Después de dos décadas promoviendo la necesidad de una normativa legal para el fortalecimiento democrático y la transparencia del sistema político, Participación Ciudadana acoge y celebra los avances contenidos en la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos promulgada este lunes por el Poder Ejecutivo, tras la reciente aprobación congresual, aunque lamentamos que algunos de sus contenidos vayan en sentido contrario a las reformas demandadas por la sociedad dominicana y que en otros se quede corta.

Tomada esta ley como un paso adelante, mantendremos la expectativa de que en el futuro próximo sea perfeccionada, en lo que sea posible por la reglamentación de la Junta Central Electoral (JCE) en consulta con el sistema partidista, y sobre todo que se le de fiel cumplimiento y sea seguida en breve plazo por la adaptación de la Ley del Régimen Electoral al marco de la Constitución del 2010 para superar las rémoras del sistema electoral y auspiciar comicios equitativos, de libre competencia y amplia participación democrática.

Los logros más significativos

Los avances más significativos de la Ley de Partidos se concretarán en una reducción del costo de las campañas por las candidaturas y un mayor control de las fuentes de financiamiento, lo que deberá traducirse en un acceso más equitativo de los sectores de menores recursos a los cargos electivos. Esto podría derivarse de la limitación a tres meses de las promociones de candidaturas, y su reclusión al ámbito interno de los partidos, en locales cerrados, sin propaganda en las vías públicas ni en la radio y la televisión.

En la misma dirección apunta que las únicas fuentes de financiamiento establecidas en la ley sean las contribuciones individuales, las del Estado y las rentas derivadas de las actividades propias de los partidos, sin contemplar contribuciones de las empresas, ya sean nacionales o internacionales. Celebramos que se haya adoptado la transparencia sistemáticamente demandada con la obligación de un registro de contribuyentes, con nombres, apellidos, cédula de identidad y monto de los aportes, que deberá publicarse en las páginas electrónicas de los partidos y someterse al visado de la JCE, que tendrá a su cargo la creación de una Unidad de Control Financiero de los Partidos.

Resalta que la ley obliga a los partidos a “instituir mecanismos que garanticen la democracia interna y la igualdad y equidad de género a todos los niveles de sus estructuras organizativas”. Aunque no establece lo mismo para las candidaturas, resulta un avance que la proporción mínima por género se eleva del 33 al 40 por ciento de las mismas.

Otro logro positivo de la ley es la disposición de que todos los partidos, agrupaciones y movimientos deberán tener un padrón de miembros actualizado cada año ante la JCE. También que se adoptan mecanismos para evitar el dañino transfuguismo.

La ley reitera como ilegítima la utilización de todo género de bienes y recursos del Estado por parte de los partidos, más allá del financiamiento legal instituido, e incluye la prohibición de obtener rentabilidad política de los actos oficiales, como inauguraciones, en los periodos de campañas electorales.

Los aspectos que requieren mejoría

El aspecto más negativo de la ley recién promulgada es el contenido en el párrafo III del artículo 45 que otorga el privilegio a los organismos cúpulas de los partidos de decidir el tipo de registro de electores y el padrón a utilizar en la elección de sus candidatos, en desmedro de los estatutos y principios que consagran la democracia interna, dejando un espacio a impugnaciones de aspectos constitucionales.

Sobre el financiamiento de las elecciones primarias, con padrón interno o el de todos los ciudadanos, es obvio que la ley se queda corta, ya que las aportaciones estatales a todos los partidos en el año preelectoral no alcanzarían para cubrir su costo, mucho menos si apenas dos se acogen a métodos de elección que impliquen la apertura de todos los colegios y el complejo escrutinio de los votos individuales a múltiples aspirantes a los 4 mil 106 cargos electivos. Implica una elevación considerable del financiamiento estatal al partidarismo.

Mantenemos serias reservas sobre la carga que se impone a la JCE de organizar de forma simultánea hasta dos tipos de las elecciones primarias y procesar sus resultados en plazo de 5 días, dadas las experiencias de las dos semanas que ha tomado el escrutinio del voto preferencial individual para apenas 190 diputados en las elecciones congresuales y municipales desde el 2002, incluyendo las del 2016 cuando no se concluyó en cientos de colegios electorales.

Ratificamos el rechazo al inequitativo sistema de distribución del financiamiento estatal a los partidos, ratificado en la ley, con una proporción de 80 por ciento para los que obtengan más del 5 por ciento de la votación, sin ninguna escala, lo que es una demostración del ventajismo de los partidos dominantes, en desmedro de la mínima equidad. Habíamos abogado por una reducción por lo menos al 70-30 por ciento y escalamientos para que no haya tanta desproporción entre uno que obtenga 5 por ciento y el que logre 50 por ciento, o entre el de 4 y el 6 por ciento.

El sistema de sanciones establecido en la ley no es suficientemente disuasorio de los delitos y abusos, y en algunos casos resulta irrisorio. Por igual son ridículos los topes a las contribuciones individuales a los partidos y al gasto de los precandidatos. En el primer caso, se instituye que podrían llegar al 1 por ciento del partido que mayor monto reciba del Estado. Si se mide por la experiencia podría alcanzar entre 2 y 4 millones de pesos, muy superior a lo establecido en las democracias de naciones desarrolladas, como Estados Unidos. Autorizar un gasto a los precandidatos presidenciales de 70 pesos por elector, equivaldría a 510 millones de pesos, con el padrón de 7 millones 300 mil electores. Es igualmente alto para otras candidaturas.

Finalmente resulta deplorable que la proporción destinada a educación de los miembros de los partidos se haya reducido en la ley del 25 al 10 por ciento y a cero en los años de elecciones.

CONSEJO NACIONAL
Miércoles 15 de agosto del 2018

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Como sostiene el famoso dicho: Un pueblo unido jamás será vencido. El 12 de agosto fue un día para la historia, un día donde gritamos a vivas voces y demostramos que estamos cansados y cansadas de que acaben con los recursos que podrían ayudarnos a tener un mejor país y una mejor calidad de vida para todos y todas.

En la Marcha del Millón, bajo la consigna “Somos un pueblo unido y de pie”, miles de dominicanos y dominicanas se pronunciaron y aclamaron el cese de la corrupción y la impunidad.

Un evento donde la Marcha Verde volvió a demostrar que gran parte de la ciudadanía está despierta y no quiere que se atente más contra sus derechos ni que utilicen los recursos del estado para beneficio propio, acciones que amenazan el desarrollo de nuestro país y la posibilidad de que todos sus ciudadanos y ciudadanas tengan una vida digna y mayores oportunidades.

El movimiento reafirmó su compromiso de consensuar e impulsar con los más diversos sectores “las reformas estructurales, indispensables para sacar de una vez y para siempre a la delincuencia política y a sus aliados económicos, empresariales y militares de las instituciones y de todos los ámbitos de la vida en común del pueblo”.

Ya no más corrupción e impunidad, “la delincuencia debe estar en la cárcel; no en el Estado”.

Participación Ciudadana respalda Marcha del Millón contra la Corrupción y la Impunidad

Santo Domingo, República Dominicana. El capítulo dominicano de Transparencia Internacional y movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, anunció su respaldo a la Marcha del Millón que será realizada el próximo domingo 12 de agosto y reafirmó su apoyo al Movimiento Marcha Verde.

PC solicita a todos sus miembros, voluntarios/as de todo el territorio nacional, sumarse a las tareas organizativas, logísticas del movimiento social en cada localidad y movilizarse vivamente en contra de la corrupción y la impunidad en la marcha verde del millón.

También exhortaron a la ciudadanía y a las organizaciones sociales de todo el país, a participar enérgicamente y en las calles rechazando la corrupción, la impunidad, con las complicidades de las autoridades y de la justicia frente a la corrupción rampante, que limita el desarrollo económico y social de este pueblo inmerso en la pobreza.

Mediante rueda de prensa, la coordinadora general de la organización, Miriam Díaz Santana, enfatizó en la participación de toda la ciudadanía en este acto, el cual será un reflejo de que República Dominicana está despierta y no permitirá más corrupción, impunidad ni injusticias.

“Solo la movilización firme de toda la ciudadanía podrá acabar con estas acciones en contra de nuestros derechos humanos. Necesitamos construir un mejor país, y para eso todos y todas debemos luchar y no quedarnos callados ni calladas ante estos hechos. Es hora de alzar nuestras voces, que nuestra presencia, que nuestra lucha sea tan fuerte que seamos un ejemplo a seguir para otros países”, sostuvo Díaz Santana.

Agregó que no hay nada más sólido que una sociedad unida a fin de alcanzar un bien común y que cada acción particular suma a lo que se quiere lograr.

La coordinadora general señaló que la corrupción y la impunidad se han convertido en una enfermedad que trasciende al ámbito nacional e internacional, generando un círculo vicioso que para su destrucción debe ser cortado de raíz.

“La corrupción impide que un país se desarrolle, que propicie la igualdad de oportunidades entre sus ciudadanos y ciudadanas, que se adquieran los mejores servicios alimenticios, de salud, de vivienda, de seguridad ciudadana; y cuando esta queda impune, crea desesperanza en las personas que desean una nación más transparente inmersa en una cultura de buenos valores. Por esto, por el futuro de nuestros familiares, nuestros amigos, de todos los ciudadanos y ciudadanas de República Dominicana, debemos ser uno del millón”, explicó Díaz Santana.

La Marcha del Millón fue convocada por el movimiento Marcha Verde para este 12 de agosto a las 9:00 de la mañana, partiendo desde la intersección de la avenida 27 de Febrero con la Ave Tiradentes.

 Martes 07 de agosto de 2018

Destacó la labor periodística de estos profesionales de la comunicación, por ejercerla apegados a la verdad y defendiendo los mejores intereses del pueblo dominicano.

Santo Domingo, República Dominicana. El capítulo dominicano de Transparencia Internacional y movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, envió una carta a los periodistas Edith Febles, Salazar y Ricardo Nieves, como gesto de solidaridad por “su forzada” salida de CDN, canal 37.

En la misiva, la coordinadora general de Participación Ciudadana, Miriam Díaz Santana,  sostuvo que es lamentable que los medios de comunicación reciban presiones del poder político y/o que por motivos económicos originados por el Estado tengan que doblegarse, tratar de limitar o excluir a comunicadores reconocidos y apreciados por la población.

Expresó la preocupación de la organización por los indicadores de autoritarismo, intolerancia y represión que “enturbian” el panorama de la República Dominicana y atentan contra los avances en la libertad de expresión que con “tantos sacrificios” se han conquistado.

“La historia de nuestro país ha estado plagada de dictadores y corruptos que han tratado siempre de que sólo se escuche lo que les conviene, pero eso nunca ha amedrentado a quienes como ustedes han elegido la noble misión de defender los más elevados valores.  ¡Sigan adelante! que nuevos espacios se abrirán y tengan la seguridad de que cuentan con el respeto, el aprecio y el respaldo que con su trabajo se han ganado”, indicó Díaz Santana.

Participación Ciudadana expresa profunda preocupación frente al procedimiento que ha iniciado la Procuraduría General de la República y que ha sido denunciado por diversos sectores como una maniobra tendente a sacar de la magistratura, de manera precipitada y violatoria de las leyes, a varios fiscales reconocidos por su buen desempeño, para sustituirlos por personas allegadas al responsable del ministerio público y a los intereses partidarios del partido de turno.

El artículo 41 de la Ley 133-11 establece que la posición de Procurador Fiscal Titular será elegida por un período de cuatro años y “su mandato podrá ser reconfirmado por un segundo y único período consecutivo previa evaluación de desempeño”. El Procurador, con más de dos años en el puesto no cumplió con esta disposición y ahora, de forma apresurada, llama a un concurso limitado al mismo cargo, incluyendo a fiscales que ya  les queda  menos de dos años para cumplir el tiempo máximo permitido.

Participación Ciudadana siempre ha abogado por el cumplimiento de las leyes y reglamentos, y la selección de funcionarios mediante concursos. Pero aquí hay varias violaciones que no pueden pasarse por alto. La primera es la omisión de las evaluaciones que establece la Ley; la segunda corresponde a la imposición precipitada de un procedimiento que no les corresponde a quienes ocupan los puestos; y la tercera concierne al impedimento de presentarse para puestos de rango superior.

No queremos incurrir en especulaciones sobre las razones que se esconden detrás de estas violaciones a la Ley. Independientemente de las mismas, las autoridades judiciales están obligadas a cumplir y dar ejemplo de transparencia y justicia, dos cualidades que no están presentes en este proceso.

Hacemos un llamado al procurador Jean Alain Rodríguez para que corrija las violaciones y falta de transparencia y equidad en este proceso. Su obligación como funcionario público es fortalecer el sistema de justicia. Lamentablemente, sus actuaciones en el puesto han sido merecedoras de muchos cuestionamientos, especialmente por la inercia y la parcialidad en el combate a la corrupción.

La opinión pública ya ha levantado su voz de alerta en este caso. El Gobierno Dominicano y su Procurador General están en el deber de despejar las sospechas de que se trata de una maniobra más para blindar a funcionarios corruptos y frustrar una vez más las aspiraciones de tener un sistema de justicia imparcial que ponga fin a la desgracia de la impunidad que tanto daño ha hecho a este pueblo.

CONSEJO NACIONAL
Martes 31 de julio del 2018

Envió un comunicado al presidente de esta institución, Rubén Darío Maldonado Díaz, donde señala los lineamientos legales que abalan la petición de crear comisión especial para investigar pagos a Joao Santana.

Acuse de recibo Comunicacion Camara de Diputados

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, remitió esta mañana un comunicado al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Darío Maldonado, donde presenta su descontento por lo transcurrido en la sesión de ese organismo en fecha 11 de julio de 2018, ante la solicitud de la diputada Faride Raful, junto a los diputados Frank Paulino, Robinson Díaz y Agustín Burgos, de que se aprobara la creación de una comisión especial para investigar los pagos a las empresas de Joao Santana y su esposa Mónica Moura.

Se recuerda que durante esta sesión los cuatro legisladores propusieron que se investiguen las contrataciones públicas que hizo el Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección de Comunicación (DICOM) durante el período 2012-2017, a favor de las empresas Cine&Art 2013 y Polis Caribe, propiedad de Santana y Moura.

Raful aseguró que cuando Joao Santana salió del país en febrero 2016, en plena campaña presidencial, a enfrentar la justicia brasileña por recibir pagos en el extranjero que provendrían de sobornos en Petrobras (siendo condenado a prisión), éste renunció a asesorar la campaña del presidente Danilo Medina, momento en que aspiraba a la reelección. No obstante, la diputada sostuvo que las empresas de Santana siguieron recibiendo dinero por parte del Estado.

En ese tenor, Participación Ciudadana indicó que la revelación hecha por los diputados, con pruebas provenientes de la Contraloría General de la República, de contrataciones con ambas compañías por 4 millones 800 mil dólares y 1,109 millones de pesos, para un total de 1,346 millones 841 mil 796 pesos, equivalentes a 30 millones 784 mil dólares, “son razones más que suficientes para justificar con creces la solicitud realizada, la que PC respalda sin reservas”.

El movimiento catalogó como incorrecto el comportamiento del diputado Radhamés Camacho al solicitar sacar el caso del hemiciclo cameral y canalizarlo a través de los tribunales, ignorando que, de acuerdo al artículo 93 de la Constitución, el Congreso Nacional no solo legisla, sino que además tiene funciones de fiscalización y control de finanzas públicas, por lo que tiene facultad de nombrar comisiones especiales de investigación.

“La Constitución es reiterativa al respecto cuando en su artículo 246 dispone que <>”, añade la organización en el comunicado.

Participación Ciudadana sostuvo que los legisladores Raful, Paulino, Díaz y Burgos, no solo cumplían con su obligación como diputados, sino que también desempeñaban su deber ciudadano descrito en el artículo 75 de la Constitución, de velar por el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública.

“No se trata de defender colores partidarios en la Cámara de Diputados sino de anteponer los colores patrios, ante un hecho tan revelador como el que implica pagos millonarios a dos personas vinculadas al caso Odebrecht, sobre todo, una parte de los pagos realizados con posterioridad a su condena en Brasil a cinco años de prisión por 19 cargos de lavado de activos. Todo esto implica que el gobierno dominicano ha estado pagando servicios a personas condenadas por actos de lavado, hecho que por sí mismo es gravísimo y merece no solo ser investigado, sino una explicación detallada por parte de las autoridades comprometidas en tales hechos”, alegó el capítulo dominicano de Transparencia Internacional.

 Martes 17 de julio de 2018

El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, reconoce la importancia de la coordinación interinstitucional para la prevención de la violencia, el crimen y el delito, promoviendo políticas de seguridad ciudadana integrales, coherentes, sistemáticas y permanentes desde el ámbito local.

La organización está de acuerdo con que las Mesas de Seguridad, Ciudadanía y Género se pueden convertir en “espacios de diálogo, cuya misión fundamental es la de propiciar y gestionar la ejecución de las políticas públicas y los programas sobre prevención de violencia y criminalidad, que, a su vez, fomenten la convivencia pacífica entre habitantes de las comunidades definidas en sus planes de trabajo”.

Expresa que urge el cumplimento del Decreto No. 121-13, el cual indica que las Mesas de Seguridad, Ciudadanía y Género en la República Dominicana,  deben existir en cada municipio, juramentada, en funcionamiento, con planes,  desarrollando políticas y acciones de prevención de la violencia y la criminalidad en su ámbito territorial.

Añade que resulta necesario avanzar en la constitución y puesta en funcionamiento de las Mesas de Seguridad, Ciudadanía y Género, de manera que, con la participación activa de la ciudadanía en cada municipio, se definan los problemas vinculados a la seguridad ciudadana y la violencia a fin de promover medidas a partir de la identificación de los responsables de su implementación, para así reducir las dificultades vinculadas a la ausencia de políticas de seguridad a nivel local.

PC exhorta al Ministerio de Interior y Policía a que cumpla el mandato establecido en el artículo No.3 del referido decreto, sobre regular la operatividad las Mesas de Seguridad, Ciudadanía y Género, el cual textualmente dice que: “La coordinación de la Mesa Nacional y de las Mesas Locales de Seguridad, Ciudadanía y Género estará a cargo del Ministerio de Interior y Policía, a fin de garantizar la interacción e intervención, en acciones de prevención y fortalecimiento de seguridad ciudadana de los gobiernos intermedios (gobernadores provinciales), las autoridades locales, las organizaciones de la Sociedad Civil, organismos internacionales, entidades académicas y cualquier otra institución organizada”.

A la fecha, las Mesas de Seguridad, Ciudadanía y Género debieron estar legítimamente constituidas y en funcionamiento en 158 municipios, pero solo existen diez (10) mesas juramentadas, lo que representa apenas el 7% del total de las mesas que deberían estar operando.

El capítulo dominicano de Transparencia Internacional evidencia en un reporte que las mesas municipales establecidas hasta el 28 de mayo del presente año, están ubicadas en Jarabacoa, La Vega, Salcedo, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, Boca Chica y San Cristóbal. Si se incluye la Mesa Nacional que se encuentra establecida en el Distrito Nacional, entonces cerca del 46% de las mesas constituidas se encuentran en la provincia de Santo Domingo.

Participación Ciudadana señala que a pesar de la existencia de diez (10) mesas formalmente instauradas, solo siete (7) mesas están en funcionamiento total y para verificar la actividad de estas, se realizaron varias solicitudes de información pública de datos específicos referentes a la operatividad de las mesas instaladas en las cercanías del denominado Corredor Duarte, concretamente, las mesas locales de Santo Domingo Oeste, La Vega, Santiago y Puerto Plata.

La información solicitada está relacionada a las fechas de juramentación de las mismas, la facilitación de los contactos que dirigen, actas de reuniones correspondientes al último año, y a los diversos planes trimestrales o de diagnóstico realizados de conformidad a lo establecido en el decreto. No obstante,  PC informa que aún esperan respuesta formal de la información requerida. Se han limitado a solicitar prórrogas, cuyos plazos están vencidos, en inobservancia de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública N° 200-04.

Participación Ciudadana, con respecto a las Mesas de Seguridad, Ciudadanía y Género, propone al Ministerio de Interior y Policía lo siguiente:

• Ejercer un rol más activo en la promoción y formación de las Mesas de Seguridad, Ciudadanía y Género, específicamente en su constitución y funcionamiento continuo en los 148 municipios faltantes.
• Reducir la burocracia existente para la formalización de las mesas, ya que el tiempo que transcurre entre la disponibilidad del Ministerio de Interior y Policía o un representante asignado para dirigirse a los municipios a juramentar a los integrantes de las mesas, se generan amplios retrasos en el funcionamiento de las mismas y pérdida de ímpetu por parte de la ciudadanía.
• Para el diagnóstico de los conflictos sociales de las comunidades, recomienda aplicar la Guía para la Prevención de la Violencia desde los Gobiernos Locales, propuesta por la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), la cual, a través de nueve (9) pasos, propone un proceso lógico de actuación que se adapta a las condiciones  y necesidades de cada municipio, promoviendo la colaboración interinstitucional e intersectorial para reducir la violencia y mejorar la convivencia.
• Capacitar a un grupo amplio de personas en materia de la guía anteriormente descrita y en la preparación de planes de diagnósticos de problemas comunitarios y acciones efectivas para la prevención de la violencia y situaciones de problemas a nivel municipal. Estas personas capacitadas serán los guías directos que permitirán aplicar los procedimientos correctos para mejorar las situaciones particulares de cada comunidad.
• Recordar que la función principal de las mesas es de carácter preventivo, lo que implica trabajar para cambiar de una cultura de violencia, a una cultura de paz y oportunidades para todos y todas.
• Desarrollar una estrategia integral de comunicación y fortalecer vínculos gobierno-sociedad.
• Aplicar el concepto de estadística social para evaluar correctamente los resultados de la mesa.

Participación Ciudadana queda en la disposición de aportar e integrarse al trabajo. Solicita e insta a la sociedad civil a ejercer su función de contraloría social y  hacerse eco de este instrumento tan valioso como lo es la Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género, a fin de que sirva de fórmula efectiva para promover los cambios a nivel local que contribuyan al mejoramiento de las situaciones de violencia dentro de nuestras comunidades.

También exhorta a demandar el cumplimiento de las leyes y decretos desde los diversos espacios que tenemos, para así mejorar cada apartado social y comunitario, en búsqueda del bienestar general de nuestra nación.

Miércoles 11 de julio del 2018

Trataron temas relacionados a los procesos electorales del 2020.

Santo Domingo, República Dominicana. Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, visitó la Junta Central Electoral para expresar su apoyo a la resolución emitida por el órgano electoral el pasado 20 de junio mediante la cual se prohíbe la realización de actos de campaña electoral, otorgando un plazo de 5 días para que sea retirada toda la promoción que prolifera en lugares públicos de todo el país.

En dicho encuentro la coordinadora general de PC, Miriam Díaz Santana, expresó que “Estamos a ley de 20 meses, y queremos adelantarnos a analizar, aportar información, tomar las medidas necesarias, y alertar sobre lo que haya que alertar. La sociedad civil ha jugado un papel en las elecciones del país que no se abstiene a sólo observar el día de las elecciones, sino a estar atentos a todo el proceso. Esta es una reunión de intercambio, de darnos apoyo y declarar que estamos todos en el propósito de mejorar las elecciones, de mejorar el país”.

Díaz Santana resaltó que nuestra organización, desde ya está presta a iniciar todo lo relacionado con la observación de las próximas elecciones, que incluye el análisis pre-electoral de toda la campaña para determinar si se utilizan recursos del Estado, lo que pasa después del día de las elecciones, y todo el proceso contencioso que pueda ocurrir.

También reconoció la positiva acogida que han recibido por parte de la JCE y propuso medidas y acciones, así como la disposición de colaboración de Participación Ciudadana para aportar confiabilidad, credibilidad y transparencia al proceso electoral.

PC indicó que apoyará todas las medidas que pueda tomar la Junta Central Electoral en aras de hacer más justo, equitativo y transparente el próximo proceso electoral. Las regulaciones deben llegar a todos los aspectos que se han documentado como dañinos en los anteriores procesos y que están contenidos en los informes emitidos por nuestra entidad.

https://youtu.be/MuF3rzxKrMo

Después de analizar el informe presentado por la comisión de diputados designada para tales fines, Participación Ciudadana reitera, tal como lo establecimos en su oportunidad, que el aumento de los sueldos de los miembros de la Cámara de Cuentas es violatorio a la Ley 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado Dominicano.

Es lamentable que el propio Congreso Nacional se preste a justificar y refrendar la violación de leyes aprobadas por ese mismo organismo, que debería ser el más interesado en hacerlas cumplir. Nos apena, además, que situaciones como esta pasen justamente con la entidad que está llamada a ser la principal vigilante del uso legal y legítimo de los recursos públicos.

Para hacer el aumento salarial, la Cámara de Cuentas se fundamentó en la resolución ADM-009-2012, de fecha 12 de abril del 2012 que aprobó la política salarial de la institución, en atención a lo dispuesto por el artículo 140 de la Constitución. Pero resulta que, después de ser promulgada la Ley 105-13 de Regulación Salarial del Estado Dominicano, no se puede ejecutar ninguna disposición que le sea contraria. En esta Ley, del 2013, el articulo 12 numeral 4,  establece que la escala de remuneración del salario bruto máximo del presidente de la Cámara de Cuentas es de RD$350,000.00. En su articulado, esta misma ley establece carácter obligatorio de la misma a todos los órganos del Estado.

La Ley 105-13 fue posterior a la resolución utilizada por la Cámara de Cuentas, por lo que deroga cualquier disposición anterior, sobre todo, si esta se ejecuta tres años después de la entrada en vigencia de la Ley.  Esta legislación dispone un tope salarial al Presidente de la Cámara de Cuentas que debe ser respetado, independientemente de que haya o no reglamentos. Además, en ninguna parte de la ley se indica que su puesta en vigencia está supeditada a que se dicten los correspondientes reglamentos. La misma ley establece que el Ministerio de Administración Pública está en la obligación, dentro del plazo de seis meses, de dictar y poner en vigencia los correspondientes reglamentos.

En cuanto a los demás miembros de la Cámara de Cuentas, la Ley no establece topes, pero, por regla administrativa, sus salarios deben ser  menores que el del presidente de este organismo. Por esta razón, los miembros de la Cámara de Cuentas no pueden justificar dicho aumento.  Algunos han alegado que esta ley no está en vigencia debido a que no se han dictado los reglamentos para su aplicación. Pero, los reglamentos son útiles para desarrollar o complementar la ley, nunca para modificarla o sustituirla, y el salario del Presidente de la Cámara de Cuentas está claramente establecido en la Ley, no se deja al reglamento.

En el artículo 140 de la Constitución se encuentra el impedimento de que ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración de sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior para el que fueron electos o designados.

CONSEJO NACIONAL
Martes 10 de julio del 2018

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Decenas de organizaciones participaron en la Feria Ciudadana por la Seguridad y la Justicia.

Puerto Plata, República Dominicana. Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, convocó a instituciones públicas, sector empresarial y organizaciones sociales a articular un plan integral para la seguridad ciudadana en la provincia de Puerto Plata. La propuesta fue hecha en el marco de la Feria Ciudadana por la Seguridad y la Justicia que inició este jueves 5 de julio y culmina el viernes 6 de julio.

Durante el acto inaugural del evento, la coordinadora general de la institución, Miriam Díaz Santana, aseguró que sólo a través de la concertación amplia e inclusiva, se puede verdaderamente garantizar un contexto de convivencia pacífica, reduciendo toda forma de violencia y estableciendo mecanismos efectivos de sanciones a la criminalidad.

“La seguridad pública debe ser consecuencia de la construcción e implementación de un plan de seguridad ciudadana para todos y todas, donde confluyan las distintas iniciativas desde la relación Estado-Sociedad, para enfrentar la inseguridad y la delincuencia, cada una con sus avances, roles y énfasis”, sostuvo.

En este proceso, señaló que, es necesaria la integración de actores de la Policía Nacional, ayuntamientos, Ministerio Público, sector empresarial, ministerios de la Mujer, Educación y Salud, organizaciones sociales, entre otros, para definir prioridades y acciones integrales tendientes a brindar una mayor seguridad a la población. “La ciudadanía espera que el Estado pueda garantizar el derecho a vivir en paz, a transitar con tranquilidad en sus barrios y a la protección adecuada de las personas y sus familias”, explicó.

La coordinadora general de Participación Ciudadana, expresó preocupación con respecto a la alta tasa de victimización en Puerto Plata. Según el informe “Situación de seguridad ciudadana de los municipios generales” del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la República Dominicana, de enero 2015 a junio 2016, se registraron 132 casos de personas heridas por armas de fuego; es decir, unas 16.5 personas por mes. De estos, el 72% ocurrió en el municipio cabecera de Puerto Plata.

Mientras que el total de homicidios registrados entre enero 2011 y junio 2016 fue de 292, lo que sugiere que se dieron más de cuatro homicidios por mes. No obstante, la incidencia de homicidios se redujo en 2017 a 2.4 por mes para un total de 29 homicidios en todo el año. De estos, 82,76% fue en contextos de convivencia, 10.34% a causa de la delincuencia y 6.9% a manos de organismos de seguridad del Estado.

La Feria Ciudadana por la Seguridad y la Justicia busca contribuir a la concepción de la seguridad pública como derecho de las personas, tal y como lo sostiene  la Organización de Naciones Unidas. El encuentro “no sólo visibiliza la necesidad de enfrentar de manera coordinada las realidades y fenómenos asociados a la delincuencia, sino que además plantea la seguridad como un derecho social que debe ser garantizado por el Estado”, indicó Díaz Santana.

La coordinadora general enfatizó en la importancia de políticas públicas específicas a nivel local, adicionales a los ejes estratégicos de carácter nacional, que respondan a las condiciones específicas de cada municipio y, sobre todo, que sean el resultado del diálogo y el trabajo colectivo que puedan generar nuevas y mejores formas de cooperación.

Feria Ciudadana por la Seguridad y la Justicia

Con un acto inaugural, en el que participaron el gobernador provincial Iván Rivera, el alcalde Walter Musa Meyreles, el senador José Ignacio Paliza, el procurador fiscal Osvaldo Bonilla, entre otros representantes de distintas instituciones públicas, nacionales y municipales, organizaciones de la sociedad civil y sector empresarial, este jueves en el Parque Independencia de Puerto Plata, se dio inicio a la Feria Ciudadana por la Seguridad y la Justicia.

El evento contó con las palabras inaugurales de la coordinadora general de Participación Ciudadana y del señor Ramses Gauthier, director interino de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y continuó con la disertación del coronel Lic. Pedro L. Matos Pérez, director de la Regional Norte de la Policía Nacional, sobre el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes 2017-2020.

De 9:00 de la mañana a las 5:30 de la tarde del viernes 06 de julio, la Feria tuvo lugar en el Parque Libertad, donde las entidades participantes expusieron en los distintos stands las acciones que desarrollan para fortalecer la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica en las comunidades. Se impartieron, además, trece conferencias y talleres abiertos al público sobre derechos humanos, identidad de género, prevención de violencia, manejo de conflictos, prevención del delito de trata de personas, prevención y persecución del delito electrónico, entre otros temas.

La Feria Ciudadana es una iniciativa promovida por la Red Ciudadana por la Seguridad y la Justicia, un espacio de articulación impulsado por Participación Ciudadana a través del programa Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

También, como coordinadores de este evento, se encuentran el Ayuntamiento de Puerto Plata, la Base Aérea de Puerto Plata, la Casa Museo Gregorio Luperón, el Centro de Promoción y Solidaridad Humana (CEPROSH), el Comando Naval Norte, el Comité Pro-puerto la Marina de Guerra, el Cuerpo de Bomberos, Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), Defensa Civil, Federación Juntas de Vecinos de Puerto Plata, Gobernación Provincial, Hotel Blue JackTar,  Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Turismo, Oficina Técnica Municipal de CONANI, Organización de Derechos Humanos Escalando Montañas, Policía Nacional, Procuraduría General de la República, y Teleférico de Puerto Plata.

Jueves 5 de julio, 2018
Puerto Plata