El Código Penal debe entrar en vigor cuando concluya el vacatio legis
Participación Ciudadana está consciente de las debilidades con que fue aprobado el Código Penal, que entra en vigencia en agosto de este año, pero entiende que no es buen precedente extender el plazo para su entrada en vigencia o vacatio legis, por lo que el mismo debería entrar en vigor cuando concluya dicho plazo.
La solución a las debilidades del Código Penal deberá producirse en cualquier momento y mientras más temprano mejor, incluso antes de su entrada en vigor, sea por obra del propio Congreso, que debería corregir sus errores con prontitud, como de la mano de decisiones del Tribunal Constitucional, que ya está apoderado de algunas de estas correcciones, como, por ejemplo, la inclusión de las tres causales como eximentes de responsabilidad penal en la interrupción del embarazo para proteger la salud y dignidad de las mujeres.
Lo mismo ocurre con la difamación e injuria, así como con el ultraje, que deben ser despenalizados para seguir la tendencial mundial, protegiendo de esa manera la libertad de expresión y difusión del pensamiento y el ejercicio del periodismo.
El Código Penal incorpora alrededor de 70 nuevos tipos penales en áreas tan sensibles como la violencia de género e intrafamiliar, como el feminicidio; cibercrímenes y delitos tecnológicos; delitos financieros y de corrupción; crímenes graves como los de lesa humanidad, genocidio, sicariato, auto secuestro, obstrucción de la justicia, entre otros.
En materia de corrupción, se sanciona la corrupción pública y se establece que la concurrencia de varias conductas que configuren varios tipos penales implicaría la imposición de todas las penas correspondientes a cada una de las infracciones. Igualmente se sanciona el tráfico de influencia, los conflictos de intereses, la alteración de precios, el acuerdo ilícito entre comerciantes, la obtención de beneficios por concesión dolosa de ventajas a terceros, la sobrevaluación ilegal, la distracción de recursos cometida por tercero con concurso de funcionario público, pago irregular por contratos administrativos, y se dispone que las infracciones contra el patrimonio público prescriben en un plazo de 20 años.
La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo ha estado trabajando en un anteproyecto de ley para corregir las deficiencias del nuevo Código Penal, por lo que esperamos conocer su contenido y se someta sin dilación al Congreso, que debería ser el más interesado en corregir sus propios errores.
Consejo Nacional
6 de julio 2026
