Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista, pone en circulación el 9no. Informe del Observatorio de los Casos de Corrupción Administrativa, que da seguimiento a los principales procesos por corrupción actualmente en curso en los tribunales de la República Dominicana.

En esta entrega se otorga especial atención a los casos Adán Cáceres y compartes, Donald Guerrero y compartes y José Ángel Gómez y compartes, debido a las recientes decisiones judiciales adoptadas en cada uno de estos procesos, las cuales revisten especial relevancia para el desarrollo de la justicia penal en materia de corrupción.

Es relevante que, en apenas dos semanas, se hayan producido decisiones judiciales en tres de los principales casos de corrupción administrativa del país. Estas decisiones han dado lugar a 95 condenas en primer grado y al envío a juicio de fondo de 191 personas imputadas.

Paralelamente, en Santiago se conocen en estos días las solicitudes de medidas de coerción contra los imputados en el denominado caso del Instituto Regional Oncológico del Cibao, una investigación que, por la naturaleza y gravedad de los hechos atribuidos, ha sido calificada por diversos sectores como un posible crimen de lesa humanidad.

En atención a su trascendencia jurídica e institucional, este proceso será incorporado, en lo adelante, al Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, con el propósito de dar seguimiento a su evolución y contribuir al fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y el Estado de derecho.

Caso de Donald Guerrero y compartes

Con respecto al caso de Donald Guerrero y compartes, la jueza apoderada de la audiencia preliminar, la magistrada Altagracia M. Ramírez de la Cruz, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio de fondo a todos los imputados con excepción de los señores Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Marcial Reyes, Rosa Aris Ruiz y Daniel Alberto Guerrero Mena, a favor de quienes dictó un auto de no ha lugar, que ha sido recurrido en apelación tanto por el Ministerio Público como por el equipo del gobierno de recuperación de bienes del Estado.

En este caso se admitieron como válidas más del 90% de las pruebas presentadas tanto por el Ministerio Público como por los imputados, y se rechazaron todos los incidentes presentados por las partes, incluyendo la extinción de la acción penal fundamentada en el vencimiento del plazo de duración máximo del proceso.

Caso Adán Cáceres y compartes

El 15 de junio de 2026, el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, integrado por las magistradas Gisselle Méndez, presidenta, Tania Yunes y Jissel Naranjo, dictó el dispositivo de la sentencia de fondo en el caso Adán Cáceres y compartes.

La decisión concluyó con la condena de 20 personas y la absolución de siete imputados, imponiendo penas que oscilaron entre 20 años de prisión, 15 años, 10 años, 5 años, 2 años con suspensión condicional y pena cumplida, según el grado de responsabilidad establecido para cada acusado.

Entre las sanciones más severas, el tribunal condenó a 20 años de prisión al mayor general retirado Adán Benoni Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP); al general Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR); y al coronel Rafael Núñez de Aza, exdirector financiero de esa institución.

Asimismo, el tribunal impuso penas de diez años de prisión a Esmeralda Ortega Polanco, gerente de sucursal del Banco de Reservas; José Manuel Rosario Pirón, mayor de la Policía Nacional y extesorero del CUSEP; Boanerges Reyes Batista, general del Ejército de República Dominicana; Franklin Antonio Mata Flores, capitán de la Armada de República Dominicana; Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, primera teniente de la Policía Nacional; Erasmo Pérez Núñez, teniente coronel de la Fuerza Aérea de República Dominicana; y Kelman Santana Martínez, teniente coronel.

Además, dispuso penas suspendidas para varios imputados, condenó a Raymel Pastor del Rosario Viola a dos años de prisión con suspensión condicional de la pena y declaró pena cumplida respecto de Raúl Alejandro Girón Jiménez, en atención al tiempo de privación de libertad ya cumplido.

En el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el tribunal condenó a cinco sociedades comerciales al pago de 200 salarios mínimos y ordenó su disolución.

Por otra parte, fueron absueltos Miguel Alfredo Ventura Pichardo, Eric Daniel Pereyra Núñez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Enmanuel Antonio Alba Trinidad, Santiago Antonio Suárez Peguero y la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo.

Como consecuencia accesoria de la condena, el tribunal ordenó el decomiso a favor del Estado de 29 armas de fuego, sus cargadores y municiones, esposas, 18 relojes de alta gama, numerosos equipos electrónicos, 115 vehículos, 160 inmuebles, US$283,515 y RD$39,732,690 en efectivo. No obstante, rechazó la solicitud de decomiso respecto de aproximadamente 78 bienes, entre muebles e inmuebles.

El tribunal acogió. Además, la acción civil ejercida por el Estado dominicano y condenó a todos los responsables, de manera conjunta y solidaria, al pago de una indemnización de cinco mil millones de pesos dominicanos (RD$5,000,000,000.00) a favor del Estado.

José Ángel Gómez y compartes

El tercer caso que avanza es el de José Ángel Gómez y compartes, donde la magistrada apoderada Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, envió a juicio de fondo a todos los imputados.

Las personas físicas enviadas a juicio de fondo fueron: Hugo Beras (Exdirector del INTRANT)

José Ángel "Jochi" Gómez Canaán, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Pedro Vinicio Padovani Báez, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini (o Agustini), Manuel Eduardo Mora Vázquez

Las personas jurídicas imputadas fueron: Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S. Inprosol S.R.L.

OML Inversiones S.R.L. PagoRD Xchange S.R.L.  Industria Soltex Dominicana S.R.L. Dekolor S.R.L.

Se descartó el tipo penal de terrorismo, pero los demás tipos penales presentados por el Ministerio Público en su acusación fueron admitidos y son: corrupción, estafa, coalición de funcionarios, delitos tecnológicos, sabotaje y lavado de activos

Para el juicio de fondo fue apoderado el Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que ya fijó la primera audiencia para el 11 de agosto del 2026. Este tribunal colegiado está integrado por las magistradas Arlín Ventura Jiménez (quien lo preside), Leticia Martínez Noboa y Milagros Ramírez.

La posición de Participación Ciudadana respecto de los casos de gran corrupción ha sido consistente: lo deseable es que todos los procesos sean conocidos en juicio de fondo, por constituir la etapa en la que se desarrolla plenamente la actividad probatoria y se garantiza el debate contradictorio. Es en ese escenario donde se escuchan los testimonios, se incorporan y examinan las pruebas y el tribunal puede valorarlas de manera integral, apreciando su credibilidad, pertinencia y el grado de corroboración entre ellas.

En contraste, durante la audiencia preliminar el tribunal no recibe declaraciones testimoniales ni realiza una valoración exhaustiva de la prueba. En esta fase, quien propone un testigo únicamente debe indicar los hechos que pretende acreditar con su declaración, sin que el juez conozca directamente el contenido de su testimonio ni pueda ponderar su fuerza probatoria.

Además, al tratarse de audiencias públicas, la ciudadanía y los medios de comunicación pueden observar directamente el desarrollo del juicio, lo que fortalece los principios de publicidad, transparencia y rendición de cuentas en la administración de justicia. Ello permite verificar que las partes ejercen plenamente sus derechos, que se respetan las garantías del debido proceso y que la decisión judicial se fundamenta exclusivamente en las pruebas debatidas de manera pública y contradictoria ante el tribunal.

En consecuencia, la decisión de enviar un proceso a juicio de fondo no constituye un pronunciamiento sobre la culpabilidad de las personas imputadas ni afecta la presunción de inocencia que las ampara. Este derecho fundamental permanece incólume hasta que exista una sentencia condenatoria firme, con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

Consejo Nacional

El coordinador general de Participación Ciudadana, Francisco Álvarez Valdez, afirmó que la sentencia emitida en el caso Coral 5G marca un precedente histórico en la lucha contra la corrupción en República Dominicana, al romper por primera vez el límite informal de sanciones que durante décadas caracterizó los grandes procesos por delitos de cuello blanco.

Durante una entrevista en el programa El Día, Álvarez sostuvo que la condena de hasta 20 años de prisión impuesta a algunos de los principales implicados representa un cambio significativo en la respuesta del sistema de justicia frente a la corrupción administrativa.

“Se rompió ya el techo de los 10 años”, expresó, al recordar que casos emblemáticos como Baninter, Banco del Progreso, Banco Peravia y otros procesos de corrupción habían concluido históricamente con penas que no superaban una década de prisión.

Según explicó, la falta de sanciones efectivas ha sido uno de los principales factores que han permitido el crecimiento de la corrupción en el país durante las últimas décadas.

“Cuando no se aplica el régimen de consecuencias, lo que ocurre es que crece la corrupción”, afirmó.

Álvarez consideró que la relevancia del caso Coral 5G no radica en la severidad de las condenas impuestas, sino en el hecho de que procesos anteriores recibieron castigos insuficientes frente a la magnitud de los daños ocasionados al Estado y a la sociedad.

“No es que este caso fue una exageración; lo que fue una exageración fueron los casos anteriores”, señaló al comparar las penas impuestas en este expediente con las aplicadas en otros procesos de corrupción de alto perfil.

El dirigente cívico también destacó la calidad de la motivación presentada por el tribunal y expresó confianza en que la decisión pueda sostenerse durante las etapas posteriores del proceso judicial, incluyendo la apelación anunciada por algunas de las defensas.

Revela sometimiento judicial de Jean Alain contra directivos de Participación Ciudadana

Durante la entrevista, Álvarez también reveló que el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, presentó una acción por difamación e injuria contra su persona, los miembros del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y la propia organización, tras la publicación de uno de los informes de seguimiento a los casos de corrupción.

Según explicó, la acción judicial fue declarada inadmisible en primera instancia y posteriormente esa decisión fue confirmada en apelación.

“Jean Alain Rodríguez, a final del año pasado, se molestó por uno de sus informes nuestros y presentó una acusación por difamación e injuria contra mi persona y contra todos los miembros del Consejo Nacional de Participación Ciudadana”, afirmó.

Álvarez indicó que la organización asumió institucionalmente su defensa y sostuvo que este tipo de acciones forman parte de los riesgos inherentes al trabajo de vigilancia ciudadana y combate a la corrupción.

Caso SENASA

Otro de los temas abordados durante la conversación fue la investigación sobre presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud. Al referirse a este expediente, Álvarez aseguró que se trata del caso más grave que ha observado en toda su trayectoria vinculada al combate de la corrupción.

“Este caso de SENASA es el caso más escandaloso de todos los casos de corrupción que yo he visto, repito, el más escandaloso”, manifestó.

El coordinador general de Participación Ciudadana consideró especialmente preocupantes las denuncias relacionadas con servicios de salud y tratamientos médicos, por el impacto directo que tienen sobre la población más vulnerable.

Asimismo, destacó que las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción durante la actual administración demuestran la importancia de mantener mecanismos permanentes de vigilancia, independientemente del partido político que ocupe el poder.

Para Participación Ciudadana, la sentencia del caso Coral 5G, junto con el seguimiento a los procesos judiciales en curso y las denuncias sobre nuevas irregularidades, constituyen elementos fundamentales para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el régimen de consecuencias en la República Dominicana.

El coordinador general de Participación Ciudadana, Francisco “Pancho” Álvarez, afirmó que la condena en el caso Coral 5G representa un paso importante para el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción y el sistema judicial dominicano.

Durante una entrevista en El Despertador, Álvarez valoró como trascendental que los grandes expedientes de corrupción estén llegando finalmente a juicio de fondo y produciendo decisiones sobre culpabilidad o inocencia, dejando atrás años en los que muchos casos quedaban atrapados en etapas preliminares.

También destacó el trabajo de las juezas que conocieron el proceso, señalando que realizaron un ejercicio judicial “ejemplar” al leer y explicar públicamente los fundamentos del fallo, incluso detallando los votos disidentes dentro del tribunal.

Pancho Álvarez sostuvo además que los casos complejos de corrupción no pueden analizarse con criterios simplistas sobre duración de procesos, ya que expedientes con decenas de imputados requieren tiempo, pruebas, peritajes y audiencias extensas para garantizar decisiones sólidas.

En otro momento de la entrevista, advirtió que el país aún enfrenta importantes desafíos institucionales, especialmente con aspectos del nuevo Código Penal que considera un retroceso para la libertad de expresión, al mantener sanciones penales por difamación e injuria.

Asimismo, llamó la atención sobre la necesidad de que el Ministerio Público continúe avanzando en investigaciones pendientes vinculadas al caso Senasa y otros expedientes de corrupción relacionados con el sistema de salud.

República Dominicana acaba de firmar un memorando de entendimiento (MOU por sus siglas en inglés), con Estados Unidos, para permitirle el “ingreso temporal y excepcional” de un número limitado de nacionales extranjeros, deportados de Estados Unidos y en tránsito hacia sus países de origen, firma que ha levantado serios cuestionamientos sobre los problemas y riesgos que podría generar para nuestro país.

Tratándose de un tema tan delicado, como lo es el migratorio, lo primero que debió ocurrir fue poner a disposición de la ciudadanía el texto completo del MOU, para evitar especulaciones innecesarias. Todavía es una deuda pendiente dicha publicación, que reclamamos por este medio.

La experiencia de otros países que han firmado acuerdos similares, como Panamá, Costa Rica, Guatemala y El Salvador, no ha sido buena y debe obligarnos a reflexionar sobre la suerte del MOU en nuestro país.

Muchas preguntas se han quedado sin respuesta. Una muy importante es que esos ciudadanos extranjeros que serían recibidos en nuestro país no han incurrido en violación a nuestras leyes, incluyendo las migratorias, pues ingresarían con el consentimiento de nuestras autoridades, por lo que, si son objeto de cualquier tipo de restricción a sus derechos de libre tránsito, podrían reclamar su completa libertad a través de un recurso de hábeas corpus, lo que complicaría enormemente la solución de casos de esta naturaleza.

¿Qué ocurriría si algunas de las personas deportadas hablan un idioma que nos impide garantizarles el derecho a un intérprete judicial? ¿Dónde serán retenidas estas personas? ¿Cómo podríamos conocer los antecedentes de estas personas para determinar su grado de peligrosidad? ¿Qué ocurriría si algunas no pueden regresar a su país de origen porque tienen impedimento de entrada o porque sus vidas corren peligro?

La figura del MOU entra dentro de la calificación de los precontratos, es decir un documento que se utiliza para avanzar hacia la firma de un contrato y por eso no es vinculante, porque no genera los derechos y obligaciones que se pactan en el contrato que se persigue firmar. Pero ocurre que esa naturaleza no vinculante se perdería desde que el primer grupo de deportados ingrese a la República Dominicana, pues ya se generarían derechos y obligaciones que nuestro país no podría evadir, tal cual fuera un acuerdo final.

Este MOU se firma en momentos en que nuestro país ha renovado el uso de nuestras bases aéreas por Estados Unidos, sin que sepamos a cabalidad todas las finalidades perseguidas con dicho uso, y también la declaración de nuestro gobierno de que la Guardia Revolucionaria Islámica es una organización terrorista, aumentado el riesgo de que pudiera existir represalias contra nuestro país por una guerra que no iniciamos.

Participación Ciudadana entiende que todavía tenemos la oportunidad de dejar sin efecto el MOU y trabajar con los Estados Unidos en los temas migratorios que nos incumben.

CONSEJO NACIONAL

20 de mayo de 2026