Ante el intento de iniciar la campaña electoral a destiempo
domingo 24 de mayo, 2026
Desde Participación Ciudadana hemos identificado actividades que se orientan a abrir la campaña electoral a destiempo, a pesar de disposiciones legales que lo prohíben y de que se distraería la atención de funcionarios públicos en momentos en que deben enfrentar la amenaza de una crisis económica por el aumento de los precios del petróleo.
La norma es clara en el sentido de que la precampaña para las elecciones generales de 2028 comenzará el primer domingo de julio de 2027 y concluye con las escogencias de las candidaturas, mientras que la campaña electoral inicia con la proclama de la Junta Central Electoral, a más tardar 70 días antes de las elecciones.
Por lo tanto, cualquier acto proselitista a favor de aspirantes a las candidaturas está prohibido hasta el 25 de julio de 2027, por lo que recordamos el comunicado de advertencia publicado por la Junta Central Electoral (JCE) tan temprano como el 20 de febrero de 2025, ante amenazas, como ahora, de inicio de la precampaña a destiempo.
En ese comunicado, la JCE advirtió que “cualquier actividad proselitista, realizada antes de los plazos establecidos, está prohibido” y señaló que “esto incluye consultas previas o cualquier otra modalidad con el propósito de escoger o definir precandidaturas o candidaturas, así como anuncios públicos de aspiraciones a precandidaturas o candidaturas en cualquiera de los niveles de elección.”
Debe recordarse que el artículo 78, ordinal 8 de la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, dispone que “Los aspirantes que inicien su campaña antes del tiempo oficial de campaña o precampaña serán sancionados con la inadmisibilidad de la candidatura. La Junta Central Electoral será responsable de hacer cumplir esta disposición.”
La JCE acaba de colocar en consulta pública un reglamento que prohíbe la publicación de encuestas electorales antes del inicio de la precampaña, para evitar que las mismas sean utilizadas como parte de la campaña electoral a destiempo, lo que se inscribe en la misma dirección de evitar las campañas anticipadas que usualmente rompen la equidad electoral.
Participación Ciudadana comenzará a organizarse para documentar actividades que puedan calificarse como precampaña o campañas a destiempo, con la finalidad de informarlo a las autoridades y a la opinión pública, con la única intención de disuadir cualquier violación a la ley.
Un memorando de entendimiento que merece revisarse
jueves 21 de mayo, 2026
República Dominicana acaba de firmar un memorando de entendimiento (MOU por sus siglas en inglés), con Estados Unidos, para permitirle el “ingreso temporal y excepcional” de un número limitado de nacionales extranjeros, deportados de Estados Unidos y en tránsito hacia sus países de origen, firma que ha levantado serios cuestionamientos sobre los problemas y riesgos que podría generar para nuestro país.
Tratándose de un tema tan delicado, como lo es el migratorio, lo primero que debió ocurrir fue poner a disposición de la ciudadanía el texto completo del MOU, para evitar especulaciones innecesarias. Todavía es una deuda pendiente dicha publicación, que reclamamos por este medio.
La experiencia de otros países que han firmado acuerdos similares, como Panamá, Costa Rica, Guatemala y El Salvador, no ha sido buena y debe obligarnos a reflexionar sobre la suerte del MOU en nuestro país.
Muchas preguntas se han quedado sin respuesta. Una muy importante es que esos ciudadanos extranjeros que serían recibidos en nuestro país no han incurrido en violación a nuestras leyes, incluyendo las migratorias, pues ingresarían con el consentimiento de nuestras autoridades, por lo que, si son objeto de cualquier tipo de restricción a sus derechos de libre tránsito, podrían reclamar su completa libertad a través de un recurso de hábeas corpus, lo que complicaría enormemente la solución de casos de esta naturaleza.
¿Qué ocurriría si algunas de las personas deportadas hablan un idioma que nos impide garantizarles el derecho a un intérprete judicial? ¿Dónde serán retenidas estas personas? ¿Cómo podríamos conocer los antecedentes de estas personas para determinar su grado de peligrosidad? ¿Qué ocurriría si algunas no pueden regresar a su país de origen porque tienen impedimento de entrada o porque sus vidas corren peligro?
La figura del MOU entra dentro de la calificación de los precontratos, es decir un documento que se utiliza para avanzar hacia la firma de un contrato y por eso no es vinculante, porque no genera los derechos y obligaciones que se pactan en el contrato que se persigue firmar. Pero ocurre que esa naturaleza no vinculante se perdería desde que el primer grupo de deportados ingrese a la República Dominicana, pues ya se generarían derechos y obligaciones que nuestro país no podría evadir, tal cual fuera un acuerdo final.
Este MOU se firma en momentos en que nuestro país ha renovado el uso de nuestras bases aéreas por Estados Unidos, sin que sepamos a cabalidad todas las finalidades perseguidas con dicho uso, y también la declaración de nuestro gobierno de que la Guardia Revolucionaria Islámica es una organización terrorista, aumentado el riesgo de que pudiera existir represalias contra nuestro país por una guerra que no iniciamos.
Participación Ciudadana entiende que todavía tenemos la oportunidad de dejar sin efecto el MOU y trabajar con los Estados Unidos en los temas migratorios que nos incumben.
Ante la fractura del Poder Judicial, Participación Ciudadana llama al diálogo y la rendición de cuentas
martes 19 de mayo, 2026
Participación Ciudadana observa con profunda preocupación la división que se ha producido a lo interno del Poder Judicial, con reclamos de mejoría de las condiciones en que opera al Poder Judicial e incluso denuncias de manejo de recursos inadecuado, para lo cual han llamado a un paro de labores este jueves 21 de mayo.
Las reivindicaciones reclamadas son justas y merecen una respuesta acorde con las posibilidades reales del Poder Judicial, lo que implicaría muy probablemente redefinir prioridades y diseñar un plan que permita alcanzar tales reivindicaciones en el tiempo, lo cual requerirá de diálogo entre el Consejo del Poder Judicial y las asociaciones de jueces del país, sin exclusión de ningún tipo y de la manera más abierta posible.
Debemos defender el derecho que tienen los jueces de reclamar mejoras en las condiciones de trabajo de jueces y servidores judiciales, incluyendo mejoría salarial, pero hacemos un llamado a canalizar dichas reclamaciones con altura y con la conciencia de que la división del Poder Judicial solo beneficiará a aquellos que siempre lo han querido tener sometido a intereses ajenos al servicio de la administración de justicia.
Con respecto a las denuncias de manejo inadecuado de los recursos del Poder Judicial, por la gravedad que implica, debería primero haber una rendición de cuentas del Consejo del Poder Judicial y su presidente, pero además una auditoría conducida por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
Lamentamos que esta situación de crisis esté ocurriendo en momentos en que el Consejo Nacional de la Magistratura deberá reunirse para evaluar a 11 jueces de la Suprema Corte de Justicia, incluyendo a su presidente, y esperamos que esa coincidencia no afecte los trabajos que deberá realizar dicho Consejo.
ROI urge convocatoria de evaluación de jueces de la SCJ y advierte sobre lecciones del proceso 2025
martes 28 de abril, 2026
La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) llamó al Presidente de la República, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a convocar de manera inmediata el proceso de evaluación de los jueces y juezas de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), cuyo período constitucional de siete años se cumplió el pasado 4 de abril.
La organización recordó que once magistrados y magistradas se encuentran pendientes de evaluación, etapa indispensable para determinar su permanencia o eventual sustitución en el cargo. ROI advirtió que la ausencia de convocatoria formal genera incertidumbre institucional y afecta la confianza pública en el sistema de justicia.
ROI enfatizó que la evaluación de desempeño es un mandato constitucional y una garantía de independencia judicial, señalando que, aunque no existe un plazo específico para la convocatoria, la Constitución establece que esta debe realizarse al término de los siete años desde la designación.
En ese contexto, la organización advirtió que el país llega a este nuevo proceso con importantes lecciones derivadas de la evaluación realizada en 2025, marcada por cuestionamientos sobre falta de transparencia, ausencia de motivación suficiente en las decisiones y uso de criterios no previstos en la normativa.
Asimismo, alertó sobre el riesgo de que algunos jueces y juezas opten por no someterse a evaluación, como reacción a experiencias previas —como las ocurridas a las magistradas Miriam Germán Brito y Pilar Jiménez— percibidas como injustas, discriminatorias y lesivas a la independencia judicial, lo que, a su juicio, compromete la legitimidad del sistema.
“Cuando quienes deben ser evaluados desconfían del proceso, lo que está en riesgo es la legitimidad de la justicia”, indicó la organización.
ROI reiteró que la evaluación judicial debe regirse por criterios objetivos, previamente establecidos y aplicados de manera transparente, con pleno respeto al debido proceso, la independencia judicial y la igualdad de género.
Finalmente, ROI recordó que, mientras no se realicen las evaluaciones de desempeño, no es posible convocar un proceso de selección de nuevos jueces y juezas, dado que actualmente no existen vacantes en la Suprema Corte de Justicia.
ROI está compuesto por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Participación Ciudadana (PC), la Fundación Friedrich Ebert (FES), Foro Ciudadano y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF).
Pancho Álvarez: “Queremos que se conozca el fondo de cada caso de gran corrupción”
viernes 17 de abril, 2026
El coordinador general de Participación Ciudadana, Francisco “Pancho” Álvarez, afirmó que el objetivo del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa es que los tribunales conozcan el fondo de los expedientes vinculados a presunta gran corrupción y determinen la culpabilidad o inocencia de los imputados a partir de las pruebas presentadas.
Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, el abogado explicó que la organización no busca sustituir el rol de los jueces, sino dar seguimiento a los procesos judiciales para que estos avancen y puedan concluir con una decisión en los tribunales.
Álvarez también advirtió que existe preocupación por la posibilidad de que algunos procesos se prolonguen mediante incidentes o aplazamientos hasta alcanzar el plazo máximo de duración establecido por la ley, lo que podría provocar la extinción de la acción penal sin que se llegue a conocer el fondo de los casos. De ocurrir esto, los expedientes serían archivados de forma definitiva sin que se evalúen las pruebas ni se escuche a los testigos, lo que impediría esclarecer el uso de fondos públicos en procesos de alto interés nacional.
El dirigente cívico recordó que el seguimiento a estos casos forma parte de un esfuerzo sostenido de la organización por más de tres décadas. Participación Ciudadana ha analizado durante años el comportamiento del sistema de justicia frente a los expedientes de corrupción y, en ese contexto, creó el Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, que ya ha publicado ocho informes sobre distintos procesos judiciales.
En el caso específico del proceso contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y compartes, Álvarez señaló que la audiencia preliminar requirió 94 aplazamientos durante aproximadamente dos años antes de decidir si el expediente debía pasar a juicio de fondo. Posteriormente, el proceso ha continuado acumulando audiencias sin que aún se inicie el conocimiento del fondo del caso, lo que —según indicó— evidencia las dificultades que enfrentan estos expedientes para avanzar en los tribunales.
Álvarez subrayó que Participación Ciudadana no emite juicios sobre la culpabilidad o inocencia de los imputados, ya que esa es una decisión que corresponde exclusivamente a los jueces. Sin embargo, insistió en que es fundamental que los casos lleguen a sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, para evitar que permanezcan dudas en la opinión pública.
“Si el caso se archiva porque se extinguió la acción penal, nunca se valorarán las pruebas ni se sabrá qué ocurrió con los hechos investigados”, advirtió.
El abogado también indicó que el Código Procesal Penal dominicano contiene mecanismos que permitirían que los procesos se desarrollen con mayor eficiencia. Entre ellos mencionó los plazos establecidos para fijar audiencias y resolver incidentes, disposiciones que —según explicó— buscan evitar retrasos prolongados en el conocimiento de los casos.
Las declaraciones de Álvarez se producen tras la publicación del octavo informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, en el que Participación Ciudadana analiza el avance de varios expedientes de presunta gran corrupción que se encuentran en los tribunales dominicanos.
PROCLAMA 2026: PARTICIPACION CIUDADANA CLAMA POR EL FIN DE LA IMPUNIDAD
martes 31 de marzo, 2026
Por segundo año consecutivo, la Asamblea General de Participación Ciudadana expresa su profunda preocupación y alerta a la sociedad dominicana por la lentitud con que marchan los casos de corrupción que cursan desde hace varios años en el sistema judicial.
El 2025 transcurrió con escasos avances en los tribunales, donde solo un caso ha recibido sentencia de fondo, mientras los demás siguen estancados en constantes incidentes y reenvíos. La realidad es que los tribunales dominicanos siguen atrapados en su tradicional imposibilidad de enfrentar las estrategias dilatorias y evasivas de los grandes acusados de corrupción administrativa, convirtiéndose esta situación en el principal obstáculo para que el país avance en una lucha contra un mal que tanto daño ha causado.
Nuevos casos de escandalosa corrupción han llegado a los tribunales, como el de SENASA y el del INTRANT, lo cual indica que todavía la sociedad dominicana no puede bajar la guardia, ya que siguen fallando los controles y algunos funcionarios públicos confían en que sus acciones podrán quedar impunes.
El pasado 7 de enero, el presidente del Poder Judicial, Luis Henry Molina, afirmó que la justicia dominicana pasó, en los últimos seis años, de un sistema marcado por la mora crónica, la baja confianza ciudadana y la opacidad institucional, a uno con reducción sustancial de retrasos.
En Participación Ciudadana hemos reconocido algunos avances, especialmente en la parte administrativa, pero lamentamos que esto no se haya manifestado en la agilización y eficacia de los grandes casos de corrupción.
Resulta evidente que la estrategia de muchos imputados ha sido exitosa en dilatar el conocimiento de los juicios preliminares y de fondo, con innumerables incidentes que tienen la clara finalidad de invocar la extinción de la acción penal, por la llegada del plazo de duración máxima de los procesos. Cientos de reenvíos amparados en las más diversas y a veces baladíes razones, han burlado los esfuerzos de fiscales y jueces por avanzar.
Para ilustrar la situación basta con citar los principales expedientes que cursan actualmente:
El caso contra Alexis Medina Sánchez y compartes, iniciado en diciembre del 2020, es el primero y único en recibir sentencia, en agosto del 2025, encontrándose ahora en proceso de apelación.
El caso Adán Cáceres y compartes iniciado en diciembre del 2021, más de 4 años después, en este momento se encuentra en su etapa final ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, con la presentación de alegatos finales de la defensa.
El expediente contra Jean Alain Rodríguez y compartes, inició en julio del 2021. La etapa preliminar requirió 95 audiencias en tres años hasta julio del 2024. Un año y ocho meses después, con 22 audiencias frustradas, todavía no ha podido iniciar el juicio de fondo.
El caso contra Donald Guerrero y compartes inició en abril del 2023. A casi 3 años todavía no ha pasado a juicio de fondo.
El caso contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) Hugo Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y otros implicados, iniciado en octubre del 2024, acaba de ser solicitado el inicio del juicio de instrucción.
El caso SENASA, uno de los más grandes, complejos y escandalosos que se han procesado en el país, se encuentra todavía en investigación por el Ministerio Público.
Estos 6 casos, que involucran decenas de miles de millones de pesos sustraídos al Estado, son un ejemplo vivo de la incapacidad del sistema de justicia para conocer y decidir el fondo de los expedientes de forma ágil y firme.
El Tribunal Constitucional, por sentencia TC/0303/20, decidió que el plazo de duración máxima de un proceso penal establecido en el Código Procesal Penal no es un plazo matemático y que puede ser extendido en determinadas condiciones. Un cambio de criterio para favorecer la impunidad sólo generaría frustración en la sociedad dominicana y perjudicaría al poder judicial, pues son los jueces los encargados de controlar los tiempos en los procesos judiciales.
Sin importar quién sea responsable, la extinción de la acción penal por la llegada del plazo de duración máxima de los procesos, en cualquier caso, es un grave signo de descomposición y retroceso del sistema de justicia.
Confiamos en que la sociedad dominicana no permitirá que esto suceda. El país no puede volver atrás, la tolerancia y encubrimiento de la corrupción deben quedar en el pasado. Nuestros jóvenes merecen crecer y vivir en un país honesto.
Basta ya de someter a todo un pueblo a la pobreza, por la vía del enriquecimiento de funcionarios públicos y sus aliados privados.
Jamás podremos presumir de avances y de confianza en la justicia sin el combate y el castigo de la corrupción.
La 32 ava Asamblea General Ordinaria de PC espera que todos los procesos pendientes deben ser conocidos en este año 2026.
Participación Ciudadana celebra su 32ª Asamblea General Ordinaria y alerta sobre la lentitud en los casos de corrupción
martes 24 de marzo, 2026
Participación Ciudadana celebró este domingo 22 de marzo su trigésima segunda (32ª) Asamblea General Ordinaria, espacio en el que reiteró su compromiso con el fortalecimiento democrático, la transparencia y el combate a la corrupción y la impunidad en la República Dominicana.
En su proclama anual, la organización expresó su profunda preocupación por la lentitud con que avanzan los principales casos de corrupción administrativa en los tribunales dominicanos, señalando que esta situación amenaza con generar impunidad y debilitar la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
El documento advierte que durante el año 2025 se registraron escasos avances en los procesos judiciales, destacando que solo uno de los expedientes de gran corrupción ha recibido sentencia de fondo, mientras otros continúan atrapados en incidentes procesales, reenvíos y estrategias dilatorias que impiden conocer el fondo de los casos.
Entre los expedientes señalados por la organización se encuentran los procesos relacionados con Alexis Medina Sánchez (apelación), Adán Cáceres, Jean Alain Rodríguez y compartes, Donald Guerrero y compartes, INTRANT (Hugo Beras, Jochi Gómez) y el caso SENASA, que involucran miles de millones de pesos sustraídos al Estado y aún esperan decisiones definitivas en los tribunales.
Participación Ciudadana reconoció algunos avances administrativos dentro del sistema judicial en los últimos años, pero lamentó que estos no se hayan traducido en mayor eficacia y rapidez en el conocimiento de los grandes casos de corrupción.
“La extinción de la acción penal por la llegada del plazo máximo de los procesos sería un grave signo de retroceso para el país y un golpe a la lucha contra la corrupción”, advierte la proclama.
En ese sentido, la organización hizo un llamado a que los procesos pendientes sean conocidos y decididos durante el año 2026, reiterando que el país no puede permitir que prevalezca la impunidad en hechos que han afectado gravemente los recursos públicos y la confianza institucional.
Durante el desarrollo de la Asamblea se conocieron y aprobaron el informe anual del Consejo Nacional, el informe financiero y el plan de trabajo de la organización, además de realizarse la elección de los nuevos integrantes del Consejo Nacional para el período 2026-2028.
Los miembros electos fueron Joseph Abreu, Jacinta Valdez, Leidy Blanco, Josefina Arvelo, Betty del Villar, Wilfredo de León, José Ceballos y Alcibíades Moreta, quienes junto a Francisco Álvarez Valdez (Pancho) conformarán el Consejo Nacional de Participación Ciudadana para el próximo período.
La Asamblea contó con la participación activa de la membresía de la organización, procedente de distintas regiones del país, reafirmando el compromiso colectivo de seguir impulsando una ciudadanía vigilante, instituciones fuertes y una democracia más transparente.
Consejo Nacional Participación Ciudadana
22 de marzo de 2026
PROCLAMA: PARTICIPACION CIUDADANA CLAMA POR EL FIN DE LA IMPUNIDAD
Por segundo año consecutivo, la Asamblea General de Participación Ciudadana expresa su profunda preocupación y alerta a la sociedad dominicana por la lentitud con que marchan los casos de corrupción que cursan desde hace varios años en el sistema judicial.
El 2025 transcurrió con escasos avances en los tribunales, donde solo un caso ha recibido sentencia de fondo, mientras los demás siguen estancados en constantes incidentes y reenvíos. La realidad es que los tribunales dominicanos siguen atrapados en su tradicional imposibilidad de enfrentar las estrategias dilatorias y evasivas de los grandes acusados de corrupción administrativa, convirtiéndose esta situación en el principal obstáculo para que el país avance en una lucha contra un mal que tanto daño ha causado.
Nuevos casos de escandalosa corrupción han llegado a los tribunales, como el de SENASA y el del INTRANT, lo cual indica que todavía la sociedad dominicana no puede bajar la guardia, ya que siguen fallando los controles y algunos funcionarios públicos confían en que sus acciones podrán quedar impunes.
El pasado 7 de enero, el presidente del Poder Judicial, Luis Henry Molina, afirmó que la justicia dominicana pasó, en los últimos seis años, de un sistema marcado por la mora crónica, la baja confianza ciudadana y la opacidad institucional, a uno con reducción sustancial de retrasos.
En Participación Ciudadana hemos reconocido algunos avances, especialmente en la parte administrativa, pero lamentamos que esto no se haya manifestado en la agilización y eficacia de los grandes casos de corrupción.
Resulta evidente que la estrategia de muchos imputados ha sido exitosa en dilatar el conocimiento de los juicios preliminares y de fondo, con innumerables incidentes que tienen la clara finalidad de invocar la extinción de la acción penal, por la llegada del plazo de duración máxima de los procesos. Cientos de reenvíos amparados en las más diversas y a veces baladíes razones, han burlado los esfuerzos de fiscales y jueces por avanzar.
Para ilustrar la situación basta con citar los principales expedientes que cursan actualmente:
El caso contra Alexis Medina Sánchez y compartes, iniciado en diciembre del 2020, es el primero y único en recibir sentencia, en agosto del 2025, encontrándose ahora en proceso de apelación.
El caso Adán Cáceres y compartes iniciado en diciembre del 2021, más de 4 años después, en este momento se encuentra en su etapa final ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, con la presentación de alegatos finales de la defensa.
El expediente contra Jean Alain Rodríguez y compartes, inició en julio del 2021. La etapa preliminar requirió 95 audiencias en tres años hasta julio del 2024. Un año y ocho meses después, con 22 audiencias frustradas, todavía no ha podido iniciar el juicio de fondo.
El caso contra Donald Guerrero y compartes inició en abril del 2023. A casi 3 años todavía no ha pasado a juicio de fondo.
El caso contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) Hugo Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y otros implicados, iniciado en octubre del 2024, acaba de ser solicitado el inicio del juicio de instrucción.
El caso SENASA, uno de los más grandes, complejos y escandalosos que se han procesado en el país, se encuentra todavía en investigación por el Ministerio Público.
Estos 6 casos, que involucran decenas de miles de millones de pesos sustraídos al Estado, son un ejemplo vivo de la incapacidad del sistema de justicia para conocer y decidir el fondo de los expedientes de forma ágil y firme.
El Tribunal Constitucional, por sentencia TC/0303/20, decidió que el plazo de duración máxima de un proceso penal establecido en el Código Procesal Penal no es un plazo matemático y que puede ser extendido en determinadas condiciones. Un cambio de criterio para favorecer la impunidad sólo generaría frustración en la sociedad dominicana y perjudicaría al poder judicial, pues son los jueces los encargados de controlar los tiempos en los procesos judiciales.
Sin importar quién sea responsable, la extinción de la acción penal por la llegada del plazo de duración máxima de los procesos, en cualquier caso, es un grave signo de descomposición y retroceso del sistema de justicia.
Confiamos en que la sociedad dominicana no permitirá que esto suceda. El país no puede volver atrás, la tolerancia y encubrimiento de la corrupción deben quedar en el pasado. Nuestros jóvenes merecen crecer y vivir en un país honesto.
Basta ya de someter a todo un pueblo a la pobreza, por la vía del enriquecimiento de funcionarios públicos y sus aliados privados.
Jamás podremos presumir de avances y de confianza en la justicia sin el combate y el castigo de la corrupción.
La 32 ava Asamblea General Ordinaria de PC espera que todos los procesos pendientes deben ser conocidos en este año 2026.
Coalición solicita al CONCLAFIT designar nuevos sujetos obligados de la Ley de Lavado de Activos y al CONGRESO modificar las leyes 155-17 y 33-18 para blindar la entrada del dinero sucio a la política.
lunes 23 de marzo, 2026
La Coalición por la Transparencia del Financiamiento Político, integrada por diversas organizaciones de la sociedad civil dominicana, reiteró su solicitud al Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT) para que en su próxima reunión prevista para el mes de abril conozca formalmente la propuesta de la sociedad civil presentada mediante comunicación dirigida al Ministro de Hacienda en su calidad de presidente del CONCLAFIT, con copia a todos sus miembros.
La coalición plantea que el CONCLAFIT disponga la designación como sujetos obligados dentro del sistema nacional de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo de los siguientes actores:
• Partidos políticos • Candidatos y precandidatos a cargos de elección popular o función pública • Organizaciones y movimientos políticos
Esta solicitud se fundamenta en la Ley núm. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, cuyo artículo 33 establece:
"El Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT) podrá designar como sujetos obligados a otras personas físicas o jurídicas cuando determine que, por la naturaleza de sus actividades, exista riesgo de lavado de activos o financiamiento del terrorismo."
Las organizaciones recordaron que esta propuesta no es nueva, sino que ha sido planteada por la sociedad civil desde el año 2018, sin que hasta la fecha se haya producido una respuesta institucional definitiva por parte del CONCLAFIT.
En ese sentido, la coalición manifestó su preocupación por los múltiples casos de narcotráfico que ha permeado en la política y de la corrupción para el financiamiento opaco de las campañas electorales.
Si bien es cierto la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) 2024 de autoría del mismo CONCLAFIT, reconoce amenazas altas de narcotráfico y corrupción, lamentablemente no evalúa el financiamiento político como canal de materialización de dichas amenazas. Esto evidencia que el financiamiento político constituye el mayor riesgo no evaluado del sistema dominicano de prevención de lavado de activos.
El financiamiento político debe entenderse como un posible:
canal de entrada de capital ilícito
mecanismo de influencia
instrumento de retorno económico vía corrupción pública
La Ley 33-18 regula el financiamiento de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, pero no alcanza a los candidatos ni pre candidatos a posiciones políticas, y tampoco obliga a los actores a tomar medidas anti lavado, ni son sometidos a las sanciones de la Ley 155-17 en caso de no ejecutarlas. La Ley 33-18 regula el financiamiento político sin integrarlo al sistema antilavado, y no establece sanciones penales robustas, ni medidas disuasivas en materia de lavado de activos, limitando su eficacia frente a esquemas ilícitos complejos.
Por otro lado, la Ley 155-17 establece sujetos obligados, debida diligencia, beneficiario final, reportes de operaciones sospechosas (ROS) y sanciones administrativas y penales, sin embargo, presenta limitaciones frente al ámbito político pues no alcanza ni obliga a partidos, agrupaciones y movimientos políticos, ni tampoco a candidatos ni precandidatos a posiciones políticas, quedando fuera del sistema antilavado, los principales receptores de financiamiento político. En el mismo orden de ideas, la Ley 155-17 establece ciertos controles para las Personas Expuestas Políticamente (PEPs), pero deja fuera de su alcance a aquellos que aspiran a posiciones políticas y que mueven cualquier cantidad de dinero para poder alcanzarlas.
La Coalición también advierte el vacío normativo en asuntos de financiamiento político indirecto sin trazabilidad como por ejemplo:
Los aportes en especie
El financiamiento de terceros
Los pagos directos a medios
El apoyo logístico externo
Para mitigar los riesgos anteriores recomienda canalizar los aportes a través de los partidos o agrupaciones políticas y/o estructuras supervisadas, de manera que puedan identificarse los donantes (hasta el beneficiario final en caso de sociedades) de las donaciones opacas. Para estos fines se crearía un Registro Nacional de Financiamiento Político y todo financiamiento o donación debería ser publicado para fines de trazabilidad y transparencia.
La Coalición no se opone a una Evaluación Nacional de Riesgo del Financiamiento Político para validar el esquema típico del lavado de activos en el financiamiento político:
Ingreso de fondos ilícitos invertidos en campañas políticas
Falta de verificación
Acceso a poder
Retorno vía contratos o influencia
Legitimación del dinero
La comisión técnica del CONCLAFIT le aseguró a la coalición que los puntos expuestos serán tratados en la próxima reunión del CONCLAFIT a celebrarse el próximo mes de abril 2026.
Ante la proximidad de la próxima la citada reunión, la coalición reitera respetuosamente que:
Las propuestas de la coalición sean incluida formalmente como punto de agenda en dicha reunión.
Que el tema sean sometidas a votación por los miembros del Comité, y que el resultado sea comunicado públicamente, indicando qué miembros votaron a favor y cuáles votaron en contra.
Que en el hipotético caso de votarse en contra, que expliquen públicamente las razones jurídicas, legales o técnicas que fundamenten dicha decisión.
Las organizaciones también enfatizaron que no es necesario modificar la Ley 155-17 para adoptar esta medida, ya que el Art. 33 de la misma otorga al CONCLAFIT la facultad de designar nuevos sujetos obligados, contribuyendo a fortalecer la transparencia del financiamiento político y la integridad del sistema democrático dominicano.
Saludamos el aviso del Ministro de la Presidencia y presidente del PRM, Lic. José Ignacio Paliza del 24 de noviembre del 2025 respecto a someter proyecto de ley en el congreso si fuese para robustecer jurídicamente el objetivo, sin embargo proponemos que eso se busque realizar luego de que el CONCLAFIT realice las nuevas designaciones en función de las facultades antes mencionadas, considerando que el partido oficial cuenta con mayoría congresual y cualquier proyecto de ley debiera poder aprobarlo en corto plazo.
La coalición saludaría la propuesta de modificar la Ley 155-17 para incluir a la JCE como la entidad supervisora de los actores políticos a ser integrados como sujetos obligados del sistema antilavado, pues en caso de no hacerlo, quedaría como entidad fiscalizadora la DGII (Poder Ejecutivo), exponiendo riesgo de uso político del sistema.
El país acaba de reafirmar su compromiso en la lucha contra el narcotráfico de la mano de los EEUU, por lo que ejecutar esta petición de la sociedad civil, sería una sólida muestra de integridad y compromiso de nuestro gobierno para evitar que el dinero del narcotráfico siga permeando en el sistema Político Dominicano.
En el mismo orden la coalición solicita que la JCE refuerce sus controles y fiscalización sobre el gasto en las campañas políticas, y sobre el cumplimiento que tendrían que ejercer los nuevos sujetos obligados propuestos por la coalición, en virtud del mandato del Art. 67 de la Ley 33-18, en sus incisos 3, 4 y 5.
Las organizaciones reiteraron su disposición de continuar colaborando con las autoridades para fortalecer el sistema nacional de prevención del lavado de activos y promover mayores estándares de transparencia en el financiamiento de la actividad política.
La Coalición ve prudente modificar:
La Ley 155-17 Sobre Lavado de Activos para designar los sujetos obligados antes mencionados y que los mismos sean fiscalizados y/o supervisados por la JCE.
La Ley 33-18 de Partidos Políticos, para incluir en la misma la obligatoriedad de los sujetos obligados propuestos a que cumplan con todas las obligaciones de la Ley 155-17 y sean sometidos al mismo régimen de consecuencias, en adición a los deberes y consecuencias de la propuesta de ley recien anunciada por el PRM.
Lo anterior porque existe una desconexión estructural:
La Ley 33-18 regula financiamiento político sin controles antilavado
La Ley 155-17 regula lavado de activos sin incluir actores políticos
Los miembros del CONCLAFIT con poder para designar a los partidos políticos como sujetos obligados de la Ley Contra el Lavado de Activos son:
Lic. Magín Díaz, Ministro de Hacienda y Economía; y Presidente del CONCLAFIT
Yeni Berenice Reynoso, Magistrada Procuradora General de la República Dominicana (PGR)
Lic. Antoliano Peralta, Ministro de Justicia
Teniente General, ERD, Carlos Antonio Fernandez Onofre, Ministro de Defensa (MIDE)
Lic. Alejandro de Jesus Abreu, Presidente del Consejo Nacional de Drogas (CND)
Vicealmirante, ARD, Jose Manuel Cabrera Ulloa, Presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD)
Lic. Alejandro Fernandez Whipple, Superintendente de Bancos (SB)
Lic. Ernesto Bournigal Read, Superintendente del Mercado de Valores (SIMV)
La Coalición por la Transparencia del Financiamiento Político está conformada por las siguientes organizaciones de la sociedad civil:
• Centro Juan XXIII • Participación Ciudadana (Capítulo Dominicano de Transparencia Internacional) • Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) • Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) • Ciudad Alternativa • Santiago Somos Todos • Fundación Masada • Centro de Reflexión y Acción Social Padre Juan Montalvo, SJ • Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH)
Índice de Percepción de la Corrupción muestra escaso avance para RD
martes 10 de febrero, 2026
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, publicado por Transparencia Internacional en Berlín, en el día de hoy, muestra un escaso avance y en muchos casos retrocesos en la lucha mundial contra la corrupción pública en más de una década.
La República Dominicana avanzó por quinto año consecutivo, al alcanzar 37 puntos, ocupando el puesto 99, mientras en el 2020 había obtenido la más baja, con 28 puntos y el puesto 136.
El informe de Transparencia Internacional señala que “La corrupción está empeorando en todo el mundo y afecta incluso a democracias consolidadas, que están registrando un aumento de la corrupción en un contexto de debilitamiento del liderazgo”. Los datos de TI muestran que el número de países con una puntuación superior a 80 se redujo de 12, hace una década, a tan solo cinco este año.
Los datos muestran que incluso las democracias, que por lo general obtienen mejores resultados en la lucha contra la corrupción que las autocracias o las democracias imperfectas, están experimentado un preocupante deterioro en su desempeño en el índice. “Otro patrón preocupante es el aumento de las restricciones impuestas por muchos Estados a las libertades de expresión, asociación y reunión. Desde 2012, 36 de los 50 países con descensos significativos en las puntuaciones del IPC también han experimentado una reducción del espacio cívico.”
Principales hallazgos sobre la corrupción global
El IPC clasifica a 182 países y territorios en función de sus niveles percibidos de corrupción en el sector público, en una escala de cero (altamente corrupto) a 100 (muy muy limpio).
La puntuación promedio mundial en 2025 fue de 42 sobre 100, su nivel más bajo en más de una década, lo que apunta a una preocupante tendencia descendente, incluyendo en países que tradicionalmente sacaban buenas notas.
“La gran mayoría de los países no está logrando mantener la corrupción bajo control: más de dos tercios —122 de 180— obtuvieron una puntuación inferior a 50.”
Por octavo año consecutivo, Dinamarca tiene la puntuación más alta del índice (89), seguida de cerca por Finlandia (88) y Singapur (84).
Los países con las puntuaciones más bajas tienen, en su inmensa mayoría, sociedades civiles gravemente reprimidas y altos niveles de inestabilidad como Sudán del Sur (9), Somalia (9) y Venezuela (10).
República Dominicana con relación a América Latina y el mundo
Del continente americano participaron 33 países, con una puntuación promedio de 42 puntos. La República Dominicana, en este grupo ocupa la posición 18, por debajo de Canadá, Uruguay, Barbados, Bahamas, Estados Unidos, Chile, Saint Vincent y Granadina, Dominica, Santa Lucia, Costa Rica, Grenada, Jamaica, Trinidad y Tobago, Cuba, Guyana, Suriname y Colombia. Sin embargo, esta por encima de: Argentina, Belize, Brasil, Panamá, El Salvador, Perú; Bolivia, México, Guatemala, Paraguay, Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela. Diez de estos países bajaron significativamente su puntuación en los últimos años, siendo República Dominicana el único del continente que aumentó, pasando de 28 en el 2020 a 37 en el 2025.
Participación Ciudadana considera que, aunque el país ha avanzado en este índice, todavía no hay mucho que celebrar. Por el contrario, en estos momentos el optimismo está amenazado por los escándalos de corrupción que se han conocido recientemente y que es muy posible que afecten nuestra puntuación en los próximos años.
Para que sigamos aumentando la confianza es necesario enviar mensajes muy claros de que estos avances no son vulnerables, sino que se asientan en instituciones públicas transparentes y honestas, mayor control del gasto público, acciones rápidas contra los funcionarios que se involucren en faltas éticas y, sobre todo, que la justicia actúe con presteza y eficacia contra todos aquellos a quienes se le demuestre actos de corrupción.
¿Cómo se obtiene el IPC?
El IPC puntúa a 182 países y territorios de todo el mundo en función de las percepciones de la corrupción en el sector público. Las puntuaciones reflejan las opiniones de los expertos y las encuestas de los empresarios, no del público. Los capítulos nacionales no intervienen en la elaboración del IPC.
El IPC se calcula utilizando datos de 13 fuentes externas, entre ellas el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, empresas privadas de riesgo y consultoría, grupos de expertos y otros.
El IPC utiliza una escala de 0 a 100; 100 es muy limpio y 0 es muy corrupto.
Participación Ciudadana realiza encuentro con periodistas y comunicadores sobre “Riesgos de Corrupción y Transparencia en el Financiamiento Climático y Delitos Ambientales”
El objetivo del documento es facilitar a la ciudadanía el conocimiento y la comprensión de un proceso penal de alto impacto público. El informe destaca que el caso afectó la salud del sector más vulnerable de la población y que “hiere la sensibilidad del más fuerte que se distraigan fondos del sector salud para comprar vehículos de lujo, o un reloj de más de RD$5,000,000.00, o botellas de whisky de más de RD$100,000.00 cada una”.
Hasta 2020 SENASA era descrito como un modelo de gestión. Según el informe, “su deterioro comenzó desde el inicio de la gestión de Santiago Hazim”. Las denuncias posteriormente dieron lugar a una investigación del Ministerio Público, cuya solicitud de medidas de coerción tiene 537 páginas. Participación Ciudadana elaboró una síntesis de 32 páginas para facilitar el acceso a la información.
Esta publicación ha sido apoyada técnica y financieramente por @alemaniaenrd través del Proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho en América Central y el Caribe III (FEDACC) ejecutado por la @giz_centroamerica
Información proveniente del expediente del Ministerio Público
De manera explícita, el informe aclara que la síntesis se redacta “única y exclusivamente partiendo del contenido de la solicitud de medidas de coerción del Ministerio Público”, por lo que los hechos, valoraciones, cifras y calificativos jurídicos contenidos en los hallazgos corresponden al expediente penal y no constituyen valoraciones propias de Participación Ciudadana.
Principales hallazgos contenidos en el expediente
Según la acusación presentada por el Ministerio Público:
Se “creó una estructura de crimen organizado”
Se “obstruyó la transparencia interna”
Se “crearon programas especiales fraudulentos para recibir sobornos”
Se “adulteraron y falsearon los estados financieros”
Y se “distrajeron fondos del SENASA, comprometiendo la solvencia de la institución”
El expediente atribuye sobornos por más de 4 mil millones de pesos y la creación de empresas de carpeta para operaciones de lavado de activos.
Programas utilizados para el desvío de fondos
El Ministerio Público documenta que a través del programa NUTRISALUD y otros contratos se configuró un esquema continuo de sobornos que incluyó:
Entregas iniciales de RD$100 millones
Transferencias por RD$529,068,000.00
Nuevas entregas en efectivo por RD$536,000,000.00
Pagos totales de sobornos por RD$1,165,000,000.00 hasta 2024
Asimismo, el expediente recoge la afirmación de que “a Hazim no le importaba la eficacia de la inversión en estos programas”, destacando la ausencia de evaluaciones sobre su impacto sanitario.
Privatización irregular y sobornos por servicios de atención primaria
La acusación señala que servicios de atención primaria fueron “monopolizados” por un mismo grupo empresarial mediante contratos, adendas y pagos capitaros sin mecanismos adecuados de fiscalización. Este esquema habría generado sobornos adicionales por RD$1,621,337,217.15.
Manipulación del Bordereau y de los estados financieros
El expediente sostiene que durante la gestión de Santiago Hazim se “alteraron los estados financieros con la intención de ocultar la situación financiera real”. Se describe un subregistro sistemático de reservas técnicas que falseó los reportes enviados al regulador.
Una comisión interna encontró posteriormente una diferencia oculta superior a RD$14,340,821,883.00, desmontando los estados enviados previamente.
Enriquecimiento ilícito y patrimonio
La investigación atribuye ingresos ilícitos al imputado Santiago Hazim por aproximadamente RD$2,881,337,217.15, e incluye la adquisición de bienes de lujo a través de empresas, intermediarios y mecanismos destinados a ocultar el origen de los fondos.
Calificación jurídica atribuida en el expediente
El Ministerio Público sostiene que los hechos:
“constituyen actos típicos, antijurídicos y culpables”
y los subsume en delitos tales como:
corrupción
coalición de funcionarios
prevaricación
asociación de malhechores
soborno
estafa contra el Estado
desfalco
falsificación
lavado de activos
Francisco "Pancho" Álvarez, del Consejo Nacional de Participacíon Ciudadana y panelista, explicó el valor de estos reportes, en los que se sintetizan y explican complicados entramados de corrupción, para que la ciudadanía pueda comprender más fácilmente el reto al que se entrenta la sociedad en la lucha contra la impunidad.
Por su parte, Leidy Blanco García, coordinadora general, dijo que "El caso Senasa, que hoy nos convoca, plantea serias interrogantes sobre la gestión de los recursos públicos, la transparencia institucional y la responsabilidad de quienes administran fondos destinados a garantizar atención médica, especialmente a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad".
"Cada peso mal gestionado, cada decisión opaca, se traduce en servicios deficientes, en medicamentos que no llegan, en tratamientos postergados y en vidas afectadas"; agregó.
"Por eso, este espacio busca un análisis, responsabilidad y verdad. Busca aportar a una cultura de rendición de cuentas donde las instituciones públicas estén verdaderamente al servicio de la gente y donde la ciudadanía tenga información clara para exigir correcciones y sanciones cuando corresponda"., puntualizó Leidy.
