Diez organizaciones de la sociedad civil iniciaron este martes el  “Observatorio de Seguimiento a la Iniciativa Participativa Anticorrupción (IPAC)”, con el propósito de monitorear el nivel de implementación y cumplimiento del mismo.

La Observación o Monitoreo será realizada por Participación Ciudadana, capitulo dominicano de Transparencia Internacional; Federación de Asociaciones Industriales (FAI); Mujeres en Desarrollo (MUDE); Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE); Asociación deEmpresas Industriales de Herrera (AEIH); Foro Ciudadano; Fundación Justicia y Transparencia; Alianza Dominicana Contra la Corrupción; Acción Ciudadana por la Justicia y la Transparencia; Instituto Nacional de Salud (Insalud) y el Comité por la Defensa de los Derechos Barriales(COPADEBA).

Carlos Pimentel, coordinador del Área de Transparencia de PC, explicó que principal objetivo de estas organizaciones es Identificar los planes o acciones a desarrollar por los entes gubernamentales en lo relativo a la implementación y cumplimiento de las recomendaciones surgidas en el marco del IPAC, determinar el nivel de avance y evaluar el impacto de las acciones.

Entre las fuentes de información que serán utilizadas se encuentran los medios de comunicación, consultas a expertos, consultas con autoridades gubernamentales.

Mientras que Ignacio Méndez, presidente de la Federación de Asociaciones Industriales,

explicó que esta nueva Coalición promoverá alianzas entre ONG’s, centros académicos, organizaciones sociales, medios de comunicación y líderes de opinión, involucrando en los
procesos de control social a las organizaciones e instituciones sociales con la finalidad de lograr mayor nivel de transparencia de la gestión pública y combatir la corrupción administrativa en República Dominicana.

Méndez informó que cualquier Institución de la sociedad civil puede y debe empoderarse y requerir rendición de cuentas sobre los procesos que impulsen Instituciones públicas, en cumplimiento de la Constitución, la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, la Ley
de Cámara de Cuentas y otras.

El Presidente de la FAI indicó que parte de los roles que asumirán las Organizaciones de la Sociedad Civil el de recopilar información disponible sobre experiencias exitosas de promoción de transparencia; identificar carencias de información en el tema y cómo suplirlas; compilar y analizar la información, y recomendar acciones concretas a la Presidencia de la República.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil coincidieron en que es hora de asumirresponsabilidades y combatir la corrupción defendiendo así el legado que le dejaremos a las futuras generaciones

Recordaron que la Iniciativa Participativa Anticorrupción surge de una solicitud de la Presidencia de la República en aras de dar respuesta a percepciones de la sociedad sobre la falta de transparencia en la gestión pública.

Manifiesta apoyo a Colegio Médico durante el primer día de audiencia que fue reenviada para el siete de marzo.

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana calificó como ilegal la resolución emitida del Consejo Nacional  de la Seguridad Social (CNSS) que dispone devolver a los empresarios y el gobierno casi diez mil millones de pesos del Fondo de Riesgos Laborales.

El Movimiento Cívico informó que dicha resolución no tiene amparo en ningún artículo de la ley 87-01 que instituyó hace diez años el Sistema Dominicano de Seguros Sociales.

PC hizo un llamado a los jueces del Tribunal Contencioso y Administrativo de acoger el recurso interpuesto por el Colegio Médico Dominicano (CMD) y declarar sin fundamento legal la resolución del Consejo Nacional  de la Seguridad Social (CNSS). La Audiencia fue pospuesta para el 7 de marzo próximo.

La Organización No Gubernamental destacó que ninguna resolución puede estar por encima de las leyes, y que entre las facultades del CNSS indicadas en el artículo 22 no aparece alguna que autorice a este órgano a devolver las  cotizaciones.

La Institución explicó que la Ley de Seguridad Social establece una contribución del 1.2 por ciento del salario cotizable a cargo de los empleadores para cubrir riesgos laborales, pero en ninguna de sus partes prevé la posibilidad de que puedan ser devueltos.

Excedente en medio de dificultades

El Consejo Nacional de PC indica que No puede hablarse de excedentes cuando según una evaluación de la Dirección de Defensa de los Afiliados al Sistema de Seguridad Social (DIDA) el 54 por ciento de los apenas 779 beneficiarios de pensiones de sobrevivencia (155 viudas y 624 huérfanos) reciben menos de mil pesos mensuales, en algunos casos hasta de 93 pesos.

También sostiene que el monto promedio mensual de 202 pensiones por discapacidad es de aproximadamente 240 pesos.

PC recomienda que antes que devolver tres mil  millones de pesos al gobierno y acreditar 7 mil a los empleadores para que dejen de cotizar durante 5 años, lo justo hubiese sido llevar a límites decentes las pensiones otorgadas por discapacidad o sobrevivencia.

En última instancia destinar esos fondos a cubrir las jubilaciones de 18 mil afiliados al Instituto Dominicano de Seguros Sociales que llevan muchos años reclamando la pensión a que son acreedores y que no se les otorga supuestamente por falta de recursos (cialis).

Aboga porque parte de esos recursos sean empleados en beneficio de los trabajadores que han sufrido accidentes laborales y de sus cónyuges y descendientes.

Asimismo que se destinen a ampliar  las prestaciones del plan básico de salud, o bien a pensionar a los trabajadores del antiguo seguro social que reclaman en el desierto de la insensibilidad social.

La Organización No Gubernamental calificó como lamentable que la decisión de apropiación de los fondos de riesgos laborales fuera decidida por los empleadores públicos y privados en complicidad de la cúpula sindical.

Denunció que este excedente de fondos acumulado se atribuyen a factores como subregistro de accidentes laborales, niveles miserables de las escasas pensiones otorgadas, subestimación de salarios para reducir las cotizaciones y a la ignorancia de empleadores y trabajadores” expresó Cabreja.

Indica que no se puede hablar de excedentes cuando el 54 por ciento de los pensiones de sobrevivencia reciben menos de mil pesos mensuales, según la DIDA y 18,000 trabajadores de IDSS no le han dado pensiones.

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana expresa su pleno respaldo al  recurso interpuesto por el Colegio Médico Dominicano (CMD) ante el Tribunal Contencioso Administrativo para que declare sin fundamento legal la decisión del Consejo Nacional  de la Seguridad Social (CNSS) de devolver a los empresarios y el gobierno casi diez mil millones de pesos del Fondo de Riesgos Laborales.

El Movimiento Cívico dice que al igual que el CMD consideramos que esa infortunada carece de legitimidad legal y moral, ya que no tiene amparo en ningún artículo de la ley 87-01 que instituyó hace diez años el Sistema Dominicano de Seguros Sociales.

Javier Cabreja, director ejecutivo de PC, informa que Ley de Seguridad Social establece una contribución del 1.2 por ciento del salario cotizable a cargo de los empleadores para cubrir riesgos laborales, pero en  ninguna de sus partes prevé la posibilidad de que puedan ser devueltos.

 Explica que además, entre las facultades del CNSS indicadas en el artículo 22 no aparece alguna que autorice a este órgano a devolver las  cotizaciones.

“Es cierto que se habían acumulado fondos en proporción que podía ser considerada excedente, lo que se atribuye a factores como subregistro de accidentes laborales, niveles miserables de las escasas pensiones otorgadas bajo condicionalidades excesivas, subestimación de salarios para reducir las cotizaciones y a la ignorancia de empleadores y trabajadores” expresa Cabreja.

 El Consejo Nacional de PC indica que No puede hablarse de excedentes cuando según una evaluación de la Dirección de Defensa de los Afiliados al Sistema de Seguridad Social (DIDA) el 54 por ciento de los apenas 779 beneficiarios de pensiones de sobrevivencia (155 viudas y 624 huérfanos) reciben menos de mil pesos mensuales, en algunos casos hasta de 93 pesos.

También sostiene que el monto promedio mensual de 202 pensiones por discapacidad es de aproximadamente 240 pesos.

PC recomienda que antes que devolver tres mil  millones de pesos al gobierno y acreditar 7 mil a los empleadores para que dejen de cotizar durante 5 años, lo justo hubiese sido llevar a límites decentes las pensiones otorgadas por discapacidad o sobrevivencia. O en última instancia destinar esos fondos a cubrir las jubilaciones de 18 mil afiliados al Instituto Dominicano de Seguros Sociales que llevan muchos años reclamando la pensión a que son acreedores y que no se les otorga supuestamente por falta de recursos.

 Participación Ciudadana espera que el Tribunal Contencioso se pronuncie en la audiencia de este miércoles en contra la apropiación de los fondos de riesgos laborales decidida por los empleadores públicos y privados con la complicidad de la cúpula sindical deslumbrada por una ínfima contribución para programas de  capacitación laboral.

Y que esos recursos sean empleados en beneficio de los trabajadores que han sufrido accidentes laborales y de sus cónyuges y descendientes.

En última instancia que se destinen a  ampliar  las prestaciones del plan básico de salud, o bien a pensionar a los trabajadores del antiguo seguro social que reclaman en el desierto de la insensibilidad social.

Cabreja habló luego de participar en un panel sobre acceso a la información encabezado por Molina Morillo, Fausto Rosario y Francisco Cáceres.

Participación Ciudadana manifestó su apoyo al trabajo que viene realizando el Instituto  de Protección  de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) en relación a la protección de un derecho fundamental, como el de los consumidores, que está consignado en la Constitución y las leyes dominicanas.

En tal sentido, defendió la competencia de esta institución de no sólosolicitar el registro de los contratos de adhesión a los Bancos,  y otras entidades del país, sino también de velar que los mismos no lesionen los intereses de los usuarios de este tipo de servicios.

 Javier Cabreja, director ejecutivo de PC, informó que la Constitución de la República y la Ley No.358-05 General deProtección del Consumidor o Usuarios, en sus artículos  2, 22 y 81 párrafo I, les dan facultad a Proconsumidor para registrar los contratos de adhesión, incluyendo los de materia financiera.

 Cabreja habló previo al panel sobre acceso a la información titulado: "Intimidad, Privacidad y Publicidad de las informaciones", que estuvo encabezado por Rafael Molina Morillo, director del Periódico El Día; Fausto Rosario Adhames, director del periódico digital Acento.com y Francisco Cáceres, sub-director de Consejo Nacional de Reforma del Estado; organizado por Participación Ciudadana.

El Director Ejecutivo de PC explicó que tal y como establece la ley, “los contratos de adhesión no son más que los contratosredactados previa y  unilateralmente  por un proveedor de bienes o servicios, sin que el consumidor o usuario se encuentre en condiciones de variar sustancialmente sus términos ni evitar su suscripción si deseare adquirir el producto u obtener el servicio”. Por lo tanto, se requiere de un órgano que se asegure de que lascláusulas contenidas en dichos contratos, no sean lesivas a la ciudadanía. La ley 358-05 faculta a Procunsumidor para asumir estas funciones.

 Cabreja entiende que es fundamental la labor de Procunsumidor, como garante de los derechos de los consumidores, en un país donde una parte importante de los contratos de adhesión son elaborados con letras muy pequeñas, poco legibles, de largo contenido y elaborado en un lenguaje poco comprensible para el ciudadano común; esto muchas veces dificulta que el consumidor pueda entender los términos del acuerdo que está firmando.

 El Director Ejecutivo de PC indicó que todos los sectores, incluyendo las entidades privadas, deben contribuir con una mayor transparencia de cara a la ciudadanía. El registro de los contratos de adhesión en Proconsumidor ayuda en esta dirección. Al mismo tiempo, solicitó a Proconsumidor que de ninguna manera debe renunciar a su atribución de reclamar y denunciar las posibles clausulas abusivas en muchos de estos contratos, las cuales lesionan los intereses y el patrimonio personal de los usuarios de servicios de esta entidades.

 “Si bien es cierto que la Superintendencia de Seguros también debe velar por la protección de los usuarios de los servicios financieros, la ley 358-05 da también esta facultad aProconsumidor, y no existe ningún problema en que los contratos de adhesión se registren en ambas instituciones, esto daría aún una mayor transparencia” indicó Cabreja.

 El Movimiento Cívico recordó que ninguna persona física,  instituciones públicas y privadas están por encima de la Constitución y las leyes.

PC reiteró de su compromiso de velar y defender los derechos de la ciudadanía.

 El panel sobre acceso a la información organizado por Participación Ciudadana forma parte el Programa Acción Ciudadana por la Justicia y la Transparencia, auspiciado por a Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo.

Santo Domingo, D.N.- Tres instituciones sin fines de lucro de la sociedad civil anunciaron hoy que han llegado a un acuerdo para llevar a cabo una serie de foros y otras actividades académicas encaminadas a plantear “una amplia discusión de los problemas nacionales” y promover el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, la transparencia en el sector público y la lucha contra la corrupción administrativa. 

El acuerdo fue suscrito por el  doctor Wilfredo Lozano, por el Centro de  Investigación y Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana (UNIBE); el licenciado Javier Cabrera y el doctor Santiago Sosa, por Participación Ciudadana y el periodista y escritor Miguel Guerrero, por la Fundación Democracia y Libre Empresa (FUNDALIBRE).

El acuerdo tiene como finalidad poner en movimiento una serie de foros de discusión amplia y libre, con el propósito de poner en la agenda del debate nacional los temas fundamentales en los campos de la economía, la política, el medio ambiente y la institucionalidad democrática, entre otros, dijeron.

Agregaron que la situación que vive el país, dentro de un mundo cada día más interdependiente y globalizado con extraordinarios y a veces traumáticos cambios en las relaciones de intercambio, hacen necesario un constante análisis de esas realidades dentro de un contexto nacional que permita al país situarse adecuadamente en el mundo en que vivimos.

Indicaron que el propósito que ha motivado el acuerdo entre las tres instituciones es sacar conclusiones de debates amplios y serios que puedan situar en su justa dimensión las verdaderas prioridades del país y de paso contribuir a crear una opinión pública cada día más fuerte, en condiciones de influir positivamente en la formulación y ejecución de políticas públicas que ayuden al fortalecimiento democrático dominicano.

EL CIES fue creado en el 2003 por decreto 136-04 y FUNDALIBRE fue incorporada  mediante decreto  157 del Poder Ejecutivo de fecha 15 de mayo de 1992. Participación Ciudadana fue creada en el 1996 e incorporada ese mismo año mediante el decreto 27-96.

Participación Ciudadana dijo que este acuerdo permitirá fortalecer los esfuerzos que vienen realizando las instituciones firmantes, en procura de promover una mayor transparencia y una lucha más efectiva contra la corrupción, la cual se constituye en una de las principales amenazas que tiene la democracia dominicana.

Por su parte, Lozano dijo que el CIES  es un centro creado precisamente para estimular la discusión de los problemas de la agenda nacional y la creación de esta alianza fortalece el espacio de discusión que requiere una sociedad con instituciones democráticas.

Guerrero resaltó que FUNDALIBRE cree una prioridad la creación de una opinión pública sólida, como requisito fundamental de una democracia funcional garante de los derechos humanos del pueblo dominicano y que por eso ha luchado desde su nacimiento.

Dirigentes políticos, municipalistas y representantes de la sociedad civil emprendieron un amplio debate ayer acerca de la pertinencia del funcionamiento de la Liga Municipal Dominicana (LMD), en el que los distintos sectores manifestaron opiniones encontradas.

Al intervenir en la Mesa Redonda sobre Transparencia y Gobernabilidad de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Javier Cabreja, director ejecutivo de Participación Ciudadana, sostuvo que la LMD debe ser sustituida por un organismo de menor envergadura y presupuesto más modesto, puesto que la actual estructura no responde a los marcos legales, además de que sólo se presta al clientelismo político.

En el foro, los juicios de Cabreja encontraron oposición significativa. El secretario de Asuntos Municipales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Ignacio Ditrén, dijo que la municipalidad dominicana aun no se fortalece lo suficiente como para prescindir de la Liga.

Asimismo, el frente político del foro, compuesto por regidores y funcionarios municipalistas, se apuntó en la corriente que favorece la continuación de la LMD. De igual manera, Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la Finjus, una entidad de la sociedad civil, también se unió a las voces que abogan por el fortalecimiento de la Liga Municipal.

A Fidias Aristy, secretario general de la Liga, le tocó la conclusión del encuentro. Dijo que la percepción de impertinencia que la institución  se ganó en el pasado no es razón para “escribirle el epitafio”, sino para fortalecerla.

Pero Cabreja reiteró que la Liga no ha contribuido con el fortalecimiento del poder municipal, sino que al contrario, lo ha debilitado.

Manifestó que es una institución que se caracteriza por su inoperancia, alto índice de clientelismo político y falta de transparencia.

Mientras que Ditrén señaló que las debilidades de la Liga se originan en la falta de autonomía con que cuentan las alcaldías dominicanas, por lo tanto, dijo, es necesario fortalecerla con fines de que la administración local se haga sentir.

En el foro salió a relucir que el proceso de reordenamiento del Estado se encamina a la centralización, observable en un proyecto que reposa en el Congreso Nacional para hacer competencia  del Gobierno Central la regulación de la publicidad exterior. En tanto, dirigentes  del poder municipal evadieron opinar sobre la capacidad de los cabildos de comprometerse en préstamos más allá de su período. 

Por la sala capitular
Waldys Tavrras y Consuelo Despradel, regidores del Distrito Nacional, criticaron que la LMD incline de forma sutil la balanza a favor de los alcaldes, lo que va en detrimento de las salas capitulares.

Castaños Guzmán y Javier Cabreja acusaron al Congreso de “relajar la Constitución”

Más de 30 organizaciones cívicas encabezadas por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y Participación Ciudadana (PC), afirmaron ayer que la inminente convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ofrece al país la oportunidad de retomar el camino de la democratización, la  institucionalización y el respeto por la ley.

“La importancia de éste momento para el desarrollo de la democracia dominicana no puede ser subestimada  como toda decisión requiere que se tome en cuenta las opiniones de los ciudadanos cuyos derechos éstos tribunales deben garantizar”, expresa una declaración escrita dada a conocer en conferencia de prensa por  Servio Tulio Castaños Guzmán, de Finjus, y Javier Cabreja, de PC.

Al mismo tiempo, la Finjus y PC acusaron al Congreso Nacional de violar y relajar la Constitución de la República en lo que se refiere al incumplimiento de las disposiciones transitorias y la politización en la conformación de organismos descentralizados.

 Castaños Guzmán, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y Javier Cabreja, director ejecutivo de Participación Ciudadana, entienden que la elección de los jueces de los tribunales Constitucional y Superior Electoral no se debe politizar como ocurrió con los miembros de la Cámara de Cuentas y la Junta central Electoral (JCE).

Castaños Guzmán y Cabreja sugieren la realización de un debate nacional para que no se politice  la elección de los jueces de ambos tribunales.

Zoom

El aval

El documento dado a conocer en conferencia de prensa lo avalan con sus firmas más de 30 organizaciones de la sociedad civil, entre éstas Finjus y PC, además de Acción Comunitaria por el Progreso (ACOPRO); Centro Antonio Montesinos (CEAM); Centro de Educación Para la Paz,   Centro Juan XXIII; Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Foro Participativo y otras entidades.

Organizaciones de la sociedad civil acusaron al Congreso Nacional de violar y relajar la Constitución de la República en lo que se refiere al incumplimiento de las disposiciones transitoria y la politización en la conformación de organismos descentralizados.

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), y Javier Cabreja, director ejecutivo de Participación Ciudadana, entienden que la elección de los jueces de los tribunales Constitucional y Superior Electoral no se debe politizar como ocurrió con los miembros de la Cámara de Cuentas y la Junta central Electoral.

Sugieren la realización de un debate nacional para que en la escogencia de los jueces de ambos tribunales no se violente  la Constitución porque afirman, sería preocupante.

A juicio de Castaños Guzmán ha habido un relajamiento con disposiciones establecidas en la Carta Magna, “y eso yo creo que es lo que desde la sociedad se percibe”.

Mientras Cabreja dijo que hasta el momento “los órganos que han sido escogidos no se han hecho sobre la base del respeto de lo que estable la Constitución a profundidad”.

Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, aseguró que los congresistas no han recibido presión más que la que le impone la Ley y la Constitución.

“Y lo que espera el país de cada uno de nosotros como legisladores, de nosotros como instituciones, como Cámara de Diputados que sea de respetar el orden, la norma, que pensemos no particularmente, sino en un país que espera cada vez más de nosotros”, indicó.

La Finjus y Participación Ciudadana proponen que se haga un proceso de evaluación y selección con transparencia publicando con anterioridad los criterios que se utilizarán para escogencia de los miembros de los dos tribunales.

Destaca esfuerzo de la Dirección General de Contrataciones Públicas en este sentido.

Participación Ciudadana calificó como preocupante que persista falta de transparencia en las compras y contrataciones del Estado.

El Movimiento Cívico denunció que en gran parte de las Instituciones Públicas se mantiene la entrega de obras grado a grado y la asignación de contratas a amigos y relacionados de los Funcionarios de dichas Carteras, situación que hace mucho daño a los recursos de la población.

Sin embargo, Carlos Pimentel, coordinador del Área de Transparencia de PC destacó la labor que realiza la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas para combatir este problema.

Participación Ciudadana y la Dirección General de Compra y Contrataciones Públicas realizaron un taller especializado sobre el marco legal sobre Compras y Contrataciones Públicas desde la óptica del proveedor denominado “Prepárate para negociar con el Estado con Transparencia y Garantías legales", realizado en Santiago.

En este taller participaron más de 35 empresarios de Santiago proveedores y posibles proveedores del Estado.

Erick Hazim, director de la Dirección General de Contrataciones Públicas, informó que a los participantes se les dio detalles sobre el reglamento de aplicación de la Ley General de Compras y Contrataciones Públicas No. 340-06, principios que rigen las compras y contrataciones Públicas, organización del sistema de compras, quienes pueden contratar con el Estado y quiénes No, que puede ofertarle al Estado,  registro de proveedores del Estado y como inscribirse en el mismo.

Asimismo fueron capacitados sobre los procesos de licitación pública, licitación restringida, sorteo de obras, comparación de precios, compras menores, registro de proveedores, régimen de prohibiciones, pliegos de condiciones, presentación de las ofertas; así como también datos sobre la comisión evaluadora, empate de eferentes, adjudicación y reclamos, impugnaciones y controversias (Plazos y procedimientos).

Participación Ciudadana y la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas informaron  a los participantes que pueden obtener más informaciones y aplicar para negociar con el Estado a través del portal www.comprasdominicana.gov.do, y así poder enterarse de los llamados a concursos.

Este tipo de iniciativas forman parte del acuerdo suscrito entre Participación Ciudadana y la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, a través del cual se comprometieron a capacitar y luchar por el fortalecimiento de la transparencia en las Compras y Contrataciones Públicas.

Este proyecto pertenece al Programa Acción Ciudadana por la Justicia y la Transparencia, financiado por la USAID.

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS

Destaca esfuerzo de la Dirección General de Contrataciones Públicas en este sentido.

Participación Ciudadana calificó como preocupante que persista falta de transparencia en las compras y contrataciones del Estado.

El Movimiento Cívico denunció que en gran parte de las Instituciones Públicas se mantiene la entrega de obras grado a grado y la asignación de contratas a amigos y relacionados de los Funcionarios de dichas Carteras, situación que hace mucho daño a los recursos de la población.

Sin embargo, Carlos Pimentel, coordinador del Área de Transparencia de PC destacó la labor que realiza la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas para combatir este problema.

Participación Ciudadana y la Dirección General de Compra y Contrataciones Públicas realizaron un taller especializado sobre el marco legal sobre Compras y Contrataciones Públicas desde la óptica del proveedor denominado “Prepárate para negociar con el Estado con Transparencia y Garantías legales", realizado en Santiago.

En este taller participaron más de 35 empresarios de Santiago proveedores y posibles proveedores del Estado.

Erick Hazim, director de la Dirección General de Contrataciones Públicas, informó que a los participantes se les dio detalles sobre el reglamento de aplicación de la Ley General de Compras y Contrataciones Públicas No. 340-06, principios que rigen las compras y contrataciones Públicas, organización del sistema de compras, quienes pueden contratar con el Estado y quiénes No, que puede ofertarle al Estado,  registro de proveedores del Estado y como inscribirse en el mismo.

Asimismo fueron capacitados sobre los procesos de licitación pública, licitación restringida, sorteo de obras, comparación de precios, compras menores, registro de proveedores, régimen de prohibiciones, pliegos de condiciones, presentación de las ofertas; así como también datos sobre la comisión evaluadora, empate de eferentes, adjudicación y reclamos, impugnaciones y controversias (Plazos y procedimientos).

Participación Ciudadana y la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas informaron  a los participantes que pueden obtener más informaciones y aplicar para negociar con el Estado a través del portal www.comprasdominicana.gov.do, y así poder enterarse de los llamados a concursos.

Este tipo de iniciativas forman parte del acuerdo suscrito entre Participación Ciudadana y la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, a través del cual se comprometieron a capacitar y luchar por el fortalecimiento de la transparencia en las Compras y Contrataciones Públicas.

Este proyecto pertenece al Programa Acción Ciudadana por la Justicia y la Transparencia, financiado por la USAID.

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS