidente que responda a una serie de reclamos que hemos hecho en los últimos años respecto a situaciones de evidente corrupción en que se han visto envueltas diversas instancias o dependencias de su gestión, y que son conocidas por la opinión pública, no por efecto del trabajo eficiente de los organismos públicos responsables de la prevención, detección y persecución de la corrupción, sino gracias al esfuerzo de un grupo reducido pero meritorio de productores de medios de comunicación.
Para dar muestras de que efectivamente habrá tolerancia cero frente a la corrupción, el Presidente debe comenzar por explicar a la ciudadanía a dónde fueron a parar los US$130 millones de los pagarés que fueron firmados a la empresa Sun Land, en cuyos términos dice textualmente “por concepto de valor recibido”, recurriendo a procedimientos impropios en el uso de crédito internacional del país y la contratación de obras públicas, violatorios de la Constitución, de diversas leyes adjetivas y de acuerdos internacionales
Todavía Participación Ciudadana espera respuestas a la solicitud de que sea aclarada la denuncia de la periodista Nuria Piera, apoyada en pruebas de laboratorios, de que cerca de la mitad de la leche que se estaba suministrando a los niños a través del desayuno escolar se trataba prácticamente de agua con saborizante. En aquella ocasión manifestamos que una denuncia tan grave como esta debió iniciar una investigación para someter a la justicia a los responsables de una estafa contra el Estado, que afecta fondos públicos y que por perjudicar a los niños pobres del país, constituye un verdadero crimen de lesa humanidad.
También ha reclamado Participación Ciudadana aclaración de la cuantía de dinero repartido a dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana con fondos del Presupuesto Nacional, a través de las llamadas nóminas CB.
Debería el Presidente, para hacer creíble su promesa reciente, aclarar al país qué se está haciendo respecto a los casos que han estremecido la conciencia nacional en meses recientes, y que afectan el uso de los recursos públicos en instituciones como la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, la Secretaría de Estado de Obras Públicas y el Programa de Reducción de Apagones, así como en la Oficina de Supervisión de Obras del Estado (Remodelación del Palacio de Bellas Artes y de la Catedral de San Juan de la Maguana).
Tampoco hay muchos motivos para confiar en la palabra del Presidente si todavía una altísima proporción de sus funcionarios ni siquiera cumplen con el formalismo de hacer su declaración jurada de patrimonio, como manda la ley, ni cumplen otras como la del deber de información pública o la de compras y contrataciones, sin que reciban ninguna sanción.
Su discurso tampoco es muy creíble si no manifiesta arrepentimiento y disposición a enmendar sus acciones en situaciones como el desistimiento de la acción judicial en casos como el del PEME o en el de Angel Lockward, así como en los indultos concedidos a responsables del fraude de Banínter y del Plan Renove. Sería importante mostrar a la ciudadanía el interés del Presidente de la República cuando en vez de destituir o suspender a sus funcionarios por denuncias de los medios de comunicación de actos de corrupción pública, pone a disposición de los órganos de persecución penal a dichos servidores públicos para que éstos evalúen los méritos de las denuncias y así hacer valer la legitimidad del enunciado del Presidente Fernández en su discurso: Cero Tolerancia a la Corrupción.
