La organización Transparencia Internacional pone en circulación el Informe Global de la Corrupción correspondiente al 2007

El Informe Global de la Corrupción ofrece un análisis anual y sistemático de la corrupción a nivel mundial, con un tema especial cada año. En este año se dedica una atención especial a la corrupción en el sistema judicial.

El Informe destaca que la corrupción está socavando las bases de la justicia en muchas partes del mundo, negándoles a las víctimas y a los acusados el derecho humano elemental a un juicio justo e imparcial.

El principio de que todos somos iguales frente a la ley, base fundamental del estado de derecho en las sociedades democráticas, se ve seriamente afectado cuando las cortes ceden ante la corrupción por avaricia o conveniencias políticas.

“La corrupción judicial implica que la voz del inocente no es escuchada, mientras que los culpables son libres de actuar con impunidad”, dice el informe. “Si el dinero y la influencia son la base de la justicia, los pobres no pueden competir,”

Además, un sistema judicial corrupto mina el crecimiento económico, dañando la confianza de la comunidad de inversionistas y dificulta las iniciativas de reducción de la pobreza.

Los jueces son sólo una parte del sistema general de justicia. Los jueces no entran en juego hasta después de que la policía, fiscales y demás personal de la corte entren en escena.

Latinoamérica es la región del mundo en que se percibe mayor prevalecía de corrupción en la justicia, seguida por los nuevos estados independientes de la Europa del Este.

En el caso de la República Dominicana, el informe indica que, pese a que la institución de un proceso de selección basado en el mérito ha mejorado la calidad del estrado y disminuido la corrupción de manera temporal, se registran quejas de retrocesos. De hecho, los últimos nombramientos a la Corte Suprema han obedecido en un alto grado a consideraciones políticas.

¿Qué es la corrupción? ¿Qué implica la corrupción judicial?

Transparencia Internacional define la corrupción como “el abuso del poder encomendado para el beneficio propio”. Y los diversos tipos de funcionarios públicos, de todos los poderes, disponen de un poder que les ha sido encomendado. El uso abusivo de que hacen, defrinido como corrupción, abarca tanto la ganancia material o financiera y la no material, tales como la promoción o conservación del poder político. 

La corrupción judicial se refiere a toda influencia indebida ejercida sobre el proceso judicial por parte de todo aquel que esté en condiciones de hacerlo. Existen dos tipos principales de influencia: uno es la interferencia política, a través de la intimidación de los jueces y la manipulación de nombramientos judiciales u otros medios, los cuales ponen en peligro la independencia judicial; el otro es el soborno.  

Un hallazgo desalentador del Informe Global de la Corrupción 2007  es que pese a décadas de iniciativas de reforma y creación de instrumentos internacionales que apuntan a proteger la independencia judicial, los jueces y el personal de la corte en todo el mundo continúan experimentando presión para fallar a favor de entidades políticas o económicas poderosas, en lugar de regirse por lo establecido en la ley. 

La corrupción judicial y la corrupción política se refuerzan mutuamente. Cuando el sistema de justicia es corrupto, es probable que no se apliquen las sanciones a las personas que se valen de cohechos y amenazas para sobornar a políticos. Las ramificaciones de esta dinámica son profundas por cuanto disuaden a candidatos más honestos y sin trabas de entrar o triunfar en la política o el servicio público.

El soborno, el otro lado oscuro de la corrupción judicial, puede ocurrir a lo largo y ancho dela estructura del proceso judicial. Según lo demuestran los informes de 32 países en el Informe Global de la Corrupción, los jueces pueden aceptar sobornos para aplazar o acelerar casos, aceptar o rechazar apelaciones, influir a otros jueces o simplemente para decidir un caso de un modo determinado. Los funcionarios de la corte pueden demandar sobornos por servicios que deberían ser gratuitos; los abogados pueden cobrar “cuotas” adicionales para acelerar o atrasar casos, o para derivar a clientes a jueces conocidos por su disposición al soborno.

Entre los factores que afectan la susceptibilidad de un juez se incluye el sueldo precario. Las condiciones laborales inseguras, incluidos los procesos de ascenso y transferencia injustos y la falta de capacitación continua, provocan la vulnerabilidad al soborno en los jueces y personal de la corte.  

En resumen, la corrupción afecta la independencia de la judicatura por cuanto no puede actuar sin estar sujeta a la influencia indebida que ejercen los grupos de intereses poderosos. Y afecta su rendición de cuentas, tales como la eficacia de los reglamentos y el monitoreo.

El Informe Global de la Corrupción 2007 ofrece recomendaciones detalladas para promover la independencia y rendición de cuentas judiciales, alentar la integridad individual, aumentar la aplicación efectiva de la ley y salvaguardar la judicatura contra la influencia política. Las nominaciones y destituciones de jueces y fiscales deben ser transparentes, independientes del poder ejecutivo y legislativo, y basarse en la experiencia y el desempeño. Los periodistas deben contar con la libertad necesaria para monitorear y opinar sobre procedimientos jurídicos y comunicar información fidedigna en materia de leyes, cambios propuestos en la legislación y procedimientos y fallos de la corte al público.

El IGC va dirigido a un público de amplio alcance, pero resulta de particular utilidad para los legisladores, quienes deben mantenerse al tanto de los avances en otros países y de los resultados de las últimas investigaciones.La edición de este año está orientada a los legisladores y profesionales de la judicatura, tales como ministros de justicia, jueces y fiscales. No obstante, todo aquel interesado en el estado de derecho, incluidos los periodistas, activistas de la sociedad civil, académicos y representantes del sector privado, encontrarán en el IGC un importante recurso.

Los abogados Miguel Angel Prestol, Laura Acosta y Melisa Sosa afirmaron anoche que carece de validez jurídica el recurso sometido por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) de clasificar información relativa al proyecto del Metro de Santo Domingo, por lo que solicitaron a la Suprema Corte de Justicia declararlo inadmisible.

   Durante el Panel sobre la Ley de Libre Acceso a la Información Pública y la Sentencia sobre el Caso Huchi 'Lora, los juristas hicieron la solicitud al tribunal de alzada tras afirmar la "clasificación" no fue amparada en una Ley o un decreto como establece la Ley 200-04.

Tanto prestol como las abogadas del periodista Hu­chi Lora, advirtieron que la Ley 200-04 sólo establece como limitante a la libre obtención de la información vincu­lada con la defensa o la segu­ridad del Estado, el que ésta ­"hubiera sido clasificada co­mo reservada por ley o por decreto del Poder Ejecutivo."

En la actividad efectuada en el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y organizada conjuntamente con Par­ticipación Ciudadana, los abogados precisaron que pa­ra que el argumento fuera sustentable la información clasificada que se alega para no entregar los documentos que requiere Lora debieron haber sido previamente declarados"resguardados" por las autoridades competentes.

Para defender la sentencia del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, los profesionales del Dere­cho se sustentaron en los artí­culos 17,18 y otros de la Ley 200-04, así como el artículo 8 de la Constitución, además de los convenios, tratados y convenciones internaciona­les sobre Derechos Huma­nos ratificados por el Estado dominicano.

La entidad cívica pretende contrarrestar los estragos provocados por una precampaña desarrollada con mucha antelación.

Participación Ciudadana ha estado promoviendo un proyecto cuyo objetivo es conseguir que los partidos políticos detengan sus actividades proselitistas durante la última mitad del año.

La iniciativa parece razonable. De lograrse, la nación se ahorraría una significativa cantidad de recursos y muchos momentos de tensión y de jolgorio propagandístico. Los gastos de campaña interna presupuestados por los tres partidos mayores ascienden a unos 409 millones de pesos.

Con su propuesta Participación Ciudadana pretende contrarrestar los estragos provocados por las precampañas que abrieron los partidos anticipadamente y que se iniciaron inmediatamente después de las elecciones legislativas y municipales de 2006.

Satisface que, según se ha anunciado, se están encaminando conversaciones con dirigentes de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Socialcristiano (PRSC) para discutir un acuerdo conducente al cese en el activismo y la propaganda tan pronto concluya el proceso de primarias en esas organizaciones. Los peledeístas y los perredeístas ya seleccionaron a sus respectivos candidatos. Los reformistas lo hará el 10 de junio.

La importancia de esa iniciativa, que aspira a concertar una especie de tregua extendida, consisten que se convertiría en un fuerte compromiso de los partidos mediante la cesación provisional de una de las actividades a las que esas organizaciones dedican más tiempo, esfuerzos y dinero, y de la cual aparentemente esperan que broten los cambios que pregonan en un tráfago permanente de estimulación de las pasiones políticas.

Ese compromiso, para que sea efectivo, deberá contar con el monitoreo de la Junta Central Electoral, entidad definida por la ley como la responsable de proclamar oficialmente la apertura de la campaña electoral

Si la iniciativa resulta exitosa, tendríamos una oportunidad para desintoxicarnos.

Esta carta fue enviada por el Consejo Nacional de Participación Ciudadana a los Jueces de la Junta Central Electoral, a propósito de que hoy estamo a ley de un año para la realización de las elecciones nacionales en el que se escogerá al presidente de la República.

P.C./067/07                                                           15 de mayo de 2007                     

Dr.  Julio César Castaños Guzmán

Presidente, y Jueces integrantes del Pleno de la

Junta Central Electoral

Presentes

Distinguidos Ciudadanos:

         Nos complace saludarles y congratularles por sus reiterados propósitos y esfuerzos concretos por aplicar la ley electoral, reglamentar lo concerniente a las elecciones primarias de los partidos y hacer transparente el sistema de financiamiento de las actividades partidistas.

         Consideramos un precedente de extraordinario valor la reciente decisión de la Cámara Administrativa de esa institución de reprobar la publicación de un mensaje de promoción personal de un precandidato formulado a nombre de un organismo del Estado como lo es la Liga Municipal Dominicana.  Es fundamental que demos seguimiento al caso hasta comprobar que se hayan realizado las rectificaciones correspondientes ya dispuestas.

A un año de las próximas elecciones presidenciales la fecha es propicia para respaldar el propósito anunciado por ustedes de convocar a los partidos políticos para hacer cumplir los artículos 87 y 88 de la Ley Electoral 275-97 que limitan las campañas electorales al período de 90 días antes de los comicios a partir de la proclama que al efecto debe hacer publicar esa honorable Junta.

         La extensión, sin precedentes, que esta vez han tenido los procesos de elección de candidatos en los principales partidos, el desbordamiento de sus alcances que los han convertido en verdaderas campañas nacionales, y las enormes sumas invertidas en su financiamiento han escandalizado y obligan a establecer límites al proselitismo para las elecciones a celebrarse dentro de un año.

        Los fundamentos de esta urgencia son conocidos de sobra por ustedes, y los expuso con precisión y detalles el presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, Monseñor Ramón de la Rosa y Carpio, justamente en la ceremonia religiosa con motivo del aniversario de esa  Junta el pasado 12 de abril.

         Participación Ciudadana quiere hacer propios los planteamientos del Arzobispo de Santiago sobre los "efectos perniciosos para la institucionalidad democrática" que conllevan las extensas y costosas campañas electorales dominicanas que ya casi no cesan en virtud de que celebramos elecciones cada dos años.

         En consecuencia, compartimos la propuesta que se acuerde con los partidos la prohibición de toda promoción de candidaturas hasta que se inicie formalmente el período electoral, 90 días antes de los comicios del año próximo. Eso debe incluir todos los medios de comunicación y los espacios públicos.

         Se debe prohibir también todo género de manifestaciones proselitistas en espacios abiertos, como calles, plazas, carreteras y en las oficinas públicas, así como prohibir las concentraciones nacionales que impliquen caravanas y masivas movilizaciones de vehículos, que no sólo conllevan un alto costo, sino que también afectan las normales actividades de la ciudadanía.

         Para que haya equidad, en vista de que el ciudadano Presidente de la República será candidato presidencial, la restricción de la promoción electoral debe incluir todos los actos oficiales, como inauguraciones de obras y conmemoraciones. Y tal como propuso Monseñor de la Rosa, prohibir durante los 90 días de campaña la celebración de actos públicos gubernamentales que puedan servir de promoción de candidaturas.  También debe prohibirse a los organismos estatales la repartición de cualquier tipo de bienes, de uso o consumo, a nombre o con la fotografía del Presidente de la República.

         Esa honorable Junta también debe reglamentar para limitar la cantidad de publicidad que pueda hacer cada partido y candidato, tanto en los medios impresos como electrónicos y en las vías públicas, durante el período de la campaña electoral, como ya se hace en muchas naciones en aras de evitar que el dinero apabulle la conciencia ciudadana y contamine el medioambiente.

         Particular reglamentación y atención debe darse al uso de los medios de comunicación en manos del Estado, sobre todo ahora que son múltiples por las incautaciones derivadas de las quiebras bancarias del 2003.

         Como la experiencia demuestra nuestra propensión a firmar pactos para luego no cumplirlos, el consenso a impulsar con los partidos tiene que incluir las sanciones para quienes violen las limitaciones.

Quede constancia que no propugnamos por conculcar el derecho de cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos, sea a través de un partido o cualquier otro género asociativo, a promoverse y buscar apoyo para un cargo público.  Lo que se pretende es limitar las actividades propias de la campaña electoral, para garantizar los derechos ciudadanos en general y reducir el costo de la democracia. En ningún caso se podría impedir las actividades en locales cerrados, sean de carácter público o privado, como tampoco la comparecencia en los programas de radio y televisión o las informaciones, entrevistas y artículos en los medios impresos.

         Tal como dijo el presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, estas propuestas se fundamentan en "la necesidad de preservar la democracia dominicana de la amenaza que significa el preocupante encarecimiento de los procesos electorales y de la peligrosa y creciente influencia del poder del dinero".

         Aprovechamos la ocasión para reiterarles nuestra disposición a colaborar en todo lo que redunde en fortalecimiento de la institucionalidad democrática y para informarles que hemos constituido una comisión de coordinación con esa honorable Junta, presidida por el Coordinador General, Porfirio Rodríguez, e integrada por los miembros Ana Teresa Pérez, Rafael Toribio, Francisco Álvarez Valdez y Juan Bolívar Díaz.

         A nombre del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, les saludan,

 Atentamente,

Ing. Porfirio Rodríguez

Coordinador General

Participación Ciudadana ha realizado la observación de las elecciones primarias del Partido de la Liberación Dominicana-PLD-, en dos escenarios. En el primero se realizó una observación itinerante por parte de la dirigencia y voluntarios de nuestra organización, la cual abarcó 400 centros de votación, en 45 municipios y el Distrito Nacional en todo el país.

En el segundo escenario se realizó una observación fija  de 60 centros de votación, seleccionados de manera aleatoria. La muestra abarcó  37 municipios y el Distrito Nacional con la participación de 160 voluntarios, los cuales permanecieron en los centros de votación durante toda la jornada.  Tanto en la observación itinerante, como en la fija realizada en las mesas de la muestra, Participación Ciudadana estuvo presente en 61 municipios, de las 31 provincias del país y el Distrito Nacional.  Para esta jornada se contó con el trabajo voluntario de más de 300 observadores. Resultados del  Conteo Rápido de Participacion Ciudadana a la Convención Interna de PLD.

1.  Aspectos organizativos del proceso de votación

En general puede afirmarse que las primarias del PLD se caracterizaron por una buena organización del proceso en los centros de votación. Una de las características más importante ha sido la participación de una proporción significativa de los miembros de este partido, los cuales acudieron de manera ordenada, dando muestra de una gran conducta cívica en el ejercicio del sufragio, pese a que en algunas mesas electorales el proceso se desarrolló con cierta lentitud.

El Congreso Elector Profesor Juan Bosch ha transcurrido con normalidad como lo evidencia el hecho de que una alta proporción de los centros de votación comenzaron a operar a la hora prevista, 9:00 AM y una hora después ya lo hacía más del 97%.  Por otra parte en el 98.11% de los centros observados las comisiones electorales estaban constituidas y claramente identificadas y en igual proporción lo estaban los representantes de las dos precandidatos.

El espacio y la organización del local eran adecuados para ejercer el sufragio en el 77.36% de las mesas observadas y  en el 82% de los locales se podía votar de manera secreta. Sin embargo en la generalidad de las mesas electorales no había casetas de votación que aseguraran una mayor privacidad del voto. Por otro lado, nuestros observadores reportaron que la gran mayoría de la militancia peledeista conocía a cabalidad la manera de ejercer el sufragio.

Se contacto que en el 96.23% de los centros de votación, el padrón electoral estaba en manos de los miembros titulares de la mesa y en una proporción similar a disposición de los representantes de los precandidatos. No hubo mayores problemas con el padrón de electores. Solo en algunos casos no aparecían los electores que estaban habilitados para votar. En el 69% de los centros observado se dio por lo menos un caso de esta naturaleza. Se pudo establecer que esto se debía a que algunos no acudían  a los centros que les correspondía y en otros casos las personas fueron trasladadas a un centro de votación mas próximo a su domicilio.

En el 48.08% de los centros observados se contactó la realización de campaña a favor de los precandidatos, en violación de los reglamentos internos del Partido de la Liberación Dominicana. Pero hay que señalar que en la mayoría de estos casos se realizó fuera del recinto de votación.

Nuestro observadores pudieron contactar que el escrutinio en los centros de votación se desarrollo con normalidad y con la presencia de los representantes de los distintos precandidatos.

2. Incidentes encontrados

En general no se reportaron incidentes significativos durante el proceso. Sin embargo, a partir del resultado de nuestra observación itinerante, se pudo determinar que en algunos pocos centros de votación se registraron actos de violencia. Resalta entre ellos el generado en el distrito municipal de Mata Palacio, Hato Mayor, donde se reportó un hecho violento en que fue herido el Sindico Municipal de esta localidad. Otro incidente de este tipo se reportó en San Pedro de Macorís. En la escuela Pedro Henríquez Ureña, de San Juan de la Maguana, se generaron enfrentamientos que paralizaron la votación por varias horas.

En un 8.55% de los centros visitados se pudo comprobar que se produjeron discusiones y peleas de diversa magnitud. Ejemplo de esto lo constituye el caso reportado desde la Escuela Erminia Pérez de Santiago de los Caballeros donde hubo enfrenamientos entre simpatizantes de los precandidatos, entre otros casos.

Reportes recibidos por nuestros observadores indicaron la persistencia de la vieja práctica electoral nacional de compra de cédula o gratificación para inducir el voto, como aconteció en el Liceo Benito Juárez de Cristo Rey. Hubo casos en que electores ofrecían en venta su voto. En algunos centros ambas cosas pudieron ser contactadas por nuestros observadores, aunque hay que señalar que estos hechos ocurrieron de manera dispersa y no influyeron en el resultado final del proceso.

3. Algunas recomendaciones

Al reconocer el esfuerzo que en términos organizativos realizó la Comisión Nacional Electoral para el éxito del Congreso Elector del Partido de la Liberación Dominicana, es importante a su vez, presentarle algunas de las principales recomendaciones que se desprenden de esta observación, entre las cuales tenemos:

1.La necesidad de crear mejores condiciones para que los electores pueden ejercer su voto con un mayor nivel de privacidad, ya que en muchos de los lugares observados, el derecho al voto personal y secreto se perdía. En tal sentido es conveniente establecer casetas de votación que den una mayor garantía.

2.Se debe hacer un mayor esfuerzo para impedir que simpatizantes y militantes realicen proselitismo a favor de sus candidaturas en sus respectivos recintos electorales.

3.Debe haber una mayor vigilancia y control, de manera que se puedan evitar los posibles conflictos y enfrentamientos que se dieron en algunos de los lugares observados.

4.Sin dudas, el desafío más importante de la dirigencia del PLD, de cara a sus procesos internos, esta referido a como tener un mayor control de la precampaña, de manera que las mismas no sean tan largas y costosas como lo fueron en esta ocasión.

4. Agradecimiento

Participación Ciudadana reconoce y agradece la receptividad y cordialidad que tuvieron los dirigentes y miembros del PLD participante en el congreso elector Profesor Juan Bosch con nuestros observadores y espera que de  este proceso el Partido de la Liberación Dominicana salga fortalecido, al igual que el sistema de partidos y la democracia dominicana.

Participación Ciudadana  conjuntamente con la Universidad Autónoma de Santo Domingo realizo el importante  panel el “Impacto Económico, Social y la Situación Jurídica de los Casos Bancarios”.

En el mismo participaron como expositores los licenciados Isidoro Santana, quien trato el tema “Impacto Económico de los Fraudes Bancarios”; Salvador Feliz se refirió al “Aspecto Contable de los Fraudes Bancarios” y Francisco Álvarez hablo de la “Situación Jurídica de los Casos Bancarios” y el discurso de apertura a cargo de Porfirio Rodríguez, Coordinador General de PC.

A continuación las ponencias:

• Discurso del Coordinador General de PC, Porfirio Rodríguez
• “Aspecto Contable de los Fraudes Bancarios”, Salvador Feliz
• “Impacto Económico de los Fraudes Bancarios”, Isidoro Santana
• “Situación Jurídica de los Casos Bancarios”, Francisco Álvarez

Desde Participación Ciudadana hemos impulsado la aprobación, aplicación e implementación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública en la República Dominicana; un derecho ciudadano y una herramienta eficaz para garantizar la transparencia y la mayor publicidad de las acciones del Estado, fortaleciendo el sistema Democrático y garantizando un Estado de Derecho.

El derecho de acceso a la información pública es una de las fuentes de desarrollo y fortalecimiento de la democracia representativa, en la medida que permite a los (as) ciudadanos (as) analizar, juzgar y evaluar los actos de sus representantes, y estimula la transparencia en los actos del Gobierno y de la Administración.

El cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información es uno de los retos más importantes y arduos que enfrenta la sociedad dominicana. A casi tres años de la promulgación de Ley y dos años del Reglamento, hay muchas dudas sobre la voluntad de las autoridades nacionales para cumplir con la misma.

Transcurrido este período, sólo algunas de las entidades públicas permiten el acceso a información,

  siendo la regla común la falta de cooperación y colaboración en el cumplimiento de la Ley. Más aún, ante la solicitud de información, las autoridades públicas, de manera general, han respondido con desinterés o simplemente con el silencio.

Los informes de monitoreo de Participación Ciudadana evidencian un bajo nivel de cumplimiento de la Ley en las instancias principales de la Administración Pública y tenemos razones para suponer que en otras instancias, como los ayuntamientos municipales y en los partidos políticos,el nivel de cumplimiento es aún inferior.

Con esta actitud  se violenta el objetivo de esta Ley, que es el de garantizar que el flujo de informaciones no dependa de la voluntad del funcionario (a) de turno, permitiendo con ello que el autoritarismo y la burocracia se erijan en obstáculos para que los ciudadanos(as) puedan obtener informaciones del ámbito gubernamental o en entidades estatales.

El caso del Recurso de Amparo interpuesto por el comunicador Huchi Lora, presenta un reto para el recién creado Tribunal Contencioso, Tributario y Administrativo, de cuyas motivaciones y decisión estaremos pendiente, por el precedente y la jurisprudencia que crearía en esta materia en el país.

Participación Ciudadana continuará impulsando acciones que garanticen la correcta aplicación de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.

La Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad, entidad que agrupa más de 40 organizaciones de la sociedad civil, en aras de contribuir a la creación de una conciencia ciudadana sobre la importancia de la lucha contra la corrupción, ha venido dando seguimiento muy de cerca a las actuaciones del  sistema de justicia penal en los casos de las acusaciones sobre fraudes bancarios de tres importantes bancos nacionales desde el 2003. Por ello ha procurado que la ciudadanía se mantenga informada de los detalles relevantes de estos hechos y que, con la debida vigilancia constante, logremos que el manto de impunidad que ha cubierto todos los crímenes sea levantado y  que todos los  responsables de los delitos cometidos sean castigados de acuerdo a lo establecido por ley.   Dentro de ese objetivo, la CTI ha observado cuidadosamente los hechos que han repercutido en la vida procesal del caso  Banco Mercantil y por este vía, deseamos fijar nuestra posición sobre el mismo.

Nos percatamos de que en este caso existe un conflicto de competencia, ya que en virtud de la sentencia de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 18 de agosto del 2005,  se ordena Apertura a Juicio contra los señores:  1) Andrés Alejandro Aybar Báez; 2) Evelyn Altagracia Montandon; 3) Rafael Maximiliano Moya Hernández; 4) Ramón Aref Henríquez Risck; 5) José Manuel Mateo Contreras y dicho expediente  fue enviado por ante la Presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.     Posteriormente,  la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, mediante su sentencia de fecha 30 de marzo del 2006 (apoderada por envío de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, según Decisión de fecha 03 de febrero del 2006), ordena Apertura a Juicio y apoderó al Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del mismo Departamento Judicial, contra los nombrados:  1) Eduardo Jacinto Alejandro De Castro Sánchez;  2)  Juan Rafael Oller Santoni; 3) Juan Rafael Reyes Mariñez; 4. Rafael Faxas-Flores Hernández.    Es así que, el mismo Caso Banco Mercantil, que contiene 9 imputados con apertura a juicio se encuentra dividido en 2 Jurisdicciones de Primera Instancia apoderadas, pertenecientes a Departamentos Judiciales diferentes.

Es por esto y en apego al artículo 70 del Código Procesal Penal dominicano, que establece que es atribución de la Suprema Corte de Justicia, conocer  del Procedimiento relativo a los conflictos de competencia entre Cortes de Apelación o entre jueces o tribunales de distintos Departamentos Judiciales, vemos que hace más de un año que nuestro más alto tribunal debió determinar cual de las 2 jurisdicciones apoderadas conocerá el caso.   Por vía de la instancia depositada en el día de hoy, ante la Suprema Corte de Justicia, solicitamos respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia, Que decida cuál de las jurisdicciones apoderadas, esto es, la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional  o el Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Departamento Judicial de Santo Domingo, deberá conocer el caso contra los señores: 1) Andrés Alejandro Aybar Báez; 2) Evelyn Altagracia Montandon; 3) Rafael Maximiliano Moya Hernández; 4) Ramón Aref Henríquez Risck; 5) José Manuel Mateo 6) Eduardo Jacinto Alejandro De Castro Sánchez;  7)  Juan Rafael Oller Santoni; 8) Juan Rafael Reyes Mariñez; 9) Rafael Faxas-Flores Hernández, todos sometidos a la justicia por presunta violación de las disposiciones de los artículos 147,148,405 y 408 del Código Penal dominicano y el articulo 80 de la Ley Monetaria y Financiera, No. 183-02.

• Instancia de solicitud mediante la cuál se solicita a ese alto tribunal decidir cual de las dos jurisdicciones apoderadas deberá conocer del caso a que se refieren las sentencias anexas. (18-4-2007)

[1]Posición de la Coalición por la Transparencia  y la institucionalidad  (CTI) expuesta el 18 de abril del 2007, sobre el caso del Banco Mercantil