Santo Domingo, República Dominicana. En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la corrupción, Participación Ciudadana, Capítulo dominicano de Transparencia Internacional, otorgó el “Reconocimiento a la Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2022” a los magistrados Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho.

En esta ocasión, indicaron que reconocen a dos personas claves, en la más reciente cruzada contra la corrupción administrativa en el país, haciendo extensivo este reconocimiento a todo el equipo de fiscales y colaboradores que acompañan a los magistrados y hacen posible esta lucha y los avances que se han presenciado en materia de persecución de la corrupción y el crimen.  Todos ellos, bajo el liderazgo de la magistrada Miriam German Brito, Procuradora General de la República Dominicana, a quién ya fue entregado este reconocimiento en el año 2016. 

Joseph Abreu, coordinador general de Participación Ciudadana, expresó que el trabajo de los magistrados, y sus equipos, le han devuelto la confianza al pueblo dominicano y la esperanza de tener y ver actuar a un órgano persecutor independiente, que no teme a los poderes fácticos que históricamente se han creído por encima de las leyes. Donde han redireccionado la lucha contra la corrupción y, además, indicó que lo han logrado con un trabajo tesonero e íntegro, valor que toda la sociedad reconoce y que ha influido en que el país comience a tener mejor imagen internacional.

“Este reconocimiento, esperamos que sea visto por los magistrados y sus equipos, no sólo como un premio por la labor cumplida, porque aún falta mucho por hacer, sino como un faro que les alumbra en el camino correcto, el que motivamos a seguir, con la determinación que hasta ahora han mostrado y con la certeza de que nosotros, y la sociedad en general, los estamos acompañando en la lucha y tenemos la esperanza de ver saciada nuestra sed de justicia, un derecho que tanto se la ha negado a este pueblo”, expresó Abreu.

El coordinador de Participación Ciudadana, aprovechó la ocasión para apoyar la propuesta presidencial de crear un Ministerio de Justicia que descargue al Ministerio Público de las actividades que le roban tiempo y recursos, los cuales debe dedicar a la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad.

Por su parte, Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), expresó que la corrupción pública es un delito que corroe, destruye y drena el patrimonio de una nación desde los cimientos mismos del Estado, afectando el desarrollo económico, social y el bienestar de los pueblos.

“Una cosa es segura, la historia nos ha de evaluar a todos. Cuando eso suceda, cuanto la historia pase balance, desde el Ministerio Público procuraremos tener la conciencia tranquila y la satisfacción del deber cumplido”, concluyó Camacho.

Por su parte, Yeni Berenice Reynoso, expresó que ante los diferentes retos que tienen adelante, el Ministerio Público tiene un fuerte equipo de investigación, que parte de la realidad que en la República Dominicana se debe sobreprobar las imputaciones. 

Participación Ciudadana entrega el Reconocimiento a la Integridad y Lucha Contra la Corrupción cada año desde el 2009, con el propósito de destacar los esfuerzos realizados por la población que combate este fenómeno que tanto daña el cuerpo social y el alma ciudadana; con el interés fundamental de estimular a las personas que dedican esfuerzos extraordinarios a luchar por la transparencia en la gestión pública y el combate a las diferentes manifestaciones de corrupción.

09 de diciembre del 2022

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, anunció que entregará el Reconocimiento a la Integridad y la Lucha contra la Corrupción 2022 a los magistrados Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, por sus esfuerzos extraordinarios en el combate a la corrupción y la impunidad. El acto será celebrado el 9 de diciembre, a las 6 de la tarde, en el Auditorio Manuel del Cabral de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

El Consejo Nacional del movimiento cívico señaló que la magistrada Yeni Berenice Reynoso desde las posiciones que ha ocupado como Fiscal de Santiago y del Distrito Nacional, así como en la actual, dirigiendo la Procuraduría de Persecución, ha tenido un desempeño notable en los casos de corrupción administrativa. Por su parte, el magistrado Wilson Camacho cuenta con una destacada carrera de 19 años en el Ministerio Público y le ha dado a la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, la relevancia que merece.  

Participación Ciudadana, sostuvo, que el extraordinario trabajo desarrollado por el equipo del Ministerio Público, con estos dos magistrados a la cabeza, agotando jornadas extraordinarias para poder cumplir los plazos y elaborar expedientes completos y bien documentados, con todas las posibilidades de obtener condenas para la mayoría de los acusados, los hacen merecedores de tan importante reconocimiento.  

“Este reconocimiento envía un mensaje a todo el personal, tanto fiscales como jueces, de que el trabajo bien hecho tiene su recompensa en prestigio y reconocimiento público, mostrando ejemplos positivos que impulsen la lucha contra la corrupción y la impunidad, y fortalezcan las esperanzas de ganar la batalla a quienes han utilizado el Estado para su enriquecimiento”, indicaron.  

Los destacados magistrados se suman a las 12 personalidades que han recibido este reconocimiento, el cual  fue creado por Participación Ciudadana con motivo al Día Internacional Contra la Corrupción establecido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a fin de educar mediante el ejemplo, presentando a la sociedad modelos positivos de conductas a ser emuladas, y resaltar las virtudes ciudadanas que predicaron los fundadores y héroes de la República y que promueve Participación Ciudadana. 

En sus anteriores ediciones han recibido el reconocimiento el ex procurador Germán Miranda Villalona, el ingeniero Roque Napoleón Muñoz, los periodistas Nuria Piera, Luis Eduardo-Huchi- Lora, Alicia Ortega, Fausto Rosario, Juan Bolívar Díaz y Altagracia Salazar; la jueza Miriam Germán Brito, la Dra. Milagros Ortiz Bosch, al abogado Mario Arturo Fernández y el juez José Alejandro Vargas.

Consejo Nacional

21 de noviembre de 2022

Santo Domingo, República Dominicana. La organización de la sociedad civil, Participación Ciudadana, presentó este martes a la ciudadanía su plataforma virtual para recibir contribuciones, donde los interesados pueden aportar a través de donaciones únicas o recurrentes, a las acciones de incidencia, formación y fortalecimiento que realiza el movimiento cívico por todo el país.

La institución se suma al crowdfunding solidario que es una vía alternativa de financiación que permite conectar las ONG con personas y empresas interesadas en apoyar las causas sociales y actividades que desarrollan en beneficio de la sociedad.

Esta plataforma está disponible en la página web de la institución www.pciudadana.org/donaciones/ donde los usuarios a través de su tarjeta de débito, crédito o su cuenta de PayPal pueden realizar sus aportes con montos que van desde los 5 dólares.

La institución señaló que como lo hace en todos sus procesos, presentará informes continuos del uso de los fondos recibidos, así como una rendición de cuenta de los impactos logrados con cada una de las contribuciones recibidas.

Durante sus 29 años, Participación Ciudadana ha llevado la bandera de las luchas por los derechos fundamentales, contra la corrupción y la impunidad, por el fortalecimiento del sistema electoral dominicano, además de ser promotores de importantes reformas que han contribuido a fortalecer la institucionalidad y la democracia del país.

La institución, representante en el país de Transparencia Internacional, señaló que con estas contribuciones busca fortalecer y ampliar la participación y la capacidad de movilización de la ciudadanía en los procesos de institucionalización democrática con énfasis en la formación de líderes políticos y sociales.

15 de noviembre del 2022

El movimiento cívico Participación Ciudadana llama a la población dominicana a participar activamente en el X Censo Nacional de Población y Vivienda. Rechazamos firmemente la campaña puesta en marcha por minúsculos grupos que llaman a un boicot, fundamentado en mentiras, tanto sobre la información a ser recogida como sobre el uso que se dará a la misma.

El censo a ser aplicado en los próximos días se comenzó a preparar hace más de cuatro años, siguiendo los estándares internacionales y las experiencias exitosas que el país ha acumulado por más de un siglo. Es incomprensible que, justamente días antes de su inicio, cuando el país ha gastado cientos de millones en los preparativos, aparezcan algunos políticos de oposición y hasta legisladores, invitando a la población a no empadronarse.

El censo es un instrumento indispensable para los gobiernos, desde las épocas más antiguas, porque les permite diseñar mejores políticas económicas y sociales, al conocer en detalle cuántos somos, dónde y cómo vive la gente, qué tiene y de qué carece en sus hogares, sus niveles educativos, entre otros importantes datos necesarios para la planificación. También es una fuente de datos fundamental para la ciencia, la investigación, la inversión pública y privada, los organismos internacionales y para todo el mundo.

Los censos se realizan cada diez años por compromisos internacionales, dado que esto también sirve para que se puedan hacer comparaciones sobre los avances y retrocesos de las sociedades. En la República Dominicana ya tenemos amplia experiencia en eso, pues anteriormente se han realizado otros nueve censos y se vienen haciendo desde hace más de un siglo sin que la población fuera afectada en lo más mínimo.

El actual censo corresponde a la ronda del 2020 y debió hacerse desde hace dos años, lo que no se pudo por la llegada de la pandemia, pero ya en el mismo se ha invertido mucho dinero y muchos esfuerzos intelectuales e institucionales desde el 2017. La razón es que, aunque el empadronamiento se hace en unos pocos días, los trabajos se tienen que iniciar con mucha anticipación para la actualización de la cartografía, la elaboración de las boletas, la preparación logística, la adquisición de equipos y el entrenamiento del personal.

Apoyar el censo es un compromiso de todo buen dominicano, su participación entusiasta denota amor a su país y a su pueblo. Contamos con la conciencia ciudadana para que esta importante actividad se desarrolle exitosamente. 

CONSEJO NACIONAL

9 de noviembre del 2022

Esta resolución reglamentará la votación, el escrutinio manual, la digitalización, el escaneo y la transmisión de los resultados electorales en 2024.

Santo Domingo, República Dominicana. Participación Ciudadana entiende que aún no se ha recuperado la confianza en el voto electrónico (automatizado) dañada por la suspensión de las elecciones municipales de febrero del 2020, por lo que resulta sensato rodear los eventos electorales del 2024 de mecanismos que, aunque más lentos, despejen cualquier duda sobre los mismos.

La organización de la sociedad civil agrega que la posibilidad de automatizar el voto ha quedado cerrada por el momento, por decisión de Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional el artículo 99 de la Ley 15-19 de Régimen Electoral, que era el que establecía la automatización del proceso electoral, por lo que presentar esta opción no es viable.

Por esas razones, el movimiento cívico entiende como prudente y adecuado, el contenido de la resolución preliminar No. 34-2022, que dispone que para las elecciones del 2024 se utilizarán nuevamente boletas físicas, para ser marcadas por el elector en la forma tradicional, y luego sus resultados ser digitados, generando una relación de votación que se imprimirá, sellará y firmará, para luego ser escaneada y transmitida a la JCE para su divulgación.

En esta ocasión la JCE ha aumentado los niveles de seguridad del proceso al incluir a observadores del escrutinio y a observadores de la digitalización, escaneo y transmisión de los resultados, que deberán unirse a los observadores nacionales e internacionales que suelen observar las elecciones en nuestro país, y a los delegados de los partidos políticos en cada colegio electoral, pudiendo todos ellos utilizar sus celulares para grabar las incidencias del escrutinio, digitalización, escaneo y transmisión de resultados, todo lo cual redundará en beneficio de la transparencia del proceso.

Sin embargo, la JCE deberá aclarar quién designa estos observadores de escrutinio y de digitalización, escaneo y transmisión, lo que no está claro en la resolución, pues los partidos ya están representados en los colegios electorales a través de sus delegados y la JCE a través de los miembros de los colegios. La resolución debe establecer, además, que delegados y observadores tendrán acceso a todo el proceso desde la instalación de los colegios hasta la divulgación de los resultados.

Como toda tarea, la implementación de esta resolución implicará retos para la JCE, para los partidos políticos y para los observadores, que deberán reclutar a todo el personal que estará en los colegios y capacitarlos oportuna y adecuadamente. Para los miembros de los colegios la capacitación es clave para reducir los niveles de errores y, sobre todo, hacer más fluida la entrega de resultados a la ciudadanía, tomando en cuenta que el detallado procedimiento descrito por la JCE en su resolución, tomará más tiempo que si se hubiese hecho completamente en forma electrónica.

Reconocemos en la actual JCE la forma meticulosa y sobre todo oportuna, en que viene preocupándose por los temas electorales, desde la presentación al Congreso de proyectos de ley para la modificación de las leyes electoral y de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, hasta la resolución preliminar recién emitida, y debemos reiterar nuestra solicitud al Congreso Nacional para la aprobación de estas leyes. que cumpla con su parte y apruebe en forma oportuna esos proyectos de ley.

Participación Ciudadana continuará dando seguimiento a los temas electorales, sobre todo verificando que las actividades en esta materia se realicen en los plazos legales, con la debida transparencia y con las garantías necesarias.

Consejo Nacional

24 de octubre del 2022

Santo Domingo, República Dominicana. La Ley No. 169-14 sobre Registro Civil y Naturalización cuenta con la legitimidad jurídica y democrática necesaria para ser cumplida por todos los poderes públicos y autoridades competentes de la República Dominicana. 

Así lo afirmó la organización Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista que realizó un estudio sobre la implementación de dicha ley y su reglamento durante los últimos 8 años. 

La ley 169-14 establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas en el registro civil dominicano y sobre naturalización, y fue creada para solucionar un grave problema de violación masiva a derechos humanos fundamentales, provocado a raíz de la sentencia 168-13 dictada el 23 de septiembre de 2013 por el Tribunal Constitucional dominicano, que revocó retroactivamente y de forma colectiva la nacionalidad de miles de personas nacidas en República Dominicana desde el año 1929, de padre y/o madre con un estatuto migratorio “irregular”, “en tránsito” o “no residente”. 

La afirmación de Participación Ciudadana se desprende de los resultados obtenidos por la investigación realizada por la organización a cargo de la abogada Patricia Santana Nina. 

En el evento de presentación de este documento preliminar, el coordinador general de Participación Ciudadana, Joseph Abreu, señaló que, en este informe y la posterior investigación vinculada al mismo, se procura visibilizar la impostergable solución a este conflicto que nunca debió ser, donde miles de personas fueron afectadas en uno de los derechos más fundamentales que atañen a un ser humano después del derecho a la vida, como principal, que es el derecho a una nacionalidad.  

“Debemos entender esta realidad, y llevarnos como misión el encaminar todos nuestros esfuerzos a que este gravísimo problema no se extienda ni un día más”, indicó Abreu.  

Los principales hallazgos de esta investigación fueron presentados por la investigadora Patricia Santana Nina, quien señaló que este estudio revela que la mayoría de las personas beneficiarias de la ley aún no son reconocidas como dominicanas de pleno derecho. 

Según el estudio, unas 35 mil personas del denominado Grupo A de la ley (personas nacidas en República Dominicana entre 1929 y 2007, de padres y madres con un estatus migratorio “no residente”, cuyos nacimientos fueron inscritos en los libros del Registro Civil dominicano) aún no recuperan su nacionalidad dominicana, a pesar de que muchas de ellas ya poseían documentos oficiales emitidos por el propio Estado dominicano antes de la sentencia 168-13, tales como actas de nacimiento, cédulas de identidad y electoral y pasaporte. 

El estudio también encontró que 7,159 personas del denominado Grupo B de la ley (personas nacidas en República Dominicana entre 1929 y 2007, de padres y madres con un estatus migratorio “irregular”, cuyos nacimientos no figuran inscritos en el Registro Civil dominicano) tampoco han obtenido documentación nacional dominicana a pesar de haber cumplido el proceso exigido por la misma ley 169-14.  

Participación Ciudadana enfatizó las recomendaciones para que el Estado dominicano implemente adecuadamente la referida ley, entre las cuales destacan la organización de una mesa técnica de trabajo, en la que participen el Estado -representado por órganos involucrados en la implementación de la Ley 169-14, los organismos internacionales y la sociedad civil, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INMRD).  El objetivo de la mesa sería analizar los obstáculos que impiden una óptima y ágil ejecución de los procesos establecidos y acordar una respuesta práctica e inclusiva a todas aquellas personas que aún quedan pendientes de obtener su documentación.  

Finalmente, Participación Ciudadana también recomendó al Estado dominicano rehabilitar la Unidad creada por la Ley 169-14 para recibir y analizar los expedientes de solicitud de naturalización del Grupo B, durante el tiempo necesario, para garantizar que las personas beneficiarias puedan acceder a los derechos que les reconoce la ley.  Esta unidad se encuentra a cargo del Viceministerio de Gestión Migratoria y Naturalización del Ministerio de Interior y Policía. 

En la presentación del informe preliminar estuvieron representantes de organizaciones sociales, instituciones públicas y organismos internacionales entre las que se encuentran: Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), Organización de las Naciones Unidas (ONU), Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Reconocido, Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI), Ministerio de la Mujer, Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), Embajada de EEUU, Defensor del Pueblo, Universidad Autónoma de Santo Domingo  (UASD), Embajada de Canadá, Organización de los Estados Americanos (OEA), Ministerio de Defensa, Oficina Nacional de Estadística (ONE), Ministerio de Trabajo, Observatorio Migrantes del Caribe (OBMICA), Unión Europea, Centro Montalvo, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Tribunal Superior Electoral, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Procuraduría General de la República Dominicana (PGR), entre otras. 

19 de octubre del 2022 

Santo Domingo, República Dominicana. Con el objetivo de fomentar la participación ciudadana en la construcción de una cultura de protección, prevención y denuncia, por el respeto de los derechos humanos y la convivencia pacífica, Participación Ciudadana, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y el Centro Casa Comunitaria de Justicia, inauguraron este viernes la Feria Ciudadana por la Seguridad y la Convivencia Pacífica en Puerto Plata. 

Participación Ciudadana indicó que, a través del Programa Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia, han asumido la problemática de seguridad pública como una prioridad, impulsando acciones que permitan mejorar la prevención y reducción de la violencia y el delito, enfocándose en los jóvenes que son las principales víctimas. 

En el marco de la feria se desarrolló un encuentro con alcaldes de la provincia de Puerto Plata, que tuvo como finalidad motivar y sensibilizar a los/as participantes sobre la importancia de promover e implementar políticas municipales participativas, que contribuyan a fomentar la convivencia pacífica entre los/as munícipes de los diversos gobiernos locales de esta provincia. 

En este encuentro participaron más de 30 autoridades públicas y personalidades, y contó con las intervenciones de Diómedes Roque García Núñez, alcalde de Puerto Plata; Joseph Abreu, Coord. Gral. de Participación Ciudadana; José Ceballos, director ejecutivo de Centro Casa Comunitaria de Justicia; Ramón Santos, presidente de la Federación Dominicana de Distrito Municipales y Kelvin Cruz, presidente de la Federación Dominicana de Municipios. 

Además, se contó con la presentación de la Estrategia de Seguridad Ciudadana (País Seguro), que estuvo a cargo del Dr. Jesús María Feliz Jiménez, viceministro de Seguridad de Interior, del Ministerio de Interior y Policía. Y la presentación de los indicadores de Seguridad y Convivencia Ciudadana en los Territorios, a cargo de Pedro Hernández, subsecretario de Planificación y Desarrollo de la Liga Municipal Dominicana. 

También se contó con la intervención de Rebecca Latorraca, directora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 

Se explicó durante este encuentro que es fundamental promover e implementar políticas municipales participativas que contribuyan a fomentar la convivencia pacífica entre los munícipes de los diversos gobiernos locales de esa provincia. 

Inauguración de la feria  

Durante la apertura de la feria, el coordinador general de Participación Ciudadana, Joseph Abreu, indicó que la Feria Ciudadana por la Seguridad y la Convivencia Pacífica que hoy se inaugura en Puerto Plata es fruto de la convicción de que un país con mayores niveles de seguridad es posible. 

“Entendemos que la seguridad es un derecho fundamental de las personas, tal y como lo sostiene la Organización de Naciones Unidas”, señaló Abreu. Es bajo esta premisa que se organiza este evento. 

En el acto de inauguración también estuvieron presentes el ministro de Interior y Policía, Jesús Ant. Vásquez Martínez; Samuel Amaury Arias Arzeno, Juez de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia; Claritza Rochtte Peralta, gobernadora de la provincia; Ginette Bournigal, senadora de la provincia Puerto Plata, Kelmi Duncan Torres; Procurador Fiscal provincia Puerto Plata, Jorge Luis Galán Guerrero, director regional Norte de la Policía Nacional, entre otras autoridades. 

El evento de apertura contó con la conferencia magistral de Samuel Amaury Arias Arzemo, Juez de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, quien abordó el tema “Importancia de los métodos de resolución de conflictos”.  

En el marco de la Feria se han organizado diferentes conversatorios, charlas, presentaciones artísticas y actividades recreativas, desarrolladas por las instituciones participantes, así como la exposición en carpas de los trabajos que ejecutan.  La Feria se estará desarrollando este viernes 7 de octubre, de 8:30 a.m. a 6:00 p.m. en el Parque de la Libertad, ubicado en la calle Beller, en Puerto Plata. 

Esta feria cuenta con la participación de más de 30 organizaciones e instituciones públicas, dentro de las que se encuentran: Ayuntamiento de Puerto Plata, Gobernación de Puerto Plata, Ministerio de Interior y Policía, Policía Nacional, Procuraduría general de la República, Liga Municipal Dominicana, FEDOMU, Fundación Brugal, CONANI, CEPROSH, Base Área de Puerto Plata, Cuerpo de Bomberos de Puerto Plata, Cultura Viva, FEDODIM, INTRANT, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Cultura, Ministerio de la Juventud, Ministerio de Educación, Supérate, entre otras instituciones. 

Esta Feria se enmarca dentro del proyecto “Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia”, que desarrolla Participación Ciudadana y FINJUS, y cuenta con el financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 

Santo Domingo, República Dominicana. La Procuraduría Especializada Contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes y la Coalición de Organizaciones de la Sociedad civil contra la Trata de Personas realizaron este jueves la mesa de diálogo “Hacia una nueva legislación en materia de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de personas”. 

Este encuentro se realizó con el propósito de seguir aunando esfuerzos para que la República Dominicana pueda contar con un marco jurídico que fortalezca la prevención, persecución y sanción a un delito que lacera la dignidad humana como lo es el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas. 

El encuentro contó con las palabras de bienvenida de Joseph Abreu, coordinador general de Participación Ciudadana, y la conferencia de la magistrada Yeni Berenice Reynoso, directora general de persecución del Ministerio Público. 

Abreu indicó que es de suma importancia aumentar la conciencia pública sobre las violaciones de los derechos fundamentales causado por el delito de trata de personas. 

“Sigamos construyendo alianzas para acabar con este flagelo en la República Dominicana, contamos con todos/as ustedes para impulsar la aprobación del anteproyecto que enviará al Congreso Nacional el Poder Ejecutivo, esperamos que el mismo pueda ser aprobado y que se tomen en cuenta todos los aportes hechos por las organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones, para poder contar con un marco jurídico acorde a estos tiempos”, expresó en su intervención. 

Por su parte la directora de Persecución del Ministerio Público, la magistrada Yeni Berenice Reynoso, indicó que se hace necesario y urgente la aprobación de una nueva ley sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas en República Dominicana acorde a los nuevos tiempos. 

Señaló que las leyes y políticas nacionales e internacionales actuales contra el tráfico de personas resultan insuficientes para detener ese delito, cuando se extiende de los medios convencionales al espacio virtual. 

“Los tratantes y traficantes se valen de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería para acceder a sus posibles víctimas y reclutarlas para luego explotarlas sexualmente en el caso de las mujeres y las niñas”, puntualizó.  

Las organizaciones participantes de este diálogo señalaron que urge modificar la Ley 137-03, ya que la actual no protege eficazmente a las víctimas de este delito. 

Entre las recomendaciones realizadas se encuentra la creación de fondos especiales para la prevención, persecución y atención de víctimas. “Actualmente quien paga por servicios sexuales producto de Trata de Personas no tiene consecuencia legal, y la nueva Ley 137-03 contempla responsabilidad al cliente de estos servicios, por ser cómplice”, señalaron. 

Otros de los avances que tendría esta Ley es que crearía una institución que brinde asistencia legal, médica, social y terapéutica a las víctimas, y también educaría a la población para prevenir el delito. La actual Ley no concientiza sobre el tema. 

Los presentes reconocieron el trabajo que actualmente está realizando la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de personas, por el golpe que se le dio a la delincuencia organizada con la operación Cattleya, en el Distrito Nacional y Bávaro, donde se desarticuló una red transnacional dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual, en la cual se rescató a más 80 mujeres. 

Este diálogo se realiza en el marco del proyecto “Acción Ciudadana por la seguridad y la justicia”, que viene desarrollando Participación Ciudadana en conjunto con la Fundación Institucionalidad y Justicia -Finjus-, con el auspicio de la USAID, donde han realizado varias acciones formativas, incluyendo el estudio “Luchar contra la marea” el cual se realizó en once municipios de la República Dominicana. 

El encuentro contó con la moderación de Fátima Lorenzo, directora ejecutiva del movimiento cívico, y con la participación de la señora Yoanna Bejarán, procuradora general de corte, Titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, y el señor José Monteiro, director País de Misión Internacional de Justicia -IJM- y coordinador de la Coalición de organizaciones de la sociedad civil contra la trata de personas. 

También estuvieron presentes: Diputados/as, Fiscales, funcionarios de la embajada de los Estados Unidos y de la USAID, Periodistas, miembros de la Policía Nacional, representantes de la Dirección Nacional de control de Drogas -DNCD-, organismos de cooperación internacional, servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil e invitados en general. 

15 de septiembre del 2022

La sociedad dominicana está hastiada de corrupción e impunidad. Por eso marchó durante dos años, por eso votó en el 2020 y por eso ha puesto sus ojos en el trabajo del Ministerio Público y en los tribunales para dar seguimiento a lo que pasa en esas instancias.

A pesar del esfuerzo colectivo, todas las sentencias dadas a conocer en los últimos meses han sembrado un profundo desconcierto y el temor de que la impunidad siga imponiéndose en el país. Casos que ocurrieron frente a los ojos de la nación y del mundo, algunos que ocuparon investigaciones internacionales y que recibieron condenas en varios países; otros cuyas pruebas fueron de público conocimiento,  que se  apoyaron en sólidas investigaciones del periodismo nacional y que estremecieron la conciencia ciudadana, ahora resulta que los tribunales dominicanos no encuentran culpables, unos pocos con leves condenas y la mayoría absueltos, quedando en el misterio quienes cometieron los hechos.

Los casos a los que nos referimos son, el de ODEBRECHT, el de los aviones tucanos, el del barrio Los Tres Brazos y, recientemente, el caso de la OMSA. En los dos primeros, las empresas confesaron haber pagado sobornos y se les impuso multas. Los escándalos producidos por los negocios de ODEBRECHT tienen decenas de personas presas en el continente, mientras en República Dominicana, donde operó el centro de los sobornos y, según confesión, se entregaron más de 92 millones de dólares para obtener contratos, solo dos fueron condenados. En el de los tucanos, se comprobó y se recibió multa por el soborno, pero en los tribunales dominicanos, las personas que los recibieron quedaron en el anonimato y protegidos por el manto de la impunidad.

En el caso Los Tres Brazos, barrio que estaba siendo vendido por una empresa privada a sus propios habitantes, tampoco se encontró culpables. Recientemente, en el de la OMSA, solo se condenó, con calificación de homicidio, al ejecutor del horrible asesinato del abogado Junior Ramírez; nadie fue cómplice de una muerte originada en denuncias de corrupción. Tampoco pudo el tribunal sancionar a los responsables del entramado de corrupción que, de acuerdo a múltiples pruebas presentadas públicamente, operaba en la OMSA. En la parte dispositiva y en los comentarios de las juezas, se admite que hubo corrupción, pero condena, únicamente al gerente financiero, Faustino Rosario Díaz, a la pírrica pena de un año, por un cargo menor de concusión. Los demás involucrados fueron absueltos.

Las penas tan benignas y las declaraciones de inocencia que han sorprendido al país en los últimos meses, evidencian lo difícil que es sancionar la corrupción en la República Dominicana y muestran que hay mucho trabajo por hacer y mucha voluntad que aportar si se desea poner fin a la impunidad que sentó sus bases durante décadas en todas las instituciones llamadas a prevenir y sancionar la corrupción.

Los casos mencionados tienen en común haber sido investigados y preparados los expedientes durante la gestión de Jean Alain Rodríguez, caracterizada por el reinado de la impunidad.

Participación Ciudadana siempre ha abogado por el respeto y la mejoría de las leyes, el debido proceso y la justicia para todos, pero no podemos ocultar nuestra frustración al ver que, luego de años de espera, de procesos excesivamente lentos y accidentados, el Estado y el pueblo dominicanos sean sorprendidos con una respuesta del sistema de justicia que claramente se orientan al mantenimiento de la impunidad, a favor de quienes cometen enriquecimiento ilícito con el dinero público.

Hemos abogado por un Ministerio Público y una justicia independiente. En su momento, hemos denunciado la repartición política de las posiciones judiciales, siempre a favor del partido en el poder, pero también con participación de la oposición. El temor que crece en la ciudadanía es que los esfuerzos que en este momento se realizan por parte de un Ministerio Público independiente, sean echados al zafacón por jueces complacientes, comprometidos o excesivamente inclinados hacia figuras del poder, protegidos por legiones de abogados, muchos o algunos de los cuales son pagados con los recursos sustraídos.

El sistema de justicia es un todo que incluye a jueces y fiscales. La ciudadanía no hace diferencia si la impunidad se impone por culpa de una investigación mal hecha por los fiscales, o por una sentencia equivocada o corrupta de los jueces.  La credibilidad de la justicia descansa en todos sus actores y está ampliamente demostrado que tiene gran influencia en el crecimiento de los niveles de delincuencia, corrupción y violencia. Incluso es un elemento primordial en la cohesión social y en la visión que se crean las nuevas generaciones sobre sus esperanzas de vivir y progresar en una sociedad donde la justicia no funciona. 

Participación Ciudadana alerta frente a los evidentes indicadores de que se pretende frustrar los esfuerzos anticorrupción que se desarrollan con amplio apoyo popular. Esta embestida tiene varios frentes, las sentencias en los tribunales son solo uno, sin dejar de mencionar la lentitud y hasta paralización en el conocimiento de los casos, como el Anti pulpo que, habiendo presentado acusación hace nueve meses, aún no ha iniciado la audiencia preliminar. A este preocupante panorama se agregan los ataques a todos los organismos públicos encargados de la prevención y persecución de la corrupción, como lo son el Ministerio Público, la Contraloría General, la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas.  No queremos que ningún inocente sea condenado, pero tampoco que ningún culpable sea absuelto. El Ministerio Público y la judicatura están llamados a jugar el rol histórico que les toca en momentos en que el país ha depositado sus esperanzas en una justicia independiente, transparente y bien administrada.

Que el rigor de la ley caiga sobre todos por igual, sin consideraciones especiales para quienes, prevaliéndose del poder o influencias, hayan sustraído el dinero público. 

CONSEJO NACIONAL

13 de septiembre del 2022

Santo Domingo, República Dominicana. Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional y la Junta Central Electoral expresaron ayer, nueva vez, su respaldo para la aprobación de las modificaciones a la Ley Electoral y de Partidos, que buscan el fortalecimiento del sistema democrático en la República Dominicana.

Este respaldo fue expresado en la tertulia “Hablemos de las Leyes de Partidos Políticos y de Régimen Electoral", organizada por el movimiento cívico, y que contó con la participación de Román Andrés Jáquez Liranzo, presidente de la Junta Central Electoral; Desirée del Rosario; coordinadora del Centro de Estudios de Género de Intec, y Santiago Sosa, Ex Juez Titular del Tribunal Superior Electoral y miembro de la Comisión de Análisis Político de PC.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Joseph Abreu, coordinador general de Participación Ciudadana, quien expresó que la Ley No. 15-19 de Régimen Electoral, así como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, tutelan el derecho fundamental a elegir y ser elegido, fundamento de todo sistema democrático, principalmente para un país como República Dominicana con un mandamiento constitucional de ser un Estado Social y Democrático de Derecho. “A raíz de esto, es de vital importancia que las reformas de estas leyes puedan garantizar la efectiva aplicación de este derecho a elegir y ser elegido”, puntualizó.

Por su lado Román Andrés Jáquez sostuvo que el país se encuentra actualmente en un importante y necesario proceso de reforma a su marco jurídico electoral, y que estos procesos de adecuación y perfeccionamiento de los sistemas electorales y más específicamente la legislación de esta materia, suelen ser un componente neurálgico para el desarrollo y la sostenibilidad de la democracia.

Una de las principales propuestas de la JCE es el establecimiento de topes para el gasto de precampañas y campañas, para fomentar el principio constitucional de equidad en la contienda e impedir que las diferencias que pudiera haber en cuanto a los recursos de los que disponen las distintas organizaciones políticas afecten de manera excesiva las posibilidades reales de competencia, además de evitar que los gastos de los institutos políticos sean desmedidos.

“El contar con topes tanto para gastos como para aportaciones es una medida que favorece la competencia y reduce desequilibrios. Cuando los topes de gastos de precampaña y campaña son tan altos, como los que tenemos en República Dominicana, su propósito es imposible de concretizar y la regulación se torna ineficiente”, afirmó Jáquez.

En ese sentido la propuesta de la Junta Central Electoral consiste en reducir un 75% los montos que la ley permite gastar para cada una de las posiciones de elección popular durante la precampaña y un 65% los topes durante la campaña. Conforme la normativa vigente el tope de gasto para la precandidatura presidencial -tomando en cuenta el padrón del año 2020- pasaría de RD$527,095,240 pesos a RD$131,773,810 pesos, mientras que el tope de gastos para la candidatura presidencial pasaría de RD$922,416,670 pesos a RD$322,883,484 pesos.

Por su parte, Desiree del Rosario señaló que se debe garantizar la participación equitativa de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público.

Los participantes consideraron que resulta imprescindible que la paridad tenga una serie de características específicas que la convierta en una paridad fuerte y que esa medida esté acompañada de un sistema electoral favorable al género, de la voluntad política, de un movimiento de mujeres activo, que vigile la aplicación e implementación de la paridad.

Mientras Santiago Sosa señaló en su intervención que la ausencia de una legislación actualizada que incorpore los aspectos que por meses se han venido discutiendo, no solo potencializa la posibilidad de una crisis electoral en los subsecuentes procesos electorales, sino que acentúa la desigualdad, en la medida que la ley es oponible a todos y todas y las decisiones judiciales, sólo a quienes actúen en justicia y obtengan decisiones favorables a sus causas.

Los participantes de la tertulia señalaron que la aprobación de estas propuestas y las demás sometidas resultan ser primordiales para el diseño de un sistema electoral que permita a la República Dominicana la realización de elecciones conforme los parámetros internacionales de buenas prácticas.

31 / 8 / 2022