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Participación Ciudadana, Capitulo Nacional de Transparencia Internacional lanzó la nueva imagen de la Ley 200-04

Participación Ciudadana, Capitulo Nacional de Transparencia Internacional lanzó lanueva imagen de la Ley 200-04 en un concurrido evento que contó con la presencia de los principales directivos de la institución.

Las palabras centrales del acto estuvieron a cargo del Sr. Samir Chami Isa, Coordinador General de Participación Ciudadana y el Sr. Javier Cabreja, Director Ejecutivo.

Chami Isa al dirigirse a los presentes explicó que, para garantizar el derecho ciudadano de acceder a las informaciones públicas contamosen la República Dominicana, con laLey General de Libre Acceso a la Información Pública, No. 200-04, aprobada por el Congreso Nacional, el trece (13) de abril año 2004, de igual manera el Reglamento de Aplicación fue promulgado por el Poder Ejecutivo,  el 25 de febrero del 2005, cuando emitió el Decreto 130-05, tomando en consideración los valiosos aportes de las organizaciones sociales.

La promulgación de dicha normativa y su Reglamento, ha provoco grandes expectativas en diferentes sectores de la sociedad dominicana, considerada como un instrumento normativa que contribuye y es un apoyo para el combate a la corrupción administrativa y el aumento de la transparencia,  ayudando a la erradicación de la cultura del secreto, del autoritarismo, la discrecionalidad, fortaleciendo la gestión pública y democratizando los poderes públicos, sostuvo.

En tanto que Cabreja manifestó que la campaña publicitaria de la Ley se lanza como una bebida energizante que les permitirá a las personas abrir los ojos, despertar y conocer sus derechos para acceder a la información pública como herramienta para prevenir y combatir la corrupción.

Dijo el Director Ejecutivo de Participación Ciudadana que con esta campaña se busca atraer la atención del público hacia los mensajes publicitarios de productos y servicios del diario vivir y con la misma se recurrieron a técnicas persuasivas que fueran capaces de burlar el cerco de la indiferencia.

Expresó que, la campaña está basada en un planteamiento estratégico que consiste en hacer que el público conozca cuál es la herramienta que le permitirá tener libre acceso a la información pública, en este caso la Ley 200-04, pero además se quiere despertar el interés por conocer el contenido de esta Ley y los procedimientos de aplicación. También, y no menos importante, pretendemos con nuestra propuesta lograr motivar al público a que actúe, al poner en conocimiento de los ciudadanos los poderes que le otorga la Ley, pero también las limitaciones.

Añadió que, la población dominicana ha visto cómo las luchas para exigir que sean atendidas y cumplidas las responsabilidades que deben asumir los ciudadanos y ciudadanas que desempeñan funciones públicas han dejado pocos resultados. Por estas y muchas otras razones el pueblo se muestra indiferente cuando se les invita a por lo menos conversar sobre temas de carácter político, en el sentido administrativo y legal de la palabra.

Para la campaña se utilizarán:

  • Avisos de prensa

  • Volantes

  • Minivallas

  • Gorras

  • Camisetas

  • Botones

  • Banderolas

  • Dummie del Producto tamaño gigante

  • Tope de mesa

  • Acciones de promoción en Supermercados y zonas de alto tránsito de personas.

En el marco de la actividad fueron premiadas las estudiantes Milagros Mejía Manzueta del Instituto Fabio Amable Mota, con el primer lugar y  Marianelis Contreras Ramos del Politécnico María de la Altagracia con el segundo lugar que participaron en el concurso de investigación donde utilizarían como principal  herramienta la Ley 200-04.

Para escuchar el Jingle del lanzamiento clic aqui

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Carta enviada por Participación Ciudadana

Ing. Temístocles Montás Secretario de Estado de Economía Planificación y Desarrollo Mons. Agripino Núñez Collado Presidente del Consejo Económico, Social e Instituciona

Distinguidos Señores:

Nos complace saludarles al responder la invitación que nos formularan para participar en el proceso de concertación que ha iniciado el Gobierno. Atendiendo el procedimiento informado nos permitimos señalarles las cinco prioridades que consideramos fundamentales para iniciar un diálogo sobre las urgencias económico sociales e institucionales de la nación:

1.- Frente a la Crisis Económica

Como una señal de que se va a avanzar en el respeto de acuerdos anteriores, es importante la revisión del presupuesto de gastos públicos para el año recién iniciado, especialmente en lo concerniente a las prioridades del gasto y el incumplimiento de los consensos y leyes que privilegian la educación, salud y seguridad social y los municipios. La reformulación de dicho instrumento es fundamental además, en el espíritu de “atenuar los impactos negativos de la actual crisis económica mundial sobre la economía y la sociedad dominicana” para reorientar recursos hacia regiones, acciones de infraestructura y grupos sociales muy afectados, así como a establecer un efectivo plan de austeridad, mayor racionalidad en el uso de los fondos públicos, y reajuste del gasto fiscal que permita una reducción de las tasas de interés en beneficio de las actividades productivas.

2.- Incentivo a la Competitividad

Establecimiento de un programa de promoción de la competitividad empresarial en orden al mejoramiento de la producción y la productividad, y en consecuencia al empleo, así como a las exportaciones, con el objetivo de reducir el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos

3.- Transparencia y Lucha Contra la  Corrupción

Un definitivo compromiso de cumplir de inmediato todas las leyes concernientes a la transparencia de la gestión pública y la reducción de la corrupción administrativa. Entre otras la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley sobre Compras, Contrataciones y Concesiones del Estado, la Ley sobre  Declaración jurada de Bienes, la Ley de Función Pública y Carrera Administrativa, la Ley que Penaliza el Robo de Electricidad y la Ley que instituye el Defensor del Pueblo. Para ello es importante el instituir un Fiscal Anticorrupción y fortalecer  la independencia del Ministerio Público.

4.- Seguridad Ciudadana

Asumir con carácter de urgencia la reforma y profesionalización  de la Policía Nacional en todos los órdenes, y medidas adicionales que propicien la seguridad ciudadana, la paz social y el respeto a los derechos humanos, incluyendo la suspensión de la política policial de ejecución de ciudadanos. Para combatir efectivamente el crimen organizado y el tráfico y consumo de drogas se impone una depuración de las Fuerzas Armadas. Así mismo se requieren disposiciones efectivas para fortalecer los mecanismos institucionales, policiales y judiciales para reducir la impunidad de los transgresores de las leyes.

5.- Marco Institucional

Suspensión del proceso que persigue establecer una nueva Constitución de la República y adoptar el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo como base para una real concertación de todas las fuerzas políticas y sociales invitadas al diálogo que propicia el Gobierno “para arribar a un gran pacto nacional entre los actores políticos, sociales y económicos que se plasme en una Estrategia Nacional de Desarrollo incluyendo las prioridades nacionales y los objetivos de desarrollo para los próximos veinte años” .

Finalmente queremos enfatizar que no parece posible que podamos participar en un proceso de concertación de esta naturaleza si simultáneamente se está imponiendo una nueva Constitución de la República que excluye dicho consenso, y al mismo tiempo se está ejecutando un Presupuesto de Gastos Públicos que desconoce acuerdos anteriores sobre los mismos temas a discutir, ya que así es imposible “asegurar el avance en el desarrollo económico, social e institucional de la República”, como reza la convocatoria al diálogo.

Con sentimiento de consideración y estima, les saluda, atentamente.

Lic. Francisco Checo

Coordinador General de Participación Ciudadana

 

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Samir Chami Isa, nuevo coordinador general de Participación Ciudadana

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana escogió al abogado Samir Chami Isa como nuevo Coordinador General para este año 2009, durante la primera reunión de esta organización.

Samir Chami Isa sustituye en la coordinación general al licenciado Francisco Checo.

El Doctor en Derecho, Chami Isa es miembro de Participación Ciudadana desde el 2001, fue coordinador de la Comisión de Justicia, actualmente coordina la Comisión de Sostenibilidad Financiera, y forma parte de la Comisión del Fondo Patrimonial.

Además de Participación Ciudadana, el Sr. Chami Isa ha participado en la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS);  la Asociación de Jóvenes Empresarios (ANJE); y el Club Rotario.

En su trayectoria profesional ha ejercido en las áreas de Derecho Empresarial, Cobros Compulsivos, Asuntos Bancarios e Inversión Extranjera, se desempeñó como  abogado del Banco de Reservas durante cinco años, luego pasa a formar parte  del departamento legal de Industria Nacionales, en la actualidad es director y presidente de la firma de abogados Chami Isa & Asociados.

Durante la reunión del Consejo Nacional, también  escogieron los miembros integrantes del Comité Coordinador para este año, el cual está integrado por Francisco Cueto,  José Tejada, Rosalia Sosa y Francisco Alvarez, Francisco Checo, Somnia Vargas y el propio Samir Chami Isa.

Los demás integrantes del Consejo Nacional de Participación Ciudadana son, Julio César Urbáez, Roque Napoleón Muñoz, Norkely del Rosario y Cándido Mercedes.

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Ante la Convocatoria a la Cumbre por la consolidación y ampliación de la gobernabilidad, la sostenibilidad macroeconómica y el desarrollo económico social del país

El movimiento cívico Participación Ciudadana manifiesta su disposición a participar en la reunión cumbre convocada por el gobierno, a condición de que su agenda  abarque los aspectos económicos sociales y los políticos institucionales  incluyendo los constitucionales, inseparables dentro de un pacto de nación, con la firme resolución de contribuir a que la misma no devenga en otra burla y frustración como tantas que hemos padecido en la historia de los diálogos y consensos nacionales.

Frente a la convocatoria al encuentro de las “fuerzas vivas” formulada por el gobierno dominicano, tras reuniones de su Comisión de Análisis Político y su Consejo Nacional,  Participación Ciudadana manifiesta lo siguiente:

1.- Como institución que aboga por la ampliación de la democracia nacional al estadio de la participación de la ciudadanía, no podemos menos que acoger la convocatoria esperando que      la misma se inscriba en el espíritu de la solicitud que formulamos en carta que dirigimos al presidente de la República el 8 de agosto pasado, en vísperas del inicio de su actual período gubernamental.

En esa oportunidad, refiriéndonos al escenario de crisis económica derivada tanto de nuestros desaciertos como del ámbito internacional, planteamos la necesidad de “concentrar atención y esfuerzo en lograr un gran consenso nacional para pactar un proyecto de nación que permita corregir todas nuestras distorsiones, eliminar subsidios improductivos, promover la producción agropecuaria, industrial y energética, reorientar la inversión en beneficio de un desarrollo más justo, combatiendo la pobreza, disminuir el dispendio y la corrupción y al mismo tiempo crear un marco constitucional y jurídico que fortalezca la institucionalidad democrática”.

2.- A nuestro juicio no había ni hay duda que los aspectos económicos-sociales tienen que ser prioritarios en cualquier género de concertación nacional por las urgencias que imponen las distorsiones y excesos nacionales y la recesión internacional. Señalábamos que “En una escala de prioridades, nos permitimos sugerir que el necesario pacto nacional conlleve un riguroso calendario y una firme y plural comisión de seguimiento, poniendo en primer lugar los aspectos de políticas económicas y sociales, relegando para una segunda etapa la reforma constitucional”.

Por eso este encuentro debió preceder la aprobación del presupuesto para el 2009 que a juicio de gran parte de las fuerzas sociales no refleja la austeridad, la prudencia y la rigurosa prioridad en el gasto público que demanda la situación. Además de deficitario y poco realista, ya que se fundamenta en niveles de endeudamiento externo sin precedente precisamente en medio de la peor crisis de los mercados financieros internacionales

3.- Si el gobierno quiere real y sinceramente una concertación por la gobernabilidad está obligado a poner a consideración su proyecto de nueva Constitución que no ha sido consensuado con nadie, aunque fue precedido de una consulta muchos de cuyos resultados fueron ignorados o distorsionados. Por otro lado el proyecto contiene conflictivas reformas fundamentales que han sido objeto de múltiples observaciones y rechazos.

Resulta insostenible y hasta burlesco que se pretenda concertar un pacto “para asegurar el avance en el desarrollo económico, social e institucional de la República”, como dice la convocatoria,  y que al mismo tiempo se pretenda imponer unilateralmente una nueva carta fundamental de la nación. Más contradictorio aún cuando se ha convocado a “Acordar un programa de trabajo que permita arribar a un gran pacto nacional entre los sectores políticos, sociales y económicos que plasme en una Estrategia Nacional de Desarrollo las prioridades nacionales y los objetivos de desarrollo para los próximos veinte años”.

4.- Planteábamos en nuestra carta del 8 de agosto que la búsqueda de consenso para enfrentar la crisis económico-social obliga a un aplazamiento del conocimiento del proyecto de nueva Constitución porque este “podría desviar la atención nacional de los problemas económicos sociales que nos amenazan y generar un clima más de desacuerdos que de concertación, comenzando por la forma misma de emprender esa tarea”. Ese aplazamiento daría además lugar a que el presidente de la República reivindique el valor de tantas concertaciones previas dejadas en el olvido, aceptando el mayor consenso nacional de las últimas décadas que ha sido la convocatoria de una Asamblea Constituyente de amplia participación social por elección popular para una profunda reforma de la Constitución de la República.

Baste recordar que así fue consensuado en el extenso Diálogo Nacional que auspició el gobierno del presidente Fernández (1997-98), por laboriosas concertaciones de la Comisión Nacional para Reforma del Estado y de la Comisión Especial para la Reforma Constitucional integrada por el presidente Hipólito Mejía en el 2001, que incluyó representantes de todos los partidos reconocidos, de varias instituciones estatales, de unas veinte organizaciones sociales y de una docena de expertos. Para más obligación moral los tres partidos mayoritarios firmaron en septiembre del 2001 un “Pacto por la Reforma Constitucional” en el que se comprometieron a convocar la Asamblea Constituyente por elección popular. Monseñor Agripino Núñez Collado fue el coordinador de la Comisión Especial y luego encabezó una comisión de seguimiento del pacto en la cual se integró a Participación Ciudadana. Por respeto a nosotros mismos nunca hemos dejado de reclamar el cumplimiento de ese pacto.

5.- Nos sentimos obligados a advertir que la tradición de burlas a los consensos y leyes frutos de encuentros como el que ahora se nos convoca y de largos procesos de negociaciones, ha creado una profunda desconfianza en la capacidad del sistema político para cumplir acuerdos.

Nos referimos a los olvidados acuerdos del Diálogo Nacional y los referentes a la reforma constitucional, incluyendo aspectos claves de la consulta que precedió la elaboración del proyecto bajo consideración del Congreso. El último consenso fruto de negociaciones gubernamentales con instituciones empresariales, sindicales y sociales originó la Ley de Austeridad para el 2007 y todos sabemos que tan pronto fue promulgada el 28 de diciembre del 2006 por el presidente Fernández comenzó a ser violada o ignorada. El “Pacto por la Estabilidad y el Desarrollo Económico”  suscrito con el empresariado por el gobierno del presidente Mejía en diciembre del 2002, también fue vulnerado.  Resultó imposible poner en vigencia el “Consenso sobre Políticas Sociales” del 1998. Infructuosas han sido también numerosas concertaciones político-sociales para leyes que luego no han sido aprobadas, como la de partidos políticos y la de participación social,  o que aún promulgadas no han sido plenamente acatadas, como la del Defensor del Pueblo o las que establecen porcentajes del presupuesto para educación, consignada en dos planes decenales, y para los ayuntamientos.

6.- Sería muy peligroso para la imagen del gobierno, dado el clima de desconfianza imperante en el país,  que esta convocatoria resultara en otra frustración, porque se le pretenda utilizar simplemente para paliar el disgusto generalizado. La cumbre carecería de sentido si no puede afectar las prioridades del presupuesto de este año y si paralelamente la mayoría gubernamental impone una nueva Constitución sin someter su proyecto a consideración de las organizaciones políticas y sociales. Para su éxito el gobierno tiene que dar claras señales de interés en una real concertación.

En conclusión, Participación Ciudadana propone

A)           Que la cumbre se realice sin apresuramientos y por tanto que sea a mediados de febrero para que todas las organizaciones tengan tiempo de reunir a sus órganos ejecutivos y presentar sus propuestas y que estas sean procesadas por el equipo coordinador.

B)           Que el gobierno aplace el conocimiento de su proyecto de Constitución hasta que sea discutido y que la sociedad tenga oportunidad de rescatar el reiterado consenso de una Asamblea Constituyente que podría ser electa en  los comicios congresionales y municipales del año próximo.

C)           Apoyar la metodología de la convocatoria en cuanto a que en una primera etapa sólo se conozcan las propuestas referentes a la coyuntura de crisis económica, incluyendo políticas sociales y seguridad pública. Y en una segunda los aspectos económicos y sociales  y los institucionales y políticos, incluyendo la reforma constitucional.

D)           Que en todos los aspectos partamos de la revisión del cumplimiento de todas las leyes y acuerdos frutos de consensos anteriores para no comenzar de cero en problemas ya ampliamente debatidos, lo que implicaría:

a.      La ley de austeridad del 2007

b.      El Pacto por la Estabilidad y el Desarrollo Económico del 2002

c.       El Pacto para la Reforma Constitucional

d.      Las propuestas de reformas constitucionales de la Comisión Especial del 2001

e.      Las resoluciones del Diálogo Nacional 1997-98

f.        Los repetidos consensos para una Ley de Partidos Políticos

g.      El consenso para una Ley de Participación Social

h.       La Ley General de Educación que establece el 4 por ciento del PIB para el sector educativo

i.         La Ley General de Municipios que destina a los ayuntamientos el 10 por ciento de los ingresos nacionales

j.        La ley que instituye el Sistema Dominicano de Seguridad Social

k.      La Ley General de Presupuesto

l.         La Ley sobre Compras, Contrataciones y Concesiones del Estado

m.     La Ley General de Electricidad

n.       La Ley del 2007 que sanciona el robo de Electricidad

o.      La Ley de Función Pública

p.      La Ley de Libre Acceso a la Información

q.      La Ley que instituye el Defensor del Pueblo que data del 2001

r.        La Ley General de Migración del 2004

s.       La Ley sobre Organizaciones sin Fines de Lucro

t.        La Ley sobre Declaración Jurada de Bienes

u.       Las leyes del sistema de control del Estado: Contraloría y Cámara de Cuentas

E)         Establecimiento de un eficiente mecanismo de seguimiento.

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RETROCESOS EN LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

Debemos comenzar por desearles los más grandes éxitos en todas sus iniciativas durante el año 2009, y grandes avances en nuestro propósito común de la lucha anticorrupción.

Pero el objetivo fundamental de estas notas es ponerlos al tanto y llamar su atención sobre serios retrocesos que se han experimentado recientemente en la República Dominicana, donde en el mes de diciembre hemos sufrido un encadenamiento de golpes sucesivos contra los esfuerzos de controlar, o al menos castigar la corrupción.

Dentro de esa cadena queremos destacar tres sucesos escandalosos, debido a que se originan en los propios agentes que están llamados a ser los protagonistas  fundamentales de la lucha anticorrupción: la Suprema Corte de Justicia, la Cámara de Cuentas y el Presidente de la República.

El primero se refiere a un fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) relativo al llamado Caso Sun Land.

Hace algún tiempo, la sociedad dominicana se vio conmovida al haberse descubierto que un funcionario gubernamental de segunda categoría, pero investido de un Poder emitido por el Presidente, había firmado un contrato, hasta ese momento clandestino, mediante el cual se autorizaba a The Sun Land Corporation, una empresa muy poco conocida en el país excepto en negocios turbios, a emitir y negociar títulos valores del Estado Dominicano y colocarlos en el mercado internacional de capitales, por valor de 130 millones de dólares, para que la referida empresa a su vez subcontratara a otras empresas para construir unas 11 obras públicas.

Posteriormente se autorizó a The Sun Land a que sólo construyera cinco de las obras señaladas, todo ello sin presupuestos conocidos, sin concursos, y sin que ni siquiera fuera registrada la deuda en la contabilidad gubernamental. Después la mayoría de las obras no se ejecutaron, el dinero no apareció, pero el Gobierno se ha visto precisado a honrar los valores emitidos.

Como la Constitución manda que todo endeudamiento del Estado debe contar con la autorización del Congreso,  un partido de oposición y una organización de la sociedad civil (que no es Participación Ciudadana) elevaron sendas instancias ante la SCJ, en su calidad de Tribunal de Garantías Constitucionales, para que declarara la inconstitucionalidad del Contrato.

La SCJ tomó 14 meses antes de decidir (tiempo suficiente para que el Presidente lograra su segunda reelección, pagara una parte de los valores emitidos, rescindiera el contrato de construcción y renegociara el pago de los valores restantes), para terminar fallando que, pese a no haberse cumplido el mandato de la Constitución, la instancia era inadmisible por falta de calidad de los demandantes, calidad que sólo atribuye a los presidentes de las dos cámaras legislativas, con lo cual sienta una jurisprudencia que le niega el derecho a los ciudadanos de reclamar la constitucionalidad de los actos públicos. Este es un caso penoso que parece tener la connotación de negociación política de los fallos judiciales o de postración de la justicia ante el Poder Ejecutivo.

El segundo caso es el de la Cámara de Cuentas.

Este organismo es designado cada cuatro años por el Senado de la República, pero de ternas que le somete el Presidente. Como en la tradición dominicana el Senado termina escogiendo a los que encabezan cada terna, siempre se impone la decisión del Poder Ejecutivo en la elección de quienes están supuestos a fiscalizar sus finanzas. En los últimos tiempos, esto ha sido aprovechado por el Presidente de la República para premiar seguidores, favorecer el clientelismo, o servirse del habitual trasfuguismo político, compensando a militantes de otros partidos a cambio de favores.

Así fueron escogidos los anteriores miembros de la Cámara de Cuentas, los cuales comenzaron en poco tiempo a servirse ellos mismos del presupuesto público. Fue tal el escándalo, que en breve plazo fueron llamados por el Congreso a un juicio político, que terminó con la renuncia de algunos y la destitución de otros.

Se imponía pues, la escogencia de una nueva Cámara de Cuentas. Pese a los reclamos de Participación Ciudadana y de otras organizaciones, para que se cambiaran los criterios de selección, el Presidente y el Senado transitaron la misma ruta. Y no bien habían iniciado sus funciones los nuevos integrantes cuando el país se vio estremecido por la noticia de que, con apenas poco más de dos meses de servicios, se habían autoasignado bonificaciones y regalías millonarias con motivo de las navidades. Fue tal el escándalo público y el reclamo de que renunciaran, que sus integrantes se vieron forzados a devolver el dinero cobrado. Nuevamente tenemos una Cámara de Cuentas sin credibilidad, lo que la inhabilita para ejercer las importantes y delicadas funciones a su cargo.

Y el tercer caso es el más escandaloso de todos, pues se refiere al indulto presidencial de unos reos condenados por corrupción, de los muy  pocos casos de sanciones judiciales por corrupción que conoce la historia dominicana.

El indulto es un derecho que confiere la Constitución al Presidente para perdonar algunos presidiarios, con motivo de las navidades o de algunas fechas patrias. Ante la falta de criterios definidos para escoger a los beneficiarios, la tradición y la expectativa de la ciudadanía es que dicha gracia se otorgue en función de la naturaleza del delito cometido, la proporción cumplida de la pena, y el comportamiento del reo durante la reclusión.  Incluso, hace algún tiempo se creó una Comisión Nacional de Indultos, para evaluar los casos propuestos.

La situación es que ahora, el Presidente aprovechó para liberar algunos dirigentes políticos y empresarios del transporte condenados hace muy poco tiempo por una gran estafa contra el Estado en la compra y distribución de autobuses, camiones y otros tipos de vehículos, como parte de un plan de mejoramiento del transporte público denominado Plan Renove.

El hecho se hace más grave porque el Presidente aprovechó para incluir en el perdón a una ejecutiva bancaria, de las principales responsables del enorme fraude bancario ocurrido en República Dominicana hace algunos años, que no había cumplido ni siquiera un día de cárcel. Se trata de la principal vicepresidenta del BANINTER, envuelta en un fraude de magnitud extraordinaria en función de la economía dominicana, pagado íntegramente por el fisco con emisión monetaria, con un costo fiscal cercano a los 80 mil millones de pesos (alrededor de 4,000 millones de dólares a la tasa de cambio del momento en que se descubre), y que tuvo un impacto terrible de empobrecimiento de la sociedad dominicana.

Pero los ejecutivos de BANINTER fueron personas muy populares, porque financiaban campañas políticas y distribuían dinero en abundancia entre funcionarios, legisladores, jueces y jerarcas políticos, militares, religiosos, etc., y hasta en organizaciones comunitarias, pero sobre todo, en medios de comunicación y creadores de opinión pública. Por eso fue tan ardua la lucha que debió asumir una parte de la sociedad dominicana para lograr que la justicia condenara a algunos de los responsables. Gran parte del poder político del país estaba en desacuerdo.

Que le impedía ir a la cárcel. De esa forma, fue internada en un hospital privado y no purgó ni un solo día de su condena, hasta que fue indultada por el Presidente. Como consecuencia de la decisión, cuatro de los seis miembros de la Comisión Nacional de Indultos, presentaron su renuncia.

Nuestro temor es mayor porque existe la expectativa de que el Presidente de la República, que tiene en su gabinete y como uno de sus principales asesores al jefe del bufete de abogados encargado de la defensa de los banqueros, aproveche una próxima ocasión para indultar a los demás condenados.

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La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) Presenta Evaluacion 2009 Abarcando lo Social, Económico, Político y Judicial

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) sometió a la consideración de la sociedad dominicana una evaluación donde recoge reflexiones y consideraciones relacionadas con el manejo y desempeño de los diferentes actores sociales en ocasión del cumplimiento de sus respectivos roles durante el año que próximamente termina.

La presentación del informe se produjo durante una rueda de prensa celebrada en las oficinas de la entidad de sociedad civil con la participación de sus directivos: Trajano Vidal Potentini, Giovanni Matos y José Sánchez.

El Presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) Trajano Vidal Potentini, declaró que el informe procura resaltar los grandes temas que atañen al interés nacional en el aspecto social, económico, político y judicial, haciendo especial énfasis en los tres poderes del Estado, tomando en consideración una serie de variables, a nuestro juicio las más relevantes.

Destacó Potentini, que otro de los puntos a considerar para la elaboración de este informe, de manera también primordial, fueron las proyecciones estadísticas e indicadores del comportamiento de la economía nacional, así como las principales noticias ocurridas durante el año 2009. Esta evaluación pretende ser objetiva e imparcial, con la esperanza de que se erija en un modesto aporte que contribuya a no repetir los errores del pasado y fortalecer los aciertos.

El Presidente de la FJT resalto el proceso de reforma y nueva constitución dominicana como el acontecimiento de mayor relevancia que de seguro marcará el año 2009, lo fue el recién finalizado proceso de reforma constitucional que se tradujo en un ejercicio cívico de fomento del constitucionalismo y en una participación democrática, caracterizada por las discusiones y puntos de vistas encontrados de los diferentes actores sociales, que finalmente fructifico en un instrumento constitucional moderno con avances y novedades, retos de cara al futuro y definitivamente algunos escollos.

A seguidas pasamos a priorizar algunas de las variables abordadas en el documento contentivo de la evaluación 2009, a saber:

Los partidos políticos y la narco-política

La experiencia presente del profuso proselitismo en las agrupaciones políticas y los graves y preocupantes señalamientos del auge de la narco-política nos invitan a instaurar mecanismos de control en la selección de candidatos a cargos electivos, que incluyan la depuración en los diferentes organismos del estado (DNCD, Policía Nacional, DNI, Procuraduría General de la República y Poder Judicial; además la presentación de una declaración jurada documentada con la justificación en detalles de la fortuna o bienes que posea, la prueba antidoping y la aplicación del detector de mentiras o polígrafo, siempre bajo la supervisión y responsabilidad de la Junta Central Electoral (JCE) que en adición deberá como órgano comicial del país, tomar los controles de lugar a los fines de garantizar un certamen electoral libre de la ilegitimidad que fomenta el narcotráfico con la compra de conciencia y el uso abusivo de recursos económicos de procedencia dudosa.

Las reservas de las candidaturas a cargos electivos

Constituye en la actual coyuntura electoral una traición de los partidos políticos a su propia militancia el reservarse la mayoría de las candidaturas a cargos congresuales y municipales en desmedro y violación al espíritu de la democracia, lesionando el sagrado derecho que tienen sus adeptos, de competir en igualdad de condiciones por una posición electiva. Esta acción conculca el derecho a elegir y ser elegido, un derecho con protección y tutela constitucional, contemplado en nuestra actual ley sustantiva en el artículo 13, numerales 1 y 2, que disponen lo siguiente: “Artículo 13.- Son derechos de los ciudadanos:1. El de votar con arreglo a la ley para elegir los funcionarios a que se refiere el artículo 90 de la Constitución. De ahí que las denominadas reservas de candidaturas constituyen una grosera violación a derechos fundamentales, condenadas por nosotros, en el rol que jugamos, como entidad veedora del respeto a las leyes y a la institucionalidad, características distintivas de un Estado social y de derecho, propio de los sistemas democráticos.

Creación de leyes y órganos anticorrupción

En materia de lucha contra la corrupción se advierten avances a nivel legislativo y de estructuras administrativas con una cantidad apreciables de leyes que versan sobre las materias, además de la Comisión de Ética y Ministerio Público especializado para la persecución de la corrupción administrativa, y que hoy en la nueva constitución son ampliamente fortalecidos con la previsión del nepotismo, la prevaricación, la declaración jurada de bienes, la imposibilidad de los funcionarios públicos de incrementarse el salario en provecho propio, la responsabilidad civil de los funcionarios públicos y del estado; así como el establecimiento de un sistema único, uniforme, integrado y armonizado de contabilidad y la facultad otorgada a la sociedad de control y fiscalización sobre los fondos públicos (Artículos 140, 146,148,245 y 246 de la nueva Constitución).

Contraste existente entre los avances legislativos y la situación real

Todos estos avances, de una profusa legislación en materia anti-corrupción y la existencia de organismos estatales especializados en combate a la corrupción, lamentablemente contrastan con las mediciones internacionales que continúan situando al país en un lugar privilegiado, señalándolo como uno de los países donde se percibe mayor grado de corrupción en la región, percepción que nos alarma, nos preocupa y sobre todo nos invita a la reflexión en este final de año 2009 de cara al 2010.

Falta de una cultura de transparencia en el país

En la República Dominicana, desde el gobierno de Pedro Santana hasta el presente, ningún gobierno ha instaurado un esquema de cultura transparente en el manejo de la cosa pública, sin política definida en materia de lucha contra la corrupción, con la única excepción del mandato de 7 meses del profesor Juan Bosch.

La dirección de persecución de la corrupción administrativa (DPCA) y sometimientos judiciales en curso

La dirección de persecución contra la corrupción administrativa luce incapacitado para dar repuesta a los múltiples expedientes que le han sido sometidos, por denuncias, querellas y hasta por rumor publico por la comisión de presuntos actos de corrupción. Casos que en el presente se mantienen en una especie de limbo jurídico, lo que se traduce en una eventual impunidad.

Cámara de Cuentas

Es el principal órgano del Estado llamado a controlar, vigilar y fiscalizar el uso y manejo de los recursos del pueblo dominicano, de ahí su trascendencia, como entidad orientada a prevenir y combatir la corrupción administrativa en la República Dominicana.

Esta entidad se erige como uno de los grandes escollos de la prevención y combate en contra de la corrupción en la República Dominicana, registrando una labor deficiente y deplorable, que apenas alcanza a cubrir un aproximado de un 15% equivalente a un poco mas de 200 auditorías del grupo de instituciones estatales que la ley le facultad a fiscalizar durante el año, situación que se presenta como un mal ejemplo que debilita, cuestiona y erosiona la institucionalidad y el propio sistema democrático del país.

ASPECTO ECONOMICO

La economía dominicana estuvo condicionada durante todo el año 2009, por el impacto de la crisis internacional que se iniciara en los Estado Unidos, a partir de la quiebra de los principales bancos de inversión durante el 2008, seguida después por el cierre masivo de importantes bancos comerciales y entidades de crédito inmobiliario.

Esta situación produjo efectos expansivos que alcanzaron a sectores determinantes de la economía mundial como el turismo, el comercio de bienes manufacturados y las remesas. Estos efectos fueron determinantes para que se produjeran reducciones apreciables en los niveles de crecimiento sostenido que habíamos alcanzados en los últimos años.

Auge de la narco-delincuencia

La Fundación justicia y Transparencia (FJT) ve como alarmante y de mayor preocupación para los dominicanos la ocurrencia reiterada de hechos delictivos o delincuencia que amenaza la paz pública y la armonía social en el país. Ante el incremento de la narco-delincuencia consideramos necesario ampliar la vigilancia y presencia policial en el país; así como perseguir y reprimir el narcotráfico que hoy por hoy se proyecta como el epicentro de más del 90% de toda la actividad criminal.

Causas que favorecen el fenómeno delincuencial

Asimismo entendemos que las principales causas que originan el fenómeno delincuencial tienen su génesis en una serie de factores económicos y sociales, a saber: desempleo, desigualdad social, falta de oportunidades y pobreza, niveles bajos de educación, consumo de drogas y la corrupción administrativa; factores que deben ser abordados con responsabilidad por el Estado Dominicano, dándole un enfoque y tratamiento integral, que incluya políticas preventivas o acciones alternas a la problemática en cuestión

Medidas a tomar

También favorecemos por parte de las autoridades competentes la aplicación y realización de encuestas, estudios, análisis y diagnósticos sobre el incremento y ocurrencia reiterada de actos delictivos, identificando las causas de la criminalidad y posibles correctivos a implementar para su combate eficiente.

En este contexto se hace necesario vincular a la Policía y a la DNCD en actividades preventivas con la comunidad como método efectivo de lucha contra la criminalidad.

La policía nacional y los derechos humanos

La criminalidad en la República Dominicana proyecta avances preocupantes que han devenido en múltiples cuestionamientos a la policía nacional por los métodos empleados en la persecución y combate a la delincuencia, que al día de hoy suman más de 400 muertos en intercambios de disparos, algunos de ellos bajo la duda de posibles ejecuciones, unas hasta ahora demostradas por sometimientos y condenas por parte de las autoridades y otras en proceso de investigaciones.

Consecuencias internacionales por violación a los derechos humanos

Lo cierto es que la materia derechos humanos siempre será un tema muy sensible para cualquier país, por las implicaciones que en el plano internacional pudieran tener el irrespeto a los mismos, de cara al acceso de la República Dominicana a algunos organismos internacionales de cooperación y ayuda en temas conexos con la pobreza, medio ambiente y desarrollo, entre otros.

Creemos que el gobierno tiene el ineludible deber de garantizar eficazmente la tutela y protección efectiva de los derechos humanos, no observar este postulado traería consecuencias negativas para el país, ejemplo en la objeción que podrían hacer otras naciones a candidaturas presentadas por el país a cargos o puestos en organizaciones internacionales, así como las trabas al desarrollo del intercambio comercial de manera reciproca en el marco de los acuerdos internacionales de libre comercio como lo sería el DR CAFTA, donde el incumplimiento de estándares internacionales de protección a los derechos humanos acarrearía consecuencias negativas.

El Poder Judicial en la República Dominicana

Luce, rezagado, con múltiples tareas pendientes, el necesario impulso de la denominada segunda ola de reformas y de la falta de recursos, en adición al desgaste natural de una Suprema Corte de Justicia con más de doce años de labor ininterrumpida, son algunos de los escollos que advertimos han obrado en perjuicio o desmedro de un mejor desempeño por parte del Poder Judicial.

Consideraciones varias de hechos trascendentes en diversas aéreas acaecidas durante el año 2009

La cumbre de las denominadas fuerzas vivas, auspiciada por el gobierno dominicano, fue un interesante ejercicio de dialogo, discusión y consenso de los grandes problemas nacionales, arrojando conclusiones que han quedado engavetadas sin seguimiento y resultados positivos.

El pacto Leonel Fernández-Miguel Vargas sobre la reforma constitucional, positivo en principio aunque gestado al margen de la institucionalidad partidaria, sirvió para relanzar en ese momento la rezagada reforma constitucional, el cual en una segunda etapa o extensión y ampliación de los acuerdos devino en un precedente funesto para la democracia dominicana.

La firma y aprobación congresional del contrato de la Barrick Gold en medio de diversos cuestionamientos que lo señalan como un contrato leonino, lesivo y dañino del interés nacional.

Los aprestos del gobierno para rescatar el peaje de las Américas dado en concepción a la empresa CODACSA en condiciones poco transparente, erosionando el patrimonio nacional.

El escarceo y reacción social del pueblo dominicano en el caso de la instalación de una cementera en el Parque Nacional de los Haitíses.

La migración Haitiana y la campaña internacional de descredito en contra de la Republica Dominicana, dirigida por países y organismos internacionales, situación que nos invita a la reflexión y nos pone en alerta de los grandes problemas y amenazas que se ciernen sobre el país.

Retos y tareas por delante para el año 2010

Mantener la estabilidad macroeconómica, dinamizar la economía, observando un crecimiento aceptable.

Implementar exitosamente la nueva constitución.

Combatir eficazmente la corrupción.

Perseguir, castigar y prevenir la delincuencia y el narcotráfico.

Celebrar elecciones limpias y libres de cuestionamientos.

Mejorar y relanzar el sector energético.

Generación de empleos y disminución los niveles de desigualdad social.

Consensuar una ley de partidos políticos, que prevea los problemas y defectos del sistema democrático dominicano (financiamiento, publicidad, duración y costos de las campañas, uso de los recursos del estado, clientelismo y celebración de las primarias en los partidos políticos etc.)

La elaboración e implementación de un plan nacional de austeridad.

La modificación del código procesal penal, en una especie de pro-reforma, adecuando a nuestras condiciones objetivas y particulares las disposiciones del código.

Mayor rentabilidad, organización y transparencia en el manejo de los fondos del sistema de seguridad social.

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La sentencia de la Sun Land es un retroceso peligroso y lamentable

Participación Ciudadana lamenta profundamente el precedente creado por la Suprema Corte de Justicia con la sentencia del caso Sun Land, en el que expresa que sólo los presidentes de las Cámaras Legislativas pueden demandar la inconstitucionalidad de las leyes y contratos por falta de cumplimiento de un trámite, como es, por ejemplo, la aprobación congresional.

Esta decisión implica una pérdida importante del espacio ganado por la ciudadanía a través de decisiones anteriores de la propia Suprema Corte de Justicia, en las que se había reconocido la calidad de parte interesada a cualquier ciudadano que demande o denuncie la inconstitucionalidad de cualquier ley, decreto, resolución o acto,  como bien lo expresan los magistrados Bergés, Esmurdoc y Suárez en el voto disidente que acompaña la sentencia comentada.

A pesar de que este infundado criterio de la falta de calidad se impuso, vale la pena resaltar que la sentencia expresa, en su página 11, que el Poder Ejecutivo violó la Constitución al no enviar el contrato al Congreso para su aprobación, al disponer lo siguiente: “…que, ciertamente, como se ha alegado en la especie, el Poder Ejecutivo estaba en el deber ineludible de someter el acto impugnado a la sanción del Congreso Nacional, de conformidad con nuestra normativa constitucional….”. En consecuencia, de no haber declarado la inadmisibilidad del recurso por falta de calidad de los demandantes, no cabe duda alguna que la decisión final hubiese sido la declaratoria de inconstitucionalidad del contrato de la Sun Land.

Otro grupo de magistrados salvó su voto pues pretendían que las demandas se declararan inadmisibles no sólo por falta de calidad sino también por falta de objeto, en razón de que el contrato ya había sido revocado y además porque las obligaciones asumidas por el Estado no representaban un crédito público. Los magistrados Luciano, Álvarez, Hernández, Tavares y Fernández sustentaron este peligroso criterio, que por suerte no encontró mayoría pues hubiese permitido al Poder Ejecutivo endeudar al Estado a través de puros subterfugios financieros. Recordemos que en este caso existen unos pagarés firmados por el Estado que comprometen el crédito público y que dicho pagarés existen y se deben al margen de que el contrato haya sido revocado. Sin importar la forma que se utilizara, corresponderá al Estado pagar esos títulos, lo que es un hecho incontestable que deja al descubierto lo infundado del criterio sustentado por estos magistrados.

Limitar a los presidentes de las cámaras legislativas la calidad para demandar la inconstitucionalidad de las leyes o contratos que no hayan cumplido con los trámites que prevé la Constitución, es dejar indefensa a la ciudadanía cuando ambas posiciones son ocupadas, como en el presente, por el partido oficial.

Finalmente, aprovechamos la oportunidad para reclamar al Poder Ejecutivo que  informe a la Nación cuál ha sido la suerte de los pagarés firmados en esta operación, quién es el acreedor, a cuánto asciende el monto adeudado y los intereses que genera el capital, y si la Sun Land entregó al Estado la carta de crédito irrevocable por US$41,052,630 a la que se obligó de acuerdo con el contrato de revocación, para garantizar el pago de los pagarés en manos de terceros.

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Balance del año 2008

I.   Aspectos institucionales.

A.     Un año electoral.

Durante el año 2008 se celebraron elecciones presidenciales, siendo este uno de los acontecimientos más relevantes en la parte institucional. Participación Ciudadana desarrolló su acostumbrada labor de observación electoral, la cual nos permitió medir importantes avances en la transparencia del conteo de los votos pero también como ha ido deteriorándose la calidad de la campaña electoral.

La campaña electoral comenzó de manera prematura, lo que aumentó sustancialmente el costo de la misma, no sólo para los partidos sino para la sociedad completa. No bastaron los más de mil millones de pesos distribuidos por la Junta Central Electoral entre los partidos en campaña, los cuales debieron recurrir a la recolección de fondos en el sector privado, sin que la mayoría de ellos haya hasta el momento rendido cuentas sobre las fuentes de donde recibieron tales fondos ni cómo lo gastaron.

El nivel de de los debates fue extremadamente bajo, cediendo paso a las peores prácticas. El clientelismo fue practicado por todos los partidos, mientras el partido oficial aprovechaba los recursos públicos para hacer publicidad electoral, comprar dirigentes de la oposición a través de designaciones en puestos públicos, aumentar los subsidios de todo tipo, crear nóminas como la denominada CB (Comités de Base), pagar a centenares de miles de personas a través de programas sociales como Solidaridad o Vamo´Arriba o estudiantes de la universidad estatal.

Quedó comprobado que el esfuerzo para mejorar nuestras elecciones debe ser reorientado, pues ya las irregularidades no se producen el día de las elecciones sino durante la campaña electoral. La Cámara Administrativa de la JCE utilizó por primera vez y de forma exitosa un sistema de escaneo y transmisión de las actas de votación desde los colegios electorales, lo que permitió adelantar la divulgación de los resultados.

La ausencia de reglamentación de las campañas electorales, y la violación de la Ley Electoral tendrá consecuencias que trascenderán el año que termina, pues son un componente importante del enorme déficit del gobierno.

B.     Justicia, corrupción y narcotráfico.

Durante el 2008 se cerraron los primeros casos judiciales relevantes de corrupción pública y privada, y los imputados, hoy condenados, cumplen las penas impuestas.

El caso de desfalco contra el Estado por más de mil millones de pesos conocido como Plan Renove, concluyó temprano el año 2008, con penas contra ex funcionarios públicos y sindicalistas del transporte que van desde tres meses hasta cuatro años.

En relación con la enorme crisis financiera que sufrió el país en el año 2003 con motivo de la quiebra fraudulenta de los bancos Baninter, Bancrédito y Mercantil, quedaron cerrados los dos primeros casos con penas que van desde seis a diez años de prisión, y el caso Mercantil comienza juicio de fondo este diciembre.  Lamentablemente los tribunales no han podido concluir el caso seguido contra el ex banquero Leonel Almonte, el cual se ha prolongado por más de quince años entre innumerables incidentes.

Una nota negativa ha sido la suerte seguida por los casos PEME y Ángel Lockward, donde el Ministerio Público ha desistido de las persecuciones penales por razones evidentemente políticas, demostrando nuevamente la necesidad de independizarlo del Poder Ejecutivo. Igualmente  vergonzoso es el caso de Anissia Rissi, que fue descargada no por no haber cometido los hechos sino por haberse extraviado el expediente y las pruebas en su contra.

Finalizando el año el señor Secretario de Estado que ocupa la Superintendente de Seguros, Euclides Gutiérrez, desnudó hasta qué punto la política partidista es el mejor aliado de la impunidad cuando señaló que una decisión política del actual gobierno había impedido que fueran sometidos a la justicia más de cuarenta casos de corrupción de la administración de Hipólito Mejía.

Es muy lamentable el pobre papel desempeñado por las instituciones dominicanas llamadas a prevenir y perseguir la corrupción, como la Dirección de Persecusión de la Corrupción Administrativa (DPCA) y la Comisión Nacional de Ética, las cuales no se han caracterizado por su ineficacia en el combate de este importante flagelo.

El narcotráfico se ha convertido en la principal amenaza contra la seguridad ciudadana, lo que quedó evidenciado en el sonado caso de Paya, con la ejecución de ocho personas. Las investigaciones realizadas permitieron descubrir con asombro hasta qué punto nuestras autoridades militares, en este caso de la Marina de Guerra, habían sido infiltradas por el narco.

La inseguridad ciudadana en todos los sentidos aumentó considerablemente en el 2008, con innumerables casos de asesinatos  y por primera vez un creciente número de secuestros. El gobierno deberá poner especial atención a este aspecto, para lo cual deberá conducir profundas transformaciones en la  Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas e incluso las Fuerzas Armadas.

C.     El precedente de la Cámara de Cuentas.

Los miembros de la Cámara de Cuentas fueron objeto de un juicio político que se inició con la acusación presentada por la Cámara de Diputados y terminó con la renuncia de todos los miembros y la destitución del único que no renunció por parte del Senado.

Si partimos de los numerosos escándalos en los que se vieron involucrados los anteriores miembros de este organismo, este juicio político se convirtió en un precedente positivo, que debe servir de ejemplo de lo que pudiera pasar si el Congreso decidiera  asumir su rol de control, tan abandonado en el pasado y tal vez de nuevo en el presente.

Lamentablemente el Poder Ejecutivo no aprendió la lección de lo pernicioso que puede resultar designar personas en las funciones de control de los ingresos y gastos públicos por simple interés político partidario, y ha vuelto a seleccionar las ternas que dieron lugar a los nuevos nombramientos por parte del Senado basado estrictamente en este tipo de interés.

D.     La Reforma Constitucional.

No hay duda de que es tema relevante en materia institucional la iniciativa de reforma constitucional del Poder Ejecutivo, que apoderó al Congreso de un proyecto de ley para declarar la necesidad de la reforma y convocar a la Asamblea Revisora a tales fines.

Participación Ciudadana ha sostenido que en razón de la crisis financiera que afecta al mundo y que dejará sentir sus efectos negativos en la República Dominicana, era preferible postergar esta iniciativa que puede generar  división en momentos en que la nación requiere la mayor unidad posible.

En el plano institucional, la prioridad debe ser prestar atención a la aplicación de un conjunto de leyes que no están siendo debidamente aplicadas y que contribuirían a fortalecer la institucionalidad y el estado de derecho, y  en estos momentos limitar la reforma constitucional al establecimiento de la asamblea constituyente, de manera  que sea a partir del 2010 que se discuta el fondo de una reforma integral, debidamente consensuada y legitimada por las fuerzas políticas y sociales de la nación.

El Presidente siguió adelante y el Congreso ha debido posponer para principios de año 2009 el conocimiento de este proyecto, con la finalidad de dedicar tiempo al conocimiento del proyecto de presupuesto.

Durante el último cuatrimestre del año 2008 se invirtieron enormes esfuerzos en estudiar el proyecto de reforma constitucional del Ejecutivo. Los temas que generan división salieron a flote, como por ejemplo la indefinición con respecto a la posibilidad del actual mandatario de buscar en el 2012 un tercer período consecutivo, lo que creó inquietudes a lo interno del propio partido oficial.

Participación Ciudadana sostiene que de seguir adelante el proyecto, debe reorientarse para que en una primera etapa modifique la Constitución sólo para establecer que su reforma se haría a través de una Asamblea Constituyente y se adopten las reglas necesarias para su elección. Se procedería entonces a elegir a los constituyentes, quienes conocerían el proyecto del Ejecutivo.

E.     Incumplimiento de las leyes vigentes

Reconocemos que en los últimos años se han realizado esfuerzos en procura de dotar al país de un marco jurídico para la transparencia y el fortalecimiento institucional del Estado, en los cuales se han invertido cuantiosos recursos nacionales y otros procedentes de la cooperación internacional.

Sin embargo, a pesar de contar con una ley de libre acceso a la información pública, una de compras y contrataciones, una ley de la función pública y una de municipios y el distrito nacional, estamos aún muy lejos de su efectiva implementación, debido a la falta de voluntad política de las autoridades de actuar conforme a estos preceptos legales.

En relación al cumplimento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, se evidencian claramente  pocos avances en las instituciones públicas, especialmente en el cumplimiento de lo relativo a la instalación y conformación de las Oficinas de Acceso a la Información (OAI) y  a la designación de los Responsables de Acceso a la Información (RAI) en cada institución y la deficiente información básica o de oficio disponible en los portales Web, para la consulta de los ciudadanos.

Consideramos que parte del estancamiento de la implementación de la Ley se debe a la dejadez de muchos de los funcionarios encargados de hacerla cumplir, así como también a la cultura de la opacidad en la administración pública dominicana.

Reconocemos que en este periodo se promulgó la muy demandada Ley de Función Publica, no obstante, desde el Poder Ejecutivo, en este período logramos identificar, signos de incumplimiento de la norma, solo por citar la cantidad de Sub Secretarios designados, los nombramientos de asesores, Secretarios sin cartera, envían una clara señal de que la función pública en la Republica Dominicana, se caracteriza por ser un botín, para favorecer amigos, allegados, partidarios y como instrumento del clientelismo político.

Por otro lado, desde Participación Ciudadana consideramos de urgencia avanzar en la implementación de la nueva Ley de Contrataciones Públicas de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones, esperamos que la aprobación de la misma  pueda garantizar  un sistema de contratación eficiente, eficaz, ágil y transparente, con mayores niveles de institucionalidad y credibilidad, reconocemos que a la fecha se refleja y evidencia que esa ha sido una de las áreas más vulnerable para actos dolosos y para el enriquecimiento ilícito.

II.         Aspectos económicos

El año 2008 puede ser dividido en dos partes con una evolución económica muy dispar. Los primeros meses del año se caracterizaron por un fuerte crecimiento de la economía, con expansión monetaria y fiscal y creciente inflación, muy influenciados por el activismo estatal derivado de la campaña reeleccionista. Pero el déficit de la cuenta corriente de balanza de pagos que se fue generando hizo imposible el sostenimiento de esa tendencia, y obligó a las autoridades a frenar la economía en la segunda mitad del año, mediante mecanismos de contracción monetaria y elevación de las tasas de interés. Con ello se redujo el crecimiento y bajó la inflación. A estas políticas restrictivas contribuyó la crisis internacional, que convirtió el entorno externo en altamente preocupante.

La crisis económica internacional

Durante el año 2008 se presentó una situación internacional que acabó con prácticamente una década de crecimiento persistente de la economía mundial en un ambiente de apertura y estabilidad, para dar paso a lo que es percibido como la peor crisis económica conocida por la humanidad después de la gran depresión del decenio de 1930.

Todo comenzó como una crisis subprime, originada en el mercado inmobiliario. Al parar de crecer los precios de las viviendas en los EUA, y posteriormente comenzar a disminuir, hizo evidente que muchas instituciones financieras se habían excedido otorgando créditos en condiciones muy riesgosas bajo la premisa de que siempre los podrían recuperar con la ejecución de las hipotecas.

Pero esta situación desnudó las insuficiencias y debilidades de la regulación y la supervisión bancarias, que habían permitido que casi todos los sistemas financieros de los países desarrollados, en busca de ganancias superiores a las normales, se aventuraran en la compra de títulos amparados en hipotecas de alto riesgo.  De la crisis subprime se  pasó a una crisis del sistema financiero en general, la cual se globalizó al contagiar a múltiples instituciones de Europa y Japón, y al final del 2008 evolucionó hacia una crisis económica generalizada, al afectar a las empresas de producción, el consumo  y el empleo.

Los gobiernos de las grandes economías capitalistas han estado haciendo lo indecible para evitar la propagación y profundización de la crisis, primero mediante las políticas de tasas de interés, después tratando de salvar de la bancarrota a instituciones financieras y alentándolas a renovar el crédito bancario a las empresas industriales y comerciales, y después bajando impuestos o elevando el gasto público para inducir a los agentes económicos a elevar el consumo y la inversión, con miras a evitar el desempleo. Pero hasta ahora todo ha resultado insuficiente, y al finalizar el año, la tendencia sigue amenazando con convertirse en una depresión

económica mundial.

La evolución de la economía nacional

La reacción del gobierno dominicano, acostumbrado a darle largas a los problemas, bajo la concepción de que el tiempo todo lo resuelve, fue por mucho tiempo negar la crisis o decir que en nada afectaría a la República Dominicana. Eso le permitió seguir gastando dinero público sin mucho sentido de racionalidad y seguir haciendo sucesivas promesas de realizaciones y de un futuro de abundancias, sin tomar decisiones necesarias con miras a preparar mejor a la economía para un eventual choque externo. Sólo al finalizar el año, cuando ya no es posible seguir negando su existencia, y cuando gran cantidad de profesionales, instituciones y gobiernos extranjeros le dicen que debe prepararse para afrontar sus efectos, el gobierno reconoce la nueva situación.

El activismo electoral hizo que el gobierno mantuviera políticas expansivas durante gran parte del año, a pesar de los altos precios del petróleo y la crisis externa. Según los datos oficiales, el PBI se incrementó 7.5% en el primer semestre. Durante ese tiempo el gasto público venía incrementándose a un ritmo cercano al 40% anual, tanto por vía del gasto corriente como de la inversión pública. Ante los constantes incrementos de precios de los bienes básicos en la economía mundial, principalmente petróleo y alimentos, el gobierno respondía estableciendo subsidios.

Pero una vez pasadas las elecciones, si bien la política de gastos públicos siguió su curso anterior, las autoridades monetarias comenzaron a restringir el crédito bancario y elevar las tasas de interés, atemorizadas de que el creciente déficit corriente de la balanza de pagos se tradujera en presiones sobre la tasa de cambio. Después el propio gobierno se vio precisado a controlar un poco la expansión del gasto público, sobre todo, porque la situación internacional y las menores perspectivas internas hicieron que los ingresos fiscales dejaran de aumentar.

De todas maneras, se fue generando un déficit fiscal altamente preocupante. Aún con estadísticas muy incompletas, se estima que el déficit presupuestario terminará entre un tres y un cuatro por ciento del PBI, lo que complica el manejo de la crisis, particularmente porque hace más difícil la aplicación de políticas anticíclicas ahora para responder a los embates del entorno externo.

Las políticas más restrictivas en la segunda mitad del año dieron lugar a que el producto bruto interno casi no creciera. En el trimestre julio-septiembre apenas se incrementó en un 1.3%, y podría ser que en el último trimestre la tasa sea aun menor. Al terminar el 2008 se estima que el crecimiento del año completo podría estar en torno al 4% o el 5%.

Llama la atención que sólo una serie de actividades muy vinculadas al mercado importador habrán viabilizado dicho crecimiento, como el comercio, las finanzas, las telecomunicaciones y algunos servicios, pues la mayoría de las ramas de producción real expuestas a la competencia internacional, como la agricultura, ganadería, minería, industria, zonas francas y turismo, registran crecimiento negativo, afectadas por la existencia de una moneda sobrevaluada y por un entorno internacional adverso.

La inflación constituyó un verdadero problema también en la primera parte del año, aunque se atenuó bastante al final, como efecto principalmente de la caída del precio de los combustibles y de diversos alimentos y materias primas en el mercado internacional. Hasta los meses de agosto y septiembre, la tasa anual de inflación estaba cerca del 15%, pero se espera que al terminar el año la inflación haya sido de menos de 10%.

La mayor amenaza a la estabilidad macroeconómica se deriva del gran desequilibrio de la balanza de pagos. En los primeros nueve meses del 2008, el déficit alcanzó un 12.2%, impactado por los altos precios de los combustibles, pero muy particularmente por la sobrevaluación del peso dominicano, que estimuló un gran crecimiento de las importaciones y la caída de la producción nacional. Las autoridades respondieron frenando el crecimiento de la economía y elevando las tasas de interés para forzar un flujo positivo de capitales. A ese propósito contribuyó que el país está recibiendo importantes ingresos por medio de inversiones extranjeras en el sector inmobiliario y algunos servicios.

El gran perdedor de todo este proceso es la población de menores ingresos. Con la caída de la producción real, se ha agudizado una tendencia que venía de años anteriores de disminución del empleo en el sector formal de la economía, compensado por grandes contingentes ocupándose en actividades informales, de menor productividad y de remuneración más baja e inestable.

Pero en adición a todo ello, se han estado deteriorando los salarios reales y la política social del gobierno sigue siendo insuficiente e ineficaz. Los gastos sociales del gobierno son bajos y asignados muy en función de criterios clientelistas. Mientras todas las comparaciones internacionales presentan al sistema educativo dominicano como algo deprimente, el gasto gubernamental en esta elemental función pública se mantiene alrededor del 2% del PBI, uno de los porcentajes más bajos del mundo.

Tal es la situación en que encuentra al país el año 2009, cuando se espera un empeoramiento de la crisis mundial, y el país se encontrará de manos atadas para hacerle frente por el déficit fiscal previo, pero particularmente por el gran desequilibrio de la balanza de pagos.

Finalmente, el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos del año 2009, enviado al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo, constituye otro motivo de preocupación al final del 2008. Esto así, porque se trata de un presupuesto concebido con un alto  déficit y con un monto significativo de recursos externos e internos cuyas fuentes de financiamiento no están debidamente identificadas. De manera que, se pone en evidencia, una vez mas, que el Poder Ejecutivo  insiste en mantener un  nivel de gasto excesivo, aunque eso signifique encarecer y mantener restringido el financiamiento para las actividades productivas a través del sector privado, ni proteger la inversión en educación, salud y otros servicios sociales básicos que el Estado debe garantizar a la población, particularmente a las familias más pobres.

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La Decisión de la Procuraduría General en el caso Bancrédito

La desacertada decisión de la Procuraduría General de la República, de desinteresarse de la acción penal referente al fraude bancario cometido por ejecutivos de Bancrédito condenados por la Cámara Penal de la Corte de Apelación, cuya situación procesal se encuentra en su fase final, aumenta el descrédito y la desconfianza de este estamento político judicial en donde se percibe su falta de entendimiento sobre la responsabilidad histórica de su misión: “ejercer, como institución responsable de la acción penal pública, la investigación de los hechos punibles, la representación y defensa del interés público y social, así como la vigilancia y cumplimiento de las normas del debido proceso legal; garantizado la protección de las víctimas y los testigos y el respeto de los derechos humanos”.

Esta penosa decisión cobra visos de tragicomedia, y pone de manifiesto la obligada independencia funcional del Ministerio Público del Poder Ejecutivo, ahora que se debate la propuesta de Reforma Constitucional sometida por el Presidente Leonel Fernández Reyna vía Senado de la República.

La reiterada actitud de la Procuraduría General de la República nueva vez se suma a los lamentables precedentes tanto del actual Gobierno del PLD, caso PEME y el de Ángel Lockward, acusado de malversación de fondos en el manejo del subsidio al gas licuado, como también en la gestión del PRD, cuando el Presidente Hipólito Mejía retiró la querella que pesaba sobre el ex Presidente Salvador Jorge Blanco, condenado por un Tribunal de Primera Instancia.

No obstante a las desafortunadas decisiones que debilitan el fortalecimiento deseado del sistema de justicia, obligan a Participación Ciudadana conservar la fe de que los casos de los fraudes bancarios no quedarán impune, y que la Suprema Corte de Justicia, apoderada en este caso de un recurso de casación, ejercerá honrosamente su misión actuando con absoluta independencia, transparencia y apego a la ley, sin ataduras políticas o complicidades que deslucirían su alta investidura.

Aprovechamos la ocasión para resaltar nuevamente la labor desarrollada por los representantes del Ministerio Público que han llevado los casos bancarios, trabajo que está siendo desconocido por la contradictoria e injustificada acción que ha tomado la Procuraduría General frente al caso Bancrédito.

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Participación Ciudadana presentó resultados Monitoreo Programa de Solidaridad

Santo Domingo, D.N.  Participación Ciudadana, Capitulo Dominicano de Transparencia Internacional, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, a través del Programa de Transparencia y Acción Ciudadana presentó los resultados del Proyecto de Monitoreo Ciudadano realizado al Programa de Solidaridad, partiendo de la premisa de que el mismo debía cumplir con un principio básico de la democracia y la gestión pública moderna: la Transparencia. 

El ejerció de monitoreo al Programa Solidaridad se realizo, bajo la premisa de que el mismos, se diseño como una estrategia de política focalizada para la salida de la pobreza de una población estimada en 1,600,000, y estando convencidos desde PC  de que si el Gobierno no logra la transparencia en la gestión pública y no evita la corrupción en el manejo de los fondos destinados a la acción social, no  cumplirá con la misión con la que se ha comprometido  y le resultará imposible garantizar el derecho de la ciudadanía a convertir los bienes públicos en factores del desarrollo social, sustentado en la equidad y en una justa distribución.

Para PC, la motivación principal para el monitoreo de este programa, como cualquier otro a nivel del Estado, es porque el mismo, ha de sustentarse en bases legales, normas o reglamentos,  procedimientos y acciones que preserven el buen uso de los recursos públicos.

En ese sentido, el referido monitoreo estuvo centrado en la identificación de las limitaciones y debilidades del Programa de Solidaridad en términos de su estructura institucional y en materia de transparencia de la gestión, que podrían vulnerar sus principios y colocarlo en riesgos de corrupción.  De igual forma, sugerir medidas preventivas, para mitigar o eliminar factores de riesgos de corrupción y contribuir al logro de los objetivos del mismo.

Para su desarrollo fue utilizando como guía el Índice de Transparencia  de Colombia, adaptándolo por PC a la realidad institucional dominicana, el cual toma como ejes tres factores fundamentales

a.        Institucionalidad y Eficiencia: puesta en práctica de normas, procedimientos y controles para limitar la discrecionalidad de funcionarios, empleados, políticos y particulares en el ejercicio de la función pública.

b.        Visibilidad y Rendición de Cuentas: publicación, rendición de informes y capacidad de acceso de la ciudadanía a información relevante y actualizada.

c.        Investigación y Sanción: identificación y sanción efectiva por faltas cometidas por los servidores públicos

En ese sentido, y de acuerdo a los resultados obtenidos fueron presentadas recomendaciones, que contribuirán a mantener el Programa de Solidaridad libre de las garras de la corrupción, entre estas citamos: Redefinir la Estructura Orgánica del Programa y sus Responsabilidades, incluir dentro del Plan operativo un objetivo relacionado con la prevención de actos de corrupción, incluyendo en este un Comité de Ética responsable de planificar, organizar y dar seguimiento a acciones anti-corrupción.  De igual manera, se recomienda ampliar el plan de capacitación incluyendo un conjunto de actividades tendentes a lograr un empoderamiento de las organizaciones comunitarias en el Programa.

Otras de las recomendaciones emanadas del Monitoreo fueron: agilizar el proceso de revisión del Manual de Puesto. Aprobarlo en este año 2008 y realizar la debida capacitación al personal para conocimiento del mismo.  Así también, usar como canal de reclutamiento de personal avisos por la radio, la televisión y la prensa escrita de cobertura regional y nacional.

Además, habilitar la Oficina de Libre Acceso a la Información dotándola de una persona responsable y capacitada para ello. Elaborar y colocar en su Página Web un documento o informe anual rindiendo cuentas del total de casos de sanciones presentados, conocidos, resueltos y pendientes por año., entre otras recomendaciones.

Los mayores riesgos identificados, en el factor institucional, están centrados en: Conocimiento del Programa, Capacitación, existencia de manuales y reglamentos. Además, en el reclutamiento y selección del personal, en al coordinación interinstitucional y en la participación comunitaria.

Participación Ciudadana está convencida de que si el Gobierno no logra transparencia en la gestión pública y no evita la corrupción en el manejo de los fondos destinados a la acción social, no  cumplirá con la misión con la que se ha comprometido, y le resultará imposible garantizar el derecho de la ciudadanía a convertir los bienes públicos en factores del desarrollo social, sustentado en la equidad y en una justa distribución.

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