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Ministerio Público y organizaciones de la sociedad civil abogan por una nueva ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas en República Dominicana

Santo Domingo, República Dominicana. La Procuraduría Especializada Contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes y la Coalición de Organizaciones de la Sociedad civil contra la Trata de Personas realizaron este jueves la mesa de diálogo “Hacia una nueva legislación en materia de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de personas”. 

Este encuentro se realizó con el propósito de seguir aunando esfuerzos para que la República Dominicana pueda contar con un marco jurídico que fortalezca la prevención, persecución y sanción a un delito que lacera la dignidad humana como lo es el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas. 

El encuentro contó con las palabras de bienvenida de Joseph Abreu, coordinador general de Participación Ciudadana, y la conferencia de la magistrada Yeni Berenice Reynoso, directora general de persecución del Ministerio Público. 

Abreu indicó que es de suma importancia aumentar la conciencia pública sobre las violaciones de los derechos fundamentales causado por el delito de trata de personas. 

“Sigamos construyendo alianzas para acabar con este flagelo en la República Dominicana, contamos con todos/as ustedes para impulsar la aprobación del anteproyecto que enviará al Congreso Nacional el Poder Ejecutivo, esperamos que el mismo pueda ser aprobado y que se tomen en cuenta todos los aportes hechos por las organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones, para poder contar con un marco jurídico acorde a estos tiempos”, expresó en su intervención. 

Por su parte la directora de Persecución del Ministerio Público, la magistrada Yeni Berenice Reynoso, indicó que se hace necesario y urgente la aprobación de una nueva ley sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas en República Dominicana acorde a los nuevos tiempos. 

Señaló que las leyes y políticas nacionales e internacionales actuales contra el tráfico de personas resultan insuficientes para detener ese delito, cuando se extiende de los medios convencionales al espacio virtual. 

“Los tratantes y traficantes se valen de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería para acceder a sus posibles víctimas y reclutarlas para luego explotarlas sexualmente en el caso de las mujeres y las niñas”, puntualizó.  

Las organizaciones participantes de este diálogo señalaron que urge modificar la Ley 137-03, ya que la actual no protege eficazmente a las víctimas de este delito. 

Entre las recomendaciones realizadas se encuentra la creación de fondos especiales para la prevención, persecución y atención de víctimas. “Actualmente quien paga por servicios sexuales producto de Trata de Personas no tiene consecuencia legal, y la nueva Ley 137-03 contempla responsabilidad al cliente de estos servicios, por ser cómplice”, señalaron. 

Otros de los avances que tendría esta Ley es que crearía una institución que brinde asistencia legal, médica, social y terapéutica a las víctimas, y también educaría a la población para prevenir el delito. La actual Ley no concientiza sobre el tema. 

Los presentes reconocieron el trabajo que actualmente está realizando la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de personas, por el golpe que se le dio a la delincuencia organizada con la operación Cattleya, en el Distrito Nacional y Bávaro, donde se desarticuló una red transnacional dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual, en la cual se rescató a más 80 mujeres. 

Este diálogo se realiza en el marco del proyecto “Acción Ciudadana por la seguridad y la justicia”, que viene desarrollando Participación Ciudadana en conjunto con la Fundación Institucionalidad y Justicia -Finjus-, con el auspicio de la USAID, donde han realizado varias acciones formativas, incluyendo el estudio “Luchar contra la marea” el cual se realizó en once municipios de la República Dominicana. 

El encuentro contó con la moderación de Fátima Lorenzo, directora ejecutiva del movimiento cívico, y con la participación de la señora Yoanna Bejarán, procuradora general de corte, Titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, y el señor José Monteiro, director País de Misión Internacional de Justicia -IJM- y coordinador de la Coalición de organizaciones de la sociedad civil contra la trata de personas. 

También estuvieron presentes: Diputados/as, Fiscales, funcionarios de la embajada de los Estados Unidos y de la USAID, Periodistas, miembros de la Policía Nacional, representantes de la Dirección Nacional de control de Drogas -DNCD-, organismos de cooperación internacional, servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil e invitados en general. 

15 de septiembre del 2022

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Participación Ciudadana expresa preocupación y alerta a la sociedad dominicana ante destino de los casos de corrupción

La sociedad dominicana está hastiada de corrupción e impunidad. Por eso marchó durante dos años, por eso votó en el 2020 y por eso ha puesto sus ojos en el trabajo del Ministerio Público y en los tribunales para dar seguimiento a lo que pasa en esas instancias.

A pesar del esfuerzo colectivo, todas las sentencias dadas a conocer en los últimos meses han sembrado un profundo desconcierto y el temor de que la impunidad siga imponiéndose en el país. Casos que ocurrieron frente a los ojos de la nación y del mundo, algunos que ocuparon investigaciones internacionales y que recibieron condenas en varios países; otros cuyas pruebas fueron de público conocimiento,  que se  apoyaron en sólidas investigaciones del periodismo nacional y que estremecieron la conciencia ciudadana, ahora resulta que los tribunales dominicanos no encuentran culpables, unos pocos con leves condenas y la mayoría absueltos, quedando en el misterio quienes cometieron los hechos.

Los casos a los que nos referimos son, el de ODEBRECHT, el de los aviones tucanos, el del barrio Los Tres Brazos y, recientemente, el caso de la OMSA. En los dos primeros, las empresas confesaron haber pagado sobornos y se les impuso multas. Los escándalos producidos por los negocios de ODEBRECHT tienen decenas de personas presas en el continente, mientras en República Dominicana, donde operó el centro de los sobornos y, según confesión, se entregaron más de 92 millones de dólares para obtener contratos, solo dos fueron condenados. En el de los tucanos, se comprobó y se recibió multa por el soborno, pero en los tribunales dominicanos, las personas que los recibieron quedaron en el anonimato y protegidos por el manto de la impunidad.

En el caso Los Tres Brazos, barrio que estaba siendo vendido por una empresa privada a sus propios habitantes, tampoco se encontró culpables. Recientemente, en el de la OMSA, solo se condenó, con calificación de homicidio, al ejecutor del horrible asesinato del abogado Junior Ramírez; nadie fue cómplice de una muerte originada en denuncias de corrupción. Tampoco pudo el tribunal sancionar a los responsables del entramado de corrupción que, de acuerdo a múltiples pruebas presentadas públicamente, operaba en la OMSA. En la parte dispositiva y en los comentarios de las juezas, se admite que hubo corrupción, pero condena, únicamente al gerente financiero, Faustino Rosario Díaz, a la pírrica pena de un año, por un cargo menor de concusión. Los demás involucrados fueron absueltos.

Las penas tan benignas y las declaraciones de inocencia que han sorprendido al país en los últimos meses, evidencian lo difícil que es sancionar la corrupción en la República Dominicana y muestran que hay mucho trabajo por hacer y mucha voluntad que aportar si se desea poner fin a la impunidad que sentó sus bases durante décadas en todas las instituciones llamadas a prevenir y sancionar la corrupción.

Los casos mencionados tienen en común haber sido investigados y preparados los expedientes durante la gestión de Jean Alain Rodríguez, caracterizada por el reinado de la impunidad.

Participación Ciudadana siempre ha abogado por el respeto y la mejoría de las leyes, el debido proceso y la justicia para todos, pero no podemos ocultar nuestra frustración al ver que, luego de años de espera, de procesos excesivamente lentos y accidentados, el Estado y el pueblo dominicanos sean sorprendidos con una respuesta del sistema de justicia que claramente se orientan al mantenimiento de la impunidad, a favor de quienes cometen enriquecimiento ilícito con el dinero público.

Hemos abogado por un Ministerio Público y una justicia independiente. En su momento, hemos denunciado la repartición política de las posiciones judiciales, siempre a favor del partido en el poder, pero también con participación de la oposición. El temor que crece en la ciudadanía es que los esfuerzos que en este momento se realizan por parte de un Ministerio Público independiente, sean echados al zafacón por jueces complacientes, comprometidos o excesivamente inclinados hacia figuras del poder, protegidos por legiones de abogados, muchos o algunos de los cuales son pagados con los recursos sustraídos.

El sistema de justicia es un todo que incluye a jueces y fiscales. La ciudadanía no hace diferencia si la impunidad se impone por culpa de una investigación mal hecha por los fiscales, o por una sentencia equivocada o corrupta de los jueces.  La credibilidad de la justicia descansa en todos sus actores y está ampliamente demostrado que tiene gran influencia en el crecimiento de los niveles de delincuencia, corrupción y violencia. Incluso es un elemento primordial en la cohesión social y en la visión que se crean las nuevas generaciones sobre sus esperanzas de vivir y progresar en una sociedad donde la justicia no funciona. 

Participación Ciudadana alerta frente a los evidentes indicadores de que se pretende frustrar los esfuerzos anticorrupción que se desarrollan con amplio apoyo popular. Esta embestida tiene varios frentes, las sentencias en los tribunales son solo uno, sin dejar de mencionar la lentitud y hasta paralización en el conocimiento de los casos, como el Anti pulpo que, habiendo presentado acusación hace nueve meses, aún no ha iniciado la audiencia preliminar. A este preocupante panorama se agregan los ataques a todos los organismos públicos encargados de la prevención y persecución de la corrupción, como lo son el Ministerio Público, la Contraloría General, la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas.  No queremos que ningún inocente sea condenado, pero tampoco que ningún culpable sea absuelto. El Ministerio Público y la judicatura están llamados a jugar el rol histórico que les toca en momentos en que el país ha depositado sus esperanzas en una justicia independiente, transparente y bien administrada.

Que el rigor de la ley caiga sobre todos por igual, sin consideraciones especiales para quienes, prevaliéndose del poder o influencias, hayan sustraído el dinero público. 

CONSEJO NACIONAL

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Actores políticos y sociales reafirman su apoyo a las modificaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos

Santo Domingo, República Dominicana. Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional y la Junta Central Electoral expresaron ayer, nueva vez, su respaldo para la aprobación de las modificaciones a la Ley Electoral y de Partidos, que buscan el fortalecimiento del sistema democrático en la República Dominicana.

Este respaldo fue expresado en la tertulia “Hablemos de las Leyes de Partidos Políticos y de Régimen Electoral", organizada por el movimiento cívico, y que contó con la participación de Román Andrés Jáquez Liranzo, presidente de la Junta Central Electoral; Desirée del Rosario; coordinadora del Centro de Estudios de Género de Intec, y Santiago Sosa, Ex Juez Titular del Tribunal Superior Electoral y miembro de la Comisión de Análisis Político de PC.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Joseph Abreu, coordinador general de Participación Ciudadana, quien expresó que la Ley No. 15-19 de Régimen Electoral, así como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, tutelan el derecho fundamental a elegir y ser elegido, fundamento de todo sistema democrático, principalmente para un país como República Dominicana con un mandamiento constitucional de ser un Estado Social y Democrático de Derecho. “A raíz de esto, es de vital importancia que las reformas de estas leyes puedan garantizar la efectiva aplicación de este derecho a elegir y ser elegido”, puntualizó.

Por su lado Román Andrés Jáquez sostuvo que el país se encuentra actualmente en un importante y necesario proceso de reforma a su marco jurídico electoral, y que estos procesos de adecuación y perfeccionamiento de los sistemas electorales y más específicamente la legislación de esta materia, suelen ser un componente neurálgico para el desarrollo y la sostenibilidad de la democracia.

Una de las principales propuestas de la JCE es el establecimiento de topes para el gasto de precampañas y campañas, para fomentar el principio constitucional de equidad en la contienda e impedir que las diferencias que pudiera haber en cuanto a los recursos de los que disponen las distintas organizaciones políticas afecten de manera excesiva las posibilidades reales de competencia, además de evitar que los gastos de los institutos políticos sean desmedidos.

“El contar con topes tanto para gastos como para aportaciones es una medida que favorece la competencia y reduce desequilibrios. Cuando los topes de gastos de precampaña y campaña son tan altos, como los que tenemos en República Dominicana, su propósito es imposible de concretizar y la regulación se torna ineficiente”, afirmó Jáquez.

En ese sentido la propuesta de la Junta Central Electoral consiste en reducir un 75% los montos que la ley permite gastar para cada una de las posiciones de elección popular durante la precampaña y un 65% los topes durante la campaña. Conforme la normativa vigente el tope de gasto para la precandidatura presidencial -tomando en cuenta el padrón del año 2020- pasaría de RD$527,095,240 pesos a RD$131,773,810 pesos, mientras que el tope de gastos para la candidatura presidencial pasaría de RD$922,416,670 pesos a RD$322,883,484 pesos.

Por su parte, Desiree del Rosario señaló que se debe garantizar la participación equitativa de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público.

Los participantes consideraron que resulta imprescindible que la paridad tenga una serie de características específicas que la convierta en una paridad fuerte y que esa medida esté acompañada de un sistema electoral favorable al género, de la voluntad política, de un movimiento de mujeres activo, que vigile la aplicación e implementación de la paridad.

Mientras Santiago Sosa señaló en su intervención que la ausencia de una legislación actualizada que incorpore los aspectos que por meses se han venido discutiendo, no solo potencializa la posibilidad de una crisis electoral en los subsecuentes procesos electorales, sino que acentúa la desigualdad, en la medida que la ley es oponible a todos y todas y las decisiones judiciales, sólo a quienes actúen en justicia y obtengan decisiones favorables a sus causas.

Los participantes de la tertulia señalaron que la aprobación de estas propuestas y las demás sometidas resultan ser primordiales para el diseño de un sistema electoral que permita a la República Dominicana la realización de elecciones conforme los parámetros internacionales de buenas prácticas.

31 / 8 / 2022

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Participación Ciudadana exhorta al Congreso Nacional a aprobar las modificaciones realizadas a la Ley Electoral y de Partidos

Santo Domingo, República Dominicana. Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, ve preocupante la falta de voluntad de los actores políticos para las modificaciones de la Ley 15-19 de Régimen Electoral y la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

Indicaron que la Junta Central Electoral realizó un aporte valioso, presentando propuestas muy bien fundamentadas para la modificación de la Ley Electoral y de Partidos. Desde inicio de este año 2022, los actores políticos y sociales, junto a representantes de la JCE, se sentaron a discutir las reformas del sistema electoral en el marco del Consejo Económico y Social (CES).

El coordinador general del movimiento cívico, Joseph Abreu, precisó que ya fue entregado un informe de resultados de las mesas de diálogo, sin que el Congreso Nacional le haya asignado la urgencia que merece, frente a la inminencia de un proceso electoral que ya muestra indicios de precipitación.

“En la contienda electoral pasada, fueron evidentes y reconocidas las dificultades para hacer operativa las leyes electorales y de partidos, las cuales, claramente, no cumplieron su cometido en aquellos aspectos sustantivos de la cultura político electoral. Es importante mencionar que algunos artículos de las referidas leyes han sido declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional”, expresó Abreu en rueda de prensa.

Participación Ciudadana señaló que, con el inicio de la legislatura, es urgente que el Congreso Nacional ponga en agenda la discusión de las leyes 33-18 y 15-19 para su modificación, con la finalidad de fortalecer el sistema electoral y de partidos.

“Los Partidos Políticos son instrumentos fundamentales en la consolidación y profundización del funcionamiento democrático de la Nación, y a su vez instituciones claves de representación. No obstante, cuando las regulaciones no son suficientemente eficientes, preventivas y sancionadoras, se producen serias distorsiones en el sistema político y se afecta la equidad, la transparencia y la legitimidad, valores fundamentales de la democracia”, expresaron.

Joseph Abreu indicó que la institución entiende que todos los sectores tienen conciencia de las deficiencias de las referidas leyes y de que es necesario corregirlas antes de abocarnos a un nuevo proceso electoral.

En este orden el movimiento cívico realizó hincapié en algunas modificaciones propuestas por la Junta Central Electoral que tienen mucho impacto y requieren ser aprobadas con tiempo, de manera que, en el 2024, el país pueda salir fortalecido.

En lo referente a la Ley 15-19

•             Avances y garantías en la paridad de género horizontal y vertical

•             Reducción de los plazos de apertura de campaña

•             Eliminación de la sumatoria de votos, con excepción del nivel senatorial

•             Reducción de los topes de los gastos de campaña por organización y por candidatura

•             Reducción de los topes de las contribuciones individuales

•             Fórmula de repartición de escaños más democrática

•             Establecimiento de crímenes y delitos electorales y sus sanciones

•             Establecimiento de un Ministerio Público Electoral

•             Plazos y sanciones relativos a los informes de ingresos y gastos

•             Establecimiento de crímenes contra la integridad de las elecciones

En lo relativo a la Ley 33-18

•             Modificación de plazos para las solicitudes y aprobaciones de reconocimiento

•             Establecimientos de nuevas infracciones administrativas electorales

•             Modificaciones al período de campaña interna y escogencia de candidatos

•             Topes de gastos de precampaña y contribuciones a los precandidatos

•             Tipos de propaganda permitida y prohibida

•             Modificación de las responsabilidades de la JCE en las primarias de los partidos

•             Definición del pago de los gastos de las primarias

•             Porcentaje de reservas de las candidaturas por parte de la dirección de la organización

•             Causas de pérdida de la personería jurídica de los partidos y agrupaciones

•             Sanciones de las infracciones administrativas

•             Regulaciones de las alianzas y coaliciones

Participación Ciudadana hace un llamado urgente al Congreso Nacional, en su función de legislar a favor del pueblo dominicano, a colocar en agenda las referidas leyes lo antes posible y llevar a feliz término el proceso de modificación de las mismas, adaptándolas a la Constitución y al reclamo generalizado del país de contar con un régimen electoral y de partidos más comprometido con los avances democráticos.

CONSEJO NACIONAL

25 de agosto del 2022

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Realizarán Feria Ciudadana por la Seguridad y la Convivencia Pacífica en la provincia Puerto Plata

Puerto Plata, República Dominicana. En una alianza estratégica entre Participación Ciudadana, la Fundación Institucionalidad y Justicia, la Casa Comunitaria de Justicia, la Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género, y más de 20 entidades públicas y de la sociedad civil, invitaron este miércoles a la ciudadanía, actores sociales y funcionarios públicos a la Feria Ciudadana por la seguridad y la convivencia pacífica que se llevará a cabo los días 6 y 7 de octubre en este municipio de Puerto Plata.

“Esta feria tiene como finalidad fomentar la participación de la ciudadanía y las instituciones del Estado en la construcción de una cultura de protección, prevención y denuncia, por el respeto a los derechos humanos y la convivencia pacífica”, indicaron en nota de prensa.

El jueves 06 de octubre, en la explanada de la Casa Comunitaria de Justicia, ubicada en el Malecón, próximo al Anfiteatro La Puntilla, a las 6:00 pm será el acto inaugural de la Feria, con la conferencia magistral “La mediación en la resolución de conflictos como mecanismo para la convivencia pacífica”, a cargo del Dr. Nelson Espinal, presidente del Consejo del Centro Casa Comunitaria de Justicia.  

Además, estarán presentes la gobernadora provincial, Claritza Rochtte Peralta de Senior; el alcalde, Diómedes Roque García Núñez (Roquelito); la senadora, Ginette Bournigal de Jiménez; el procurador fiscal, Kelmi Duncan Torres, el coordinador general de Participación Ciudadana, Joseph Abreu y el vicepresidente de FINJUS, Servio Tulio Castaño.

Este mismo día, jueves 6, estarán realizando un encuentro con los alcaldes y directores municipales de la provincia de Puerto Plata, donde se estará presentando el Plan de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro”, que desarrolla el gobierno a través del Ministerio de Interior y Policía. Este evento está siendo coordinado con la Federación Dominicana de Municipios -FEDOMU-, la Federación Dominicana de Distritos Municipales -FEDODIM-, la Liga Municipal Dominicana y el Ministerio de Interior y Policía.

El viernes 07 de octubre, la Feria tendrá lugar en el Parque Libertad a partir de las 8:30 am, donde estarán los stands de las entidades participantes, en los cuales se visualizarán sus ejecutorias que están encaminadas a fortalecer la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica en las comunidades.

Igualmente, las organizaciones convocantes indicaron que se dispondrá de un auditorio para charlas y conversatorios sobre derechos humanos, identidad de género, prevención de violencia, manejo de conflictos, prevención del delito de trata de personas, prevención y persecución del delito electrónico, exposiciones sobre las buenas prácticas en seguridad ciudadana, entre otras actividades.  Simultáneamente, se estarán realizando otros conversatorios en la Dirección Regional de Educación y centros educativos.

“Invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas a que se integren y participen en esta feria, porque la seguridad, la prevención de violencia y del delito nos compete a todos y todas”, concluyeron en la nota.

Organizaciones coordinadoras:

Participación Ciudadana

Fundación Institucionalidad y Justicia

Casa Comunitaria de Justicia

Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género de Puerto Plata

Con el auspicio de: la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

24-08-2022

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Organizaciones sociales y medios de comunicación se articulan para fortalecer la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, la Coalición de la Sociedad Civil Contra la Trata de Personas, y el Colegio Dominicano de Periodistas, desarrollaron un encuentro con profesionales de los medios de comunicación, con la finalidad de sensibilizar y generar alianza en torno a la aprobación y modificación de la Ley No. 137-03, sobre Tráfico Ilícito de migrantes y trata de personas.

La trata de personas consiste en la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción con fines de explotación. La misma está relacionada con la migración irregular, la pobreza, la desigualdad, la marginación y la violencia en contra de niñas/os y las mujeres.

En el estudio «Luchar Contra La Marea», realizado en 11 municipios de la República Dominicana, por Participación Ciudadana, en el marco del Proyecto: Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia (PASJ), en conjunto con la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID),  se evidenció  “La débil judicialización de los casos de trata de personas en los municipios que afecta notablemente la prevención y la detección porque acrecienta el miedo a la denuncia y la desconfianza en la persecución del delito”.

En el encuentro participaron varios periodistas de diferentes medios como:  La Información, Telemicro, Noticias SIN, El Sur Diario, Diario Libre, Listín Diario, Quesedice.Net, Canal 28 Comunitario, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Telecentro, entre otros.

Los/as periodistas presentes reflexionaron y enfatizaron de la importancia de que los medios de comunicación se hagan aliados para promover y difundir informaciones que contribuyan a la toma de conciencia y sensibilización de la ciudadanía sobre esta problemática que lacera los derechos fundamentales de las personas como lo es el Tráfico Ilícito de migrantes y la trata de personas.

Joseph Abreu, coordinador general de Participación Ciudadana, señaló que es de suma importancia el encuentro realizado con profesionales de los medios de comunicación para poder hacer sinergias, sensibilizar y aunar esfuerzos para el combate de esta problemática social en el país.

Entre las recomendaciones realizadas por las organizaciones convocantes para hacer frente al Tráfico Ilícito de migrantes y la trata de personas se encuentra; promover la capacitación a los actores gubernamentales responsables de combatir el delito en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incidir en favor de una mayor disposición de cantidad de recursos para el abordaje de la trata de personas desde el Estado, y la promoción del incremento de investigaciones y datos estadísticos fiables que den cuenta de la situación de la trata y favorezcan su persecución y judicialización.

En el encuentro también estuvieron presentes Fátima Lorenzo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Aurelio Henríquez Mendoza, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, José Monteiro, representante de la Coalición de organizaciones de la sociedad civil contra la trata de personas, y Mario Antonio Lara, directivo de la Sociedad Dominicana de Medios Digitales. Y contó con la asistencia de más de 30 periodistas de diferentes medios de comunicación de la República Dominicana.

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Participación Ciudadana proclama el 2022 como el “Año en apoyo a reformas orientadas a fortalecer la institucionalidad democrática”

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, celebró este domingo su XXVIII Asamblea General, en la cual se renovaron los integrantes del Consejo Nacional, órgano máximo de dirección que ostenta la representación del movimiento cívico.

En el marco de esta Asamblea, Participación Ciudadana, proclamó, además el 2022 como el “Año en apoyo a reformas orientadas a fortalecer la institucionalidad democrática”, ya que consideran que, se hace impostergable que el país realice las reformas necesarias para reforzar los órganos de control de la corrupción y la criminalidad, males que amenazan el Estado social, democrático y de derechos, que establece la constitución.

Participación Ciudadana exhorta a los diversos sectores que confluyen en el CES a aportar la voluntad indispensable y comprometerse en las conversaciones, asumiendo un rol activo, tanto desde el sector social, empresarial y laboral, así como desde el oficialismo y los partidos de oposición, contribuyendo con sus propuestas a alcanzar resultados tangibles y arribar a los consensos necesarios para su posterior ponderación por las cámaras legislativas.

De manera particular, Participación Ciudadana llama la atención sobre la necesidad de priorizar el tema electoral, cuya reforma debe culminar este año 2022, tomando en cuenta que el 2023 será ya un año preelectoral y cualquier modificación en tiempos cercanos a las elecciones implica mayores dificultades y riesgos para la Junta Central Electoral, los organismos contenciosos y para los mismos partidos políticos.

Las propuestas de reformas incluyen los temas de: independencia del Ministerio Público y de las Altas Cortes, lo político-electoral, sector eléctrico, reforma fiscal, hidrocarburos, laboral, medio ambiente y cambio climático, agua, calidad educativa, modernización de la administración pública, política exterior y migración, salud, seguridad ciudadana y reforma policial, sistema de seguridad social, transformación digital, transparencia e institucionalidad y transporte.

Participación Ciudadana hace un llamado a los legisladores para que las reformas se guíen por el artículo 147 constitucional, que manda a proscribir la corrupción y ordena castigo para toda persona que sustraiga fondos públicos o que, prevaleciéndose de sus posiciones dentro de los órganos del Estado, obtenga para sí o para terceros provechos económicos, o proporcione ventajas a sus asociados, familiares, amigos o relacionados.

Siguiendo esta línea, el movimiento Cívico, considera que el Congreso Nacional debe aprobar el Proyecto de Ley de Extinción de Dominio, que también es un mandato constitucional, consignado en el artículo 51.6.

La institución precisa que es urgente, además, que se establezca la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, aprovechando que el artículo 147.5 constitucional establece que la ley podrá disponer plazos de prescripción de mayor duración que los ordinarios para los casos de crímenes de corrupción.

“Las reformas que ahora se encuentran en discusión son un reto para la sociedad dominicana y no deben ser aplazadas bajo ningún pretexto. El pueblo dominicano cuenta con las fortalezas para avanzar ante las situaciones difíciles. Es precisamente para los malos tiempos que necesitamos instituciones fuertes”, señalaron en nota de prensa.

El Movimiento Cívico reclama al sector político, oficialista y de oposición, cumplir con las promesas de campaña y los compromisos de avanzar hacia una República Dominicana más democrática y progresista, donde se incentive el trabajo honesto, la justicia y la paz y se castigue ejemplarmente la corrupción y el crimen.

Sobre la Asamblea General Ordinaria de Participación Ciudadana

La Asamblea General Ordinaria de Participación Ciudadana se celebra anualmente, y durante la misma los integrantes activos de la organización participan del proceso de evaluación y planificación anual, y seleccionan, además a los nuevos miembros del Consejo Nacional. Este año fueron electos: Danilsa Peña Medina, Diego D’Aniello, Isidoro Santana, Miriam Diaz, Naomi Rodríguez, Nora Elizabeth Sánchez, Sarah Adalgisa, y Willy Montan.

Cada año el coordinador o coordinadora general saliente presenta un recuento de las principales acciones y avances durante su gestión. Esta vez estuvo a cargo de Leidy Blanco García, quien reconoció el trabajo, la entrega y dedicación de los integrantes del Consejo Nacional y de las comisiones de trabajo de la institución.

“Cada cierre de año reafirma la convicción de que la participación ciudadana es un derecho y una responsabilidad que favorece el ejercicio efectivo de la democracia y contribuye al fortalecimiento del Estado de derecho, por lo cual desde Participación Ciudadana continúa el compromiso de fortalecer el concepto del ciudadano y ciudadana proactivo, consciente de sus derechos y deberes, que se sienta parte de un proyecto común de sociedad con profundo sentido de justicia”, destacó Leidy Blanco García.

27 de marzo del 2022

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Participación Ciudadana apuesta al desarrollo de la Juventud Dominicana

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana estuvo realizando el conversatorio virtual “Juventud Participa: Políticas públicas en el ámbito de la Juventud”, con la finalidad de ser un diálogo abierto sobre los retos y desafíos que los diferentes sectores de la sociedad deben enfrentar para el empoderamiento de la juventud dominicana, y el diseño de políticas públicas e iniciativas para alcanzar esta meta.

El encuentro virtual moderado por la periodista Millizen Uribe, contó con la participación de Rafael Jesús Feliz, ministro de la Juventud; José Ernesto Abud, secretario de la Juventud de la Fuerza del Pueblo; Kathy Cabrera, lideresa de la Confederación Nacional de Mujeres del Campo; Yuri Enrique, miembro del Partido de la Liberación Dominicana, Rosanna Marzan, directora ejecutiva de Diversidad Dominicana, y Jared Ortiz director de Alianza ONG.

Los panelistas coincidieron en la importancia de la creación de políticas públicas e iniciativas diseñadas en base a la realidad de los jóvenes dominicanos, y el rol fundamental que desempeña el Ministerio de la Juventud, como ente encargado de formular, coordinar y dar seguimiento a la política del Estado dominicano en materia de juventud y velar por el cumplimiento de la Ley 49-00.

El ministro Rafael Feliz, señaló que es fundamental tener en cuenta a los jóvenes porque son la base que impulsa y seguirá impulsando el país, el presente y el futuro del mismo.

“Los jóvenes son figuras estratégicas para el desarrollo de los países, por ello, debemos seguir fomentando su bienestar, estimulando el interés de la cultura y la política, y sobre todo asegurando mejores oportunidades para el acceso al empleo, en condiciones dignas y para su participación en los espacios de toma de decisiones”, destacó.

Por su parte, Yuri Enrique, resaltó que los índices delincuenciales lo acaparan los jóvenes entre 16 y 27 años, donde influyen varios elementos en la niñez de estos jóvenes, y es por ello que es fundamental ver la transversalidad que deben tener las políticas públicas para la juventud, que afectan directamente en otros escenarios.

“Muchos jóvenes no pueden asumir los gastos de una carrera de 4 años, por eso el INFOTEP, el ITLA y los Centros Tecnológicos Comunitarios deben ser los que eduquen a los jóvenes para que luego de 2 años puedan acceder a un empleo”, sostuvo Yuri Enrique.

Kathy Cabrera, lideresa de la Confederación Nacional de Mujeres del Campo, subrayó que, desde el Estado dominicano, debe haber políticas públicas diferenciadas en materia de juventud, para hacer frente al desempleo y al embarazo en adolescentes.

“Cuando hablamos de garantía de derechos y nos vemos nosotras en las comunidades que no tenemos acceso a agua, a energía, que no tenemos acceso a carreteras, ni a una universidad pública ni privada, entonces las políticas públicas deben ser palpables y diferenciadas, porque las realidades no son las mismas”, sostuvo.

La destacada activista social, Rosanna Marzan, afirmó que la República Dominicana se encuentre dentro de los países con mayores niveles de embarazo en adolescentes y discriminación hacia la comunidad LGBTIQ, por ello, es fundamental desde el Estado cambiar esas realidades.

Por su parte, José Ernesto Abud, secretario de la Juventud de la Fuerza del Pueblo, precisó que es fundamental tomar en cuenta a las juventudes de cada uno de los municipios, siendo parte de las soluciones para contribuir con el desarrollo del país.

Este encuentro se desarrolló en el marco de la iniciativa Juventud Participa, espacio impulsado por la coordinadora general de Participación Ciudadana, Leidy Blanco García, que busca fomentar la participación, la formación y la reflexión de los y las jóvenes, a fin de que estos puedan contribuir a la institucionalidad democrática, la justicia social, la transparencia y la reducción de la impunidad en la República Dominicana.

Jueves 24 de marzo del 2022

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Participación Ciudadana presenta diagnóstico sobre percepción de violencia y delincuencia

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, presentó este martes los principales resultados del diagnóstico sobre percepción de violencia y delincuencia. Este estudio, dirigido a integrantes de la Red Ciudadana por la Seguridad y la Justicia y de sus organizaciones aliadas, analiza la percepción de seguridad y violencia, la victimización y la efectividad de los canales de denuncia; así como los efectos de la inseguridad y la violencia sobre las actitudes y estilos de vida de la población encuestada. 

Al consultar sobre los principales problemas del país, el 78.7% reportan la delincuencia como uno de los principales males, seguido del desempleo 73.96%, la corrupción 70.41%, la crisis de valores 65.09% y la violencia 61.54%, señala el estudio. 

La directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Fátima Lorenzo, puntualizó que la violencia y la delincuencia cobran un alto costo a nivel de la economía, en lo social, político, y afectan derechos fundamentales como el de vivir en paz, afectando el libre tránsito y la estabilidad emocional en general. 

“Para que haya una política de seguridad ciudadana cercana y conteste con procesos democráticos hay que elevar los procesos preventivos y atacar los factores estructurales que han sido identificados. Una reforma policial que ponga este órgano al servicio de la población en condiciones de dignidad, plan de desarme, lucha contra las drogas y el narcotráfico, programas que creen oportunidades de desarrollo y empleo para los jóvenes y una perspectiva integral son algunos de los pasos fundamentales que hay que impulsar”, señaló Lorenzo.            

La percepción de seguridad, y cómo se experimenta la violencia, resulta importante para comprender el uso del espacio público. De los encuestados, 8 de cada 10 personas, reportan que vivir actualmente en su municipio es inseguro. Esta percepción de inseguridad es mayor en mujeres que en hombres. Estos datos según presenta el estudio evidencian la necesidad de impulsar políticas de seguridad ciudadana que tomen en cuenta las experiencias diferenciadas de hombres y mujeres en el espacio público. 

 “La delincuencia continúa estando presente en el imaginario social de los-as dominicanos-as como una de las principales preocupaciones. Las políticas públicas de seguridad ciudadana han obviado en sus abordajes la estricta vinculación con lo local. Estos resultados resultan esenciales para orientar el diálogo y la concertación con actores locales vinculados con la respuesta y atención a la criminalidad y la inseguridad, y transitar hacia un abordaje integral y de derechos”, precisó el movimiento cívico. 

Con respecto a la sensación de miedo en el municipio, 94.68% de los-as encuestados-as reportan en alguna media sentir miedo a la delincuencia y el crimen en sus municipios. Estos reportan sentir un poco de miedo 33.14%, algo de miedo 30.18% o mucho miedo 31.36% respectivamente. Sólo el 5.33% manifestó no sentir nada de miedo. 

Los resultados de este estudio también evidencian cómo producto de la inseguridad, violencia y delincuencia se han transformado los estilos de vida de los-as encuestados-as. Por temor a la delincuencia, 59.17% reporta haber dejado de salir de casa de noche, 50.3% ha decidido dejar de usar algunas vestimentas y joyas, y 39.05% ha abandonado participar en actividades de diversión. 

Asimismo, para evitar robos a la vivienda, se reporta con mayor frecuencia en el grupo participante, estrategias como poner verjas de hierro (69.23%), reforzar seguridad de puertas y ventanas (58.58%) y tener perros (49.11%). 

Aunque la confianza de la ciudadanía es dinámica, y está determinada a partir de su relación con el Estado y el acceso a derechos, y en esta particular, mediada por las experiencias de inseguridad y delincuencia. Como ha sido tendencia en las últimas encuestas de cultura política, por un lado, los-as encuestados-as reportan altos niveles de desconfianza con los partidos políticos (67.46%), el Congreso Nacional (48.52%) y el Ayuntamiento Local (46.15%). Estos datos enmarcan un llamado de atención al problema de la confianza ciudadana en las instituciones tradicionales de la democracia, producto de la crisis de representatividad y legitimidad política. 

Por otro lado, más de la mitad de los consultados expresan alta desconfianza con la Policía Nacional (55.62%), esto representa una alerta importante a la institución principal para proteger a la ciudadanía de las violaciones de su seguridad. Esto evidencia en que la razón principal por las que las víctimas de algún acto delictivo, no presentaron sus denuncias, se debe a que entienden que no sirve de nada (66.64 %). 

 

Sobre el diagnóstico 

Este documento comprende los resultados principales del diagnóstico sobre percepción de violencia y delincuencia para Participación Ciudadana y la Red Ciudadana por la Seguridad y la Justicia durante el mes de febrero de 2022. Ha sido realizado por los sociólogos e investigadores sociales, Ángel Serafín Cuello P. y Adria Yelina De la Cruz, y refleja las opiniones de actores miembros y vinculados a la red en las localidades del Distrito Nacional, Santiago, Higüey, La Romana, Sosúa, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, San Francisco de Macorís, Boca Chica, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste y Santiago Oeste (Cienfuegos). Por su naturaleza descriptiva y exploratoria, los resultados muestran exclusivamente la percepción de este grupo específico.   

Martes 1ro de marzo del 2022 

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Participación Ciudadana clausura diplomado en Administración, Función Pública y Ciudadanía

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana realizó el acto de clausura y entrega de certificados del diplomado en Administración, Función pública y Ciudadanía, el cual tuvo como finalidad fortalecer las capacidades de 40 líderes y lideresas de los municipios de Barahona, Azua, Santiago, La Vega, San Pedro de Macorís y el Distrito Nacional.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Fátima Lorenzo, directora ejecutiva de la institución, quien señaló que el consorcio de organizaciones buscaron con este diplomado contribuir con el proceso de formación y capacitación de actores sociales y servidores públicos, para que sean ciudadanos y ciudadanas comprometidos, capaces de impulsar en sus comunidades acciones que fortalezcan la administración pública y contribuyan a la mejora en la calidad de los servicios públicos y por ende en su calidad de vida.

“Nuestra organización, entiende la importancia que tiene la formación en la incidencia social de hoy en día, y es por ello que propicia este tipo de actividades formativas en el interés que cada uno y cada una de ustedes se convertirán en entes multiplicadores en sus espacios de trabajo y en sus respectivas comunidades”, señaló Lorenzo a los graduados.

Este diplomado reforzó los conocimientos y herramientas analíticas, metodológicas y conceptuales, aportando a una mayor articulación y cooperación de la ciudadanía en el proceso de reforma y modernización de la administración pública.

La actividad contó con la conferencia de Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones Públicas, quien abordó algunos aspectos que de esta dirección se están trabajando para la descentralización de las compras públicas, ya que las mismas están centradas en la provincia Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago.

“Si bien el Estado tiene que comprar, hay que crear los mecanismos para que los ciudadanos y ciudadanas puedan ser proveedores de forma asequible para todos y todas, incentivando la participación de los productores nacionales, para que estos suplan a las instituciones públicas, contribuyendo a hacer frente al desempleo y dinamizando la economía”, señalo Pimentel.

Además, abordó la importancia del uso del portal web de compras y contrataciones, para eficientizar el proceso de compras públicas y el desarrollo del país.

En la clausura estuvo presente, además, Gustavo Barry, coordinador del diplomado. Esta capacitación se dio en el marco del proyecto “Acción Ciudadana por una Administración Pública inclusiva que garantice los Derechos Humanos (PARAP II)” que implementan Participación Ciudadana, Fundación Solidaridad y Ciudad Alternativa, con el auspicio de la Unión Europea.

 

28 de febrero del 2022

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