Estas cifras fueron ofrecidas luego de la firma de un convenio entre la Alcaldía de la Vega y Casa Comunitaria de Justicia de este municipio.

La Casa Comunitaria de Justicia de la Vega ha atendido a mas de 4,000 personas de forma gratuita, la mayoría de las cuales mujeres.

José Ceballos, coordinador de las Casas Comunitarias de Justicia, explicó que la Casa de la Vega fue abierta en noviembre del 2009, y a la fecha ha prestado sus servicios a 4,258 personas, de las cuales 2,322 son mujeres y 1,936 hombres.

Ceballos explicó que a través de este proyecto se ofrece a la ciudadanía servicios de Mediación, Fiscalía, Psicología, Orientación Legal, Asuntos Municipales y Educación Ciudadana de forma gratuita, con lo que contribuye al desarrollo social de la zona.

El Coordinador del Proyecto habló luego de firmar un convenio con la Alcaldía de la Vega, a través del cual el Cabildo se comprometió a incluir en su presupuesto anual una asignación económica como apoyo al desarrollo institucional de la Casa Comunitaria de Justicia de La Vega.

Asimismo el Cabildo acordó la designación de personal que labore en la misma y el equipamiento de la Unidad de Asuntos Municipales; así como coordinar la creación y sostenimiento de la Escuela de la Municipalidad para la formación del liderazgo comunitario y el personal del Ayuntamiento del Municipio, según José Ceballos.

El acuerdo fue firmado por Samir Chami Isa, coordinador general de Participación Ciudadana; José Ceballos, coordinador de las Casas Comunitarias de Justicia y Alexis Pérez, alcalde de la Vega.

El Alcalde de la Vega, Alexis Pérez, se comprometió a impulsar  el desarrollo y sostenibilidad del Proyecto Casa Comunitaria de Justicia de La Vega, a través de la ejecución conjunta de programas formativos y proyectos de apoyo al fortalecimiento de la municipalidad y el acceso a justicia, implementando diversas modalidades de cooperación interinstitucional.

Samir Chami Isa habló luego de la firma de un convenio entre el Alcalde de la Vega y el proyecto Casa Comunitaria de Justicia de PC que ha atendido a más cuatro mil personas de forma gratuita

El coordinador general de Participación Ciudadana, Samir Chami Isa, hizo un llamado a los Partidos Políticos a tener precaución y de depurar bien a las personas que les donan dinero para la campaña electoral.

Chami Isa dijo que “en estos momentos que la campaña avanza con celeridad, aparecen muchos supuestos empresarios ofreciendo recursos a los Candidatos y Precandidatos Presidenciales, por lo que se debe de evitar que la procedencia de estos recursos provengan del narcotráfico o de otra actividad ilícita.

Asimismo solicitó a la Junta Central Electoral establecer controles para evitar el uso y abuso de recursos del Estado en la campaña.

El Coordinador General de PC habló luego de la firma de un convenio entre el Proyecto Casa Comunitarias de Justicia de PC y la Alcaldía de la Vega, a través del cual el Cabildo se comprometió a incluir en su presupuesto anual una asignación económica como apoyo al desarrollo institucional de la Casa Comunitaria de Justicia de La Vega, la designación de personal que labore en la mismo y el equipamiento de la Unidad de Asuntos Municipales.

El acuerdo fue firmado por Samir Chami Isa, coordinador general de Participación Ciudadana y el alcalde de la Vega, Alexis Pérez; en presencia de José Ceballos, coordinador de las Casas Comunitarias de Justicia.

Samir Chami Isa señaló que estamos a menos de un año para las elecciones congresuales y municipales del 2012, por lo que muchos aspirantes podrían verse tentados a recibir dinero ilícito para costear las costosas campañas que llevan a cabo.

Destacó la necesidad de la aprobación de la Ley de Partidos que pueda establecer las reglas claras en la administración y financiamiento de los Partidos, y sobre todo en campañas electorales.

ACUERDO PC-ALCALDIA DE LA VEGA

José Ceballos, coordinador del proyecto Casas Comunitarias de Justicia de PC, informó que con dicho acuerdo el Alcalde de la Vega, Alexis Pérez, se comprometió a impulsar  el desarrollo y sostenibilidad del Proyecto Casa Comunitaria de Justicia de La Vega, a través de la ejecución conjunta de programas formativos y proyectos de apoyo, al fortalecimiento de la municipalidad y el acceso a justicia, implementando diversas modalidades de cooperación interinstitucional..

Ceballos señaló que mediante este Convenio el Ayuntamiento se compromete a incluir en el presupuesto anual una asignación económica como apoyo al desarrollo institucional de la Casa Comunitaria de Justicia de La Vega, la designación de personal que labore en la mismo y el equipamiento de la Unidad de Asuntos Municipales.

También coordinarán para la creación y sostenimiento de la Escuela de la Municipalidad para la formación del liderazgo comunitario y el personal del Ayuntamiento del Municipio.

El Coordinador de las Casas Comunitarias de Justicia explicó que la Casa Comunitaria de Justicia de La Vega, fue aperturada en noviembre del 2009, y a la fecha ha prestado sus servicios a un total de 4,258, que desagregados por sexo 2,322 correspondiente al sexo femenino y 1,936 al masculino.

Mientras que el Alcalde de la Vega, Alexis Pérez, manifestó satisfacción con la firma del convenio, destacando que las casas comunitarias de justicia de PC ofrece servicios de Mediación, Fiscalía, Psicología, Orientación Legal, Asuntos Municipales y Educación Ciudadana de forma gratuita, con lo que contribuye al desarrollo social de esta zona.

El Movimiento Cívico exige cumplimiento de la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana, que califican como letra muerta en el país

Participación Ciudadana hizo un llamado a la población a organizarse e darle seguimiento a la gestión pública, para que tengan mayor posibilidad de participar y supervisar en las decisiones del Estado.

Samir Chami Isa, coordinador general de PC, explicó que la República Dominicana y otros países de Iberoamérica se comprometieron a promover la participación de la ciudadanía en la gestión pública siguiendo las pautas contenidas en la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana, con el propósito de estimular la democracia participativa, la inclusión social y el bienestar de los pueblos de Iberoamérica.

Chami Isa denunció que dicha carta se ha convertida en letra muerta, por lo que esto tiene que cambiar.

Isa habló durante el panel sobre “Retos y Desafíos de la Implementación de la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública”, en el que también expusieron Gregorio Montero, viceministro del Ministerio de Administración Pública; Javier Cabreja, director ejecutivo de PC y Ramón Tejada Holguín, sociólogo.

El Coordinador General del PC consideró importante y fundamental para la democracia, que se fortalezcan los niveles de Participación de los Ciudadanos, y así crear las condiciones que permitan que los sectores más vulnerables acceder a la defensa y exigencia de sus derechos, estableciéndose como un medio para la transformación social.

 Destacó que esto también contribuye al desarrollo del país, favoreciendo la inclusión y la cohesión social.

Agregó que la participación promueve la legitimidad, aprovechando las experiencias, capacidades y energías sociales de la ciudadanía y permitiría un avance institucional para la democracia, los principios y valores de nuestra Nación.

Mientras que Gregorio Montero, vice ministro del Ministerio de Administración Pública, destacó que desde el Estado Dominicano se está trabajando para fomentar e incrementar la participación de la ciudadanía en las decisiones públicas, facilitando las vías de libre acceso a la información pública.

Montero explicó que al momento de que el ciudadano obtiene la información, puede hacer sugerencias y exigir cambios en las decisiones adoptadas.

Posteriormente Javier Cabreja, director ejecutivo de PC,  señaló que el acuerdo contenido en la Carta Iberoameroamericana se desconoce de manera olímpica en la República Dominicana, a pesar de que ese pacto se firmó hace más de un año.

Cabreja informó que a esta carta se le debe sacar mayor provecho, ya que la misma hasta plantea mecanismos de participación de la población.  

El Director Ejecutivo de PC hizo un llamado a los servidores públicos a darle mayor importancia a este acuerdo, así como promover la capacitación de los servidores públicos y de la ciudadanía en general.

Al final, el sociólogo Ramón Tejada Holguín, hizo un llamado a las organizaciones de la sociedad civil y la población en general a asumir una actitud positiva, y tener una voluntad de cambio, que estimule a las personas a darle seguimiento a las iniciativas estatales y demandar cambios en caso de que sean necesarios.

Asimismo recomendó a la Instituciones Públicas crear estrategias para estimular la participación de la ciudadanía.

En este panel asistieron decenas de profesionales. Este encuentro forma parte de los trabajos del Programa Acción Ciudadana por la Justicia y la Transparencia.

PC y Finjus consideran buenas relaciones con periodistas cubren fuente es provechosa Junta

Participación Ciudadana (PC) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) calificaron ayer como “preocupante”  la actitud del presidente de la Junta Central Electoral (JCE) Roberto Rosario, de restringir las informaciones de interés público a la prensa, al afirmar que eso coartar la libertad de expresión.

Javier Cabreja, director ejecutivo de PC, y Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Finjus, afirmaron que aunque para esos casos los medios  pueden hacer uso de la  Ley de Acceso a la Información Pública, todas las instituciones están en el deber de  suministrar las informaciones   respecto al trabajo que realizan y que son de interés público, sin  obligar a que se tenga que recurrir a esa legislación.

Comportamiento dudoso. Cabreja dijo que la actitud de Rosario evidencia su poca disposición y voluntad  de actuar con la debida transparencia en el manejo de los asuntos de esa institución que como la JCE, “debe ser totalmente transparente de cara al proceso electoral de 2012, y porque además, es una institución que maneja recursos del Estado”.

Estilo controlador. Para Castaños Guzmán, lo que ocurre en la JCE con los periodistas y el flujo de informaciones es propio de un “estilo controlador”.   “El que concentra  información, no deja de concentrar poder, pero si es información pública no es bueno”.

Los jóvenes indican que el deber del Estado es fungir como garante de una educación pública, gratuita y de calidad.

Cientos de jóvenes se concentraron este miércoles frente al Ministerio de Educación en demanda de que se respeten la Constitución y las leyes y se cumpla con la asignación del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación. 

La actividad fue organizada por la Red Nacional de Acción Juvenil y se llevó a cabo de forma simultánea en Santiago, Montecristi, Puerto Plata, Barahona, Bahoruco, La Romana y La Vega, frente a las oficinas de Educación.

José Luis Morillo, vocero de la Red, indicó que el deber del Estado es fungir como garante de una educación pública, gratuita y de calidad.

Morillo informó que por el contrario, desde el Estado se obliga a la población a permanecer en la oscuridad de las ideas y la ignorancia para que no pueda distinguir las mentiras que envuelven las ofertas electoreras, ni conocer como se derrochan sus recursos y de qué forma se endeuda el futuro en provecho de las fortunas personales de los funcionarios.

Los jóvenes entienden que buscar soluciones a los problemas de educación en el país es fundamental para producir el desarrollo integral necesario al que todos los dominicanos y dominicanas tienen derecho.

“La educación es el camino que nos conduce a romper con los lazos de la ignorancia y a formar ciudadanos/as responsables, con la capacidad de demandar sus derechos y ser consecuentes con el bien común” afirmaron en un documento la Red Nacional.

Los Manifestantes cuestionaron que la ética este siendo sustituida desde el Estado por anti valores que promueven el clientelismo, el individualismo, el dolo, la mentira y la deslealtad, formando personas sin sensibilidad social y apegadas a la corrupción como vía de ascenso social.

La Red Nacional de Acción Juvenil advirtió que “La exigencia ciudadana por el 4% hasta ahora ha sido desoída por quienes están llamados a hacerla efectiva, pero seguiremos recordándoles a nuestros funcionarios que ellos deben responder a los intereses nacionales, no a los de grupos de poder ni a los de organismos internacionales”.

La Agrupación de Jóvenes destacó que “En este momento, quienes gobiernan deben recordar que la soberanía reside en el pueblo y que deberán responder ante Dios, ante la historia y ante la justicia popular por actuar en desmedro de quienes los han elegido, ejecutando acciones siempre tendentes a soslayar los derechos fundamentales de la población: entregando los bienes de la Nación y aprobando préstamos y contratos atentatorios. Esto solo porque la población no es capaz de detectar los peligros y elementos ilegales de esas medidas”.

Finalmente, exigieron la asignación definitiva del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación y que se empiece a velar efectivamente por la gratuidad y la calidad de la educación general, como lo establece la Constitución y la Ley General de Educación.

Organizaciones de la sociedad civil expresaron ayer su preocupación por la denuncia de la presidenta de la Cámara de Cuentas, Licelot Marte, de que la Dirección de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA) nada ha hecho en una serie de audiorías donde se han detectado actos de corrupción.

Mientras que el director de la DPCA, Hotoniel Bonilla, al ser entrevistado por los periodistas mientras asistía a una ofrenda floral de la Comisión de Ética, manifestó que “nosotros estamos haciendo la labor que nos corresponde”.

Al cuestionársele sobre el número de sometimiento a la Justica de personas ligadas a actos de corrupción se limitó a decir que “las estadísticas están ahí”.

Sin embargo, el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, el director Ejecutivo de Participación Ciudadana (PC) y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, cuestionaron el papel que está haciendo el director  de la DPCA, Hotoniel Bonilla.

Castaños Guzmán consideró que la Cámara de Cuentas, de acuerdo a lo establecido en la ley, está facultada para imponer sanciones a las personas que cometen actos de corrupción. “En materia de lucha contra la corrupción, en la República Dominicana se ha fracasado, eso es una realidad, ahora la Cámara de Cuentas, no solamente tiene la facultad de remitirle esos expedientes al Ministerio Público los casos que entienda haya vicios penales”, señaló.

Indicó que la Cámara de Cuentas puede resolutar aspectos que tienen que ver con sanciones administrativas y con sanciones civiles, y puede inclusive iniciar acciones de incautación y validar  sus resoluciones utilizando  procedimientos sumamente rápidos.

Cree indicios son suficientes para someter

Javier Cabreja, de Participación Ciudadana, consideró importante que una vez y por todas la Cámara de Cuentas comience a jugar su rol de control y de fiscalización de las instituciones públicas y del manejo de los recursos que hacen las instituciones, tras asegurar que en esas auditorías hay elementos suficientes para enjuiciar a los responsables.

Participación Ciudadana y la Alianza Dominicana Contra la Corrupción entienden que la impunidad del sistema político es lo que ha tornado en intocable a  Amable Aristy Castro.

Esto, pese a los constantes cuestionamientos como funcionario público. Los directivos de estas entidades mencionan además la capacidad del político reformista para mantenerse en alianza con las organizaciones que se han alternado en el poder. “Hay una impunidad tremenda, no hay sanciones, no hay voluntad política para combatir la corrupción y en consecuencia está sucediendo esto y va a seguir sucediendo”, deplora Chamir  Isa, coordinador de Participación Ciudadana.

Tanto él como Julio César de la Rosa, quien coordina a Adocco, entienden que la Cámara de Diputados tiene indicios irrefutables como para aprobar el juicio político que haría el Senado, para despojar del fuero parlamentario al representante de La Altagracia.

Aspiran a que la Dirección de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA) someta a la Justicia al ex secretario general de la Liga Municipal Dominicana, quien gastó para beneficios personales RD$116.2 millones del presupuesto de ese organismo en 2006, según una auditoría de la Cámara de Cuentas.

Estas decisiones enviarían el mensaje de que “esta persona en esta oportunidad no debe salirse con las suyas”, advierte De la Rosa, quien señala que las auditorías de los años posteriores demuestran reincidencia en irregularidades, como abultamiento de nómina y ayudas económicas a personas que no están debidamente registradas.

Pero Chamir Isa advierte que lo que hace posible que funcionarios públicos delincan sin consecuencias es que el DPCA dependa del gobierno central, lo que le imposibilita actuar con libertad frente a los actos de corrupción. “Lo que hay que hacer con  Aristy es que el DPCA investigue el caso y lo someta a la acción de la justicia”, concluye.

Capacidad para aliarse

El coordinador de Adocco resalta la destreza de Aristy Castro para aliarse siempre al partido oficialista de turno. Cuando el Partido Reformista Social Cristiano salió del poder él se alió al de la Liberación Dominicana, pero luego un pacto con el Revolucionario Dominicano le permitió seguir como secretario general de la LMD, puesto que conservó en alianza con un PLD que regresaba al Gobierno. “Al extremo de que ya siente la posibilidad de que Hipólito Mejía sea presidente y ya esta buscándole el lado”, sostiene De la Rosa.

Plantea debe ir en igualdad de condiciones

El movimiento cívico Participación Ciudadana pidió ayer  a la primera dama, Margarita Cedeño de Fernández, que tome una licencia en las funciones que desempeña en el Despacho de la Primera Dama y los programas sociales que desarrolla.

Hablando a nombre de la entidad,  Javier Cabreja, director ejecutivo, consideró que de esa forma la primera dama de la República trabajaría en igualdad de condiciones frente a los demás precandidatos presidenciales  del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Cabreja reconoció que la doctora Cedeño de Fernández tiene todo el derecho de optar por la nominación a la candidatura presidencial peledeísta.

“Ella debe tomar una licencia, porque el Despacho de la Primera Dama maneja muchos recursos en programas sociales que podrían generar una competencia desigual entre los precandidatos”, opinó.

Consideró que será muy difícil la neutralidad de la Presidencia de la República en una competencia por la candidatura presidencial en la que está envuelta la primara dama.

Opinó que esa   candidatura introduce  un ruido en la competencia, ya que el peso del Presidente es un elemento que preocupa.