Faltando tres (3) meses para la celebración de las elecciones presidenciales del año 2004, el movimiento cívico Participación Ciudadana constata avances y dificultades en la organización del proceso electoral, en medio de un panorama agravado por las precariedades económicas,  por la crisis de los partidos políticos, la propuesta de ley de lemas y la débil imagen de la Junta Central Electoral (JCE).

La JCE ha avanzado en la organización de los comicios a efectuarse el próximo 16 de mayo del 2004, con medidas como la emisión de la Proclama Electoral, la entrega a los partidos políticos mayoritarios de una versión preliminar del Padrón Electoral, la preparación del voto de los dominicanos en el exterior, la reestructuración y nombramiento de los integrantes de las Juntas Electorales Municipales, la invitación a los observadores internacionales, entre otros.

Sin embargo, todavía quedan algunos asuntos pendientes de solución, que generan una razonable preocupación en los actores del proceso, siendo el más preocupante de todos estos asuntos el relativo al padrón electoral, pues todavía persisten una cantidad significativa de electores sin fotos y o removidos de sus colegios electorales originales.

Esto sucede en un contexto en el que aumentan en la opinión pública los temores de que el proceso político en curso pueda ser ensombrecido. El factor que incide de manera más negativa en el actual proceso electoral, es la crisis que afecta a los partidos políticos, específicamente al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

En un escenario de conflictividad partidaria como el descrito, la propuesta de ley de lemas se ha constituido en un elemento que intranquiliza el proceso electoral, en la medida que su eventual aprobación implica la transformación de los procedimientos comiciales vigentes, además de las contradicciones que con la Constitución de la República tiene el mencionado proyecto.

Por esa razón, diversas organizaciones sociales, dentro de las que se encuentra Participación Ciudadana, han manifestado su decisión de interponer un recurso de inconstitucionalidad por ante la Suprema Corte de Justicia, en el caso de que sea convertido en ley el proyecto de ley de lemas.

El momento actual requiere de gran responsabilidad por parte de los diferentes actores del proceso democrático nacional. El movimiento cívico Participación Ciudadana exhorta a toda la nación a asumir su compromiso con la celebración de unos comicios transparentes, que expresen fielmente la voluntad ciudadana y que fortalezcan el sistema de partidos y la democracia. En ese sentido, recomendamos acciones concretas a la Junta Central Electoral, a los partidos políticos, a las organizaciones sociales y a la ciudadanía para impulsar juntos el proceso electoral.

A la Junta Central Electoral:

1.Las dificultades que aún presenta el Padrón Electoral hacen necesario que la Junta se aboque a una nueva jornada nacional de verificación que complemente la labor de propaganda que será realizada a través de líneas telefónicas especiales, internet, carteles informativos y otros medios.

2.La Junta Central Electoral tiene que tomar medidas adicionales que refuercen la seguridad del proceso electoral,  dentro de las cuales se destaca la selección y capacitación del personal de los colegios electorales, garantizando una composición equilibrada y la idoneidad de sus integrantes.

3.En ese mismo orden se inscriben las medidas tendentes a garantizar el proceso de votación, escrutinio y transmisión de datos electorales debidamente avaladas por las diferentes fuerzas políticas y la Comisión de Seguimiento del Diálogo Nacional. Muy particularmente nos referimos a la auditoría del padrón electoral y del sistema de transmisión de datos electorales.

4.Es responsabilidad de la propia Junta Central Electoral fortalecer su imagen pública dando señales de imparcialidad en las distintas decisiones que adopte, asumiendo una actitud equilibrada en relación con los conflictos de los cuales está apoderada y  siendo cada vez más abierta al escrutinio de la ciudadanía y de los partidos políticos.

A los Partidos Políticos: 

1.Los partidos políticos deben realizar un esfuerzo supremo por solucionar sus conflictos internos, utilizando las vías previstas en los Estatutos  de cada uno y la Ley Electoral. Es conveniente que tanto el Partido Revolucionario Dominicano como el Partido Reformista Social Cristiano, sigan agotando las vías del diálogo y negociación para solucionar las desavenencias internas que tanto han afectado el panorama político nacional.

2.Es necesario que los partidos políticos y sus legisladores desistan de manera definitiva del conflictivo proyecto de ley de lemas o voto preferencial presidencial. El retiro de este proyecto de la agenda legislativa constituiría un aporte significativo al avance del proceso electoral. Permitiría que las autoridades y técnicos electorales, la sociedad civil y los propios partidos políticos, se dediquen plenamente a trabajar en la solución de los problemas que aún presenta la organización del proceso,  y a reforzar aquellos puntos débiles del sistema de votación y escrutinio que pueden ser objeto de irregularidades.

3.La incapacidad de los partidos políticos dominicanos de dirimir sus conflictos internos replantea la necesidad de regular estas organizaciones, de manera que tengan que ceñir su comportamiento institucional a ciertas reglas sujetas a supervisión oficial. Resulta oportuno reasumir en el mediano plazo la discusión de una ley de partidos y agrupaciones políticas, que se convierta en el estatuto regulador de la actividad política en el país.

4.Es también una responsabilidad de los partidos políticos activar el proceso de auditoria del padrón electoral. Esto implica cotejar a las personas inscritas con aquellos inhabilitados (fallecidos, militares, policías y otros) reportando estos hallazgos a las autoridades electorales competentes. La solución de los problemas del padrón contribuye de manera significativa a la disminución de las posibilidades de fraude electoral.

5.En lo inmediato, los partidos políticos y sus candidatos deben presentar los programas de gobierno que van a ofertar a la ciudadanía, discutiendo estos programas con los representantes de la sociedad y asumiendo compromisos en relación con las agendas sectoriales pendientes.

A la sociedad civil y a la ciudadanía:

1.Llamamos a la ciudadanía a verificar sus datos en el padrón electoral, comprobar la ubicación de su colegio electoral y asegurar que se encuentra perfectamente habilitado para ejercer el sufragio. Esto puede hacerlo a través de los diferentes mecanismos habilitados para ello: Internet, Fonojunta, o directamente con los partidos políticos.

2.Las organizaciones sociales y la ciudadanía deben contribuir de manera directa a la organización del proceso electoral, incorporándose a los colegios electorales que están siendo constituidos por las Juntas Electorales Municipales, y participando como voluntario en las actividades de observación electoral que auspicia un conjunto de organizaciones sociales, dentro de las cuales se encuentra Participación Ciudadana..

El movimiento cívico Participación Ciudadana reitera su compromiso con un proceso electoral diáfano y legítimo, contribuyendo al mismo a través de la observación electoral durante el proceso de preparación de las elecciones, durante la propia jornada de votación y una vez se pase a la entrega de resultados.

ALFONSO ABREU COLLADO 

NUEVO COORDINADOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El economista Alfonso Abreu Collado fue escogido como nuevo coordinador general de Participación Ciudadana. Sustituye en esas funciones a Miriam Díaz Santana, quien concluyó su periodo el pasado 31 de enero, durante la celebración de la décima Asamblea general.

La elección se produjo durante la primera reunión del Consejo Nacional, que escogió también un nuevo Comité Coordinador integrado por el propio Abreu Collado, Juan Bolívar Díaz, Isidoro Santana, Rafael D. Toribio, Samuel Encarnación Oviedo, Ramón Tejada Holguín y Don Oscar Grullón.

El Sr. Abreu Collado es analista y consultor económico, en varios ocasiones ha sido miembro del Consejo Nacional de esta institución , también se desempeña como árbitro del consejo de Consecución de Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.

OCHO NUEVOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL

En el desarrollo de la Asamblea Nacional de Participación Ciudadana se escogió a ocho nuevos miembros para integrar el Consejo Nacional de la institución. Los elegidos fueron Juan Bolívar Díaz, Luis Schecker, Luis Rosa Valerio, Oscar Grullón, Rafael Toribio, Ramón Tejada Holguín, Samir Chami Isa y Vilma Arbaje

Los demás miembros que integran los 12 miembros del Consejo Nacional de PC son: Alfonso Abreu, Mu-Kien Sang, Samuel Encarnación Oviedo e Isidoro Santana

Los nuevos miembros del Consejo sustituyen a Francisco Álvarez Valdez, Paulino Sarita, Fausto Rosario, Wilfredo Tejeda, Miriam Díaz Santana, Lizzie Sánchez de Roques y Félix Juan Mancebo.

El Consejo Nacional, máximo organismo de dirección de Participación Ciudadana, está integrado por doce miembros que son escogidos por la Asamblea General por un período de dos años. La Asamblea de Participación Ciudadana presentó también un documento sobre la situación política electoral del país y conoció la Memoria anual presentada por la Coordinadora General

La Décima Asamblea Anual Ordinaria de Participación Ciudadana, reunida en Santo Domingo, el 31 de enero del 2004, después de un ponderado análisis de la situación nacional ha considerado necesario formular el siguiente pronunciamiento:

1.- Expresamos nuestra preocupación por los persistentes esfuerzos de sectores políticos y legislativos por cambiar el sistema de elección del Presidente y Vicepresidente de la República, a pesar del rechazo generalizado de la opinión pública nacional.

Ratificamos el comunicado emitido el 8 de enero en curso por la Comisión de Análisis Político y el Consejo Nacional de nuestra institución en el que se rechaza el proyecto de "Ley de Lemas" o "Ley del Voto Preferencial Presidencial", por considerarlo en contradicción con los artículos 17, 49, 90, 91 y 119 de la Constitución de la República, especialmente por vulnerar el principio democrático fundamental del voto directo, y por estimarlo perturbador del proceso en marcha para unas elecciones presidenciales de la que distan apenas 3 meses y medio.

Otorgamos un mandato expreso a los órganos directivos de Participación Ciudadana para que procedan a elevar un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia en caso de que el polémico proyecto sea convertido en ley.

2.- Estimamos urgente la superación definitiva de la crisis que ha emergido en la Suprema Corte de Justicia afectada por divisiones internas y que tuvo como expresión concreta la amenaza de renuncia de su presidente el doctor Jorge Subero Isa.

Es desafortunado que el máximo tribunal de la nación y garante de los derechos y principios constitucionales sea sacudido por conflictos internos en momentos de grandes preocupaciones nacionales derivadas de la profunda crisis financiera y económica que afecta a la nación y cuando se expresan preocupaciones sobre el proceso institucional democrático.

Solicitamos al doctor Subero Isa que aplace cualquier decisión sobre su cargo y se aboque a la búsqueda de acuerdos internos que permitan conciliar las diferencias que son comunes en cualquier organismo colegiado dentro del régimen democrático, a lo cual deben contribuir todos los integrantes de esa corte y los sectores políticos que inciden en la misma.

3.- Formulamos un llamado a todos los sectores sociales y políticos, especialmente a los responsables de los poderes públicos para que aunemos esfuerzos en orden al fortalecimiento de los órganos del sistema electoral para que los próximos comicios constituyan un nuevo eslabón en el proceso de fortalecimiento democrático que ha vivido la nación en la última década.

En ese sentido ratificamos el compromiso de Participación Ciudadana de trabajar intensamente por la transparencia y legitimidad del proceso electoral en marcha, como fundamento de la convivencia nacional, ahora más necesaria que nunca para que el país pueda superar la crisis económico-social que sufre y retomar el camino de la estabilidad y el crecimiento, cada vez con mejor distribución del ingreso en atención a los sectores más empobrecidos.

4.- Convocamos a los dirigentes de todas las entidades sociales a fortalecer la Coalición por la Transparencia Electoral como mecanismo idóneo para contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

Debemos hacer los máximos esfuerzos para ayudar a la limpieza electoral aportando voluntarios y voluntarias sin militancia partidista para la integración de los colegios electorales y para la realización del proceso de observación y conteo rápido de las elecciones.

5.- Llamamos a todos los ciudadanos y ciudadanas preocupados por el rumbo de la nación a abandonar las actitudes derrotistas y el pesimismo y a sumarse a los esfuerzos por la transparencia electoral y el fortalecimiento del proceso democrático. Es hora de trabajar, de aunar esfuerzos, de salir del individualismo y el aislacionismo para contribuir firmemente a la superación de nuestras limitaciones.-

Las doce organizaciones abajo firmantes, las cuales conforman el Comité de Seguimiento de Foro Ciudadano, espacio de articulación de la Sociedad Civil con una membresía de casi 300 organizaciones en todo el país, quiere expresar a toda la ciudadanía su preocupación por un conjunto de problemas sociales, económicos y políticos, que afectan de manera sensible a toda la población.

En primer lugar deseamos dejar manifiesto nuestra firme oposición a la aprobación en el Congreso Nacional de la llamada Ley de Lemas o del Voto Preferencial para la Elección Presidencial y Vicepresidencial, que vendría a modificar la Ley Electoral vigente, por considerarla inoportuna, perturbadora e imprudente.

Hemos iniciado el año 2004 con una difícil situación económica y social que muestra señales de extrema preocupación. He aquí algunos indicadores:

• Devaluación acelerada del peso dominicano

• Aumento exagerado de los precios de los combustibles

• Incremento en los precios del transporte

• Elevación al 30 % del Impuesto Selectivo al Consumo, en más de 60 artículos, incluyendo algunos esenciales para la vida familiar.

• Aprobación por el Congreso de cargas impositivas al aparato productivo nacional, como el 5% a las exportaciones y el 2% a las importaciones.

• Aprobación de una tasa de veinte dólares por salida del país a cada viajero.

• La Aprobación reciente en la Cámara de Diputados de siete convenios de préstamos por US$ 374 millones y cerca de 40 millones de euros.

• Aumento desorbitante de los productos de la canasta familiar.

• Crecimiento de la tasa desempleo, debido a los despidos masivos y a la quiebra de pequeñas y medianas empresas.

• Las graves limitaciones en la entrega de recursos a los hospitales

• El preocupante incremento de los "intercambios de disparos" por parte de la Policía Nacional.

• Deterioro de la educación pública, disminución de la inversión para educación en violación de la Ley 66-97 y grandes retrasos en la entrega de salarios a los maestros.

Este cuadro de extrema dificultad, que muestra una economía en estado de emergencia nacional, ameritaría una concentración total del Gobierno y de todas las fuerzas económicas, sociales y políticas en la búsqueda de soluciones efectivas a tan graves problemas así como mecanismos de compensación a una maltrecha clase media y a una situación crítica y desesperante de los sectores populares que han recibido los mayores impactos de esta crisis.

Ante este dramático cuadro sería un atrevimiento querer hacer a la carrera una modificación de nuestra ley electoral, a tan solo cuatro meses de las próximas elecciones, convirtiéndola en una reforma antojadiza, impracticable y desestabilizadora.

En tal virtud, el Comité de Seguimiento se dispone a preparar un Plan de Acción para este año 2004, que sea consensuado por cientos de organizaciones que conforman el Foro Ciudadano, con la finalidad de presentar un dique de contención ante los desaciertos que se pretenden realizar, en perjuicio de la institucionalidad democrática, la estabilidad social y el sosiego de la familia dominicana. Por ello las organizaciones firmantes estamos dispuestas a realizar acciones tendentes a impedir que progrese ningún proyecto o iniciativa que en estos momentos quiera modificar aceleradamente la ley electoral e interfiera en la realización de elecciones democráticas.

Por el Comité de Seguimiento de Foro Ciudadano

Central General de Trabajadores (CGT)
Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE)
Centro de Estudios Sociales P. Juan Montalvo, s.j.
Ciudad Alternativa
Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (CODONBOSCO)
Centro Cultural Poveda
Pastoral de los Derechos Humanos de la Iglesia Evangélica
Foros para la Participación Municipal
Acción para la Educación Básica (EDUCA)
Centro de Investigación Económica para el Caribe (CIECA)
Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS)
Participación Ciudadana

Santo Domingo, D.N.,
15 de enero del 2004.

• Una reforma impracticable a solo 4 meses de las elecciones

• Vulnera los artículos 17, 49, 90, 91 y 119 de la Constitución

• Es falso que equivalga al voto preferencial para diputados

• En vez de salvar la unidad partidaria consagra el fraccionalismo, el clientelismo y el personalismo

• Es susceptible de un recurso de inconstitucionalidad

Ante las graves implicaciones del proyecto de "Ley de Lemas o del Voto preferencial para Presidente de la República y para Senador", introducido al Congreso Nacional por el diputado Henry O. Sarraf Urbáez, Participación Ciudadana está en la obligación de fijar la siguiente posición:

1.- Esta iniciativa es absolutamente extemporánea, a sólo 4 meses y una semana de las elecciones presidenciales y de ser impuesta crearía nuevas y serias presiones sobre el proceso organizativo en marcha, ya afectado por las manifiestas desconfianzas en el organismo rector de los comicios.

Su implementación requeriría cambios sustanciales en la tradición electoral dominicana, en la conformación de la boleta de elección, en los reglamentos de votación, de cómputo y procesamiento. También obligaría a una nueva y fuerte campaña de orientación a los electores para que comprendan el complejo sistema.

Esta reforma es improcedente también porque ya varios de los partidos reconocidos han elegido sus candidatos presidenciales, acogiéndose a la normativa vigente y sería injusto cambiarle el sistema a posteriori.

2.- El proyecto es claramente inconstitucional, pues vulnera los artículos 17, 49, 90, 91 y 119 de la Constitución de la República. Para implementar esa reforma estos artículos tendrían que ser modificados, algo que está fuera de toda posibilidad en la coyuntura preelectoral.

El artículo 17 establece que "La elección de Senadores y de Diputados se hará por voto directo".

El 49 indica que "El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la República, quien será elegido cada cuatro años por voto directo…"

El párrafo del artículo 90 señala que "Cuando en las elecciones celebradas para elegir al Presidente y Vicepresidente de la República, ninguna de las candidaturas obtenga la mayoría absoluta de los votos válidos emitidos, se efectuará una segunda elección cuarenta y cinco días después de celebrada la primera. En esta última elección participarán únicamente las dos candidaturas que hayan obtenido mayor número de votos en la primera elección".

El artículo 91 viene a reforzar el 49, al reiterar que "Las Elecciones se harán según las normas que señale la ley, por voto directo y secreto, y con representación de las minorías cuando haya de elegirse dos o más candidatos".

El artículo 119 no deja lugar a dudas cuando reza que "Ninguna reforma podrá versar sobre la forma de Gobierno, que deberá ser siempre civil, republicano, democrático y representativo".

Es obvio que el voto directo es, tal como lo define Rodrigo Borja en su Enciclopedia de la Política, cuando "el ciudadano elige por sí mismo a los candidatos." Permitir que el sufragio por un candidato específico pueda ser transferido a otro, vulneraría el derecho ciudadano y aniquilaría una tradición electoral con muchas décadas de vigencia en el mundo democrático, incluso en nuestro país, que es fundamento de la democracia representativa.

Según esa tradición, los partidos se conforman para presentar candidatos o candidaturas a consideración de los electores, quienes tienen el derecho de escoger. Por eso para la posibilidad de la segunda vuelta, el párrafo citado del artículo 90 señala que competirían solamente "las dos candidaturas" con mayor votación, no habla de partidos.

Ese sistema de sumatoria de votos podría generar el absurdo de que un candidato con mucho más votos directos que todos sus competidores, pudiera no resultar electo, porque los demás aspirantes de su propio partido no generaran suficientes preferencias.

3.- Contrario a lo que sostiene el proyecto de ley en su motivación, y a lo que han interpretado tanto el Presidente de la República como otros dirigentes políticos, es imposible equiparar esta propuesta de reforma con la que estableció el voto preferencial para la elección de los diputados, vigente desde los comicios del 2002.

Esa reforma fue en sentido inverso, para quitar a los partidos la facultad de imponer los diputados de acuerdo al orden en que aparecían en las boletas y devolver a los electores la posibilidad de señalar su preferido. Nos contamos entre quienes en su oportunidad reclamaron que la reforma se ampliara para que se pudiera escoger un senador de partido diferente al de los diputados. Pero en ningún caso la ley actual contempla transferencia de votos de un candidato a otro.

4.- Finalmente, las experiencias de Uruguay y Argentina, donde ha regido la multiplicidad de candidatos y la transferencia de votos, indica que el sistema no ha servido para los fines que aduce el proyecto que nos ocupa, que es salvar la unidad de los partidos. Por el contrario, debilita los partidos por cuanto no auspicia el ejercicio democrático interno, consagra el fraccionalismo y reduce su cohesión programática.

La multiplicidad de candidatos del mismo partido alentaría el clientelismo, el personalismo y las ambiciones individuales, rémoras tradicionales de la política nacional. Y elevaría desmesuradamente el costo de las campañas electorales, que de una u otra forma lo paga la ciudadanía.

Participación Ciudadana ha expresado reiteradas veces su preocupación por el deterioro de los partidos políticos, a los cuales consideramos fundamento de la democracia. Pero esta no puede ser subordinada a la supervivencia de ningún grupo que muestre incapacidad para acogerse a los procedimientos democráticos.

Una vez más apelamos al liderazgo de los partidos para que pongan en práctica auténticos mecanismos democráticos y participativos que les permitan superar sus dificultades y contribuir al fortalecimiento del proceso democrático nacional.

Llamamos a la ciudadanía, a la opinión pública y especialmente a las instituciones sociales a hacer uso de toda su influencia para evitar el retroceso democrático que implicaría el proyecto de multiplicidad de candidatos por partido y sumatoria de votos. Advertimos de nuestra disposición de recurrir ante la Suprema Corte de Justicia para que declare la inconstitucionalidad de ese proyecto, en caso de convertirse en ley.

Introducción

El año 2003 registró una de las peores crisis financieras de la historia nacional, con una secuela de devaluación e inflación que ha degradado extraordinariamente el nivel de vida de la población, acentuando la pobreza que afecta a la mitad de los dominicanos y dominicanas.

La quiebra de tres bancos mostró en toda su crudeza la falta de fiscalización sobre los grandes intereses económicos, y la capacidad de sectores privados para comprar complicidades y silencios, en una dramática expresión de la corrupción que corroe importantes segmentos de la vida nacional.

Al enfrentar la crisis bancaria las autoridades nacionales violentaron los procedimientos legales, como lo hicieron en otros ámbitos, configurando una tendencia al desconocimiento del armazón jurídico en que descansa la nación.

Con más de 200 muertes a manos de agentes policiales en los llamados "intercambios de disparos", nos acercamos al récord histórico de los años 1999-2000, constituyéndose en una alarmante violación de derechos humanos.

En el ámbito político, el Diálogo Nacional quedó estancado, lo mismo que las iniciativas de reformas legislativas y la lucha contra la corrupción, mientras asistíamos a un gravísimo deterioro del sistema de partidos y a un preocupante debilitamiento del órgano de arbitraje electoral.

1.- La economía dominicana en el 2003

Con una aguda crisis bancaria, un decrecimiento del producto bruto interno que desde 1990 había mantenido un crecimiento continuo , una devaluación de la moneda cercana al 100 cien por ciento y una tasa de inflación superior al 40 por ciento, el año 2003 se caracterizó por una crisis económica que deterioró el nivel de vida y la autoestima de la población dominicana.

Tras dos años de choque externo de múltiples facetas, incluyendo recesión de la economía mundial, altos precios del petróleo, temor, incertidumbre y guerras, cuando ya parecía que lo peor del impacto de ese entorno internacional comenzaba a ser superado, y que esto constituiría un alivio para la economía dominicana, entonces surge la debilidad institucional que rodeaba todo lo relativo a la normativa y la fiscalización bancaria, se descubre el enorme agujero de BANINTER, seguido después por los casos de BANCREDITO Y BANCO MERCANTIL, y la forma alegre como las autoridades decidieron traspasarle a toda la población los compromisos contraídos por dichos bancos, en abierto desafío al ordenamiento jurídico establecido para afrontar casos como estos.

Al terminar el presente año, la operación de salvamento bancario ya ronda los RD$100 mil millones, para un país cuya emisión monetaria antes de la crisis era de apenas RD$38 mil millones. La primera decisión de las autoridades se transformó en una monumental emisión inorgánica de dinero, responsable principal de la devaluación de la moneda en el mercado, y más adelante, en un intento de recoger y mantener fuera de circulación una parte de ese dinero emitido, la segunda decisión fue la colocación masiva de certificados del Banco Central, convirtiendo en pública una enorme deuda privada.

Los altos intereses que ha ofrecido el Banco Central para colocar los certificados han generado cuantiosas pérdidas a la institución emisora, convirtiéndose en un déficit cuasifiscal que ahora tiene que pagar toda la población.

Los esfuerzos del gobierno por limitar el impacto de la devaluación sobre los precios de la electricidad y el gas propano, lo indujeron a prometer subsidios en los momentos en que menos recursos tenía para pagarlos, ocasionando el recrudecimiento de los apagones y el desabastecimiento de gas.

Al mismo tiempo, las presiones sobre el presupuesto público que se derivan del acrecentado servicio de la deuda externa, del subsidio y del déficit cuasifiscal, han obligado a prácticamente paralizar las inversiones públicas, reducir los servicios básicos que se suministran a la ciudadanía y a una acentuada política de establecimiento de nuevos impuestos.

Las políticas restrictivas en el orden monetario (más encaje legal y tasas de interés altas) y en el orden fiscal (más impuestos, menos inversión y menos servicios) no podían sino deprimir el funcionamiento del aparato productivo interno, generalizando el desempleo, lo cual se ha juntado con una sustancial caída del salario real promedio y los más precarios servicios públicos, para anular de golpe casi todas las mejoras en las condiciones de vida de la población pobre y de la clase media, que se habían conquistado a lo largo de doce años de crecimiento.

Finalmente queda lo positivo, y es que con la devaluación y la mejora del contexto internacional se han dinamizado los sectores generadores de divisas, aunque no lo suficiente para contrarrestar la menor actividad de los sectores que abastecen el mercado interno, de modo que el PBI termina disminuyendo en algo más de un 1%. Pero gracias a la bonanza del sector externo, por primera vez en varios decenios el país generó un superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, lamentablemente neutralizado por la gran fuga de capitales, a consecuencia de la desconfianza que todo este panorama ha generado.

2.- En lo político e institucional

En este ámbito lo más relevante es la crisis que ha afectado profundamente a dos de los tres partidos mayoritarios del sistema político así como a varios de los llamados emergentes o minoritarios.

La ausencia de mecanismos democráticos participativos ha dificultado la canalización de las serias divergencias que se registraron durante el año en los partidos Reformista Social Cristiano (PRSC) y Revolucionario Dominicano (PRD), y que los ha debilitado y dividido en facciones aparentemente irreconciliables, pese a los esfuerzos que han hecho comisiones intrapartidistas.

Resalta en ambos casos que prevalece una cultura de imposición y arrebatos, que rechaza la concertación y el acatamiento de las normas democráticas. En el caso del partido de gobierno la crisis rebasa su propio ámbito para reflejarse en la manipulación de recursos estatales y en la creación de un clima de incertidumbres que conspira contra la estabilidad política y macroeconómica.

El Partido de la Liberación Dominicana sufrió un pequeño fraccionamiento, con el nacimiento de un Partido Boschista Dominicano. Las divisiones han afectado también al Partido Revolucionario Independiente, al Partido Nacional de Veteranos y Civiles, al Partido de la Unidad Democrática, y al Partido de la Unidad Nacional.

El proceso de concertación, consulta y participación parece haber quedado congelado en los últimos meses, especialmente en el Diálogo Nacional, el Congreso y en numerosos escenarios participativos y consultivos, varios de los cuales habían sido instituidos por las actuales autoridades.

En el ámbito municipal pudimos apreciar algunos avances, especialmente en la descentralización y la institución de políticas de transparencia y participación. Mientras el Congreso Nacional mantuvo engavetados numerosos proyectos de reformas, como los llamados a fortalecer la lucha contra la corrupción.

Otro factor negativo fue el resurgimiento de algunos pujos militaristas, incluso con indebidas incursiones en las actividades políticas, a lo cual se agregó un discurso presidencial cada vez más autoritario y excluyente y la tendencia a pasar por encima de los procedimientos legales, como en el afrontamiento de la crisis bancaria, o en la creación de impuestos por decreto que hubieron de ser declarados inconstitucionales.

Pero en el ámbito institucional lo más preocupante ha sido el creciente debilitamiento de la Junta Central Electoral. La ejecución de la reforma que dividió el organismo en dos cámaras y aumentó el número de jueces, no ha logrado revertir el proceso de deterioro de la imagen de esta institución. La poco disimulada representación partidaria en su seno genera desconfianza y sombras sobre el proceso electoral que debe culminar con la elección presidencial de mayo próximo.

3.- Justicia y derechos humanos

Si bien es cierto que en materia judicial se han dado algunos pasos positivos, como el inicio de la aplicación del Código Procesal Penal, han prevalecido las dificultades presupuestarias para ejecutar reformas y ampliaciones y la administración de justicia sigue siendo extremadamente lenta.

Resalta que el Departamento de Prevención de la Corrupción de la Procuraduría General de la República quedó en este año sumido en el silencio, mientras los tribunales seguían acariciando los expedientes de corrupción de los últimos años, acrecentándose la impunidad y, por tanto, los indicios de crecimiento de este terrible mal.

Esa sensación de impunidad se acrecienta cuando la ciudadanía observa el tratamiento a los casos judiciales en que están envueltos los ejecutivos bancarios responsables del fraude financiero mas grande de nuestra historia. Por un lado, el Presidente de la Republica se arroga el derecho de detener indefinidamente el sometimiento a la justicia hecho por las autoridades del Banco Central y la Superintedencia de Bancos a dos ejecutivos del antiguo BANCREDITO, y por el otro, salen de prisión, justo antes de navidad, dos de los principales acusados del fraude BANINTER.

En materia de derechos sociales es notorio que este año sufrió un estancamiento la aplicación del Sistema Dominicano de Seguridad Social, a consecuencia de la precaria inversión estatal, deficiencias seculares en los servicios de salud y falta de consenso en algunos aspectos del código. Las recientes leyes 42-01 y 87-01 no han sido suficientes para que la población reciba servicios de salud con calidad y eficiencia y disminuyan muertes que pueden ser evitadas.

Los más de 200 muertos a manos de agentes policiales y al menos 138 asesinatos de mujeres, fruto de violencia intrafamiliar, constituyen elementos de seria preocupación para la sociedad dominicana.

4.- Los desafíos para el 2004

Dos son los mayores desafíos que tiene la sociedad dominicana en el año que comienza: restablecer el equilibrio macroeconómico y el crecimiento con mayor equidad social, y celebrar un proceso electoral transparente y libre de fraudes y manipulaciones.

La Junta Central Electoral tiene la mayor responsabilidad en garantizar las mejores condiciones para la celebración de las elecciones de mayo, con niveles organizativos y de legitimidad si no superiores, iguales a los últimos procesos electorales y para eso debe rechazar cualquier tentación de parcialidad, manipulación o falta de transparencia, actuando siempre con el honor y el patriotismo que se espera de tan alta investidura. La misma responsabilidad y altura ha de esperarse de los partidos políticos.

Como nación tenemos la responsabilidad de seguir haciendo sacrificios, especialmente los sectores privilegiados, para restablecer el equilibrio macroeconómico, condición básica para volver a la estabilidad cambiaria y de precios y generar el ambiente de confianza que permita recuperar el crecimiento, lo que difícilmente se pueda conseguir sin la asistencia financiera internacional.

El desafío es particularmente fuerte para el Presidente Hipólito Mejía, que debería renunciar a la tentación de subordinar el interés nacional en la recuperación económica a los intereses partidarios que suelen desbordarse en las campañas electorales, especialmente cuando está en juego la persecución de la reelección presidencial.

La sociedad dominicana en general, la sociedad civil y particularmente los sectores empresariales y políticos, están obligadas a concentrar sus mayores energías para promover en el 2004 la recuperación económica y el fortalecimiento de nuestra institucionalidad democrática. Para ello es imprescindible que rechacemos las tendencias al pesimismo y la frustración y construyamos un discurso basado en la fe en la capacidad de nuestro pueblo para superar momentos difíciles y mejorar sus niveles de organización social y política.-

Los dominicanos aquí, y dondequiera que nos encontremos, conservamos un gran amor por nuestra tierra y tradiciones. En estos momentos necesitamos mostrar ese amor participando con lo mejor que tengamos, siendo guardianes de los avances políticos y aportando todo lo que esté a nuestro alcance para preservar el sistema democrático y mejorar los niveles de vida de la población.

La corrupción se ha convertido en un fenómeno político, social y económico que  permea todas las acciones de la sociedad. Las prácticas de corrupción están tanto en las esferas pública como privada.

La corrupción está asociada a diferentes factores: 

1)     Abuso de poder, que se expresa mediante el uso de oportunidades desde posiciones públicas o privadas, para obtener beneficios  grupales o personales.

2)     Carencia y/o debilidades  de los  procedimientos y mecanismos institucionales, que garanticen la transparencia en el ejercicio de las funciones.

3)     Debilidad en los marcos legales que tipifican y sancionan la corrupción administrativa pública.

4)     Reforzamiento de las actitudes individualistas y el consumismo, sustituyendo los  valores éticos, como la solidaridad, honestidad y responsabilidad.

5)     La impunidad en que se encuentran los actos de corrupción, sobre todo en la administración pública.

En fina, las  prácticas de corrupción están presentes en los diferentes estratos y niveles de la sociedad, manifestándose no sólo en el ámbito público, sino en todos los ámbitos, como se observa a partir de las diferentes categorías que existen, por lo que erradicarla se hace mucho más complejo y amerita de una estrategia integral que involucre a todos los sectores que conforman la vida del país.

LA CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA: PRINCIPALES CAUSAS EN NUESTRA NACIÓN

Los problemas de la corrupción en la administración pública están vinculados a la falta de instituciones fuertes, que se sobrepongan a los gobernantes del momento y permitan la continuidad de las políticas y acciones del Estado; queda claro que el sistema político y  de representación vigente en nuestro país, otorga a los gobernantes de turno la centralización en todas las decisiones importantes. La centralización es vista como una de las causas de la corrupción unida a otros elementos no menos importantes como son:

• La falta y/o violación de controles internos, que contribuyen con la creación  de beneficios personales o grupales; por ejemplo a pesar que existe una resolución que prohíbe a los ciudadanos y ciudadanas ocupar más de un puesto remunerado en el gobierno, éstos se las ingenian para acceder a los fondos públicos por diferentes vías como son ayudas, contrataciones puntuales, etcétera.

• Debilidad de los organismos de control financiero, siendo los principales problemas la dependencia del Poder Ejecutivo, la falta de personal técnico capacitado y experimentado y de mecanismos e instrumentos que le permitan prevenir los fraudes o detectarlos.

• La debilidad de los marcos legales que previenen y sancionan la corrupción administrativa en diferentes niveles. Aunque el Congreso Nacional ha sido apoderado de más de diez iniciativas para promover la transparencia en la gestión pública, las mismas no han sido tomadas en cuenta. Cabe resaltar iniciativas como la ley de acceso a la información pública, creación de la fiscalía anti corrupción; ley de Contrataciones de Obras y Servicios del Estado; Independencia de la Contraloría General de la República; Modificación de la Ley 82-97 de Declaraciones de Bienes de funcionarios públicos; Ley de Presupuesto; anteproyecto de ley anti-corrupción, modificación de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, entre otros.

• La ausencia de información y la falta de rendición de cuentas de los/as funcionarios / as,   así como  la poca participación  de la ciudadanía en el seguimiento a las acciones gubernamentales.

• La degradación moral y la ausencia de ética en el ejercicio de las funciones públicas, el interés fundamental para acceder a posiciones públicas se debe principalmente al interés por engrosar el patrimonio personal.

• La impunidad prevaleciente ante los actos de corrupción denunciados, lo que envía el mensaje de que la trasgresión de las normas no conlleva penalidad.

• La complicidad de diferentes sectores con la corrupción.

Es importante, además, dedicar especial atención al clientelismo el cuál ha sido una de las causas más impactantes de la corrupción, por el daño que ha producido al país.

Las prácticas clientela res favorecen principalmente a aquellos que ofertan la dádiva, ya que en la mayoría de los casos los fondos utilizados son del Estado y la distribución se realiza sin que medien controles financieros, quedándose el ofertante con la mayor parte del pastel.

El clientelismo ofende la dignidad de quienes son receptores, ya que no le confiere a los pobres la posibilidad de salir de su situación, es una solución de un día.

CONSECUENCIAS DE LA  CORRUPCIÓN EN REPÚBLICA DOMINICANA.

Al igual que en otros países se hace difícil cuantificar la corrupción, no obstante sí se valoran los efectos de esta en el desarrollo del país, se verá que uno de sus principales costos, es el descreimiento y desconfianza que genera en los ciudadanos y ciudadanas. Por ejemplo  en la III Encuesta Nacional de Cultura Política y Democrática (Demos 1994-2001) el  92.8% de los/as consultados / as consideraron que los políticos aprovechan sus cargos para beneficios propios y el 94% tiene la percepción de que la corrupción es un asunto grave.

Lo cierto es que la corrupción vulnera al Estado y sus instituciones, y contribuye con la baja capacidad de la democracia para dar respuesta a problemas tan importantes como la pobreza y el desarrollo.

Existe una estrecha relación entre la corrupción y la pobreza, retraso en el desarrollo de los pueblos y la no consolidación de regímenes democráticos, pues la falta de institucionalidad en los organismos encargados de definir y aplicar políticas públicas y sociales impide que se controlen los ingresos y egresos del país por diversos conceptos.

Ante la corrupción, las políticas públicas en la mayoría de los casos  se improvisan, son irregulares, y son violados los procedimientos que muchas veces podrían estar bien formulados, pero que no se cumplen. Con los recursos públicos que van a engrosar las fortunas privadas, ya sea de políticos corruptos o agentes privados, que se benefician de los primeros, la población pierde la oportunidad de tener acceso a  servicios sociales básicos como salud, alimentación, vivienda, agua y energía eléctrica.

José María Rico y Luis Salas, citando a Robert, Klitgaard, resumen que los efectos negativos de la corrupción: sobre la eficiencia (puesto que dilapida recursos y riquezas, crea  ´´males públicos “ y distorsiona las políticas públicas), la distribución de riquezas  (ya que las concentra en los ricos y poderosos, quienes poseen el poder político, militar o el derivado de los monopolios económicos), los incentivos de la función pública  (en la medida en que desvía las energías del funcionario público hacia actividades socialmente improductivas y de enriquecimiento personal, crea riesgos, induce medidas preventivas improductivas y aleja las inversiones de las áreas con alta corrupción) y el sistema político (dado que crea inestabilidad del régimen y engendra resentimiento popular).

Trabajo tomado del folleto de Participación Ciudadana: LA CORRUPCIÓN : CARACTERÍSTICAS Y CONSECUENCIAS EN REPÚBLICA DOMINICANA.

Participación Ciudadana realizó su mesa de trabajo con el tema el financiamiento a los partidos políticos y contó con las ponencias del Contralor General de la República, Federico Lalane José y el Dr. Braulio Alcántara, exdirector del Departamento Partido Políticos JCE y actual oficial de Estado Civil de la 3ra. Circunscripción

A continuación ponencia presentada por Federico Lanane José, Contralor General de la República.

Propuestas de Ideas Para Transparentar la Administración y Uso de los Fondos de los Partidos Políticos

En la gentil invitación que nos extendiera el Movimiento Cívico No Partidista Participación Ciudadana para venir a la Mesa de Intercambio a exponer sobre los controles para administrar los fondos de los partidos políticos, nos sugería que hiciéramos referencia a las regulaciones vigentes y a propuestas para eficientizarlas y transparentarlas.

Nosotros en aras del tiempo solo vamos a exponerles las propuestas o sugerencias que pudieren ser tomadas en cuenta en la discusión para una nueva legislación o reglamentación sobre financiamiento a los partidos políticos.

Llama la atención como los dirigentes y la clase política reclaman eficiencia y transparencia a los Gobiernos de turno, pero en cambio no ofrecen a los ciudadanos y a sus propios partidarios información que les permita saber y evaluar la aplicación de los recursos públicos y privados recibidos. Tampoco respetan sus estatutos y reglamentaciones internas, pero exigen con vehemencia a los Gobiernos que respeten la Constitución, las leyes y los reglamentos.

En principio no estoy de acuerdo con el financiamiento público y privado a los partidos políticos y sus dirigentes. Para mi es la fuente principal de la futura corrupción en los gobiernos. No obstante, de mantenerse la legislación vigente en ese aspecto, sería conveniente que en una nueva ley se tomaran en consideración los aspectos siguientes:

Con esta publicación se procura establecer un ambiente de rendición de cuentas, como parte de la transparencia en el manejo de los fondos públicos o privados.

Es una falla grave que la legislación vigente no prevea un aspecto tan importante como el señalado.

1. Establecer la obligatoriedad de una publicación trimestral en por lo menos dos medios de comunicación de masas y en el internet detallando los ingresos y los gastos ejecutados.
2. La facultad de la JCE de reglamentar el financiamiento privado de los partidos políticos.
3. Establecer porcentajes mínimos y/o máximos que deberían los partidos dedicar o especializar para:

a.Desenvolvimiento institucional (pago de locales, servicios, nóminas, etc.)

b.A la formación y capacitación de sus miembros;

c.A las campañas electorales nacionales

d.A las elecciones internas para designación de candidatos y autoridades partidarias.

En esta línea de acción podría evaluarse también la viabilidad de crear mecanismos de coparticipación relativa (%) de las estructuras regionales o municipales de los partidos, en el uso de las contribuciones públicas o privadas recibidas.

4. Establecer en la Ley o el Reglamento los mecanismos o procedimientos mediante los cuales la JCE pueda comprobar que los partidos políticos han dado cumplimiento a los Artículos 52, 53 y 55 de la Ley Electoral.

5.Ampliar las causas o razones por las cuales un partido puede perder el derecho a los beneficios de la contribución publica que establece la ley:

a.La no realización de elecciones internas partidarias en los plazos y fechas establecidos en los estatutos de los partidos.

b.No alcanzar el 5% de los votos en las últimas elecciones congresionales y municipales.

c.Abstenerse de asistir a las elecciones nacionales

La contribución se reiniciaría cuando, en nuevas elecciones, se verifica la superación de los obstáculos citados más arriba.

6. Establecer en el Reglamento para el Financiamiento de los Partidos Políticos, la obligatoriedad de que los recibos y registros de las contribuciones o donaciones privadas contenga por lo menos:

a.Nombre completo, cédula de identidad y electoral o pasaporte (en el caso de extranjeros o residentes en el exterior), dirección, teléfono, fax, email, etc.

b.Actividad comercial o industrial a que se dedica.

c.Monto de las contribuciones realizadas.

Esta disposición ayudaría a reducir las posibilidades de que recursos provenientes de la delincuencia nacional o transnacional de cuello blanco, penetren los partidos y los comprometan en el otorgamiento de impunidad.

7. Establecer la obligatoriedad de la auditoria de los fondos de los partidos políticos, a fin de verificar que los mismos se han aplicado conforme a la Ley y cumpliendo con las normas de control interno y transparencia establecidas.

La auditoría incluiría la evaluación de los procedimientos de control interno existente en cada entidad política, para verificar que los mismos cumplan o se ajusten a las normas de control dictadas para tales fines.

8. Establecer la responsabilidad de la Contraloría o Auditoria Interna de la JCE, de realizar las verificaciones de las informaciones contenidas en el informe financiero presentado a la por los partidos a la Secretaría de la JCE.

9.Establecer en el Reglamento que: Cuando como resultado de la auditoría realizada por la Contraloría General, auditores independientes o la Cámara de Cuentas, se detectaren desvíos o mala aplicación de los ingresos percibidos, se procedería a:

a.Remitir a las autoridades del partido un informe preliminar con los hallazgos encontrados que pudieren tener repercusiones de carácter administrativo, civil o penal.

b.Establecer un plazo de tiempo perentorio para responder o dar cualquier explicación sobre los hallazgos reportados.

c.Remitir al Pleno de la JCE el informe final con las recomendaciones que amerite cada caso particular.

10. Establecer la obligatoriedad a la JCE de publicar las conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe final de la auditoría realizada.
11. Establecer en la Ley que la JCE, la Cámara de Cuentas o la Contraloría General, cuando lo juzguen conveniente podrán contratar firmas de auditores privados para realizar la auditoria a la JCE y la de los partidos políticos.
12. Establecer como Delitos o Crímenes Electorales de los partidos o sus dirigentes y establecer las sanciones correspondientes, cuando reciban ingresos definidos en la Ley como ilícitos.

Sobre los aspectos de infracciones y delitos electorales nos ha llamado la atención que la máxima pena que establece la Ley Electoral para los crímenes y delitos electorales, es una multa de RD$20,000.0 y reclusión de dos (2) años.

13. Establecer un tope máximo a los gastos de campañas para elecciones generales presidenciales, legislativas y municipales y establecer sanciones económicas y políticas a los partidos que violen la disposición. Una sanción podría ser por ejemplo el reducir las contribuciones públicas que reciben en el equivalente a un % importante del monto incurrido en violación.
14. Establecer un tope máximo a los préstamos o créditos bancarios que podrían recurrir los partidos políticos, debiendo hacerse de público conocimiento los términos y las condiciones de dichos préstamos. En cuanto a los funcionarios electos, también debería legislarse en el sentido de publicar esas operaciones crediticias.
15. Establecer Comisiones de Finanzas en los partidos, bajo la dirección de un Tesorero y en donde se encuentren proporcionalmente representados las minorías. En el reglamento de la ley se establecerían las funciones de esa Comisión.

El movimiento Cívico Participación Ciudadana desea expresar su profunda preocupación por el progresivo deterioro económico que degrada el nivel de vida, acentuando el desempleo y multiplicando la pobreza que afecta a la mayoría de la población, en lo que se estima como una de las peores crisis de nuestra historia.

El panorama es más preocupante por los signos de deterioro institucional que se advierten, con aumento de las actitudes autoritarias, militarización e incursión de oficiales de las fuerzas armadas en actividades políticas.

Así mismo, las pugnas que afectan la institucionalidad democrática y la integridad de dos de los partidos mayoritarios, incluyendo al de gobierno, contribuyen a nublar el porvenir inmediato de la nación, sembrando incertidumbres generadoras de desconfianza y desesperanza que a su vez repercuten en mayor degradación económica.

La persistente crisis energética nacional mantiene al borde de la quiebra a una parte considerable de las micros y pequeñas empresas sustento de una proporción importante de las familias dominicanas, encarece y hace ineficiente la producción nacional, afecta las actividades educativas, sociales y familiares y termina generando un clima de depresión y desesperación.

Ese cuadro explica la contundente protesta nacional del martes 11 de noviembre, cuando casi todas las actividades nacionales fueron paralizadas sin que mediara ninguna actitud coercitiva, en lo que la opinión pública ha considerado como un plebiscito de rechazo a la gestión gubernamental.

En contraste con la protesta pacífica de la ciudadanía, con la excepción de dos o tres desalmados que asesinaron un agente policial, resaltó el nivel de represión desatado por las fuerzas policiales y miliares, responsables de por lo menos otras 7 muertes violentas, tan injustificadas como la del policía.

Las posteriores reacciones gubernamentales parecen indicar que no se ha tomado con seriedad todo lo que tuvo de aleccionadora la protesta generalizada, y que los asesinatos quedarán una vez más impunes.

Es evidente que una buena proporción de la responsabilidad corresponde a la actual administración, por comisión y omisión, por despilfarro, alegre endeudamiento, por corrupción y tráfico de influencia, por no haber cumplido su obligación de supervisar las actividades bancarias, y por haber cubierto el fraude bancario con dinero inorgánico y certificados financieros.

Al gobierno del presidente Hipólito Mejía corresponde la responsabilidad de adoptar todas las medidas urgentes para contener el deterioro económico, institucional y democrático.

Es obvio que el restablecimiento del equilibrio macroeconómico, fundamental para retomar el crecimiento, conlleva restricciones que deben pagar los sectores de mayores ingresos, para evitar descargar el peso de la crisis en los grupos populares y las clases medias bajas, gravando hasta los alimentos y las medicinas, como algunos pretenden.

Pero por encima de todo y en primer lugar es imperativo que el presidente Hipólito Mejía concentre su atención en gobernar ahora, subordinando sus actividades partidarias y expectativas continuistas al interés general de la nación. La situación demanda de un conductor nacional que aúne voluntades y concierte con todos, no que divida, impugne y confronte. La consecuencia de no asumir esta tarea será de la exclusiva responsabilidad del presidente de la República.

El momento actual requiere de una actitud mas propositiva de las instituciones de la sociedad civil, por lo cual sugerimos la convocatoria del Foro Ciudadano y todas las instituciones sociales a reflexionar y a pronunciarse demandando acciones urgentes y efectivas para contener el grave deterioro nacional.-

Participación Ciudadana saluda las medidas adoptadas por la Suprema Corte de justicia para que haya mayor transparencia en los procesos judiciales y en busca de proteger los derechos de los ciudadanos y ciudadanas ante los tribunales

Esta decisión la SCJ representa un avance en los esfuerzos por proteger el principio del respeto al debido proceso, y deja atrás la época en que los jueces de instrucción en secreto otorgaban libertades provisionales bajo fianza sin la presencia de las partes envueltas, dictando mandamientos de prisión y revocándolos de manera administrativa

En nota de prensa, Participación Ciudadana dijo que la resolución adoptada por el alto tribunal favorece el derecho de la ciudadanía, pues establece claramente que durante la fase de instrucción no se puede otorgar libertad provisional bajo fianza, dictar un mandamiento de prisión o revocarlos sin antes someter a un debate a las partes envueltas.

Entiende que la medida consolida el derecho a una sentencia final en un plazo razonable, el derecho a que se respete la presunción de inocencia, la igualdad de las partes en el proceso, pero sin limitación de ninguna especie, y muchos otros derechos sustanciales reforzados por la resolución de la Suprema Corte de Justicia. Estos cambios, según PC, llegan en un momento apropiado para recordar que vivimos en un Estado de Derecho que muchas veces se quiere desconocer de los poderes públicos

Este importante paso de avance en el procedimiento penal, reitera Participación Ciudadana marca un hito, sobre todo, en lo relativo a la libertad bajo fianza, la cual no podrá otorgarse sin el debate entre las partes, también elimina el aspecto secreto a la instrucción del proceso

En nota enviada, se le recordó a la Suprema Corte de Justicia, que ahora en lo adelante le queda el trabajo no solo de lograr la aplicación efectiva de estos principios, sino y sobre todo el evitar que los mismos puedan ser utilizados para amparar la impunidad en los tribunales judiciales que hasta la fecha no se han erradicado debido a la postergación eterna de los procesos judiciales.