Este lunes asumió la Dirección Ejecutiva Mirian Díaz Santana, quien además es integrante activa de las comisiones de Transparencia, Ética y Análisis Político. 

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, informó que el Consejo Nacional de la organización ha designado a Mirian Díaz Santana como Directora Ejecutiva.

La señora Mirian Díaz Santana es voluntaria y fundadora de Participación Ciudadana, y ex coordinadora general en el 2003 y 2018. Es además integrante activa de las comisiones de Transparencia, Ética y Análisis Político. “En tal sentido, Mirian se integrará a la Dirección, a la cual permanecerá hasta la celebración de la Asamblea General en febrero del 2021”, señaló Sonia Díaz Inoa, coordinadora general de la institución.

Díaz Santana, aseguró que su rol será dar continuidad a la misión y el trabajo que realiza el movimiento cívico, a través de las diferentes comisiones y proyectos que conforman la organización de velar por el fortalecimiento de la transparencia, la democracia, la justicia social, así como la reducción de la impunidad.

La nueva Directora Ejecutiva de Participación Ciudadana es socióloga, profesora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) por más de 30 años, investigadora, activista social y especialista en educación y en planificación. Además, ha trabajado por más de 30 años en el sector educativo, gubernamental y de Organizaciones no Gubernamentales (ONG).

Consejo Nacional
20 de agosto del 2020

Santo Domingo, República Dominicana. La organización cívica no partidista Participación Ciudadana, valoró como positivo el discurso de toma de posesión del presidente Luis Abinader, y lo motivó a cumplir los compromisos que contiene para el bienestar del país y de su buen nombre.

La organización, capítulo nacional de Transparencia Internacional, saludó la designación de las magistradas Miriam Germán Brito y Yeni Berenice Reynoso como Procuradora General de la República y Procuradora  Adjunta, respectivamente, por ser dos personas que cuentan con la capacidad, la integridad, el compromiso y la confianza de la ciudadanía, para ejercer sus labores con independencia y eficacia, a la vez que felicitó al presidente Abinader por dichas designaciones y por el poderoso mensaje que envió al juramentarlas en primer lugar y por separado, y hacer público ante ellas y la ciudadanía su compromiso de no interferir en sus labores, indicándoles que en lo adelante solo deben obedecer al mandato de la Constitución y de las leyes.

También valora positivamente la lectura de un compromiso ético realizado por la Doctora Milagros Ortiz Bosch y su inmediata firma por el Presidente y su equipo, como un compromiso frente al país y al mundo de que harán realidad los reclamos de transparencia y honestidad en la administración pública.

Entre los temas tratados por el Presidente de la República en su discurso, el de la lucha contra la corrupción y la impunidad fue el más destacado al levantar a la concurrencia de sus asientos en tres ocasiones, sobre todo cuando dejó claro que no habrá borrón y cuenta nueva al disponer que “no permitirá, bajo ningún concepto, que la corrupción del pasado quede impune, el que robó dinero del pueblo, tiene necesariamente que pagar en la justicia sus actos”, o cuando señaló que “el funcionario que se equivoque con el dinero del pueblo, será inmediatamente destituido y puesto a disposición de la justicia.”

En su discurso el mandatario, recordó que el país vive una de las horas más difíciles de su historia, ofreció trabajo y diálogo ilimitado para salir adelante unidos.  Mencionó de manera particular un plan de detección, aislamiento, rastreo y tratamiento de contagiados del Covid-19 a una escala sin precedentes. Así mismo, informó que en los próximos meses aumentará la cantidad de camas y duplicará las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), así como que instalará doce hospitales provisionales y entrenará a mil médicos y enfermeras, además de anunciar que para diciembre ingresarán más de dos millones de personas al seguro familiar de salud para asegurar salud pública universal y gratuita.

El equipo económico del presidente Abinader deberá dar detalles concretos de las fuentes de donde provendrán los recursos que se invertirán en salud pública y en otras áreas identificadas por el Presidente en su discurso, mientras la Dirección de Compras y Contrataciones deberá dar estrecho seguimiento a la forma en que se adjudicarán los contratos, tanto para salud como para la educación virtual.

El discurso cerró con la promesa de reunirse en los próximos días con el liderazgo nacional para abordar y discutir las soluciones que necesita el país, y en este sentido esperamos que esos encuentros incluyan no solo a los partidos políticos sino además a los sectores social, laboral y empresarial.

Participación Ciudadana expresó que faltaron en el discurso del Presidente Abinader temas muy importantes como la defensa del medio ambiente, así como la forma en que dará cumplimiento a sus promesas de equidad de género, dado el preocupante predominio masculino en su equipo de gobierno.

Consejo Nacional
17 de agosto del 2020

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana reclamó hoy a los nuevos legisladores que tomarán posesión el próximo 16 de agosto, que su primera medida sea eliminar los odiosos privilegios que han distorsionado la esencia de la labor del Congreso, que es legislar, representar los ciudadanos y fiscalizar y controlar el uso de los fondos públicos.

“El cese de estos privilegios debe empezar con la eliminación de las dos exoneraciones para importar vehículos y continuar con la clausura del llamado “Fondo de Asistencia Social” o “barrilito”, mediante el cual se entrega RD$400,000.00 mensuales a cada senador, más RD$1.00 por cada habitante de su provincia, con tope de hasta RD$900,000.00. Seguir con la eliminación del “cofrecito”, consistente en bonos y partidas para distribuir a discreción en fechas especiales. Igualmente, eliminar el pago por asistencia a las sesiones del hemiciclo y reuniones de las comisiones, ya que eso es parte de su trabajo, por el cual se les paga más de RD$200,000.00 a los diputados y RD$300,000.00 a los senadores”, expresó el Consejo Nacional de Participación Ciudadana.

En un comunicado de prensa indicó que, asimismo, se debe racionalizar los RD$100,000.00 mensuales de dieta, viáticos y gastos de representación, de oficinas senatoriales y disminuir los empleados asignados a cada senador. Por último, se debe revisar el sistema de pensiones de los legisladores, según el cual, con solo 4 años en el puesto, un parlamentario puede ser pensionado.

“Estos gastos extra salariales representan miles de millones de pesos en el cuatrienio, los que deben ser utilizados en la lucha contra la pobreza y el deterioro ambiental, entre otras prioridades nacionales. Solicitamos a los próximos presidentes de ambas cámaras, suspender de manera administrativa el mismo 16 de agosto, todos estos privilegios contrarios a la Constitución, para que luego sea ratificado por resolución de ambos plenos”, manifestó.

Participación Ciudadana señaló que, en el caso de que los legisladores no eliminen dichos privilegios, esperan que el nuevo Presidente de la República y nuevo Director de Presupuesto, los excluyan del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos correspondiente a 2021, por ser violatorios al artículo 93 de la Constitución.

“Es el momento de demostrar que el funcionario público va al Estado a servir y no a servirse, para lo cual el Congreso Nacional como genuino representante del pueblo debe dar el ejemplo”, concluyó el Consejo Nacional de la organización de la sociedad civil en el comunicado.

Consejo Nacional
10 de agosto 2020

Santo Domingo. República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana sugirió hoy al presidente electo, Luis Abinader, disponer de un protocolo procedimental a ser aplicado en todo el proceso de cierre, eliminación o fusión de instituciones del Estado con funciones semejantes, que garantice la transparencia del proceso y evite controversias basadas en falta de datos o información confusa.

A los fines de que no se vulneren derechos legítimamente adquiridos por los servidores públicos y por terceros, y para que los incumbentes y funcionarios actuales colaboren con el proceso dentro de las responsabilidades que les son aplicables, independientemente de la modalidad legal y administrativa que se adopte para la eliminación o fusión, sugerimos que previo al cierre formal de la institución, se realicen las siguientes acciones:

1. Elaboración de un inventario certificado de todos los bienes muebles e inmuebles de las instituciones a eliminar o fusionar.
2. Relación completa de la nómina de empleados, según cargos, sueldos, antigüedad, pertenencia a la Carrera Administrativa o especial, según el caso, y los derechos laborales pendientes de ejecutar.
3. Relación de los pasivos y activos, detallando los nombres en el caso de las deudas por cobrar y deudas por pagar, y su objeto, si existiesen.
4. Informe de gestión del incumbente actual, donde se presente los proyectos o actividades concluidas, el estado de los que se encuentran en ejecución y los planes y proyectos en carpeta.
5. Relación y estado de los procesos administrativos, contenciosos o judiciales en que la institución se entra envuelta, como parte o bajo otra condición.
6. Entrega, bajo inventario, de los archivos de la institución físicos y electrónicos.
7. Verificación por parte de la Comisión de Ética Gubernamental de que se ha cumplido con estos requerimientos.

Consejo Nacional
4 agosto 2020

Resumen y recomendaciones

Participación Ciudadana presenta un resumen de su informe final de observación electoral del proceso de elección de autoridades nacionales iniciado en el 2019 y concluido en julio de 2020. El documento completo contentivo de las incidencias, cifras y estadísticas, saldrá en las próximas semanas en versiones impresa y digital.

En julio de 2019 iniciamos la observación electoral con un primer informe sobre el contexto del país. El segundo fue publicado después de las primarias de octubre. El tercero, correspondiente a las municipales, fue poco conocido debido a las incidencias de la pandemia y será incluido en la versión impresa. Este cuarto informe se concentra en el periodo posterior al 15 de marzo, hasta las elecciones presidenciales y congresuales del 5 de julio y sus resultados. También incluye nuestras conclusiones y recomendaciones sobre todo el proceso.

Desde el 2019 hasta el 2020, el proceso electoral dominicano estuvo caracterizado por varios factores de trascendental importancia, algunos inéditos, que lo convierten en un referente de obligada atención para el país, así como para los organismos especializados, la sociedad civil y los estudiosos del tema electoral.

El primero de estos factores fue el estreno de dos leyes que el país había esperado por más de dos décadas y que crearon grandes expectativas de mejoría de la actividad política y de los procesos electorales: la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la Ley 15-19 de Régimen Electoral.

El segundo factor, el cual se derivó del estreno de la Ley de Partidos, fue la celebración de primarias en los dos partidos mayoritarios, incluyendo el hecho de asignar la responsabilidad de la organización y financiamiento de éstas a la Junta Central Electoral (JCE). El oficial, Partido de la Liberación Dominicana (PLD) decidió convocar primarias abiertas, lo que implicó la posibilidad de que cualquier ciudadano o ciudadana inscrito en el registro electoral pudiera participar, sin necesidad de pertenecer a ese partido. Las primarias del PLD crearon conflictos internos de tal magnitud que dieron como resultado la división de ese partido, con la salida de su presidente y ex gobernante del país en tres periodos, Leonel Fernández Reyna. Las incidencias de las primarias del PLD y del PRM fueron recogidas por Participación Ciudadana en su Segundo Informe de Observación Electoral.

El tercer factor que hizo único e inolvidable este proceso electoral fue el voto electrónico, puesto en ejecución, primero en las primarias del PLD y PRMA en octubre y luego en las elecciones municipales del 16 de febrero de 2020. Nuestro tercer informe de observación registra en detalle la situación que vivió el país como consecuencia de esta modalidad de votación, en la que se produjo una falla masiva del sistema que obligó a la anulación total de esos comicios y a la celebración extraordinaria de los mismos el 15 de marzo, volviendo a la modalidad del voto manual.

El cuarto factor que influyó de manera determinante en este proceso electoral fue la pandemia del COVID-19 que azotó al mundo desde inicios de 2020 y a la República Dominicana a partir de marzo. La crisis sanitaria obligó al país a entrar en estado de emergencia, toques de queda, cierre de la mayoría de las actividades y pánico generalizado de una población que tuvo que encerrarse en sus casas, con las consecuencias de contagios, muertes, hospitalizaciones, desempleo, aumento de la pobreza, quiebras de empresas, angustia y otras que todavía no han sido cuantificadas.

Las conclusiones y enseñanzas del proceso electoral 2019-2020 podemos resumirlas en las siguientes:

1. Las nuevas leyes de régimen electoral y de partidos políticos fueron cumplidas en una parte de los aspectos organizativos, pero fueron violadas y claramente no cumplieron su cometido en aquellos aspectos sustantivos de la cultura político-electoral que se quisieron modificar con dichas normativas.
2. Una vez más, tal como se ha producido en toda la historia del país, los afanes continuistas del partido y el Presidente en el poder incidieron de manera negativa en la práctica política, primero creando un ambiente de incertidumbre y desconfianza y, segundo, violando todos los controles al abuso del poder del Estado que se quisieron establecer en las nuevas leyes. República Dominicana tuvo que afrontar los intentos por modificar la Constitución para permitir una nueva repostulación del Presidente Danilo Medina y luego del fracaso de estos, la imposición de un candidato favorable y la puesta de todo el Gobierno y los recursos públicos a favor de ese candidato. La división del Partido de la Liberación Dominicana como resultado de acusaciones de abuso del poder presidencial en favor de un candidato y fraude en las primarias, fue un factor de importancia en el proceso.
3. La Junta Central Electoral, organismo responsable de las elecciones, no ejerció el poder que le otorgan la Constitución y las leyes para cambiar los aspectos sustantivos que han afectado a las elecciones en el país. Es cierto que afrontó circunstancias especiales y difíciles, pero en muchos casos sus decisiones fueron cuestionadas por la opinión pública y por la oposición política. Varias de sus disposiciones fueron rechazadas por el Tribunal Superior Electoral (TSE). Participación Ciudadana entiende que sus mayores falencias fueron en las funciones de control y supervisión de los actores políticos, sobre todo, perdió la oportunidad de constituirse en una verdadera contención del desbordado abuso del poder, función que le otorgan la Constitución y las leyes.
4. Los delitos electorales siguen cubiertos por el manto de la impunidad. No se actuó a tiempo para poner en funcionamiento la Procuraduría Especializada de Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales, creada por la Ley 15-19 de Régimen Electoral. Más bien, hubo claras actuaciones del Procurador General de la República para boicotearla y, cuando al final se designó a la Magistrada Gisela Cueto, luego de una gran presión de la sociedad civil, no se asignaron los recursos ni los medios para que cumpliera con su función. Participación Ciudadana lamenta que, una vez más, se produjeran algunos actos de violencia y espera que la muerte del activista del PRM, Julio César Pérez, reciba una condena ejemplar.
5. El dinero sigue ocupando un rol avasallante en las campañas electorales y en la actividad política. El gasto de los partidos y los candidatos sigue siendo una zona oscura, sin control y susceptible de ser penetrada por recursos provenientes de la corrupción, del narcotráfico o de otros negocios ilícitos. La JCE no hizo lo necesario para avanzar en este aspecto y poner en ejecución los mecanismos de control que establecen la Constitución y las leyes. La Unidad Especializada de Control Financiero de los Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, creada por la Ley de Partidos No. 33-18, no cumplió con las obligaciones que la propia ley establece.
6. La compra de conciencia sigue siendo una mancha en la democracia dominicana. A todos los niveles de elección se pudo constatar que el dinero, la repartición de alimentos y objetos, siguen siendo un recurso que se aprovecha de la miseria para ganar posiciones políticas. En esta ocasión, la pandemia contribuyó a que esta práctica creciera y se justificara como ayuda humanitaria o solidaria cuando era claramente clientelismo, ejercido sobre todo por el partido y candidato oficial y el Gobierno, pero también por diferentes partidos y candidatos de oposición.
7. La compra de votos fue observada en un 17% de los locales, practicada por diferentes partidos políticos, según reportaron nuestros observadores, pero existen indicadores de que esa práctica se produjo en muchos casos de manera oculta, en locales alquilados para tales operaciones ilegales y sigue teniendo una influencia importante, sobre todo en candidaturas locales.
8. Otra práctica ilegal reiteradamente observada es la campaña política el día de las elecciones, prohibida por la Ley 15-19 de Régimen Electoral, que se hacía por los principales partidos de cara a las autoridades sin que se produjera ninguna consecuencia.
9. Es importante señalar que la Policía Militar Electoral no hizo ningún esfuerzo por detener, tanto la compra de votos como la campaña electoral, prohibida el día de las elecciones, obedeciendo instrucciones de su órgano superior, que en este caso es la Junta Central Electoral, quien trataba de evitar conflictos con los partidos, pero a expensas de permitir la violación a la ley.
10. Un aspecto positivo a destacar es el triunfo en esta ocasión de opciones de mayor calidad, tanto a nivel local como nacional. Decenas de candidatos y candidatas fueron apoyados por coaliciones políticas y por la sociedad civil. La mayoría de ellos, aunque  dispusieron de pocos recursos, recurrieron a campañas innovadoras y propositivas, alejadas del tradicional clientelismo. Vale destacar la recolección de fondos mediante mecanismos de pequeñas contribuciones, con rendición de cuentas, estrenados por algunos candidatos. El Congreso Nacional y los municipios se renovaron, se rejuvenecieron y dejaron atrás a personas que por décadas se habían impuesto a base de grandes recursos no legítimos y que pretendieron hacerlo nuevamente sin éxito, gracias al despertar de la conciencia ciudadana.
11. Estas elecciones presidenciales y congresuales constituyeron una clara derrota del clientelismo como forma de ganar elecciones y una señal a los partidos de que el dinero no lo compra todo y de que deben abandonar estas prácticas. También envían un mensaje de rechazo a grupos que bajo el manto de la religión desarrollaron aviesas campañas para descalificar y bloquear candidatos y candidatas, en clara violación al principio de la democracia de que la libertad de cultos y de pensamiento prevale sobre las agendas religiosas.
12. La eliminación del arrastre de votos a favor de los candidatos a senadores por fin fue eliminada, aunque hubo intentos de mantenerla. Este avance democrático definitivamente contribuyó a la renovación del Senado y a superar a figuras que por décadas se aprovecharon de ese mecanismo antidemocrático que traspasaba a unos los votos obtenidos por otros.
13. Otro aspecto positivo fue la gran cantidad de debates que se produjeron en los niveles municipales, de diputados y senadores, los cuales permitieron conocer sus propuestas, a pesar de las restricciones que impuso la pandemia. Participación Ciudadana lamenta que la negativa del candidato oficial frustrara el importante y esperado debate a nivel presidencial.
14. La equidad de género en las propuestas de candidaturas se cumplió, pero las mujeres siguen en absoluta desventaja para alcanzar posiciones electivas, así como en la dirección de los partidos y del gobierno, en clara violación al artículo 39.5 de la Constitución de la República que obliga al Estado a garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las funciones públicas. Diversos factores de la cultura política son responsables de esta situación, que es un punto oscuro en la democracia dominicana. Un paso positivo en las aspiraciones de equidad del sector femenino fue la elección de Carolina Mejía como primera alcaldesa del Distrito Nacional.
15. En este proceso electoral se destaca de manera muy especial el trabajo realizado por el Tribunal Superior Electoral, organismo que se constituyó en un ejemplo de que en este país se puede actuar apegado a las leyes, con eficiencia y diligencia. Merece una felicitación especial el arduo trabajo realizado por este organismo, que en varias ocasiones fue sometido a fuertes y poderosas presiones del poder gubernamental, pero se mantuvo firme.
16. El voto de los dominicanos y dominicanas en el exterior sigue quedando en la cola del interés de las autoridades electorales, más allá de las particularidades que presentó la pandemia. Este derecho adquirido por un segmento poblacional que mantiene un altísimo interés en todo lo que pasa en nuestro país, incluyendo su extraordinario aporte económico, no ha recibido la atención que se merece, tanto en las facilidades de empadronamiento como de participación en las elecciones. La Junta Central Electoral deberá enmendar el error cometido al no informar a los ciudadanos de ultramar que renovaban sus cédulas en territorio nacional, que esa gestión podía dejarlos exclusivamente en el padrón nacional, excluyéndolos del padrón de ultramar e impidiéndoles votar en el país de su residencia.
17. Tal como ha ocurrido en casi todos los países que lo han intentado, el voto automático – o electrónico- no pasó la prueba y, tal como había advertido nuestra organización en febrero de 2019, se convirtió en un elemento de conflicto, desconfianza y fracaso, a lo que se agregó una pérdida económica estimada en más de mil quinientos millones de pesos. La pérdida de confianza en sistemas automatizados tardará mucho tiempo en ser recuperada.
18. Las circunstancias tan adversas en que fueron realizadas las elecciones de 2020, en pleno auge de una pandemia mundial, propiciaron un nivel de abstención por encima del comportamiento histórico, sobre todo en las presidenciales y congresuales. Sin embargo, contra todos los pronósticos pesimistas que auguraron una nueva posposición o un fracaso total, el 5 de julio, la población dominicana dio un ejemplo de civismo, entusiasmo y decisión de preservar y fortalecer su democracia. El país exhibe hoy una renovación de sus autoridades en todos los niveles electivos, lo cual aspiramos a que se traduzca en fortalecimiento institucional y en mayor bienestar y equidad social.
19. Participación Ciudadana realizó nuevamente un conteo alterno a nivel presidencial. El primer corte, con apenas el 6.4% de la muestra recuperada a las 7:47 PM del día de las elecciones, señalaba ganador al candidato del PRM con el 54.50% mientras el del PLD tenía 35.93% y el de la Fuerza del Pueblo con un 8.53%. En el corte que entregamos a la JCE y a los testigos de la sociedad civil, con el 75.1% de la muestra recuperada, el PRM tenía un 51.65% versus 52.52% en los resultados oficiales, para una diferencia de 0.87%; el PLD un 38.37% versus un 37.46% de los oficiales, para una diferencia de  0.91% y la Fuerza del Pueblo un 8.82% versus un 8.90% de los oficiales, para una diferencia de 0.08%. La finalidad del conteo alterno es disuadir a aquellos que desean hacer trampas en el conteo de los votos.
20. Los resultados electorales demostraron nueva vez la necesidad de revisar el sistema de partidos en lo concerniente a la vigencia de los mismos. De los 27 partidos que participaron en las elecciones de julio, a nivel presidencial, sólo 5 obtuvieron por encima del 1%, mientras que a nivel senatorial y de diputados, sólo 9 superaron el mínimo. Estos resultados, así como  la historia de las últimas décadas, confirman que muchos de esos partidos no cuentan con la aceptación, ni la vocación de representación de la población. Es bien conocido que la mayoría de ellos, en cada proceso electoral, negocian las alianzas que les reportan los mayores  beneficios, recibiendo a cambio instituciones completas para su libre disfrute,  hipertrofiado la nómina pública, sin prestar ningún servicio al país, ni siquiera en las luchas democráticas.Constituye un reto para la Junta Central Electoral la aplicación de la Ley de Partidos, cuyo artículo 75.1 la obliga a dictar resolución declarando disuelta la personería jurídica del partido, agrupación o movimiento político por no haber alcanzado “por lo menos un uno por ciento (1%) de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones”. Antes que interpretar esto como un golpe a las minorías, es una oportunidad para que éstas se planteen nuevas estrategias de unidad, revisen sus propuestas y pongan en práctica métodos innovadores para captar el apoyo de la población.
21. Participación Ciudadana agradece profundamente y extiende su reconocimiento, a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que con entusiasmo y compromiso respondieron a nuestro llamado y se unieron a nuestra red de observadores, así como a todo el equipo directivo y técnico que condujo este difícil proceso.  Celebramos que no hemos tenido noticias de que alguno de nuestros observadores o colaboradores se haya contagiado, gracias al protocolo aplicado y a pesar de que muchos de nuestros observadores y técnicos se mantuvieron en sus puestos por más de 17 horas sin interrupción.

También damos las gracias a las agencias internacionales y a los empresarios locales sin cuya ayuda y confianza no hubiéramos podido financiar los gastos de la observación electoral.

Este pueblo tiene grandes reservas que solo necesitan de liderazgo y buenos ejemplos. Es nuestra esperanza y decisión que los aprendizajes de este proceso sean aprovechados para avanzar en una sociedad más democrática, justa, equitativa y libre de corrupción e impunidad.

RECOMENDACIONES:

 A la luz de las experiencias del proceso electoral 2019-2020, Participación Ciudadana presenta las siguientes recomendaciones:

1. El país tiene que abocarse a una reforma profunda de la cultura política y electoral que debe iniciar con la designación de una Junta Central Electoral que además de no tener representaciones partidarias, esté integrada por profesionales multidisciplinarios que incluyan las áreas de administración y gerencia de procesos, informática, finanzas, derecho, ciencias políticas, entre otras. Ciudadanos y ciudadanas con una reputación de independencia, eficiencia, integridad, laboriosidad y carácter, ganada en el sector público o privado, que les permita liderar y arbitrar los cambios que encaminen al país a la celebración de comicios más democráticos, transparentes y apegados a las leyes.
2. Las leyes de partidos y de régimen electoral deben ser reformadas para adecuarlas a la Constitución y hacerlas más efectivas en el ideal nacional de una nueva cultura político-electoral. Especial atención en esa reforma deben concitar los temas de la participación del gobierno en campaña, el financiamiento estatal y privado, el control de la publicidad y las campañas, la rendición de cuentas y los mecanismos de participación democrática.
3. Otro aspecto a revisar es el método de selección de los escaños para diputados. Además de la enorme cantidad de errores que presentaron las actas de este nivel, la mayoría producto de una escasa capacitación de los integrantes de los colegios electorales, el método D’Hondt amerita una evaluación y discusión en la búsqueda de mayor equidad democrática.
4. Los partidos políticos y las autoridades nacionales deben implementar estrategias efectivas para hacer realidad la equidad de género.  El absoluto predominio masculino en los puestos de dirección es una realidad que el país debe superar. Los resultados electorales muestran un retroceso para las mujeres, signo de que los partidos políticos no han implementado las normativas a favor de la equidad y tampoco han puesto en marcha estrategias y mecanismos efectivos de participación que favorezcan a esa mitad de la población.
5. Participación Ciudadana exhorta al sector femenino a activarse en la defensa de sus derechos y encaminar propuestas e iniciativas de lucha para lograr la equidad en los próximos comicios. Nuestra organización ha acompañado a las mujeres en muchas oportunidades y desde ahora les ofrece su apoyo para lograr esta ansiada meta. La lucha por la igualdad debe seguir presente en las designaciones que hace el presidente electo, y el siguiente paso debe ser equilibrio de género en las dirigencias de los partidos, como lo obliga la Ley de Partidos.
6. Las autoridades electorales deben iniciar en el corto plazo iniciativas para darle al voto en el exterior la importancia que merece esa comunidad.   Desde ya se deben aumentar las facilidades para el registro, la información y educación, así como diseñar con tiempo estrategias eficaces tendentes a lograr una mayor participación en las próximas elecciones. La revisión del padrón electoral es el primer paso en esta dirección para colocar a cada persona en el lugar en que le corresponda votar, situación que actualmente afecta a más de veinte mil dominicanos y dominicanas de ultramar.
7. Para superar la cultura de impunidad en los delitos electorales, la JCE debe tomar la iniciativa de recopilar todos aquellos casos en los que existan pruebas y tramitar una solicitud a la procuraduría especializada en estos delitos para que proceda a su investigación y procesamiento judicial. La JCE también tiene la autoridad para aplicar sanciones administrativas a los actores que hayan incurrido en violaciones a la normativa, lo cual sería una gran contribución a la mejoría de los próximos procesos. Puede iniciar con el no cumplimiento de los controles financieros establecidos en la Ley y vulnerados sin consecuencias por partidos y candidatos. La impunidad en materia electoral es tal que una persona confiesa haber alterado las actas en favor de su madre candidata, existen videos al respecto, y la persona luego de ser detenida, fue despachada sin consecuencias.
8. Participación Ciudadana solicita a la Junta Central Electoral la colocación en su página web de toda la información que permita hacer un análisis detallado del cumplimiento por parte de los partidos y candidatos de las normativas sobre financiamiento, identificación de fuentes de recursos, gastos y organización contable. Este proceso no debe cerrarse hasta que se completen todas las informaciones que establecen las leyes, se verifique su cumplimiento y se impongan las sanciones en caso de violaciones.

CONSEJO NACIONAL
2 de agosto de 2020

Santo Domingo, República Dominicana.- En el marco de la ruta para cumplir su promesa de un gobierno paritario, un conjunto de organizaciones sociales pidieron hoy al presidente electo, Luis Abinader, y al Partido Revolucionario Moderno (PRM), considerar el liderazgo de las mujeres para ocupar ministerios, viceministerios y direcciones claves.

Ciudad Alternativa, Fundación Solidaridad, Participación Ciudadana,  Oxfam, Foro Ciudadano, Alianza Cristiana Dominicana (ACD), el Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer (CE-MUJER), el Centro de Estudios de Género del INTEC, el Movimiento Feminista Hermanas Mirabal, el Movimiento de Mujeres Mamá Tingó, el Club de Madre La Voz de la Esperanza, Grupo de Mujeres Mamá Tingo, FUNDOAMOR, COTEDO y la  Red de Mujeres Dominicanas RED-MUJERD, entre otras, hacen la demanda de un gabinete paritario.

Señalaron que las mujeres deben ser tomadas en cuenta de manera paritaria porque cuentan con capacidades y estudios, como demuestra el hecho de que la República Dominicana tiene el porcentaje más alto de mujeres graduadas de estudios superiores en Latinoamérica, con un 65,78 %, según un informe de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) titulado el “Diagnóstico de la Educación Superior en Iberoamérica 2019”; son el 50% de la población y el 50% del padrón electoral.

“Aun estamos a tiempo de designar a más mujeres en los ministerios y así acercarnos al compromiso asumido por el Presidente Electo respecto a que el 50% de la administración pública sería ocupado por mujeres. Los viceministerios también son estructuras que pueden ayudar a dar pasos importantes hacia la conformación de un gabinete que aumente la participación de las mujeres en los principales puestos del tren gubernamental y que cumpla con la equidad e igualdad de género establecidas en la Constitución, en la Estrategia Nacional de Desarrollo y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, manifestaron.

No obstante, indicaron que es importante que esa participación de mujeres no reproduzca los estereotipos de género ni la división sexual del trabajo y supere los techos de cristal, de ahí la relevancia de tener viceministras en el área económica e industrial y en la posición técnica. “Sería interesante y justo que se pueda cumplir esa paridad de género también en las direcciones”, agregaron.

En ese sentido, en el marco de la campaña “El ejemplo de igualdad empieza en casa”, iniciativa desarrollada bajo el proyecto “Acción ciudadana por una administración pública inclusiva que garantice los derechos humanos”, auspiciado por la Unión Europea, las entidades demandaron al nuevo Gobierno y al PRM contribuir a la corresponsabilidad, transparencia y participación entre la administración pública y la sociedad civil para garantizar derechos, la inclusión del enfoque de género en el diseño de políticas públicas y mejorar la calidad de los servicios públicos.

“Es necesario que esta perspectiva de género en la administración pública sea transversal en todo el Estado dominicano, incluyendo los ministerios donde hay hombres como incumbentes y que deberían entonces tener a su vez estructuras paritarias a lo interno de estos ministerios. La demanda es válida, no sólo para el Presidente Electo, sino para todo aquel o aquella que esté manejando instituciones públicas y que tiene la posibilidad de saldar una deuda histórica con las mujeres dominicanas en relación a mayor participación de ellas, para mayor y mejor democracia”, señalaron.

[fivo_docs title="AMICUS CURIAE DEPOSITADO" ids="10539″]Santo Domingo, República Dominicana. Diversas organizaciones de la sociedad civil depositaron ayer una instancia (Amicus curie) ante el Tribunal Constitucional de la República Dominicana con el objetivo de demandar la inconstitucionalidad del matrimonio infantil por ser una práctica nociva y perjudicial que afecta permanentemente los derechos de las niñas.

En la instancia depositada bajo el nombre de la Coalición de la Sociedad Civil contra la Trata de Personas y como apoyo al recurso de la Misión Internacional de Justicia (IJM), las entidades indicaron que, en República Dominicana, según la encuesta ENHOGAR-MICS 2014, el 35.9% de las mujeres jóvenes (entre 20 y 24 años) se casó o unió antes de los 18 años y el 12.3% lo hizo antes de los 15 años. Ambas cifras se encuentran entre las más elevadas de América Latina y el Caribe, muy por encima de la media regional de adolescentes menores de 18 años casadas o unidas (23%) y más del doble de la media en adolescentes menores de 15 años (5%).

“El matrimonio infantil es una clara violación a los derechos humanos, siendo las niñas las más perjudicadas, quienes son consideradas cargas o mercancías a consecuencia de la desigualdad de género generalizada. Esta práctica vulnera los artículos 39.4, 43 y 56 de la Constitución, y los artículos 2 y 12 de la Convención de los Derechos del Niño, sobre el interés superior del niño y el derecho a opinar y ser escuchado”, expresaron.

Señalaron que a pesar de que la República Dominicana es un país de ingresos medios altos, la incidencia del matrimonio infantil es similar a la de los países del África Subsahariana. En esta última región, el promedio es de 39% de niñas y adolescentes que se casan antes de los 18 y un 12% antes de los 15 años.

Argumentaron que el matrimonio infantil y las uniones tempranas (MIUT) afectan especialmente a las niñas que viven en los sectores más empobrecidos: las áreas rurales y periurbanas, destacando que en el país el 58.6 % de las niñas del quintil más pobre se casan o unen antes de los 18 años y el 23% lo hace antes de cumplir los 15 años.

“La participación de la sociedad civil dominicana es un componente fundamental en la lucha contra la trata de personas en el país, dada su corresponsabilidad de contribuir a suprimir esta gravísima violación de los derechos humanos, demandando que todas las personas convivan en consonancia con los valores inherentes a la dignidad humana: igualdad, libertad y justicia”, manifestaron.

La Coalición de la Sociedad Civil contra la Trata de Personas está integrada por Participación Ciudadana, Free The Slaves (FTS), Observatorio de Migrantes del Caribe (OBMICA), Save The Children, Casa Comunitaria de Justicia (CCJ), Movimiento de Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA), Adoratrices, Oblatas del Santísimo Redentor, el Centro de Orientación Integral (COIN), el Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados, el Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer (CE-MUJER) y el Movimiento Sociocultural para Los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA).

Otras organizaciones que han demandado la inconstitucionalidad el matrimonio infantil son los capítulos para República Dominicana del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM-RD), el Consejo Latinoamericano de Estudiosos del Derecho Internacional y Comparado (COLADIC-RD), Plan International, Fundación Santa Lola, Fundación Centro Nuestra Esperanza y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Santo Domingo, República Dominicana. En relación a la designación de nuestro actual director ejecutivo, Carlos Pimentel, en una posición gubernamental, o cualquier otra que pudiera producirse de algunos de nuestros miembros o colaboradores/as, Participación Ciudadana reitera su condición de institución de la sociedad civil y representante en el país de Transparencia Internacional. En ese sentido, no tenemos ni asumiremos vínculos orgánicos, ni representación en ningún gobierno. Cualquier designación que asuman nuestros miembros y colaboradores/as es una decisión y responsabilidad personal a la que tienen todo el derecho como ciudadanos/as dominicanos/as.

Valoramos la entusiasta acogida que ha tenido el anuncio de la designación de Carlos Pimentel al frente del organismo rector de las compras y contrataciones del Estado y sabemos que además de ser un reconocimiento a sus cualidades personales, es una expresión de la confianza que la ciudadanía y la opinión pública han depositado en nuestra organización.

En sus 26 años, Participación Ciudadana ha sido una escuela práctica de democracia, y, como tal, en ella se han reunido y formado ciudadanos y ciudadanas de la más alta calidad, gente preparada y comprometida con la justicia, la transparencia, la institucionalidad y la lucha contra la corrupción y la impunidad. Varios de nuestros ex directivos que asumieron funciones en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) o en las altas cortes, lo han hecho sin la menor intervención de nuestra organización y han puesto en alto nuestros principios con un trabajo honesto y responsable.  Entendemos positivo que un proyecto de gobierno comprometido con el cambio invite a participar a ciudadanos/as reconocidos por su trayectoria y esperamos que reciban el apoyo y ejerzan la independencia que exigen las funciones que hoy se les asignan.

Como una gran parte de la sociedad dominicana que expresó en las urnas su deseo de renovación de los tres poderes del Estado, confiamos que se harán realidad las promesas de un cambio positivo, tanto en el gobierno central como en el congreso y la justicia. Siempre hemos participado con propuestas de soluciones a los problemas nacionales. Lamentablemente, la mayoría de nuestros ideales han sido desoídos y en cambio hemos recibido los embates de quienes se aferran a prácticas y culturas políticas y administrativas que tanto daño han hecho a lo largo de toda nuestra historia.

Reiteramos nuestra disposición y compromiso de seguir participando como sociedad civil, presentando propuestas, movilizando a la ciudadanía, manteniendo una actitud crítica y de vigilancia para lograr una República Dominicana más transparente, democrática, justa, libre de corrupción e impunidad y donde se respeten los derechos de todos y todas.

CONSEJO NACIONAL
21 de julio de 2020

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico, Participación Ciudadana, depositó un escrito de intervención voluntaria en el recurso contencioso administrativo interpuesto por varios fiscales el pasado mes de febrero por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), procurando la nulidad del concurso interno CIT-01-2020 del Ministerio Público, mediante el cual se escogerían los titulares de procuradurías de cortes regionales, procuradurías especializadas, fiscalías y abogados del Estado.

“Solicitamos al TSA declarar nulo el concurso ya que el mismo viola principios fundamentales que rigen la Administración y es contrario a la Constitución dominicana, a la Ley No. 133-11 Orgánica del Ministerio Público y al Reglamento de Carrera del Ministerio Público.  Entre las irregularidades que presenta el concurso se cuenta que el mismo fue convocado sin previamente haberse establecido los escalafones correspondientes dentro del Ministerio Público y que, de acuerdo a la Ley, son indispensables previo a la designación de cualquier titular, movimiento de miembros y nombramiento de sustitutos. Sin el establecimiento de estos escalafones no se garantiza el respeto a la carrera de los miembros del Ministerio Público afectando el nombramiento de estos y comprometiendo su independencia y seriedad”, expresó el Consejo Nacional de la organización de la sociedad civil.

En un comunicado de prensa, Participación Ciudadana indicó que el concurso también fue realizado sin respeto al principio de debida publicidad, sin transparencia y con un censurable hermetismo, ya que ni los concursantes ni la ciudadanía en general pueden conocer quiénes fueron los aspirantes a los diferentes puestos.

“Asimismo, y como forma de procurar un nombramiento discrecional de los nuevos miembros, el concurso viola el debido proceso y la tutela judicial efectiva al otorgarle mayor puntuación en el proceso de evaluación a las etapas más discrecionales del mismo, como son las entrevistas, en lugar de guiarse -en base al principio constitucional de la buena administración-, por las mejores prácticas que privilegian los méritos, competencias, la experiencia y trayectoria de los aspirantes. Las bases del concurso igualmente vulneran el debido proceso, entre otras cosas, al impedir que los concursantes puedan recurrir cualquier decisión en su contra”, agregaron.

Con su intervención, Participación Ciudadana busca que este proceso irregular sea declarado nulo y consecuentemente se frene el intento de secuestro y control del Ministerio Público que esta entidad ha venido denunciando.

En el recurso de intervención voluntaria ante el Tribunal Superior Administrativo contra el concurso interno de elección de miembros del Ministerio Público, Participación Ciudadana tiene como abogados apoderados a la Dra. Fabiola Medina Garnes, el Dr Jesús Francos Rodríguez y la Dra. Melissa Silié Ruiz.

Consejo Nacional
14 de julio de 2020

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico, Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, solicitó hoy al presidente de la República, Danilo Medina, y al presidente electo, Luis Abinader, que, concluido el intercambio de información de las comisiones de transición designadas por ambos, se dé a conocer a la opinión pública nacional el estado de situación de la administración del Estado con que termina el presente gobierno e iniciará la nueva gestión.

En un comunicado de prensa, la organización de la sociedad civil indicó que corresponde por el principio de transparencia constitucional y por  el estado sanitario y económico en que se encuentra el país, que la sociedad esté consciente de la situación financiera del Banco Central; de la deuda pública; de los pagos pendientes por obras de construcción; los pagos en tránsito en cada institución y en el Ministerio de Hacienda; de la cantidad de empleados nombrados y temporales, en especial de los servidores de carrera; el manejo de los fondos especiales; el gasto tributario; los gastos de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) en las plantas de Punta Catalina; y la situación real de los hospitales en reconstrucción, muy especialmente la “Ciudad Sanitaria Luis E. Aybar”, donde se ha invertido más de 15,000 millones de pesos, entre otros aspectos.

Participación Ciudadana expresó que, conjuntamente con los informes que se entreguen a la comisión de transición del nuevo gobernante, el presidente Danilo Medina debe enviar al Congreso y dar a conocer al país en cumplimiento de la Ley No. 21-18 Orgánica sobre regulación de los Estados de Excepción, el informe final del estado de emergencia que vivió el país desde el 19 de marzo al 27 de junio, período en el cual se han tomado muchas decisiones discrecionales y se han gastado más de 100,000 millones de pesos de lo previsto en el presupuesto para este año 2020.

Consejo Nacional
13 de julio de 2020