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Participación Ciudadana: 33 años construyendo ciudadanía

Desde su nacimiento en 1993, en medio de una profunda crisis de confianza en el sistema electoral dominicano, el movimiento cívico no partidista ha contribuido a fortalecer la democracia, promover la transparencia y consolidar una ciudadanía más activa y vigilante.

El 31 de octubre de 1993, un grupo de dominicanos y dominicanas se reunió con una convicción compartida: la construcción de una democracia sólida no podía quedar exclusivamente en manos de los partidos políticos, los gobernantes o los sectores de poder. La ciudadanía también debía tener voz, capacidad de organización e incidencia en las decisiones que definían el rumbo del país.

De aquella primera asamblea nació Participación Ciudadana, un movimiento cívico no partidista que, 33 años después, continúa trabajando por la transparencia, la justicia, el fortalecimiento institucional y el Estado de derecho en la República Dominicana.

Su surgimiento respondió a un contexto de profundas tensiones políticas. Las elecciones de 1990 habían dejado cuestionamientos sobre la legitimidad de los resultados y evidenciado la necesidad de fortalecer la institucionalidad electoral. Al mismo tiempo, distintos sectores sociales reclamaban superar prácticas clientelares y avanzar hacia una cultura política más democrática.

Miriam Díaz Santana, integrante del grupo fundador, recuerda que la organización nació con entusiasmo, pero también con plena conciencia de los desafíos que enfrentaba el país.

«Teníamos la decisión de que íbamos a hacer alguna contribución al país», expresa al recordar aquella primera asamblea.

La permanencia del movimiento durante más de tres décadas constituye, por sí misma, un aspecto relevante de su historia. Como explica Díaz Santana, muchas organizaciones que surgían para incidir en coyunturas políticas desaparecían una vez superadas las circunstancias que motivaban su creación. Participación Ciudadana, en cambio, logró consolidar una presencia sostenida en la vida pública dominicana.

De la desconfianza electoral a la vigilancia ciudadana

Uno de los primeros grandes desafíos de Participación Ciudadana fue contribuir a recuperar la confianza en los procesos electorales.

En 1994, cuando apenas llevaba unos meses de existencia, la organización comenzó a involucrarse en la observación de las elecciones, en un escenario marcado por denuncias de irregularidades y tensiones políticas que desembocaron en el acuerdo para acortar el período presidencial y celebrar nuevos comicios en 1996.

Fue precisamente en las elecciones de 1996 cuando el movimiento desarrolló una de sus primeras grandes experiencias de observación electoral organizada.

Desde entonces, Participación Ciudadana ha acompañado 15 procesos de observación electoral, movilizado a más de 59,000 personas voluntarias, elaborado alrededor de 40 informes y realizado nueve conteos rápidos de elecciones presidenciales.

Estos últimos desempeñaron un papel particularmente importante en una época en que la desconfianza hacia los resultados electorales era elevada.

Mediante una muestra científicamente seleccionada de mesas electorales, equipos de observadores registraban incidencias y resultados, permitiendo realizar estimaciones independientes que contribuían a dar confianza al proceso.

Díaz Santana recuerda que los conteos rápidos llegaron a convertirse en una referencia esperada por candidatos, autoridades electorales y ciudadanía. Incluso relata que, en determinadas elecciones, los centros de cómputos debían funcionar bajo estrictas medidas de reserva para proteger la información y garantizar la independencia del ejercicio.

Con el paso del tiempo, la modernización de los procesos electorales y la mayor rapidez en la publicación de resultados oficiales hicieron menos necesaria esta metodología.

La evolución de esa práctica refleja también una característica del movimiento: su capacidad para adaptar las herramientas de vigilancia ciudadana a las necesidades de cada etapa democrática.

Educación ciudadana: una contribución que trasciende generaciones

Aunque la observación electoral constituye una de sus labores más reconocidas, la formación ciudadana ha ocupado un lugar central en la trayectoria de Participación Ciudadana.

Para Miriam Díaz Santana, dedicada durante gran parte de su vida a la educación, este es uno de los aportes más significativos del movimiento.

Entre 2005 y 2012, la organización formó a 2,040 jóvenes en liderazgo político y contribuyó a capacitar a otros 4,673 dirigentes políticos mediante una red de multiplicadores.

Estos esfuerzos han buscado promover una comprensión más amplia de la democracia, basada no solamente en el ejercicio del voto, sino también en la participación, el pensamiento crítico, la convivencia y la responsabilidad frente a los asuntos públicos.

En la conversación conmemorativa, Participación Ciudadana es descrita como una escuela de democracia: un espacio donde las personas aprenden a escuchar, deliberar, construir consensos y trasladar esos valores a otros ámbitos de la sociedad.

Esta dimensión educativa constituye uno de los legados menos visibles, pero potencialmente más duraderos de la organización. Su influencia no se limita a las actividades que ejecuta, sino que también se expresa en las personas que, después de participar en sus iniciativas, continúan ejerciendo ciudadanía desde otros espacios.

Tres décadas de propuestas e incidencia institucional

A lo largo de su historia, Participación Ciudadana ha combinado la vigilancia y la denuncia con la elaboración de propuestas, el diálogo y la concertación.

Su participación en decenas de debates sobre reformas constitucionales, electorales, judiciales y legislativas ha contribuido a colocar las demandas de transparencia, independencia institucional y rendición de cuentas en la agenda pública.

La organización ha desarrollado acciones de incidencia relacionadas con las leyes electorales y de partidos, el sistema de justicia, los mecanismos de fiscalización de los recursos públicos y el funcionamiento de las instituciones democráticas.

También ha dado seguimiento a procesos de selección de autoridades y jueces de las altas cortes, promoviendo criterios de transparencia, independencia e idoneidad.

Esta combinación de presión ciudadana y concertación constituye uno de los rasgos que definen su identidad.

Como plantea Díaz Santana, las sociedades avanzan mediante la construcción de acuerdos, incluso cuando estos no satisfacen plenamente las aspiraciones de todos los sectores.

La experiencia de Participación Ciudadana demuestra que la incidencia de la sociedad civil no depende únicamente de su capacidad para cuestionar decisiones, sino también de su disposición para formular alternativas y participar en los espacios donde pueden producirse transformaciones institucionales.

La lucha contra la corrupción y la construcción de memoria pública

Desde 2004, Participación Ciudadana es el capítulo dominicano de Transparencia Internacional, una vinculación que ha fortalecido su trabajo de prevención, investigación, denuncia e incidencia frente a la corrupción y la impunidad.

Durante estas décadas, la organización ha dado seguimiento a importantes procesos de corrupción administrativa, desarrollado investigaciones y promovido reformas relacionadas con la fiscalización, las compras y contrataciones públicas y los mecanismos de rendición de cuentas.

Entre sus aportes históricos destacan las investigaciones sobre la corrupción sin castigo, que documentaron procesos judiciales y contribuyeron a visibilizar los problemas de impunidad en el país.

Más recientemente, la institución ha fortalecido esta labor mediante el Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, que ha producido diez informes, y un repositorio público destinado a facilitar el acceso ciudadano a información sobre procesos de corrupción.

La producción de conocimiento ha sido otra constante de su trayectoria. Con más de 400 publicaciones, entre estudios, investigaciones, informes, análisis y herramientas de monitoreo, Participación Ciudadana ha contribuido a documentar acontecimientos, alimentar el debate público y preservar información relevante para la sociedad dominicana.

Este trabajo representa una contribución que trasciende la coyuntura.

En sociedades donde la memoria institucional suele ser frágil, documentar los hechos, registrar las actuaciones públicas y facilitar el acceso a información verificable permite que la ciudadanía conozca su historia y cuente con mejores herramientas para exigir responsabilidades.

Acercar la justicia a las comunidades

Otro de los aportes relevantes de Participación Ciudadana ha sido el impulso de las Casas Comunitarias de Justicia.

Concebidas para facilitar el acceso a servicios de orientación, mediación y resolución alternativa de conflictos, estas iniciativas han contribuido a acercar la justicia a las comunidades y promover una cultura de paz.

De acuerdo con los datos institucionales, alrededor de 650,000 personas han recibido atención a través de este modelo.

Con el tiempo, las Casas Comunitarias de Justicia adquirieron autonomía institucional, aunque conservan su origen como una iniciativa impulsada por Participación Ciudadana.

Su desarrollo ilustra una dimensión importante del trabajo del movimiento: la capacidad de promover proyectos que, una vez consolidados, pueden continuar ofreciendo servicios a la población mediante estructuras independientes.

En conjunto, Participación Ciudadana registra 109 proyectos ejecutados con el respaldo de más de 50 entidades nacionales e internacionales, en ámbitos que incluyen educación ciudadana, derechos humanos, participación política, fortalecimiento institucional, transparencia y justicia.

Una historia colectiva que continúa

Detrás de los informes, los proyectos y las cifras existe una historia construida por miles de personas.

Integrantes de la membresía, voluntarios, profesionales, organizaciones aliadas y generaciones de colaboradores han contribuido a sostener un movimiento cuya principal fortaleza ha sido la acción colectiva.

La independencia política, el compromiso con los principios democráticos y la participación voluntaria han sido elementos esenciales de su identidad.

A sus 33 años, Participación Ciudadana enfrenta un escenario distinto al que motivó su fundación.

La República Dominicana cuenta hoy con instituciones, normas y mecanismos de participación que han evolucionado durante las últimas décadas. Sin embargo, persisten desafíos relacionados con la corrupción, la calidad de la representación política, el fortalecimiento de la justicia, la transparencia en la gestión pública y la confianza ciudadana.

A estos se suman nuevas exigencias: ampliar la participación de las generaciones jóvenes, aprovechar las tecnologías para facilitar el acceso a información pública y fortalecer las capacidades de la ciudadanía para vigilar e incidir en las decisiones del Estado.

En ese contexto, uno de los principales retos del movimiento será continuar renovando sus formas de organización, comunicación e incidencia, sin perder los principios que dieron origen a su existencia.

Su experiencia acumulada, sus redes de voluntariado y su capacidad de producir información y articular propuestas constituyen una base importante para afrontar esta nueva etapa.

Pero quizás su mayor contribución sea haber ayudado a consolidar una idea fundamental: la democracia no se limita a elegir gobernantes cada cierto tiempo. También requiere ciudadanía organizada, instituciones sometidas al escrutinio público y personas dispuestas a participar en la construcción de soluciones colectivas.

Treinta y tres años después de aquella primera asamblea de octubre de 1993, Participación Ciudadana continúa reivindicando el principio que motivó su nacimiento: la democracia es una responsabilidad compartida.

Porque construir ciudadanía no es una tarea que se completa con un proyecto, una reforma o una elección.

Es un compromiso permanente con el país.

33 años construyendo ciudadanía. ¡Y vamos por más!

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ROI alerta al CNM sobre falta de transparencia y llama a garantizar la idoneidad, la paridad de género y la independencia judicial

La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) reitera su llamado al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a actuar con transparencia y a informar oportunamente sobre los resultados del proceso de evaluación y selección de jueces y juezas de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), ante la ausencia de una decisión pública dentro del plazo previsto.

Advirtió que, hasta el momento, solo se han publicado dos actas correspondientes a la fase de evaluación de desempeño de jueces de esa alta corte cuyo periodo venció en abril de este año y ninguna de esas actas explica las causas por las que algunas personas fueron ratificadas y otras no. Respecto del actual proceso de selección para ocupar las vacantes, tampoco han sido publicadas las actas de las sesiones celebradas. Esta falta de transparencia y rendición de cuentas, no tiene precedentes. La legitimidad de este proceso no depende únicamente de las personas designadas, sino también de la transparencia con que se adopten y comuniquen las decisiones, así como sus fundamentos.

A la fecha, la ciudadanía continúa a la espera de información oficial sobre las decisiones adoptadas, aún cuando se había previsto que a más tardar el 23 de octubre se darían a conocer las nuevas designaciones. En ese sentido, ROI insiste en la necesidad de que el CNM haga públicos los resultados, las actas y las motivaciones que permitan conocer los criterios aplicados para la selección de los personas evaluadas para conformar la SCJ, como parte de su compromiso con la rendición de cuentas y la transparencia institucional.

La ROI reitera su posición en cuanto a que la selección de jueces y juezas que integrarán la SCJ debe responder a criterios objetivos de idoneidad, trayectoria profesional, independencia, imparcialidad, integridad, capacidad jurídica y compromiso con los derechos humanos y el acceso a la justicia.

La organización insiste, además, en que las próximas designaciones deben contribuir a corregir el desequilibrio de género que ha caracterizado la composición de ésta alta corte. La Constitución establece el principio de participación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de decisión del Estado, por lo que el CNM debe garantizar que la renovación de la SCJ avance efectivamente hacia la paridad. La presencia de más mujeres en los espacios de decisión judicial es indispensable para que la composición de la institución refleje este mandato constitucional.

Asimismo, la ROI subraya la importancia de valorar la carrera judicial en la selección de los nuevos integrantes y, particularmente, en la elección de la Presidencia de la SCJ. La experiencia acumulada dentro del Poder Judicial debe ser reconocida como una vía legítima de desarrollo profesional, sin que ello sustituya la evaluación rigurosa de la idoneidad, la independencia y la integridad de cada candidatura.

En este contexto, la ROI considera que la designación de una mujer con trayectoria en la carrera judicial para ocupar la presidencia de esa alta corte representaría una oportunidad para avanzar tanto en la participación equilibrada de mujeres y hombres como en el reconocimiento de la experiencia y la profesionalización dentro del Poder Judicial.

La Red reitera que la conformación de la SCJ y de cualquier alta corte debe garantizar una representación equilibrada, valorar la carrera judicial y asegurar que las personas designadas cuenten con las condiciones necesarias para ejercer sus funciones con autonomía, imparcialidad, responsabilidad y compromiso con los derechos de todas las personas.

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Participación Ciudadana entregará Reconocimiento a la Integridad y la Lucha contra la Corrupción 2026 al ingeniero Mario Bergés

La distinción reconoce su trayectoria de compromiso con la transparencia, la defensa de los derechos ciudadanos y la lucha contra la corrupción y la impunidad en República Dominicana.

Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, anunció que otorgará el Reconocimiento a la Integridad y la Lucha contra la Corrupción 2026, al ingeniero y activista social Mario Bergés Santos, en reconocimiento a sus aportes a la construcción de una sociedad más justa, democrática y comprometida con la ética pública.

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana valoró su prolongada trayectoria de participación en movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, desde los cuales ha promovido la transparencia, la rendición de cuentas, la educación de calidad y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

Mario Bergés es ingeniero civil egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y cuenta con una destacada trayectoria profesional y de servicio ciudadano. Es miembro fundador del Centro de Estudios Sociales Juan XXIII, institución que presidió entre 2007 y 2009, y ha desempeñado responsabilidades de coordinación en espacios como Foro Ciudadano y el Espacio de Lucha contra la Corrupción.

Su activismo también ha estado vinculado a importantes movilizaciones ciudadanas, entre ellas la lucha por la asignación del 4 % del producto interno bruto a la educación preuniversitaria, a través de la Coalición Educación Digna, así como las iniciativas de Marcha Verde, Poder Ciudadano e Impunidad Cero, orientadas a combatir la corrupción y exigir mayor responsabilidad de las autoridades públicas.

Sobre el reconocimiento

Instituido en 2009, el Reconocimiento a la Integridad y la Lucha contra la Corrupción distingue a personas que han realizado contribuciones extraordinarias a la transparencia, la correcta administración de los recursos públicos y el combate contra la corrupción y la impunidad.

Con esta iniciativa, Participación Ciudadana también procura promover modelos positivos de conducta y destacar trayectorias que inspiren a la ciudadanía a ejercer sus derechos y asumir un compromiso activo con el bienestar colectivo.

A lo largo de los años, este galardón ha reconocido a figuras emblemáticas del periodismo, la justicia, el liderazgo social y el activismo ciudadano. Entre ellas se encuentran: Germán Miranda Villalona, Roque Napoleón Muñoz, Nuria Piera, Alicia Ortega, Fausto Rosario Adames, Miriam Germán Brito, Altagracia Salazar, Milagros Ortiz Bosch, Juan Bolívar Díaz, Mario Arturo Fernández, José Alejandro Vargas, Wilson Camacho, Yeni Berenice Reynoso y Julio César Canó Alfau, Marino Zapete y Edith Febles,  personalidades cuyo legado ha dejado huellas profundas en la lucha por la integridad, la transparencia y la defensa de los valores democráticos.

La entrega del galardón se realizará en diciembre, en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, establecido por las Naciones Unidas. Los detalles del acto serán anunciados oportunamente.

Consejo Nacional

13 de octubre de 2026.

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PC analiza en su décimo informe el rechazo a la extinción automática en grandes casos de corrupción

El informe fue puesto en circulación durante el Segundo Espacio de Diálogo Multisectorial sobre Integridad Pública, dedicado a debatir los retos del nuevo Código Penal y la lucha contra la corrupción.

Santo Domingo, 7 de octubre de 2026.— Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, puso en circulación su Décimo Informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, dedicado al análisis de la decisión del Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional que rechazó la solicitud de extinción de la acción penal en el proceso seguido a Jean Alain Rodríguez y compartes.

La presentación se realizó en el marco del Segundo Espacio de Diálogo Multisectorial sobre Integridad Pública, desarrollado como parte del proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho en Centroamérica y el Caribe (FEDACC III). El encuentro reunió a especialistas y participantes de distintos sectores para reflexionar sobre las implicaciones del nuevo Código Penal para la justicia, las instituciones, las empresas y la ciudadanía.

Durante el diálogo fueron abordados aspectos como la investigación y persecución penal de la corrupción, la eficacia de las sanciones, el decomiso de bienes y la prescripción, así como el equilibrio entre el poder punitivo del Estado, el debido proceso y las garantías constitucionales. También se destacó la necesidad de fortalecer la comprensión ciudadana de las reformas jurídicas para favorecer un control social informado y efectivo.

El tiempo transcurrido no basta para extinguir un proceso

El Décimo Informe considera trascendente la decisión analizada porque establece que el solo transcurso del plazo máximo previsto por la ley no conduce automáticamente a la extinción de la acción penal. Corresponde a los tribunales evaluar integralmente las circunstancias que han incidido en la duración de cada proceso.

Entre los elementos que deben ser ponderados se encuentran la complejidad del caso, la actividad procesal de las partes, la conducta de las autoridades judiciales y las circunstancias que expliquen las demoras registradas.

El informe reconstruye la trayectoria del expediente y señala que, solo durante la etapa preliminar, se celebraron 99 audiencias, además de múltiples actuaciones posteriores ante distintos tribunales. Entre las causas de aplazamiento figuran reposiciones de plazos para garantizar el derecho de defensa, situaciones de salud, recusaciones, recursos, designaciones de defensas técnicas, fusiones de expedientes y otras incidencias procesales.

El tribunal determinó que, aunque el proceso superó el plazo legal establecido, no se comprobó una paralización injustificada atribuible a las autoridades judiciales que justificara su extinción. Consideró, por el contrario, que su duración ha estado relacionada con la complejidad del expediente, la multiplicidad de actuaciones y el ejercicio de las facultades procesales de las partes.

Ni dilaciones indefinidas ni extinciones automáticas

Participación Ciudadana reconoce que el derecho de toda persona a ser juzgada dentro de un plazo razonable constituye una garantía fundamental del debido proceso. Sin embargo, entiende que su aplicación debe armonizarse con la complejidad de cada expediente, el derecho de defensa y la obligación de los órganos jurisdiccionales de conocer y responder las actuaciones promovidas por las partes.

La organización sostiene que el objetivo debe ser que los procesos puedan llegar al conocimiento del fondo, permitiendo la presentación y valoración de las pruebas y una decisión judicial que determine, conforme al debido proceso, la culpabilidad o inocencia de las personas procesadas.

Por ello, Participación Ciudadana llamó a los órganos jurisdiccionales a avanzar hacia criterios consistentes y suficientemente motivados sobre la aplicación del plazo razonable y la extinción de la acción penal, preservando simultáneamente las garantías de las personas procesadas y el derecho de la sociedad a que los casos sean conocidos y decididos conforme a derecho.

El movimiento cívico reiteró que continuará dando seguimiento, a través de su Observatorio, a los grandes procesos de corrupción administrativa que cursan ante los tribunales dominicanos, como parte de sus esfuerzos para fortalecer la justicia, la transparencia y el acceso ciudadano a información sobre estos casos.

El Décimo Informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa puede consultarse en:
https://corrupcion.pciudadana.org/ediciones

Consejo Nacional
Participación Ciudadana
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ROI llama al CNM a garantizar independencia, carrera judicial, paridad y transparencia en la selección de jueces de la Suprema Corte

La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) llamó al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a garantizar independencia judicial, carrera judicial, paridad y transparencia en las evaluaciones de las personas preseleccionadas para ocupar las seis vacantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Al anunciar que observará el desarrollo del proceso, ROI sostuvo que la selección de quienes integrarán la Suprema y, particularmente, de quien habrá de presidirla, debe responder al mérito, la trayectoria, la integridad, la capacidad profesional y la independencia de criterio.

“La ciudadanía también debe poder confiar en la independencia de las personas seleccionadas. Cuanto mayor pueda ser la percepción de cercanía con el poder, mayores deben ser las garantías de objetividad y transparencia que rodeen la decisión”, expresó la organización.

ROI recordó además que el artículo 180 de la Constitución exige que las tres cuartas partes de los integrantes de la Suprema Corte provengan de la carrera judicial, por lo que exhortó al CNM a respetar estrictamente esa composición y a reconocer la formación, experiencia y trayectoria de quienes han dedicado años al ejercicio jurisdiccional.

La Red consideró también que el proceso constituye una oportunidad para avanzar en la paridad y en el acceso de las mujeres a los espacios de mayor liderazgo judicial. “La República Dominicana cuenta con profesionales del derecho y juezas de carrera con los méritos y la capacidad necesarios. Es tiempo de que una mujer sea considerada para presidir la Suprema Corte de Justicia”, sostuvo.

ROI recordó que recientemente el presidente Luis Abinader planteó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que ha llegado el momento de que una mujer ocupe la Secretaría General de la ONU, y sostuvo que ese principio de igualdad debe proyectarse también hacia las instituciones dominicanas.

“Si reconocemos que las mujeres deben acceder a los más altos espacios de liderazgo internacional, debemos garantizar también las condiciones para que puedan hacerlo en las instituciones dominicanas”, manifestó la Red.

En materia de transparencia, ROI reclamó la publicación oportuna de las actas del CNM, así como información sobre las objeciones presentadas y las razones por las cuales fueron rechazadas. Asimismo, insistió en que las reglas y criterios deben aplicarse de manera uniforme a todas las candidaturas, sin diferencias injustificadas en los niveles de escrutinio.

ROI informó que remitió al CNM una guía de preguntas y una matriz de evaluación para contribuir a una valoración objetiva de las candidaturas y anunció que dará seguimiento a las entrevistas y decisiones del Consejo.

“Promovemos una Suprema Corte independiente del poder político y de intereses particulares; que reconozca el mérito y la carrera judicial; en la que las mujeres puedan no solamente integrarla, sino también dirigirla; y cuya composición sea resultado de un proceso transparente, objetivo y debidamente motivado”, concluyó la Red.

DOCUMENTO TÉCNICO PRESENTADO POR ROI

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE JUECES DE LA SUPREMA CORTE

La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) comparece ante la opinión pública con motivo del inicio de las evaluaciones de las personas preseleccionadas para ocupar las seis vacantes existentes en la Suprema Corte de Justicia.

ROI estará observando este proceso a partir de cuatro ejes fundamentales: independencia judicial, carrera judicial, paridad y transparencia.

En primer lugar, la independencia judicial debe ser una condición esencial de toda designación. La selección de quienes integrarán la Suprema Corte y, particularmente, de quien habrá de presidirla, debe estar libre de cualquier consideración ajena al mérito, la trayectoria, la integridad, la capacidad profesional y la independencia de criterio.

En un proceso de esta naturaleza la ciudadanía también debe poder confiar en la independencia de las personas seleccionadas. Por ello, cualquier relación profesional, personal, económica o institucional relevante entre una persona aspirante y quienes participan en su selección exige mayores garantías de objetividad y transparencia. Cuanto mayor pueda ser la percepción de cercanía con el poder, mayores deben ser las garantías que rodeen la decisión.

La Presidencia de la Suprema Corte de Justicia no es una posición de confianza del Poder Ejecutivo, de los partidos políticos ni de ningún sector particular. Quien presida la Suprema debe ofrecer garantías inequívocas de independencia.

En segundo lugar, ROI recuerda que la carrera judicial constituye un mandato constitucional. El artículo 180 de la Constitución dispone que las tres cuartas partes de los integrantes de la Suprema Corte deben ser seleccionadas entre jueces y juezas pertenecientes al sistema de carrera judicial, reservando la cuarta parte restante a profesionales del derecho, académicos o integrantes del Ministerio Público.

El CNM debe garantizar estrictamente esta composición. Pero fortalecer la carrera judicial significa también reconocer la formación, experiencia y trayectoria de quienes han dedicado años al ejercicio jurisdiccional y asegurarles una posibilidad real de alcanzar las más altas posiciones del Poder Judicial.

En tercer lugar, este proceso constituye una oportunidad para avanzar en la paridad entre mujeres y hombres. La República Dominicana cuenta con profesionales del derecho y con juezas de carrera con la formación, experiencia, trayectoria y méritos necesarios para asumir las más altas responsabilidades jurisdiccionales. Por ello, ROI entiende que es tiempo de que una mujer sea considerada para presidir la Suprema Corte de Justicia.

Hace pocos días, el presidente Luis Abinader afirmó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que ha llegado el momento de que una mujer ocupe la Secretaría General de esa organización. Ese principio de igualdad debe proyectarse también hacia nuestras propias instituciones. Si reconocemos que las mujeres deben acceder a los más altos espacios de liderazgo internacional, debemos garantizar también las condiciones para que puedan hacerlo en las instituciones dominicanas.

Esto significa reconocer que existen mujeres con los méritos, la carrera, el compromiso con la democracia y con los derechos humanos, así como la capacidad necesaria y que la igualdad debe alcanzar también los espacios donde se ejerce el poder.

Finalmente, ROI llama la atención sobre la necesidad de garantizar transparencia y debido proceso.

La ciudadanía tiene derecho a conocer las reglas del proceso, los criterios de evaluación, las decisiones adoptadas y, sobre todo, las razones que las sustentan. Hasta este momento se desconocen aspectos relevantes del proceso, entre ellos el contenido de las objeciones presentadas y las razones por las cuales fueron rechazadas. Asimismo, resulta indispensable la publicación oportuna de las actas del Consejo Nacional de la Magistratura.

La experiencia reciente de evaluación de los propios integrantes de la Suprema Corte demuestra la importancia de criterios objetivos y previamente establecidos. Tras ese proceso, la magistrada Pilar Jiménez Ortiz cuestionó que se hubieran utilizado para valorar su desempeño elementos que, según sostuvo, no se encontraban entre los criterios previstos en las normas aplicables, y advirtió sobre sus implicaciones para la independencia judicial.

Por ello, las reglas deben ser conocidas y aplicadas de manera uniforme a todas las personas aspirantes. No puede haber niveles de escrutinio diferentes sin justificación objetiva, preguntas rigurosas para unas candidaturas y complacientes para otras, ni criterios que aparezcan después de realizadas las evaluaciones.

ROI elaboró y envió el 15 de octubre de 2025 al CNM una guía de preguntas y una matriz de evaluación como herramientas para contribuir a una valoración objetiva de las candidaturas. Exhortamos al CNM a tomarlas en consideración y a evaluar aspectos esenciales como la independencia judicial, integridad, conflictos de interés, trayectoria, derechos fundamentales, igualdad y no discriminación, perspectiva de género y gestión judicial.

A partir de hoy, ROI estará observando las evaluaciones y las decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura. Prestaremos especial atención al debido proceso, la objetividad de las entrevistas, el respeto a la carrera judicial, la composición constitucional de la Suprema Corte, la participación equilibrada de mujeres y hombres, la independencia judicial y la transparencia y motivación de las decisiones.

Promovemos una SCJ independiente del poder político y de intereses particulares; que reconozca el mérito y la carrera judicial; en la que las mujeres puedan no solamente integrarla, sino también dirigirla; y cuya composición sea el resultado de un proceso transparente, objetivo y debidamente motivado.

El Consejo Nacional de la Magistratura tiene ante sí una oportunidad para fortalecer la confianza ciudadana en el sistema de justicia.

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Participación Ciudadana llama a garantizar la seguridad ciudadana con respeto a la ley y al debido proceso

El gobierno del presidente Abinader parece que ha perdido la paciencia con la violencia que afecta a la ciudadanía, pero en vez de redoblar sus esfuerzos hasta alcanzar la necesaria reforma policial que inició, ha preferido el método fracasado e inconstitucional de permitir a la Policía Nacional aplicar los mal llamados “intercambios de disparos y muertes extrajudiciales”, que son inconstitucionales e ilegales, pero además no reducen la violencia, sino que la incrementan.

A lo largo de 31 años, la Policía Nacional, ha desaparecido alrededor de 7,215 dominicanos y esto forma parte, por su prolongación y permanencia, de una política de Estado, que convoca a más violencia.

Que a la fecha solo en este año se haya sobrepasado la cifra de 196 muertes, y 42 solo en el mes de septiembre, refuerza la medición del Latinobarómetro 2024 que coloca a República Dominicana con el peor ranking en muertes ocasionadas por los aparatos coercitivos del Estado, en 18 países evaluados. 

Se consolidan los “intercambios de disparos” como una política de Estado que han utilizado todos los gobiernos para atacar la violencia, pues se prefiere responder con más violencia, a pesar de que este método no ha reducido la violencia que se pretende combatir, y, en cambio, desacredita los esfuerzos de reforma policial que lleva a cabo el gobierno.

Se está generando una situación de fuego cruzado con la ciudadanía en el centro, afectando sobre todo a la gente pobre del país, por lo que llamamos a las autoridades a cuidar sus expresiones para que no puedan confundirse como una validación de conductas ilegales. Que una parte importante de la población, afectada por la violencia, aplauda las ejecuciones extrajudiciales, por desconocimiento de las consecuencias negativas de esta medida, no otorga derecho a las autoridades a violar la Constitución.

Reclamamos que el Ministerio Público investigue cada caso de intercambio de disparo donde una persona haya perdido la vida, registrando la supuesta arma utilizada para justificar el intercambio, con la finalidad de evitar que la impunidad prevalezca en aquellos casos donde se pueda comprobar que se ha tratado de una ejecución extrajudicial.

Consejo Nacional 

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Participación Ciudadana reconoce al Dr. Luis Scheker Ortiz como Miembro Emérito

Participación Ciudadana reconoció al Dr. Luis Antonio Scheker Ortiz como Miembro Emérito de la organización, en reconocimiento a su trayectoria, sus aportes al movimiento y su compromiso sostenido con la institucionalidad y los derechos ciudadanos.

La categoría de Miembro Emérito es una distinción contemplada en los Estatutos de Participación Ciudadana para personas que han realizado contribuciones significativas al movimiento y que, por diferentes razones, se encuentran imposibilitadas de mantener la condición de miembro activo. Quienes reciben esta distinción permanecen de por vida como miembros de la organización, con derecho a voz y voto en las asambleas y a participar en sus actividades internas.

La relación del Dr. Scheker Ortiz con Participación Ciudadana se remonta al año 2001. Posteriormente, formó parte del Consejo Nacional en los períodos de 2004, 2007 y 2010, y se desempeñó como coordinador general en 2005, asumiendo responsabilidades dentro de la organización con una participación caracterizada por la disciplina, la transparencia y el sentido de propósito.

Abogado de profesión, doctor en Derecho y con estudios de maestría en Administración Pública y de Personal, Scheker Ortiz ha dedicado más de cuatro décadas al ejercicio profesional. A lo largo de su trayectoria también se ha desempeñado como educador, dirigente deportivo, servidor público y activista social.

Entre las responsabilidades que ha ocupado figuran las de vicerrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, secretario de Estado de Deportes y presidente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Asimismo, fue fundador y presidente de la Asociación de Profesores de Administración Pública.

Su trayectoria también ha estado estrechamente vinculada al deporte. Se destacó como atleta de béisbol universitario y de selección nacional y, posteriormente, presidió el Comité Permanente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

De igual manera, el Dr. Scheker Ortiz ha sido un activo propulsor y defensor de figuras y causas relacionadas con los derechos ciudadanos. Su nombre ha figurado entre las ternas evaluadas para la designación del Defensor del Pueblo en la República Dominicana, como parte de una trayectoria pública vinculada a la defensa de la institucionalidad y los derechos ciudadanos.

Con su reconocimiento como Miembro Emérito, Participación Ciudadana distingue una trayectoria de servicio y reafirma el valor de quienes, a través de los años, han contribuido al fortalecimiento de la organización y a la promoción de una sociedad más justa y democrática.

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PC solicita levantar la confidencialidad del acuerdo migratorio con Estados Unidos

República Dominicana firmó  el 12 de mayo de 2026 un memorando de entendimiento (MOU por sus siglas en inglés), con Estados Unidos, para permitirle el “ingreso temporal y excepcional” de un número limitado de nacionales extranjeros, deportados de Estados Unidos y en tránsito hacia sus países de origen, firma que ha levantado serios cuestionamientos por los problemas y riesgos que podría generar para nuestro país, por lo que Participación Ciudadana solicitó el 20 de mayo de 2026 que el mismo se hiciera público para poder entender su alcance.

Sin embargo, nos percatamos que la decisión del ministro de relaciones exteriores saliente fue aprobar la resolución No. 001-2026, de fecha 12 de mayo de 2026 que declara como confidencial el MOU y toda información relacionada.

Participación Ciudadana no entiende las razones que llevaron al Mirex a clasificar como confidencial este documento, sobre todo cuando el mismo es público en Estados Unidos.  Por razones de transparencia, Participación Ciudadana ha decidido subir en su página en internet el referido documento, para que la ciudadanía tenga acceso al mismo.

Informaciones en las redes señalan que una aeronave de ICE que salió de El Paso, Texas, aterrizó en el aeropuerto de San Isidro en la República Dominicana, sin que se tenga noticia oficial de si se trata de la ejecución del MOU y cuáles personas arribaron al país, cuál es su estatus migratorio, qué tiempo permanecerán en el país y en cuáles condiciones. Recordemos que los dominicanos que son deportados desde los Estados Unidos no están cubiertos por la confidencialidad, por lo que no entendemos por qué deberían estarlo los nacionales extranjeros ingresados a nuestro país amparados en el MOU.

El MOU no explica cuál es la contrapartida que recibirá la República Dominicana por aceptar en su territorio a estas personas de terceros países, por lo que entendemos que el Mirex debería ofrecer información al respecto.

Por tratarse de un tema migratorio, la ciudadanía tiene derecho a saber todos los detalles de este MOU y de la forma en que se está ejecutando, por lo que estamos solicitando al Ministerio de Relaciones Exteriores la revocación del carácter confidencial de dicho documento y sus detalles generales.

CONSEJO NACIONAL

21 de septiembre  de 2026

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Posición de PC sobre estudio de abstención electoral

Participación Ciudadana ha recibido con satisfacción la publicación del estudio “La Abstención Electoral en República Dominicana”, presentado recientemente por CAPEL, por encargo de la Junta Central Electoral. Este tema fue uno de los principales puntos que destacamos en nuestro informe final de observación de las elecciones del 2024. En el acápite 3.11 de dicho informe, publicado en julio de ese año consignamos: “recomendamos a la JCE auspiciar un estudio profundo de las razones de abstención para, de esa manera, poder contribuir a resolver los escollos y desarrollar campañas de motivación bien enfocadas.”

Los aspectos y recomendaciones más destacados del estudio confirman lo que ya todo el país sabe y lo que recogen los informes de observación, tanto de nuestra organización como de invitados externos: ha crecido la cantidad de ciudadanos que no se identifican con los candidatos y sus programas, que critican su comportamiento ético, que han perdido el entusiasmo y la fe en la importancia del voto, así como la confianza en que éste se va a reflejar en sus condiciones de vida. Además, el estudio muestra de manera muy clara que la mayoría de la población dominicana, contrario a lo que creen y repiten muchos dirigentes políticos, está hastiada de lo mismo, rechaza el clientelismo, las falsas ofertas y ya no le divierte tanto el desorden, el ruido, la extensión en el tiempo y la superficialidad de las campañas. 

Participación Ciudadana entiende que todavía estamos a tiempo de hacer cambios que pudieran reflejarse en una mayor participación en las elecciones del 2028 y en el fortalecimiento de la democracia. Corresponde a todos los ciudadanos y ciudadanas contribuir en los aspectos fundamentales que recoge el estudio, de los cuales queremos destacar los que exponemos a continuación. 

La Junta Central Electoral debe asumir la mayor responsabilidad en los cambios que reclama la población. Aunque los políticos y sus organizaciones son los receptores principales del rechazo popular, las leyes electorales prevén, regulan y sancionan todas las conductas que la población señala como disuasivas de la participación activa, la confianza y el avance electoral. Corresponde a ese organismo rector hacer cumplir las mismas de manera firme, sobre todo mediante el convencimiento y la aplicación de consecuencias, lo cual estamos seguros de que contará con un amplio respaldo público. Las amenazas de otro proceso electoral en violación de los plazos y repitiendo los mismos vicios que tanto rechazo producen, están a la vista desde el año pasado y en estos momentos abundan indicadores de que se volverá a desafiar a las leyes y las autoridades.

La JCE y el Tribunal Superior Electoral cuentan con los medios legales y materiales, así como con el apoyo y la confianza necesarios para lograr avances sustanciales en este proceso. Si no lo hacen van a perder parte de la legitimidad ganada. Aspectos logísticos y procedimentales que también registra el estudio deben ser atendidos, en función de su efectividad y costo razonable, aunque está claro que los mismos no garantizan una mayor participación. 

Los partidos, agrupaciones y movimientos políticos son las instituciones mayormente responsables del rechazo que se refleja en el estudio. Aunque se ha venido registrando desde hace años el agotamiento de la forma de hacer política, son pocos los indicadores de que los partidos estén tomando en cuenta el proceso de pérdida de legitimidad que está a la vista. Son muchos los que todavía creen que los recursos económicos, ya sea del Estado o de fuentes privadas, pueden garantizar el voto. Si bien es cierto que esto ha sido así, sobre todo en candidaturas locales al congreso y a los municipios, lo cual explica la presencia en estos espacios de muchas personas procedentes de actividades económicas muy rentables, la alta abstención electoral está mostrando a gritos que estos recursos no son suficientes y que muchas posiciones son obtenidas y se mantienen con muy bajo respaldo popular. 

Todavía el país está a tiempo de rescatar a estas instituciones fundamentales para la democracia, las advertencias están a la vista y si no hacen caso podrían ser responsables del surgimiento de opciones electorales coyunturales y riesgosas que amenazan con socavar la gobernabilidad que ha exhibido el país en las últimas décadas. Las críticas a las campañas, al clientelismo, a la calidad y ética de los candidatos, a la falta de propuestas creíbles y a las formas de comunicación de las mismas, son muy contundentes y deben ser atendidas, so pena de ser responsables del deterioro de la democracia en nuestro país, que aparece entre las más fuertes del continente. 

El tema de la educación ciudadana es un desafío, no solo en República Dominicana, sino en casi todo el mundo. Ha sido sumamente descuidado en el sistema educativo dominicano y, aunque todos estamos de acuerdo en que es necesario mejorarlo, son muy débiles y aislados los esfuerzos en este aspecto fundamental para el sostenimiento del sistema democrático. No bastan los anuncios de fortalecer la cívica, la moral o la ética en las escuelas con una materia más que viene a engrosar el ya abultado currículo. Este es un tema de largo alcance que debe movilizar a las autoridades educativas, padres y madres, al cuerpo docente de la educación preuniversitaria y universitaria y a la sociedad civil en un movimiento nacional que se refleje en un cambio de la conducta ciudadana, más allá de asuntos electorales y coyunturales.  

El pueblo dominicano ha demostrado ser amante de su país y no cabe duda de que, gran parte de los avances que hemos obtenido en muchos aspectos, se han logrado con el propio esfuerzo, enfrentándose a toda clase de dificultades sistémicas y a las debilidades de sus gobernantes y líderes. La sociedad civil también ha hecho importantes aportes. 

Ante los resultados y recomendaciones del estudio de abstención electoral, Participación Ciudadana buscará apoyo, una vez más, para diseñar un plan de observación integral del proceso. Además, propiciará encuentros con los principales actores con el propósito de lograr acuerdos que contribuyan a enfrentar las debilidades evidenciadas y fortalecer la integración de la ciudadanía en los esfuerzos por preservar nuestro sistema democrático. 

Consejo Nacional

22 de septiembre del 2026

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ROI reitera llamado al CNM a actuar con transparencia y expresa preocupación en torno a la participación de mujeres en la Suprema Corte de Justicia

La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) expresó preocupación por las consecuencias de las recientes decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que confirmó a cinco de los siete jueces de la Suprema Corte de Justicia sometidos a evaluación y decidió no confirmar a Vanessa Acosta Peralta y Francisco Antonio Jerez Mena.

Las cinco personas confirmadas son hombres. Con la salida de Acosta y las demás vacantes producidas en la Suprema Corte, permanecen únicamente dos mujeres, Yorlin Vásquez y Miguelina Ureña, de un total de 17 integrantes una vez completada la matrícula.

Para ROI, este resultado debe ser corregido en las próximas designaciones. La Constitución ordena garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en la administración de justicia, mientras que en la última década, esta alta corte ha estado compuesta por 4 mujeres, hasta diciembre de 2025, cuando se incrementó a cinco mujeres. Estas cifras plantean cuestionamientos serios en torno al cumplimiento del mandato constitucional.

ROI también considera indispensable que el CNM publique las actas y motivaciones que permitan conocer los criterios utilizados para confirmar o no confirmar a los jueces evaluados. La ciudadanía debe poder conocer las razones de decisiones que inciden directamente en la composición, independencia y legitimidad del máximo órgano del Poder Judicial.

La organización recordó además que la Constitución exige que tres cuartas partes de los integrantes de la Suprema Corte provengan de la carrera judicial y una cuarta parte de profesionales del derecho, académicos o miembros del Ministerio Público. Para ROI, la carrera judicial debe ser valorada como mecanismo de profesionalización y como una posibilidad real de ascenso dentro del Poder Judicial, sin que esto sustituya la evaluación integral de la idoneidad de cada candidatura.

En ese sentido, las próximas designaciones deben atender a criterios objetivos de trayectoria, independencia e imparcialidad, integridad, capacidad jurídica y compromiso con la institucionalidad. Estos elementos forman parte de la matriz de evaluación desarrollada por ROI, que pondera especialmente la independencia e imparcialidad y la conciencia ética de las candidaturas. Y respecto de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia, ROI considera que su selección exige un estándar riguroso que incluya, además de reconocida solvencia jurídica y trayectoria profesional, condiciones demostrables de independencia, integridad, liderazgo institucional, capacidad de gestión y de construcción de consensos, compromiso con los derechos humanos, con la transparencia y la institucionalidad democrática, capaz de defender la autonomía del Poder Judicial y, al mismo tiempo, conducir su modernización y fortalecimiento.

ROI señaló igualmente que la no confirmación de Francisco Jerez, hasta ahora presidente de la Sala Penal, hace particularmente relevante observar quién asumirá la conducción de una sala llamada a conocer importantes procesos penales, por lo que su integración y liderazgo deben ofrecer garantías reforzadas de independencia.

“Las seis vacantes representan una oportunidad para corregir el desequilibrio de género y fortalecer la independencia y profesionalización de la Suprema Corte. El reto del CNM es conformar una Corte equilibrada, independiente y legitimada por la calidad de sus integrantes y por la transparencia del proceso de selección”, afirmó ROI.

La Red informó que continuará dando seguimiento a las postulaciones y evaluaciones conforme a su matriz metodológica, que incluye trayectoria profesional, independencia, integridad, visión jurídica, compromiso con los derechos humanos, transparencia e institucionalidad.

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