Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, expresa su preocupación ante la crisis persistente del sector eléctrico nacional. Desde agosto a la fecha, el país ha sufrido apagones de hasta 12 horas diarias, convirtiendo este verano en un infierno para las familias y la economía popular, generando daños cuantiosos y protestas generalizadas.

A pesar de inversiones superiores a RD$2,000 millones en subestaciones y las promesas oficiales de resolver el problema antes de finales de 2025, la realidad refleja un deterioro estructural persistente. De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Energía y Minas, entre enero y agosto de 2025, el Gobierno dominicano destinó más de RD$62,000 millones al subsidio eléctrico, cifra que representa alrededor del 60% de los subsidios estatales ejecutados en este período. Esta proporción supera las inversiones en sectores estratégicos como salud y programas sociales.

A pesar de este esfuerzo fiscal masivo, las pérdidas de energía se incrementaron de 36.9% en 2024 a 37.6% en 2025. Esto significa que por cada RD$100 invertidos, cerca de RD$38 se pierden debido a fraudes, conexiones ilegales y deficiencias técnicas.

Una crisis estructural que ningún gobierno ha resuelto

El sector eléctrico enfrenta una crisis estructural que trasciende lo técnico y lo financiero. A septiembre de 2024, el Ministerio de Energía y Minas reportó más de 800,000 conexiones ilegales al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), equivalentes al 25% de los clientes formales. Aunque al mes de agosto de 2025 esta cifra descendió a 650,000, el número sigue siendo alarmante y representa una de las principales fuentes de pérdidas del sistema.

Estremece a la opinión pública el conocimiento en detalle de como se han instalado mafias de funcionarios públicos, familiares de políticos y empresas creadas para tales fines, quienes han sustraído miles de millones de pesos y dólares y han sometido a este país al sufrimiento constante de largos apagones y a la economía dominicana a cuantiosas pérdidas por este concepto.

La persistencia cíclica de la crisis eléctrica se debe, además, a la inmensidad de los fraudes en el consumo, tanto de una parte de la población como también de sectores poderosos; la incapacidad de facturar lo servido y fallas graves en los sistemas de control interno, la gobernanza y la transparencia de las empresas distribuidoras (EDES).

El impacto de estas irregularidades se refleja con crudeza en las cifras oficiales: entre enero y mayo de 2025, las EDES registraron pérdidas del 41.7% del suministro eléctrico. En ese sentido, advertimos que el reciente Decreto 517-25, que declara en emergencia aspectos clave del sector eléctrico, debe aplicarse con estrictos controles institucionales. La experiencia nacional demuestra que los estados de excepción y las compras de urgencia, si no son acompañados de transparencia y fiscalización independiente, han sido históricamente terreno fértil para el despilfarro y la corrupción. En consecuencia, exhortamos al Gobierno y a los organismos de control a garantizar que esta disposición no se convierta en un nuevo canal de privilegios indebidos y sobrevaluaciones en perjuicio de la ciudadanía.

Participación Ciudadana demanda al Gobierno adoptar medidas urgentes, entre las que se destacan:

1. Transparentar a las EDES: Publicar mensualmente informes de ejecución, indicadores operativos y estados financieros.
2. Despolitizar el sector eléctrico: Por la magnitud de sus operaciones y la poca transparencia con que se ha manejado, este sector ha sido refugio y campo libre para la corrupción, el sobre empleo de activistas políticos y el tráfico de influencias.
3. Auditorías independientes: Realizar revisiones externas a contratos de compra de energía, gestión de pérdidas, inversiones en EDES y fraudes detectados, como el caso de EDEESTE.
4. Revisión de subsidios: Redefinir la política de subsidios, priorizando esquemas focalizados como Bono Luz mediante el SIUBEN, de forma que los recursos lleguen a los hogares vulnerables y no a déficits operativos insostenibles.
5. Plan de reducción de pérdidas: Establecer metas anuales con monitoreo multisectorial, garantizando que las inversiones en generación y distribución tengan resultados verificables.
6. Lucha contra el fraude: Intensificar campañas de regularización, incorporar tecnología de medición avanzada, aplicar sanciones efectivas y llevar a la justicia a los responsables de fraude eléctrico.

Participación Ciudadana reafirma su compromiso con la vigilancia cívica, la defensa del uso ético de los recursos públicos y la promoción de políticas que fortalezcan la transparencia y la equidad.

CONSEJO NACIONAL

10 de septiembre del 2025

Participación Ciudadana socializó ante la Comisión Permanente de Junta Central Electoral (JCE) de la Cámara de Diputados, el estudio “Diagnóstico del sistema electoral y de partidos de la República Dominicana: propuestas para la reforma de las leyes No. 33-18 y 20-23”, una investigación que identifica las principales debilidades estructurales del sistema político electoral dominicano y plantea un conjunto de reformas orientadas a fortalecer la democracia representativa.

La sesión fue encabezada por el congresista Elías Wessin Chávez, presidente de la Comisión, y contó con la participación de una delegación técnica de Participación Ciudadana, que presentó los hallazgos del estudio y explicó en detalle las propuestas legislativas que buscan transformar de fondo la cultura electoral y partidista del país.

Entre los aspectos destacados se encuentran:
• La necesidad de prohibir el gasto clientelar en campañas y sancionar el uso de fondos públicos para la compra de votos.
• La creación de una Circunscripción Nacional de Compensación, que garantice mayor proporcionalidad y reduzca la distorsión en la representación legislativa.
• La fusión de circunscripciones subprovinciales para mejorar la equidad en el acceso a curules.
• La modificación del método de cálculo y distribución del financiamiento público a los partidos, para vincularlo al desempeño electoral real.
• El establecimiento de un semillero electoral que apoye a fuerzas emergentes con respaldo significativo.
Durante el encuentro se enfatizó que el marco normativo vigente ha sido objeto de 21 reformas en los últimos 45 años, lo que refleja una tendencia al “hiperactivismo legislativo”, muchas veces desconectado de diagnósticos rigurosos y evidencia técnica.
Esta presentación forma parte del esfuerzo continuo de Participación Ciudadana por incidir en los procesos de reforma política de manera técnica, propositiva y en diálogo con las instituciones del Estado, en el marco de la ejecución del proyecto de “Observación electoral y participación política de mujeres y jóvenes”.

Participación Ciudadana valora positivamente el fallo emitido hoy por las juezas magistradas Claribel Nivar Arias, Jueza Presidente, Yissell Bda. Soto Peña, Jueza Sustituta de Presidente y Clara Sobeyda Castillo Castillo, Jueza Miembro, el cual declara culpables a Alexis Medina Sánchez y otros siete implicados de los cargos de estafa contra el Estado, soborno, asociación de malhechores, uso de documentos falsos, entre otros delitos. La sentencia no deja lugar a dudas de que, al menos ocho de los acusados, incurrieron en graves actos de corrupción y que estas actividades criminales hicieron un daño profundo a la sociedad dominicana. La culpabilidad de los 8 condenados, según establece la sentencia, se fundamenta en pruebas que destruyen su presunción de inocencia.

Las condenas oscilan entre los 7 y 3 años de cárcel, multas multimillonarias, incautación de una gran cantidad de bienes producto de la corrupción, multas y cierre definitivo de empresas que fueron utilizadas por el entramado criminal para estafar al Estado. Participación Ciudadana aspira a penas superiores y a la condena de algunos que fueron absueltos, dada la cuantía del daño infligido a la sociedad por personas que se prevalieron de su parentesco y posiciones en el Estado para amasar grandes fortunas sustraídas al erario.

Sin embargo, el solo hecho de declarar culpables a 8 de los principales implicados, es una sanción moral y social sin precedentes y un importante avance en la lucha contra la corrupción y la impunidad.  Es, además, un mensaje claro para todo el país y para todos los gobiernos, de que nadie debe considerarse por encima de las leyes, sin importar que sean familiares, amigos o compañeros de quienes ostentan el poder, porque ya existen en el país fiscales comprometidos y jueces dispuestos a poner fin a esa perniciosa cultura.

Las motivaciones de las juezas reconocen la existencia de corrupción a gran escala, con afirmaciones como: "OISOE es tierra de nadie, no tiene dolientes. Se ha realizado un daño profundo a la sociedad. Es penoso el deterioro institucional. La sociedad debe estar de pie ante este flagelo de la corrupción. Lo que se encontró en Salud Pública y en OISOE era un caos. La corrupción quedó evidenciada".

En el ámbito de la justicia, existen elementos que deben ser fortalecidos, como la proporcionalidad de las penas en relación con la gravedad de los delitos, la excesiva extensión de los expedientes y los procesos judiciales; la sustentación de las pruebas. Sin embargo, el país nunca se había enfrentado a entramados de corrupción tan complejos, tanto el Ministerio Público como los tribunales han tenido que aprender  aceleradamente, hacer camino al andar y trabajar jornadas extenuantes para respetar el debido proceso y al mismo tiempo responder lo mejor posible a las expectativas de una sociedad ansiosa de justicia.

Sentencias de madrugada: un obstáculo al derecho a saber

Resulta preocupante que la lectura del fallo se realizara en horas de la madrugada, lo que dificulta que la ciudadanía pueda informarse de manera directa sobre estos procesos. Participación Ciudadana reitera que el Poder Judicial debe garantizar la transmisión íntegra de estas audiencias a través de su canal de YouTube, sin interrupciones publicitarias, para fortalecer la transparencia y el derecho ciudadano a estar informado.

Consejo Nacional

13 de agosto de 2025

"Es una pena la sentencia y la pena", expresó Leidy Blanco, coordinadora general de Participación Ciudadana, al referirse a los 7 años de prisión impuestos a Alexis Medina por el caso Antipulpo. Aunque reconoció que se trata de un avance importante —al ser la primera vez que un hermano de un expresidente es condenado por corrupción— advirtió que el tiempo real de cárcel podría reducirse a cinco años o menos, debido a beneficios y cómputos por prisión preventiva y arresto domiciliario.

Blanco subrayó que el decomiso de bienes es un paso clave, pero que la verdadera batalla es la recuperación de lo robado, un desafío que el Estado debe enfrentar con mayor capacidad y coordinación. Lamentó que abogados designados para esa labor fueran excluidos del proceso, lo que dificulta el camino.

Para la dirigente, este fallo marca “el inicio del fin de la impunidad”, pero también evidencia que la lucha contra la corrupción no puede conformarse con avances parciales. Señaló que el Ministerio Público debe apelar no solo para aumentar la pena, sino también para enviar un mensaje contundente de que los actos de corrupción tendrán consecuencias ejemplarizadoras.

Asimismo, advirtió que procesos judiciales tan largos buscan el desgaste y el hartazgo ciudadano, lo que puede debilitar la demanda social de justicia. “Es un buen negocio ir al Estado si al final robas miles de millones y cumples pocos años”, cuestionó, llamando a fortalecer la justicia y garantizar la igualdad ante la ley.

Leidy Blanco manifestó estas ideas al participar como invitada en el matutino Despierta CDN, de CDN 37.

Participación Ciudadana expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Antonio Isa Conde, miembro fundador y primer Coordinador General de la organización.

Durante su trayectoria, Isa Conde desempeñó un papel clave en la construcción de los cimientos de Participación Ciudadana, dejando una huella indeleble en la lucha por la democracia, la transparencia y la participación ciudadana en la República Dominicana.

Su liderazgo visionario y compromiso ético inspiraron a múltiples generaciones. Desde la defensa de los valores democráticos hasta la lucha contra la corrupción y la impunidad, su trabajo contribuyó de manera significativa al fortalecimiento institucional del país.

“Damos gracias a la vida por los años compartidos y por sus esfuerzos tenaces en pro del fortalecimiento de nuestra organización, así como por sus aportes a la democracia dominicana. Aunque muchas de sus aspiraciones para el país siguen pendientes de realización, su legado permanece y seguiremos comprometidos a que las nuevas generaciones trabajen por un país mejor”, expresó Leidy Blanco García, Coordinadora General de Participación Ciudadana, en nombre del Consejo Nacional.

La organización hace llegar sus condolencias a sus hijos, familiares y amigos, reconociendo con gratitud y respeto la invaluable contribución de Antonio Isa Conde a la sociedad dominicana.

Vea la carta enviada a los familiares de Isa Conde aquí.

El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana (PC) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) firmaron un acuerdo de colaboración para desarrollar iniciativas académicas conjuntas orientadas al fortalecimiento de capacidades en temas de gobernanza e integridad financiera climática.

El convenio fue suscrito por la Coordinadora General de Participación Ciudadana, Leidy Blanco, y el rector de la UASD, Editrudis Beltrán, durante un acto realizado en la sede principal de la universidad estatal. El acuerdo establece el desarrollo de un diplomado titulado “Gobernanza y financiamiento climático”, que forma parte del proyecto “Gobernanza e Integridad Financiera Climática” impulsado por Participación Ciudadana.

Con una duración de 64 horas (32 presenciales y 32 virtuales), el diplomado contará con el aval académico de la UASD y estará dirigido a actores clave del ecosistema cívico, institucional y académico que trabajan por una gestión pública más transparente y sostenible frente a los desafíos climáticos.

La alianza refleja el compromiso de ambas instituciones con la educación continua, la participación ciudadana informada y la lucha contra la corrupción en todos los niveles de la administración pública, especialmente en la gestión de fondos destinados a la acción climática.

Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, anunció la apertura del proceso de postulaciones al Reconocimiento a la Integridad y la Lucha contra la Corrupción 2025, una distinción que se entrega cada año con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, establecido por la Organización de las Naciones Unidas.

Este reconocimiento busca resaltar la labor de personas que han dedicado su vida a promover la transparencia en la gestión pública, la correcta administración de los recursos del Estado y la lucha contra la corrupción y la impunidad. A través de esta iniciativa, Participación Ciudadana también procura fomentar modelos positivos de conducta, resaltar virtudes ciudadanas y educar mediante el ejemplo.

Las candidaturas pueden ser presentadas por comisiones de trabajo, comités municipales o la Comisión de Ética de Participación Ciudadana, así como por organizaciones de la sociedad civil o comunitarias. Serán consideradas personas dominicanas o extranjeras residentes en el país que hayan demostrado un compromiso firme con la integridad y las causas justas, ya sea desde el servicio público, la vida comunitaria o el activismo social.

El plazo para recibir postulaciones vence el lunes 10 de septiembre de 2025. Las propuestas deben incluir la hoja de vida del candidato o candidata, una carta que exponga sus méritos y logros en la lucha contra la corrupción, y una carta de presentación firmada por la entidad proponente.

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana designará una comisión especial para evaluar las candidaturas recibidas. Esta comisión elaborará un informe con sus recomendaciones, a partir del cual el Consejo tomará la decisión final. El reconocimiento será entregado en un acto público en diciembre de este año, y consistirá en un galardón simbólico sin asignación económica.

Las propuestas deben ser enviadas a la sede de Participación Ciudadana, ubicada en la calle Wenceslao Álvarez No. 8, Zona Universitaria, Santo Domingo, o al correo electrónico [email protected]. Para más información, está disponible el teléfono 809-685-6200, extensiones 221 y 223

Bases del premio

La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) ha comunicado que estará observando el rol del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en el iniciado proceso para la próxima evaluación y selección de jueces y de juezas de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Se recuerda que Pilar Jiménez Ortiz fue designada como jueza de la SCJ en julio de 2017, junto con los jueces Manuel Alexis Read Ortiz, Moisés Ferrer Ladrón y Blas Rafael Fernández Gómez, y según la Constitución, al término de 7 años de su designación, están sujetos a la evaluación de su desempeño por el CNM. En el caso de Blas Rafael Fernández Gómez, este ha expresado su intención de retiro. Asimismo, con la designación de Napoleón Estevez Lavandier como presidente del Tribunal Constitucional en diciembre de 2023, quedó una vacante en la SCJ.

En el caso del TSE, sus jueces y juezas se designan por un período de 4 años. En julio de 2021, fueron designados su presidente Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, junto con Pedro Pablo Yermenos Forasteri, Fernando Fernández Cruz y Rosa Pérez de García. En el caso de Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez, ocupa la posición desde julio de 2023, a raíz del fallecimiento de Juan A. Biaggi Lama, al haber sido designada en 2021 como su suplente. Al CNM corresponderá también disponer quién presidirá esta Alta Corte.

Asimismo, ROI informa que estará observando posibles cambios en el reglamento que establece los criterios y procedimientos para evaluar el desempeño de jueces y juezas de la SCJ.
ROI reitera su compromiso con el fortalecimiento del sistema democrático y el respeto al Estado de derecho, por lo que desplegará una labor de observación de la transparencia, la publicidad del proceso, la equidad, el cumplimiento del debido proceso y que se respeten criterios claros de idoneidad, integridad y competencia profesional para las y los aspirantes.

Se recuerda que ROI es una red que reúne instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, como son el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Participación Ciudadana (PC), la Fundación Friedrich Ebert (FES), Foro Ciudadano y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), dada a conocer en octubre de 2023.

El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana manifiesta su profunda preocupación ante la aprobación en primera lectura por parte del Senado de la República de un proyecto de reforma al Código Penal que contiene múltiples disposiciones que consideramos graves retrocesos en materia de derechos humanos, lucha contra la corrupción, igualdad y acceso a la justicia.

Si bien reconocemos la urgente necesidad de dotar al país de un nuevo Código Penal que permita enfrentar de manera adecuada los delitos complejos que hoy afectan a nuestra sociedad, tales como el crimen organizado, los delitos tecnológicos, medioambientales y nuevas formas de corrupción, advertimos que en el mismo han sido incluidos aspectos sumamente peligrosos para la democracia y el Estado de derecho.

Preocupaciones principales del proyecto aprobado:

1. Exención de responsabilidad penal a instituciones públicas y privadas, como el Estado, los ayuntamientos, juntas municipales, iglesias y partidos políticos, lo cual constituye una violación al principio constitucional de igualdad ante la ley, creando privilegios, propiciando la impunidad y la falta de rendición de cuentas.

2. Penalización del aborto sin incluir las tres causales: Se establece pena de prisión de 1 a 2 años para las mujeres que interrumpan un embarazo, sin excepción alguna, ignorando una conquista de nivel mundial en los casos en que la vida de la madre esté en peligro, sea producto de violación, incesto o se compruebe inviabilidad fetal. Solo se contempla una eximente limitada para los médicos, sin reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos en situaciones extremas.

3. Retrocesos en el combate a la corrupción, pues se ignora la solicitud de establecer la imprescriptibilidad de los delitos contra el patrimonio público, por tratarse de casos de lesa humanidad que ofenden y agravian a la sociedad en su conjunto y son responsables de la carencia de recursos públicos destinados a la salud y otras necesidades prioritarias.

4. Persistencia de la jurisdicción militar: Se mantiene la competencia de los tribunales militares para conocer infracciones penales de policías y militares, a pesar de la sentencias TC/0350/19 del Tribunal Constitucional que dispuso:  “que los tribunales militares y policiales solo tienen la potestad de adoptar las medidas preliminares y conocer de las infracciones que se deriven de un ilícito administrativo disciplinario, estándole vedado emitir aquellas medidas y actuaciones que son propias de los procesos penales, las cuales solo pueden ser dispuestas por los órganos que conforman el Poder Judicial, en el contexto de procesos donde se esté ventilando el conocimiento de una falta penal que constituya una infracción al régimen penal militar o policial.”

5. Espionaje: El texto aprobado es ambiguo y se podría prestar para restringir el ejercicio del periodismo, la libertad de prensa, el acceso a la información el derecho a la privacidad y la lucha por los derechos humanos.

6. Retrocesos en la protección frente a la discriminación:

• Se excluye la orientación sexual como una categoría protegida contra la discriminación, lo cual atenta contra el principio de igualdad consagrado en la Constitución.
  • Se permite la discriminación bajo conceptos ambiguos como “libertad de conciencia y de culto” o “buenas costumbres”, que históricamente han sido utilizados para justificar actos de exclusión.
  • La persecución penal de la discriminación se condiciona a que haya una denuncia previa, dificultando el acceso a la justicia para personas vulnerables.

7. Libertad de expresión en riesgo: Se mantienen penas privativas de libertad por difamación (de uno a dos años) e injuria (hasta un año), contrariando la tendencia regional e internacional a despenalizar estas figuras y tratar estos conflictos en la jurisdicción civil. El uso del derecho penal para silenciar voces críticas afecta gravemente la libertad de expresión y de prensa.

Llamado al Congreso Nacional

Ante este panorama, Participación Ciudadana hace un llamado al Congreso Nacional, en particular a la Cámara de Diputados, para que se actúe con responsabilidad democrática y abra un espacio real de diálogo que produzca un Código Penal que fortalezca la democracia, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción, alineado con los principios constitucionales y los estándares internacionales.

Finalmente exhortamos al presidente Abinader a ser coherente con sus promesas de campaña y en caso de que sea aprobado el Código Penal con todas estas fallas, utilice su derecho constitucional a observarlo y solicitar al Congreso las modificaciones que señalamos.

Consejo Nacional

Santo Domingo, República Dominicana
17 de julio de 2025