El movimiento cívico y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, expresó su respaldo a la propuesta anunciada el pasado viernes 16 de octubre por el presidente Luis Abinader, en el sentido de reducir a la mitad la asignación presupuestaria a los partidos políticos para el año 2021.

El Consejo Nacional de Participacion Ciudadana, considera que esta propuesta ha sido rechazada por varios partidos de oposición y legisladores, pero ha recibido un gran apoyo ciudadano por considerar que, ante la difícil situación económica del país, todos los sectores y sobre todo los más necesitados, han tenido ya enormes sacrificios. Sin embargo, los partidos políticos son de las pocas organizaciones que no han sido impactadas por la reducción de ingresos producida por esta crisis.

Algunos de los que se oponen, argumentan que los partidos políticos son instituciones fundamentales de la democracia y defienden una asignación desproporcionada que, por demás, no está amparada en ninguna ley.

“Participación Ciudadana recuerda a los políticos y legisladores que por décadas el Estado Dominicano ha violado numerosas leyes que establecen asignaciones presupuestarias fundamentales para toda la población. Para citar solo algunas: la Ley 166-03 que asigna a los ayuntamientos el 10% del presupuesto nacional; la Ley de Educación 66-97 que asigna el 4% para la educación fue violada desde el año 1997 hasta el 2012 por todos los gobiernos de ese periodo; la asignación para salud, que establece la Ley 12-01 de Estrategia Nacional de Desarrollo ha sido permanentemente violada. También lo ha sido el presupuesto de la justicia y del Ministerio Público, para solo mencionar algunas”, declaró el Consejo Nacional del movimiento cívico.

Puede afirmarse que los partidos políticos han sido las instituciones más privilegiadas con la asignación pública, ya que siempre se les ha entregado la totalidad de los fondos públicos que establecía la derogada Ley 275-97 y que fue dejado fuera, tanto en la Ley Electoral 15-19 como en la de Partidos 33-18.

Desde el año 1998 al 2020 los partidos han recibido más de 17,986 millones de pesos del presupuesto público. Sin embargo, en un análisis publicado en octubre del 2019, Participación Ciudadana mostró que “Los informes financieros de los partidos mayoritarios reflejan fallas contables, imprecisiones, derroche y mala calidad del gasto de los fondos recibidos”.

“A pesar del enorme sacrificio que hemos hecho los ciudadanos para financiar los partidos, la gran mayoría de ellos no pueden afirmar que han usado este privilegio para el fortalecimiento de la democracia. No han cumplido con la distribución establecida, no gastan lo necesario en capacitación, no cuentan con sistemas contables, incurren en gastos oscuros, los fondos son usufructuados por una elite dirigente; pagan enormes cantidades en intereses bancarios por préstamos, entre otras decenas de irregularidades”, señala el comunicado de prensa del capítulo dominicano de Transparencia Internacional.

Participación Ciudadana reconoce la importancia de los partidos para la democracia, pero después de 22 años de financiamiento público, sus mismos líderes no pueden sentirse orgullosos del uso que le han dado al mismo y, por tanto, en un gesto de generosidad y sensibilidad social, no deberían negarse a un pequeño sacrificio en momentos de tantas necesidades para todo el resto del país.

Nuestra organización respaldará iniciativas legislativas para revisar los aspectos de las leyes electorales relacionadas por el financiamiento de los partidos y, mientras tanto, considera justas las medidas de emergencia que se puedan tomar para darle mejor uso a esos recursos.

Consejo Nacional
25 de octubre del 2020

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana, solicitó al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional una mayor asignación presupuestaria al Ministerio Público para que esta institución pueda cumplir su misión constitucional de implementar la política criminal del Estado, dirigir la investigación y ejercer la acción pública en representación de la sociedad.

A través de un comunicado de prensa, el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, recordó que la Ley No. 194-04, en su artículo 3, establece un 1.435% del presupuesto nacional para el Ministerio Público y un 2.66% para el Poder Judicial, sin embargo, en el Presupuesto de 2021 se está incluyendo la suma de RD$7,005.8 millones para la Procuraduría General de la República, lo cual significa una reducción de un 31.3% con respecto a lo ejecutado en el año 2019.

“Conocemos las limitaciones de ingresos que se proyectan para el próximo año debido a la crisis económica provocada por el COVID-19. Entendemos las prioridades de salud, educación y reactivación de la economía, pero el momento histórico y el compromiso de lograr un Ministerio Público independiente hace necesario dotarlo de personal altamente calificado, con equipamientos, tecnología y todos los recursos indispensables para realizar investigaciones profundas que conduzcan a condenas a los corruptos, incluyendo la recuperación de los bienes sustraídos”, sostuvo el Consejo Nacional del movimiento cívico.

Participación Ciudadana declara que en momentos en que la sociedad dominicana anhela una verdadera y eficiente persecución contra el crimen organizado, la delincuencia en general  y la corrupción administrativa el respaldo que ha prometido el Presidente de la República, Luis Abinader al Ministerio Público debe manifestarse en mayores recursos, los cuales podrían provenir de las reducciones a los gastos excesivos en los que tradicionalmente han incurrido numerosas instancias estatales, entre las que se cuenta el Congreso Nacional.

Consejo Nacional
21 de octubre del 2020

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, solicitó a la Procuraduría General de la República realizar una investigación sobre el precio pagado por el Estado dominicano a las compañías Norberto Odebrecht, Tecnimont S. p A. e Ingeniería Estrella, S.R.L, por la construcción de dos plantas a carbón en Punta Catalina, Nizao, Peravia, y sobre los gastos adicionales realizados por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).

A través de una comisión encabezada por Sonia Díaz Inoa, coordinadora general; Mirian Díaz Santana, directora ejecutiva; y Faustino Collado, coordinador de la Comisión de Transparencia, el movimiento cívico, requirió a la Procuraduría General de la República, que encabeza Miriam Germán Brito, que se inicie una exhaustiva investigación sobre la inversión realizada por el Gobierno dominicano en el período 2014-2020, a través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), en el proyecto Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC).

“Desde Participación Ciudadana solicitamos una investigación exhaustiva que determine los responsables de la sobrevaluación pagada por el Estado dominicano, al consorcio de las compañías Odebrecht-Estrella-Tecnimont, constructoras de las dos plantas a carbón en Punta Catalina, Nizao, provincia Peravia; así como los gastos adicionales realizados por la CDEEE fuera de contrato”.

Los representantes de la organización de la sociedad civil, solicitaron, además que una vez finalizada dicha investigación, hacer de conocimiento público sus resultados; y en caso de comprobar la fidelidad de la misma, tomar las medidas correspondientes de acuerdo a como lo determina la legislación nacional de la materia.

Consejo Nacional
15 de octubre de 2020

Ver: Solicitud de Investigación PGR

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana valora que el nuevo Gobierno se empeñe en buscar las vías para reducir el déficit fiscal a través de un optimista Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos para el año 2021.

Sin embargo, la organización deplora el atropello a la institucionalidad democrática que supone la intención de introducir subrepticiamente un aumento de impuestos mediante la aprobación del presupuesto, procedimiento parecido al que se intentó con el Presupuesto del año 1997, que finalmente nunca fue aprobado, así como en otros presupuestos del gobierno anterior.

“Un Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos para un año y una Ley de Reforma Tributaria con carácter permanente son dos discusiones separadas, y así deben ser conocidas por la ciudadanía y el Congreso Nacional, evitando que impuestos transitorios se queden para siempre”, señaló el Consejo Nacional de Participación Ciudadana mediante comunicado de prensa.

Agrava la situación que, durante la campaña electoral, el presidente de la República, Luis Abinader y muchos otros de su equipo que hoy son funcionarios, prometieran a la ciudadanía que no se iban a subir los impuestos, sino por el contrario, que bajándolos recaudarían más, y ahora, sin previo aviso ni discusión alguna salen con una reforma impositiva de contrabando, adjurando la promesa de una reforma integral discutida ampliamente y prevista por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo.

“Reconocemos que el Gobierno precisa percibir mayores ingresos, no solo para atender las urgentes necesidades asociadas a la atención a la población por la pandemia, sino para muchísimas otras necesidades de infraestructura y servicios. Por tanto, una reforma fiscal puede ser muy justa y necesaria en su debido momento”, subraya el comunicado del movimiento cívico.

Antes de aprobar nuevos impuestos, es fundamental que el Gobierno demuestre de manera fehaciente que va en serio su discurso de racionalizar el gasto público, de enfrentar la corrupción e impedir la impunidad. Es cierto que se han emitido algunas señales en esa dirección, pero la ciudadanía espera políticas verdaderamente contundentes. Todavía se mantienen inalterables los barrilitos y cofrecitos de los legisladores, la repartición de dinero público entre partidos e instituciones inoperantes, los monumentales salarios, compensaciones y las injustas y costosas pensiones para grupos privilegiados.

Para Participacion Ciudadana llama mucho la atención que la Reforma Tributaria se emprenda precisamente en medio de una crisis económica como la originada por el COVID-19, responsable de tanto desempleo, disminución de ingresos y pobreza, cuando subir impuestos dificulta la reactivación de la economía e incluso la supervivencia de las personas y de las empresas en momentos de tan aguda crisis.

Consejo Nacional
07 de octubre de 2020

Las circunstancias tan adversas en que fueron realizadas las elecciones del 2020, en pleno auge de una pandemia mundial, propiciaron un nivel de abstención por encima del comportamiento histórico.

El movimiento cívico y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, presentó a través de un informe los resultados de su programa de Observación Electoral, el cual incluye el proceso de elección de las autoridades nacionales iniciado en el año 2019 y concluido en julio del 2020.

Según el informe de Participación Ciudadana, desde el año 2019 hasta el 2020, el proceso electoral dominicano estuvo caracterizado por varios factores de trascendental importancia, algunos inéditos, que lo convierten en un referente de obligada atención para el país, así como para los organismos especializados, la sociedad civil y los estudiosos del tema electoral.

El movimiento cívico, a través de su informe de observación electoral, señala que el proceso de cara a los comicios del 2020 encontró a la República Dominicana estrenando dos leyes que vinieron a sumarse a lo que establece la Constitución e introdujeron modificaciones importantes en el régimen de partidos y electoral.

“La Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos No. 33-18 y la Ley Orgánica de Régimen Electoral No. 15-19, fueron aprobadas después de más de 20 años de lucha y concertación, y se esperaba que, aunque cuestionadas en algunos aspectos representarían cambios importantes en la cultura política dominicana.  Lamentablemente, estas aspiraciones no fueron logradas, ya que dichas leyes fueron aplicadas en aspectos puramente organizativos, como plazos y requisitos para inscripción y participación, pero fueron ignoradas en los aspectos fundamentales que ocuparon los reclamos de Participación Ciudadana y de amplios sectores de la sociedad civil por más de dos décadas”, subraya el informe.

Las circunstancias tan adversas en que fueron realizadas las elecciones del 2020, en pleno auge de una pandemia mundial, propiciaron un nivel de abstención por encima del comportamiento histórico, sobre todo en las presidenciales y congresuales. Contra todos los pronósticos pesimistas que auguraron una nueva posposición o un fracaso total, el 05 de julio, la población dominicana dio un ejemplo de civismo, entusiasmo y decisión de preservar y fortalecer su democracia. El país exhibe hoy una renovación de sus autoridades en todos los niveles electivos, lo cual deberá traducirse en un fortalecimiento institucional y en mayor bienestar y equidad social.

La organización de la sociedad civil, recordó, además que desde el año 1996 hasta el 05 de julio del 2020, ha desarrollado 12 exitosas experiencias de observación en los niveles presidenciales, congresuales y municipales, integrando masivamente a la ciudadanía en el monitoreo de estos procesos. “La experiencia en la observación electoral en el discurrir de los tiempos ha permitido el involucramiento y la permanencia de un voluntariado que participa y se moviliza de forma cívica por la transparencia del proceso. A pesar de la situación de la pandemia, contamos con un gran equipo de hombres y mujeres que se incorporaron a desarrollar la valiosa tarea de la observación electoral”, señala el movimiento cívico, a través de su informe.

Desde Participación Ciudadana, extendemos nuestro profundo agradecimiento a todos los ciudadanos y ciudadanas que con entusiasmo y compromiso respondieron a nuestro llamado y se unieron a nuestra red de observadores, así como a todo el equipo directivo y técnico que condujo este arduo reto.  Celebramos, además que no hemos tenido noticias de que nadie de nuestro personal se haya contagiado durante el proceso de observación electoral, gracias al protocolo aplicado, y a pesar de que muchos de nuestros observadores y técnicos se mantuvieron en sus puestos por más de 17 horas ininterrumpidas de labor.

Consejo Nacional
17 de septiembre del 2020

[display-frm-data id=8983 filter=limited entry_id=54282]

[display-frm-data id=8983 filter=limited entry_id=15979]

[display-frm-data id=8983 filter=limited entry_id=1865]

El Senado de la República debe garantizar que los nuevos miembros titulares y suplentes de la Junta Central Electoral (JCE) sean completamente independientes, provengan de distintas ramas del saber y que exista el equilibrio de género que manda la Constitución.

Santo Domingo, República Dominicana. Participación Ciudadana, organización cívica no partidista, saludó la posición asumida por varios líderes políticos, incluyendo el presidente Luis Abinader y el ex presidente Leonel Fernández de favorecer que miembros y dirigentes partidarios no sean seleccionados para formar parte como miembros titulares y suplentes de la Junta Central Electoral (JCE), en razón del claro conflicto de interés que se presenta cuando tienen que decidir situaciones en las que se encuentran involucrados sus partidos.

La organización cívica, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, entiende que deben ser excluidas todas aquellas personas que hayan militado en partidos políticos en los últimos cinco años, como parte del esfuerzo por seleccionar personas que sean totalmente independientes no solo de los partidos políticos sino de los grupos de poder y de intereses tanto del sector público como privado.

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana hizo un llamado a la Comisión Especial que trabaja en la recepción y depuración de candidaturas, y al pleno del Senado a hacer historia y aprovechar la disposición de la Ley 33-19 de Régimen Electoral que permite por primera vez integrar al órgano electoral a miembros titulares y suplentes con experiencias en otras áreas del saber como las de administración, la informática y afines, además de las ciencias jurídicas. “La integración de un órgano multidisciplinario ayudará notablemente a mejorar los controles de riesgos en la JCE, sobre todo por la fuerte carga gerencial y administrativa que definen sus funciones”, subraya el Consejo Nacional, a través de comunicado de prensa.

Se espera que tanto la Comisión Especial como el pleno del Senado respeten el artículo 39.5 constitucional que obliga al Estado a promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las posiciones públicas. Existen suficientes mujeres, debidamente capacitadas, para integrar el órgano electoral y este equilibrio debe existir tanto en cuanto a los miembros titulares como a los suplentes.

El movimiento cívico, informó que como ha ocurrido siempre en el proceso de selección de los miembros del órgano electoral se abstendrá de identificar, promover o apoyar candidatos (as), por lo que nadie está autorizado a utilizar el nombre de la institución en esa dirección. La organización se concentrará en proponer perfiles y características de los ciudadanos y ciudadanas que aspiren a estas posiciones con el propósito de contribuir a la mejor selección posible.

“En tal sentido, además de los requisitos establecidos en la ley, los miembros titulares y suplentes de la Junta Central Electoral deberían acreditar conocimiento y experiencia en el tipo de funciones que competen a la Junta y en las normas que la regulan, tener liderazgo y facilidad para trabajar en equipo, capacidad de negociación y de planificación, orientación al servicio, a resultados de calidad y, sobre todo, haberse comportado con probidad a lo largo de su vida”, declaró el Consejo.

Participación Ciudadana hace un llamado a los hombres y mujeres independientes, capacitados y probos a presentar sus candidaturas para asegurar que el Senado cuente con las mejores opciones posibles.

Consejo Nacional
08 de septiembre del 2020

Este Reconocimiento se entrega en diciembre de cada año, con motivo al Día Internacional Contra la Corrupción establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

 Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, anunció la convocatoria de candidaturas para la decimoprimera edición del Reconocimiento a la Integridad y Lucha contra la Corrupción, el cual tiene como objetivo promover y estimular los ejemplos de actuación integra, así como los esfuerzos y la lucha por las mejores causas nacionales.

Podrán presentar candidaturas las comisiones de trabajo, comités municipales de Participación Ciudadana, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general. Para ser consideradas, las propuestas deben estar documentadas y acompañadas de la historia de vida del candidato o candidata, detalles de las acciones que fundamentan la postulación y carta de presentación de la misma.  Serán recibidas hasta el 21 de septiembre del presente año. Las bases del Reconocimiento pueden ser consultadas en la página  Web de Participación Ciudadana.

Las candidaturas que sean presentadas son depuradas por una comisión especial de Participación Ciudadana y el Consejo Nacional de la organización es el organismo encargado de otorgar el Reconocimiento a la Integridad y Lucha contra la Corrupción.

Hasta la fecha, han sido galardonados el ex procurador Germán Miranda Villalona, el ingeniero Roque Napoleón Muñoz, los periodistas Nuria Piera, Luis Eduardo Lora Iglesias, Alicia Ortega, Fausto Rosario, Juan Bolívar Díaz, la jueza Miriam Germán, la comunicadora Altagracia Salazar y la Doctora Milagros Ortiz Bosh.

Participación Ciudadana, a través de esta iniciativa, procura educar mediante el ejemplo y las buenas prácticas presentando a los ciudadanos y ciudadanas modelos positivos de conducta a ser emuladas, y resaltar las virtudes que predicaron los fundadores y héroes de la República Dominicana y que promueve la institución.

Consejo Nacional
28 de agosto del 2020

Este lunes asumió la Dirección Ejecutiva Mirian Díaz Santana, quien además es integrante activa de las comisiones de Transparencia, Ética y Análisis Político. 

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, informó que el Consejo Nacional de la organización ha designado a Mirian Díaz Santana como Directora Ejecutiva.

La señora Mirian Díaz Santana es voluntaria y fundadora de Participación Ciudadana, y ex coordinadora general en el 2003 y 2018. Es además integrante activa de las comisiones de Transparencia, Ética y Análisis Político. “En tal sentido, Mirian se integrará a la Dirección, a la cual permanecerá hasta la celebración de la Asamblea General en febrero del 2021”, señaló Sonia Díaz Inoa, coordinadora general de la institución.

Díaz Santana, aseguró que su rol será dar continuidad a la misión y el trabajo que realiza el movimiento cívico, a través de las diferentes comisiones y proyectos que conforman la organización de velar por el fortalecimiento de la transparencia, la democracia, la justicia social, así como la reducción de la impunidad.

La nueva Directora Ejecutiva de Participación Ciudadana es socióloga, profesora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) por más de 30 años, investigadora, activista social y especialista en educación y en planificación. Además, ha trabajado por más de 30 años en el sector educativo, gubernamental y de Organizaciones no Gubernamentales (ONG).

Consejo Nacional
20 de agosto del 2020

Santo Domingo, República Dominicana. La organización cívica no partidista Participación Ciudadana, valoró como positivo el discurso de toma de posesión del presidente Luis Abinader, y lo motivó a cumplir los compromisos que contiene para el bienestar del país y de su buen nombre.

La organización, capítulo nacional de Transparencia Internacional, saludó la designación de las magistradas Miriam Germán Brito y Yeni Berenice Reynoso como Procuradora General de la República y Procuradora  Adjunta, respectivamente, por ser dos personas que cuentan con la capacidad, la integridad, el compromiso y la confianza de la ciudadanía, para ejercer sus labores con independencia y eficacia, a la vez que felicitó al presidente Abinader por dichas designaciones y por el poderoso mensaje que envió al juramentarlas en primer lugar y por separado, y hacer público ante ellas y la ciudadanía su compromiso de no interferir en sus labores, indicándoles que en lo adelante solo deben obedecer al mandato de la Constitución y de las leyes.

También valora positivamente la lectura de un compromiso ético realizado por la Doctora Milagros Ortiz Bosch y su inmediata firma por el Presidente y su equipo, como un compromiso frente al país y al mundo de que harán realidad los reclamos de transparencia y honestidad en la administración pública.

Entre los temas tratados por el Presidente de la República en su discurso, el de la lucha contra la corrupción y la impunidad fue el más destacado al levantar a la concurrencia de sus asientos en tres ocasiones, sobre todo cuando dejó claro que no habrá borrón y cuenta nueva al disponer que “no permitirá, bajo ningún concepto, que la corrupción del pasado quede impune, el que robó dinero del pueblo, tiene necesariamente que pagar en la justicia sus actos”, o cuando señaló que “el funcionario que se equivoque con el dinero del pueblo, será inmediatamente destituido y puesto a disposición de la justicia.”

En su discurso el mandatario, recordó que el país vive una de las horas más difíciles de su historia, ofreció trabajo y diálogo ilimitado para salir adelante unidos.  Mencionó de manera particular un plan de detección, aislamiento, rastreo y tratamiento de contagiados del Covid-19 a una escala sin precedentes. Así mismo, informó que en los próximos meses aumentará la cantidad de camas y duplicará las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), así como que instalará doce hospitales provisionales y entrenará a mil médicos y enfermeras, además de anunciar que para diciembre ingresarán más de dos millones de personas al seguro familiar de salud para asegurar salud pública universal y gratuita.

El equipo económico del presidente Abinader deberá dar detalles concretos de las fuentes de donde provendrán los recursos que se invertirán en salud pública y en otras áreas identificadas por el Presidente en su discurso, mientras la Dirección de Compras y Contrataciones deberá dar estrecho seguimiento a la forma en que se adjudicarán los contratos, tanto para salud como para la educación virtual.

El discurso cerró con la promesa de reunirse en los próximos días con el liderazgo nacional para abordar y discutir las soluciones que necesita el país, y en este sentido esperamos que esos encuentros incluyan no solo a los partidos políticos sino además a los sectores social, laboral y empresarial.

Participación Ciudadana expresó que faltaron en el discurso del Presidente Abinader temas muy importantes como la defensa del medio ambiente, así como la forma en que dará cumplimiento a sus promesas de equidad de género, dado el preocupante predominio masculino en su equipo de gobierno.

Consejo Nacional
17 de agosto del 2020

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana reclamó hoy a los nuevos legisladores que tomarán posesión el próximo 16 de agosto, que su primera medida sea eliminar los odiosos privilegios que han distorsionado la esencia de la labor del Congreso, que es legislar, representar los ciudadanos y fiscalizar y controlar el uso de los fondos públicos.

“El cese de estos privilegios debe empezar con la eliminación de las dos exoneraciones para importar vehículos y continuar con la clausura del llamado “Fondo de Asistencia Social” o “barrilito”, mediante el cual se entrega RD$400,000.00 mensuales a cada senador, más RD$1.00 por cada habitante de su provincia, con tope de hasta RD$900,000.00. Seguir con la eliminación del “cofrecito”, consistente en bonos y partidas para distribuir a discreción en fechas especiales. Igualmente, eliminar el pago por asistencia a las sesiones del hemiciclo y reuniones de las comisiones, ya que eso es parte de su trabajo, por el cual se les paga más de RD$200,000.00 a los diputados y RD$300,000.00 a los senadores”, expresó el Consejo Nacional de Participación Ciudadana.

En un comunicado de prensa indicó que, asimismo, se debe racionalizar los RD$100,000.00 mensuales de dieta, viáticos y gastos de representación, de oficinas senatoriales y disminuir los empleados asignados a cada senador. Por último, se debe revisar el sistema de pensiones de los legisladores, según el cual, con solo 4 años en el puesto, un parlamentario puede ser pensionado.

“Estos gastos extra salariales representan miles de millones de pesos en el cuatrienio, los que deben ser utilizados en la lucha contra la pobreza y el deterioro ambiental, entre otras prioridades nacionales. Solicitamos a los próximos presidentes de ambas cámaras, suspender de manera administrativa el mismo 16 de agosto, todos estos privilegios contrarios a la Constitución, para que luego sea ratificado por resolución de ambos plenos”, manifestó.

Participación Ciudadana señaló que, en el caso de que los legisladores no eliminen dichos privilegios, esperan que el nuevo Presidente de la República y nuevo Director de Presupuesto, los excluyan del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos correspondiente a 2021, por ser violatorios al artículo 93 de la Constitución.

“Es el momento de demostrar que el funcionario público va al Estado a servir y no a servirse, para lo cual el Congreso Nacional como genuino representante del pueblo debe dar el ejemplo”, concluyó el Consejo Nacional de la organización de la sociedad civil en el comunicado.

Consejo Nacional
10 de agosto 2020