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Sentencia a Alexis Medina: avance, pero con deudas pendientes

"Es una pena la sentencia y la pena", expresó Leidy Blanco, coordinadora general de Participación Ciudadana, al referirse a los 7 años de prisión impuestos a Alexis Medina por el caso Antipulpo. Aunque reconoció que se trata de un avance importante —al ser la primera vez que un hermano de un expresidente es condenado por corrupción— advirtió que el tiempo real de cárcel podría reducirse a cinco años o menos, debido a beneficios y cómputos por prisión preventiva y arresto domiciliario.

Blanco subrayó que el decomiso de bienes es un paso clave, pero que la verdadera batalla es la recuperación de lo robado, un desafío que el Estado debe enfrentar con mayor capacidad y coordinación. Lamentó que abogados designados para esa labor fueran excluidos del proceso, lo que dificulta el camino.

Para la dirigente, este fallo marca “el inicio del fin de la impunidad”, pero también evidencia que la lucha contra la corrupción no puede conformarse con avances parciales. Señaló que el Ministerio Público debe apelar no solo para aumentar la pena, sino también para enviar un mensaje contundente de que los actos de corrupción tendrán consecuencias ejemplarizadoras.

Asimismo, advirtió que procesos judiciales tan largos buscan el desgaste y el hartazgo ciudadano, lo que puede debilitar la demanda social de justicia. “Es un buen negocio ir al Estado si al final robas miles de millones y cumples pocos años”, cuestionó, llamando a fortalecer la justicia y garantizar la igualdad ante la ley.

Leidy Blanco manifestó estas ideas al participar como invitada en el matutino Despierta CDN, de CDN 37.

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Participación Ciudadana lamenta el fallecimiento de Antonio Isa Conde, miembro fundador y primer Coordinador General

Participación Ciudadana expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Antonio Isa Conde, miembro fundador y primer Coordinador General de la organización.

Durante su trayectoria, Isa Conde desempeñó un papel clave en la construcción de los cimientos de Participación Ciudadana, dejando una huella indeleble en la lucha por la democracia, la transparencia y la participación ciudadana en la República Dominicana.

Su liderazgo visionario y compromiso ético inspiraron a múltiples generaciones. Desde la defensa de los valores democráticos hasta la lucha contra la corrupción y la impunidad, su trabajo contribuyó de manera significativa al fortalecimiento institucional del país.

“Damos gracias a la vida por los años compartidos y por sus esfuerzos tenaces en pro del fortalecimiento de nuestra organización, así como por sus aportes a la democracia dominicana. Aunque muchas de sus aspiraciones para el país siguen pendientes de realización, su legado permanece y seguiremos comprometidos a que las nuevas generaciones trabajen por un país mejor”, expresó Leidy Blanco García, Coordinadora General de Participación Ciudadana, en nombre del Consejo Nacional.

La organización hace llegar sus condolencias a sus hijos, familiares y amigos, reconociendo con gratitud y respeto la invaluable contribución de Antonio Isa Conde a la sociedad dominicana.

Vea la carta enviada a los familiares de Isa Conde aquí.

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Participación Ciudadana y la UASD firman convenio para impulsar la formación en gobernanza e integridad climática

El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana (PC) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) firmaron un acuerdo de colaboración para desarrollar iniciativas académicas conjuntas orientadas al fortalecimiento de capacidades en temas de gobernanza e integridad financiera climática.

El convenio fue suscrito por la Coordinadora General de Participación Ciudadana, Leidy Blanco, y el rector de la UASD, Editrudis Beltrán, durante un acto realizado en la sede principal de la universidad estatal. El acuerdo establece el desarrollo de un diplomado titulado “Gobernanza y financiamiento climático”, que forma parte del proyecto “Gobernanza e Integridad Financiera Climática” impulsado por Participación Ciudadana.

Con una duración de 64 horas (32 presenciales y 32 virtuales), el diplomado contará con el aval académico de la UASD y estará dirigido a actores clave del ecosistema cívico, institucional y académico que trabajan por una gestión pública más transparente y sostenible frente a los desafíos climáticos.

La alianza refleja el compromiso de ambas instituciones con la educación continua, la participación ciudadana informada y la lucha contra la corrupción en todos los niveles de la administración pública, especialmente en la gestión de fondos destinados a la acción climática.

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Participación Ciudadana abre convocatoria al Reconocimiento a la Integridad y la Lucha contra la Corrupción 2025

Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, anunció la apertura del proceso de postulaciones al Reconocimiento a la Integridad y la Lucha contra la Corrupción 2025, una distinción que se entrega cada año con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, establecido por la Organización de las Naciones Unidas.

Este reconocimiento busca resaltar la labor de personas que han dedicado su vida a promover la transparencia en la gestión pública, la correcta administración de los recursos del Estado y la lucha contra la corrupción y la impunidad. A través de esta iniciativa, Participación Ciudadana también procura fomentar modelos positivos de conducta, resaltar virtudes ciudadanas y educar mediante el ejemplo.

Las candidaturas pueden ser presentadas por comisiones de trabajo, comités municipales o la Comisión de Ética de Participación Ciudadana, así como por organizaciones de la sociedad civil o comunitarias. Serán consideradas personas dominicanas o extranjeras residentes en el país que hayan demostrado un compromiso firme con la integridad y las causas justas, ya sea desde el servicio público, la vida comunitaria o el activismo social.

El plazo para recibir postulaciones vence el lunes 10 de septiembre de 2025. Las propuestas deben incluir la hoja de vida del candidato o candidata, una carta que exponga sus méritos y logros en la lucha contra la corrupción, y una carta de presentación firmada por la entidad proponente.

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana designará una comisión especial para evaluar las candidaturas recibidas. Esta comisión elaborará un informe con sus recomendaciones, a partir del cual el Consejo tomará la decisión final. El reconocimiento será entregado en un acto público en diciembre de este año, y consistirá en un galardón simbólico sin asignación económica.

Las propuestas deben ser enviadas a la sede de Participación Ciudadana, ubicada en la calle Wenceslao Álvarez No. 8, Zona Universitaria, Santo Domingo, o al correo electrónico [email protected]. Para más información, está disponible el teléfono 809-685-6200, extensiones 221 y 223

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ROI dará seguimiento activo a la evaluación y selección de jueces y juezas para la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral

La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) ha comunicado que estará observando el rol del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en el iniciado proceso para la próxima evaluación y selección de jueces y de juezas de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Tribunal Superior Electoral (TSE).


Se recuerda que Pilar Jiménez Ortiz fue designada como jueza de la SCJ en julio de 2017, junto con los jueces Manuel Alexis Read Ortiz, Moisés Ferrer Ladrón y Blas Rafael Fernández Gómez, y según la Constitución, al término de 7 años de su designación, están sujetos a la evaluación de su desempeño por el CNM. En el caso de Blas Rafael Fernández Gómez, este ha expresado su intención de retiro. Asimismo, con la designación de Napoleón Estevez Lavandier como presidente del Tribunal Constitucional en diciembre de 2023, quedó una vacante en la SCJ.


En el caso del TSE, sus jueces y juezas se designan por un período de 4 años. En julio de 2021, fueron designados su presidente Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, junto con Pedro Pablo Yermenos Forasteri, Fernando Fernández Cruz y Rosa Pérez de García. En el caso de Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez, ocupa la posición desde julio de 2023, a raíz del fallecimiento de Juan A. Biaggi Lama, al haber sido designada en 2021 como su suplente. Al CNM corresponderá también disponer quién presidirá esta Alta Corte.


Asimismo, ROI informa que estará observando posibles cambios en el reglamento que establece los criterios y procedimientos para evaluar el desempeño de jueces y juezas de la SCJ.
ROI reitera su compromiso con el fortalecimiento del sistema democrático y el respeto al Estado de derecho, por lo que desplegará una labor de observación de la transparencia, la publicidad del proceso, la equidad, el cumplimiento del debido proceso y que se respeten criterios claros de idoneidad, integridad y competencia profesional para las y los aspirantes.


Se recuerda que ROI es una red que reúne instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, como son el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Participación Ciudadana (PC), la Fundación Friedrich Ebert (FES), Foro Ciudadano y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), dada a conocer en octubre de 2023.

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La IACC 2026 convoca a encender el poder de la integridad en Punta Cana

La 22.ª Conferencia Internacional contra la Corrupción (IACC) se celebrará del 1 al 4 de diciembre de 2026 en Punta Cana, bajo el lema “Encendiendo el poder de la integridad”.

El comité organizador anunció que el evento reunirá a líderes de gobierno, sociedad civil, sector privado, medios de comunicación y juventudes de todo el mundo para enfrentar la corrupción, fortalecer la democracia y promover un modelo de gobernanza centrado en el bien común.

En un contexto global marcado por el avance del autoritarismo, la violencia y el debilitamiento institucional, la IACC 2026 buscará articular soluciones y alianzas que defiendan los derechos humanos, protejan el medio ambiente y garanticen sistemas justos e íntegros.

La conferencia es organizada por Transparency International y contará con la participación de más de 2,000 delegados de más de 140 países.

“Encendiendo el poder de la integridad”

La erosión de los valores democráticos y el menoscabo de las libertades continúan, y lo hacen de manera deliberada, fracturando sociedades, propagando el miedo, la violencia y conflictos armados a una escala no vista desde el siglo pasado. El desprecio hacia las leyes y las instituciones se está convirtiendo en la norma. En el centro de este asalto se encuentran la codicia insaciable y la corrupción, impulsando una guerra contra la integridad, la seguridad humana y la sostenibilidad global.

La expansión de regímenes autoritarios y su ansia de poder concentrado alimentan un aumento sin precedentes de violaciones de derechos humanos, conflictos armados, crímenes contra la humanidad y destrucción ambiental —todos marcados por una creciente violencia contra mujeres, minorías, periodistas de investigación, migrantes y defensores del medio ambiente. Autócratas, traficantes, redes de crimen organizado, facilitadores y cleptócratas no se detendrán ante nada para asegurar su impunidad.

Al concluir la 21. ª Conferencia Internacional contra la Corrupción en Vilna, Lituania, en 2024, más de 2 000 participantes de más de 140 países y de todos los ámbitos coincidimos: la urgencia de nuestra misión nunca ha sido mayor, ni tampoco nuestra determinación.

La esperanza perdura —y crece— por doquier. Surgen movimientos por la integridad, la justicia y la regeneración. Desde defensores del clima hasta denunciantes, líderes indígenas hasta periodistas de investigación, jóvenes agentes de cambio hasta líderes empresariales, servidores públicos hasta tomadores de decisiones globales: personas íntegras se están uniendo para reclamar una buena gobernanza, reconstruir la confianza y luchar por sistemas e instituciones que sirvan al conjunto, no solo a unos pocos.

En medio de los peligros que enfrenta la humanidad, nuestra unidad, propósito y determinación para regenerar y proteger el tejido —y la brújula moral— de nuestras sociedades nunca han sido tan esenciales. Juntos podemos reequilibrar el poder, para que nuestro futuro compartido no esté distorsionado por los intereses de los corruptos, sino impulsado por el bien común.

Bajo el tema Encendiendo el poder de la integridad, la 22. ª IACC —que se celebrará en Punta Cana, Santo Domingo, del 1 al 4 de diciembre de 2026— convoca a todas las personas íntegras de cada región del mundo, de los sectores público y privado, la sociedad civil, los medios, el ámbito académico y las nuevas generaciones, a unirse para defender nuestra visión compartida de un mundo libre de corrupción.

Juntos, podemos forjar alianzas más sólidas, definir estrategias audaces e innovadoras y desatar el poder de la integridad como fuerza guía en la política, la justicia, los negocios y las finanzas —desde lo global hasta lo local—, por el mundo que queremos.

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Los legisladores no han escuchado las demandas sociales en propuesta de modificación al Código Penal

El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana manifiesta su profunda preocupación ante la aprobación en primera lectura por parte del Senado de la República de un proyecto de reforma al Código Penal que contiene múltiples disposiciones que consideramos graves retrocesos en materia de derechos humanos, lucha contra la corrupción, igualdad y acceso a la justicia.

Si bien reconocemos la urgente necesidad de dotar al país de un nuevo Código Penal que permita enfrentar de manera adecuada los delitos complejos que hoy afectan a nuestra sociedad, tales como el crimen organizado, los delitos tecnológicos, medioambientales y nuevas formas de corrupción, advertimos que en el mismo han sido incluidos aspectos sumamente peligrosos para la democracia y el Estado de derecho.

Preocupaciones principales del proyecto aprobado:

  1. Exención de responsabilidad penal a instituciones públicas y privadas, como el Estado, los ayuntamientos, juntas municipales, iglesias y partidos políticos, lo cual constituye una violación al principio constitucional de igualdad ante la ley, creando privilegios, propiciando la impunidad y la falta de rendición de cuentas.
  1. Penalización del aborto sin incluir las tres causales: Se establece pena de prisión de 1 a 2 años para las mujeres que interrumpan un embarazo, sin excepción alguna, ignorando una conquista de nivel mundial en los casos en que la vida de la madre esté en peligro, sea producto de violación, incesto o se compruebe inviabilidad fetal. Solo se contempla una eximente limitada para los médicos, sin reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos en situaciones extremas.
  1. Retrocesos en el combate a la corrupción, pues se ignora la solicitud de establecer la imprescriptibilidad de los delitos contra el patrimonio público, por tratarse de casos de lesa humanidad que ofenden y agravian a la sociedad en su conjunto y son responsables de la carencia de recursos públicos destinados a la salud y otras necesidades prioritarias.
  1. Persistencia de la jurisdicción militar: Se mantiene la competencia de los tribunales militares para conocer infracciones penales de policías y militares, a pesar de la sentencias TC/0350/19 del Tribunal Constitucional que dispuso:  “que los tribunales militares y policiales solo tienen la potestad de adoptar las medidas preliminares y conocer de las infracciones que se deriven de un ilícito administrativo disciplinario, estándole vedado emitir aquellas medidas y actuaciones que son propias de los procesos penales, las cuales solo pueden ser dispuestas por los órganos que conforman el Poder Judicial, en el contexto de procesos donde se esté ventilando el conocimiento de una falta penal que constituya una infracción al régimen penal militar o policial.”
  1. Espionaje: El texto aprobado es ambiguo y se podría prestar para restringir el ejercicio del periodismo, la libertad de prensa, el acceso a la información el derecho a la privacidad y la lucha por los derechos humanos.
  1. Retrocesos en la protección frente a la discriminación:
  • Se excluye la orientación sexual como una categoría protegida contra la discriminación, lo cual atenta contra el principio de igualdad consagrado en la Constitución.
    • Se permite la discriminación bajo conceptos ambiguos como “libertad de conciencia y de culto” o “buenas costumbres”, que históricamente han sido utilizados para justificar actos de exclusión.
    • La persecución penal de la discriminación se condiciona a que haya una denuncia previa, dificultando el acceso a la justicia para personas vulnerables.
  1. Libertad de expresión en riesgo: Se mantienen penas privativas de libertad por difamación (de uno a dos años) e injuria (hasta un año), contrariando la tendencia regional e internacional a despenalizar estas figuras y tratar estos conflictos en la jurisdicción civil. El uso del derecho penal para silenciar voces críticas afecta gravemente la libertad de expresión y de prensa.

Llamado al Congreso Nacional

Ante este panorama, Participación Ciudadana hace un llamado al Congreso Nacional, en particular a la Cámara de Diputados, para que se actúe con responsabilidad democrática y abra un espacio real de diálogo que produzca un Código Penal que fortalezca la democracia, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción, alineado con los principios constitucionales y los estándares internacionales.

Finalmente exhortamos al presidente Abinader a ser coherente con sus promesas de campaña y en caso de que sea aprobado el Código Penal con todas estas fallas, utilice su derecho constitucional a observarlo y solicitar al Congreso las modificaciones que señalamos.

Consejo Nacional

Santo Domingo, República Dominicana
17 de julio de 2025

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Inicia Diplomado en Gobernanza Climática y Transparencia del Financiamiento Climático

Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista, dio apertura este domingo al Diplomado en Gobernanza Climática y Transparencia del Financiamiento Climático, un programa de formación diseñado para fortalecer las capacidades de líderes comunitarios, jóvenes, profesionales y miembros de organizaciones de la sociedad civil en la promoción de la justicia climática y la integridad en el uso de los recursos destinados a enfrentar la crisis ambiental.

El acto inaugural contó con la presencia de Leidy Blanco, coordinadora general de Participación Ciudadana, y Maribel Lorenzo, vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas, quienes ofrecieron palabras de motivación y reafirmaron el compromiso de sus instituciones con el fortalecimiento de capacidades para incidir en políticas públicas más justas, inclusivas y libres de corrupción.

Durante su intervención, Blanco destacó que “este diplomado es parte de nuestro Programa de Gobernanza Climática e Integridad Financiera, que busca promover una ciudadanía vigilante y empoderada, capaz de velar por la correcta gestión de los recursos destinados a la acción climática”.

Con una duración de 10 semanas y seis módulos, el diplomado abordará temas como gobernanza climática global y nacional, marco jurídico sobre el clima en República Dominicana, financiamiento climático y riesgos de corrupción, justicia climática con enfoque de género e inclusión social, comunicación estratégica para la incidencia, y herramientas de veeduría ciudadana y monitoreo del financiamiento climático.

Esta iniciativa combina sesiones virtuales y presenciales, permitiendo a las y los participantes desarrollar conocimientos y habilidades prácticas para contribuir desde sus comunidades e instituciones a una gobernanza climática efectiva y transparente.

El programa forma parte de los esfuerzos de Participación Ciudadana para fomentar un liderazgo social activo frente a los desafíos climáticos y para fortalecer los sistemas de rendición de cuentas en la gestión pública, contribuyendo así a un desarrollo sostenible con equidad y justicia para todas las personas.

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Gasto en publicidad del gobierno aumentó más de 500% en el 2024

Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, al analizar el gasto en publicidad del gobierno dominicano durante el primer cuatrimestre de 2024, encontró que el mismo alcanzó cifras históricas, al sextuplicar su monto respecto al año anterior, pasando de RD$491 millones en el primer cuatrimestre de 2023 a RD$3,121 millones en el mismo período de 2024. En el 2025, aunque se reduce a RD$2,445 millones, sigue siendo muy superior al valor registrado en el 2023.

Entre las instituciones que registraron los mayores aumentos relativos y absolutos en gasto publicitario se encuentran la Cámara de Diputados, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, Supérate y el INDOTEL. No se conocen los criterios de contratación, la distribución por medios ni los objetivos de las campañas. No hay trazabilidad pública de los beneficiarios de contratos multimillonarios, lo que viola los principios básicos de rendición de cuentas consagrados en la Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones. Esta opacidad impide saber si el dinero público está siendo bien utilizado o si alimenta estructuras clientelares con fines electorales encubiertos.

Respondiendo a un reclamo nacional, el presidente Abinader emitió el Decreto 1-24, en enero de 2024, el cual establece que la publicidad oficial debe responder a objetivos institucionales legítimos, como informar a los ciudadanos sobre sus derechos y deberes, los servicios públicos disponibles y la rendición de cuentas. La normativa prohíbe expresamente el uso de la publicidad oficial con fines propagandísticos, políticos o electorales y que se utilice como subsidio encubierto a comunicadores, medios o influenciadores. Asimismo, el Manual de Procedimientos de Excepción de la Dirección General de Contrataciones Públicas, exige numerosas condiciones, entre ellas una justificación de la selección del medio. La falta de cumplimiento de estas disposiciones vulnera el marco legal vigente y afecta la credibilidad del uso de los recursos públicos.

Participación Ciudadana solicita a la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM) la siguiente información:

  • Transparencia absoluta: publicación inmediata de todos los contratos de publicidad oficial correspondientes a los primeros cuatrimestres de 2023, 2024 y 2025.
  • Detalle completo de los montos contratados y los medios beneficiados, objetivos institucionales y criterios técnicos de selección.
  • Justificación de cada contratación conforme a lo establecido en el Decreto 1-24 y el Manual de Procedimientos de Excepción.

La tradicional explosión del gasto publicitario del gobierno en los años electorales genera una alerta de la ciudadanía por sus efectos negativos a la democracia, por lo que Participación Ciudadana propone las siguientes acciones:

  1. Auditoría urgente e independiente del gasto en publicidad estatal durante los primeros cuatrimestres de 2023, 2024 y 2025.
  2. Aplicación estricta del Decreto 1-24 y del Manual de Procedimientos de Contratación Pública, incluyendo sanciones por su incumplimiento.
  3. Establecimiento de un sistema de monitoreo ciudadano permanente que garantice el uso ético de estos recursos.
  4. Regulaciones vinculantes que limiten estrictamente el gasto publicitario en años electorales.

Santo Domingo, 1 de julio del 2025

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Participación Ciudadana presenta diagnóstico y propuestas para la reforma del sistema electoral y de partidos en República Dominicana

Participación Ciudadana presentó el estudio titulado “Diagnóstico del sistema electoral y de partidos de la República Dominicana: propuestas para la reforma de las Leyes No. 33-18 de Partidos y No. 20-23 del Régimen Electoral”, una investigación que analiza críticamente las debilidades estructurales del sistema político-electoral y propone reformas sustanciales orientadas a fortalecer la democracia.

El informe, elaborado por el politólogo y sociólogo Gustavo Alejandro Oliva Álvarez, combina el análisis técnico con la consulta a actores clave e insumos de opinión pública. Doctor en Ciencia Política y Máster en Gobierno y Políticas Públicas, Oliva cuenta con más de 15 años de experiencia en investigación aplicada sobre políticas públicas, comportamiento electoral y estrategias de gobernanza democrática. Ha trabajado como consultor para organismos internacionales, embajadas y entidades del Estado dominicano.

El diagnóstico identifica problemas persistentes como la sobrerrepresentación de mayorías, el debilitamiento de la democracia interna en los partidos, la opacidad del financiamiento político, la inequidad en el acceso a medios y la falta de aplicación efectiva de sanciones electorales. También destaca el bajo nivel de confianza ciudadana en los partidos y la necesidad de profesionalizar su funcionamiento.

Frente a estos desafíos, el estudio propone reformas que incluyen:


• Rediseñar el método de asignación de escaños para asegurar una representación más equitativa.
• Fortalecer los mecanismos de fiscalización del financiamiento político.
• Exigir mayor transparencia en las encuestas y campañas.
• Garantizar la observación electoral en todas las etapas del proceso.
• Democratizar y modernizar el funcionamiento interno de los partidos políticos.
Esta investigación forma parte del proyecto “Observación Electoral y Participación Política de las Mujeres y los Jóvenes”, que desarrolla Participación Ciudadana y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), con el objetivo de contribuir al fortalecimiento institucional y a la calidad democrática del país.

El estudio financiado por la Unión Europea está disponible para consulta y descarga aquí: https://pciudadana.org/wp-content/uploads/2025/06/Diagnostico-del-sistema-electoral-y-de-partidos-de-la-Republica-Dominicana_propuesta-para-reformar-la-ley-de-partidos-y-del-regimen-electoral.pdf

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