Participación Ciudadana evalúa como positiva la iniciativa legislativa presentada por el presidente Danilo Medina para resolver la situación de los afectados en sus derechos por la sentencia del Tribunal Constitucional No. 168-13 y al problema generado por la resolución de la Cámara Administrativa de la JCE en el  año 2007.

El movimiento cívico apartidista señaló que “devolver la nacionalidad a decena de miles de personas es un paso de avance ante el drama humano que durante décadas el Estado dominicano ha permitido a través de sus deficiencias institucionales y burocráticas, reconociendo que los mismos nacieron en el  territorio dominicano, que le fue expedido un documento de identidad, que desarrollaran su vida civil  y generaron un arraigo indiscutible en la sociedad dominicana”.

Los fundamentos de los principios democrático, voluntad popular y pro homine permiten a los órganos públicos resolver las situaciones generadas a partir de la sentencia del TC, no sin antes reconocer la situación que enfrentan las personas que han sido desprovistas de su documento de identidad  sin el cumplimiento de un debido proceso constitucional,  las cuales se han comportado bajo la premisa de que gozan de nacionalidad dominicana y cuyas consecuencias compete al Estado enfrentar ya que fue éste último que lo proveyó de la documentación correspondiente.

Participación Ciudadana reconoce que con este paso se avanza hacia la solución del conflicto pero no se concluye, porque hay que esperar que tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo aprueben y promulguen dicha ley así como de que el último desarrolle el reglamento correspondiente, el cual tendrá un plazo no mayor de 60 días a partir de la promulgación de la ley.

Sin embargo,  extendemos nuestra preocupación sobre  aquellos descendientes de padres extranjeros en condiciones de irregularidad que no han sido declarados en el registro civil, ya que no se percibe un mecanismo sencillo, accesible y razonable para dotar de documentos de identidad en condiciones de igualdad sin correr el riesgo de que esas personas pudieran quedar en condición de apátridas.

En tal sentido, el movimiento cívico exhorta “a que se den los pasos conclusivos a la mayor brevedad para restituir a los privados de la  nacionalidad de su documento de identidad, para recuperar sus derechos,  validar su situación,   resolver este conflicto que, más que jurídico, es un conflicto de derechos humanos, los cuales no admiten demora por sus repercusiones nacionales e internacionales”.

Consejo Nacional
Mayo 16, 2014

Participación Ciudadana se suma a la convocatoria ciudadana el próximo sábado 5 de abril a las 4:00 pm en el Parque Independencia

Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional,  objeta enérgicamente la supresión del párrafo III del Art. 85 del Código Procesal Penal, que procura impedir a la ciudadanía su legítimo derecho de querellarse contra los funcionarios públicos por las faltas cometidas en el  ejercicio de sus funciones, particularmente los  hechos punibles calificados como actos de corrupción y como violación de los derechos humanos, limitando el acceso de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil a la justicia.

La eliminación de la calidad de querellante reconocido por el párrafo III del artículo 85 del Código Procesal Penal, reduce la legitimación activa de las víctimas y constituye un retroceso en relación a los escasos avances que se habían logrado en el país respecto a los mecanismos de participación responsable de la ciudadanía en la vigilancia de los recursos públicos y la lucha contra la corrupción administrativa.

El movimiento cívico apartidista exhorta al presidente Danilo Medina Sánchez, a observar la Ley que modifica el Código Procesal Penal,  enviando de esa manera un mensaje de su voluntad de detener y castigar la corrupción,  así como la protección efectiva de los derechos humanos.

La realidad del país muestra que, a pesar de que existen varias instancias estatales con la facultad para  investigar y perseguir la corrupción, éstas no cumplen con su función, dando como resultado una absoluta impunidad frente a los delitos en el ejercicio de la administración pública.

PC considera que restringir el acceso a la ciudadana como querellante de los delitos de corrupción y violación de los derechos humanos, es una violación a la Constitución, a los convenios internacionales y una disminución de los derechos fundamentales, los cuales constituyen una conquista ciudadana.   Agregó que el “Capítulo IV de los deberes fundamentales, establece en el artículo 75 numeral 12 el deber de la ciudadanía de “velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública”, mandato que se contradice al reducir dicha facultad a la ciudadanía,  suprimiendo un mecanismo para ejercer ese deber ciudadano.

Por otro lado, al ratificar la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana Contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, el Estado dominicano asumió el compromiso de la protección efectiva de los derechos humanos así como de fortalecer y promover la participación de la ciudadanía y sus organizaciones de la sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción.

Esperamos que el presidente Medina honre estos compromisos objetando la modificación del Código Procesal Penal.

Participación Ciudadana hace un llamado a la ciudadanía, a que rechace este retroceso en sus derechos.  Funcionarios, legisladores y exfuncionarios pretenden aumentar su impunidad, impidiendo la participación responsable de la ciudadanía en el combate  de la corrupción  y contra la violación de los derechos humanos, sobre todo cuando están envueltos los intereses colectivos y difusos, como es el caso del robo del erario.

El cierre del Festival Minuto de Despertar se llevó a cabo en el hotel Hilton

Participación Ciudadana y Oxfam premiaron a los tres ganadores del “Festival de Cortometrajes Minuto de Despertar”,  concebido para difundir entre la ciudadanía ideas y valores de progreso social e institucional en República Dominicana.

El primer premio fue otorgado a Mónica Aimé Sepúlveda, por su obra “Hoy x mañana”; Jean Carlos Contés ganó el segundo lugar, con la pieza “¿Dios, Patria y Libertad?; mientras que Raúl Antonio Sandoval y el corto “La Prueba” se llevaron el tercer premio.

El jurado del Festival Minuto de Despertar evaluó 28 producciones cinematográficas presentadas por estudiantes de las principales universidades del país y por artistas independientes.

La actividad se llevó a cabo en el Hotel Hilton de Santo Domingo, en el marco de la Campaña Tiempo de Despertar, desarrollada por Participación Ciudadana como parte del proyecto “Participación de la Sociedad Civil en la reforma y la gestión de la Administración Pública”, que financia la  Unión Europea.

El festival fue concebido y dirigido por el cineasta Etzel Báez, quien resaltó el poder del séptimo arte para despertar emociones y transmitir grandes ideas. Las palabras de bienvenida del acto fueron pronunciadas por Sonia Díaz, coordinadora general de PC, la cual reconoció y agradeció el “apoyo voluntario del Jurado del concurso, por su tiempo, dedicación y compromiso mostrado de Omar Narpier, quien presidió y de los miembros Javier Cabreja, Huchy Lora, Fausto Rosario, José Enrique Trinidad, Pericles Mejía, Virginia Binet Baldera y Pedro Perdomo”.

Los cortometrajes ganadores estarán disponibles para su libre difusión en las redes sociales y en los medios de comunicación interesados en compartir su contenido con toda la sociedad dominicana.

Informe explica hombres tienen mayor presencia en puestos mejor remunerados

A pesar de la puesta en vigencia de convenciones internacionales, de la Constitución y de diferentes normativas que deben garantizar la equidad e igualdad de género, en el Estado dominicano se mantiene una cultura administrativa  que discrimina el trabajo de las mujeres y favorece al de los hombres.

Así lo revela el informe “Equidad de Género en la Aplicación de la Ley de Función Pública (41-08)”, presentado este miércoles por Participación Ciudadana y Oxfam, y con el apoyo de la Unión Europea. El estudio explica que, por ejemplo, en los ministerios de Educación, Administración Pública y Salud,  los hombres tienen mayor participación en los puestos mejor remunerados, mientras las mujeres son mayoría en los niveles subordinados y medios, “ocupando cargos técnicos y de dirección media, donde se realizan jornadas intensas para garantizar la calidad de los servicios”.

Además, en el análisis de las informaciones provenientes de las nóminas públicas se identificó la existencia de puestos y labores adscritas o especializadas por sexo, como las tareas de secretarias y recepcionistas, desempeñadas de manera exclusiva por mujeres. En tanto, los puestos de chofer y seguridad son realizados por hombres;  en los cargos relacionados con tecnología de la información la mayor participación laboral es masculina.

“Los bajos salarios que perciben las mujeres en sus puestos de enfermeras, maestras, médicas y empleadas de oficina en la administración pública, y, por otro parte, la alta tasa de mujeres jefas de hogar como únicas proveedoras del ingreso familiar, las obliga a laborar en dos y hasta tres turnos de trabajo, situación que es causante de estrés y de enfermedad”, señala el estudio preparado por la investigadora Elsa Alcántara Zapata.

En el informe,  elaborado en el marco del proyecto Participación de la Sociedad Civil en la Reforma y la Gestión de la Administración Pública también se destaca que, aunque  la profesión médica se feminiza cada vez más, los puestos de dirección en los hospitales son masculinos. “Similar situación se identificó respecto a la enfermería, con un 97% de participación femenina, y los jefes de enfermería también son hombres”.

El documento identifica el bajo presupuesto asignado por el Estado a los temas críticos de género, y en especial a la prevención de la violencia y las diferentes expresiones de acoso y discriminación dentro de la estructura pública. Los recursos del Ministerio de la Mujer, señala el texto, están entre los más bajos del  conjunto de asignaciones ministeriales, y en algunas partidas dependen de la cooperación internacional.

Con respecto a las licencias por asunto de maternidad, también se presentan situaciones irregulares en ese mismo orden, las cuales comprometen a la titular del puesto público a pagar una persona con su propio salario, a fin de poder cuidar al hijo e hija como mandan los especialistas.

El informe de Equidad de Género en la Aplicación de la Ley Función Pública finaliza presentando una serie de recomendaciones a las autoridades. Entre estas, figura la modificación de la Ley 41-08 y la asignación de mayores recursos al presupuesto del Ministerio de la Mujer.

“A pesar de que el Estado dominicano está obligado a implementar políticas de equidad a través de un proceso de transversalización de género en la función pública, a través de la educación y de la sensibilización;  no se traduce  en el presupuesto general de la nación.  El concepto de equidad de género es desconocido  para los servidores públicos y sólo se concentra en la lucha de las mujeres y de organizaciones de la sociedad civil en demandas para que se integre la perspectiva de género en los procesos sociales y políticos”, señaló la directora ejecutiva de Participación Ciudadana.

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana, designó a  Sonia Díaz Inoa, como su coordinadora general para el periodo 2014-2015, en sustitución de Rafael Toribio Domínguez, quien renunció.  “Motivos inesperados y de fuerza mayor han sido la causa para que el coordinador general renunciante solicitara al Consejo Nacional su sustitución” informó el movimiento cívico apartidista.

La Dra. Díaz Inoa participa como voluntaria en la Comisión de Justicia y es miembro del Consejo Nacional de PC. Se ha desempeñado como  Directora de la Escuela de Derecho en APEC, como Directora General de Postgrado y docente en la UASD. Además pertenece a los Colegios Dominicanos de Abogados y  de Notarios.

La institución cívica informó, que la Dra. Díaz Inoa tiene una amplia experiencia en el ámbito del Estado, habiéndose desempeñado en los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en la Oficina de Administración y Personal (ONAP) y en el Ministerio de Trabajo.  Asimismo trabaja como consultora en las áreas del congreso, migración y género.

En  la actualidad  pertenece al cuerpo de profesores e investigadores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD, tanto en el grado como en el postgrado y en el ejercicio de la profesión de abogada  en su oficina privada.

Consejo Nacional
Marzo 21, 2014

Participación Ciudadana expresó su más firme rechazo a las términos irrespetuosos y ofensivos del Arzobispo de Santo Domingo y Presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez contra del sacerdote Mario Serrano, y exigiendo a la orden religiosa Compañía de Jesús que le ordene “callar y no hablar tonterías”.

 De acuerdo a los informes de prensa, el  prelado se expresó ante una reunión de 800 religiosos y religiosas de diferentes congregaciones católicas, y no advirtió  que alguien estaba grabando el acto.

Participación Ciudadana considera que se deben respetar las posiciones y opiniones de los demás, que el derecho a disentir es un derecho humano.  La mayoría de la ciudadanía difiere de las posiciones del Cardenal López Rodriguez, “el cual también rompe con la nueva doctrina de los pastores de la iglesia católica, los cuales deben de mostrarse cercanos a sus ovejas, sin oropeles, en la línea sencilla y simple como se mostraba  Jesús”, puntualizó la organización de la sociedad civil.

El movimiento cívico reclama del gobierno protección de la vida,   la integridad y la seguridad del sacerdote jesuita, ya que en otras ocasiones ha sido detenido, amenazado de muerte y ahora lo pretenden callar.