Participación Ciudadana llama a garantizar la seguridad ciudadana con respeto a la ley y al debido proceso
miércoles 30 de septiembre, 2026
El gobierno del presidente Abinader parece que ha perdido la paciencia con la violencia que afecta a la ciudadanía, pero en vez de redoblar sus esfuerzos hasta alcanzar la necesaria reforma policial que inició, ha preferido el método fracasado e inconstitucional de permitir a la Policía Nacional aplicar los mal llamados “intercambios de disparos y muertes extrajudiciales”, que son inconstitucionales e ilegales, pero además no reducen la violencia, sino que la incrementan.
A lo largo de 31 años, la Policía Nacional, ha desaparecido alrededor de 7,215 dominicanos y esto forma parte, por su prolongación y permanencia, de una política de Estado, que convoca a más violencia.
Que a la fecha solo en este año se haya sobrepasado la cifra de 196 muertes, y 42 solo en el mes de septiembre, refuerza la medición del Latinobarómetro 2024 que coloca a República Dominicana con el peor ranking en muertes ocasionadas por los aparatos coercitivos del Estado, en 18 países evaluados.
Se consolidan los “intercambios de disparos” como una política de Estado que han utilizado todos los gobiernos para atacar la violencia, pues se prefiere responder con más violencia, a pesar de que este método no ha reducido la violencia que se pretende combatir, y, en cambio, desacredita los esfuerzos de reforma policial que lleva a cabo el gobierno.
Se está generando una situación de fuego cruzado con la ciudadanía en el centro, afectando sobre todo a la gente pobre del país, por lo que llamamos a las autoridades a cuidar sus expresiones para que no puedan confundirse como una validación de conductas ilegales. Que una parte importante de la población, afectada por la violencia, aplauda las ejecuciones extrajudiciales, por desconocimiento de las consecuencias negativas de esta medida, no otorga derecho a las autoridades a violar la Constitución.
Reclamamos que el Ministerio Público investigue cada caso de intercambio de disparo donde una persona haya perdido la vida, registrando la supuesta arma utilizada para justificar el intercambio, con la finalidad de evitar que la impunidad prevalezca en aquellos casos donde se pueda comprobar que se ha tratado de una ejecución extrajudicial.
Participación Ciudadana valora la Sentencia TC-01225-25 como un avance decisivo para la igualdad; llama a la ciudadanía a informarse con rigor en tiempos de desinformación
Participación Ciudadana reconoce al Dr. Luis Scheker Ortiz como Miembro Emérito
martes 22 de septiembre, 2026
Participación Ciudadana reconoció al Dr. Luis Antonio Scheker Ortiz como Miembro Emérito de la organización, en reconocimiento a su trayectoria, sus aportes al movimiento y su compromiso sostenido con la institucionalidad y los derechos ciudadanos.
La categoría de Miembro Emérito es una distinción contemplada en los Estatutos de Participación Ciudadana para personas que han realizado contribuciones significativas al movimiento y que, por diferentes razones, se encuentran imposibilitadas de mantener la condición de miembro activo. Quienes reciben esta distinción permanecen de por vida como miembros de la organización, con derecho a voz y voto en las asambleas y a participar en sus actividades internas.
La relación del Dr. Scheker Ortiz con Participación Ciudadana se remonta al año 2001. Posteriormente, formó parte del Consejo Nacional en los períodos de 2004, 2007 y 2010, y se desempeñó como coordinador general en 2005, asumiendo responsabilidades dentro de la organización con una participación caracterizada por la disciplina, la transparencia y el sentido de propósito.
Abogado de profesión, doctor en Derecho y con estudios de maestría en Administración Pública y de Personal, Scheker Ortiz ha dedicado más de cuatro décadas al ejercicio profesional. A lo largo de su trayectoria también se ha desempeñado como educador, dirigente deportivo, servidor público y activista social.
Entre las responsabilidades que ha ocupado figuran las de vicerrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, secretario de Estado de Deportes y presidente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Asimismo, fue fundador y presidente de la Asociación de Profesores de Administración Pública.
Su trayectoria también ha estado estrechamente vinculada al deporte. Se destacó como atleta de béisbol universitario y de selección nacional y, posteriormente, presidió el Comité Permanente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.
De igual manera, el Dr. Scheker Ortiz ha sido un activo propulsor y defensor de figuras y causas relacionadas con los derechos ciudadanos. Su nombre ha figurado entre las ternas evaluadas para la designación del Defensor del Pueblo en la República Dominicana, como parte de una trayectoria pública vinculada a la defensa de la institucionalidad y los derechos ciudadanos.
Con su reconocimiento como Miembro Emérito, Participación Ciudadana distingue una trayectoria de servicio y reafirma el valor de quienes, a través de los años, han contribuido al fortalecimiento de la organización y a la promoción de una sociedad más justa y democrática.
PC solicita levantar la confidencialidad del acuerdo migratorio con Estados Unidos
martes 22 de septiembre, 2026
República Dominicana firmó el 12 de mayo de 2026 un memorando de entendimiento (MOU por sus siglas en inglés), con Estados Unidos, para permitirle el “ingreso temporal y excepcional” de un número limitado de nacionales extranjeros, deportados de Estados Unidos y en tránsito hacia sus países de origen, firma que ha levantado serios cuestionamientos por los problemas y riesgos que podría generar para nuestro país, por lo que Participación Ciudadana solicitó el 20 de mayo de 2026 que el mismo se hiciera público para poder entender su alcance.
Sin embargo, nos percatamos que la decisión del ministro de relaciones exteriores saliente fue aprobar la resolución No. 001-2026, de fecha 12 de mayo de 2026 que declara como confidencial el MOU y toda información relacionada.
Informaciones en las redes señalan que una aeronave de ICE que salió de El Paso, Texas, aterrizó en el aeropuerto de San Isidro en la República Dominicana, sin que se tenga noticia oficial de si se trata de la ejecución del MOU y cuáles personas arribaron al país, cuál es su estatus migratorio, qué tiempo permanecerán en el país y en cuáles condiciones. Recordemos que los dominicanos que son deportados desde los Estados Unidos no están cubiertos por la confidencialidad, por lo que no entendemos por qué deberían estarlo los nacionales extranjeros ingresados a nuestro país amparados en el MOU.
El MOU no explica cuál es la contrapartida que recibirá la República Dominicana por aceptar en su territorio a estas personas de terceros países, por lo que entendemos que el Mirex debería ofrecer información al respecto.
Por tratarse de un tema migratorio, la ciudadanía tiene derecho a saber todos los detalles de este MOU y de la forma en que se está ejecutando, por lo que estamos solicitando al Ministerio de Relaciones Exteriores la revocación del carácter confidencial de dicho documento y sus detalles generales.
Posición de PC sobre estudio de abstención electoral
lunes 21 de septiembre, 2026
Participación Ciudadana ha recibido con satisfacción la publicación del estudio “La Abstención Electoral en República Dominicana”, presentado recientemente por CAPEL, por encargo de la Junta Central Electoral. Este tema fue uno de los principales puntos que destacamos en nuestro informe final de observación de las elecciones del 2024. En el acápite 3.11 de dicho informe, publicado en julio de ese año consignamos: “recomendamos a la JCE auspiciar un estudio profundo de las razones de abstención para, de esa manera, poder contribuir a resolver los escollos y desarrollar campañas de motivación bien enfocadas.”
Los aspectos y recomendaciones más destacados del estudio confirman lo que ya todo el país sabe y lo que recogen los informes de observación, tanto de nuestra organización como de invitados externos: ha crecido la cantidad de ciudadanos que no se identifican con los candidatos y sus programas, que critican su comportamiento ético, que han perdido el entusiasmo y la fe en la importancia del voto, así como la confianza en que éste se va a reflejar en sus condiciones de vida. Además, el estudio muestra de manera muy clara que la mayoría de la población dominicana, contrario a lo que creen y repiten muchos dirigentes políticos, está hastiada de lo mismo, rechaza el clientelismo, las falsas ofertas y ya no le divierte tanto el desorden, el ruido, la extensión en el tiempo y la superficialidad de las campañas.
Participación Ciudadana entiende que todavía estamos a tiempo de hacer cambios que pudieran reflejarse en una mayor participación en las elecciones del 2028 y en el fortalecimiento de la democracia. Corresponde a todos los ciudadanos y ciudadanas contribuir en los aspectos fundamentales que recoge el estudio, de los cuales queremos destacar los que exponemos a continuación.
La Junta Central Electoral debe asumir la mayor responsabilidad en los cambios que reclama la población. Aunque los políticos y sus organizaciones son los receptores principales del rechazo popular, las leyes electorales prevén, regulan y sancionan todas las conductas que la población señala como disuasivas de la participación activa, la confianza y el avance electoral. Corresponde a ese organismo rector hacer cumplir las mismas de manera firme, sobre todo mediante el convencimiento y la aplicación de consecuencias, lo cual estamos seguros de que contará con un amplio respaldo público. Las amenazas de otro proceso electoral en violación de los plazos y repitiendo los mismos vicios que tanto rechazo producen, están a la vista desde el año pasado y en estos momentos abundan indicadores de que se volverá a desafiar a las leyes y las autoridades.
La JCE y el Tribunal Superior Electoral cuentan con los medios legales y materiales, así como con el apoyo y la confianza necesarios para lograr avances sustanciales en este proceso. Si no lo hacen van a perder parte de la legitimidad ganada. Aspectos logísticos y procedimentales que también registra el estudio deben ser atendidos, en función de su efectividad y costo razonable, aunque está claro que los mismos no garantizan una mayor participación.
Los partidos, agrupaciones y movimientos políticos son las instituciones mayormente responsables del rechazo que se refleja en el estudio. Aunque se ha venido registrando desde hace años el agotamiento de la forma de hacer política, son pocos los indicadores de que los partidos estén tomando en cuenta el proceso de pérdida de legitimidad que está a la vista. Son muchos los que todavía creen que los recursos económicos, ya sea del Estado o de fuentes privadas, pueden garantizar el voto. Si bien es cierto que esto ha sido así, sobre todo en candidaturas locales al congreso y a los municipios, lo cual explica la presencia en estos espacios de muchas personas procedentes de actividades económicas muy rentables, la alta abstención electoral está mostrando a gritos que estos recursos no son suficientes y que muchas posiciones son obtenidas y se mantienen con muy bajo respaldo popular.
Todavía el país está a tiempo de rescatar a estas instituciones fundamentales para la democracia, las advertencias están a la vista y si no hacen caso podrían ser responsables del surgimiento de opciones electorales coyunturales y riesgosas que amenazan con socavar la gobernabilidad que ha exhibido el país en las últimas décadas. Las críticas a las campañas, al clientelismo, a la calidad y ética de los candidatos, a la falta de propuestas creíbles y a las formas de comunicación de las mismas, son muy contundentes y deben ser atendidas, so pena de ser responsables del deterioro de la democracia en nuestro país, que aparece entre las más fuertes del continente.
El tema de la educación ciudadana es un desafío, no solo en República Dominicana, sino en casi todo el mundo. Ha sido sumamente descuidado en el sistema educativo dominicano y, aunque todos estamos de acuerdo en que es necesario mejorarlo, son muy débiles y aislados los esfuerzos en este aspecto fundamental para el sostenimiento del sistema democrático. No bastan los anuncios de fortalecer la cívica, la moral o la ética en las escuelas con una materia más que viene a engrosar el ya abultado currículo. Este es un tema de largo alcance que debe movilizar a las autoridades educativas, padres y madres, al cuerpo docente de la educación preuniversitaria y universitaria y a la sociedad civil en un movimiento nacional que se refleje en un cambio de la conducta ciudadana, más allá de asuntos electorales y coyunturales.
El pueblo dominicano ha demostrado ser amante de su país y no cabe duda de que, gran parte de los avances que hemos obtenido en muchos aspectos, se han logrado con el propio esfuerzo, enfrentándose a toda clase de dificultades sistémicas y a las debilidades de sus gobernantes y líderes. La sociedad civil también ha hecho importantes aportes.
Ante los resultados y recomendaciones del estudio de abstención electoral, Participación Ciudadana buscará apoyo, una vez más, para diseñar un plan de observación integral del proceso. Además, propiciará encuentros con los principales actores con el propósito de lograr acuerdos que contribuyan a enfrentar las debilidades evidenciadas y fortalecer la integración de la ciudadanía en los esfuerzos por preservar nuestro sistema democrático.
ROI reitera llamado al CNM a actuar con transparencia y expresa preocupación en torno a la participación de mujeres en la Suprema Corte de Justicia
viernes 11 de septiembre, 2026
La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) expresó preocupación por las consecuencias de las recientes decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que confirmó a cinco de los siete jueces de la Suprema Corte de Justicia sometidos a evaluación y decidió no confirmar a Vanessa Acosta Peralta y Francisco Antonio Jerez Mena.
Las cinco personas confirmadas son hombres. Con la salida de Acosta y las demás vacantes producidas en la Suprema Corte, permanecen únicamente dos mujeres, Yorlin Vásquez y Miguelina Ureña, de un total de 17 integrantes una vez completada la matrícula.
Para ROI, este resultado debe ser corregido en las próximas designaciones. La Constitución ordena garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en la administración de justicia, mientras que en la última década, esta alta corte ha estado compuesta por 4 mujeres, hasta diciembre de 2025, cuando se incrementó a cinco mujeres. Estas cifras plantean cuestionamientos serios en torno al cumplimiento del mandato constitucional.
ROI también considera indispensable que el CNM publique las actas y motivaciones que permitan conocer los criterios utilizados para confirmar o no confirmar a los jueces evaluados. La ciudadanía debe poder conocer las razones de decisiones que inciden directamente en la composición, independencia y legitimidad del máximo órgano del Poder Judicial.
La organización recordó además que la Constitución exige que tres cuartas partes de los integrantes de la Suprema Corte provengan de la carrera judicial y una cuarta parte de profesionales del derecho, académicos o miembros del Ministerio Público. Para ROI, la carrera judicial debe ser valorada como mecanismo de profesionalización y como una posibilidad real de ascenso dentro del Poder Judicial, sin que esto sustituya la evaluación integral de la idoneidad de cada candidatura.
En ese sentido, las próximas designaciones deben atender a criterios objetivos de trayectoria, independencia e imparcialidad, integridad, capacidad jurídica y compromiso con la institucionalidad. Estos elementos forman parte de la matriz de evaluación desarrollada por ROI, que pondera especialmente la independencia e imparcialidad y la conciencia ética de las candidaturas. Y respecto de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia, ROI considera que su selección exige un estándar riguroso que incluya, además de reconocida solvencia jurídica y trayectoria profesional, condiciones demostrables de independencia, integridad, liderazgo institucional, capacidad de gestión y de construcción de consensos, compromiso con los derechos humanos, con la transparencia y la institucionalidad democrática, capaz de defender la autonomía del Poder Judicial y, al mismo tiempo, conducir su modernización y fortalecimiento.
ROI señaló igualmente que la no confirmación de Francisco Jerez, hasta ahora presidente de la Sala Penal, hace particularmente relevante observar quién asumirá la conducción de una sala llamada a conocer importantes procesos penales, por lo que su integración y liderazgo deben ofrecer garantías reforzadas de independencia.
“Las seis vacantes representan una oportunidad para corregir el desequilibrio de género y fortalecer la independencia y profesionalización de la Suprema Corte. El reto del CNM es conformar una Corte equilibrada, independiente y legitimada por la calidad de sus integrantes y por la transparencia del proceso de selección”, afirmó ROI.
La Red informó que continuará dando seguimiento a las postulaciones y evaluaciones conforme a su matriz metodológica, que incluye trayectoria profesional, independencia, integridad, visión jurídica, compromiso con los derechos humanos, transparencia e institucionalidad.
ROI advierte que las renuncias de jueces de la Suprema Corte obligan a revisar la confianza en el proceso de evaluación del CNM
lunes 10 de agosto, 2026
La organización llama a garantizar transparencia, debido proceso, motivación de las decisiones y cumplimiento del mandato constitucional de paridad.
La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) expresó este lunes su preocupación por las renuncias de cuatro magistrados y magistradas de la Suprema Corte de Justicia a someterse al proceso de evaluación convocado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), al considerar que este hecho constituye una señal institucional que debe ser analizada y atendida para fortalecer la confianza en el sistema de justicia.
Durante una rueda de prensa, la organización recordó que la evaluación de desempeño de los jueces y juezas de la Suprema Corte es un mecanismo previsto por la Constitución para fortalecer la legitimidad del Poder Judicial, por lo que debe desarrollarse con pleno respeto al debido proceso, la independencia judicial, la objetividad, la transparencia y la motivación de las decisiones.
La ROI señaló que, si bien respeta plenamente el derecho de cada magistrado o magistrada a decidir sobre la continuidad de su carrera judicial, resulta necesario reflexionar sobre las condiciones institucionales que rodean el proceso cuando jueces y juezas con una larga trayectoria prefieren concluir anticipadamente su servicio antes que someterse a la evaluación constitucional.
“Cuando personas que ocupan las más altas responsabilidades dentro del Poder Judicial deciden retirarse antes de ser evaluadas, corresponde preguntarse si el sistema está generando las condiciones necesarias para fortalecer la confianza en este mecanismo constitucional y para incentivar la permanencia del talento, la experiencia y el liderazgo judicial.”
La organización destacó especialmente la decisión de las magistradas Nancy Salcedo Fernández y María Garabito Ramírez de no participar en el proceso de evaluación. Recordó que ambas forman parte de un Poder Judicial que apenas en diciembre de 2025 incrementó a cinco el número de mujeres integrantes de la Suprema Corte de Justicia, aunque esa representación continúa siendo insuficiente frente al mandato constitucional de participación equilibrada entre mujeres y hombres. Asimismo, consideró que la magistrada Nancy Salcedo Fernández representaba una posibilidad histórica de que, por primera vez, una jueza de carrera presidiera la Suprema Corte de Justicia.
La ROI recordó que estas preocupaciones no son nuevas. Explicó que durante el proceso anterior de evaluación y designación de integrantes de las altas cortes presentó observaciones al reglamento, promovió criterios objetivos de evaluación, elaboró una Guía de Entrevistas para aspirantes y reclamó mayor transparencia y motivación de las decisiones. También advirtió que determinadas prácticas podían terminar desincentivando la participación de jueces y juezas en futuras evaluaciones.
En ese sentido, la organización indicó que los acontecimientos actuales obligan a revisar aquellas advertencias y reiteró que la evaluación judicial debe fortalecer la carrera judicial y la confianza en las instituciones, nunca generar incertidumbre sobre la permanencia de quienes han dedicado décadas al servicio de la justicia.
La Red también llamó la atención sobre la transparencia del Consejo Nacional de la Magistratura. Si bien valoró que recientemente se publicaran las actas correspondientes a los procesos de designación de jueces de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral celebrados en diciembre de 2025, consideró que dichas publicaciones continúan siendo insuficientes porque no permiten conocer las razones que fundamentaron las decisiones adoptadas ni el contenido de las deliberaciones del Consejo.
“La transparencia no consiste únicamente en publicar documentos. Significa permitir que la ciudadanía comprenda por qué se toman las decisiones públicas y pueda verificar que estas responden exclusivamente a criterios constitucionales, legales y objetivos.”
Finalmente, la ROI exhortó al Consejo Nacional de la Magistratura a conducir el proceso de evaluación con absoluto respeto a la Constitución y al Estado de derecho, garantizando reglas claras, criterios objetivos y verificables, decisiones debidamente motivadas, igualdad de trato para todas las personas evaluadas, observación ciudadana efectiva y el cumplimiento del mandato constitucional de paridad.
La organización concluyó afirmando que la legitimidad del proceso dependerá, sobre todo, de la confianza que genere en la ciudadanía y de su capacidad para fortalecer la independencia judicial y la carrera judicial en la República Dominicana.
Participación Ciudadana abre convocatoria al Reconocimiento a la Integridad y la Lucha contra la Corrupción 2026
domingo 2 de agosto, 2026
Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, anunció la apertura del proceso de postulaciones al Reconocimiento a la Integridad y la Lucha contra la Corrupción 2026, una distinción que se entrega cada año con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, establecido por la Organización de las Naciones Unidas.
Este reconocimiento busca resaltar la labor de personas que han dedicado su vida a promover la transparencia en la gestión pública, la correcta administración de los recursos del Estado y la lucha contra la corrupción y la impunidad. A través de esta iniciativa, Participación Ciudadana también procura fomentar modelos positivos de conducta, resaltar virtudes ciudadanas y educar mediante el ejemplo.
Las candidaturas pueden ser presentadas por comisiones de trabajo, comités municipales, así como por organizaciones de la sociedad civil o comunitarias. Serán consideradas personas dominicanas o extranjeras residentes en el país que hayan demostrado un compromiso firme con la integridad y las causas justas, ya sea desde el servicio público, la vida comunitaria o el activismo social.
El plazo para recibir postulaciones vence el lunes 14 de septiembre de 2026. Las propuestas deben incluir la hoja de vida del candidato o candidata, una carta que exponga sus méritos y logros en la lucha contra la corrupción, y una carta de presentación firmada por la entidad proponente.
El Consejo Nacional de Participación Ciudadana designará una comisión especial para evaluar las candidaturas recibidas. Esta comisión elaborará un informe con sus recomendaciones, a partir del cual el Consejo Nacional tomará la decisión final. El reconocimiento será entregado en un acto público en diciembre de este año, y consistirá en un galardón simbólico sin asignación económica.
Las propuestas deben ser enviadas a la sede de Participación Ciudadana, ubicada en la calle Wenceslao Álvarez No. 8, Zona Universitaria, Santo Domingo, o al correo electrónico [email protected]. Para más información contacte al teléfono 809-685-6200, extensión 223.
Transparencia Internacional y la IACC amplían articulación nacional rumbo a conferencia mundial anticorrupción
viernes 17 de julio, 2026
Representantes de Transparencia Internacional y de la Conferencia Internacional Anticorrupción concluyeron una misión de trabajo en la República Dominicana, como parte de los esfuerzos desarrollados desde hace cerca de un año para movilizar a actores nacionales rumbo a la 22.ª Conferencia Internacional Anticorrupción, IACC 2026.
La conferencia se celebrará del 1 al 4 de diciembre de 2026 en Punta Cana y reunirá a líderes sociales, autoridades, periodistas, académicos, jóvenes, especialistas, representantes del sector privado y activistas de diferentes partes del mundo comprometidos con la transparencia, la integridad y la lucha contra la corrupción.
La misión estuvo encabezada por François Valérian, presidente de Transparencia Internacional, y Rueben Lifuka, presidente del Consejo de la IACC. También participaron Roberto Pérez Rocha, director de la Serie IACC e Iniciativas Globales, y Patricia Cobos, coordinadora de Comunicación y Relaciones Públicas de la IACC.
Durante su permanencia en el país, los representantes internacionales desarrollaron una agenda de reuniones orientada a informar sobre el alcance de la conferencia, escuchar las perspectivas de actores nacionales y promover una participación amplia y multisectorial.
La agenda incluyó un encuentro con el presidente de la República, Luis Abinader Corona, en el Palacio Nacional, durante el cual fueron presentados los principales detalles de la organización de la IACC 2026 y su importancia como espacio global para debatir soluciones frente a la corrupción.
La misión también sostuvo una reunión con la embajadora de Francia en la República Dominicana, Sonia Barbry, en la que se abordó la importancia de la cooperación internacional, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la construcción de alianzas para promover la integridad pública.
Asimismo, François Valérian, acompañado por representantes del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, se reunió con integrantes de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República. El intercambio permitió conocer parte del trabajo desarrollado por esta dependencia y conversar sobre la prevención, detección e investigación del fraude y la protección de los recursos públicos.
Uno de los principales momentos de la misión fue el encuentro con organizaciones de la sociedad civil, concebido para presentar las oportunidades de participación en la conferencia y recoger inquietudes y propuestas de entidades que trabajan en distintas áreas del desarrollo democrático y social.
En la reunión participaron representantes de la Universidad del Caribe, UNICARIBE; el Centro de Planificación y Acción Ecuménica, CEPAE; Participación Ciudadana; Junior Chamber International República Dominicana; la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, UNPHU; la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS; CE-MUJER; el Círculo de Mujeres con Discapacidad, CIMUDIS; Ciudad Alternativa; JuventudLAC; el Centro de Investigación y Promoción Social, CIPROS; el Centro de Estudios de Género del INTEC; el Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas, MUDHA; el Centro Juan XXIII; y el Centro de Investigación para la Acción Femenina, CIPAF.
Durante este diálogo se destacó que la celebración de la IACC en la República Dominicana representa una oportunidad para que las organizaciones sociales presenten sus experiencias, fortalezcan sus capacidades, establezcan alianzas internacionales e incorporen sus perspectivas a los debates globales sobre corrupción, democracia, derechos humanos, transparencia e integridad.
La delegación también fue recibida por el Consejo Nacional, la Dirección Ejecutiva y el equipo técnico de Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional. En este espacio se analizaron los principales desafíos nacionales relacionados con la corrupción, la impunidad, el fortalecimiento institucional, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Participación Ciudadana resaltó que la IACC 2026 no debe ser vista únicamente como un evento internacional que tendrá lugar en el país, sino como una oportunidad para fortalecer la articulación entre actores nacionales, ampliar la participación de la sociedad civil y generar vínculos y capacidades que permanezcan después de concluida la conferencia.
Esta misión constituye una nueva etapa de un proceso de información, consulta y movilización que continuará durante los meses previos al encuentro mundial. Para una próxima visita se contempla ampliar la agenda con representantes del sector empresarial, medios de comunicación y otros actores clave que todavía deben ser incorporados de manera más directa a los preparativos. La 22.ª Conferencia Internacional Anticorrupción se desarrollará bajo el lema “Igniting the Power of Integrity”, traducido como “Encendiendo el poder de la integridad”, y abordará temas como las amenazas a la democracia, los flujos financieros ilícitos, el crimen ambiental, la desinformación, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, el periodismo de investigación y la participación ciudadana.
Sobre Participación Ciudadana Participación Ciudadana es un movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, que trabaja por el fortalecimiento de la democracia, la transparencia, la integridad pública, el Estado de derecho, la rendición de cuentas y la participación activa de la ciudadanía.
Delegación de Transparencia Internacional e IACC desarrolla agenda de trabajo en República Dominicana de cara a la Conferencia Internacional Anticorrupción 2026
miércoles 15 de julio, 2026
Una delegación de alto nivel de Transparencia Internacional y de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC) realiza una agenda de trabajo en la República Dominicana con el propósito de fortalecer los preparativos para la 21.ª Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), que tendrá lugar del 1 al 4 de diciembre de 2026 en Punta Cana.
La misión está integrada por François Valérian, presidente de Transparencia Internacional; Rubén Lifuka, presidente de la IACC; Roberto Pérez Rocha, director de la Serie IACC e Iniciativas Globales; y Patricia Cobos, coordinadora de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Serie IACC.
Durante su estancia en el país, la delegación desarrolla una agenda de reuniones con representantes de organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, cuerpo diplomático y otros actores estratégicos, con el objetivo de promover la participación en la conferencia y fortalecer las alianzas que contribuirán al éxito de este importante encuentro internacional.
Como parte de esa agenda, la delegación sostuvo un encuentro con el Consejo Nacional y el equipo técnico de Participación Ciudadana, capítulo nacional de Transparencia Internacional en la República Dominicana. Durante la reunión se intercambiaron impresiones sobre los avances de la organización de la conferencia y las oportunidades que representa para el país albergar el principal foro mundial dedicado a la transparencia, la integridad y la lucha contra la corrupción.
La IACC reúne cada dos años a líderes de gobiernos, organismos internacionales, sociedad civil, sector privado, academia, medios de comunicación y personas defensoras de la integridad de todo el mundo para compartir experiencias, promover soluciones innovadoras y fortalecer la cooperación internacional frente a los desafíos de la corrupción.
La edición de 2026 marcará un hito para la República Dominicana al convertirse en sede de este prestigioso encuentro global, consolidando al país como un espacio para el diálogo internacional sobre gobernanza democrática, transparencia y rendición de cuentas.
Como capítulo nacional de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana desempeña un papel fundamental en la organización y coordinación local de la conferencia, trabajando junto a Transparencia Internacional y la Secretaría de la IACC para hacer posible un evento que reunirá a cientos de participantes de distintos países y sectores.
En esta entrega se otorga especial atención a los casos Adán Cáceres y compartes, Donald Guerrero y compartes y José Ángel Gómez y compartes, debido a las recientes decisiones judiciales adoptadas en cada uno de estos procesos, las cuales revisten especial relevancia para el desarrollo de la justicia penal en materia de corrupción.
Es relevante que, en apenas dos semanas, se hayan producido decisiones judiciales en tres de los principales casos de corrupción administrativa del país. Estas decisiones han dado lugar a 95 condenas en primer grado y al envío a juicio de fondo de 191 personas imputadas.
Paralelamente, en Santiago se conocen en estos días las solicitudes de medidas de coerción contra los imputados en el denominado caso del Instituto Regional Oncológico del Cibao, una investigación que, por la naturaleza y gravedad de los hechos atribuidos, ha sido calificada por diversos sectores como un posible crimen de lesa humanidad.
En atención a su trascendencia jurídica e institucional, este proceso será incorporado, en lo adelante, al Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, con el propósito de dar seguimiento a su evolución y contribuir al fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y el Estado de derecho.
Caso de Donald Guerrero y compartes
Con respecto al caso de Donald Guerrero y compartes, la jueza apoderada de la audiencia preliminar, la magistrada Altagracia M. Ramírez de la Cruz, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio de fondo a todos los imputados con excepción de los señores Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Marcial Reyes, Rosa Aris Ruiz y Daniel Alberto Guerrero Mena, a favor de quienes dictó un auto de no ha lugar, que ha sido recurrido en apelación tanto por el Ministerio Público como por el equipo del gobierno de recuperación de bienes del Estado.
En este caso se admitieron como válidas más del 90% de las pruebas presentadas tanto por el Ministerio Público como por los imputados, y se rechazaron todos los incidentes presentados por las partes, incluyendo la extinción de la acción penal fundamentada en el vencimiento del plazo de duración máximo del proceso.
Caso Adán Cáceres y compartes
El 15 de junio de 2026, el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, integrado por las magistradas Gisselle Méndez, presidenta, Tania Yunes y Jissel Naranjo, dictó el dispositivo de la sentencia de fondo en el caso Adán Cáceres y compartes.
La decisión concluyó con la condena de 20 personas y la absolución de siete imputados, imponiendo penas que oscilaron entre 20 años de prisión, 15 años, 10 años, 5 años, 2 años con suspensión condicional y pena cumplida, según el grado de responsabilidad establecido para cada acusado.
Entre las sanciones más severas, el tribunal condenó a 20 años de prisión al mayor general retirado Adán Benoni Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP); al general Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR); y al coronel Rafael Núñez de Aza, exdirector financiero de esa institución.
Asimismo, el tribunal impuso penas de diez años de prisión a Esmeralda Ortega Polanco, gerente de sucursal del Banco de Reservas; José Manuel Rosario Pirón, mayor de la Policía Nacional y extesorero del CUSEP; Boanerges Reyes Batista, general del Ejército de República Dominicana; Franklin Antonio Mata Flores, capitán de la Armada de República Dominicana; Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, primera teniente de la Policía Nacional; Erasmo Pérez Núñez, teniente coronel de la Fuerza Aérea de República Dominicana; y Kelman Santana Martínez, teniente coronel.
Además, dispuso penas suspendidas para varios imputados, condenó a Raymel Pastor del Rosario Viola a dos años de prisión con suspensión condicional de la pena y declaró pena cumplida respecto de Raúl Alejandro Girón Jiménez, en atención al tiempo de privación de libertad ya cumplido.
En el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el tribunal condenó a cinco sociedades comerciales al pago de 200 salarios mínimos y ordenó su disolución.
Por otra parte, fueron absueltos Miguel Alfredo Ventura Pichardo, Eric Daniel Pereyra Núñez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Enmanuel Antonio Alba Trinidad, Santiago Antonio Suárez Peguero y la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo.
Como consecuencia accesoria de la condena, el tribunal ordenó el decomiso a favor del Estado de 29 armas de fuego, sus cargadores y municiones, esposas, 18 relojes de alta gama, numerosos equipos electrónicos, 115 vehículos, 160 inmuebles, US$283,515 y RD$39,732,690 en efectivo. No obstante, rechazó la solicitud de decomiso respecto de aproximadamente 78 bienes, entre muebles e inmuebles.
El tribunal acogió. Además, la acción civil ejercida por el Estado dominicano y condenó a todos los responsables, de manera conjunta y solidaria, al pago de una indemnización de cinco mil millones de pesos dominicanos (RD$5,000,000,000.00) a favor del Estado.
José Ángel Gómez y compartes
El tercer caso que avanza es el de José Ángel Gómez y compartes, donde la magistrada apoderada Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, envió a juicio de fondo a todos los imputados.
Las personas físicas enviadas a juicio de fondo fueron: Hugo Beras (Exdirector del INTRANT)
José Ángel "Jochi" Gómez Canaán, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Pedro Vinicio Padovani Báez, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini (o Agustini), Manuel Eduardo Mora Vázquez
Las personas jurídicas imputadas fueron: Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S. Inprosol S.R.L.
Se descartó el tipo penal de terrorismo, pero los demás tipos penales presentados por el Ministerio Público en su acusación fueron admitidos y son: corrupción, estafa, coalición de funcionarios, delitos tecnológicos, sabotaje y lavado de activos
Para el juicio de fondo fue apoderado el Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que ya fijó la primera audiencia para el 11 de agosto del 2026. Este tribunal colegiado está integrado por las magistradas Arlín Ventura Jiménez (quien lo preside), Leticia Martínez Noboa y Milagros Ramírez.
La posición de Participación Ciudadana respecto de los casos de gran corrupción ha sido consistente: lo deseable es que todos los procesos sean conocidos en juicio de fondo, por constituir la etapa en la que se desarrolla plenamente la actividad probatoria y se garantiza el debate contradictorio. Es en ese escenario donde se escuchan los testimonios, se incorporan y examinan las pruebas y el tribunal puede valorarlas de manera integral, apreciando su credibilidad, pertinencia y el grado de corroboración entre ellas.
En contraste, durante la audiencia preliminar el tribunal no recibe declaraciones testimoniales ni realiza una valoración exhaustiva de la prueba. En esta fase, quien propone un testigo únicamente debe indicar los hechos que pretende acreditar con su declaración, sin que el juez conozca directamente el contenido de su testimonio ni pueda ponderar su fuerza probatoria.
Además, al tratarse de audiencias públicas, la ciudadanía y los medios de comunicación pueden observar directamente el desarrollo del juicio, lo que fortalece los principios de publicidad, transparencia y rendición de cuentas en la administración de justicia. Ello permite verificar que las partes ejercen plenamente sus derechos, que se respetan las garantías del debido proceso y que la decisión judicial se fundamenta exclusivamente en las pruebas debatidas de manera pública y contradictoria ante el tribunal.
En consecuencia, la decisión de enviar un proceso a juicio de fondo no constituye un pronunciamiento sobre la culpabilidad de las personas imputadas ni afecta la presunción de inocencia que las ampara. Este derecho fundamental permanece incólume hasta que exista una sentencia condenatoria firme, con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
