Pancho Álvarez: “Queremos que se conozca el fondo de cada caso de gran corrupción”
viernes 17 de abril, 2026
El coordinador general de Participación Ciudadana, Francisco “Pancho” Álvarez, afirmó que el objetivo del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa es que los tribunales conozcan el fondo de los expedientes vinculados a presunta gran corrupción y determinen la culpabilidad o inocencia de los imputados a partir de las pruebas presentadas.
Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, el abogado explicó que la organización no busca sustituir el rol de los jueces, sino dar seguimiento a los procesos judiciales para que estos avancen y puedan concluir con una decisión en los tribunales.
Álvarez también advirtió que existe preocupación por la posibilidad de que algunos procesos se prolonguen mediante incidentes o aplazamientos hasta alcanzar el plazo máximo de duración establecido por la ley, lo que podría provocar la extinción de la acción penal sin que se llegue a conocer el fondo de los casos. De ocurrir esto, los expedientes serían archivados de forma definitiva sin que se evalúen las pruebas ni se escuche a los testigos, lo que impediría esclarecer el uso de fondos públicos en procesos de alto interés nacional.
El dirigente cívico recordó que el seguimiento a estos casos forma parte de un esfuerzo sostenido de la organización por más de tres décadas. Participación Ciudadana ha analizado durante años el comportamiento del sistema de justicia frente a los expedientes de corrupción y, en ese contexto, creó el Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, que ya ha publicado ocho informes sobre distintos procesos judiciales.
En el caso específico del proceso contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y compartes, Álvarez señaló que la audiencia preliminar requirió 94 aplazamientos durante aproximadamente dos años antes de decidir si el expediente debía pasar a juicio de fondo. Posteriormente, el proceso ha continuado acumulando audiencias sin que aún se inicie el conocimiento del fondo del caso, lo que —según indicó— evidencia las dificultades que enfrentan estos expedientes para avanzar en los tribunales.
Álvarez subrayó que Participación Ciudadana no emite juicios sobre la culpabilidad o inocencia de los imputados, ya que esa es una decisión que corresponde exclusivamente a los jueces. Sin embargo, insistió en que es fundamental que los casos lleguen a sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, para evitar que permanezcan dudas en la opinión pública.
“Si el caso se archiva porque se extinguió la acción penal, nunca se valorarán las pruebas ni se sabrá qué ocurrió con los hechos investigados”, advirtió.
El abogado también indicó que el Código Procesal Penal dominicano contiene mecanismos que permitirían que los procesos se desarrollen con mayor eficiencia. Entre ellos mencionó los plazos establecidos para fijar audiencias y resolver incidentes, disposiciones que —según explicó— buscan evitar retrasos prolongados en el conocimiento de los casos.
Las declaraciones de Álvarez se producen tras la publicación del octavo informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, en el que Participación Ciudadana analiza el avance de varios expedientes de presunta gran corrupción que se encuentran en los tribunales dominicanos.
PROCLAMA 2026: PARTICIPACION CIUDADANA CLAMA POR EL FIN DE LA IMPUNIDAD
martes 31 de marzo, 2026
Por segundo año consecutivo, la Asamblea General de Participación Ciudadana expresa su profunda preocupación y alerta a la sociedad dominicana por la lentitud con que marchan los casos de corrupción que cursan desde hace varios años en el sistema judicial.
El 2025 transcurrió con escasos avances en los tribunales, donde solo un caso ha recibido sentencia de fondo, mientras los demás siguen estancados en constantes incidentes y reenvíos. La realidad es que los tribunales dominicanos siguen atrapados en su tradicional imposibilidad de enfrentar las estrategias dilatorias y evasivas de los grandes acusados de corrupción administrativa, convirtiéndose esta situación en el principal obstáculo para que el país avance en una lucha contra un mal que tanto daño ha causado.
Nuevos casos de escandalosa corrupción han llegado a los tribunales, como el de SENASA y el del INTRANT, lo cual indica que todavía la sociedad dominicana no puede bajar la guardia, ya que siguen fallando los controles y algunos funcionarios públicos confían en que sus acciones podrán quedar impunes.
El pasado 7 de enero, el presidente del Poder Judicial, Luis Henry Molina, afirmó que la justicia dominicana pasó, en los últimos seis años, de un sistema marcado por la mora crónica, la baja confianza ciudadana y la opacidad institucional, a uno con reducción sustancial de retrasos.
En Participación Ciudadana hemos reconocido algunos avances, especialmente en la parte administrativa, pero lamentamos que esto no se haya manifestado en la agilización y eficacia de los grandes casos de corrupción.
Resulta evidente que la estrategia de muchos imputados ha sido exitosa en dilatar el conocimiento de los juicios preliminares y de fondo, con innumerables incidentes que tienen la clara finalidad de invocar la extinción de la acción penal, por la llegada del plazo de duración máxima de los procesos. Cientos de reenvíos amparados en las más diversas y a veces baladíes razones, han burlado los esfuerzos de fiscales y jueces por avanzar.
Para ilustrar la situación basta con citar los principales expedientes que cursan actualmente:
El caso contra Alexis Medina Sánchez y compartes, iniciado en diciembre del 2020, es el primero y único en recibir sentencia, en agosto del 2025, encontrándose ahora en proceso de apelación.
El caso Adán Cáceres y compartes iniciado en diciembre del 2021, más de 4 años después, en este momento se encuentra en su etapa final ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, con la presentación de alegatos finales de la defensa.
El expediente contra Jean Alain Rodríguez y compartes, inició en julio del 2021. La etapa preliminar requirió 95 audiencias en tres años hasta julio del 2024. Un año y ocho meses después, con 22 audiencias frustradas, todavía no ha podido iniciar el juicio de fondo.
El caso contra Donald Guerrero y compartes inició en abril del 2023. A casi 3 años todavía no ha pasado a juicio de fondo.
El caso contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) Hugo Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y otros implicados, iniciado en octubre del 2024, acaba de ser solicitado el inicio del juicio de instrucción.
El caso SENASA, uno de los más grandes, complejos y escandalosos que se han procesado en el país, se encuentra todavía en investigación por el Ministerio Público.
Estos 6 casos, que involucran decenas de miles de millones de pesos sustraídos al Estado, son un ejemplo vivo de la incapacidad del sistema de justicia para conocer y decidir el fondo de los expedientes de forma ágil y firme.
El Tribunal Constitucional, por sentencia TC/0303/20, decidió que el plazo de duración máxima de un proceso penal establecido en el Código Procesal Penal no es un plazo matemático y que puede ser extendido en determinadas condiciones. Un cambio de criterio para favorecer la impunidad sólo generaría frustración en la sociedad dominicana y perjudicaría al poder judicial, pues son los jueces los encargados de controlar los tiempos en los procesos judiciales.
Sin importar quién sea responsable, la extinción de la acción penal por la llegada del plazo de duración máxima de los procesos, en cualquier caso, es un grave signo de descomposición y retroceso del sistema de justicia.
Confiamos en que la sociedad dominicana no permitirá que esto suceda. El país no puede volver atrás, la tolerancia y encubrimiento de la corrupción deben quedar en el pasado. Nuestros jóvenes merecen crecer y vivir en un país honesto.
Basta ya de someter a todo un pueblo a la pobreza, por la vía del enriquecimiento de funcionarios públicos y sus aliados privados.
Jamás podremos presumir de avances y de confianza en la justicia sin el combate y el castigo de la corrupción.
La 32 ava Asamblea General Ordinaria de PC espera que todos los procesos pendientes deben ser conocidos en este año 2026.
Participación Ciudadana celebra su 32ª Asamblea General Ordinaria y alerta sobre la lentitud en los casos de corrupción
martes 24 de marzo, 2026
Participación Ciudadana celebró este domingo 22 de marzo su trigésima segunda (32ª) Asamblea General Ordinaria, espacio en el que reiteró su compromiso con el fortalecimiento democrático, la transparencia y el combate a la corrupción y la impunidad en la República Dominicana.
En su proclama anual, la organización expresó su profunda preocupación por la lentitud con que avanzan los principales casos de corrupción administrativa en los tribunales dominicanos, señalando que esta situación amenaza con generar impunidad y debilitar la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
El documento advierte que durante el año 2025 se registraron escasos avances en los procesos judiciales, destacando que solo uno de los expedientes de gran corrupción ha recibido sentencia de fondo, mientras otros continúan atrapados en incidentes procesales, reenvíos y estrategias dilatorias que impiden conocer el fondo de los casos.
Entre los expedientes señalados por la organización se encuentran los procesos relacionados con Alexis Medina Sánchez (apelación), Adán Cáceres, Jean Alain Rodríguez y compartes, Donald Guerrero y compartes, INTRANT (Hugo Beras, Jochi Gómez) y el caso SENASA, que involucran miles de millones de pesos sustraídos al Estado y aún esperan decisiones definitivas en los tribunales.
Participación Ciudadana reconoció algunos avances administrativos dentro del sistema judicial en los últimos años, pero lamentó que estos no se hayan traducido en mayor eficacia y rapidez en el conocimiento de los grandes casos de corrupción.
“La extinción de la acción penal por la llegada del plazo máximo de los procesos sería un grave signo de retroceso para el país y un golpe a la lucha contra la corrupción”, advierte la proclama.
En ese sentido, la organización hizo un llamado a que los procesos pendientes sean conocidos y decididos durante el año 2026, reiterando que el país no puede permitir que prevalezca la impunidad en hechos que han afectado gravemente los recursos públicos y la confianza institucional.
Durante el desarrollo de la Asamblea se conocieron y aprobaron el informe anual del Consejo Nacional, el informe financiero y el plan de trabajo de la organización, además de realizarse la elección de los nuevos integrantes del Consejo Nacional para el período 2026-2028.
Los miembros electos fueron Joseph Abreu, Jacinta Valdez, Leidy Blanco, Josefina Arvelo, Betty del Villar, Wilfredo de León, José Ceballos y Alcibíades Moreta, quienes junto a Francisco Álvarez Valdez (Pancho) conformarán el Consejo Nacional de Participación Ciudadana para el próximo período.
La Asamblea contó con la participación activa de la membresía de la organización, procedente de distintas regiones del país, reafirmando el compromiso colectivo de seguir impulsando una ciudadanía vigilante, instituciones fuertes y una democracia más transparente.
Consejo Nacional Participación Ciudadana
22 de marzo de 2026
PROCLAMA: PARTICIPACION CIUDADANA CLAMA POR EL FIN DE LA IMPUNIDAD
Por segundo año consecutivo, la Asamblea General de Participación Ciudadana expresa su profunda preocupación y alerta a la sociedad dominicana por la lentitud con que marchan los casos de corrupción que cursan desde hace varios años en el sistema judicial.
El 2025 transcurrió con escasos avances en los tribunales, donde solo un caso ha recibido sentencia de fondo, mientras los demás siguen estancados en constantes incidentes y reenvíos. La realidad es que los tribunales dominicanos siguen atrapados en su tradicional imposibilidad de enfrentar las estrategias dilatorias y evasivas de los grandes acusados de corrupción administrativa, convirtiéndose esta situación en el principal obstáculo para que el país avance en una lucha contra un mal que tanto daño ha causado.
Nuevos casos de escandalosa corrupción han llegado a los tribunales, como el de SENASA y el del INTRANT, lo cual indica que todavía la sociedad dominicana no puede bajar la guardia, ya que siguen fallando los controles y algunos funcionarios públicos confían en que sus acciones podrán quedar impunes.
El pasado 7 de enero, el presidente del Poder Judicial, Luis Henry Molina, afirmó que la justicia dominicana pasó, en los últimos seis años, de un sistema marcado por la mora crónica, la baja confianza ciudadana y la opacidad institucional, a uno con reducción sustancial de retrasos.
En Participación Ciudadana hemos reconocido algunos avances, especialmente en la parte administrativa, pero lamentamos que esto no se haya manifestado en la agilización y eficacia de los grandes casos de corrupción.
Resulta evidente que la estrategia de muchos imputados ha sido exitosa en dilatar el conocimiento de los juicios preliminares y de fondo, con innumerables incidentes que tienen la clara finalidad de invocar la extinción de la acción penal, por la llegada del plazo de duración máxima de los procesos. Cientos de reenvíos amparados en las más diversas y a veces baladíes razones, han burlado los esfuerzos de fiscales y jueces por avanzar.
Para ilustrar la situación basta con citar los principales expedientes que cursan actualmente:
El caso contra Alexis Medina Sánchez y compartes, iniciado en diciembre del 2020, es el primero y único en recibir sentencia, en agosto del 2025, encontrándose ahora en proceso de apelación.
El caso Adán Cáceres y compartes iniciado en diciembre del 2021, más de 4 años después, en este momento se encuentra en su etapa final ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, con la presentación de alegatos finales de la defensa.
El expediente contra Jean Alain Rodríguez y compartes, inició en julio del 2021. La etapa preliminar requirió 95 audiencias en tres años hasta julio del 2024. Un año y ocho meses después, con 22 audiencias frustradas, todavía no ha podido iniciar el juicio de fondo.
El caso contra Donald Guerrero y compartes inició en abril del 2023. A casi 3 años todavía no ha pasado a juicio de fondo.
El caso contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) Hugo Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y otros implicados, iniciado en octubre del 2024, acaba de ser solicitado el inicio del juicio de instrucción.
El caso SENASA, uno de los más grandes, complejos y escandalosos que se han procesado en el país, se encuentra todavía en investigación por el Ministerio Público.
Estos 6 casos, que involucran decenas de miles de millones de pesos sustraídos al Estado, son un ejemplo vivo de la incapacidad del sistema de justicia para conocer y decidir el fondo de los expedientes de forma ágil y firme.
El Tribunal Constitucional, por sentencia TC/0303/20, decidió que el plazo de duración máxima de un proceso penal establecido en el Código Procesal Penal no es un plazo matemático y que puede ser extendido en determinadas condiciones. Un cambio de criterio para favorecer la impunidad sólo generaría frustración en la sociedad dominicana y perjudicaría al poder judicial, pues son los jueces los encargados de controlar los tiempos en los procesos judiciales.
Sin importar quién sea responsable, la extinción de la acción penal por la llegada del plazo de duración máxima de los procesos, en cualquier caso, es un grave signo de descomposición y retroceso del sistema de justicia.
Confiamos en que la sociedad dominicana no permitirá que esto suceda. El país no puede volver atrás, la tolerancia y encubrimiento de la corrupción deben quedar en el pasado. Nuestros jóvenes merecen crecer y vivir en un país honesto.
Basta ya de someter a todo un pueblo a la pobreza, por la vía del enriquecimiento de funcionarios públicos y sus aliados privados.
Jamás podremos presumir de avances y de confianza en la justicia sin el combate y el castigo de la corrupción.
La 32 ava Asamblea General Ordinaria de PC espera que todos los procesos pendientes deben ser conocidos en este año 2026.
Coalición solicita al CONCLAFIT designar nuevos sujetos obligados de la Ley de Lavado de Activos y al CONGRESO modificar las leyes 155-17 y 33-18 para blindar la entrada del dinero sucio a la política.
lunes 23 de marzo, 2026
La Coalición por la Transparencia del Financiamiento Político, integrada por diversas organizaciones de la sociedad civil dominicana, reiteró su solicitud al Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT) para que en su próxima reunión prevista para el mes de abril conozca formalmente la propuesta de la sociedad civil presentada mediante comunicación dirigida al Ministro de Hacienda en su calidad de presidente del CONCLAFIT, con copia a todos sus miembros.
La coalición plantea que el CONCLAFIT disponga la designación como sujetos obligados dentro del sistema nacional de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo de los siguientes actores:
• Partidos políticos • Candidatos y precandidatos a cargos de elección popular o función pública • Organizaciones y movimientos políticos
Esta solicitud se fundamenta en la Ley núm. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, cuyo artículo 33 establece:
"El Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT) podrá designar como sujetos obligados a otras personas físicas o jurídicas cuando determine que, por la naturaleza de sus actividades, exista riesgo de lavado de activos o financiamiento del terrorismo."
Las organizaciones recordaron que esta propuesta no es nueva, sino que ha sido planteada por la sociedad civil desde el año 2018, sin que hasta la fecha se haya producido una respuesta institucional definitiva por parte del CONCLAFIT.
En ese sentido, la coalición manifestó su preocupación por los múltiples casos de narcotráfico que ha permeado en la política y de la corrupción para el financiamiento opaco de las campañas electorales.
Si bien es cierto la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) 2024 de autoría del mismo CONCLAFIT, reconoce amenazas altas de narcotráfico y corrupción, lamentablemente no evalúa el financiamiento político como canal de materialización de dichas amenazas. Esto evidencia que el financiamiento político constituye el mayor riesgo no evaluado del sistema dominicano de prevención de lavado de activos.
El financiamiento político debe entenderse como un posible:
canal de entrada de capital ilícito
mecanismo de influencia
instrumento de retorno económico vía corrupción pública
La Ley 33-18 regula el financiamiento de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, pero no alcanza a los candidatos ni pre candidatos a posiciones políticas, y tampoco obliga a los actores a tomar medidas anti lavado, ni son sometidos a las sanciones de la Ley 155-17 en caso de no ejecutarlas. La Ley 33-18 regula el financiamiento político sin integrarlo al sistema antilavado, y no establece sanciones penales robustas, ni medidas disuasivas en materia de lavado de activos, limitando su eficacia frente a esquemas ilícitos complejos.
Por otro lado, la Ley 155-17 establece sujetos obligados, debida diligencia, beneficiario final, reportes de operaciones sospechosas (ROS) y sanciones administrativas y penales, sin embargo, presenta limitaciones frente al ámbito político pues no alcanza ni obliga a partidos, agrupaciones y movimientos políticos, ni tampoco a candidatos ni precandidatos a posiciones políticas, quedando fuera del sistema antilavado, los principales receptores de financiamiento político. En el mismo orden de ideas, la Ley 155-17 establece ciertos controles para las Personas Expuestas Políticamente (PEPs), pero deja fuera de su alcance a aquellos que aspiran a posiciones políticas y que mueven cualquier cantidad de dinero para poder alcanzarlas.
La Coalición también advierte el vacío normativo en asuntos de financiamiento político indirecto sin trazabilidad como por ejemplo:
Los aportes en especie
El financiamiento de terceros
Los pagos directos a medios
El apoyo logístico externo
Para mitigar los riesgos anteriores recomienda canalizar los aportes a través de los partidos o agrupaciones políticas y/o estructuras supervisadas, de manera que puedan identificarse los donantes (hasta el beneficiario final en caso de sociedades) de las donaciones opacas. Para estos fines se crearía un Registro Nacional de Financiamiento Político y todo financiamiento o donación debería ser publicado para fines de trazabilidad y transparencia.
La Coalición no se opone a una Evaluación Nacional de Riesgo del Financiamiento Político para validar el esquema típico del lavado de activos en el financiamiento político:
Ingreso de fondos ilícitos invertidos en campañas políticas
Falta de verificación
Acceso a poder
Retorno vía contratos o influencia
Legitimación del dinero
La comisión técnica del CONCLAFIT le aseguró a la coalición que los puntos expuestos serán tratados en la próxima reunión del CONCLAFIT a celebrarse el próximo mes de abril 2026.
Ante la proximidad de la próxima la citada reunión, la coalición reitera respetuosamente que:
Las propuestas de la coalición sean incluida formalmente como punto de agenda en dicha reunión.
Que el tema sean sometidas a votación por los miembros del Comité, y que el resultado sea comunicado públicamente, indicando qué miembros votaron a favor y cuáles votaron en contra.
Que en el hipotético caso de votarse en contra, que expliquen públicamente las razones jurídicas, legales o técnicas que fundamenten dicha decisión.
Las organizaciones también enfatizaron que no es necesario modificar la Ley 155-17 para adoptar esta medida, ya que el Art. 33 de la misma otorga al CONCLAFIT la facultad de designar nuevos sujetos obligados, contribuyendo a fortalecer la transparencia del financiamiento político y la integridad del sistema democrático dominicano.
Saludamos el aviso del Ministro de la Presidencia y presidente del PRM, Lic. José Ignacio Paliza del 24 de noviembre del 2025 respecto a someter proyecto de ley en el congreso si fuese para robustecer jurídicamente el objetivo, sin embargo proponemos que eso se busque realizar luego de que el CONCLAFIT realice las nuevas designaciones en función de las facultades antes mencionadas, considerando que el partido oficial cuenta con mayoría congresual y cualquier proyecto de ley debiera poder aprobarlo en corto plazo.
La coalición saludaría la propuesta de modificar la Ley 155-17 para incluir a la JCE como la entidad supervisora de los actores políticos a ser integrados como sujetos obligados del sistema antilavado, pues en caso de no hacerlo, quedaría como entidad fiscalizadora la DGII (Poder Ejecutivo), exponiendo riesgo de uso político del sistema.
El país acaba de reafirmar su compromiso en la lucha contra el narcotráfico de la mano de los EEUU, por lo que ejecutar esta petición de la sociedad civil, sería una sólida muestra de integridad y compromiso de nuestro gobierno para evitar que el dinero del narcotráfico siga permeando en el sistema Político Dominicano.
En el mismo orden la coalición solicita que la JCE refuerce sus controles y fiscalización sobre el gasto en las campañas políticas, y sobre el cumplimiento que tendrían que ejercer los nuevos sujetos obligados propuestos por la coalición, en virtud del mandato del Art. 67 de la Ley 33-18, en sus incisos 3, 4 y 5.
Las organizaciones reiteraron su disposición de continuar colaborando con las autoridades para fortalecer el sistema nacional de prevención del lavado de activos y promover mayores estándares de transparencia en el financiamiento de la actividad política.
La Coalición ve prudente modificar:
La Ley 155-17 Sobre Lavado de Activos para designar los sujetos obligados antes mencionados y que los mismos sean fiscalizados y/o supervisados por la JCE.
La Ley 33-18 de Partidos Políticos, para incluir en la misma la obligatoriedad de los sujetos obligados propuestos a que cumplan con todas las obligaciones de la Ley 155-17 y sean sometidos al mismo régimen de consecuencias, en adición a los deberes y consecuencias de la propuesta de ley recien anunciada por el PRM.
Lo anterior porque existe una desconexión estructural:
La Ley 33-18 regula financiamiento político sin controles antilavado
La Ley 155-17 regula lavado de activos sin incluir actores políticos
Los miembros del CONCLAFIT con poder para designar a los partidos políticos como sujetos obligados de la Ley Contra el Lavado de Activos son:
Lic. Magín Díaz, Ministro de Hacienda y Economía; y Presidente del CONCLAFIT
Yeni Berenice Reynoso, Magistrada Procuradora General de la República Dominicana (PGR)
Lic. Antoliano Peralta, Ministro de Justicia
Teniente General, ERD, Carlos Antonio Fernandez Onofre, Ministro de Defensa (MIDE)
Lic. Alejandro de Jesus Abreu, Presidente del Consejo Nacional de Drogas (CND)
Vicealmirante, ARD, Jose Manuel Cabrera Ulloa, Presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD)
Lic. Alejandro Fernandez Whipple, Superintendente de Bancos (SB)
Lic. Ernesto Bournigal Read, Superintendente del Mercado de Valores (SIMV)
La Coalición por la Transparencia del Financiamiento Político está conformada por las siguientes organizaciones de la sociedad civil:
• Centro Juan XXIII • Participación Ciudadana (Capítulo Dominicano de Transparencia Internacional) • Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) • Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) • Ciudad Alternativa • Santiago Somos Todos • Fundación Masada • Centro de Reflexión y Acción Social Padre Juan Montalvo, SJ • Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH)
Índice de Percepción de la Corrupción muestra escaso avance para RD
martes 10 de febrero, 2026
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, publicado por Transparencia Internacional en Berlín, en el día de hoy, muestra un escaso avance y en muchos casos retrocesos en la lucha mundial contra la corrupción pública en más de una década.
La República Dominicana avanzó por quinto año consecutivo, al alcanzar 37 puntos, ocupando el puesto 99, mientras en el 2020 había obtenido la más baja, con 28 puntos y el puesto 136.
El informe de Transparencia Internacional señala que “La corrupción está empeorando en todo el mundo y afecta incluso a democracias consolidadas, que están registrando un aumento de la corrupción en un contexto de debilitamiento del liderazgo”. Los datos de TI muestran que el número de países con una puntuación superior a 80 se redujo de 12, hace una década, a tan solo cinco este año.
Los datos muestran que incluso las democracias, que por lo general obtienen mejores resultados en la lucha contra la corrupción que las autocracias o las democracias imperfectas, están experimentado un preocupante deterioro en su desempeño en el índice. “Otro patrón preocupante es el aumento de las restricciones impuestas por muchos Estados a las libertades de expresión, asociación y reunión. Desde 2012, 36 de los 50 países con descensos significativos en las puntuaciones del IPC también han experimentado una reducción del espacio cívico.”
Principales hallazgos sobre la corrupción global
El IPC clasifica a 182 países y territorios en función de sus niveles percibidos de corrupción en el sector público, en una escala de cero (altamente corrupto) a 100 (muy muy limpio).
La puntuación promedio mundial en 2025 fue de 42 sobre 100, su nivel más bajo en más de una década, lo que apunta a una preocupante tendencia descendente, incluyendo en países que tradicionalmente sacaban buenas notas.
“La gran mayoría de los países no está logrando mantener la corrupción bajo control: más de dos tercios —122 de 180— obtuvieron una puntuación inferior a 50.”
Por octavo año consecutivo, Dinamarca tiene la puntuación más alta del índice (89), seguida de cerca por Finlandia (88) y Singapur (84).
Los países con las puntuaciones más bajas tienen, en su inmensa mayoría, sociedades civiles gravemente reprimidas y altos niveles de inestabilidad como Sudán del Sur (9), Somalia (9) y Venezuela (10).
República Dominicana con relación a América Latina y el mundo
Del continente americano participaron 33 países, con una puntuación promedio de 42 puntos. La República Dominicana, en este grupo ocupa la posición 18, por debajo de Canadá, Uruguay, Barbados, Bahamas, Estados Unidos, Chile, Saint Vincent y Granadina, Dominica, Santa Lucia, Costa Rica, Grenada, Jamaica, Trinidad y Tobago, Cuba, Guyana, Suriname y Colombia. Sin embargo, esta por encima de: Argentina, Belize, Brasil, Panamá, El Salvador, Perú; Bolivia, México, Guatemala, Paraguay, Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela. Diez de estos países bajaron significativamente su puntuación en los últimos años, siendo República Dominicana el único del continente que aumentó, pasando de 28 en el 2020 a 37 en el 2025.
Participación Ciudadana considera que, aunque el país ha avanzado en este índice, todavía no hay mucho que celebrar. Por el contrario, en estos momentos el optimismo está amenazado por los escándalos de corrupción que se han conocido recientemente y que es muy posible que afecten nuestra puntuación en los próximos años.
Para que sigamos aumentando la confianza es necesario enviar mensajes muy claros de que estos avances no son vulnerables, sino que se asientan en instituciones públicas transparentes y honestas, mayor control del gasto público, acciones rápidas contra los funcionarios que se involucren en faltas éticas y, sobre todo, que la justicia actúe con presteza y eficacia contra todos aquellos a quienes se le demuestre actos de corrupción.
¿Cómo se obtiene el IPC?
El IPC puntúa a 182 países y territorios de todo el mundo en función de las percepciones de la corrupción en el sector público. Las puntuaciones reflejan las opiniones de los expertos y las encuestas de los empresarios, no del público. Los capítulos nacionales no intervienen en la elaboración del IPC.
El IPC se calcula utilizando datos de 13 fuentes externas, entre ellas el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, empresas privadas de riesgo y consultoría, grupos de expertos y otros.
El IPC utiliza una escala de 0 a 100; 100 es muy limpio y 0 es muy corrupto.
El objetivo del documento es facilitar a la ciudadanía el conocimiento y la comprensión de un proceso penal de alto impacto público. El informe destaca que el caso afectó la salud del sector más vulnerable de la población y que “hiere la sensibilidad del más fuerte que se distraigan fondos del sector salud para comprar vehículos de lujo, o un reloj de más de RD$5,000,000.00, o botellas de whisky de más de RD$100,000.00 cada una”.
Hasta 2020 SENASA era descrito como un modelo de gestión. Según el informe, “su deterioro comenzó desde el inicio de la gestión de Santiago Hazim”. Las denuncias posteriormente dieron lugar a una investigación del Ministerio Público, cuya solicitud de medidas de coerción tiene 537 páginas. Participación Ciudadana elaboró una síntesis de 32 páginas para facilitar el acceso a la información.
Esta publicación ha sido apoyada técnica y financieramente por @alemaniaenrd través del Proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho en América Central y el Caribe III (FEDACC) ejecutado por la @giz_centroamerica
Información proveniente del expediente del Ministerio Público
De manera explícita, el informe aclara que la síntesis se redacta “única y exclusivamente partiendo del contenido de la solicitud de medidas de coerción del Ministerio Público”, por lo que los hechos, valoraciones, cifras y calificativos jurídicos contenidos en los hallazgos corresponden al expediente penal y no constituyen valoraciones propias de Participación Ciudadana.
Principales hallazgos contenidos en el expediente
Según la acusación presentada por el Ministerio Público:
Se “creó una estructura de crimen organizado”
Se “obstruyó la transparencia interna”
Se “crearon programas especiales fraudulentos para recibir sobornos”
Se “adulteraron y falsearon los estados financieros”
Y se “distrajeron fondos del SENASA, comprometiendo la solvencia de la institución”
El expediente atribuye sobornos por más de 4 mil millones de pesos y la creación de empresas de carpeta para operaciones de lavado de activos.
Programas utilizados para el desvío de fondos
El Ministerio Público documenta que a través del programa NUTRISALUD y otros contratos se configuró un esquema continuo de sobornos que incluyó:
Entregas iniciales de RD$100 millones
Transferencias por RD$529,068,000.00
Nuevas entregas en efectivo por RD$536,000,000.00
Pagos totales de sobornos por RD$1,165,000,000.00 hasta 2024
Asimismo, el expediente recoge la afirmación de que “a Hazim no le importaba la eficacia de la inversión en estos programas”, destacando la ausencia de evaluaciones sobre su impacto sanitario.
Privatización irregular y sobornos por servicios de atención primaria
La acusación señala que servicios de atención primaria fueron “monopolizados” por un mismo grupo empresarial mediante contratos, adendas y pagos capitaros sin mecanismos adecuados de fiscalización. Este esquema habría generado sobornos adicionales por RD$1,621,337,217.15.
Manipulación del Bordereau y de los estados financieros
El expediente sostiene que durante la gestión de Santiago Hazim se “alteraron los estados financieros con la intención de ocultar la situación financiera real”. Se describe un subregistro sistemático de reservas técnicas que falseó los reportes enviados al regulador.
Una comisión interna encontró posteriormente una diferencia oculta superior a RD$14,340,821,883.00, desmontando los estados enviados previamente.
Enriquecimiento ilícito y patrimonio
La investigación atribuye ingresos ilícitos al imputado Santiago Hazim por aproximadamente RD$2,881,337,217.15, e incluye la adquisición de bienes de lujo a través de empresas, intermediarios y mecanismos destinados a ocultar el origen de los fondos.
Calificación jurídica atribuida en el expediente
El Ministerio Público sostiene que los hechos:
“constituyen actos típicos, antijurídicos y culpables”
y los subsume en delitos tales como:
corrupción
coalición de funcionarios
prevaricación
asociación de malhechores
soborno
estafa contra el Estado
desfalco
falsificación
lavado de activos
Francisco "Pancho" Álvarez, del Consejo Nacional de Participacíon Ciudadana y panelista, explicó el valor de estos reportes, en los que se sintetizan y explican complicados entramados de corrupción, para que la ciudadanía pueda comprender más fácilmente el reto al que se entrenta la sociedad en la lucha contra la impunidad.
Por su parte, Leidy Blanco García, coordinadora general, dijo que "El caso Senasa, que hoy nos convoca, plantea serias interrogantes sobre la gestión de los recursos públicos, la transparencia institucional y la responsabilidad de quienes administran fondos destinados a garantizar atención médica, especialmente a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad".
"Cada peso mal gestionado, cada decisión opaca, se traduce en servicios deficientes, en medicamentos que no llegan, en tratamientos postergados y en vidas afectadas"; agregó.
"Por eso, este espacio busca un análisis, responsabilidad y verdad. Busca aportar a una cultura de rendición de cuentas donde las instituciones públicas estén verdaderamente al servicio de la gente y donde la ciudadanía tenga información clara para exigir correcciones y sanciones cuando corresponda"., puntualizó Leidy.
Participación Ciudadana valora la Sentencia TC-01225-25 como un avance decisivo para la igualdad; llama a la ciudadanía a informarse con rigor en tiempos de desinformación
lunes 24 de noviembre, 2025
Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, saluda y respalda la reciente Sentencia TC-01225-25, mediante la cual el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales las disposiciones de los Códigos de Justicia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que penalizaban las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo dentro de los cuerpos uniformados.
Los artículos anulados, el 210 de la Ley núm. 285 y el 260 de la Ley 3483, imponían penas de hasta dos años de prisión exclusivamente a oficiales y alistados de cuerpos castrenses por el solo hecho de mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, sin importar el ámbito donde ocurrieran. Estas disposiciones, heredadas del trujillismo, mantenían plena vigencia normativa y práctica, vulnerando de forma concreta los derechos de las personas homosexuales que sirven al país desde estas instituciones.
Participación Ciudadana destaca que el Tribunal reafirma un principio constitucional fundamental: ninguna autoridad del Estado ni ningún particular puede restringir derechos en función de la orientación sexual, al tratarse de un aspecto protegido por la dignidad humana, la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad.
La organización subraya que esta decisión restablece la supremacía constitucional frente a normas anacrónicas y discriminatorias que, durante décadas, legitimaron desigualdad estructural en la carrera policial y militar. “El Tribunal Constitucional cumple con su función de garante último de la Constitución, asegurando que ninguna disposición sancione a personas por conductas privadas, consensuales y sin relación con los fines legítimos del servicio público”, expresó la entidad.
Asimismo, Participación Ciudadana resaltó que la sentencia fortalece la institucionalidad democrática, al ordenar que todas las normas internas, de cuerpos castrenses, instituciones públicas y actores privados, se adecuen al mandato constitucional de igualdad y no discriminación.
La entidad valoró positivamente la claridad con la que el Tribunal Constitucional identificó que las disposiciones anuladas no guardaban relación con la disciplina institucional ni con los objetivos legítimos del servicio, sino que respondían a prácticas históricas de estigmatización e intromisión indebida en la vida privada de policías y militares.
La organización reiteró que las sentencias del Tribunal Constitucional son vinculantes y obligatorias para todos los poderes públicos y para los particulares. En ese sentido, exhortó a las instituciones del sector seguridad y defensa a adoptar medidas inmediatas para adecuar sus reglamentos, procedimientos internos y políticas de recursos humanos al estándar constitucional reafirmado por esta decisión. “Se trata de un precedente histórico que fortalece nuestra democracia, promueve la igualdad real y reafirma que ningún sector del Estado está por encima de la Constitución”, concluyó la organización.
Llamado a ciudadanía y medios de comunicación
Participación Ciudadana hace además un llamado firme a la ciudadanía y a los medios de comunicación a elevar el rigor informativo y evitar ser presa fácil de la desinformación, el morbo o el sensacionalismo que muchas veces surge a partir de titulares amarillistas o reacciones emotivas en redes sociales. En tiempos marcados por bulos, noticias falsas y discursos que distorsionan debates esenciales, es indispensable que la población lea, contraste y verifique el contenido real de decisiones tan relevantes como una sentencia del Tribunal Constitucional.
La entidad recordó que la democracia se fortalece cuando la ciudadanía participa desde la información veraz y el análisis crítico, y subrayó que la lectura responsable más allá del titular es un acto de ciudadanía activa.
El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional muestra que la República Dominicana sigue entre los países con mayores niveles de corrupción
La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) presenta Guía de Entrevistas para Aspirantes a Jueces y Juezas de las Altas Cortes
miércoles 15 de octubre, 2025
La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) realizó este miércoles una rueda de prensa para presentar la Guía de Entrevistas para Aspirantes a Jueces y Juezas de las Altas Cortes y su correspondiente Manifiesto por una justicia independiente, transparente e inclusiva, un llamado público a fortalecer la legitimidad de los procesos de selección judicial en la República Dominicana.
Durante el acto, ROI destacó que la calidad de la justicia comienza en la forma en que se eligen quienes la imparten, y que el establecimiento de criterios claros y públicos para las entrevistas de selección constituye una garantía de objetividad, transparencia y equidad. La guía, explicaron sus representantes, propone un conjunto de criterios, ejes temáticos y preguntas estructuradas que permitirán a los órganos evaluadores valorar la idoneidad, la independencia y la ética judicial de las personas aspirantes a integrar las altas cortes.
“No hay justicia independiente sin transparencia”, y “la transparencia empieza en la forma en que elegimos a quienes juzgan”, expresó la Red en su manifiesto, leído durante la presentación. La guía “es una apuesta ética y ciudadana para reducir la discrecionalidad” y para “abrir los procesos judiciales al escrutinio público”, señala el texto.
Uno de los aspectos más destacados del documento es la incorporación transversal de la perspectiva de género, entendida como condición indispensable para garantizar la igualdad sustantiva en el acceso y ejercicio de la justicia. “Una justicia que ignora la realidad de la discriminación o las brechas de poder no es imparcial, es incompleta”, subraya el manifiesto.
ROI llamó al Consejo Nacional de la Magistratura, a la academia y a la sociedad civil a asumir la guía como un instrumento técnico y ético que promueve la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la confianza pública en el sistema judicial. Asimismo, reiteró su invitación a que las entrevistas sean fundamentadas en criterios verificables.
La guía está disponible para consulta pública y puede ser utilizada por instituciones estatales, organizaciones de la sociedad civil y la academia como instrumento de observación, formación o referencia técnica en procesos de selección judicial, en el siguiente enlace: Guía de Entrevistas para Aspirantes a Jueces y Juezas de las Altas Cortes
Igualmente, la Red enfatizó en la necesidad de que el CNM publique las actas motivadas con los votos razonados de cada uno de sus integrantes, sobre las sesiones en las que se determinó no ratificar en sus funciones a la magistrada Pilar Jiménez Ortiz y los magistrados Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón, actuales miembros de la SCJ.
ROI está compuesto por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Participación Ciudadana (PC), la Fundación Friedrich Ebert (FES), Foro Ciudadano y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF).
La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) expresa preocupación y hace llamado al Consejo Nacional de la Magistratura de garantizar transparencia en el proceso de evaluación de jueces y juezas
lunes 6 de octubre, 2025
La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) manifiesta su profunda preocupación y hace un llamado al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que garantice la transparencia y rendición de cuentas sobre lo ocurrido en el reciente proceso de evaluación de la magistrada Pilar Jiménez Ortiz y los magistrados Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón, actuales miembros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
ROI recuerda que, desde que inició esta convocatoria, el CNM ha celebrado 4 sesiones; sin embargo, no se han publicado ninguna de las actas de las sesiones. Y critica que este proceso, de alto impacto para la independencia judicial y la confianza ciudadana en el sistema de justicia, se realice sin apego a los principios de publicidad, objetividad y participación ciudadana.
En este sentido, a la Red le preocupa que el CNM no haya hecho públicas las evaluaciones, los criterios aplicados, ni las deliberaciones internas, lo que impide a la ciudadanía conocer las razones en las que sustenta la decisión de no ratificar a las personas evaluadas. Para ROI, la ausencia de información erosiona la legitimidad institucional del proceso y abre espacio a percepciones de arbitrariedad o discrecionalidad política.
La ROI exhorta al Consejo Nacional de la Magistratura a publicar de manera inmediata las actas extensas que contengan las razones motivadas y los resultados de las evaluaciones, incluidos los votos de cada integrante del CNM, de conformidad con la ley y en consonancia con los principios de gobierno abierto y justicia transparente.
Asimismo, hace un llamado a la ciudadanía para que esté atenta a los perfiles que se evaluarán próximamente, para optar por su designación tanto en la SCJ como en el Tribunal Superior Electoral. La ROI recuerda que la independencia judicial no solo depende de la autonomía de los jueces y juezas, sino también de procesos de evaluación y designación transparentes, previsibles y basados en méritos comprobables, como garantía del derecho de toda persona a una justicia imparcial y del derecho al debido proceso que tienen las personas que aspiran a ocupar algunos de estos puestos.
Finalmente, la Red reitera su compromiso de observar, documentar y promover la transparencia institucional en los procesos judiciales y constitucionales, en defensa del fortalecimiento democrático y del Estado de derecho. ROI está compuesto por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Participación Ciudadana (PC), la Fundación Friedrich Ebert (FES), Foro Ciudadano y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF).
Participación Ciudadana y PNUD formalizan alianza para fortalecer la democracia
martes 30 de septiembre, 2025
El objetivo principal es el desarrollo de iniciativas conjuntas para impulsar el fortalecimiento del sistema democrático, la rendición de cuentas, la veeduría de la sociedad civil en la gestión pública, y la participación política de las mujeres, como mecanismos para acelerar el logro de la Agenda 2030 en el país.
Distrito Nacional. Mediante una alianza estratégica, el Movimiento Cívico Participación Ciudadana (PC) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) impulsarán iniciativas conjuntas que fortalezcan el sistema democrático, la rendición de cuentas, la veeduría de la sociedad civil en la gestión pública, y la participación política de las mujeres, como mecanismos para acelerar el logro de la Agenda 2030 en el país.
Mediante la firma de un memorándum de entendimiento, las entidades buscan acelerar el cumplimiento de las prioridades nacionales del país, en consonancia con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.
Entre las áreas de cooperación definidas en el Memorando se encuentran la promoción del liderazgo político femenino, el desarrollo de investigaciones sobre transparencia y acceso a la información pública, y el impulso a políticas públicas que contribuyan al cumplimiento de los ODS, en especial: ODS 5: Igualdad de género; ODS 10: Reducción de las desigualdades; ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas.
"Al promover el liderazgo político de las mujeres, la veeduría social, el acceso a la información y la transparencia, estamos contribuyendo directamente a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y resiliente ", indicó Ana Maria Díaz, Representante Residente del PNUD tras la firma.
En tanto, Leidy Blanco de Participación Ciudadana precisó que "esta alianza refuerza la convicción de que solo mediante la articulación entre lo local y lo global, entre la sociedad civil y los organismos internacionales, podremos impulsar verdaderos cambios estructurales que pongan en el centro a la ciudadanía y sus derechos.".
El acuerdo se enmarca en el Documento de Programa País (CPD 2023–2027) del PNUD, que establece como prioridades el fortalecimiento del sistema de administración pública para una gestión transparente y eficaz, la mejora de los mecanismos institucionales para una gobernanza participativa e inclusiva con enfoque de género, y la promoción de soluciones innovadoras para el acceso a la justicia, la participación política y la seguridad ciudadana.
Participación Ciudadana, con más de 32 años de trayectoria, aporta su experiencia en el combate a la corrupción y en la promoción de una ciudadanía activa, equitativa y democrática. Su compromiso con los principios de la democracia participativa, la equidad de género y la transparencia administrativa la convierte en un aliado clave para el fortalecimiento institucional del país.
El valor agregado del PNUD en esta alianza radica en su capacidad de ofrecer asistencia técnica especializada, su red global de conocimiento y su firme compromiso con la ética, la transparencia y la rendición de cuentas. Con más de 50 años de presencia en República Dominicana, el PNUD ha acompañado a más de 90 entidades en la ejecución de 350 iniciativas de desarrollo en la última década que han generado resultados concretos en la vida de las personas y en la institucionalidad del país.
